Urbanización masacre

Gastón Arispe Huamán cayó en un pozo ciego. Antes que llegue la ambulancia, lo mató la precarización de su barrio. Los vecinos de Rodrigo Bueno siguen luchando por la aplicación de la ley que garantice cloacas, agua potable, servicio del SAME y menores niveles de plomo en sangre.

Gastón Arispe Huamán, de 13 años, intentó salvar la vida de su gato. Había caído en un pozo ciego que su madre había tenido que construir porque en el barrio Rodrigo Bueno, Costanera Sur, no hay cloacas. “Amaba a los animales como a nada”, cuenta su mamá, Flora Huamán. Gastón cayó en ese mismo pozo ciego y murió ahogado el 9 de marzo de 2015. Pero no en ese mismo momento.

Los vecinos avisaron a Policía Federal y Prefectura, que están a unos metros de la casilla de los Huamán. “Estaban tomando mate”, retrata Flora, mostrando con pocas palabras la tranquilidad que las dos fuerzas tenían antes de ser advertidos y que mantuvieron después.

Otros vecinos llamaron a una ambulancia, lo que no es fácil porque la señal telefónica también escasea en barrios pobres. Dieron las coordenadas, aunque sabían que el vehículo en sí no iba a poder llegar hasta el pozo, porque Rodrigo Bueno fue construido sin más planificación que la necesidad.

Gastón Arispe Huamán.
Gastón Arispe Huamán.

La ambulancia no llegaba, pero vecinos ya habían sacado a Gastón del pozo lleno de la mierda que el camión atmosférico de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) nunca sacó, porque el Gobierno de la Ciudad manda una sola unidad a todo el barrio, y no da a basto. Hasta tal punto que en la casilla no había un pozo, sino dos. Por si acaso, Flora aclara por qué construyó el segundo: “Me vi forzada a hacerlo porque el viejo se rebalsaba y no quería que me pasara como a mis vecinos, que les había cedido el piso: tenía terror de que un día me estuviera bañando y todo se venga abajo”. Como el barrio está construido sobre relleno, el peligro se agiganta. Los pozos, además, son precarios por obligación. La policía no deja entrar materiales de construcción por un decreto del exjefe de Gobierno Jorge Telerman, que desde que la corporación IRSA empezó a interesarse por esta zona, puso en marcha toda la maquinaria para el desalojo, topadoras incluidas, que fallos judiciales interrumpieron.

Flora llegó en un taxi que se tomó desde su trabajo cuando su hija le avisó lo que había pasado. Recibió a los bomberos, que le dijeron a Flora que corriera a la casa. Ellos la seguirían.

Ya había llegado la ambulancia, 40 minutos después del pedido.

Gastón murió.

Legal

El mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, según la Constitución Nacional y la de la Ciudad, debería garantizar la vivienda digna, apeló un fallo de la jueza Elena Liberatori que ordenaba la urbanización de Rodrigo Bueno. El fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña con el argumento de la propiedad por sobre la dignidad humana: no hay título que avale la ocupación y la permanencia en bienes públicos no otorga derecho a reclamar la propiedad. Hoy, como la Defensoría General de la Nación volvió a apelar, la posibilidad de que no haya más muertes por la precariedad del barrio depende el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Por otro lado, la Defensoría General de la Nación junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para urbanizar Rodrigo Bueno. No es la primera iniciativa de este tipo. Cada dos años, un proyecto similar pierde estado parlamentario por el cajoneo de la comisión de vivienda.

 

Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.
Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.

 

Quiénes son

En la comisión de vivienda de la Legislatura de la Ciudad, encargada de todo lo relacionado con el artículo 31 de la constitución porteña, y que nunca llevó el proyecto de urbanización al recinto, hoy se encuentran Paula Villalba, Lía Rueda, Cristian Ritondo, Alejandra Caballero, Christian Bauab, José Luis Acevedo y Cecilia María de la Torre (PRO), Javier Gentilini (Frente Renovador), Paula Penacca, Jorge Aragón y Jorge Taiana (Frente para la Victoria), Gustavo Vera (Bien Común), y Marcelo Ramal (Frente e Izquierda y de los Trabajadores).

Lo único programado según la página de la Legislatura, respecto de la Rodrigo Bueno, es que Aragón propuso investigar la responsabilidad de UGIS en la muerte de Gastón.

De que se forme una mayoría entre los 7 miembros del PRO, el del FR, los 3 del FpV, el de Bien Común y el del FIT, depende, hoy, que se obligue al Estado a garantizar cloacas, agua potable, servicio de ambulancias del SAME y menores niveles de plomo en la sangre de entre 2 mil y 3 mil personas (cerca de la mitad son menores de edad) que viven en el barrio.

“Desde la Comisión de Vivienda venimos trabajando en un proyecto de urbanización con los delegados del barrio Rodrigo Bueno abierto a la participación de todos los vecinos para que opinen sobre cómo quieren que se urbanice su barrio”, le dijo Gentilini, presidente de la Comisión, a Flora, la mamá de Gastón. Prometió “ir a fondo y sin ninguna dilación” en la urbanización de la villa. Según él reconoció, “están dadas todas las condiciones para que se pueda urbanizar el barrio: hay terreno suficiente y, lamentablemente, la desidia de los gobiernos de la Ciudad y de la Nación hizo también que ocurriera una tragedia como la muerte de Gastón. Por eso, hoy la prioridad la tiene la urbanización de las villas y, dentro de ella, la de Rodrigo Bueno en especial”, finalizó Gentilini.

Flora, madre de Gastón.
Flora, madre de Gastón.

La respuesta de Flora es obvia: “Es lamentable que tenga que pasar la muerte de un chico para que nos escuchen. Da mucha tristeza”.

Mientras tanto, el presupuesto dedicado a la vivienda es cada año menor en la Ciudad. Menor es también lo que efectivamente ejecuta el Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

 

Gastón no es la única víctima fatal de la vivienda indigna

El 16 de agosto de 2013, la casa 53, a 30 metros de la de Gastón, se incendió, probablemente, por la precariedad del tendido eléctrico. María, de 5 años, murió en esa casilla con techo de madera y cartón. Los materiales para mejorar la construcción los frena la policía en la entrada del barrio.

Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

El progreso porteño

“La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados…

La oración se corta en seco y a la imagen se la chupa un punto en el centro de la pantalla. Los sentidos sensoriales del señor primero le indican que una oscuridad total ahora es dueña de su casa. Milésimas después, el silencio (que en realidad no es silencio si no que es el ruido de la calle, la banda sonora de la ciudad que suele estar tapada por el ruido del televisor). Se queda sentando en el sillón. No lo invadió la desorientación que amerita una escena de este tipo. Se queda sentado varios minutos más. Mira el techo y ahí permanece el ventilador con sus aspas inútiles, que se siguen moviendo apenas por inercia. Se percata del calor insoportable que se metió en su casa sin permiso.

Se cortó la luz. La puta madre.

El señor no se siente desorientado porque ya sabe, él vive en Caballito. Mira por la ventana y el edificio nuevo que le construyeron sobre su medianería sí tiene luz, y eso que todas las instalaciones son eléctricas, ni gas natural tiene. Se tira en la cama, ojalá que vuelva, reza, al menos se cortó a la hora de acostarse, piensa. Se duerme porque ya está acostumbrado, así es cuando vivís en ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El señor tiene varias cosas que hacer, como trabajar todo el día, pero igual hace el reclamo a la empresa de electricidad. Desde la oficina llama y le dicen que es un corte aislado, que ya mandaron una cuadrilla a inspeccionar, que el número de su reclamo es el 126789. También le trata de pedir explicaciones al gobierno de su ciudad, llamó al 147 y esperó en línea, y esperó, y esperó, y esperó, tanto esperó que se le hizo la hora de volver a su casa.

Al volver en el colectivo, entre fantasías de ventiladores andando, agua fría y ascensores que suban y bajen, se pregunta: ¿Cómo puede ser que todos los veranos pase lo mismo?

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Planeamiento, informó que sólo entre 2001 a 2011 se otorgaron permisos para la construcción de 20 millones de m2. Seis barrios de los 47 que integran la Ciudad (Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Almagro) sumaron el 44% de todas las viviendas construidas.

Edesur y Edenor admiten que llevará cinco años de inversión constante brindar un servicio que pueda alimentar a toda la infraestructura nueva de Capital Federal, cálculo aproximado para alimentar a toda la Ciudad hoy, sin contar todos los edificios y shoppings que se van a construir en ese período.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña, se votaron varios proyectos nuevos. Algunos apuntan a ceder terrenos para construcciones inmobiliarias, como shoppings y torres, y otras a atraerlas.

Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, cuenta lo que pasa en la Legislatura: “Hay más de 20 proyectos de ley para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de los porteños, la de urbanización de villas por ejemplo, que no se tratan en la Legislatura, pero sí se tratan de forma express los proyectos que profundizan el modelo de ciudad neoliberal, como el del shopping en Caballito”.

A los vecinos de Caballito no les consultaron si querían un shopping en donde podría haber un parque. Sus argumentos son muy razonables: el destino del territorio, quieren que haya un parque; no quieren más edificaciones en su zona porque la sobreconstrucción ya causó colapso de servicios públicos, de cloacas y de tránsito.

El terreno donde la empresa IRSA quiere construir el shopping está compuesto por dos parcelas, una que era del club Ferrocarril Oeste y otra del Estado Nacional. Cuando Ferro entró en quiebra, hace doce años, le vendió su parcela a IRSA. El Estado Nacional no quiso ser menos y le vendió su pedazo de tierra a una empresa intermediaria que en 24 horas se la vendió a IRSA. La venta de tierras públicas debe autorizarse por ley en el Congreso Nacional. Eso nunca sucedió.

Por más de cinco años consecutivos se trató este proyecto en la Legislatura. Este último año legislativo tampoco lograron votarlo, la sesión tuvo que suspenderse por amenazas e insultos entre los legisladores.

Cómo Ceder Terrenos a las Empresas Inmobiliarias para Construir Mega Emprendimientos: APROBADO. Cómo Habilitar Espacios para la Inversión Privada: EN PROCESO.

La Boca, se convirtió en polo artístico. Lugano, en polo deportivo. Parque Patricios, polo tecnológico. Los polos son zonas libes de impuestos, lugares donde empresas privadas son invitadas a instalarse sin pagar impuestos, o hacerlo a tasas mínimas. Es una manera, y así lo admite la propia gestión macrista, de revalorizar una zona, atrayendo al capital privado para que invierta en el barrio.

“Por mucho tiempo el discurso de revalorizar una zona fue tomado como algo bueno: una zona disminuida, donde los inmuebles salen poco, el Estado debe impulsar la inversión. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando revaloriza la zona produce efectos de gentrificación, un reemplazo de gente de bajos recursos por otra con más altos”, describe Jonatan Baldiviezo.

El precio de los inmuebles se eleva, el valor de los alquileres se multiplica, el costo de vida se encarece. “Están creando el contexto institucional legal y económico para que vengan a invertir pero a los pobladores originales los están expulsando”.

En la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) ya se aprobó el Plan Maestro, que establece la zona como Polo Deportivo, construye la Villa Olímpica y otorga títulos de propiedad a los propietarios de las villas, una manera de insertar lentamente la zona en el mercado. Al otorgar títulos de propiedad, el gobierno se exime de urbanizar, la situación precaria de los habitantes de los barrios queda legalizada. De esta manera, estas tierras se blanquean, pasan a poder ser compradas y vendidas legalmente en el mercado. (Ver nota anterior)

El Plan Maestro, como otras leyes vinculadas a la construcción de la Ciudad, lo aprobó el macrismo en la Legislatura con la ayuda del bloque kichnerista.

Los habitantes de las villas miseria pasaron en cuatro años de ser, según el Censo Nacional de 2010, de 160 mil habitantes a 270 mil, último dato del 2014 según la Secretaría de Habitat e Inclusión de la Ciudad. En el año 2006 la asignación presupuestaria para las villas era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %.

De esos datos se desprende también que al menos el 10% de los habitantes de la ciudad viven hacinados, mientras que un 26,7% (según el censo 2010) de los inmuebles porteños se encuentran deshabitados.

…abandonados. No es un gran negocio inmobiliario…

Otra vez la frase se corta. Esta vez no fue por un corte de luz, fue porque la señora no pudo seguir prestando atención. La lluvia está golpeando demasiado fuerte y el agua está empezando a entrar.

A levantar la heladera y la cocina, primero. Después la cama. Si queda tiempo tirar la ropa arriba de la cama. Y a esperar.

Eventualmente el agua baja, hasta las próximas lluvias. Mientras esperaba la señora pudo escuchar clarito decir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete del Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y a la Vice Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que la Ciudad de Buenos Aires no se inundó con las lluvias de principios de noviembre gracias a las obras ejecutadas por su gestión.

La señora vive en Saavedra. Ahí mismo donde varias manzanas se inundan cuando llueve, ahí mismo donde están construyendo una obra enorme, un nuevo metrobus como el de la 9 de Julio, sin el estudio de impacto ambiental necesario.

El metrobus norte se extenderá sobre Ciudad de Buenos Aires (Av. Cabildo) hasta Vicente López. Las obras comenzaron hace un año sin los convenios necesarios aprobados en la Legislatura ni el estudio de impacto ambiental que reclama la ley. Recién hace un mes se aprobó el Convenio Marco, que sólo presenta la obra, sin especificar ni cuánto se gastará, ni qué impacto social y ambiental tendrá. No hay estudio, no hay audiencia pública, ni dictamen técnico, porque el APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad) categorizó a la obra como de poca relevancia. Desde el Observatorio de la Ciudad denuncian que el APRA otorgó el permiso de obra con un único estudio hidráulico, una sola carilla sin datos técnicos, siendo Saavedra una zona inundable.

En cuanto a las declaraciones de las autoridades del Gobierno Porteño, la señora sabe que no son ciertas. Ella se inundó.

Según los informes que el GCBA envió al Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°10, en el marco de la causa caratulada “Carbón Mario Alberto y otros contra GCBA s/Amparo”, la única obra hidráulica en ejecución, no finalizada aún, es la de la Cuenca del Arroyo Medrano, que aún está en la primera etapa del cuenco amortiguador del Parque Sarmiento.

Respecto a las obras en la cuenca del Arroyo Vega, se encuentran en la etapa prelicitatoria para la ejecución de un proyecto millonario, que consiste en construir un túnel aliviador no debatido ni consensuado aún con los ciudadanos. En la cuenca del Arroyo Cildáñez, las topadoras del GCBA están realizando la remoción de suelos en el Lago Aliviador Soldati, alcanzando la línea de edificación de las viviendas de los vecinos de la Manzana N°10 del barrio Los Piletones y poniendo en riesgo las estructuras de sus casas. Durante las últimas lluvias de noviembre, los barrios Los Piletones, Fátima, Calacita, Ramón Carrillo y Rodrigo Bueno, estuvieron bajo el agua.

“El Código de Planeamiento no hace diferencia entre cuales son las zonas inundables o no. En la ciudad hay zonas que se inundan y se siguen construyendo torres con subsuelos. No refleja qué zonas ya están saturadas de la densidad de construcción” describe Jonatan, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: “el código está obsoleto y liberado para una construcción masiva en la ciudad”.

…es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Ni la señora ni el señor terminaron de escuchar esta frase. Es que están en la Legislatura porteña tratando que les permitan opinar sobre las obras en sus barrios.

El tipo de gobierno que norma bajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una democracia participativa. El Articulo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”. Su artículo 76 también indica que todas las audiencias legislativas son públicas y que cualquier persona en los días de sesión puede ir, pedir la palabra y hablarle a los 60 legisladores, pero no se reglamentó para que efectivamente pueda hacerse.

“Hay herramientas jurídicas que no tenemos, por ejemplo no hay ninguna ley que obligue a desinvertir a los que tienen grandes cantidades de propiedades, como IRSA”, agrega Jonatan, aunque destaca que: “Aun así si se aplicara algo más básico que reside en la democracia participativa ninguna de estas obras que están avanzando en la Ciudad se hubiesen hecho con tanta velocidad, porque tendrían que darle poder de decisión a la gente”.

 

“­­La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados. No es un gran negocio inmobiliario, es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño.

Desalojando Buenos Aires

El 2013 tuvo cifras récord de desalojos de viviendas y este año arrancó con todo contra el espacio público y predios tomados en la zona desatendida de Lugano. Historia y datos para entender por dónde viene la mano.

El desalojo es el síntoma de una serie de políticas mal contenidas, el último recurso, correr atrás de la pelota.

La moda de desalojar hoteles familiares, casas tomadas y predios ocupados crece año tras año, cuando en 2006 fue ya decretada la “emergencia habitacional” en la Ciudad; hoy el desborde es evidente: cerca de 500 familias ocupan un predio lindero a la Villa 20, como respuesta a las urbanizaciones mal planteadas y razones infinitas.

Los que tienen coronita

Mientras tanto, en Ciudad Gótica más del 23% de las viviendas particulares se encuentran deshabitadas; pensemos en Puerto Madero. Las comunas 8 y 9 de la zona sur tienen el déficit más alto pero también una gran proporción de parque habitacional deshabitado. Sobre ellas el gobierno porteño avanza con un “plan maestro” que significa vender una serie de terrenos al desarrollo inmobiliario, so pretexto de igualar el desarrollo del norte con el del sur. “Pero detrás de esos buenos principios”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en temas inmobiliarios, “lo que se hace en la práctica es privilegiar a propietarios o emprendimientos inmobiliarios. Se lleva el Metrobús, el subte, se instalan los polos tecnológicos, de las artes, del deporte, que son extensiones para la instalación de nuevos emprendimientos comerciales”.

Ejemplo: los polos (tecnológico en Parque Patricios, Audiovisual en Chacarita, etc.) son delimitaciones en un sector de la ciudad donde residen empresas que gozan de beneficios económicos: “Tienen exenciones impositivas de 10, 20 años, no pagan ingresos brutos, ni derecho a la construcción”, dice Baldiviezo. Aparte de este oasis fiscal en pleno Buenos Aires, el desarrollo prioritario de estos proyectos dejan relegados las construcciones residenciales, que son acaso las que urgen.

La entrada del mercado a las villas

En este momento, Jonatan habla desde la ocupación de la Villa 20, la cual junto a su agrupación Colectivo por la igualdad y como representante de Abogados ambientalistas está ayudando a organizar. Cuenta que son 500 familias en igual cantidad de lotes, un predio que se extiende de la Villa 20. “Es la única villa que tiene un banco de tierras para la urbanización”, dice Baldiviezo. Justamente esa promesa incumplida es uno de los detonantes de la ocupación masiva, según una lógica que explica también la toma desalojada del Indoamericano en 2010. Baldiviezo: “Nosotros entendemos que urbanizar es poner servicios públicos, integrar al barrio, solucionar la vivienda a los inquilinos, otorgar propiedades… El PRO dice que no lo puede hacer, entonces lo que busca es dar títulos de propiedad, que es el último paso”. Al parcelar las villas y dejarlas en deterioro, lo que se habilita es la entrada especulativa del mercado sobre esos terrenos: “Para que el mercado ingrese tiene que haber propiedades en las villas. Es el proceso lento de sacarlos, para que el mercado las compre a precios bajos y  que luego sea el mercado el que vaya urbanizando”.

Este tipo de maniobras dejan desprotegidos sobre todo a los inquilinos, que no se agarran ni de los títulos de propiedad: “Entonces la única forma que ven es tomar la tierra”, explica sobre la ocupación de Lugano. “Este predio quiso ser vendido en el plan maestro, los vecinos lo defendieron porque son su promesa de urbanización, y hace años que es un cementerio de autos”.

Los desalojados como nueva clase social

La responsabilidad no es sólo del gobierno municipal cuando de entender las fluctuaciones de las migraciones se trata: el éxodo del campo hacia la ciudad producido por un monocultivo que precisa escaso trabajo, y tecnologización de las tareas; las oportunidades aparentes o reales que parece brindar la city; acaso los propios desalojos aparentes o reales de las propias provincias.

El gobierno de la Ciudad se manda la parte; no sólo en el tema vivienda; los desalojos a manteros en la vía pública muestra también que la idea de sacarlos, de desplazarlos no contiene una segunda respuesta. Es decir, en forma de las preguntas que se hacen estos trabajadores: “Si nos sacan de la calle, ¿a dónde vamos a ir?”

En el caso de las viviendas el Gobierno porteño ofrece la opción de un subsidio habitacional que consta de seis cuotas de 450 pesos con opción de extender a cuatro cuotas más; según el programa de Atención de Familias en Situación de Calle son 3.500 los beneficiarios del plan que cumplen con todos los requisitos; muchas personas lo solicitan pero no acceden a cobrarlo.

Lo cierto es que más allá de estas ayudas que no ayudan a nadie, el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un análisis sobre el presupuesto para vivienda del período 2008-2012: “Para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los asignados originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6 por ciento del presupuesto general pero en el gasto real realizado por el Ejecutivo implicó sólo un 1,5 por ciento”. Esta diferencia la explican las subejecuciones del presupuesto que permiten al gobierno reasignar recursos que en principio estaban destinados a una cartera, hacia otra por motivos que deben explicar. Estos acomodos significaron partidas por casi mil millones.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construyó una sola casa en el período 2010-2013, según estadísticas de la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. En cambio, en los bosques de Palermo pueden verse camionetas ploteadas con promotoras con calzas negras publicitando al IVC. “El IVC está totalmente desguazado, sólo tiene infraestructura con personal transitorio, y todas sus competencias se pasaron en la práctica al ministerio de hábitat e inclusión social”, cuenta Baldiviezo.

De aquella Ley de Emergencia Habitacional sancionada en 2006, quedó nada. La creación de un fondo presupuestario para programas habitacionales nunca fue reglamentada; y el artículo que suspendía los desalojos a inmuebles públicos fue vetado por el ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

Se hizo uso en cambio de una medida aprobada en 2001 que permite ejecutar un desalojo antes de que sea dictada una sentencia judicial: “desocupación inmediata”.

En este contexto se cuentan 2.300 familias con sentencia firme de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires, según el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle.

La manta corta

¿Cuál es el negocio? La ciudad del club de amigos no sólo aplica derecho de admisión a los que no les caen bien – la política patovica- , sino que hace sus negocios gracia a la famosa “burbuja inmobiliaria”.

En los últimos años se ha ido incrementando el precio de las propiedades, al punto que triplica el índice inflacionario del resto de los bienes.  Según un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2005 la superficie construida creció un 600%, y el metro cuadrado aumentó a razón de un 35% anual. Este proceso de valorización del suelo urbano está impulsado por el dinamismo que tomaron el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria, guiados por una lógica especulativa, cuyos protagonistas guardan estrechas relaciones con algunos funcionarios porteños.  Acreditada está la de Nicolás Caputo, íntimo de Macri y ex asesor del gobierno, dueño de la firma CAPUTO S.A. que consigue licitaciones para construir llamativamente seguido. Telemetrix, Altote, Mediterránea, American Traffic, Instalectro e IRSA son otras de las empresas que viven ganando licitaciones que habilitan a construir en suelo porteño.

El abogado Baldiviezo explica: “La lógica de la expansión de la especulación inmobiliaria en la Ciudad presiona sobre la recuperación de los predios que están en manos populares o que no tienen cierta seguridad en la tenencia. Los proyectos de desarrollo tienen bien determinadas hacia qué áreas van a impulsar y hacia dónde se van a orientar: fue Palermo, Belgrano y ahora es la zona sur con San Telmo y La Boca, que es donde casualmente hay la mayor cantidad de desalojos”.

 

 

 

“Estamos vendidos”

Tienen fecha de desalojo para el 11 de noviembre. Son 32 familias a las que no se les permite pagar por su habitación y se las obliga a irse sin dónde ir. En pleno Almagro, la Ciudad no escucha. Su Gobierno la quiere hacer sorda.

Dos chicas llegan a su casa. Llevan guardapolvo y una mochila cada una. “¿Entran?” Invitan a pasar con cordialidad natural. Adentro habrá alguien que cuente cómo es que ese caserón del Abasto no les pertenece. Que ese gesto tranquilo es en verdad desesperado. Entren: adentro habrá alguien que cuente el miedo a quedar afuera.

casatomadagallo-1435Lucrecia, abuela joven, saluda en el zaguán interrumpido por una moto de delivery. Prende una luz que deja ver el cuarto: cuidadísimo. Paredes recién pintadas. Los marcos de madera, brillantes. “Esto lo cuidamos entre todos”. Lucrecia se enorgullece, y al instante se avergüenza. Su vida y la de su familia, y la de la familia de su familia, lleva la contradicción de la incertidumbre. “¿Sabés lo que es no saber dónde vas a vivir mañana?”. La familia de su familia: los bebés.

Hace 2 años, 32 familias alquilaban una pieza en este hotel familiar, desde hace más de 10 años todas, algunas hasta 20. Hace 2 años, a sólo dos días de haber pagado el mes, los sentenciaron: se tienen que ir.

No se saben las razones, qué se hará con este edificio, ni tampoco el por qué de la desaparición de la dueña poco antes de la noticia del desalojo. Desde entonces, desde diciembre del 2011, las familias dialogan con una “intermediadora”. Esta figura híbrida, incolora, es una abogada que dice responder a un solo mandato: desalojar la vivienda. Las familias siguen proponiendo pagar mes a mes el alquiler de las piezas, como lo hicieron siempre, pero no hay caso. “Quieren a toda costa dejarnos afuera”.

 

El 6 de julio tuvieron el primer intento de desalojo, y lo evitaron. Lograron junto a organizaciones, partidos políticos y otras familias que habitan en casas también amenazadas de desalojo resistir a las guardias de infantería y los grupos de choque. Los desalojos, muchas veces, son cuestión de número: quienes son más, se quedan.

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Imagen: NosDigital

La casa se mete hacia adentro y cada pasillo va dando entrada a las piezas. “Acá vive una familia con 5 nenes. Acá vive un señor con un nene. Acá el abuelo. Acá viven dos chicos. Acá vivo yo con mis dos nenas”.

Desde que les dijeron que tenían que dejar la casa, de un día al otro, sin alternativa, de las 32 familias quedaron 22. “El resto, por la cuestión del desalojo se fueron yendo para asegurarse otro lugar”.

 

¿Dónde? El Gobierno de la Ciudad parece salirse con la suya: “En Provincia”.

 

Los hoteles familiares – que albergan familias con niños, personas mayores y discapacitadas- parecen ser una especie en extinción en capital. Esos grandes caserones de principio de siglo, de techos altos, puertas de chapa, persianas de madera, pasillos chorizo y cuartos grandes, van cambiando su funcionalidad al ritmo del termómetro inmobiliario. Y son tiradas abajo para construir coquetos edificios, o son compradas para hacer hoteles pero boutique, o simplemente vendidas a precios módicos, con familias adentro.

El desalojo concretado el 25 de agosto en Independencia 2969 es un espejo de esta historia: otro hotel familiar vendido por los dueños, de un día al otro, y las familias sin alternativas más que su propio rebusque.

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Lucrecia: “Nosotros salimos a buscar en Capital pero con el tema de que tenemos chicos en ningún lado te reciben, no quieren saber nada”. Su vida y su rutina, que transcurre desde hace 20 años en Capital, deberá trasladarse varios kilómetros. “Mis nenas van desde jardín al colegio de Mario Bravo, y ahora van al mismo colegio a la secundaria”.

En la casa se respira tranquilidad. “Están todos trabajando”. Alguna puteada por el partido de Arsenal, no más. “Yo porque no puedo trabajar, estoy con licencia porque me operaron de la columna”. Lucrecia siente que tiene que excusarse. “Me siento muy mal, porque el único sostén de la familia es mi hija de 29”. Su hija tiene dos hijas, sus nietas. Entre las dos familias son 10. “¿Quién nos va a tomar para que vivamos?”.

La nueva prórroga de desalojo les da hasta el 11 de noviembre. “La oficial de justicia nos dijo que nos iba a sacar aunque seamos 500 personas”. Así los trata el poder judicial.

Así el poder ejecutivo: “Lo único que nos ofrecen es un subsidio por seis meses. La idea es juntarnos entre todos para pagarle a los propietarios por seis meses más”. ¿Y después?

Lucrecia no responde, pero sintetiza en una frase la impotencia, la incertidumbre y la negociación de la vida que significa esta historia:

“Estamos vendidos”.

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Techo para todos

La resistencia de cuarenta familias en el edificio ex Padelai. En plena Buenos Aires el derecho a la vivienda digna es justicia por mano propia.

“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”

Artículo 14 bis, Constitución Nacional Argentina.

Fotos: NosDigital

El artista Roberto Jacoby fue invitado por el gobierno a hacer una muestra llamada “Peronismo”.

Motivaron la convocatoria una serie de declaraciones de Jacoby en las que manifestaba cierta afinidad por el kirchnerismo. Parecía un buen momento para capitalizar su enorme trayectoria al servicio de una causa política.

Sobre este tema, es decir, sobre arte y política, Jacoby ya había dicho demasiado. Lo había dicho todo. Fue en Brasil cuando lo invitaron a una megaexposición que se llamaba, justamente, “arte y política”. Corría octubre del 2010 y la veda electoral por elecciones presidenciales.

La intervención de Jacoby fue una foto gigante: una foto de Dilma Roussef gigante.

La obra fue tapada con un manto negro por los organizadores, cumpliendo la restricción de la veda.

Jacoby lo había logrado. Su obra estaba terminada.

Con una mediasonrisa, parado al lado de la foto tapada, dijo: “Esto es lo que pasa con el arte y la política”.

Para la muestra “Peronismo” Jacoby pidió usar el Congreso Nacional. Le dijeron que por supuesto. Entonces hizo otra ampliación: una ampliación del artículo 14 bis de la Constitución nacional, incluido por Perón en la reforma del ’57, donde se consagran muchos derechos sociales básicos. Uno de ellos, el acceso a la vivienda digna.

Jacoby empapeló el Congreso con la letra del artículo 14 bis completo.

Duró pocos días. Del gobierno no lo llamaron nunca más.

Otra vez Jacoby, su arte, lo había dicho todo.

00 537La historia del edificio del ex Padelai, actualmente ocupado, es un caso emblemático de cómo se generan las políticas de exclusión en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde los ’90, la ocupación del edificio oscila entre vecinos agrupados en una cooperativa, con problemas de vivienda irresueltos, y la concesión del predio por parte de la Ciudad; la diferencia la explica un contrato de propiedad del edificio que cada parte asume a su favor.

La carga social del ex Patronato de la Infancia se remonta a 1892, cuando nace como una institución filantrópica dedicada a dar auxilio a niños desamparados y en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Allí funcionaron un hogar, una escuela, un jardín, un hospital hasta 1970 cuando fue abandonado el lugar.

Ocho años más tarde los edificios fueron cedidos a la Municipalidad de Buenos Aires y, sin dárseles uso, fueron ocupados en la década siguiente por familias del barrio sin vivienda.

Durante la intendencia de Carlos Grosso se inició una gestión con una cooperativa para que las familias que vivían en el Padelai pudieran poseer la propiedad de los edificios.

La versión más pornográfica del tironeo sucedió en 2003 cuando, con la excusa del no cumplimiento del contrato, sesenta familias fueron desalojadas a palazos y gases por el gobierno de Aníbal Ibarra.

Seis años más tarde, durante la gestión del PRO, ocurriría algo no menos violento: la cesión de uso gratuito por treinta años del predio al Centro Cultural de España en Buenos Aires que la Legislatura votó en tiempo récord: seis días. La única condición que establecieron, que presentaran plazos para realizar las obras y la línea de la programación cultural, nunca se cumplió. Al menos fueron consecuentes: la actividad que le dio el CCEBA al centro cultural fue nula. Todavía hoy pueden verse gigantografías del lado de afuera que intentaron barnizar la vacuidad del lugar, nunca remodelado.

A principios del 2012 el CCEBA sinceró que no podrían construir y sostener el centro, argumentando deficiencias presupuestarias, aunque lo que desnudaron fue el sinsentido mismo de la cesión.

00 519“Con los ocupas no podemos”, ampliaba un comunicado emitido desde la embajada, aunque se desconocen los misterios semánticos por los que los españoles nunca fueron signados con el mismo mote por los medios masivos de comunicación.

Para ajusticiar esa interpretación, la Cooperativa de San Telmo aclara que tiene las escrituras y el certificado de dominio, nacidas de ese preacuerdo con la intendencia de Grosso.

En mayo del 2012 las familias volvieron a entrar al edificio, que había sido abandonado otra vez más.

Sus intenciones no son caprichosas: ofrecieron entregar la escritura a cambio de las viviendas necesarias. La burla del gobierno porteño fue proponer diseminarlos por algún lugar de la provincia de Buenos Aires; la cooperativa no aceptó: “Los chicos van a la escuela acá en el barrio, a una cuadra hay un centro de salud integral, no nos pueden sacar del lugar de donde somos”, explica Teresa, vecina. También aclara que su historia no le enseñó a confiar su fe a las promesas de los gobiernos de turno.

Hoy se mantiene latente una orden de desalojo que busca sacarlos del edificio.

Pero ninguna propuesta atiende las necesidades de las familias, que van proyectando su vida ahí adentro. Hasta van arreglando al edificio del tiempo y proyectan una feria cultural a cargo de organizaciones sociales del barrio.

Hoy viven más de cuarenta personas agrupadas en una cooperativa, y veintitrés chicos.

Pablito o el chico que quería salir

Pablito tiene once años y una fantasía: salir; atravesar la puerta y salir a la calle.

Si Pablito anda dando vueltas cerca, hay que estar atentos. La salida no se puede descuidar. Si no lo sigue la madre, el que está por ahí nomás le tira del brazo. Pablito, no.

Pablito agacha la cabeza y vuelve (hace que vuelve), y apenas puede gira y corre hacia la puerta de nuevo. Pero todos conocen el número.

Pablito no puede andar solo afuera. Tiene un retraso madurativo.

Y si bien nunca salió solo, no se sabe qué misterio lo atrae.

Quizá sea el reflejo de las corridas del día de la represión, la imagen de la violencia, cuando todavía era un nene.

Quizá sea un trastorno provocado por la vigilancia permanente en la puerta, a cargo de la Policía Metropolitana, que de noche duerme en el zaguán del edificio.

O por ahí es que Pablito, simplemente, todavía, no se siente en casa.

00 531El sueño de Verenice o la niña que contaba amaneceres

Verenice, nueve años, duerme sólo de día. De noche no pega un ojo.

Verenice va al colegio sin dormir, vuelve a almorzar, hace una tarea, juguetea y a la hora nomás le agarra sueño; se duerme a la tarde y se levanta a eso de las diez, once de la noche. Y así.

Son las seis de la tarde y tiene cara de cansada. Su madre se asombra que no esté durmiendo, pero dice “mejor, así duerme un rato a la noche”.

Le pregunto cómo hace ella para dormir y vivir. “Trabajo a la noche, entonces intento dejarle la puerta cerrada si se queda sola, pero ella sale igual, no sé cómo”. Verenice nos lanza una mirada desobediente.

Ríe. Tararea una canción y se pone a bailar bajo la sombra que aporta la galería.

“Le encanta estar acá y en el jardín”, cuenta su madre. Cuenta que Verenice, cuando se escapa del cuarto, viene al jardín. Se queda bajo la luna sola. “Le gusta ver el amanecer”. Y se va al colegio.

Psiquiatras, médicos y psicólogos no han podido corregir su sueño. Según los especialistas, Verenice sufre una extraña patología. “Todo un tema” prefiere definir su madre.

Este cuento dice que Verenice cuenta amaneceres. Un, dos, nueve años de amaneceres. Cuenta uno más cada día porque no sabe cuántos más habrá. Ahí, en ese patio que tanto le gusta.

La mirada de Teresa

A Teresa también le gusta el patio. “El fin de semana me gusta ir ahí”, señala un cuerpo del edificio, “bien arriba, y sentarme a ver el jardín”.

Lo dice y miramos como reflejo. Miramos el jardín. Pablito, Verenice y otros chicos corretean. Más allá se ven dos piletas pelopincho. Dos arcos de futbol que imaginan una cancha. Y mucho verde.

“Me encanta mirarlo cuando estoy tranquila, es lo más lindo que tiene el lugar. Imaginate que yo nunca tuve esto”, dice Teresa. Me imagino. La veo en una habitación, una, con sus cinco nenes. La veo sin marido. Imagino una televisión prendida, o una radio.

Y me corta el pensamiento el canto de un pájaro.

Teresa no lo dice por confort. Sólo que no está acostumbrada a los hidromasajes, un sillón vibrador y no consigue la última versión del ipod touch. Entonces lo dice para trazar la paradoja que define su vida: su miedo a que un día la echen, le peguen y la dejen en la calle, sin jardín.

Donde los destinos van

Apoyados por organizaciones barriales y eventualmente por partidos políticos (“estaban los del Movimiento Evita pero se fueron porque los ascendieron de puesto a los chicos, y no podían venir más”), las familias resisten.

Resisten en el silencio que hay un día de semana cualquiera y bien de día, mientras los grandes trabajan y los chicos estudian.

Resisten la noche y el frío. El invierno.

Viven resistiendo desde que los gobiernos de turno eligieron no hacerse cargo de los más carenciados y a) patear ese problema a las provincias, b) dar soluciones provisionales, c) pegarles, d) regalarles un edificio a los españoles, e) no hacer nada.

Todo eso sucedió con las familias que viven en el ex Padelai y muchas otras que se ven obligadas a ocupar espacios abandonados para hacer justicia el artículo 14 bis y poder desplegar eso que los fundamentalistas llaman “vida” y a lo que el peronismo agregó “digna”.

No sabemos bien qué es, pero tiene la sonrisa de un niño.