La revolución es ahora

Relanzan el proyecto de ley que propone un régimen reparatorio para trans y travestis víctimas de violencia institucional. La identidad de género: de delito a derecho humano.

El jueves 6 de octubre se presentó en el Congreso el proyecto que propone un “Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de identidad de género”. El proyecto 2526 busca el reconocimiento por parte del Estado de la violencia institucional a la que fueron sometidas sistemáticamente las personas trans y travestis por las fuerzas de seguridad pública; y en especial a aquellas que fueron detenidas de manera ilegítima a causa de los edictos policiales vigentes hasta 1995.

Tal como se desarrolla en los fundamentos del proyecto, los edictos policiales fueron la herramienta básica de las políticas de persecución orientadas a la normalización de grupos sociales considerados “desviado” por el poder estatal:entre ellos, lxs trans. Estos instrumentos le daban a la policía la potestad de emitir los edictos, de juzgar, interpretarlos y de aplicarlos. Las trans y travestis fueron marcadas como esos cuerpos e identidades a perseguir, patologizar y marginar. Sus trayectorias de vida están signadas por episodios de detención arbitraria, golpizas, abuso y tortura por parte de la policía. “Los edictos policiales sirvieron como excusa legal para encarcelarnos, el crimen fue nuestra identidad”, afirmó Norma Girardi de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual en el acto de presentación.

Esta iniciativa, que ya cuenta con la firma de 22 diputados y diputadas de todo el arco político, fue impulsada por Lohana Berkins, militante travesti y líder de ALITT hasta su muerte en febrero de este año, junto con Marlene Wayar, referente del colectivo trans y militante de Futuro Transgenérico. El proyecto fue redactado e impulsado por Abogad*s por los Derechos Sexuales (Abosex). Dice la letra que serán beneficiarias de este régimen las personas mayores de 40 años a las que se les haya aplicado el inciso f “los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” y el inciso h “personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieran al acto carnal” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.

El régimen de reparación contempla el otorgamiento de una pensión graciable para las víctimas, al igual que perciben las víctimas del terrorismo de Estado en los 70. Dos años atrás, cuando este y otros proyectos similares se presentaron por primera vez en el Congreso, se generaron frívolos e irrespetuosos discursos que denunciaban un supuesto privilegio de las personas trans por poder acceder a esta pensión. No: de lo que se trata es de reconocer las violaciones de un Estado sobre una población que fue sistemáticamente perseguida y excluida de la ciudadanía. El privilegio siempre fue ajeno.

Por otra parte, las personas trans de más de 40 años, es decir las destinatarias de esta reparación, no son muchas. De acuerdo a un informe de ALITT, se estima que el promedio de vida de las personas trans es de 35 años  -qué privilegio-, por lo que las “sobrevivientes” nos son demasiadas. De acuerdo a los impulsores del proyecto, se trata de un universo posible muy restringido de aproximadamente 300 personas a nivel nacional.

En tanto a partir de la Ley de Identidad de Género, el Estado argentino reconoció a la identidad de género autopercibida como un derecho humano. Ergo, se considera que la criminalización de esta identidad durante la vigencia de los edictos policiales fue una violación de los derechos humanos. Marlene Wayar expresó que se trata de crímenes de lesa humanidad, puesto que fueron cometidos por un Estado contra una comunidad en particular.

“Somos las olvidadas de la democracia”, sentenció la activista trans Jorgelina Belardo ayer en el Congreso. De modo constante, señalan que para ellas el Estado terrorista y  desaparecedor no terminó en 1983. “No sé cuántas veces entré y salí de la cárcel”; “Me acuerdo de escuchar cómo golpeaban a una compañera en un calabozo mientras le gritaban ‘Dale, puto, ¿cómo te llamas?’”; “Las travas merecemos morir de viejas, no asesinadas por el odio y la violencia”. Entre lágrimas de memoria por las compañeras que no están, pero también de orgullo por continuar conquistando espacios de legitimación, las activistas trans presentes en el encuentro sumaron su adhesión y fuerza a esta iniciativa.

Entre la presentación original de este proyecto de ley en el 2014 y este relanzamiento en el 2016, pasaron muchas cosas. Entre ellas, se fueron dos luchadoras por los derechos de las trans y travestis, que hoy se hicieron carne en la voz de cada una de las oradoras. A una semana del aniversario del asesinato de Diana Sacayán, fueron eternos los gritos de “Justicia”, “Diana presente” y “Furia Travesti”. Y para todas fue una inspiración indudable la de la “travestiarca” (al decir de la propia Diana) Lohana Berkins: “El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más”.

“Un pivito inocente justo paso por ay”

A Carlitos Quiroz lo mataron al confundirlo con uno de los pibes de las barriadas pobres de Pergamino que andan en robos de poca monta.  La perpetua para el policía Fernández rompió con la impunidad policial.

Canchita de tierra, esas de arco sin red. Ahí estaba jugando Carlitos Quiroz, 15 años, junto a amigos de la misma edad, el 20 de octubre de 2009, cuando alguien más grande cortó el partido. Era Mauro Mena, conocido ladrón del barrio Newbery, que llamó a Carlitos. “Le dice ´vení, que te tengo que contar algo´ y Carlitos ´no, pará´. Y este Mauro le decía ´no seas cagón´. Y Carlitos, para no ser menos, va. De ahí para adelante los chicos no saben qué es lo que hablaron”, relata su padre, Carlos.

A las 13:47 la Justicia rastrea que Mauro Mena manda este mensaje a un número desconocido: “Venite vo en 1 mi… en el camino ay un pqete en la caye y yo d pue te mando i papele”.

La respuesta llegaría pasadas las 14: “Yo ya lo dje fíjat loco no m boludies, lo dje ahí con la gita ahora los papeles”.

A las 14:46, Mauro dice: “ay voy yo a pata”.

Entre las 15:05 y las 15:10 un ciclista que pasaba por un descampado lindero al Club Banco Provincia, encuentra el cuerpo ensangrentado de un chico: zapatillas nike, pantalón de gimnasia con las tiras blancas, chomba deportiva del Valencia.

Era Carlitos.

Tenía un disparo en la garganta.

Ya estaba muerto.

A las 15:17 Mauro Mena escribe el último mensaje: “puto a ora te vas a quere matar por q me isiste una camita el que agarraron es un pivito inocente justo paso por ay y le dije q le dava 100 peso y fue”.

Vista de la ciudad de Carlitos. Fotos: NosDigital.
Vista de la ciudad de Carlitos. Fotos: NosDigital.

La secuencia

La historia había comenzado al mediodía, cuando camioneros que se encontraban en Pergamino por cuestiones laborales denuncian en la Comisaría 2 el robo de los papeles de sus vehículos. Parados a la vera de la ruta, en horario de almuerzo o siesta, los camiones son blanco fácil para los ladrones de poca monta, que ven la de hacerse unos pesos robando pertenencias y pidiendo un rescate a cambio de la devolución.

Ese martes 20 de octubre al mediodía, el ladrón Mauro Mena se comunica para negociar la devolución de los papeles por un arreglo de $400 y da instrucciones para el intercambio. La secuencia, que siguen los mensajes de texto, planeaba citar a los camioneros en un camino de tierra que conecta con la ruta.

Los camioneros vuelven a informar a la policía esta novedad del rescate. Según la investigación, los oficiales Jorge Alberto Conde y Daniel Alberto Fernández recomendaron a los camioneros negociar con el ladrón un pago mientras ellos montaban un operativo para detenerlo en el momento del cobro. Los camioneros dejaron, así, un sobre en un descampado junto al campo deportivo del Club Banco Provincia.

Ahí entra en escena Carlitos Quiroz, la carnada que Mauro Mena había elegido por si sucedía exactamente esto: que fuera, en vez de los camioneros, la policía.

Carlitos Quiroz levantó el sobre, y en seguida fue abordado por dos hombres arriba de un auto particular: eran los policías de la Bonaerense. La versión policial dice que el chico intentó sacar un arma, y la versión policial corregida dice que Carlitos intentó escapar. Sin embargo, a Carlitos no se le encontraron armas ni la documentación robada, y la bala que le dio muerte ingresó por su cuello, de frente, con dirección de arriba hacia abajo: fue un fusilamiento.

Los policías volvieron a la seccional, dejando a Carlitos ahí tirado. No dijeron nada, hasta que el fiscal de turno Guillermo Villalba ordenó una serie de averiguaciones que derivaron en la detención de los dos. En seguida se determinó que el operativo policial no había sido informado a la comisaría ni a la fiscalía, que se dio fuera de la jurisdicción de la 2°, y que los policías iban de civil y en un auto particular.

La condena

Los policías Conde y Fernández, junto con el titular de la seccional Eduardo Ledesma, fueron desafectados de sus cargos por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, faltaba mucho para lograr una condena.

Los diarios habían titulado “Falleció un menor de un disparo y fueron detenidos por el hecho dos policías. El confuso episodio ocurrió en…”.

Paralelamente, el 14 de noviembre de 2009 ocurrió la “desaparición” de la familia Pomar, justamente camino a Pergamino, caso que ocupó las mayores planas de los medios provinciales y nacionales. Se dijo desde que Los Pomar se habían escapado del país, hasta que habían sido inducidos por extraterrestres.  Sin embargo, habían volcado en la ruta y el auto se escondía atrás de un arbusto…

El caso de Quiroz no mereció la atención ni de los medios ni de gran parte de la sociedad pergaminense. “El discurso dominante hace referencia a la inseguridad y el reclamo de más fuerzas de seguridad”, cuenta Fausto Nascimbene, uno de los integrantes del Colectivo Militante por los Derechos Humanos que acompañó a la familia Quiroz. “Un correlato de lo que aparentemente la sociedad está pidiendo y el aumento de la marginalidad es un combo peligroso”.

Carlitos Quiroz, cuatro veces hermano, vivía en uno de los barrios más postergados de Pergamino, el Newbery. Su futuro se jugaba todas las fichas a ser jugador de Douglas Haig, equipo para el que jugaba desde los 5 años.

Monsanto juega en el mismo equipo que Carlitos.
Monsanto juega en el mismo equipo que Carlitos.

Su caso reactivó al Colectivo Militante de Derechos Humanos, que se había formado para presionar por condenas de los juicios de lesa humanidad cometidos en dictadura. “Pergamino no estaba acostumbrado a un juicio de estas características”, dice Fausto en relación al caso de Quiroz. El juicio de Carlitos supuso un nuevo desafío: denunciar la violación vigente de los derechos humanos hoy.

Se sucedieron movilizaciones, denuncias, visitas a despachos y hasta un escrache en la casa del policía Conde. “Íbamos viendo que la causa se dirigía a condenar sólo a Fernández, cuando sabíamos que Conde era el que había hablado con los camioneros y montado el operativo”, explica Fausto sobre las razones de esta condena social, no judicial.

Las presiones desde el otro lado no tardaron en llegar: “Tuvimos una intimidación. Llamaron a mi casa y me pasaron una llamada grabada de nosotros mismos, como que nos estaban pinchando el teléfono”, cuenta Fausto. La denuncia fue anexada a la causa de Carlitos y se intimó al Departamento de Investigación provincial a que dé explicaciones sobre el asunto.

También, en una de las sesiones del juicio, en medio de un ambiente caldeado, uno de los amigos de Carlitos intenta escrachar a Fernández y a Conde; “entonces un policía lo agarra del cuello, y se pudrió todo”. Gases lacrimógenos, palazos y corridas alrededor del tribunal pergaminense.

El revuelo finalmente dio sus frutos: el policía Fernández, autor del disparo, fue condenado a cadena perpetua en 2011, y Jorge Conde a 1 año y 8 meses, en calidad de cómplice del operativo ilegal.

La condena a Conde pareció insuficiente, pero la perpetua para Fernández rompió con la impunidad policial en un caso clave de Pergamino. Fausto: “Lo anecdótico del caso se vuelve parte del sistema cuando vemos que los pibes de las barriadas pobres siguen siendo perseguidos por la policía”.

Cayó un perejil

José Luis Orellana tiene un retraso madurativo, no sabe leer ni escribir. ¿Por que no lo inculpamos a él, si somos de la Tercera de San Miguel?

José Luis Orellana volvía entre las 12.30 y 12.45 del mediodía de lo de su suegra con su novia y el hijo de ella, el 24 de mayo de 2013. Andaba con pantalones deportivos con líneas rojas, con remerita, como todos los pibes de San Miguel de 21 años. Vio pasar a un patrullero, dar una vuelta, volver y detenerse al lado suyo.

El policía que bajó tenía el nombre en la chapa: “Mario Gago”. Lo detuvo y lo llevó a la comisaría Tercera de ese partido. Le hizo firmar un papel que no le leyó, pese a que Orellana insistía en que no sabía leer ni escribir. “No te preocupes, ya vas a salir”, repetía Gago.

José Luis no sabe leer ni escribir. Tiene un retraso madurativo y no escucha de un oído. Nada importó antes de que firmara. Después tampoco. No lo revisaron médicamente. Lo acusaron de asesinar a un custodio del supermercado chino de Irigoin y Maestro Ferreyra en un intento de robo y lo metieron adentro, ahí, en la Comisaría 3° de San Miguel.

Caso cerrado con gato encerrado

“Robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con Homicidio criminis cusae”, la titularon.

La policía le dijo al diario Crónica que Orellana fue arrestado pese a que estaba intentando fugarse. Estando en su propio barrio, con su novia y un bebé.

El arma no apareció nunca, pese a los allanamientos a la casa de Orellana. Nunca le hicieron las pruebas de parafina para ver si había gatillado.

Quiso declarar y no lo dejaron.

La viuda sabe quién es el asesino. Lo denunció. Nadie la escuchó. “El asesino está preso. No moleste. La causa está cerrada”, le contestaron. Juntó firmas de vecinos dispuestos a atestiguar quién disparó el arma. Lo escucharon al propio asesino diciendo: “Cayó un perejil”.

El asesino habría tenido los mismos pantalones y se parecía físicamente. Los dueños del supermercado lo señalaron a Orellana durante la rueda de reconocimiento.

Hay tres testigos amenazados de muerte.

En el barrio saben que el asesino volvió a matar. “Jamás buscaron a nadie”, dice la madre de Orellana.

Después, ahora

La familia presentó los certificados de discapacidades ante el juez que nunca dio el arresto domiciliario.

A José Luis lo trasladaron a la comisaría 1ra de San Miguel un mes. Después, a Olmos. La familia se enteró cuatro días después del destino del traslado. Mientras tanto, Orellana estuvo dos días en un camión sin comer ni dormir. En el penal de Olmos permaneció 5 meses, hasta que lo llevaron a Mercedes, donde todavía está.

“Fue peor porque lo apuñalaron ni bien entró, le robaron todo, le pegaron. Hizo una huelga de hambre. Hace dos semanas lo volvieron a apuñalar. No se da con nadie, no presta nada”, dice la madre. “Su hijo es quien tiene que hacer la denuncia”, le responden. Pero si lo hace, vuelve y lo matan, sabe él.

Los indeseados

Cientos de trabajadores callejeros de la Ciudad están siendo desplazados y criminalizados. Entre ellos, la comunidad senegalesa denuncia el atropello de la Metropolitana y pregunta: “Si nos sacan de la calle, ¿dónde vamos a ir?”

En el angosto pasillo de entrada del conventillo ubicado en Sarmiento 2835, a tan sólo cuatro cuadras de la Plaza Miserere de Once, todavía quedan recuerdos del brutal allanamiento de la Policía Metropolitana, pese a que ocurrió hace un mes. Vidrios rotos, una puerta forzada y un cartel rojo con letras blancas con la palabra “clausurado” le dan la bienvenida al hogar que todavía comparten Nar, Thierno y Macoeou, tres senegaleses que llegaron al país hace más de cinco años con la ilusión de mejorar su calidad de vida y dejarle un mejor pasar económico a sus familias, que aún los esperan en África. En la madrugada del 28 de enero, en vez de tener la esperanza de progresar, temieron por sus vidas y por sus sueños: oficiales de la fuerza que responde a Maurico Macri ingresaron a su hogar y, a punta de pistola, los obligaron a firmar documentos que no entendían porque no hablan español.

senegalDesde hace más de un año, el PRO intenta desalojar constantemente a los manteros y puesteros de la Ciudad y sobre todo a los que ocupan la Avenida Pueyrredon en el barrio porteño de Once. Entre los perjudicados están los más de 3.500 senegaleses que, en su gran mayoría, trabajan de la venta callejera de relojes, bijouterie, billeteras, cinturones y anteojos de sol. Casi todos no hablan español y se comunican en wolof, una de las lenguas oficiales de Senegal. Otros, en francés o en inglés; unos pocos manejan el castellano a la perfección. En este último grupo está Abdoulay Gothe, representante de la comunidad africana en Buenos Aires, quien vive y trabaja en Córdoba, pero continúa en Buenos Aires a la espera de alguna respuesta por lo que están padeciendo sus compatriotas. Él, mientras mostraba parte por parte los lugares del conventillo, recibía los saludos de todos sus compañeros que llegaban hasta la puerta y le preguntaban cuál iba a ser el próximo paso a seguir. “Nos tratan como si fuéramos delincuentes y sólo somos gente trabajadora. Nos discriminan por ser inmigrantes, por ser negros. Yo me pregunto: ¿de dónde venían los primeros inmigrantes que llegaron a la Ciudad? Extranjeros somos y seremos todos”, se lamenta el hombre que, en el marco de uno de los reclamos, le planteó en la cara a Macri todas las problemáticas y no recibió ni siquiera una palabra de devolución por parte del Jefe de Gobierno; ni siquiera se animó a mirarlo a los ojos.

Además de ingresar a la fuerza con una orden judicial firmada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, que está comandado por Graciela Dalmas, los efectivos policiales se llevaron parte de la mercancía que tenía la pequeña habitación del conventillo. Ingresaron, a las 5 de la mañana, encapuchados, armados y con una pequeña cámara de video que filmó todo el operativo. Todo, salvo cuando los obligaron – a punta de pistola – a firmar el documento que corroboraba que no había existido ninguna disconformidad en el allanamiento, según contaron los propios protagonistas que vieron cómo corrían la filmadora para que no tomara la imagen que los apuntaba para que firmaran. Nar dormía en un colchón del dormitorio y Thierno en el entrepiso en  el momento del ingreso de los oficiales que los apuntaron, mientras que Macoeou se estaba bañando. A él ni siquiera lo dejaron terminar de ducharse ni cambiarse: rompieron vidrios del baño y en toda la inspección se mantuvo desnudo.

“Es una injusticia más allá del color de piel que tengamos. Yo por cualquiera de ellos daría mi propia vida, pero lo que no entiendo es cómo la gente en este país ha votado a un Gobierno que hace este tipo de cosas y por qué no reaccionan para defendernos”, se pregunta, con indignación, Abdoulay. Lo cierto es que ellos mismos sienten la discriminación en las marchas que realizan y en los propios medios de comunicación, que o los vuelven invisibles o los responsabilizan. “Hace poco otro grupo de gente que protestaba por diferentes razones a las nuestras quemó un patrullero y el diario Clarín, el mismo que festeja que nos quieran desalojar, nos culpó cuando no tuvimos nada que ver”, agrega.

A los tres, la policía les robó – porque en el acta no figuran como incautados – dinero y los teléfonos celulares en los que guardaban, entre otras cosas, las fotos familiares y recuerdos de su Senegal natal. Mustafá, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, fue quien los acompañó desde el primer momento para denunciar estos hechos. Él es otro de los que habla español a la perfección y se contactó con organismos de Derechos Humanos del país para denunciar los hechos violentos que sufrieron. “Es una vergüenza que nos hagan esto. Los humillaron y los hicieron temer por sus vidas con un nivel muy grande de agresión. Por suerte muchas entidades ya nos dieron su apoyo en esta lucha constante”, dice y agrega que tanto el CELS como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad les brindaron solidaridad y quedaron a su disposición.

En la oscuridad del diminuto espacio que separa al pasillo de la habitación del conventillo, todavía quedan marcas del ingreso de la Policía. Puertas rajadas, bolsos abiertos, ropa tirada, mantas por todo el dormitorio y un fuerte olor a humedad encierran el pequeño espacio en el que viven tres personas que todavía no pueden creer lo que les tocó vivir en el país en el que soñaban tener un futuro mejor.  Ellos son sólo un pequeño grupo dentro del macro objetivo macrista de desalojar a todos los puesteros callejeros. Ellos prácticamente no hablan español, pero entienden a la perfección la ideología y la mecánica de la Metropolitana. Ellos, que intentan trabajar de algún otro oficio y no reciben ofertas por la discriminación que sufren día a día por su color de piel, se levantan a las siete de la mañana para ganar el dinero que necesitan para pagar sus alquileres y mandar dinero a su país, pero el Gobierno de la Ciudad intenta desalojarlos e impedirles trabajar. “Si nos sacan de nuestros trabajos: ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas en el país? Lo único seguro es que si nos dejan sin trabajo se les vendrá un problema muy grande”, asegura Abdoulay.

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Juez y parte

A Gonzalo Pecha lo atropelló una camioneta de la Municipalidad, pero la causa no encuentra evidencias. ¿Quién se hace cargo?

El reloj de las cámaras de seguridad del sanatorio Modelo Burzaco y de la calle Alsina y Espora marcaba las 19.30 del miércoles 16 de octubre de 2013. Gonzalo Pecha volvía a la casa en bicicleta con su camisa a cuadros y su pantalón de jean. Pasó a una cuadra de donde Jorge, su papá, estaba esperando el bondi. No lo supo. A la medianoche Gonzalo todavía no había llegado. Jorge llamó al celular. Lo atendió un policía que había llevado a Gonzalo al hospital. Había visto a un pibe tirado con una camisa a cuadros, pero supuso que no sería justo su hijo. Había visto, también, pasar a una camioneta muy rápido y a contramano. No sabe si fue esa misma camioneta u otra que fuera de apoyo al lugar del accidente.

Julio César Funes lo había atropellado con la patrulla 3 de la Municipalidad de Almirante Brown, una Hilux sin vidrios polarizados de patente JLM 022. El acompañante, policía, oficial de tránsito, es Montenegro. Funes declaró que Gonzalo le embistió la rueda delantera del lado del conductor. La camioneta supuestamente quedó golpeada. La bicicleta no tiene ni un raspón. Gonzalo cayó en el medio de la calle Espora. Funes dice que fue a parar arriba de la vereda por el volantazo para esquivar la embestida de la bicicleta.

Gonzalo quedó con muerte cerebral instantánea por un golpe en la nuca. Sangraron los oídos, la nariz. Los pulmones estaban perforados por las costillas rotas.

 Versiones

Dicen que Funes era policía retirado. Dicen que lo sacaron del cargo. También dicen que solamente estaba manejando la camioneta Hilux. Más precisiones no hay. Hay versiones encontradas porque las cámaras no muestran el accidente, pero muestran que la calle estaba llena de testigos que no hablan, que el fiscal Gustavo Giorgi, de la Unidad 24, no encuentra.

Como los del colectivo que pasó en el momento del accidente.

Como la señora del quiosco que primero dijo que vio el accidente y después, cuando volvieron, se retractó.

Como los de la parrilla, idéntica situación.

Como la chica de la casa textil que no sale como testigo porque la amenazaron con quedarse sin  trabajo.

Como Esteban, que vio la sirena apagada en el momento del choque, pero todavía, tres meses y medio después, no declaró.

El acta, en el momento, lo labró Montenegro, testigo visual. Pasó por alto que era juez y parte.

Yo no fui

“Solo después de que el lunes pasado cortamos Alsina y Espora se comunicaron conmigo desde la Secretaría de Seguridad”, recuerda María Laura Miño, la mamá.

Dicen que la camioneta está parada, pero la familia la vio circulando varias veces. Lo que cambió es que ahora tiene los vidrios polarizados. La vieron donde los bomberos, donde la municipalidad, y en la misma esquina de la casa de Gonzalo. La 12, la 13, la 4, en cambio, no tienen los vidrios polarizados.

Las filmaciones del sanatorio y en la calle Alsina que prometió conseguir el fiscal Giorgi no muestran el momento del choque. Se ven solo sirenas prendidas, quietas, y un montón de camionetas policiales después de la embestida. Una de las cámaras gira minutos después, minutos que no aparecen en el video, justo del accidente.

El intendente dijo ponerse a disposición. Los padres, que pararían con las marchas a menos que aparezcan más irregularidades. Esperan que se haga justicia con una carátula no excarcelable, porque tantas faltas les dejan la certeza de que no fue un accidente, sino una imprudencia.