Urbanización masacre

Gastón Arispe Huamán cayó en un pozo ciego. Antes que llegue la ambulancia, lo mató la precarización de su barrio. Los vecinos de Rodrigo Bueno siguen luchando por la aplicación de la ley que garantice cloacas, agua potable, servicio del SAME y menores niveles de plomo en sangre.

Gastón Arispe Huamán, de 13 años, intentó salvar la vida de su gato. Había caído en un pozo ciego que su madre había tenido que construir porque en el barrio Rodrigo Bueno, Costanera Sur, no hay cloacas. “Amaba a los animales como a nada”, cuenta su mamá, Flora Huamán. Gastón cayó en ese mismo pozo ciego y murió ahogado el 9 de marzo de 2015. Pero no en ese mismo momento.

Los vecinos avisaron a Policía Federal y Prefectura, que están a unos metros de la casilla de los Huamán. “Estaban tomando mate”, retrata Flora, mostrando con pocas palabras la tranquilidad que las dos fuerzas tenían antes de ser advertidos y que mantuvieron después.

Otros vecinos llamaron a una ambulancia, lo que no es fácil porque la señal telefónica también escasea en barrios pobres. Dieron las coordenadas, aunque sabían que el vehículo en sí no iba a poder llegar hasta el pozo, porque Rodrigo Bueno fue construido sin más planificación que la necesidad.

Gastón Arispe Huamán.
Gastón Arispe Huamán.

La ambulancia no llegaba, pero vecinos ya habían sacado a Gastón del pozo lleno de la mierda que el camión atmosférico de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) nunca sacó, porque el Gobierno de la Ciudad manda una sola unidad a todo el barrio, y no da a basto. Hasta tal punto que en la casilla no había un pozo, sino dos. Por si acaso, Flora aclara por qué construyó el segundo: “Me vi forzada a hacerlo porque el viejo se rebalsaba y no quería que me pasara como a mis vecinos, que les había cedido el piso: tenía terror de que un día me estuviera bañando y todo se venga abajo”. Como el barrio está construido sobre relleno, el peligro se agiganta. Los pozos, además, son precarios por obligación. La policía no deja entrar materiales de construcción por un decreto del exjefe de Gobierno Jorge Telerman, que desde que la corporación IRSA empezó a interesarse por esta zona, puso en marcha toda la maquinaria para el desalojo, topadoras incluidas, que fallos judiciales interrumpieron.

Flora llegó en un taxi que se tomó desde su trabajo cuando su hija le avisó lo que había pasado. Recibió a los bomberos, que le dijeron a Flora que corriera a la casa. Ellos la seguirían.

Ya había llegado la ambulancia, 40 minutos después del pedido.

Gastón murió.

Legal

El mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, según la Constitución Nacional y la de la Ciudad, debería garantizar la vivienda digna, apeló un fallo de la jueza Elena Liberatori que ordenaba la urbanización de Rodrigo Bueno. El fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña con el argumento de la propiedad por sobre la dignidad humana: no hay título que avale la ocupación y la permanencia en bienes públicos no otorga derecho a reclamar la propiedad. Hoy, como la Defensoría General de la Nación volvió a apelar, la posibilidad de que no haya más muertes por la precariedad del barrio depende el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Por otro lado, la Defensoría General de la Nación junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para urbanizar Rodrigo Bueno. No es la primera iniciativa de este tipo. Cada dos años, un proyecto similar pierde estado parlamentario por el cajoneo de la comisión de vivienda.

 

Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.
Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.

 

Quiénes son

En la comisión de vivienda de la Legislatura de la Ciudad, encargada de todo lo relacionado con el artículo 31 de la constitución porteña, y que nunca llevó el proyecto de urbanización al recinto, hoy se encuentran Paula Villalba, Lía Rueda, Cristian Ritondo, Alejandra Caballero, Christian Bauab, José Luis Acevedo y Cecilia María de la Torre (PRO), Javier Gentilini (Frente Renovador), Paula Penacca, Jorge Aragón y Jorge Taiana (Frente para la Victoria), Gustavo Vera (Bien Común), y Marcelo Ramal (Frente e Izquierda y de los Trabajadores).

Lo único programado según la página de la Legislatura, respecto de la Rodrigo Bueno, es que Aragón propuso investigar la responsabilidad de UGIS en la muerte de Gastón.

De que se forme una mayoría entre los 7 miembros del PRO, el del FR, los 3 del FpV, el de Bien Común y el del FIT, depende, hoy, que se obligue al Estado a garantizar cloacas, agua potable, servicio de ambulancias del SAME y menores niveles de plomo en la sangre de entre 2 mil y 3 mil personas (cerca de la mitad son menores de edad) que viven en el barrio.

“Desde la Comisión de Vivienda venimos trabajando en un proyecto de urbanización con los delegados del barrio Rodrigo Bueno abierto a la participación de todos los vecinos para que opinen sobre cómo quieren que se urbanice su barrio”, le dijo Gentilini, presidente de la Comisión, a Flora, la mamá de Gastón. Prometió “ir a fondo y sin ninguna dilación” en la urbanización de la villa. Según él reconoció, “están dadas todas las condiciones para que se pueda urbanizar el barrio: hay terreno suficiente y, lamentablemente, la desidia de los gobiernos de la Ciudad y de la Nación hizo también que ocurriera una tragedia como la muerte de Gastón. Por eso, hoy la prioridad la tiene la urbanización de las villas y, dentro de ella, la de Rodrigo Bueno en especial”, finalizó Gentilini.

Flora, madre de Gastón.
Flora, madre de Gastón.

La respuesta de Flora es obvia: “Es lamentable que tenga que pasar la muerte de un chico para que nos escuchen. Da mucha tristeza”.

Mientras tanto, el presupuesto dedicado a la vivienda es cada año menor en la Ciudad. Menor es también lo que efectivamente ejecuta el Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

 

Gastón no es la única víctima fatal de la vivienda indigna

El 16 de agosto de 2013, la casa 53, a 30 metros de la de Gastón, se incendió, probablemente, por la precariedad del tendido eléctrico. María, de 5 años, murió en esa casilla con techo de madera y cartón. Los materiales para mejorar la construcción los frena la policía en la entrada del barrio.

Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

Darle la vuelta al mundo

Fotorreportaje de la tercera Maratón por la Urbanización en Ciudad de Buenos Aires. De la 31 a la Rodrigo Bueno, 400 personas corrieron por el reclamo histórico de la vivienda digna.

Correr es la excusa. Hacer algo. Moverse, transpirar y latir fuerte. El sol calentó duro el asfalto y la tierra. Pidiendo un esfuerzo extra a cada corredor. El domingo 26 de octubre el Movimiento Villas al Frente organizó una maratón con gente de todos los barrios porteños con consigna al unísono: ¡Urbanización ya!

Los corredores largaron desde la 31, el barrio que nació marginal en 1932 como lejano simbronazo de las esquirlas que Wall Street desparramó -la globalización demostraba que ya era más que sensación- hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Corrieron sin cloacas. Cinco kilómetros y las ambulancias no entran al barrio. Una posta, otra, otra y la ley 3343 de urbanización de la legislatura porteña sigue sin implementarse. Zigzaguearon entre las casas que se acarician con la autopista Illia. Transpiraron en las tierras de las escaleras caracol al cielo.

Más de 400 personas corrieron desde Villa 31 de Retiro hasta Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Donde las privaciones son las mismas: la red de agua potable es la que arman entre vecinos y el tendido eléctrico habla precario como gobernante sobre la constitucional vivienda digna.

Rodrigo Bueno es el asentamiento de orígenes ochentosos al lado de la Reserva Ecológica, a metros de Costanera Sur. Y quienes ahí viven tienen plomo. Y otros metales pesados. En la sangre. En el agua. Es que el lindero depósito de autos de la policía federal infesta las tierras hasta la intoxicación.

Así se corrió: como se vive. ¡Urbanización ya!

De entrada a la 31
De entrada a la 31
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
Se multiplica la lucha
Se multiplica la lucha
Patinaje y la autopista Illia.
Patinaje y la autopista Illia.
Por las calles de la 31
Por las calles de la 31
A la entrada de la Rodrigo Bueno
A la entrada de la Rodrigo Bueno
Imágenes: NosDigital
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Miraremos
Miraremos
Salude
Salude
Escaleras hacia el autopista
Escaleras hacia la autopista
Correr por la urbanización
Correr por la urbanización
12
Casas y casas
Entre calles
Entre calles
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
¡Urbanización YA!
¡Urbanización YA!
El arco en que me miras
El arco en que me miras
Puerto Madero te ve

La legalización de la precariedad

Avanza en la Legislatura porteña un proyecto de excepción para parcelar las villas del sur y dar títulos de propiedad, mientras las leyes de urbanización no se cumplen. Los bloques K y del Pro apoyan el proyecto y el mercado inmobiliario ya se prepara para entrar en juego.

El gobierno porteño tiene un plan, y un Plan para la Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Lo llaman Plan Maestro, pero los vecinos lo conocen como Plan Nefasto.

El proyecto ya está aprobado por la Legislatura porteña -con los bloques kichneristas y del Pro a favor- en una primera lectura y fue sometido a una audiencia pública. Ahora debe recorrer una serie de comisiones y luego está a sólo una segunda revisión, con votación, para ser aprobada.

El Plan Maestro – nombre colonizado de los Master Plan que denomina a las obras públicas de envergadura-, luego de ser modificado y achicado en diciembre del año pasado, tiene tres ejes: la instalación de una Villa Olímpica, la conformación de un Distrito del Deporte (zona libre de impuestos para las empresas relacionadas con ese rubro) y el parcelamiento de las villas en la zona sur.

Este tercer eje conlleva la entrega de títulos de propiedad a los dueños de casas en las villas lo que, a la ligera, parece positivo, pero que en las entrañas del proyecto tiene olor a cloaca sin urbanizar.  Lo cuenta el abogado Jonatan Baldiviezo, abogado especialista en temas inmobiliarios e integrante del Colectivo por la Igualdad. “Para parcelar, la ley actual exige muchos requisitos; entre ellos que las casas tengan permiso de obra por ejemplo. Como las que están fueron construidas de forma informal, no cumplen con nada de eso. Entonces como el gobierno para entregar títulos de propiedad primero tiene que parcelar, necesita una ley que le de excepciones para hacerlo”.

Esta es esa ley. Las casas de las villas no cumplen con ningún requisito necesario para existir legalmente dentro de una parcela determinada. No tienen las condiciones de ventilación o luz, en el mejor de los casos, para que el Estado permita un permiso de obra.  Esta ley garantiza esa excepción, dice que los planos de obra sólo deben mantener el contorno perimetral y no interno. “Esta ley da tantas excepciones que el gobierno ahora sí puede ir a parcelar y por ende entregar títulos de propiedad. Antes no lo podía hacer porque tenía que realizar todos los pasos de urbanización e infraestructura que permitan llegar al título de propiedad”, aclara Baldiviezo y profundiza: “El Plan hace que se salteen esos pasos y al saltearlos se desliga de la responsabilidad de urbanizar, ya que ninguna cláusula de la ley indica que el estado se hace cargo de los servicios públicos”.

lugano (4 de 8)Precariedad legalizada

Con las escrituras y títulos de propiedad la situación de precariedad en los barrios quedaría legalizada. “Este proyecto no va a garantizar una solución habitacional para todos, solamente a los propietarios, no resuelve el hacinamiento porque no van a dar más casas y deja de garantizar toda la cuestión de infraestructura, lo que es servicios públicos”, resume el abogado y se acomoda para desenmascarar la metodología del gobierno porteño: “El procedimiento que hace es más lento, a tiempo del mercado, que es este: si urbanizamos estos terrenos los perdemos definitivamente; para no perderlos, no urbanizamos, entregamos títulos de propiedad y de acá a muchos años vamos a terminar siendo propietarios de esas tierras. Si el Estado urbanizara, al prestar servicios públicos, la tierra valdría mucho más”.

El proyecto tuvo dos etapas. En la primera, un proyecto original era muy grande y tocaba todas las áreas de la Comuna 8. De todo eso sólo quedaron los tres ejes – Villa Olímpica, Distrito del Deporte y villas-, y  se agregó la venta de 70 hectáreas de la Comuna 8 para crear un fondo destinado a la urbanización de las villas. Sin embargo, los proyectos ya vigentes no tienen curso y, en el caso particular del Plan, no existe ninguna cláusula concreta sobre cómo urbanizar ni mencionaba costos. En resumen, se perdía tierra que podía ser utilizada para urbanización y se perdían espacios verdes y tierras públicas. Ese fondo, se plantea, era manejado por la Corporación Buenos Aires Sur, que el Estado creó en el 2001. Es decir: al ser del Estado la corporación, una vez que tiene los inmuebles puede venderlos sin pasar por la Legislatura. El proyecto nuevo elimina todo lo que es venta de tierras, deja de hablar de urbanización en cualquier término y habilita la entrega de títulos.

Ya hay antecedentes de esta política. En la villa 6, cerca, y la villa 19 en Dellepiane y General Paz, que tienen sus leyes particulares, se entregaron títulos de propiedad y a las familias hacinadas se les entregó el título en condominio: “Con el proceso de urbanización tendrían que entregarle una a cada una. A los inquilinos no se les entrega ningún título y se deja de invertir en infraestructura”, puntualiza Baldiviezo y coloca la frutilla de la torta: “La única obra grande que van a hacer es la Villa Olímpica donde hay espacios verdes funcionando como humedales. Si construyen ahí, se corre riesgo de que se inunden los alrededores”. Es decir, las villas.

Los vecinos

Diosnel y Gisela viven en la Villa 20 pero ahora están en puntos muy distantes de la ciudad. Diosnel camina los pasillos estrechos del barrio donde vive hace 30 años. Gisela está sentada en una silla de plástico, abajo de la “Carpa Villera” montada al lado del obelisco para reclamar, entre otras banderas, la urbanización definitiva de todas las villas de la Ciudad. Su reclamo está amparado, desde el 2005, en las leyes Nº 148, Nº 403 (Villa 1-11-14), Nº 1333 (Barrio Ramón Carrillo),  Nº 1770 (Villa 20),  Nº 1868 (Villa 21-24), Nº 3343 (Barrio Carlos Mugica, ex villa 31-31bis).

“Cloacas, luz, vereda, vivienda, la verdad que faltan muchas cosas en el barrio”, enumera Gisela mientras se acomoda en su asiento. Al mismo tiempo Diosnel señala hasta dónde le entra el agua en su casa cuando llueve: “Nos inundamos con agua sucia”. Rato antes de llegar a su casa, Diosnel cruzó por un puente sobre las vías que construyeron luego de la muerte de varios nenes atropellados por el tren. Ese paso les costó una semana de huelga de hambre a él y al padre de uno de los chicos.

“Acá hay una ley que dice que se tienen que hacer 1600 viviendas solamente para la gente de la villa 20, y eso no va a cubrir ni una cuarta parte de la necesidad de los inquilinos, y ni siquiera eso hicieron”, dice Diosnel y esa es su explicación de por qué la gente ocupó el predio pegado a la villa 20: porque desde el 11 de agosto del 2005 que salió esa ley hasta ahora “no pusieron un sólo ladrillo en el barrio, y la gente necesita la vivienda ahora”.

Diosnel y Gisela tienen bronca: “Al gobierno no le interesa como vive un villero, apuesta en invertir en otros lados antes que en una villa. El Plan Maestro no soluciona nada, le puede solucionar al gobierno para facturar ellos, pero al barrio no le soluciona nada”, redondea la mujer, se levanta y recorre la carpa que alberga desde hace dos semanas a seis personas en huelga de hambre. Diosnel: “no les conviene urbanizar las villas, porque así como nos tienen nos pueden usar como ellos quieren, por la necesidad”.

La figura de Diosnel se recorta en la puerta corrediza que separa a su casa del pasillo; no se escucha lo que habla porque un torneo de voley y los nenes jugando completan al silencio. A medida que se acerca, sus palabras se aclaran y está diciendo – repitiendo- que desde el 2005 en que salió la ley, no se hizo nada. Que por eso le llaman el Plan Nefasto del gobierno nacional y provincial, “porque los dos bloques le dieron la primera aprobación”. Diosnel hace una pausa y su sentencia se escucha ahora clarita: “Es el plan que nos quiere dejar excluidos totalmente de tener una vivienda digna”.

lugano (8 de 8)

Lugano de primera

Ya no hay más Lugano I y II, sino de primera y de segunda. La Legislatura aprobó un proyecto para vender 41 inmuebles públicos a capitales privados, y avanza sobre toda la zona sur un “plan maestro” para ceder también 500 hectáreas. Mientras, las leyes de urbanización, de construcción de viviendas sociales y hospitales siguen postergadas.

El 7 de noviembre, el Pro, con la ayuda imprescindible de legisladores del Frente para la Victoria, el radicalismo y de UNEN, consiguió aprobar un proyecto para la venta de 41 inmuebles públicos a capitales privados. Ese mismo día, unas horas más tarde, obtuvo el quórum para colocar bares en plazas y parques públicos mayores a 50 mil metros cuadrados, aunque deberá pasar por una nueva audiencia y una segunda votación para ratificar la definición. Entre esos 41, se encuentran el Parque de la Victoria, el Parque Roca, el Parque de la Ciudad, buena parte del Parque Indoamericano y tres manzanas de la Villa 20, todos lugares que fueron adjudicados por ley para la construcción de viviendas populares. Según los vecinos de Villa Lugano, este es el primer paso para que el partido de Mauricio Macri, con el aval de la oposición en la Ciudad, realice su Plan Maestro en la Comuna 8: vender 500 hectáreas de tierras públicas que están desocupadas y seguir dilatando la urbanización de los asentamientos de alrededor.

“Nos dicen que están trabajando en el progreso de la zona Sur, pero acá falta vivienda digna para la gente. Nos mienten continuamente: nos prometieron un gran Hospital de Agudos y la urbanización para 1600 familias y todavía estamos esperando”, dice Diosnel Pérez, que vive en la Villa 20 y que fue procesado por el Gobierno de la Ciudad por la toma del Parque Indoamericano.

Cómo fue votado el proyecto

El primer proyecto fue aprobado con 41 votos positivos contra 15 negativos. Además del PRO, fue votado por los legisladores del Frente para la Victoria – a excepción de María Rachid –, del ibarrismo, la UCR y UNEN, mientras que en contra se pronunciaron el resto del bloque de Fabio Basteiro, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el MST y Proyecto Sur. El segundo tuvo 33 votos a favor (necesitaba 31) y19 en contra, pero necesitará de una segunda revisión para su aprobación.

Según los vecinos de la zona Sur, esta votación no sorprende, ya que dicen que se prioriza el negocio antes que las necesidades de la gente. A fines de 2010, el Jefe de Gobierno firmó el decreto en el que decía que no era necesaria la construcción de un Hospital General de Agudos, pese a que se había dictado la ley 1769. Luego, la norma 1770 prometía la urbanización de toda la Villa 20 de Lugano, para lo que se iba a utilizar terrenos aledaños, pero priorizaron otros proyectos en vez de la construcción de 1600 nuevas viviendas y espacios verde recreativos. Aunque fue sancionada hace ocho años, no se avanzó en nada respecto a esta ley.

Graciela Muñiz, defensora adjunta del Pueblo, denunció a los legisladores que aprobaron la primera medida del proyecto de ley: “Guiados por el Pro, muchos de los que dicen ser de la oposición, aprueban estas ventas con argumentos insólitos.  La Legislatura porteña decidió vender el Patrimonio de la Ciudad con la venta de más de cuarenta inmuebles de propiedad de los porteños”, aseguró.

Lugano postergado

En la comuna 8 se encuentran la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Entre otros predios, el llamado Plan Maestro contempla la cesión de casi la mitad del Parque Roca a la federación empresarial camionera para el desarrollo de una playa de cargas, la concesión del ex Parque de la Ciudad para recitales arancelados, todo administrado por la Corporación Buenos Aires del Sur, un ente del estado porteño que funciona como caja autárquica y paralela al presupuesto.

Los autores de esta iniciativa son los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Karina Spalla, quienes con este proyecto autorizan al Ejecutivo porteño a otorgar estos espacios verdes en concesiones por treinta años a empresas privadas para su desarrollo. Entre ellas: Monsanto, el Grupo Roggio e IRSA. Si bien esto no apareció aun oficialmente en ningún lado, en la página de clasificados “Jobrapido” se ofrecen ofertas laborales con las siguientes referencias. Monsanto / Capital Federal (villa Lugano): http://ar.jobrapido.com/Ofertas-de-trabajo-Monsanto-Capital-Federal-(villa-Lugano)

La pantalla

En el proyecto, dicen que los fondos obtenidos deben ser destinados para la urbanización de villas y la mejora de complejos habitacionales de Lugano y Soldati, pero tanto los vecinos como organizaciones sociales aseguran que se anuló la participación en la urbanización y en cambio otorga beneficios impositivos a empresas privadas por más de 155 millones de pesos, tan sólo en el primer año.

“Esto no es progreso, sino que están arruinando todo y se nos están riendo en la cara: si venden toda esa tierra, ¿cómo van a urbanizar la zona?”, se queja Fernando Márquez, vecino de Lugano, que se sumó a las marchas a la Legislatura de la Ciudad y que realizó una denuncia con el apoyo de los comuneros de su zona. A pesar de contar con dictamen de mayoría, el proyecto del Plan Maestro no fue tratado aún en el recinto de la Legislatura porteña y pese al repudio de vecinos y organizaciones, es inminente su avance en toda la zona sur de la Ciudad.

 

Lugano de segunda

Diosnel Pérez llegó a Lugano en el 87 y construyó las primeras casas de lo que hoy es la Villa 20. Desde entonces, vio pasar gobiernos municipales y nacionales de todos los colores: ninguno urbanizó. Él sigue repartiendo constituciones de la Ciudad para mostrarles a sus vecinos que tener calles asfaltadas, tendido eléctrico, agua potable y sistema de cloacas es un derecho consagrado.

Diosnel Pérez fue de los primeros vecinos en ocupar las tierras que hoy son la Villa 20, en el barrio de Lugano, allá por 1987. “No fue fácil. De noche construíamos y después venía la montada a destruir lo que habíamos hecho. Pero los caballos se cansaron y nosotros no”, resume sobre esos tiempos posteriores a la dictadura. Todavía sale a repartir constituciones de la Ciudad para mostrarles a sus vecinos que la vivienda digna es un derecho: está consagrada en el artículo 14 bis. Recuerda que, antes de empezar a militar, él mismo creía que valía menos por ser extranjero. “La villa no está incluida dentro de la Ciudad. Somos parte de Buenos Aires y no se reconoce. La no urbanización colabora con la discriminación”.

 

Los servicios y Mirtha Legrand

Por más que estén capacitados para un trabajo, si en el casillero de dirección ponen Manzana 7, Casa 18, tienen menos chances. “Ni la justicia reconoce nuestras direcciones”, sigue Diosnel. Las ambulancias no entran. El agua que toman está contaminada. Se cruzan caños de cloacas y de agua porque cada uno lo construye como puede. Si se pincha uno, ya se mezcla todo. El único momento en que va Edesur a solucionar un problema es cuando se quema el transformador: situación límite. El cable que sale de la tierra ya es trabajo de los vecinos. Diosnel: “Todos los servicios los hicimos nosotros”.

Desde el 11 de agosto de 2005, la ley 1.770 le exige al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) hacer 1600 viviendas donde hoy hay un cementerio de autos. “Con 1600 viviendas acá no alcanza para nada: somos 40 mil habitantes”. Los fallos de la justicia se repiten a favor de la urbanización, pero el Estado nunca aplicó.

La respuesta más concreta del estado fue en un almuerzo de Mirtha Legrand: Michetti manifestó el interés de su gobierno por la urbanización aportando datos sobre las fachas de casas pintadas de colores. Para peor, dijo sobre la 31: “Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario, lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad o cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o hacer un sector de barrios para clase media”.

Quizá esta postura explique, mejor que cualquier rosca, por qué no se urbanizan las villas.

 

Las formas de la ley

Junto con la ley 1.770 se aprobaron dos más: el levantamiento de un Polo Farmacéutico a manos de la tercera cooperativa más grande del mundo, Cooperala; y la construcción de un hospital. La única que se cumplió fue la del Polo. El hospital se completó solo en una de las tres etapas; quedó poco más grande que una salita de salud. Abre de lunes a viernes, hasta las 16 y no tiene guardia. Si pasa algo a la madrugada, hay que salir a pedirle auto a algún vecino – porque, de nuevo, las ambulancias no entran- e ir a un hospital a siete kilómetros. “Si esperás a la ambulancia, te vas a morir. Los vecinos ya están acostumbrados”, sabe Diosnel.

-No se puede urbanizar si la gente sigue tomando casas- repiten los funcionarios.

-La gente necesita vivienda hoy- explican los vecinos.

Y así reaparece el “Parque” Indoamericano -y sus tres muertos durante la represión conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana-. “Ningún gobierno se ocupa de crear una política seria de vivienda”, sigue Diosnel. “Y ahora menos. En las 70 hectáreas libres acá en la Comuna 8, el Estado quiere hacer una villa Olímpica, en vez de casas”.

 

Habladurías

Y mientras tanto, escuchan que no pagan impuestos.

-¿No? Cada vez que compro azúcar, pago. Cuando se inunda, se inunda no con agua de lluvia, sino con la cloaca que sube. Los servicios los hicimos nosotros mismos. Hasta la escuela estatal dentro del barrio usa los servicios que nosotros construimos, así como da de beber agua contaminada, así como no tiene un patio y tiene entre 37 y 40 chicos por aula. ¿Por qué en la zona Sur tenemos que sufrir tanto? Esa escuela sirvió para mucha propaganda al gobierno de Mauricio Macri. La misma en la que a una chica se le cayó toda la cerámica del lado del inodoro.

 

Las formas del Estado

En ese mismo barrio pasan cosas como esta:

http://www.youtube.com/watch?v=SJbBuJ1U5AM

Una detención, un policía que no quiere dar la cara, otro que viene para pegar y se va. Otros no fueron filmados. Otros estuvieron desaparecidos durante meses, como Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco (http://www.nosdigital.com.ar/2013/07/yo-soy-kiki-lezcano-y-nadie-me-va-a-callar/).

 

Desesperanza y razones

“Nunca se va a terminar de urbanizar. Primero porque no les conviene a los gobiernos. Las empresas que trabajan de limpiar los pisos ciegos perderían más o menos 100 millones de pesos anuales. Y esas empresas son amigas de los gobiernos de turno. Es mucha plata la que perderían”, analiza Diosnel. La empresa beneficiada es Panizza, relacionada, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con los operativos ilegales de la Unidad de Control del Espacio Público contra gente en situación de calle: “…un grupo de 13 personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción “Panizza” les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles así mismo su documentación, todo lo cual fue destruido”.

El Informe de la UCEP: http://www.cels.org.ar/common/documentos/INFORME_FINAL_UCEP_.pdf

Fotos: NosDigital
Fotos: NosDigital

Prioridad 1: Urbanizar

Hace 3 años la Legislatura porteña votó un proyecto para urbanizar la Villa 31 y 31 bis, pero todavía no pasó nada. La basura se sigue acumulando, las cañerías rebalsando, las ambulancias esquivando y la luz no ilumina igual para todos. Historia de una política postergada, en la voz de sus vecinos.

Fotos: NosDigital.
Fotos: NosDigital.

En la canchita de fútbol donde juegan chicos y grandes hay un montículo de basura que crece cada fin de semana. A las ambulancias ya ni las llaman: buscan ayuda en algún vecino con auto. La instalación eléctrica es arbitraria o depende del arte de la maña: una manzana tiene luz pero la de al lado no, y cuando se corta no es la empresa quien la arregla. En la Villa 31 hay muchos policías, pero nada de seguridad.

Los problemas de los vecinos tienen una solución: urbanización. La ley de Radicación y Urbanización está aprobada desde hace tres años por la legislatura porteña, pero perdió estado parlamentario y volvió a presentarse este año. Asegura el fin de los desalojos forzosos y la creación de una Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, responsable de planificar e implementar la urbanización. La mesa, integrada por diputados, representantes de ministerios y delegados del barrio, trabajó catorce meses y redondeó un proyecto que giró a la Comisión de Vivienda, primer escalón para su aprobación. Pero así como entró, se cajoneó.

Nunca salió de la Comisión de Vivienda y perdió estado parlamentario el año pasado. Este año se volvió a presentar y, a pesar del pedido de organizaciones, vecinos del barrio y diputados, todavía no se trató.

“No hay voluntad política de tratar la propuesta que realizó la Mesa”, explica Carlos Cuenca, vecino de la Villa 31. Lejos de abatirse, agrega: “Somos el ejemplo, por eso el gobierno trata de vencernos. Si nosotros vencemos, seguirán el camino otras villas. Si perdemos, ¿qué les dejamos?”.

Mientras la propuesta descansa en un cajón de la Comisión de Vivienda de la legislatura porteña, Zunilda, madre de cinco hijos, camina por su barrio: “Un domingo a la tarde se corta la luz y no viene nadie. Mientras tanto, las necesidades perjudican a los chicos porque los lunes amanecen sin los delantales preparados”.

villa 31 204

Para Zunilda la urbanización no es un eslogan político sino un delantal sucio. ¿Se entiende?

– Si tenés heladera, se van quemando las instalaciones y tenés que cortar y mandar a llamar a alguien, y hay que pagarle. El año pasado nosotros tuvimos que salir a la calle para que vinieran a arreglar.

– Hace dos años que se hicieron todas las instalaciones para el agua (en algunas zonas de la 31 bis). Se compraron entre los vecinos los caños y se le manda a hacer a uno que lo sabe hacer. Buscando un vecino, al otro, al otro, nos organizamos.

– Tenemos basura en la canchita, que es donde los chicos juegan. Si llueve, es un olor…

– Antes tirábamos cemento nosotros en las calles, cuando le sobraba a alguien, pero se inundaba todo, entraba agua por todos lados. Salíamos los vecinos y sacábamos el agua, porque las cloacas no están en buenas condiciones.

– Las ambulancias siempre tardan en llegar. Ya lo tenemos como que no hay ambulancias y buscamos otros medios para llevarlos: conseguimos un amigo que tenga auto. Hay mucha gente que se murió porque nunca viene la ambulancia, lo sacan en un carrito y con una herida, se desangra hasta llegar al hospital. No quieren entrar las ambulancias porque siempre dicen que en la villa pasa esto y lo otro. Tienen miedo. Quieren que haya un policía, y hay policías por todos lados. Hay tanta policía e igual hay robos. Hay caminos para que entren las ambulancias, pero no quieren entrar.

villa 31 “Con la urbanización se arregla todo: la basura, la electricidad, las calles, las cloacas. Por ahí la inseguridad también. Eso es lo que estamos buscando”, asegura Zunilda. Sobre los métodos para presionar, en la 31 ya saben: “El corte de la autopista es la única herramienta que tenemos para solucionar esto, porque nunca nos escuchan. Ahora que están los delegados y las elecciones, empiezan las peleas entre ellos. Nosotros hacemos una actividad, les avisamos, vienen, pero después no pasa nada”.

Varios pasillos enredados más allá de lo de Zunilda, habitados por vecinos trabajando en casas suyas o ajenas, chicos jugando y perros mendigando un huesito, está el comedor Carlos Mugica. Teófilo Tapia cuenta, sentado en un banco del comedor, la trama que revela el negocio de la urbanización en los pasillos de la Legislatura: “Macri debería acatar la ley de Urbanización. No lo hace. Da un lavado de cara, donde los adoquines que saca de la Ciudad, no los puede vender y los mete en la villa. Ese costo lo incluye, aunque no haya existido, y pasa a usar esa parte del presupuesto para otra rama. Dice que la invierte en la urbanización y la mueve a otra parte del presupuesto”.

¿Y entonces?

“Entonces nos estafa a los vecinos. ¿Dónde están los 30 millones que dice que usó? No dicen cuánto cuestan las obras, no hay carteles en la villa. Compra voluntades porque los punteros que están con él aparecen con coches cero kilómetros de un día para el otro. De esa manera los hace enfrentar con los vecinos”.

villa 31

Con esa claridad, y como lo hizo Zunilda con los conflictos de su barrio, Teófilo narra ahora la historia de la urbanización en la Villa 31. Ahí sentado sobre las tierras que hacen babear a los empresarios inmobiliarios y que ocupan más de treinta mil personas, Teófilo empieza:

– En este barrio comenzó un desalojo compulsivo cuando muere Perón y el gobierno de Isabel se hace cargo. Ella empezó a sacar a la gente con subsidios. Si eran de Bolivia, por ejemplo, los mandaban para Bolivia. Se encargaban de que se fueran del país. A otros, los llevaban a lo de los familiares, a las provincias.

– Con la dictadura, Cacciatore sacó a la gente ya sin subsidios. A la madrugada venían con las mazas, rodeaban las casas, los sacaban afuera, cargaban las cosas en los camiones de la basura y los tiraban del otro lado de la General Paz. Después las familias buscaban a dónde ir. Ya eso era una erradicación compulsiva. Ficharon a los dirigentes, primero. Después podían sacar a cualquiera. No había resistencia porque no quedaba ninguno de los representantes del barrio. Sacaban a la juventud, algunos estaban presos, otros desaparecidos. Limpiaron primero a toda la gente militante.

– Después de la erradicación de Cacciatore nos juntamos los pocos vecinos que quedamos y empezamos a buscar una forma para frenarlo. Así empezó esta lucha. Empezamos a trabajar con los curitas de las iglesias, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Conseguimos unos abogados recién recibidos y otros que acompañaban que se hicieron cargo de la demanda. En primera instancia se perdió el juicio porque habíamos quedado 33 familias. Los demás tenían miedo. Era el año 1979. Apelamos a la Cámara y nos dieron lugar. En el barrio nos detenían cuando nos encontraban.

– Alfonsín no desmanteló la Comisión Municipal de la Vivienda de la dictadura. Era una pelea por el tema de la luz, el agua, las cañerías todas rotas. Costó repoblar la villa. El intendente Suárez Lastra sacó una ordenanza donde reconoce que la erradicación fue compulsiva y dice que quienes acrediten haber vivido en la villa pueden volver.

– Ya en los 90 sabían que esta villa no puede existir porque está en las tierras más caras de la república. Querían hacer la continuación de Puerto Madero. Nos quisieron sacar, pero no pudieron porque la villa se repobló.

Así, Teófilo llega a la actualidad. Con la ley de urbanización que no se cumple. Con una Villa 31 que ahora se llama Barrio 31 Carlos Mugica, pero que sigue teniendo los problemas de siempre. Con un barrio con muchos Carlos, Zunildas y Teófilos que trabajan por una urbanización que ayude a tener los delantales del colegio limpios, la cancha de fútbol limpia, las cañerías bien, luz, agua, y que ya no haya excusas para que las ambulancias entren.

villa 31