Socios

El avance de la Justicia sobre tres directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad y una reciente investigación de la Procuraduría General sobre los libros contables de Loma Negra empiezan a iluminar otra raíz de la dictadura: la económica.

“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Rodolfo Walsh. Carta abierta a la Junta Militar.

Durante la dictadura se derogaron 27 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, se modificaron otros 99, se estableció la prohibición de la huelga, se intervinieron los sindicatos, se decretó el congelamiento de los salarios y se aplicó la represión a trabajadores como herramienta para contener el descontento social y también para mejorar los márgenes de rentabilidad de las empresas.

Tal es el resumen que redondean dos investigaciones que demuestran que una serie de empresas – mientras otras representaban el derrumbe de la industria nacional- no sólo se vieron beneficiadas por este conjunto de políticas económicas y laborales, sino que además fueron ideólogas y partícipes de desapariciones, torturas y muertes de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales.

El libro “Cuentas pendientes” del jurista Juan Pablo Boholavsky y el periodista Horacio Verbitsky compila una serie de artículos técnicos y otros periodísticos que abordan distintas medidas del gobierno de facto: conceptos jurídicos que intentan cercar estos crímenes como de “lesa humanidad”, y casos puntuales de las empresas más terribles. Otra investigación en esta sintonía fue propulsada por una de las recién creadas Oficinas de Investigación de la Procuraduría General sobre datos contables de la empresa Loma Negra, que relaciona directamente su mejoría económica con la represión a trabajadores y en particular a la muerte de un abogado laboralista.

Para intentar articular estas evidencias, que mantienen causas estancadas en la justicia, se aprobó recientemente un proyecto de ley que crea una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura militar y que establece que se investigue el caso de una empresa durante 180 días. “Quiero saber quiénes fueron los que redactaron las leyes laborales que se llevaron derechos y conquistas. Porque no creo que un almirante, un general y un brigadier hayan estudiado en menos de un mes la reforma de la ley de contrato de trabajo”, explica el diputado Héctor Recalde, creador de la iniciativa, sobre la idea de seguir escalando responsabilidades. Los resultados que arroje la Comisión – que empezaría a funcionar a fin de año- no podrán aplicarse retroactivamente, lo cual representa una seria limitación, pero sí podrá iluminar complicidades persistentes como, por ejemplo, casos de apropiaciones inmobiliarias fraudulentas.

Hasta aquí las investigaciones arrojan una serie de historias y datos que esta nota intenta compilar, y otros que quedarán por llenarse a medida que las causas, y las discusiones, avancen.

El caso Ford

En la planta que la empresa mantiene en General Pacheco, durante la dictadura operaba un cuartel militar en la zona del quincho de deportes. Según la declaración de distintos trabajadores cumplían funciones allí más de 100 militares, no precisamente fabricando autopartes.

La militarización de la empresa no sólo era el modo de amedrentar a los trabajadores, sino una forma efectiva de detenerlos en el predio e interrogar a los miembros de una comisión interna combativa que estaba plantada contra la empresa y también contra el gremio cómplice SMATA.

El 20 de mayo del 2013 fueron procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos el presidente de Ford, Nicolás Enrique Courard – hoy fallecido-, el gerente general de la planta Pedro Muller, el gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el jefe de seguridad de la planta, Héctor Francisco Sibilla. El 8 de julio próximo comenzará el juicio oral que investiga a los tres directivos por facilitar datos y listas de trabajadores a la inteligencia militar.

Sibilla fue contratado para encargarse de vigilar la empresa siendo miembro de las fuerzas armadas. Esta doble agencia le permitía, por ejemplo, según consta en la causa iniciada en 2002 por los trabajadores, estar presente en los interrogatorios a los delegados secuestrados. Fue de hecho ascendido en julio del 78 al rango de Teniente Coronel, luego de los secuestros a, al menos, 24 obreros. Y tras su paso por la empresa, relata el libro Cuentas pendientes, fue contratado por la embajada de Estados Unidos como personal de seguridad.

La Fundación Ford creó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), de donde salieron funcionarios del Proceso, y los secuestros en camionetas F100 o en los míticos Ford Falcon son otras de las imágenes que acreditan el vínculo encarnado de los militares con la empresa.

Mercedes Benz

En octubre de 1975 una movilización de obreros de Mercedes Benz se reunió para rechazar a los representantes del gremio SMATA. Más de 4 mil trabajadores participaron en una asamblea en la que se eligieron nuevos delegados, que el gremio no reconoció y que la empresa usó para despedir a más de cien obreros.

En esas semanas, el jefe de producción de la planta Heinrich Metz fue secuestrado por Montoneros. La empresa cedió a la reincorporación de los despedidos y pagó un rescate por Metz. La revancha patronal vendría con el golpe.

De 16 trabajadores secuestrados entre el 76 y el 79, sólo tres reaparecieron. Fueron Juan Martín, detenido en abril del 76 en la fábrica, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo; Héctor Aníbal Ratto, detenido en agosto del 77 también en la fábrica, en cautiverio y bajo tortura en la comisaría de Ramos Mejía y luego en Campo de Mayo hasta marzo del 79; y Alfredo Martín, detenido en el 76, torturado en la comisaría de San Justo por el represor Rubén Lavallen y liberado horas después.

El caso de Lavallen, quien estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo, ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas: fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de seguridad de la planta de González Catán. Si bien los casos de los obreros secuestrados no fueron esclarecidos, y recién el 22 de abril del 2013 la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó tratar una compensación económica por las violaciones, Lavallen fue condenado a cuatro años de prisión por la falsificación del acta de nacimiento de Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.

Mercedes Benz estuvo entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país. Tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba los camiones Unimog, y en forma de gentileza, de acuerdo con información proporcionada por la empresa, la compañía donó en esos años equipamiento de obstetricia para ser utilizado en Campo de Mayo, donde se realizaban los partos clandestinos de las mujeres desaparecidas.

Ledesma

El caso Ledesma es el más claro en la comunión del poder económico y el poder político, y de la forma en que funcionaron éstos en un contexto de terrorismo de Estado a escala pueblerina.

El mismo día del golpe fueron secuestrados cuatro dirigentes de sindicatos obreros y empleados del ingenio.

La seccional de Gendarmería de Libertador General San Martín fue ubicada en el 76 dentro de la estructura edilicia del ingenio a través de un decreto. Creada para controlar la zona de seguridad de frontera, se utilizó en la práctica para el control y represión de actividades sindicales. “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones (…) habrían tenido por razón no sólo la preservación de una determinada ideología, sino que la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, reza en la causa que investiga la desaparición de veintiséis personas entre el 20 y el 27 de julio del 76.

Estos secuestros se produjeron durante las llamadas “noches del apagón”, en las que el servicio energético de tres localidades vecinas a Libertador General San Martín se vio suspendido, lo cual facilitó el secuestro incluso con camionetas de la empresa Ledesma.

El principal accionista de la azucarera, Carlos Pedro Blaquier, y el administrador Alberto Lemos están procesados como cómplices en primer y segundo grado, respectivamente, de la privación ilegal de libertad de 29 personas.

Acindar y Techint

El libro Cuentas pendientes se ocupa de Acindar y Techint conjuntamente, planteando que las metalúrgicas no sólo fueron socios menores que aprovecharon la dictadura para imponer salarios en baja, despidos y jornadas de trabajo de duración irrisoria, sino que además compitieron contra otros sectores empresarios a los que hicieron desaparecer del mercado: “Los obligaron a vender sus fábricas y a ceder contratos de exportación, más de una vez en la mesa de tortura de un campo de concentración”.

La represión a los obreros de Acindar comenzó mucho antes del golpe, cuando en la presidencia del directorio estaba José Alfredo Martínez de Hoz, hasta que lideró el Ministerio de Economía de la dictadura.

En el 75, a la vanguardia de la represión, Acindar instaló dentro del predio de la planta de Villa Constitución un destacamento de la Policía Federal. Tras el golpe, la seccional funcionó directamente como un centro clandestino de detención. Ese mismo año una huelga terminó con el despido de más de mil trabajadores.

La zona de Zárate-Campana fue uno de los epicentros de represión por la cantidad de empresas que tenían sus plantas allí. Entre el 20 de marzo del 75 y el golpe, fueron detenidos alrededor de trescientos trabajadores metalúrgicos de esas localidades y se estima que de los 150 desaparecidos de la zona un tercio era trabajador metalúrgico.

Allí también tiene al día de hoy su planta principal Techint, además del hotel de la empresa que supo albergar en los primeros tiempos de la dictadura a la plana mayor del Área de Seguridad 400. Según el libro, decenas de operarios y algunos supervisores fueron alcanzados por el terrorismo de Estado. Un suceso trascendente fue la llamada “noche de los tubos”, cuando cuatro trabajadores de la firma fueron secuestrados en septiembre del 76.

Acindar y Techint crecieron esos años gracias a subsidios y créditos que les permitieron instalar sus propias acerías eléctricas, y luego consolidarse con el menemismo. Durante los 90 Techint se quedaron con SOMISA, una de las principales siderúrgicas de la Argentina que fue privatizada en el 92, y forma un duopolio con Acindar.

Loma negra S.A.

El abogado laboralista Carlos Alberto Moreno fue torturado y asesinado en 1977 y por su crimen fueron condenados a prisión perpetua dos coroneles. De una serie de resoluciones que derivaron de la causa que investigó su muerte, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero accedió a la documentación contable de Loma Negra que arroja datos contundentes sobre cómo la represión se tradujo en rentabilidad empresarial.

El balance de la semana del 31 de marzo de 1976 Loma Negra tuvo pérdidas. Al año siguiente la situación ya se revertiría a través de la fórmula de disminuir “costos laborales”: sueldos y jornadas de los trabajadores. Si el “costo laboral” representaba un 21 por ciento de los costos totales, un año después cayeron 14 por ciento. Sumado a que la empresa mejoró su rentabilidad, la participación de los trabajadores en los ingresos de Loma Negra se redujo un 53% durante la dictadura. Más números del informe: “Los asalariados perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI, en circunstancias en que este último permaneció constante”.

La reforma de facto de la ley de contrato de trabajo, en general, y la muerte del abogado Moreno, mensaje hacia adentro de Loma Negra, fueron herramientas que allanaron el camino del ajuste del costo laboral. Otro ejemplo que revela el informe es la evolución de la cuenta contable en la que constan una serie de importes que Loma Negra preveía que debería pagar en el futuro en concepto de indemnizaciones que habilitaba la idea de un “pasivo contingente, que puede o no llegar a suceder”. En 1975 esa cifra trepaba a los 15 millones de pesos, y se redujo hasta menos de 3 millones en las cuentas que cierran el 31 de marzo de 1978, muerte del abogado mediante.

La presión fiscal durante ese período también se redujo notablemente, a pesar que la empresa, se dijo, mejoró sus ingresos: de un 8% los impuestos pasaron a representar sólo un 3%.

La caída de los ingresos de los trabajadores, la represión de sus reclamos y la muerte de Moreno permitieron el incremento de la ganancia empresaria de Loma Negra S.A. que pasó del saldo negativo del 31 de marzo de 1976 a uno positivo que superó los 150 millones de pesos a la misma fecha de 1981.

Ahora la investigación de la oficina de la Procuraduría pretende avanzar sobre el directorio que presidía la multimillonaria Amalia Fortabat.

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Fuentes
  • Juan Pablo Bohoslavsky, HoracioVerbitsky.Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. Siglo XXI editores.
  • Victoria Basualdo. Artículo “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”.
  • HIJOS Capital: http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=426:un-mercedes-benz-con-problemas-en-la-justicia&catid=34:titulares&Itemid=397
  • Página 12, domingo 25 de mayo de 2014.

Transformers atacan Berisso

En el sur se siguen recortando espacios verdes: sobre un humedal que regula las crecidas del río, avanza un puerto con máquinas monstruo en Berisso.

Un señor en Formosa prende la televisión. Sólo el resplandor de la pantalla y el del farol de la calle que se cuela por la puerta abierta iluminan su living comedor. Tiene que subir el volumen porque está un poco sordo ya, y las vecinas de al lado sentadas en la vereda están hablando demasiado fuerte. El noticiero le lanza una noticia atrás de otra: caos de transito en la 9 de Julio, desalojos en una villa miseria en el conurbano bonaerense, un muerto en un asalto a un banco en Villa Crespo. Mientras el señor trata de imaginarse cómo será ese lugar, Villa Crespo, y cómo se vivirá exactamente ese caos del que hablan tanto, una noticia menos de rutina lo saca de su pensamiento. Sube más el volumen, eso sí le interesa. Cuando la periodista termina de hablar apaga la tele y se suma a la conversación callejera con sus vecinas.

Les cuenta con tono de maestro lo que acaba de ver. Las vecinas con cara de alumnas aplicadas escuchan que la ciudad de Berisso, partido de La Plata, va a contar con una terminal portuaria de última generación, una de las más grandes y modernas de América Latina. La presidenta de la Nación ya la inauguró. El vecino tiene la primicia y se envalentona mientras la cuenta.

Parece que entre las obras del puerto está el mayor orgullo de la municipalidad de Berisso: la terminal de contenedores Tecplata. Mucha plata lleva hacerla: 400 millones de dólares. Quizás parezca mucho dinero, les advierte a las señoras que abrieron grandes los ojos, pero el estacionamiento de contenedores va a tener todo esto:

– Grúas pórtico Super Post Panamax  (“Super Post Panamax” susurran las vecinas), y con un alcance que permite atender a buques portacontenedores con hasta 20 posiciones, es decir 49 metros de ancho o manga y estibados hasta 25 metros de altura de nivel de cubierta con capacidad de 55 toneladas bajo gancho.

– Un muelle corrido capaz de operar simultáneamente con dos buques Super Post Panamax.

– 15 hectáreas de playa estacionamiento, con la mayor capacidad disponible en el país para contenedores refrigerados.

– 4 grúas pórtico tipo Super Post Panamax, 9 grúas de playa, quince Transtainers, tres montacargas contenedores, tres montacargas de almacén y treinta Terminal Tractor Trailer.

El señor casi se queda sin aliento, y las señoras ya no atinan a agregar nada. El silencio es dueño de la vereda del pequeño pueblo y de la conversación. Igualmente los tres sacan la misma conclusión mientras imaginan a las máquinas transformers moviendo barcos de miles de toneladas de acá para allá: que el progreso llegó para quedarse.

Lo que no saben estos buenos vecinos, porque el noticiero no se los contó, es que dónde se empezó a construir la mega obra: sobre un monte ribereño. Está compuesto por humedales, vegetación que permite absorber y regular las crecidas del Río y las precipitaciones. Lo que sí saben de Berisso estos vecinos es que queda en La Plata, que además de ser la capital de Buenos Aires, sufrió las inundaciones que dejaron 30 muertos declarados el año pasado.

La Asamblea Salvemos el Monte está formada por vecinos y productores ribereños de los Municipios de Berisso y Ensenada desde febrero de 2012. Se reunieron porque les  inquietaron las obras realizadas por el Consorcio de Gestión Puerto La Plata en una zona declarada Paisaje Protegido por la Ley 12756.

Denuncian que de acuerdo con lo establecido por la Ley provincial de Paisaje Protegido, el artículo 28 º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Bosques, las autoridades del Consorcio del Puerto de La Plata, como así también las municipales, están poniendo en serio riesgo la biodiversidad de la región y realizando desmontes de manera ilegal.

El Consorcio de Gestión de Puerto no sólo sueña con máquinas transformers, si no que también planea construir un complejo turístico sobre la Isla Paulino que sigue con la línea de destrucción de gran parte del humedal. El proyecto fue publicado en la revista Ciudad Inmigrante nº 19 en Marzo de 2012.

El señor formoseño ya no tiene nada para agregar a su relato y planea irse a dormir. Sin embargo, hay más información que se le escapó: por ejemplo, que el martes 11 de marzo la Asamblea Salvemos al Monte va a marchar, junto con otras organizaciones y asambleas en defensa del Medio Ambiente, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Están luchando contra el nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. (Ver nota anterior: El último bosque del sur)

Este ordenamiento da luz verde a la terminal de contenedores Tecplata. Así como también permite la “Nueva Costa del Plata”, de Techint, en Quilmes y Avellaneda; el Vial Costero en Vicente López; Colony Park en Tigre; el Puerto de Escobar; los barrios privados en el Río Lujan y el camino costero en Berazategui.

Con estas obras se continúa con el plan de edificar sobre lo que queda de verde en la costa del Río de La Plata. Costa que, con sus humedales y vegetación, permiten que el Río no avance sobre las casas de la gente, y que las precipitaciones fluyan sin encontrar trabas hacia el Río. Sólo el 2% del territorio provincial corresponde a bosques nativos. En Berisso algunos vecinos ya sufren de inundaciones cuando llueve, por la falta de obras hidráulicas y por la presencia de otras obras como los terraplenes costeros que no dejan fluir el agua hacia los humedales de la costa.

El señor ya está acostado en su cama. Sigue pensando en las máquinas transformers en La Plata. Está contento de haber llegado a la edad necesaria para ver esas tecnologías en función de la comunidad, como dijo el noticiero. Él mismo leyó que, por definición, el progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana. El señor se durmió tranquilo, sin saber de los futuros inundados de Berisso.

El último bosque del sur

Hay un bosque nativo, acá nomás entre Avellaneda y Quilmes, donde la firma del grupo Techint Nuevo Milenio S.A. busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario “Nueva Costa del Plata”, una especie de Puerto Madero bonaerense. El bosque es el último pulmón verde que queda en estos municipios. Aunque Techint tenga el dinero y el aval de las autoridades provinciales, se les está haciendo difícil avanzar: tiene a un montón de vecinos y organizaciones bien plantados, defendiendo lo que es suyo.

bosquenativoDesde Villa Domínico (partido de Avellaneda) hasta Bernal (partido de Quilmes) está lo que fue por treinta años el vertedero de basura más grande de Latinoamérica. Ese basural colapsó en 1998 y fue causante de varias muertes de niños en las torres de Wilde (partido de Avellaneda). Eso fue la gota que rebalsó el vaso para que un grupo de madres empezaran a luchar para que se cierre, y lo lograron. El bosque nativo (pegado al CEAMSE) fue declarado reserva ecológica por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes en el 2002 como zona de recuperación ecológica por la contaminación del basural. Con sus 262 hectáreas serviría como filtro natural para amortiguar la contaminación que dejó la basura. Por su parte, en el 2008, el Concejo Deliberante de Avellaneda (que nunca declaró el bosque como reserva en su área de influencia), rezonificó el área de la costa y la declara zona urbanizable, dándole así lugar al proyecto Nueva Costa del Plata en Avellaneda. En ese momento, y gracias a estar siempre pendientes de lo que pasara en la zona por lo que había generado el CEAMSE, vecinos de Quilmes, foros y organizaciones ambientales de la zona fundaron la Asamblea No a la Entrega de Costa, para frenar el avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre el bosque nativo. Gracias a la resistencia de los vecinos, el bosque no se tocó hasta el 2012, cuando empezaron los desmontes.

La Organización Mundial para la Salud fija como óptimo 15 m2 de espacios verdes por habitante y como mínimo 10 m2. En la actualidad en la localidad de Avellaneda estos espacios verdes se reducen a 0,40 m2 por habitante y en la localidad de Quilmes a 0,50 m2, un 97,4%. Un 96% menos de los espacios verdes necesarios para una adecuada calidad de vida.

Leandro, abogado patrocinante de la Asamblea No a La Entrega de la Costa Avellaneda-Quilmes.

– En diciembre del 2012 nos llega a nosotros la causa, cuando un grupo de vecinos nos convocó para estudiar juridicamente el tema de la viabilidad del proyecto Nueva Costa del Plata que ya habia comenzado con desmontes en toda esta zona.

– En enero del 2013 iniciamos una demanda para detener las obras, porque considerábamos que todo el proyecto estaba enmarcado en una lectura completamente ilegitima del marco regulatorio aplicable. No se cumplían con ninguna de las condiciones previstas, ni en la Constitución ni en la legislación vigente, para avanzar con un proyecto de estas características sobre un bosque nativo. Uno puede decir que Nueva Costa del Plata es un proyecto cuidado desde una u otra perspectiva, pero no para ser construido sobre ese terreno.

–  La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la demanda, suspendió por 30 días las obras hasta que se hagan los estudios de campo necesarios. Antes del vencimiento de esos 30 días el juez de primera instancia dice que la provincia todavía no relevó sus bosques nativos (como determina la Ley Nacional de Bosques) y que por la tanto no puede tocar nada que tenga condiciones ambientales equiparables a las de un bosque. Eso fue nuevamente llevado a la Cámara, esta vez por la empresa, y confirmaron otra vez que la medida cautelar se debía mantener vigente hasta que termine el juicio. Esa sentencia fue dictada en diciembre del 2013.

– Nos amparamos en varias normas,  muy especialmente en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, la ley 26331. Esa ley tiene varias previsiones que fueron infringidas por al Municipalidad de Avellaneda y por la empresa, que intentaron sortear todo este régimen, dijeron ‘bueno esto que ahora es un baldío va a pasar a ser una urbanización sustentable’ cuando en realidad no se trata de cualquier terreno al que le están dando funciones, no hay una cancha de futbol ahí, hay un bosque nativo. El artículo 7 de la ley 26331 prohíbe cualquier desarrollo sobre un bosque de estas características hasta tanto la provincia no delimite y determine cuáles son sus bosques. Aquí es donde nace el nuevo problema.

Hecha la ley, hecha la trampa

El pasado viernes 14 de febrero la Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) convocó a una pseudo audiencia donde presentan el mapa de ordenamiento de bosques nativos que exige la ley. Ese ordenamiento es un mapa que sirve de semáforo: con rojo están pintadas las zonas de máxima preservación, en amarillo las de mediana importancia y en verde las zonas donde se puede avanzar con construcciones. El bosque nativo de la costa Avellaneda – Quilmes iba de verde.

Lo que se realizó aquel viernes 14 de febrero no cumple con ninguno de los requisitos con los que se debe llevar a cabo las audiencias públicas. Una de las cosas principales por la que la audiencia fue declarada nula por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones fue porque no se garantizó el acceso a la información; fue una mera exposición de la OPDS. Por ahora la causa está abierta, la justicia dio pautas claras sobre la necesidad de detener las obras hasta tanto no esté realizado de manera legítima el ordenamiento. Esta lucha a favor de este recurso natural se va a mantener y con muy buenos argumentos.

Nieves – Integrante del Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salúd y el Medio Ambiente.

bn3– Los bosques nativos que se quieran destruir están sobre el valle de inundación del Río de La Plata. Los vecinos que vayan a vivir ahí como se eleva el suelo no se van a inundar, pero sí va a traer como consecuencia la inundación de los vecinos que queden en zonas bajas. El proyecto Nueva Costa del Plata dice que va a tener el 70 por ciento de espacios públicos, pero el problema es que se va a rellenar un área y a destruir un bosque.

– Todas las áreas que se colorearon con el nuevo ordenamiento que se dispuso el pasado viernes 14 de febrero son áreas que estaban conservadas por la ley nacional de bosques. Son bosques nativos y reservas igual, pero al poner un área verde se permite el desmonte. Es una trampa.

– El OPDS sólo sigue el criterio comercial, empresarial, no del valor real que tienen los bosques. Nosotros vemos que están sometidos a una presión política.

Leopoldo – Integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.

bosque nativo– Yo soy vecino de Bernal (Municipio de Quilmes) y conozco muy bien el bosque ribereño. Es un paisaje rural a muy pocos kilómetros del casco urbano, es un cambio rotundo de paisaje que hace del lugar algo muy especial.

– La consigna desde la Asamblea siempre fue ‘conocer para defender’, una de las primeras cuestiones fue hacer caminatas para que la gente venga a conocer el ambiente. En esas caminatas empezaron a aparecer biólogos, observadores de aves, un montón de gente con conocimientos que empezaron a inflar la carpeta de conocimientos sobre la importancia del lugar.

– La sensación que nos dejó la jornada del viernes 14 de febrero es de completo desamparo frente a las autoridades. El OPDS que debe velar por el cuidado del ambiente y la salud de sus habitantes es el que hace los negociados. Es esperable también, no nos sorprendió, esperábamos que operaran de esa forma, con un disfraz de proteccionistas cuando en realidad intentan darle vía libre  a los emprendimientos inmobiliarios en la zona del bosque ribereño.

– La lucha está ganada en la medida que va ganando más participación y que la gente empieza a tomar conciencia de la importancia que tienen las zonas bajas, el humedal costero, en términos de regulación hídrica. Hay cosas como la medida cautelar que nos dan un respiro, un reconocimiento de nuestros argumentos en un estamento más grande, pero la pulseada no termina ni creemos que haya que cantar victoria. La pregunta está en si tomamos conciencia o no como sociedad del desastre que estamos generando con este modelo extractivista.

Micaela – Integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.

bosque nativo– Yo de chica conocía el lugar y sabía que tenía valor, que no era un lugar lleno de ratas y basura, si no que era un lugar interesante de conservación. Un día encontré una pintada en la calle contra el emprendimiento inmobiliario y buscando por google me contacté con la asamblea. Hace tres años me sumé, por ese tiempo se formó el grupo más estable.

– Analizamos bien el panorama, en qué había avanzado Techint, conocimos la Ley de Bosques y fuimos trazando ejes de acción para empezar las actividades. Contactamos abogados, utilizamos las redes sociales para la difusión y el periodismo alternativo nos ayudó también a que se conociera el tema.

– Cuando salió la cautelar nos pusimos muy contentos, fue un golpe para Techint porque denunciamos que habían empezado con desmontes y habían violado la Ley de Bosques. Ellos tenían un permiso de la Municipalidad de Avellaneda, pero no era legítimo porque no pueden desobedecer un Ley Nacional.

– Está proyectado por el Municipio que un lugar se descuide, se llene de basura por el mismo municipio, y después decir que viene un emprendimiento privado para dar solución a los problemas de la ribera. El lugar se descuidó apropósito para luego decir que la solución no es que el Estado se haga cargo si no que venga una empresa a ofrecer cosas que a la mayoría de las personas no las beneficia.

– Está siempre el tema cuando volanteamos sobre qué es y qué no es progreso, lo que nosotros decimos es que el progreso no es seguir avanzando con la frontera urbana o agropecuaria sobre áreas silvestres, más en la ciudad. El progreso tiene que ser pensado en función a la vida, hay que redefinir muchas cuestiones. Y el momento es ahora.