Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

El progreso porteño

“La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados…

La oración se corta en seco y a la imagen se la chupa un punto en el centro de la pantalla. Los sentidos sensoriales del señor primero le indican que una oscuridad total ahora es dueña de su casa. Milésimas después, el silencio (que en realidad no es silencio si no que es el ruido de la calle, la banda sonora de la ciudad que suele estar tapada por el ruido del televisor). Se queda sentando en el sillón. No lo invadió la desorientación que amerita una escena de este tipo. Se queda sentado varios minutos más. Mira el techo y ahí permanece el ventilador con sus aspas inútiles, que se siguen moviendo apenas por inercia. Se percata del calor insoportable que se metió en su casa sin permiso.

Se cortó la luz. La puta madre.

El señor no se siente desorientado porque ya sabe, él vive en Caballito. Mira por la ventana y el edificio nuevo que le construyeron sobre su medianería sí tiene luz, y eso que todas las instalaciones son eléctricas, ni gas natural tiene. Se tira en la cama, ojalá que vuelva, reza, al menos se cortó a la hora de acostarse, piensa. Se duerme porque ya está acostumbrado, así es cuando vivís en ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El señor tiene varias cosas que hacer, como trabajar todo el día, pero igual hace el reclamo a la empresa de electricidad. Desde la oficina llama y le dicen que es un corte aislado, que ya mandaron una cuadrilla a inspeccionar, que el número de su reclamo es el 126789. También le trata de pedir explicaciones al gobierno de su ciudad, llamó al 147 y esperó en línea, y esperó, y esperó, y esperó, tanto esperó que se le hizo la hora de volver a su casa.

Al volver en el colectivo, entre fantasías de ventiladores andando, agua fría y ascensores que suban y bajen, se pregunta: ¿Cómo puede ser que todos los veranos pase lo mismo?

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Planeamiento, informó que sólo entre 2001 a 2011 se otorgaron permisos para la construcción de 20 millones de m2. Seis barrios de los 47 que integran la Ciudad (Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Almagro) sumaron el 44% de todas las viviendas construidas.

Edesur y Edenor admiten que llevará cinco años de inversión constante brindar un servicio que pueda alimentar a toda la infraestructura nueva de Capital Federal, cálculo aproximado para alimentar a toda la Ciudad hoy, sin contar todos los edificios y shoppings que se van a construir en ese período.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña, se votaron varios proyectos nuevos. Algunos apuntan a ceder terrenos para construcciones inmobiliarias, como shoppings y torres, y otras a atraerlas.

Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, cuenta lo que pasa en la Legislatura: “Hay más de 20 proyectos de ley para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de los porteños, la de urbanización de villas por ejemplo, que no se tratan en la Legislatura, pero sí se tratan de forma express los proyectos que profundizan el modelo de ciudad neoliberal, como el del shopping en Caballito”.

A los vecinos de Caballito no les consultaron si querían un shopping en donde podría haber un parque. Sus argumentos son muy razonables: el destino del territorio, quieren que haya un parque; no quieren más edificaciones en su zona porque la sobreconstrucción ya causó colapso de servicios públicos, de cloacas y de tránsito.

El terreno donde la empresa IRSA quiere construir el shopping está compuesto por dos parcelas, una que era del club Ferrocarril Oeste y otra del Estado Nacional. Cuando Ferro entró en quiebra, hace doce años, le vendió su parcela a IRSA. El Estado Nacional no quiso ser menos y le vendió su pedazo de tierra a una empresa intermediaria que en 24 horas se la vendió a IRSA. La venta de tierras públicas debe autorizarse por ley en el Congreso Nacional. Eso nunca sucedió.

Por más de cinco años consecutivos se trató este proyecto en la Legislatura. Este último año legislativo tampoco lograron votarlo, la sesión tuvo que suspenderse por amenazas e insultos entre los legisladores.

Cómo Ceder Terrenos a las Empresas Inmobiliarias para Construir Mega Emprendimientos: APROBADO. Cómo Habilitar Espacios para la Inversión Privada: EN PROCESO.

La Boca, se convirtió en polo artístico. Lugano, en polo deportivo. Parque Patricios, polo tecnológico. Los polos son zonas libes de impuestos, lugares donde empresas privadas son invitadas a instalarse sin pagar impuestos, o hacerlo a tasas mínimas. Es una manera, y así lo admite la propia gestión macrista, de revalorizar una zona, atrayendo al capital privado para que invierta en el barrio.

“Por mucho tiempo el discurso de revalorizar una zona fue tomado como algo bueno: una zona disminuida, donde los inmuebles salen poco, el Estado debe impulsar la inversión. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando revaloriza la zona produce efectos de gentrificación, un reemplazo de gente de bajos recursos por otra con más altos”, describe Jonatan Baldiviezo.

El precio de los inmuebles se eleva, el valor de los alquileres se multiplica, el costo de vida se encarece. “Están creando el contexto institucional legal y económico para que vengan a invertir pero a los pobladores originales los están expulsando”.

En la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) ya se aprobó el Plan Maestro, que establece la zona como Polo Deportivo, construye la Villa Olímpica y otorga títulos de propiedad a los propietarios de las villas, una manera de insertar lentamente la zona en el mercado. Al otorgar títulos de propiedad, el gobierno se exime de urbanizar, la situación precaria de los habitantes de los barrios queda legalizada. De esta manera, estas tierras se blanquean, pasan a poder ser compradas y vendidas legalmente en el mercado. (Ver nota anterior)

El Plan Maestro, como otras leyes vinculadas a la construcción de la Ciudad, lo aprobó el macrismo en la Legislatura con la ayuda del bloque kichnerista.

Los habitantes de las villas miseria pasaron en cuatro años de ser, según el Censo Nacional de 2010, de 160 mil habitantes a 270 mil, último dato del 2014 según la Secretaría de Habitat e Inclusión de la Ciudad. En el año 2006 la asignación presupuestaria para las villas era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %.

De esos datos se desprende también que al menos el 10% de los habitantes de la ciudad viven hacinados, mientras que un 26,7% (según el censo 2010) de los inmuebles porteños se encuentran deshabitados.

…abandonados. No es un gran negocio inmobiliario…

Otra vez la frase se corta. Esta vez no fue por un corte de luz, fue porque la señora no pudo seguir prestando atención. La lluvia está golpeando demasiado fuerte y el agua está empezando a entrar.

A levantar la heladera y la cocina, primero. Después la cama. Si queda tiempo tirar la ropa arriba de la cama. Y a esperar.

Eventualmente el agua baja, hasta las próximas lluvias. Mientras esperaba la señora pudo escuchar clarito decir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete del Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y a la Vice Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que la Ciudad de Buenos Aires no se inundó con las lluvias de principios de noviembre gracias a las obras ejecutadas por su gestión.

La señora vive en Saavedra. Ahí mismo donde varias manzanas se inundan cuando llueve, ahí mismo donde están construyendo una obra enorme, un nuevo metrobus como el de la 9 de Julio, sin el estudio de impacto ambiental necesario.

El metrobus norte se extenderá sobre Ciudad de Buenos Aires (Av. Cabildo) hasta Vicente López. Las obras comenzaron hace un año sin los convenios necesarios aprobados en la Legislatura ni el estudio de impacto ambiental que reclama la ley. Recién hace un mes se aprobó el Convenio Marco, que sólo presenta la obra, sin especificar ni cuánto se gastará, ni qué impacto social y ambiental tendrá. No hay estudio, no hay audiencia pública, ni dictamen técnico, porque el APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad) categorizó a la obra como de poca relevancia. Desde el Observatorio de la Ciudad denuncian que el APRA otorgó el permiso de obra con un único estudio hidráulico, una sola carilla sin datos técnicos, siendo Saavedra una zona inundable.

En cuanto a las declaraciones de las autoridades del Gobierno Porteño, la señora sabe que no son ciertas. Ella se inundó.

Según los informes que el GCBA envió al Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°10, en el marco de la causa caratulada “Carbón Mario Alberto y otros contra GCBA s/Amparo”, la única obra hidráulica en ejecución, no finalizada aún, es la de la Cuenca del Arroyo Medrano, que aún está en la primera etapa del cuenco amortiguador del Parque Sarmiento.

Respecto a las obras en la cuenca del Arroyo Vega, se encuentran en la etapa prelicitatoria para la ejecución de un proyecto millonario, que consiste en construir un túnel aliviador no debatido ni consensuado aún con los ciudadanos. En la cuenca del Arroyo Cildáñez, las topadoras del GCBA están realizando la remoción de suelos en el Lago Aliviador Soldati, alcanzando la línea de edificación de las viviendas de los vecinos de la Manzana N°10 del barrio Los Piletones y poniendo en riesgo las estructuras de sus casas. Durante las últimas lluvias de noviembre, los barrios Los Piletones, Fátima, Calacita, Ramón Carrillo y Rodrigo Bueno, estuvieron bajo el agua.

“El Código de Planeamiento no hace diferencia entre cuales son las zonas inundables o no. En la ciudad hay zonas que se inundan y se siguen construyendo torres con subsuelos. No refleja qué zonas ya están saturadas de la densidad de construcción” describe Jonatan, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: “el código está obsoleto y liberado para una construcción masiva en la ciudad”.

…es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Ni la señora ni el señor terminaron de escuchar esta frase. Es que están en la Legislatura porteña tratando que les permitan opinar sobre las obras en sus barrios.

El tipo de gobierno que norma bajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una democracia participativa. El Articulo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”. Su artículo 76 también indica que todas las audiencias legislativas son públicas y que cualquier persona en los días de sesión puede ir, pedir la palabra y hablarle a los 60 legisladores, pero no se reglamentó para que efectivamente pueda hacerse.

“Hay herramientas jurídicas que no tenemos, por ejemplo no hay ninguna ley que obligue a desinvertir a los que tienen grandes cantidades de propiedades, como IRSA”, agrega Jonatan, aunque destaca que: “Aun así si se aplicara algo más básico que reside en la democracia participativa ninguna de estas obras que están avanzando en la Ciudad se hubiesen hecho con tanta velocidad, porque tendrían que darle poder de decisión a la gente”.

 

“­­La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados. No es un gran negocio inmobiliario, es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño.

Vaciados

Crónica en la carne de los trabajadores de EMFER, que reclaman que el servicio se estatice ante una típica maniobra de vaciamiento en manos de los Cirigliano. 

-Sí, supongo que ahora te van a dejar pasar. Son dos cuadras desde la Estación Miguelete- me dice Ezequiel Peralta, delegado de EMFER, fábrica de material ferroviario.

Hay un cana ahí en la estación, en San Miguel, del lado sur. Una camioneta de la Federal más atrás. 2, 3, 4, 5, en el lado norte. Es para allá. 6, 7, 8, 9… Antes de los primeros papeles impresos contando que no les pagaron la última quincena ni el aguinaldo, aparece un colectivo de la Federal. Está vacío. Los policías están todos abajo. Hay un gendarme con mucha cara de muy malo. Gigante. La boina lo empeora. Los federales que lo rodean ya hasta me parecen chiquitos. Más adelante, otro bondi, pero lleno. La escena sigue del otro lado de la entrada, pero prefiero mandarme con los trabajadores.2014-07-10 17.31.14

Están tranquilos, tomando mate, jodiendo mayormente sobre sexo. Van cuatro días de toma, nada más. Hay gente de EMFER y de TATSA, que produce colectivos y camiones. El predio alberga a las dos empresas. Hablo con Julián Radic, el único procesado entre los 11 imputados por diversas causas penales. Es de la comisión interna. La única forma de rajarlos que tienen es con causas penales. Una de las causas es por mostrarle al juez Bonadío papeles que incriminan a los hermanos Cirigliano, dueños de las fábricas hasta este año. Desde la masacre de Once, la producción no subió, sino que bajo, porque le sacaron las concesiones de las líneas y la misma empresa china que vendió los trenes, compró la fábrica. Desde entonces comenzaron los problemas en TATSA y EMFER.

Al no pago de salarios y cargas sociales se le suma el miedo de que los dejen sin trabajo. Como en todas las fábricas que quiebran, los Cirigliano se llevaron camiones llenos de la fábrica. Comenzó el vaciamiento.

Mientras me muestra la fábrica, entre galpón y galpón, Pajarito me cuenta que son 340 los trabajadores, que la producción no llega ni al 10 por ciento de la capacidad, que hay formaciones holandesas que así como llegaron, se quedaron ahí. Después, un compañero suyo con 33 años de antigüedad me explica que le faltan las tapas de cilindro, que los compraron así. Pueden, y me lo muestra, fabricar desde cero o reestructurar trenes.

Pero la voluntad fue para comprar desde China. Alfredo Luque, delegado EMFER, explica, como si estuviéramos de vuelta en los `90: -No sé qué espera el Estado para estatizar esto de una vez por todas. Nosotros trabajamos para el Estado, hacemos trenes. La patronal ya dijo que no tiene plata. Esperamos que el Estado intervenga.

Julián Radic, el delegado procesado, me explica que no quieren ser una cooperativa, como se les ofreció. Son muchos laburantes. Las tensiones van a existir. La desconfianza también. La organización sería extremadamente complicada. Las fábricas recuperadas en Argentina tienen un promedio de 43 trabajadores. Y me repite una razón más: “Prácticamente nuestro único cliente es el Estado”.

Pajarito, ya saliendo de la fábrica, me cuenta de la represión del martes 8 de julio, cuando salieron a cortar la General Paz para exigir aunque sea negociación, para no perder sus puestos de trabajo. Cuando la policía avanzó, los Cirigliano estaban negociando… Se lo dijeron al encargado de la represión. Nada cambió. Eran cerca de las 8 de la mañana. Había estado cortada la ruta de acceso a la ciudad desde el Noroeste. Los medios ya empezaban a hablar de la tensión en el corte, de los trabajadores que no podían llegar a sus puestos. Pajarito y todos los compañeros que nos cruzamos están orgullosos. Defendieron sus puestos de laburo. “Y ellos también tienen miedo, no te creas”, me dice otro obrero hablando de los policías. “Les dimos con lo que encontramos”.

Momentos después de la represión, tuvieron que salir a dar explicaciones ellos. Que no somos delincuentes, queremos trabajar. Que cortar la calle es un delito. Que si contravención, que si delito, que qué derecho está por encima del otro, que vagos, que… El periodista Gustavo Sylvestre, por ejemplo, hablando con el delegado de EMFER Barberán, se salió del molde. Se fue al pasto directo. Arrancó no preguntando por las causas del reclamo, sino por la metodología. Que ya habían hecho todo: escraches, marchas…

-¿Y por qué no sacan los vagones a un cantero de la General Paz, al costado, para mostrar lo que ustedes hacen y que los trenes se pueden hacer en la Argentina? – dijo…

Hasta tanto construyan las vías para poner las formaciones al costado de la Avenida, con letreros que expliquen por lo que pasan, van a seguir tomando la fábrica para que las reuniones pactadas se efectivicen. Después de la represión consiguieron una con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Transporte Ramos. No consiguieron nada de lo que pretendían, pero destacan que la empresa sí: “Logró su objetivo de destrabar fondos públicos para –según la patronal- poder hacer frente a los salarios”.

Llegando a la salida, uno me dice “éste me salvó la vida”, señalando a otro que pasaba por ahí. Lo había levantado por el terraplén cuando estaba hecho mierda. El salvado quiere ir a comprar puchos. Me ve con la cámara. “¿Che, me acompañás a comprar al Makro, que afuera me tienen re fichado?”.

2014-07-10 17.13.18

Transformers atacan Berisso

En el sur se siguen recortando espacios verdes: sobre un humedal que regula las crecidas del río, avanza un puerto con máquinas monstruo en Berisso.

Un señor en Formosa prende la televisión. Sólo el resplandor de la pantalla y el del farol de la calle que se cuela por la puerta abierta iluminan su living comedor. Tiene que subir el volumen porque está un poco sordo ya, y las vecinas de al lado sentadas en la vereda están hablando demasiado fuerte. El noticiero le lanza una noticia atrás de otra: caos de transito en la 9 de Julio, desalojos en una villa miseria en el conurbano bonaerense, un muerto en un asalto a un banco en Villa Crespo. Mientras el señor trata de imaginarse cómo será ese lugar, Villa Crespo, y cómo se vivirá exactamente ese caos del que hablan tanto, una noticia menos de rutina lo saca de su pensamiento. Sube más el volumen, eso sí le interesa. Cuando la periodista termina de hablar apaga la tele y se suma a la conversación callejera con sus vecinas.

Les cuenta con tono de maestro lo que acaba de ver. Las vecinas con cara de alumnas aplicadas escuchan que la ciudad de Berisso, partido de La Plata, va a contar con una terminal portuaria de última generación, una de las más grandes y modernas de América Latina. La presidenta de la Nación ya la inauguró. El vecino tiene la primicia y se envalentona mientras la cuenta.

Parece que entre las obras del puerto está el mayor orgullo de la municipalidad de Berisso: la terminal de contenedores Tecplata. Mucha plata lleva hacerla: 400 millones de dólares. Quizás parezca mucho dinero, les advierte a las señoras que abrieron grandes los ojos, pero el estacionamiento de contenedores va a tener todo esto:

– Grúas pórtico Super Post Panamax  (“Super Post Panamax” susurran las vecinas), y con un alcance que permite atender a buques portacontenedores con hasta 20 posiciones, es decir 49 metros de ancho o manga y estibados hasta 25 metros de altura de nivel de cubierta con capacidad de 55 toneladas bajo gancho.

– Un muelle corrido capaz de operar simultáneamente con dos buques Super Post Panamax.

– 15 hectáreas de playa estacionamiento, con la mayor capacidad disponible en el país para contenedores refrigerados.

– 4 grúas pórtico tipo Super Post Panamax, 9 grúas de playa, quince Transtainers, tres montacargas contenedores, tres montacargas de almacén y treinta Terminal Tractor Trailer.

El señor casi se queda sin aliento, y las señoras ya no atinan a agregar nada. El silencio es dueño de la vereda del pequeño pueblo y de la conversación. Igualmente los tres sacan la misma conclusión mientras imaginan a las máquinas transformers moviendo barcos de miles de toneladas de acá para allá: que el progreso llegó para quedarse.

Lo que no saben estos buenos vecinos, porque el noticiero no se los contó, es que dónde se empezó a construir la mega obra: sobre un monte ribereño. Está compuesto por humedales, vegetación que permite absorber y regular las crecidas del Río y las precipitaciones. Lo que sí saben de Berisso estos vecinos es que queda en La Plata, que además de ser la capital de Buenos Aires, sufrió las inundaciones que dejaron 30 muertos declarados el año pasado.

La Asamblea Salvemos el Monte está formada por vecinos y productores ribereños de los Municipios de Berisso y Ensenada desde febrero de 2012. Se reunieron porque les  inquietaron las obras realizadas por el Consorcio de Gestión Puerto La Plata en una zona declarada Paisaje Protegido por la Ley 12756.

Denuncian que de acuerdo con lo establecido por la Ley provincial de Paisaje Protegido, el artículo 28 º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Bosques, las autoridades del Consorcio del Puerto de La Plata, como así también las municipales, están poniendo en serio riesgo la biodiversidad de la región y realizando desmontes de manera ilegal.

El Consorcio de Gestión de Puerto no sólo sueña con máquinas transformers, si no que también planea construir un complejo turístico sobre la Isla Paulino que sigue con la línea de destrucción de gran parte del humedal. El proyecto fue publicado en la revista Ciudad Inmigrante nº 19 en Marzo de 2012.

El señor formoseño ya no tiene nada para agregar a su relato y planea irse a dormir. Sin embargo, hay más información que se le escapó: por ejemplo, que el martes 11 de marzo la Asamblea Salvemos al Monte va a marchar, junto con otras organizaciones y asambleas en defensa del Medio Ambiente, al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Están luchando contra el nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Buenos Aires. (Ver nota anterior: El último bosque del sur)

Este ordenamiento da luz verde a la terminal de contenedores Tecplata. Así como también permite la “Nueva Costa del Plata”, de Techint, en Quilmes y Avellaneda; el Vial Costero en Vicente López; Colony Park en Tigre; el Puerto de Escobar; los barrios privados en el Río Lujan y el camino costero en Berazategui.

Con estas obras se continúa con el plan de edificar sobre lo que queda de verde en la costa del Río de La Plata. Costa que, con sus humedales y vegetación, permiten que el Río no avance sobre las casas de la gente, y que las precipitaciones fluyan sin encontrar trabas hacia el Río. Sólo el 2% del territorio provincial corresponde a bosques nativos. En Berisso algunos vecinos ya sufren de inundaciones cuando llueve, por la falta de obras hidráulicas y por la presencia de otras obras como los terraplenes costeros que no dejan fluir el agua hacia los humedales de la costa.

El señor ya está acostado en su cama. Sigue pensando en las máquinas transformers en La Plata. Está contento de haber llegado a la edad necesaria para ver esas tecnologías en función de la comunidad, como dijo el noticiero. Él mismo leyó que, por definición, el progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana. El señor se durmió tranquilo, sin saber de los futuros inundados de Berisso.

El último bosque del sur

Hay un bosque nativo, acá nomás entre Avellaneda y Quilmes, donde la firma del grupo Techint Nuevo Milenio S.A. busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario “Nueva Costa del Plata”, una especie de Puerto Madero bonaerense. El bosque es el último pulmón verde que queda en estos municipios. Aunque Techint tenga el dinero y el aval de las autoridades provinciales, se les está haciendo difícil avanzar: tiene a un montón de vecinos y organizaciones bien plantados, defendiendo lo que es suyo.

bosquenativoDesde Villa Domínico (partido de Avellaneda) hasta Bernal (partido de Quilmes) está lo que fue por treinta años el vertedero de basura más grande de Latinoamérica. Ese basural colapsó en 1998 y fue causante de varias muertes de niños en las torres de Wilde (partido de Avellaneda). Eso fue la gota que rebalsó el vaso para que un grupo de madres empezaran a luchar para que se cierre, y lo lograron. El bosque nativo (pegado al CEAMSE) fue declarado reserva ecológica por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes en el 2002 como zona de recuperación ecológica por la contaminación del basural. Con sus 262 hectáreas serviría como filtro natural para amortiguar la contaminación que dejó la basura. Por su parte, en el 2008, el Concejo Deliberante de Avellaneda (que nunca declaró el bosque como reserva en su área de influencia), rezonificó el área de la costa y la declara zona urbanizable, dándole así lugar al proyecto Nueva Costa del Plata en Avellaneda. En ese momento, y gracias a estar siempre pendientes de lo que pasara en la zona por lo que había generado el CEAMSE, vecinos de Quilmes, foros y organizaciones ambientales de la zona fundaron la Asamblea No a la Entrega de Costa, para frenar el avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre el bosque nativo. Gracias a la resistencia de los vecinos, el bosque no se tocó hasta el 2012, cuando empezaron los desmontes.

La Organización Mundial para la Salud fija como óptimo 15 m2 de espacios verdes por habitante y como mínimo 10 m2. En la actualidad en la localidad de Avellaneda estos espacios verdes se reducen a 0,40 m2 por habitante y en la localidad de Quilmes a 0,50 m2, un 97,4%. Un 96% menos de los espacios verdes necesarios para una adecuada calidad de vida.

Leandro, abogado patrocinante de la Asamblea No a La Entrega de la Costa Avellaneda-Quilmes.

– En diciembre del 2012 nos llega a nosotros la causa, cuando un grupo de vecinos nos convocó para estudiar juridicamente el tema de la viabilidad del proyecto Nueva Costa del Plata que ya habia comenzado con desmontes en toda esta zona.

– En enero del 2013 iniciamos una demanda para detener las obras, porque considerábamos que todo el proyecto estaba enmarcado en una lectura completamente ilegitima del marco regulatorio aplicable. No se cumplían con ninguna de las condiciones previstas, ni en la Constitución ni en la legislación vigente, para avanzar con un proyecto de estas características sobre un bosque nativo. Uno puede decir que Nueva Costa del Plata es un proyecto cuidado desde una u otra perspectiva, pero no para ser construido sobre ese terreno.

–  La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la demanda, suspendió por 30 días las obras hasta que se hagan los estudios de campo necesarios. Antes del vencimiento de esos 30 días el juez de primera instancia dice que la provincia todavía no relevó sus bosques nativos (como determina la Ley Nacional de Bosques) y que por la tanto no puede tocar nada que tenga condiciones ambientales equiparables a las de un bosque. Eso fue nuevamente llevado a la Cámara, esta vez por la empresa, y confirmaron otra vez que la medida cautelar se debía mantener vigente hasta que termine el juicio. Esa sentencia fue dictada en diciembre del 2013.

– Nos amparamos en varias normas,  muy especialmente en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, la ley 26331. Esa ley tiene varias previsiones que fueron infringidas por al Municipalidad de Avellaneda y por la empresa, que intentaron sortear todo este régimen, dijeron ‘bueno esto que ahora es un baldío va a pasar a ser una urbanización sustentable’ cuando en realidad no se trata de cualquier terreno al que le están dando funciones, no hay una cancha de futbol ahí, hay un bosque nativo. El artículo 7 de la ley 26331 prohíbe cualquier desarrollo sobre un bosque de estas características hasta tanto la provincia no delimite y determine cuáles son sus bosques. Aquí es donde nace el nuevo problema.

Hecha la ley, hecha la trampa

El pasado viernes 14 de febrero la Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) convocó a una pseudo audiencia donde presentan el mapa de ordenamiento de bosques nativos que exige la ley. Ese ordenamiento es un mapa que sirve de semáforo: con rojo están pintadas las zonas de máxima preservación, en amarillo las de mediana importancia y en verde las zonas donde se puede avanzar con construcciones. El bosque nativo de la costa Avellaneda – Quilmes iba de verde.

Lo que se realizó aquel viernes 14 de febrero no cumple con ninguno de los requisitos con los que se debe llevar a cabo las audiencias públicas. Una de las cosas principales por la que la audiencia fue declarada nula por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones fue porque no se garantizó el acceso a la información; fue una mera exposición de la OPDS. Por ahora la causa está abierta, la justicia dio pautas claras sobre la necesidad de detener las obras hasta tanto no esté realizado de manera legítima el ordenamiento. Esta lucha a favor de este recurso natural se va a mantener y con muy buenos argumentos.

Nieves – Integrante del Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salúd y el Medio Ambiente.

bn3– Los bosques nativos que se quieran destruir están sobre el valle de inundación del Río de La Plata. Los vecinos que vayan a vivir ahí como se eleva el suelo no se van a inundar, pero sí va a traer como consecuencia la inundación de los vecinos que queden en zonas bajas. El proyecto Nueva Costa del Plata dice que va a tener el 70 por ciento de espacios públicos, pero el problema es que se va a rellenar un área y a destruir un bosque.

– Todas las áreas que se colorearon con el nuevo ordenamiento que se dispuso el pasado viernes 14 de febrero son áreas que estaban conservadas por la ley nacional de bosques. Son bosques nativos y reservas igual, pero al poner un área verde se permite el desmonte. Es una trampa.

– El OPDS sólo sigue el criterio comercial, empresarial, no del valor real que tienen los bosques. Nosotros vemos que están sometidos a una presión política.

Leopoldo – Integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.

bosque nativo– Yo soy vecino de Bernal (Municipio de Quilmes) y conozco muy bien el bosque ribereño. Es un paisaje rural a muy pocos kilómetros del casco urbano, es un cambio rotundo de paisaje que hace del lugar algo muy especial.

– La consigna desde la Asamblea siempre fue ‘conocer para defender’, una de las primeras cuestiones fue hacer caminatas para que la gente venga a conocer el ambiente. En esas caminatas empezaron a aparecer biólogos, observadores de aves, un montón de gente con conocimientos que empezaron a inflar la carpeta de conocimientos sobre la importancia del lugar.

– La sensación que nos dejó la jornada del viernes 14 de febrero es de completo desamparo frente a las autoridades. El OPDS que debe velar por el cuidado del ambiente y la salud de sus habitantes es el que hace los negociados. Es esperable también, no nos sorprendió, esperábamos que operaran de esa forma, con un disfraz de proteccionistas cuando en realidad intentan darle vía libre  a los emprendimientos inmobiliarios en la zona del bosque ribereño.

– La lucha está ganada en la medida que va ganando más participación y que la gente empieza a tomar conciencia de la importancia que tienen las zonas bajas, el humedal costero, en términos de regulación hídrica. Hay cosas como la medida cautelar que nos dan un respiro, un reconocimiento de nuestros argumentos en un estamento más grande, pero la pulseada no termina ni creemos que haya que cantar victoria. La pregunta está en si tomamos conciencia o no como sociedad del desastre que estamos generando con este modelo extractivista.

Micaela – Integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.

bosque nativo– Yo de chica conocía el lugar y sabía que tenía valor, que no era un lugar lleno de ratas y basura, si no que era un lugar interesante de conservación. Un día encontré una pintada en la calle contra el emprendimiento inmobiliario y buscando por google me contacté con la asamblea. Hace tres años me sumé, por ese tiempo se formó el grupo más estable.

– Analizamos bien el panorama, en qué había avanzado Techint, conocimos la Ley de Bosques y fuimos trazando ejes de acción para empezar las actividades. Contactamos abogados, utilizamos las redes sociales para la difusión y el periodismo alternativo nos ayudó también a que se conociera el tema.

– Cuando salió la cautelar nos pusimos muy contentos, fue un golpe para Techint porque denunciamos que habían empezado con desmontes y habían violado la Ley de Bosques. Ellos tenían un permiso de la Municipalidad de Avellaneda, pero no era legítimo porque no pueden desobedecer un Ley Nacional.

– Está proyectado por el Municipio que un lugar se descuide, se llene de basura por el mismo municipio, y después decir que viene un emprendimiento privado para dar solución a los problemas de la ribera. El lugar se descuidó apropósito para luego decir que la solución no es que el Estado se haga cargo si no que venga una empresa a ofrecer cosas que a la mayoría de las personas no las beneficia.

– Está siempre el tema cuando volanteamos sobre qué es y qué no es progreso, lo que nosotros decimos es que el progreso no es seguir avanzando con la frontera urbana o agropecuaria sobre áreas silvestres, más en la ciudad. El progreso tiene que ser pensado en función a la vida, hay que redefinir muchas cuestiones. Y el momento es ahora.

Loncopué: mina linda, mina fea

El pasado 3 de junio, el pueblo neuquino Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. Ganó el sí a una ordenanza que prohíbe la mina, frente a un gobierno que hizo todo lo posible para que fuera no. Aquí, la historia íntima de las trabas que pueden existir en un pueblo argentino donde el suelo tiene petróleo y minerales, pero la cosa se complica.

Cortesía Emiliano Ortiz Diario 8300 web

Loncopué es un municipio habitado por unas siete mil personas en el noroeste neuquino y cabecera del departamento provincial que lleva su mismo nombre. A fines de la década de 1980, un periodista radial lo bautizó “Capital de la Amistad”. Vaya uno a saber los motivos que llevaron a este hombre a llamarlo así, pero lo que sí está claro es que no subsisten ninguno de esos lazos.

En 2008 se dio a conocer la posibilidad de establecer un proyecto minero en el que la empresa china, Emprendimientos Mineros S.A, y la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) extraerían cobre del cerro Tres Puntas, cercano al paraje mapuche Campana Mahuida, ubicado a escasos 15 Kilómetros del casco urbano. A partir de allí, los ciudadanos se organizaron y formaron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), que junto a la comunidad mapuche Mellao Morales, propietaria de las tierras en cuestión, lucharon y militaron para divulgar su postura ambientalista.

A partir de ese momento, todo cambió en el día a día de un pueblo muy pequeño en el que todos se conocen con todos. La falta de comunicación, el prejuicio, la violencia, las acusaciones sin pruebas y la poca capacidad mediadora y pacificadora de figuras representativas de la comunidad tornaron la convivencia insostenible. Familias amigas ahora están enfrentadas, personas que se conocen de toda la vida ya no se pueden ver las caras. Literalmente.
Ante esta situación social y frente a la posible explotación minera que utilizaría sustancias como mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, el miedo y la desconfianza invadieron al común denominador del ciudadano. Esto fue aprovechado por algunas personas de un sector que, detrás de la bandera ambientalista, escondían su gran objetivo: generar una imagen política y aprovechar estratégicamente la crisis de credibilidad que vive el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), consecuencia de la mercantilización de la política ejercida desde hace años por sus funcionarios, para ganar poder.

Este panorama, sumado a la incapacidad del gobierno provincial de comunicar su postura y concientizar al ciudadano, o al menos intermediar para abrir un debate pluralista, dejó el campo allanado para que estos “ambientalistas” socaven poder y provocó que un gran porcentaje de la población se oponga al proyecto minero por tres simples razones que se retroalimentan: falta de información, miedo y descreimiento hacia el gobierno.

Cáncer de Estado

Alrededor del 65% de la población económicamente activa de Neuquén depende directa o indirectamente del Estado provincial y en un pueblo tan pequeño como Loncopué, los efectos de este fenómeno se notan a gran escala. Superpoblación en oficinas e instituciones públicas y empleados que no hacen más que marcar el ingreso al trabajo y volver a sus casas son algunas de las consecuencias que se observan fácilmente. Durante décadas, familias enteras han conseguido cierta estabilidad económica de manera cómoda y fácil, para luego transmitir esta ambición a las futuras generaciones que no aspiran a otra cosa que ser empleado estatal.

Argentina necesita de petróleo y minerales y Neuquén los tiene. El modelo económico que sostiene este Estado-dependencia en la provincia gobernada por Jorge Sapag gira, hace ya varios años, en torno a la extracción y explotación de recursos naturales. Esta actividad podría significar un gran desarrollo económico y social para la provincia, pero también, un gran desastre ambiental en zonas que, como en el caso de Loncopué, subsisten, no en menor medida, gracias a la actividad turística que sus paisajes y recursos atrae.

La invitación a no votar del Gobierno

El pasado 3 de junio Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. El resultado fue contundente: el 82 por ciento (2.125) votó por el SI a la ordenanza 1054/2012 que prohíbe la actividad extractiva dentro del ejido urbano, contra un 14,9 (388) que se manifestó en contra de dicha normativa municipal.

Lo hecho por los vecinos ambientalistas para concientizar y evitar el desarrollo minero está claro: militaron, de manera leal para algunos, desleal para otros, por el NO a la mina durante casi cinco años. En cambio, las medidas tomadas por el Gobierno para transmitir su mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos brillaron por su ausencia hasta días previos a los comicios. Ahora ya es tarde y parecen no tener otra alternativa que escuchar la voluntad del pueblo. O quizás no, ya no cabe lugar para sorpresas.

En la mañana del primero de junio, dos días previos a las elecciones, el pueblo amaneció alfombrado con panfletos que invitaba a la gente a no concurrir al acto democrático que se llevaría a cabo, alegando que las elecciones no eran obligatorias y que no se cobrarían multas ante la posible ausencia (Ver foto). Este manotazo de ahogado fue tomado como lo que es: un acto de aberración que no hizo más que desnudar y esclarecer, si es que todavía hacía falta, la gran incapacidad del gobierno y las personas identificadas por el SÍ a la mina para comunicar su postura.

Durante la realización de las elecciones se identificaron a punteros y funcionarios del Movimiento Popular Neuquino tomando nota de quiénes entraban a la escuela a participar de la jornada y muchos ciudadanos recibieron mensajes de texto intimidatorios, “que recomendaban” no ir a votar para preservar el trabajo y la paz en el pueblo.

El gobierno provincial, en otra clara manifestación de ineficacia y desesperación, se tomó el trabajo de enviar, con dinero del Estado, claro, a su ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, “a los efectos de garantizar el derecho electoral y que todo el proceso transcurra de la forma más pacífica y armónica posible”, según sus propias palabras.

Para terminar bien arriba, la Policía y Gendarmería local recibieron órdenes de no custodiar las urnas una vez finalizado el sufragio, por lo que tuvieron que quedarse los propios fiscales de mesa para hacerlo. “No es que nosotros no queremos hacerlo, disculpen, pero las órdenes vienen de arriba”, le explicó uno de los oficiales a las autoridades a cargo de la elección.

Si eran tantos y tan importantes los intereses y beneficios para la provincia y el pueblo, como ahora dicen los funcionarios, ¿Por qué no actuaron antes?, ¿Por qué no mediaron y abrieron el diálogo?, ¿Por qué no le dieron la oportunidad al ciudadano de escuchar su versión?, ¿Por qué no se preocuparon por comunicarle las ventajas del proyecto minero al pueblo?, ¿Pensaron que podrían pasar por arriba de la gente?, ¿Por qué tomaron medidas patoteras que sólo favorecieron a la división de la sociedad?

Las respuestas la saben sólo ellos, pero la división dentro del mismo partido ya se puede ver. Días posteriores a las elecciones la Vicegobernadora, Ana Pechen, admitió que “hubo fallas en la comunicación por parte del Poder Ejecutivo” y dejó entrever su opinión en cuanto a las próximas medidas que debe tomar el Gobierno: “uno no puede desconocer que hay un pueblo que tiene un sentimiento que debe ser entendido y considerado”, sostuvo y dejó en claro que su postura no es la misma que la del Poder Ejecutivo, al mando del gobernador Sapag.

Oscar-Livera niavero.org

Historia de la ordenanza

Los vecinos autoconvocados en AVAL y Avacam presentaron, en agosto de 2011, un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que prohíbe la explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, es decir, la separación del mineral de la roca a través de la utilización, en este caso, de químicos tóxicos. Antes de que terminen su mandato, el cuerpo de concejales de la intendencia a cargo de Walter Fonseca sancionó dicha ordenanza, pero limitada sólo a la planta urbana de Loncopué.

Como ya se mencionó previamente, la posible explotación minera se llevaría a cabo a las afueras de la ciudad, por lo tanto, la ordenanza no tendría valor alguno. Es por esto que los vecinos de Loncopué impulsores del proyecto la rechazaron y reclamaron que se convoque a referéndum popular, según lo establecido en la ley provincial 53.

El 10 de Diciembre de 2011 asume la intendencia María Villone, quien, junto a los 7 concejales, impulsa la realización de las elecciones y ponen como fecha de las mismas el día 6 de mayo. Tiempo después toman conciencia de que el plazo es muy corto, por lo que el Concejo Deliberante, junto a la intendenta, el abogado Cristian Hendrickse (miembro de AVAL), y los vecinos impulsores del referéndum, identificados como “Mesa del Sí”, establecieron, sin darle lugar a opinión a los identificados como Mesa del No o pro mina, el día 3 de junio como fecha de realización.

En dicha elección, el 82 por ciento de los votantes manifestaron su intención de que se promueva la ordenanza 1054/2012 que prohíbe lo mismo que la anterior, pero sobre el territorio del departamento Loncopué, protegiendo, ahora sí, la zona involucrada.

Valor legal de la ordenanza

La ordenanza tiene contradicciones y errores que hacen peligrar su aplicación. Por esto, el Gobierno Provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentó, el pasado 13 de junio, una acción de inconstitucionalidad frente al Superior Tribunal de Justicia, contra dos artículos y el anexo I del documento, que, según este organismo viola 13 artículos de la Constitución Provincial y 5 de la Constitución Nacional.

El artículo 311 de la Constitución establece que  “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas la materia tributaria y aquellas que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante”.

En contradicción a este artículo constitucional el Concejo Deliberante del pueblo declaró al acto eleccionario de carácter vinculante y obligatorio avasallando con poderes y leyes tanto provinciales como nacionales.
El gobernador Sapag sostuvo que “la democracia es la expresión libre de las opiniones y de las ideas, pero una cosa es expresarlas libremente, como en el caso de Loncopué con respecto a la minería a gran escala y otra cosa es querer darle a estas opiniones el sentido de vinculante y obligatorio”, y agregó que el haber categorizado de esta manera al sufragio “es un conflicto de poderes porque nosotros no podemos pretender que con el argumento de la autonomía municipal se avance sobre la autonomía provincial o la soberanía Nacional”.

Por su parte, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, manifestó que ”de considerarse legítimo el actuar de las autoridades municipales de Loncopué se convalidaría que municipios de segunda categoría detenten competencias no asignadas, sin limitaciones ni controles orgánico-funcionales de ninguna naturaleza, y con una discrecionalidad absoluta y un total desapego del marco jurídico en la provincia”.

Otro grave error es que el territorio donde se pretende establecer la empresa minera se ubica fuera del ejido municipal, por lo tanto, cualquier documento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con respecto a este tema, como es el caso de la ordenanza 1054/2012, no tendrá valor alguno, ya que éstos sólo ejercen su poder sobre la localidad de Loncopué y no sobre el departamento.

Un dato llamativo, pero no menor, es que la ordenanza llama a votación a los “ciudadanos inscriptos en el padrón electoral del ejido municipal de Loncopué”, presentando aquí una gran contradicción al dejar sin voz ni voto a las personas que no habitan en el casco urbano, entre ellos a los más perjudicados, los habitantes de Campana Mahuida.
Un Gobierno incapaz y con grandes problemas de comunicación, una localidad que no quiere sus aguas contaminadas, pero tampoco dialogar, y una ordenanza poco válida en términos legales son los protagonistas de esta historia que, claramente, no terminó en el poético acto eleccionario del último 3 de junio.

Aquel multitudinario desierto conquistado

Acompañanos en un sobrevuelo bien rasante y veloz por un pedazo de la historia argentina que nos marcó como pocos otros. La mal llamada Conquista del Desierto encabezada por el personaje de los billetes violetas en las palabras de los protagonistas.  

Ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando del General Julio A. Roca, de Juan Manuel Blanes

 

Imagínese estar por el barrio porteño de Caballito, y usted, amante del fútbol no tiene mejor idea que ir a visitar la cancha de Ferrocarril Oeste. Es día de partido y a unas cuadras ya siente el griterío, al estar frente a él lo ve completamente lleno: las entradas están completamente agotadas y los 24 mil lugares están ocupados. Sonríe y sigue su camino. Pero al hacer unos metros un completo desconocido –de barba larga, bigote tupido y ya entrado en años- le dice con total naturalidad: “no hay nadie en el estadio eh, ¡ni un alma!”. Lo ignora y prosigue, un loco más, píensa. Sin embargo, hace 120 años un loco con las mismas descripciones nos hizo creer que 24 mil indígenas constituían un “desierto”. Así, en esta nota nos encargaremos de esos prisioneros que a pesar de ser invisibilizados tuvieron un destino, trágico destino de muerte.

“El año 1879 (…) ha visto realizarse un  acontecimiento cuyas consecuencias sobre la historia nacional obligan más la gratitud de las generaciones venideras que la de la presente (…).Ese acontecimiento es la supresión de los indios ladrones que ocupaban el Sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos: es la campaña llevada a cabo con acierto y energía, que ha dado por resultado la ocupación de la línea del Rio Negro y del Neuquen.”[i]

Con estas líneas se iniciaba el “Informe de la Comisión Científica Agregada al Estado Mayor General de la Expediciónal Río Negro (Patagonia)” ordenada por el mismísimo Julio Argentino Roca en 1879 para dar cuentas al Congreso de la Nación sobre su grandiosa gesta civilizatoria.

¿Qué nos cuenta el propio Roca acerca de los prisioneros? Terminada la conquista, en ambas Cámaras mostraba los resultados: 1271 “indios de lanza” incorporados al Ejército Nacional o a la Marina, 600 “indios fueron enviados a Tucumán, con destino la zafra” y “muchas mujeres y niños distribuidas en el seno de familias que los solicitaban, con intervención de la Sociedad Benéfica y el Defensor de menores”[ii].

Por ahora la cuenta nos cierra que sabemos que dos mil terminaron ya sea incorporadas a las Fuerzas Armadas encargadas del propio exterminio y despojo de las comunidades, otras tantas como mano de obra servil en los ingenios azucareros tucumanos. Sobre las “muchas” mujeres y niños, lo mismo, separadas de sus familias se convertirían en servidumbre para las altas casas de la elite.

Darío Aranda en Argentina Originaria, nos cuenta que otros tres mil fueron esparcidos por Mendoza para trabajar en el área vitivinícola.

Pero sin dudas, el destino más terrible que podían tener eran los –lisos y llanos- campos de concentración, desplegados por todo el país: Junin de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y, el más terrible de todos, La Isla Martín García.

Las cuentas bautismales permiten contar 825 indígenas que allí fueron depositadas en 1879. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Alexis Papazian, que forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García[iii].

Entonces para 1879 los resultados eran claros: primero, conquistados a punta de lanza, luego obligados a dejar sus tierras, ganado, cultivos y propiedades. Si sobrevivían al viaje, no les esperaba mucho más que el trabajo servil en hogares aristócratas, campos de hacendados o en un Ejército genocida. ¿Y todo por qué? Dejemos que Roca responda solo: “Dicen que dilapido la tierra pública, que la doy al dominio de capitales extranjeros: sirvo al país en la medida de mis capacidades. (Carlos) Pellegrini mismo acaba de escribirme que la venta de 24 mil leguas sería instalar una nueva Irlanda en la Argentina. ¿Pero no es mejor que estas tierras las explote el enérgico sajón y no que sigan bajo la incuria del tehuelche?”[iv]

Por si queda alguna duda, entre 1800 personas se repartieron los 42 millones de hectáreas de las tierras conquistadas, total equivalente a 30 veces el tamaño de Inglaterra.