El subsidio de los artistas

La comunidad de la danza tiene necesidades postergadas por más de un siglo. Los propios artistas se hicieron cargo de pensar políticas para el área y elaboraron la Ley Nacional de Danza, que llegó al Congreso el pasado septiembre.

“Profundizar la democracia” es una fórmula que suele emplearse para referirse a la realidad política de nuestro país. Se habla de mecanismos de participación más directa, de un control ciudadano de los gobernantes, de reforma de los Poderes y de transparencia institucional. Pero, ¿por dónde empezar a hablar cuando se trata de prácticas tan enquistadas, de “reglas de juego” implícitas del aparato estatal? ¿Cuántos son los agujeros negros en el conocimiento de nuestra propia sociedad y su funcionamiento? ¿En dónde buscar la “letra chica” que rige los manejos solapados de nuestros funcionarios?

En este caso, hablamos de legislación y de un proyecto de ley en particular: la Ley Nacional de Danza. En 1994, con la reforma constitucional, se introdujo en el artículo 39 la llamada “Iniciativa Popular”, mediante la cual cualquier ciudadano puede presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Para ello, debe reunir las firmas del 1,5% del padrón electoral utilizado en las últimas elecciones de diputados nacionales. Estamos hablando de un número aproximado de 500.000 personas. Aunque el porcentaje requerido parezca lógico, deja en una situación extraña a ciertas minorías o colectivos específicos cuyas problemáticas no son comprendidas, siquiera conocidas, por el resto de la sociedad. Es ese vacío el que hace las veces de empujón para la formación de alianzas, deseables o no. Aun de alcanzarse la cifra o de encontrar alternativas para la presentación del proyecto, cabe preguntarse si como ciudadanos estamos preparados para emprender semejante empresa como la que requiere la redacción de una ley. Una tarea de un valor central en nuestra sociedad, se nos presenta como una realidad del todo ajena. Muy desdibujada está la estereotipada imagen del ciudadano que sube las escaleras del Congreso con una ley enrollada bajo el brazo.

La comunidad de la danza tiene necesidades postergadas por más de un siglo. En situación de desprotección y desregularización, los artistas del movimiento se desplazan como puntos ciegos ante los ojos del Estado. Ya desde el 2007, se viene gestando un proceso arduo que culmina con la presentación del proyecto de la Ley Nacional de Danza en la Comisión de Cultura del Congreso en septiembre del año pasado. Hace 5 años, parecía que una oportunidad se abría para mejorar esta realidad. El entonces Ministro de Cultura, el Dr. Gustavo López (hoy Subsecretario General de la Nación) hizo una convocatoria a la Casa Rosada abierta a toda la comunidad de la danza, motorizada por el trabajo de Marcelo Isse Moyano, quien siempre estuvo vinculado a los debates relacionados con la legislación para la danza. Este repentino interés llenó la vereda de Balcarce 50 con gente de distintos puntos del país. Sin embargo, pronto se desvaneció. Solo unos pocos pudieron entrar a la reunión en la que se expusieron las demandas y luego de esto, nada más pasó. El interés se había perdido.

Entonces, estuvo claro, se tenían que hacer cargo ellos mismos y rebuscárselas. Como están acostumbrados a hacerlo. Comenzaron a reunirse en asambleas en el Centro Cultural de la Cooperación para discutir las problemáticas y aunar las fuerzas. Esta iniciativa transversal e independiente era una experiencia bastante inédita para un colectivo que funciona de forma fragmentada, con diversos organismos que no siempre cohesionan entre sí. Pero pronto, el quorum comenzó a disminuir y se formó un embudo que culminó en tres mujeres de la danza, que conformaron el Grupo por la Ley Nacional de danza: Mariela Ruggeri, que a su vez coordina desde 2013 el Área de Danza en el Centro Cultural de la Cooperación; Eugenia Schvartzman, que milita en Proyecto Sur; y María Noel Sbodio, que también es socióloga y en ese momento era asesora del diputado socialista Miguel Ángel Barrios. A partir de sus trayectorias diversas, iniciaron un trabajo que duró varios años, con el aval de distintas asociaciones y profesionales del país. Ruggeri cuenta: “Continuamos las tres y vino la parte más dura del trabajo. Que fue darle forma real y concreta a toda la información que se había recolectado, empezar a estudiar estrategias de otros lugares, otras leyes que excedan a la del Instituto Nacional del Teatro, que inicialmente tomamos como modelo. Nos reunimos con Alejandro Robino que había estado en la creación del proyecto de esa ley y hoy tiene una visión muy crítica. También con el Director Administrativo de Iberescena, Guillermo Heras Toledo, que también fue responsable del Plan Estratégico para la Danza en España. Nos reunimos con economistas, con constitucionalistas. Llegaban puntos en que nos encontrábamos ante un abismo y nosotras no lo podíamos resolver”.

El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados en septiembre del año, la presentación fue realizada por mesa de entradas como “Comunidad de la Danza”. Ruggeri advierte que en el proyecto de ley hay un programa federal y en su fundamentación encontramos que: “La danza, en sus diversos géneros y manifestaciones, por su valor social y por constituir un factor esencial en el desarrollo de la cultura al ser creadora de valor simbólico, será objeto de promoción, estímulo y apoyo del Estado”. Uno de los principales puntos es la creación del Instituto Nacional de Danza (IND), encargado de desarrollar las políticas estratégicas para la danza. Deberá brindar apoyo financiero a la creación y producción de la danza no oficial, a salas no oficiales que se dediquen a la danza, a la investigación teórica, técnica y artística y a la formación y perfeccionamiento de coreógrafos, intérpretes, investigadores, docentes, gestores y productores de danza. Contempla la segmentación de seis regiones culturales, para atender a las necesidades y dinámicas de cada lugar, y la creación de circuitos culturales que fomenten la distribución de la danza. Otro de los tópicos atiende a la difusión y se propone la creación de un canal de televisión para el IND, así como un espacio dedicado a la danza en los medios estatales. Esto viene a saldar una deuda que no atañe a lo económico. Tiene que haber políticas culturales que apoyen a la danza con la construcción de hábitos culturales, con la creación de espectadores a través de la presencia de la danza en los medios de comunicación y en el sistema educativo.

Como un eje transversal, en la ley se propone una concepción del artista de la danza como trabajador. Respecto de esto, Mariela Queraltó, de la Dirección de Danza de la Secretaría de Cultura de la Nación, alerta: “Los artistas de este medio deben concientizarse de que son trabajadores, y como tales tienen derechos laborales inalienables. Son trabajadores porque crean sentido en el universo cultural y, por lo tanto, deben ser respetados y considerados. Me da bronca que a los artistas del movimiento se les suele ofrecer una sala de ensayo, pero también gratis se vuelve su trabajo. En cambio, por ejemplo, a los músicos, si no les pagás lo que estipula el SADEM, no tocan una nota, ni en ensayos ni en espectáculos. Me parece bien: para eso lucharon. Pero los bailarines no tienen ese respaldo. Un bailarín invierte tiempo en su formación, dinero en capacitarse, como cualquier otro profesional… Las nuevas generaciones tienen que tener esto muy presente, para lograr un lugar en el medio cultural de nuestro país. El artista del movimiento aún tiene mucho para decir y hacer”[1] Sobre esta falta de amparo jurídico en la profesión del bailarín, Mariela Ruggeri comparte y agrega: “No estamos considerados ni autoconsiderados como sujetos de derecho”. A su vez, expone una preocupación que es compartida: “No sé de qué me voy a jubilar”. Esta profesión requiere una contante entrega del cuerpo y, a su vez, que los artistas sigan bailando y enseñando hasta muy entrada la vejez para escaparle al desamparo o la búsqueda de una actividad alternativa a la danza para poder mantenerse.

Para la formación, encontramos en el ámbito público al Instituto Universitario del Arte, el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, entre otras tecnicaturas y escuelas en las diferentes provincias. Y es un fenómeno de público conocimiento que estas instituciones suelen contar con una cantidad abultada de alumnos. Pareciera que es cada vez más la gente que elige el arte como medio de vida, y en particular la danza. Ruggeri nos advierte sobre el problema que se oculta detrás de esto: “Si el Estado sostiene esta cantidad de organismos para la formación de artistas y con un perfil más académico, es porque hubo un proyecto para poner eso en marcha. Pero el proyecto no puede terminar cuando el artista pisó la calle, falta una parte: ¿en qué campo se inserta ese artista? Es una falencia grosera. No podemos seguir con un pensamiento neorromántico, porque no va. En todo caso, la bohemia puede ser una elección personal. Pero hay que generar políticas que permitan un desarrollo sustentable, porque estamos hablando de personas que no pueden hipotecar la vida de esa manera.” También nos recuerda otro de los objetivos de la ley, que tiene que ver con diferenciar las necesidades de las múltiples danzas que conviven en nuestro país: “No hay una sola danza, hay muchas danzas, y cada una tiene su particularidad. Entonces, la danza de investigación que no replica solamente un repertorio, tiene necesidades distintas que la danza clásica que requiere una explotación máxima del cuerpo que responde a un ideal social de belleza. El problema es que el que está investigando, intentando mover un poco la estructura, no tiene recursos. (Y tampoco lo tiene el clásico, el folclore, y demás). Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que laburar para vivir, y la investigación, si puede, la tiene que hacer ad honorem”.

Esta última denuncia nos lleva directamente a repensar los términos de la independencia en el arte. No es necesario agregar demasiado sobre sus bondades, respecto de la libertad en el proceso creativo, si pensamos en el arte como un lugar para expandir nuestra conciencia, para cuestionarnos a nosotros mismos y pensarnos de otro modo. Sin embargo, esta independencia oculta la precariedad en el trabajo y la falta de recursos económicos que financien los proyectos. Los artistas se convierten así en sus propios gestores: “Hay una nueva ola que es la del artista – gestor, y está re bien visto. Pero yo puedo gestionar recursos donde hay un campo fértil y donde hay una coherencia en los programas de esa oferta, pero ¿gestor de qué? ¿De mi propia pobreza? Ante esta situación se producen distintas reacciones: la migración, el bailarín o bailarina que puede migra para buscar más chances; la desidia, es decir que después de años de estudio, se cambia de profesión; o elegimos una carrera paralela que tenga que ver con lo corporal que y nos permita subsistir. Mientras, subsidiamos al Estado y a la sociedad con lo que creamos. Nosotros somos los que estamos subsidiando”, dispara Ruggeri.

Por estos tiempos, se debe reestablecer el contacto con la Comisión de Cultura (pasado ya el verano) y acordar los días para ir a trabajar sobre el proyecto con asesores de los diputados. Finalmente, llegará el tratamiento. Es un proyecto que tiene tres despachos, debe pasar por Comisión de Cultura, de Educación y (la más temida) de Presupuesto. Mariela Ruggeri nos deja un mensaje: “Tiene que haber gente que pelee para que eso suceda. Ahora es el momento para que esté el apoyo de todos, tiene que estar en la agenda de todas las organizaciones, de todos los grupos. Nadie te va a sancionar una ley porque bailes lindo. Esto hay que ponerlo en manos de los jóvenes, porque en la gente grande aunque hay experiencia hay un cansancio lógico. Y sobre todo, esto hay que ponerlo en boca y en piel y en huesos, porque estamos hablando del cuerpo”.


[1] Melgar, Analía. “Panorama de la danza en la Argentina, siglo XXI”. La revista del CCC [en línea]. Septiembre / Diciembre 2011, n° 13. [citado 2013-04-15]. Disponible en Internet: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/283/. ISSN 1851-3263.