Armada

El juicio por el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya se carga con todos los condimentos para el armado de una versión de los hechos. Testigos desconocidos, amigos amenazados, perejiles y encubrimientos. La abogada Verónica Heredia y la madre Julieta Vinaya explican cómo se armó la causa.  

El 15 de junio de 2008 el joven Atahualpa Martínez Vinaya fue encontrado muerto en las afueras de Viedma, con un tiro en la espalda. Las pericias demostraron que fue llevado hasta un descampado desde el centro de la ciudad, más precisamente desde el bar Mi loca donde tomaba una cerveza con un amigo y se lo vio con vida por última vez. La versión del amigo es extraña: se va al baño y cuando vuelve Atahualpa ya no estaba sentado en la mesa; y eso que acababan de pedir una pizza. Los mozos completan que, en ese momento, los dos patovicas del lugar habían ido al baño porque “alguien estaba consumiendo”. Así, nadie lo vio salir del bar ese domingo cerca de las 6 de la mañana.

Atahualpa tenía 19 años, era un joven morocho de metro noventa, ascendencia mapuche-aymara y vivía en el barrio Lavalle de Viedma junto a su madre y sus hermanos. Hacía trabajo social levantando casas y ayudando a los pibes a salir de la calle y los vicios, y proyectaba viajar a Cuba en 2009 para estudiar medicina. Grandote y bonachón, así lo recuerdan todos quienes lo caracterizan.

Sin prontuario ni relaciones que lo involucren, el caso de Atahualpa permaneció inexplicable durante cuatro años hasta que en 2012 una serie de movimientos extraños en la causa determinaron la imputación de tres personas como autores del asesinato pero sin explicaciones sobre el cómo, el dónde y el por qué. Este 23 de octubre se les dará sentencia, mientras la familia desconfía de una causa armada y de las complicidades policiales, judiciales y políticas para encubrir, desviar y cerrar el caso para que no se sepa qué pasó verdaderamente con Atahualpa.

Las amenazas: aislar a la familia

Durante cuatro años, la causa estuvo apuntada a investigar al círculo del asesinado, su familia y amigos. “A uno de los amigos, cada vez que lo veían en la calle, la policía lo subía a un patrullero y se lo llevaba preguntándole si había recordado qué había pasado esa noche”, cuenta Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa, tan solo uno de los ejemplos que saltó en las audiencias del juicio. “Y el día que tuvo que declarar, también: lo levantan de la casa y lo llevan al juzgado en pijama”. Julieta se da cuenta, ahora, por qué todos los amigos de Atahualpa se fueron alejando: “Claro, ¿cómo se iban a quedar si estaban todos amenazados?”.

Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.
Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.

Por eso tampoco hubo testigos voluntarios que supieran cómo había salido Atahualpa del boliche: “Si la gente no habla es porque tiene temor, y eso es porque alguna fuerza de miedo estuvo presente”, interpreta.

Acceso ilegal a la causa: la fuga de datos

“En dos ocasiones tanto el gobierno como la policía nos filtraron información que era pescado podrido pero bien direccionada, como si hubieran leído la causa”. Julieta se refiere a la declaración que salió a la luz del ex jefe de la Brigada de Investigaciones Alfredo Sosa, quien trabajó el caso Atahualpa y contó que el policía Hernán Toloy – de la oficina de Análisis Delictual y con acceso a esta información- fugaba información a “gente vinculada al narcotráfico”. Un hombre que aparece en la causa como un fantasma es Leandro Midenberger, detenido en 2013 por tenencia de marihuana y cocaína en cantidades, señalado por el comisario Sosa como la persona a la que se le filtraba información y también por uno de los imputados como el responsable de la coartada. Mildenberger vendría a ser el narco bien posicionado en el entramado político y judicial, y por eso impune. “Estimo que la fuga de información no sólo se dio desde el sector policial, sino también judicial”, declaró el comisario Sosa.

Estas irregularidades motivaron a que la familia reclamara que las fojas de la causa (cerca de 4 mil) se circunscribieran a tan sólo un jefe policial y, a la vez, denunciara al fiscal del caso Ricardo Falca. Finalmente la causa recayó en la abogada Daniela Zagari.

Cambio de fiscal: de la inacción a la coartada

El cambio de fiscal coincide con el recibimiento de Aníbal Fernández, entonces Ministro de Justicia, a Julieta Vinaya, que motivó un cambio abrupto – y llamativo- en la línea de investigación. La fiscal Zagari propuso empezar todo de cero. Retoma entonces la pista de una campera secuestrada durante un operativo en el barrio de Atahualpa, manchada de sangre, sobre la que los peritajes ya se habían hecho en 2008, sin resultados llamativos. “La fiscal decide esta vez cruzar el ADN no con el dueño de la campera sino con uno de sus amigos, y ahí le da positivo”, explica Laura Vinaya, la prima, según la versión de la fiscalía. Así la causa da un vuelco inesperado y directo: la prueba motiva las detenciones de Felipe Carrasco – dueño de la campera-, Carlos Morales Toledo – quien saltó en el ADN- y Belén Fernández Barrientos – pareja de Toledo-, tres personas del barrio Lavalle que Julieta vincula a ventas minoristas de drogas.

¿Por qué la campera? No se sabe. Hallazgo de la fiscal o puntapié para la coartada, lo cierto es que toda la causa tomó impulso a partir de esa prueba que había quedado desestimada desde el 2008 en que se tomaron los ADN, y reflotada cuatro años después, 2012.

Los tres acusados negaron de movida su vinculación con el hecho. Julieta: “Dijeron que se enteraron del caso por televisión, y que no conocían a Atahualpa. Eso es mentira, porque somos todos del mismo barrio”.

Sin embargo los detenidos siguieron apelando a su inocencia y dieron a conocer una carta de puño y letra en la cual denunciaban “un circo armado por la policía”. La carta sugería la teoría de una causa armada donde ellos serían los perejiles. Vinaya: “Decían que la Justicia los obligaba a declararse culpables”.

El imputado Carrasco, particularmente, se encargó de declarar en el juicio: “Pido que toda la familia de Atahualpa Martínez esté en el juicio ya que en esta causa hay manos deshonestas que no quieren que ese sepa la verdad”. Y reiteró que su imputación se debía a “la policía corrupta”.

Verónica Heredia, abogada de derechos humanos que asesoró a la familia, cuenta cómo se comportaron jurídicamente los acusados: “Todos los escritos que van presentando estas personas a través de sus abogados denuncian que durante el allanamiento en el que supuestamente encontraron la campera no estuvieron presentes. Eso es así, y le pregunté a Julieta y es verdad. Los abogados dicen que ese procedimiento es nulo, y es verdad. Si son o no, si tienen algún tipo de responsabilidad, lo cierto es que en el proceso de un estado de derecho no se respetó”.

La familia, en la encrucijada: “Sabemos que estos tipos no son unos santos, pero no tenían ninguna vinculación para matar a Atahualpa. Y nosotros sí tenemos razones para desconfiar de la policía y de la Justicia”, dice Julieta.

Recortar los testigos

Se sucedieron entonces una serie de declaraciones de forma desprolija: desestimaron a testigos de la causa y llamaron a otros que no tenían vinculación directa. Julieta: “Vino una persona que era el amigo del amigo que ni siquiera conocía a Atahualpa. Había personas que citaron que ni siquiera sabían por qué; otras que se equivocaron porque tenían el mismo apellido… Así, de cuarta”. De esta manera transcurren las jornadas de este juicio desdibujado.

Comer o defender, cuestión del abogado

A todo esto, surgió un enemigo impensado: el propio abogado de la familia, Diego Sachetti, quien venía quedando en offside ante las desprolijidades de la causa. “Yo ya estaba muy enojada y cuando falta a una reunión que teníamos pactada, lo voy a buscar y le digo: es importante tu estudio, es importante tu familia, es importante tu facultad, pero evidentemente Atahualpa no está entre tus prioridades. Y me dice: Atahualpa es importante pero no me da de comer. Ahí me terminó de cerrar todo”.

Separación entre causa y juicio

La familia solicitó entonces a la Asociación Gremial de Abogados que se haga cargo de la causa, en especial a Verónica Heredia, abogada de derechos humanos conocida por llevar a la Corte Interamericana el caso de Iván Torres – acaso el primer denunciado por desaparición forzada en 2003-, otros de gatillo fácil y hasta la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “En ese momento la causa parecía un caso resuelto: fueron estos tres tipos. Pero para mí no lo era: yo quería que me digan por qué asesinaron a mi hijo. La fiscal me decía: bueno, eso lo vamos a ver en el juicio. Yo pensaba que por ahí era cierto”, dice Julieta.

La abogada Heredia: “El juicio no es para saber qué paso, un juicio oral y publico es para que el Ministerio Público Fiscal pruebe su teoría del caso, pruebe que lo que el dijo que era cierto, es cierto, repasando las pruebas”.

Dejar afuera a la familia: terreno llano para la fiscal

Julieta: “Cuando le llevamos todo el expediente a Verónica, lo lee y me dice que había quedado afuera de la causa en junio del 2013, que ya no era querellante porque el abogado de ese momento tenía que hacer unas presentaciones legales que no hizo y se vencieron los plazos”.

Situación: la madre afuera de la causa que investiga la muerte de su hijo. “Legalmente, quedó acusando la fiscal sin nosotros. Pero lo más loco es que hasta ese momento me seguían llegando las cédulas de notificación como querellante”.

Verónica Heredia cuenta que le bastó leer la imputación de la fiscal para darse cuenta que había algo raro: “Cuando leo la acusación de la fiscal, ya en la primer renglón dice que Atahualpa fue asesinado entre las 4 y las 9 de la mañana con un disparo de un calibre 22 corto o largo por tres personas en calidad de autor. Esto es imposible: que tres personas hagan un disparo y sin saber en qué hora, ni cuándo, ni por qué”.

Julieta: “Verónica me llama y me dice: esto está armado. ¿Cómo que está armado? Sí, en este juicio no se va a saber esto que vos querés, y van a quedar presas estas personas”.

La abogada Heredia menciona sin embargo que quedar afuera de este juicio armado resultó, a la larga, beneficioso: “Antes de convalidar un juicio de estas características con la presencia en esta escena con imputados, jueces y Julieta sentada, directamente mejor no estar presente”. Por eso, este 23 de octubre en que la Justicia dará su veredicto, ellas eligen hacer su propio juicio a las puertas del tribunal para “juzgar a la Justicia”.

Verónica Heredia aplica una lectura que pone este caso particular en su dimensión provincial y sureña sobre cómo se investiga al poder: “El Ministerio Público Fiscal no tiene herramientas para investigar sino es de la mano de la policía. Cualquier investigación empieza y continúa desde la policía. Con lo cual, si hay una sospecha de participación o de encubrimiento de funcionarios policiales, el Ministerio Público Fiscal no lo puede investigar. Y la policía es el ejecutivo, es el poder político. Entonces el poder judicial no puede investigar justamente al poder. Esto se reproduce en la provincia de Rio Negro, de Neuquén, de Santa Cruz, de Buenos Aires: es una lógica propia del estado”.

Aquel multitudinario desierto conquistado

Acompañanos en un sobrevuelo bien rasante y veloz por un pedazo de la historia argentina que nos marcó como pocos otros. La mal llamada Conquista del Desierto encabezada por el personaje de los billetes violetas en las palabras de los protagonistas.  

Ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando del General Julio A. Roca, de Juan Manuel Blanes

 

Imagínese estar por el barrio porteño de Caballito, y usted, amante del fútbol no tiene mejor idea que ir a visitar la cancha de Ferrocarril Oeste. Es día de partido y a unas cuadras ya siente el griterío, al estar frente a él lo ve completamente lleno: las entradas están completamente agotadas y los 24 mil lugares están ocupados. Sonríe y sigue su camino. Pero al hacer unos metros un completo desconocido –de barba larga, bigote tupido y ya entrado en años- le dice con total naturalidad: “no hay nadie en el estadio eh, ¡ni un alma!”. Lo ignora y prosigue, un loco más, píensa. Sin embargo, hace 120 años un loco con las mismas descripciones nos hizo creer que 24 mil indígenas constituían un “desierto”. Así, en esta nota nos encargaremos de esos prisioneros que a pesar de ser invisibilizados tuvieron un destino, trágico destino de muerte.

“El año 1879 (…) ha visto realizarse un  acontecimiento cuyas consecuencias sobre la historia nacional obligan más la gratitud de las generaciones venideras que la de la presente (…).Ese acontecimiento es la supresión de los indios ladrones que ocupaban el Sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos: es la campaña llevada a cabo con acierto y energía, que ha dado por resultado la ocupación de la línea del Rio Negro y del Neuquen.”[i]

Con estas líneas se iniciaba el “Informe de la Comisión Científica Agregada al Estado Mayor General de la Expediciónal Río Negro (Patagonia)” ordenada por el mismísimo Julio Argentino Roca en 1879 para dar cuentas al Congreso de la Nación sobre su grandiosa gesta civilizatoria.

¿Qué nos cuenta el propio Roca acerca de los prisioneros? Terminada la conquista, en ambas Cámaras mostraba los resultados: 1271 “indios de lanza” incorporados al Ejército Nacional o a la Marina, 600 “indios fueron enviados a Tucumán, con destino la zafra” y “muchas mujeres y niños distribuidas en el seno de familias que los solicitaban, con intervención de la Sociedad Benéfica y el Defensor de menores”[ii].

Por ahora la cuenta nos cierra que sabemos que dos mil terminaron ya sea incorporadas a las Fuerzas Armadas encargadas del propio exterminio y despojo de las comunidades, otras tantas como mano de obra servil en los ingenios azucareros tucumanos. Sobre las “muchas” mujeres y niños, lo mismo, separadas de sus familias se convertirían en servidumbre para las altas casas de la elite.

Darío Aranda en Argentina Originaria, nos cuenta que otros tres mil fueron esparcidos por Mendoza para trabajar en el área vitivinícola.

Pero sin dudas, el destino más terrible que podían tener eran los –lisos y llanos- campos de concentración, desplegados por todo el país: Junin de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y, el más terrible de todos, La Isla Martín García.

Las cuentas bautismales permiten contar 825 indígenas que allí fueron depositadas en 1879. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Alexis Papazian, que forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García[iii].

Entonces para 1879 los resultados eran claros: primero, conquistados a punta de lanza, luego obligados a dejar sus tierras, ganado, cultivos y propiedades. Si sobrevivían al viaje, no les esperaba mucho más que el trabajo servil en hogares aristócratas, campos de hacendados o en un Ejército genocida. ¿Y todo por qué? Dejemos que Roca responda solo: “Dicen que dilapido la tierra pública, que la doy al dominio de capitales extranjeros: sirvo al país en la medida de mis capacidades. (Carlos) Pellegrini mismo acaba de escribirme que la venta de 24 mil leguas sería instalar una nueva Irlanda en la Argentina. ¿Pero no es mejor que estas tierras las explote el enérgico sajón y no que sigan bajo la incuria del tehuelche?”[iv]

Por si queda alguna duda, entre 1800 personas se repartieron los 42 millones de hectáreas de las tierras conquistadas, total equivalente a 30 veces el tamaño de Inglaterra.

A 5 años del asesinato de Carlos Fuentealba

Desde ese cartucho de gas que le rompió la cabeza al maestro en medio de una represión a docentes organizada, mentada y bancada por unos cuantos con mucho poder. Hasta hoy, cuando esa gente tan importante como inescrupulosa pretende deligarse de responsabilidades y cerrar la causa haciendo creer que se trató de un hecho aíslado. Cada día: Fuentealba Presente.

Aproximadamente mil docentes neuquinos se habían agrupado, tras un mes de reclamos en diferentes formas, en Arroyito, ruta 22, a 45 kilómetros de la capital provincial, para cerrar los dos principales accesos hacia la turística cordillera. La misma ruta donde otro policía mató a Teresa Rodríguez el 12 de abril de 1977. Policía provincial y fuerzas especiales, con autos y civiles sin identificar habían llegado antes que los manifestantes. Raúl Pascuarelli, subsecretario de Seguridad de Neuquén, “en comunicación directa con Sobisch”, según Pablo Grisón, miembro de la Comisión Carlos Fuentealba Presente.
Lo primero, el aviso a Marcelo Guagliardo, Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén: “Tenés cinco minutos y te vas por las buenas o por las malas”. Después, la persecución a través de la ruta y hasta por los campos linderos, disparando balas de goma y lanzando gases. Un policía le llegó a disparar a un auto con su itaka. Cuando los maestros ya se habían reagrupado y estaban comenzando la vuelta, la policía quiso que ocuparan solo un carril. Volvió a reprimir. “Ya estaban transitando, exhaustos por los gases lacrimógenos, los dos kilómetros de corridas, la policía retomó la represión aún a los vehículos que ya estaban volviendo”, siguió, en declaraciones a canal Encuentro. Poblete se acercó al Fiat 147 y disparó su cartucho de gas, que rompió la luneta trasera y estalló contra la cabeza de Fuentealba. “¿Cuánto cobran para matar gente?”, gritó uno de los manifestantes como pudiendo tener la cabeza fría en ese mismo momento.
Sobisch, en cambio, un día después señaló: “Di una orden muy simple a la Policía: mantener despejada la ruta, pero cortaron el puente de Arroyito y dejaron incomunicada a la provincia”, y más: “una directiva bien clara y, al no haber un acuerdo, hubo un enfrentamiento, donde hubo ataques de ambos sectores”.
Después de pelearla, José Darío Poblete fue condenado a cadena perpetua por “homicidio calificado, por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función, con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía, en concurso ideal”, según el fallo.
Pero los maestros enseñan luchando, y justicia incompleta no es justicia. “Luchar por la justicia completa es luchar contra la impunidad, por una educación pública para todos”, dice la Comisión Carlos Presente de Buenos Aires.
La segunda etapa giró en torno a la renuncia de Sobisch. No solo no funcionó, sino que ese mismo año se presentó como candidato a presidente. Las urnas le dieron la espalda. “Él dio la orden, obviamente, para que esto se pudiera hacer de la manera que se hizo”, siguen. “Fue un escarmiento disciplinador para que cesaran las protestas obligadas por la situación de la provincia”, explica Sandra Rodríguez, la pareja de Carlos. “Sus declaraciones públicas eran una invitación a matar”, repite Guagliardo. Sandra mira para adelante conociendo bien lo ocurrido: “Argentina no puede tener este antecedente. Es una responsabilidad del Estado provincial y nacional hacer que todos los que tuvieron que ver con esto sean juzgados y condenados”, y agrega: “Tenemos, la familia y la sociedad, derecho a saber toda la verdad de lo ocurrido en Arroyito. Más que nada, en la causa Fuentealba I, se acusó al autor material de Poblete, pero su muerte fue resultado de todo un operativo de represión que tuvo la intencionalidad de matar. En el marco de eso, estamos pidiendo que si la fiscalía no investiga, podamos hacerlo por nuestra propia cuenta”
Gustavo Palmieri, abogado querellante, explicó más a Página12 en abril de 2010: “La responsabilidad que la querella particular busca que se investigue, lo cual no ha sucedido hasta el momento por la negativa del Ministerio Público de la provincia y por el juez (Cristian Piana), se refiere a las decisiones que debieron adoptarse para evitar el resultado fatal al que se llegó, teniendo en cuenta que, a partir de manifestaciones públicas del entonces gobernador Sobisch, fue él quien ordenó el operativo, envió a un funcionario de su directa vinculación al lugar de los hechos para que lo supervisara, y es dable suponer que se encontraba al tanto de lo que pasaba a cada instante. El propio funcionario que lo representaba así lo reconoció. Son varias las conductas posibles que deberían investigarse: disponer el uso de la fuerza pública a sus órdenes más allá de lo necesario de manera ilegítima; no tomar decisiones para que dicha medida ilegítima cesara en cuanto resultare injustificada; generar con esas omisiones y conductas un ‘aumento innecesario del riesgo’ para las personas que estaban en el lugar; además de analizar su actuación como el que tomó la decisión al mando de fuerzas de seguridad, trasgrediendo sus ‘deberes institucionales’ y con relación causal con el asesinato de Carlos Fuentealba”.

La Comisión Carlos Fuentealba Presente (Co.Ca.Pre) analizó: “Se conocieron dos datos político-judiciales, de cierta trascendencia para la causa. El primero de ellos es que el 14 de febrero la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por Ricardo Cancela, exabogado de Eduardo Badano y exdefensor de Sobisch, hoy premiado por Sapag, defensor del TSJ de Neuquén. El ex vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén fue depuesto por la legislatura de Neuquén por medio de un juicio político, al momento de ser juzgado era el presidente de dicho tribunal y el delfín sobischista en la justicia, junto a Cristian Piana, entro otros colonizadores del poder judicial neuquino. El segundo dato es que Jorge Sobisch fue inhabilitado para ocupar cargos políticos y partidarios, por la Justicia Federal, por el lapso de dos años”.
El juez de la causa, Juez Cristian Piana, había desvinculado de la causa al ex gobernador. Guagliardo: “No es un problema técnico. Que nadie se confunda, porque es un problema político. La cuestión es si la justicia de Neuquén sostiene principios jurídicos republicanos, democráticos y constitucionales o si acá la justicia está al servicio del poder político”. Sandra Rodríguez, a Página12, declaró: “Piana me mintió en la cara a mí en todo lo que tenía que ver con la causa Fuentealba II. Y nos mintió a todos porque él se olvida de lo que fue el juicio a Poblete, que fue un verdadero testimonio de lo que ocurrió el 4 de abril del año pasado. Allí quedó claro que fue un plan de acción totalmente planificado por la Policía de Sobisch y de los que estuvieron en Arroyito emitiendo órdenes, ejecutándolas y sumamente ligados a lo que fue su consecuencia: el fusilamiento público de Carlos”. “Este juez ha impedido casi desde el principio, mediante artilugios legales en algunos casos, casi todas las cosas que hemos pedido que se investiguen y citen. Y lo que es más grave aún, incluso nos ha ocultado información dentro del expediente, ocultando decisiones que él mismo tomaba, elaborando una estrategia que para nosotros es claramente de impunidad”, denunció.
Para colmo, en marzo de 2009, comenzaron las amenazas. El director de escuela Gabriel Pillado, cuyo testimonio fue clave para la condena a José Darío Poblete, denunció amenazas y golpes a él y a su mujer, Daniela Loume, docente: “Una persona con la que habíamos discutido porque habían intentado tapar un cartel (con la foto de Fuentealba) hacía dos días salió enardecida adonde estábamos estacionando nuestro coche y empezó a golpearme a mí en la cara y a darle patadas al vehículo”. “A mi mujer Daniela, quien estaba fuera del auto, la golpeó brutalmente. En este momento tiene desplazamiento de mandíbula y una fisura en la muñeca izquierda. Por supuesto que hicimos la denuncia en la Fiscalía de Investigaciones de la provincia y pedimos que se investigue el vínculo que tiene esta persona con las fuerzas policiales o parapoliciales donde trabaja, porque tenemos versiones que así lo indican”, declaró Pillado.
Marcela Roa, otra testigo: “Esto comenzó después del juicio por el asesinato de Carlos (Fuentealba), cuando comenzaron a seguirme en la zona de mi casa, en Cipolletti, con un auto Polo de color blanco y otro sin patente. Hice la denuncia y tuve custodia las 24 horas con policías uniformados. Y allí volvió a aparecer el Polo blanco, por lo que me saqué de encima esa ‘protección’. Entonces apareció un señor que me amenazó, diciendo que trabajaba para (el ex comisario) Aquiles González. Eso fue en diciembre y poco después, por suerte, dejé de verlo. Ya en febrero de este año comenzaron a circular patrulleros por mi casa, siguiéndome adonde fuera. Y después empezaron a perseguir a mi hijo de 18 años, acá en Neuquén, con autos de civil y con patrulleros en Río Negro. Por eso hago responsable a la Policía, tanto de Neuquén como de Cipolletti, por todo lo que nos pueda llegar a pasar a mí, a mi hijo y a cualquiera de nosotros”.
Marcelo Guagliardo: “Lo que está sucediendo está encuadrado en lo que fue el resultado de la causa ‘Fuentealba I’ y lo que puede llegar a hacerse con la llamada ‘Fuentealba II’. Se pretende amedrentar e intimidar a quienes han sido o serán testigos en un nuevo juicio, donde se tienen que juzgar las responsabilidades políticas por el asesinato de nuestro compañero, hace casi dos años. Por tanto, nuestro reclamo es que el gobierno y el gobernador (Jorge) Sapag son los responsables de garantizar a todos los testigos la seguridad”.
Hugo Papalardo, dirigente docente: durante una marcha de 10 mil personas, se produjo una represión con detenidos incluidos. “Cuando me detuvieron, un agente que me amenazaba con su escopeta me dijo ‘ahora vas a saber lo que es la dictadura’. Yo le contesté: ‘Ustedes son los asesinos de nuestro compañero Carlos Fuentealba’. Y este policía me dijo ‘Fuentealba está muerto… bien muerto. No existe, ¿entendiste?’, mientras me seguía golpeando en el piso, gritando ‘van a aprender de una vez por todas y no van a joder más’”.
A cinco años, este 4 de abril, como todos los que pasaron desde el fusilamiento, familiares, docentes, organizaciones políticas y de Derechos Humanos reclamarán justicia completa, con juicio y castigo para todos los responsables, para impedir desde bajo la impunidad de los de arriba.