Boom inmobiliario popular

Para poder tener sus casas, ocuparon los terrenos que un empresario decía suyos. La policía los reprimió mientras dormían. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley presentado por la Asamblea de Legítimos Ocupantes para expropiar esas tierras. Para que se promulgue solo falta la firma del Daniel Scioli. Aún a la espera.

Él es Rene Ramos Flores.

Rene Ramos Flores.
Rene Ramos Flores.

Y ahora va a tener su casa en los terrenos que Alberto Mattioli, mejor conocido como El estafador, El dueño de la mitad de La Plata, El que le roba hasta a los muertos, alquilaba ilegalmente.

Es que Alberto Mattioli, al frente de una “empresa familiar dedicada a emprendimientos inmobiliarios donde cuenta la persona como centro de atención con sus necesidades, deseos y requerimientos” -según lo indica su página web-, es en realidad una persona que se apropia de tierras que no son suyas, las alquila, y cuando vecinos de la zona intentan recuperar esas tierras para construir sus casas, los denuncia.

Así pasó en la localidad de Abasto, La Plata, en los terrenos ubicados entre las calles 520 a 530 y de 213 a 217.

Esas tierras fueron adquiridas en los años 60 por Zelindo Lentini, presidente del club Estudiantes de La Plata en la década del 80. Allí fundó y radicó la empresa Texlen, que quebró en el 2001 y empezó a contraer una deuda con el Estado. Lentini falleció en el 2007 y Mattioli, mediante un supuesto poder que Lentini le dejó y nunca presentó ante la Justicia, se declaró administrador de esos terrenos ociosos. Cercó el lugar y lo empezó a alquilar a quinteros.

Los terrenos desalojados.
Los terrenos desalojados.

El domingo 19 de abril vecinos de Abasto ingresaron a esos terrenos unidos en la Asamblea de Legítimos Ocupantes. Más de 300 familias entraron pacíficamente al predio, que no tenía alambrado, y empezaron a construir casillas improvisadas, algunas cerca de las tierras cultivadas por los quinteros pero sin afectar su producción. Mattioli, alegando que las familias estaban destruyendo la cosecha de sus inquilinos, denunció la ocupación.

¿Qué hizo el Poder Judicial con la denuncia de Mattioli? El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Pablo Raele, ordenó desalojar el predio. El juez Raele no le exigió a Mattioli los títulos de propiedad, ni contempló que las tierras no estaban alambradas y que la ocupación había sido pacífica, ni mucho menos reparó en que la vivienda es un derecho al que todos los habitantes de la Argentina deben acceder. No hizo nada de eso, sino que utilizó la fuerza, esa que la Constitución reserva sólo para el Estado, para preservar los negocios ilegales de un individuo. Resultado: la represión de 300 familias que intentaban recuperar un predio usurpado por este empresario.

El domingo 3 de mayo llegó a los vecinos la orden de desalojar el predio, dictada por el Juzgado de Garantías Nº 3. A pesar de que el juez Arias, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, había dispuesto una medida precautelar mediante la cual le ordenaba al Poder Ejecutivo de la Provincia que “se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo”. Mientras todo el barrio estaba militarizado por centenas de gendarmes de la bonaerense, hasta el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, se hizo presente en el lugar el miércoles 5 de mayo y afirmó que “en estas tierras no va haber represión y se construirá un plan de viviendas para todas y todos”.

Adalberto, miembro de la Asamblea, relata lo que pasó ese día luego de la visita de Mariotto: “Para nosotros el miércoles fue un día de celebración, terminamos la asamblea decidiendo qué nombre ponerle al barrio, muchos chicos volvieron porque habíamos decidido que el día de la posible represión no haya chicos, ni madres, ni ancianos. Esa gente volvió y a partir de las 5 de la mañana del jueves comenzó la represión”.

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El acampe de la Asamblea de Legítimos Ocupantes.

Ingresaron los efectivos de la policía Bonaerense: unos 600 oficiales. Más del doble de la cantidad de gente que dormía en ese momento en las casillas, algunas más improvisadas, de lona y plástico, y otras mejor plantadas, con paredes de madera. Ingresaron sin dar voz, ni pedir que abandonen la zona de forma pacífica. Pisaron a la gente que dormía, la patearon, dispararon. Asesinaron a los perros, prendieron fuego las pertenencias de los vecinos. A los que lograron escapar los persiguieron por entre los campos linderos. Hubo más de 30 heridos y trece personas terminaron detenidas, incluyendo al abogado que defiende a los legítimos ocupantes

Víctor, también miembro de la Asamblea, cuenta junto con Adalberto lo que pasó esa madrugada: “La zaña que tuvieron con nosotros no se puede explicar, hasta chicos lastimaron. Y no fue que entraron y nos desalojaron, nos corrieron hasta Ruta 2 y por el medio del campo. Como si fuéramos salvajes. En esta época es algo inentendible que hayan tratado a la gente así”.

Adalberto remata, categórico: “Lo principal acá en Abasto es la necesidad de vivienda que hay. La gran cantidad de gente que ocupó los terrenos trabaja y alquila, todo ese dinero volcado a la especulación inmobiliaria, volcado a la construcción de la propia casa. Se acaba el negocio de unos cuantos”.

Mirá bien estas caras, porque todos ellos juntos, le ganaron a la especulación privada, esa que no vive sin una mano del Poder Judicial.

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Ganaron porque después de los palos no se abatieron. Se reunieron y acamparon una semana sobre la calle 212. Hicieron asambleas, reuniones, festivales, marchas. Sostuvieron la lucha que venían llevando a cabo hacía meses, lucha que tiene como eje central el derecho a la vivienda digna.

Le ganaron porque agrupados en la Asamblea de Legítimos Ocupantes presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para expropiar esas tierras. Y lo lograron. El proyecto se aprobó el 13 de mayo. Ahora los terrenos que antes explotaba ilegalmente Mattioli “serán destinados al desarrollo de planes de vivienda, teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes (…) Los bienes expropiados por la presente ley se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes”.

Para que esta ley se promulgue necesita la firma del Daniel Scioli, que tiene diez dias para hacerlo, contando desde el 21 de mayo pasado. Mientras tanto los vecinos esperan. Algunos ya no tenían un lugar donde ir desde que empezó la toma, y aún no lo tienen. La Asamblea de Legítimos Ocupantes está acampando frente al predio. Las tierras siguen custodiadas por la policía. Por ahora las carpas del acampe son la casa de muchos vecinos del Abasto, y aunque el viento las vuele y el frio se cuele por las costuras, siguen plantadas firmes ante los terrenos que la Asamblea logró recuperar.

¿De quién es la información?

El qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh Felix Díaz está acampando en 9 de Julio y Avenida de Mayo desde el 14 de febrero. Reclama, con el apoyo de su pueblo, poder conocer sobre las obras del gobierno formoseño de Insfrán en territorio indígena. Del otro lado, reprimen.

Félix Díaz no cuenta detalles de las agresiones que sufrió su familia y la comunidad qom de la que es lider, especialmente desde el 13 de febrero. No naturaliza ni los insultos, ni las intimidaciones, ni las amenazas, ni los golpes. Los carga encima y se los lleva al hombro hasta la 9 de Julio y Avenida de Mayo, a un kilómetro de la Casa Rosada, uno del Congreso, uno de Tribunales y a 1341 de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh. Ahí, en medio de los Poderes del Estado, donde ya acampó en 2011 durante cuatro meses, aguanta otra vez desde el 14 de febrero. Ahí siente que más gente detiene un segundo la mirada en las banderas. Alguno que otro para a preguntar. Las reacciones son diversas. En la marcha del 18F, un hombre paró con el celular a la oreja, frente a la carpa de Félix, debajo de una enorme Wiphala y ubicó a su interlocutor: “Acá, donde están los indios”. Ante ese hombre también intenta Félix visibilizarse y dejar de ser el miserable al que están privando de agua, de información sobre sí mismo y su territorio.

Estaba ya en Buenos Aires para hacer gestiones ante organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales para conseguir información sobre las obras que está haciendo el gobierno provincial formoseño presidido por Gildo Insfrán en la comunidad desde hace más de cuatro años. El 14 de febrero lo sorprendieron llamados contándole que estaba tomando envión un espiral de agresiones en su comunidad.  Hacía varios días que la comunidad estaba haciendo un corte de la Ruta Nacional 86 kilómetro 1341.

En ese mismo lugar, el 23 de noviembre de 2010 fue asesinado Roberto López durante la represión a los qom que reclamaban por tierras ancestrales. Desde entonces, la zona es área de muerte qom. La metodología es el supuesto accidente. Mario López, atropellado el 24 de noviembre de 2010. Celestina Jara y su nieta Lila Coyipé, el 10 de diciembre de 2012. Juan Daniel Asijak, el 5 de enero de 2013, aunque según testigos pudo haber sido golpeado y el siniestro, una invención. A 5 kilómetros está la casa del gobernador de la provincia, Insfrán, que todavía no los atiende.

Felix Diaz.
Felix Diaz.

“Que se cumpla el derecho al acceso a la información”, exigen ahora.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 11:

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

“El gobierno de la provincia destinó varias viviendas a la comunidad, pero hace cuatro años que se está construyendo y no conocemos a las cuatro empresas constructoras, ni qué monto de dinero se destinó, ni hasta cuándo puede durar la obra”, explica el líder de Potae Napocna Navogoh. Venía reclamando esa información formalmente a través de presentaciones de notas. No contestaron ni el ministro de Seguridad y Trabajo, ni el Instituto Provincial de la Vivienda, ni el ministro de Salud. “Nunca fueron contestados los reclamos. Por eso cortamos la ruta. En vez de resolverlo, la Provincia contrata a pastores evangélicos para decir que somos opositores manipulados por ONGs. No reconocen que el reclamo es justo. No hay ni siquiera un cartel con la información. Lo que queremos es transparencia en todos los trabajos que se destinen a la comunidad indígena”, sigue el qarashe Diaz.

El gobierno no contesta con información, pero contrataca con arietes: “Díaz junto a miembros de algunas ONG con llegada a medios de comunicación de Buenos Aires, utilizan situaciones de la cotidianidad de la vida comunitaria, como ser un accidente de tránsito o una afección de salud, incluso discrepancias sociales internas entre vecinos, para mentir, manipular y dañar la imagen de una provincia y sus habitantes, tratando de hacer creer que todos los formoseños somos cómplices de una supuesta persecución a las comunidades indígenas”, indica el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González. La táctica ya la conoce Félix Díaz: “El gobernador financia las actividades de patoterismo de la misma comunidad indígena: pastores de la iglesia evangélica, asociaciones civiles… Los presiona a través de la asistencia social, la pensión provincial, planes. Si los indígenas no actúan, a través de una orden del gobierno se les sacan esos beneficios. Como hay mucha pobreza, el gobierno juega con eso. Lo usa para seguir diciendo que está todo bien, que los indígenas no necesitan nada”.

Hay 850 familias y el gobierno de la provincia está construyendo alrededor de 300 viviendas desde 2010. El líder qom denuncia que hay una mala distribución en la que algunos punteros políticos tienen cinco viviendas mientras hay familias que no tienen nada: “Nosotros salimos a dar la cara en los reclamos y ellos se apoderan de los resultados”, se queja. Las protestas, además, no son gratuitas. Esta semana, durante el corte de ruta la hermana de Félix Díaz, de 97 años, fue agredida físicamente e insultada. Antes, les había tocado a Clemente Sanagachi y a Valentín Yaecle.

Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital

El sábado a la mañana hubo un altercado porque el gobierno mandó a las máquinas de construcción, custodiadas por policía y gendarmería. La comunidad no quiso que entraran hasta que se destrabara el conflicto. Exigió que se resuelvan los pedidos en general: conocer cuántos recursos económicos están destinados a cada obra en vivienda, electrificación rural, agua potable, salud y caminos. “El cable que se instaló hace 5 años no está conectado a la energía; la red de agua potable no está distribuida a la totalidad de la comunidad. El agua potable da dos horas por día. Con este calor terrible, la necesidad de la gente es mucha”, ejemplifica Félix Díaz desde el acampe en la Avenida 9 de Julio porteña.

El enviado del gobierno es Hugo Arrúa, Administrador General del Instituto de Pensiones Sociales. Díaz asegura que su misión es ir a dividir a la comunidad. El titular del IPS y su esposa Elizabeth Obregoso. según el líder qom, “no dejan de generar conflictos internos y bronca”. Hugo Arrúa es quien hace un año desmentía que el hijo del qarashe hubiera recibido una golpiza por cuestiones políticas. Según sus palabras, fue “una pelea entre muchachos” que “estaban bebiendo”.

Para Félix, esto se suma a otras formas de división que encuentra el Estado, como dar dos personerías jurídicas a fracciones diferentes de la comunidad. Una de ellas, otorgada por la Provincia y otra por la Nación. “La primera, la Asociación Civil, nunca fue elegida por la comunidad, sino que el gobierno pone a sus hombres de confianza para estar al frente de ésta. Esa es la diferencia, una que está por encima de la comunidad y la otra que es la de la propia comunidad que administra sus propios intereses como la agricultura, ganadería, caza, pesca y uso de los recursos para la artesanía, que son nuestras costumbres”, contó. Así no solo pierden sus hábitos, su cultura. También el sentido de comunidad. Las divisiones sembradas desde afuera permanecen en el tiempo. “A la noche (Arrúa) se retira del territorio después de haber sembrado discordias, Nosotros nos quedamos. Si yo me peleo con mi hermano, todo el resto del día me lo sigo cruzando. Así, el gobierno nos trata de dividir”, teme Félix.

Represión en Plátanos

La protesta por los cortes de luz que ya arrancaron en la previa del verano tuvo represión de respuesta. Al sur de Berazategui con detenidos, palos y balas de goma.

En Plátanos Norte, Municipio de Berazategui, la modista del barrio tiene abierta una causa federal. También su hermano. Y el pibe de un par de casas más allá. Un adolescente de diecisiete años estuvo preso todo un día en la Comisaría 1ª de Berazategui. Otro de doce años recibió balazos de goma.

El jueves 30 de octubre no fue la primera vez que los vecinos de Plátanos Norte cortaron la calle: protestaban porque no tenían luz desde hacía tres días y para colmo los cables de electricidad, vencidos por el viento, habían caído sobre la calle y algunas paredes transmitían corriente. Pero ese día fue distinto. Mientras levantaban el corte que mantenían desde hacía una hora sobre la Avenida Néstor Kirchner (ex Mitre), una veintena de oficiales de la Bonaerense, encabezados por el comisario Juan Vicente Cardozo de la Comisaría 1ª de Berazategui, se bajaron de las camionetas Amarok nuevas que les regaló el Estado Nacional y empezaron a repartir palos a la gente que protestaba.

Ahora los vecinos del barrio están asustados. Hablan pero no quieren dar sus nombres, porque lo que vivieron el jueves 30 último los marcó duro. Los patrulleros siguen dando vueltas desde esa tarde. Se paran frente a las casas de la gente, saludan burlones. “Ahora este es el barrio más seguro de Berazategui”, ironiza un vecino. Es que nunca los policías pisaban el barrio. “No queremos dar nuestros nombres porque todavía está la presión de la Comisaría 1ª, que acosa a los pibes”, justifican.

Antes, ese mismo día, caminaron hasta un patrullero que recorría la Avenida Néstor Kirchner y les informaron que a las cuatro de la tarde iban a cortar la calle, para ver si en una de esas alguien se enteraba y los ayudaban, pero el aviso no pareció alcanzar.

Plátanos Norte es un barrio pequeño dentro de la localidad de Plátanos, al sur de Berazategui y a mitad de camino entre Capital y La Plata. Queda a 20 cuadras del centro del municipio, donde todo es limpio y ordenado. Desde las últimas callecitas de tierra del barrio se ven los campos y al fondo la autopista Buenos Aires – La Plata. En esos mismos campos verdes el Municipio del ex Ministro de Medio Ambiente Juan José Mussi instaló un basural ilegal. Los vecinos, con la ayuda del Foro del Río de La Plata, lograron hace menos de un año que la Justicia lo cierre.

Heridos por bala de goma.
Heridos por bala de goma.

Desde hace tres años cortan de vez en cuando la avenida que pasa por el costado de su barrio, porque siempre que llueve se les corta la luz y tarda días en volver. En el verano, la situación se hace invivible. En una ciudad que en cinco años pasó de tener un edificio alto a una cincuentena de ellos; donde se instaló una subestación eléctrica en contra de la voluntad de los vecinos para alimentar los parques industriales nuevos; que creció en cantidad de habitantes casi un 20% en cuatro años; con un gobierno municipal que invierte en countrys construidos en tierras fiscales y en embellecer la peatonal del centro.

La voz de los reprimidos

“Dos policías desde la vía del tren Roca empezaron a tirar piedras para generar disturbios porque estaba todo tranquilo y ya estábamos levantando el corte. Fue como en las películas. El comisario se le tiró encima a mi marido y con otros dos oficiales le empezaron a pegar palazos en la espalda. Él no estaba haciendo nada, es más, estaba ayudando a levantar el corte. Ahí lo detienen, mientras los policías seguían tirando piedras, empezaron a reprimir a todos. A un menor de diecisiete años lo re cagaron a palos, el nene venía de la escuela, lo agarraron al boleo. Es como dijo el comisario Cardozo, cuando esperaba en la comisaria que liberen a mi marido lo escuché: `tenemos a tres perejiles, así justificamos las balas´”.

“Había una pareja de discapacitados, mujeres embarazadas, nenes. A las mujeres las agarraban de los pelos, a los pibes les disparaban sin lástima. Se llevaron tres detenidos, uno este pibe que le pegaron, menor de edad y una señora de 45 años, la modista del barrio. Los tuvieron presos un día entero, y cuando salieron, nos enteramos que les abrieron una causa federal por cortar la vía. Hubo tres heridos con balas de goma, el pibe de doce años y otro muchacho. Se de otro pero no se acercó, están cagados porque andan patrulleros, les pasan despacito por al lado, hay una persecución psicológica. Todavía no pudimos juntarnos bien todos los vecinos después de esto porque hay gente que ni quiere salir de la casa, somos gente común de laburo, nos organizamos para protestar por un servicio que pagamos y no funciona. Tenemos derecho a protestar”.

“Eso fue la represión y ahora sigue la persecución. Es torturador vivir así. Es una forma de decirnos ‘no rompan las bolas, cuando se les corte la luz esperen tranquilos en su casa que algún día va a volver’”.

Esas conclusiones sacan los vecinos, a pesar del susto. Se viene el veranito en Berazategui, los cortes de luz se cuentan de a decenas y se prolongan días enteros. No es que se hicieron las obras para no tener más cortes de luz: la única diferencia con otros años es que ahora los habitantes de Plátanos Norte no saben si se van a animar a protestar.

“3 a 0”

En Bariloche, la pertenencia a una clase social delimita la relación con la policía. En la ciudad más desigual de Río Negro, a los que viven en las zonas pobres la policía los reprime y hasta mataron a tres pibes. Los que viven en las zonas ricas aplauden a la policía que reprime ¿Lo más patético? En una manifestación de los adinerados, se festejó como el resultado de un clásico la cantidad de asesinados.

Todos los escritores de policiales negros se van a dar la cabeza contra la pared. Cuando Carolina Alak, militante de la Multisectorial contra la represión, me contó la anécdota, no podía creer que no se me hubiera ocurrido antes de que realmente sucediera. Es una historia dentro de todo lo que pasa en esta ciudad con una vista hermosa, con un aire limpio, silenciosa sin contar las bocinas de algunos turistas, sin más fábricas que de chocolate –a la vista-, con casas de piedra y de madera, con un gigante lago, con montañas enfrente –porque la mirada no se escapa del Lago Nahuel Huapi y la nieve en los picos de esa cordillera-, con pastos verdes, con nieve en invierno…

 

Es la Suiza argentina.

 

Es Bariloche, la ciudad de Río Negro con mayor brecha social. En una misma localidad, con los mismos servicios, viven los más ricos y los más pobres. Marina Schifrin, abogada en casos de derechos humanos, da su explicación a lo que parece inexplicable: “Bariloche es una ciudad muy especial. Si no conocés las 34 hectáreas, el Alto, y la parte rica de los Kilómetros, no entendés cómo es y por qué pasa lo que pasa”.

 

El Alto: la periferia a donde se va la gente a la que el campo no le da de comer.

34 hectáreas: un barrio al fondo de El Alto, de lo más pobre y más marginal.

Los Kilómetros: una zona rica, muy rica, que va desde el centro de Bariloche hasta el famoso y costoso hotel Llao Llao.

 

Esa polarización social genera más que esa anécdota que me contó Carolina y que me sigue picando en la cabeza: generó a los pibes.

 

Los pibes no sólo no tienen una plaza donde jugar, tampoco tienen un lugar en la ciudad adonde ir. No se los tiene en cuenta para nada. Es así: son “los negros de El Alto”. Durante el menemismo, fueron los pibes cuyos papás no tenían laburo, los pibes que comían en comedores. “No tienen la cultura de que pertenecen a la sociedad, de que tienen derechos. Son pibes difíciles”, dice Margarita, compañera de Alak en la Multisectorial. No bajan a laburar, no bajan a estudiar. Cuando bajan, saben que les van a hacer quilombo. Especialmente, la policía.

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Bariloche genera sus ingresos del turismo, pero no todos sus habitantes viven de eso. “Aunque ande bien la temporada, no alcanza para todos. Si no anda bien, ni te cuento. Por eso hace falta esta policía”, adelanta Carolina. “La sociedad de Bariloche es tan particular. Es tan difícil esta sociedad, tan nazi, tan fascista en muchos aspectos”, sigue. “Esta policía” hace cosas como la que relata Susana, otra militante de la Multisectorial: “El hijo de una amiga mía, que estudia filosofía y letras, en la parada del colectivo, vino un cana, lo agarró de atrás, `negro, a dónde vas´ y lo desfiguró. El chico no entendía nada”.

Todo esto no sucede porque sí: hay un reclamo del sector social que vive en el centro y en los Kilómetros para que los tengan disciplinados. La policía y los organismos –supuestamente- de seguridad están respondiendo a ese reclamo social.

“Después hay otra cosa. Los policías de acá salen de los mismos lugares de donde salen estos pibes. Son sus vecinos. A los 9 meses de una instrucción paupérrima, salen a laburar con el arma. De haber tenido una infancia, adolescencia y familia en común, hace que tengan una bronca con alguno y se desquitan con el arma”, hipotetiza Carolina.

La exDefensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, denunció 120 casos de asesinatos por la policía de Río Negro. Durante su gestión, encontró “no menos de una decena de casos de ahorcados” en cárceles o en comisarías. En Bariloche, en particular, el 17 de junio de 2010, la policía mató por la espalda a Diego Bonefoi, un pibe de El Alto que se había metido con la persona equivocada. Los barrios respondieron con una pueblada ( Ver: El día en que Bariloche fue toda sangre). La policía, con una larga y durísima represión. Mató a dos jóvenes más, Sergio y Nicolás, que ni estaban participando, sino que vivían ahí. Desde ese momento, algunas organizaciones de derechos humanos se fortalecieron. Se formó la Multisectorial contra la Represión. Recibieron 20 casos, similares al de Diego, que quedaron en la nada.

 

Carolina sigue detallando: “En la calle o adentro de los calabozos. La ‘maldita policía’ actúa en todos lados. Uno de los casos más conocidos es el del Titi Albarracid. Estaba con una bandita de amigos tomando una cerveza en una esquina, cayó la cana y lo mató. No hay condenados. Otro es el de Jorge Pilquiman: lo sacó la cana de un boliche del centro y lo encontraron tres días después ahogado en los Piletones del Puerto San Carlos, frente al Centro Cívico”.

 

Carina, la pareja de Sergio, uno de los asesinados en la represión de 2010, también lo ve como algo de todos los días: “Siempre se ve a los policías correr a los pibes”.

 

Mario Cayún vive en El Alto. El día de esa represión, dentro del shopping del centro, iba a pagar la boleta de luz, pasó por el baño, se encontró con un agente del BORA –Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto- que, antes de cualquier diálogo, lo agarró, le pegó, sacó un arma, le gritó “Tirate o te quemo” y le quebró un brazo, mientras se sumaban más policías. Cayún empezó a entender qué pasaba y se asustó porque ya había habido tres asesinados. Le intentaron fracturar las manos, los pies, las costillas. Vio a otro pibe que salía detenido. Pedía, entre gemido y gemido, asistencia médica. “Callate nena, ¿querés que te escuchen todos?”. Lo esposaron mientras él pedía que tuvieran en cuenta su fractura. A la gente que pedía los nombres de los policías, la empujaban y la echaban. Lo subieron al patrullero, lo llevaron a la Comisaría Segunda de Bariloche, lo pusieron contra la pared, le levantaron el brazo fracturado, le siguieron pegando y le sacaron el celular y la plata, que nunca le devolvieron.  “No podía entender tanta violencia sobre los jóvenes. Yo no era el único golpeado”, declaró Mario. El médico que lo revisó hizo que lo llevaran al hospital, pero la ambulancia tardó muchísimo en llegar. En el hospital lo amenazaron con seguir dándole por malandra, por negro, por bocón, por maricón.

 

Los médicos le dijeron que lo tenían que operar. No importó. Lo llevaron a la Comisaría 27. “Vos ya tenés una bala en la cabeza”, le advirtieron ahí. “Si a vos te gusta tirar piedras, bancátela”, le seguían imputando, sin que él tuviera nada que ver con la manifestación. Bajando del patrullero, le golpearon la cabeza contra el auto y siguieron jugando con su brazo. Le sacaron las zapatillas y la campera y lo tiraron en el calabozo. Desde el calabozo, Cayún vio cómo se buscaban en la televisión, se sentían famosos, se mandan mensajes de texto, se llamaban: “Lo veían como un juego”.

 

“Con un tiro en la nuca, no vas a poner más resistencia”, le seguían diciendo mientras le seguían pegando. Su cuerpo ya respondía solo, del dolor que tenía. Temblando de frío, con el brazo fracturado, cuando lo sacaron de la celda, pensó que lo iban a matar. Lo querían sacar sin campera ni zapatillas. Lo llevaron en un móvil, sin decirle a dónde iba. Volvió a la Comisaría Segunda. Un agente de ahí, le dijo a otro de la 27: “Lo hubieran dejado por ahí, ¿qué hacemos con él? Asamblea Permanente por los Derechos Humanos está reclamando. Si lo ven así, ¿qué hacemos?”. Según cuenta, en todo momento se divertían con lo que hacían, tenían una sonrisa en la cara. “Dale boludo, firmá”, le decían, cuando Mario quería leer el papel que le daba la libertad. Finalmente lo dejaron en el hospital.

 

Carolina Alak sabe que el negocio más frecuente en El Alto es el de las armas y las drogas. Son ellos, los policías, los que lo manejan. No tienen pruebas porque ese circuito está cerrado. “Deberían investigarlo, porque las denuncias están hechas desde las escuelas, los organismos de derechos humanos, la iglesia de Pan de Esperanza. Hay denuncias anónimas en una línea telefónica gratuita”, argumenta. Los pibes hacen el relato y después pagan diezmo. En la cagada que se manden, tienen que dar parte. Se roba y tenés que dejar porcentaje. Se vende droga, se deja una parte. Si se retoban, el destino es el de Diego Bonefoi o Titi Almonacid.

 

La anécdota que concluye esta nota, la que después de saber esto, sigue resultando increíble, muestra que la represión ya es una institución más, política de Estado, pero también está arraigada en la sociedad. Después de los reclamos por justicia por las tres muertes, los vecinos del Centro y de los Kilómetros, los ricos, organizaron una contramarcha. “No sabés las barbaridades que nos decían a nosotros. Nos insultaban de una manera… Si a nosotros nos generaba calentura, imaginate  a los pibes de los barrios. ‘3 a 0’ les decían los policías”, dice Carolina. Los manifestantes que defendían los asesinatos de la policía también la vanagloriaban. Mandaban a los chicos a sacarse fotos con los uniformados, los subían a los coches como en desfile militar. “¡Les tiraban rosas!”, se indigna Margarita, de la Multisectorial.

 

Los barrios periféricos y el propio centro estuvieron militarizados. Los policías pedían documentos en la calle, sin motivos, andaban con armas largas. Ya había pasado eso después del asesinato de un remisero.

 

La abogada Marina Schifrin piensa que el Estado tiene una policía que no puede trabajar, que no hay democracia posible con esa institución, por sus métodos, por sus criterios, por su educación. “Si lo llaman democracia, tienen que empezar de cero”, reflexiona, y describe los métodos judiciales para que todo quede en nada: “Entre ellos se encubren. Ellos son los que hacen los expedientes preventivos. Al menos, cuando los delitos los cometen los policías, debería haber otra institución que investigue”. El objetivo de los policías son los pobres. “Los que no son pobres, sí son jóvenes. Es una forma de disciplinamiento. Los que piden más policía, están más inseguros cuando se cumple su pedido. Crece la violencia. Por los expedientes que yo conozco, hay cada vez más casos de violencia después de averiguación de antecedentes. Carlos Báez, por ejemplo, murió quemado el 4 de enero en el Penal 3”, analiza. Báez pasó 10 días, desde aquella navidad de 2012 en que los guardias reprimieron, internado por quemaduras. El oficial principal, Hugo Almendra, fue desplazado. Su reemplazante, Manuel Poblete tuvo que admitir que la cárcel estaba en pésimas condiciones.

 

Entre todo eso, en Los Kilómetros de Bariloche, el camino al cerro Llao Llao, está el súper hotel donde se hizo la cumbre de la Unasur en 2009, con todos los presidentes. Ahí, donde el acceso al lago Nahuel Huapi está bloqueado por súper casas, ahí, funcionan cervecerías caras, muy caras, súper cervecerías. En esas cervecerías pitucas, hay trabajadores y hay patrones. Carolina me contó eso que me resulta sumamente literario, de otro planeta, inentendible. Los trabajadores cierran los locales y, claro, vuelven a sus casas. No se suben a sus autos, corren la tranquera, saludan al ovejero alemán que ladra y muerde a quien se acerque, salvo a ellos, entran el  auto, cierran la tranquera, le dan un pico a una mujer inalcanzable y se acaloran un rato cerca del hogar, whisky en mano. No. Se toman el remís que les paga la cervecería, se bajan frente al lago, difícilmente usan su tiempo en buscar a Nahuelito, giran para la derecha y empiezan a subir. Cansados, cabizbajos, pensando por dónde pasar para que no les pase otra vez. Cruzan la avenida principal. En invierno esquivan algún grupo de egresados. Se tapan y se abrigan para combatir a la nieve. Se guardan las manos en los bolsillos, buscando un poco menos de frío. Siguen subiendo. Llegan a la Avenida Brown, que no se ve desde el centro. Empiezan a ver la cordillera de atrás de Bariloche. Más gris, marrón y blanco, si hay nieve. Y ven azul. No es el lago. Son uniformes.

 

-Documentos- les dirán, y les darán una buena paliza todos los días.

 

Increíble ya no resulta esto. No es eso lo que Dashiel Hammet, Raymond Chandler, ni más acá, Ricardo Piglia, jamás pensarían. La dueña de una de las cervecerías no podía aguantar ver que sus empleados llegaran golpeados. Habrá dudado ella -a diferencia de nuestros escritores- un tiempo de la versión sobre los azules. Hasta que la repetición se transformó en verdad para ella. Levantó el teléfono.

-Tengo hechos unos carnets de mis empleados. Si voy a la comisaría, ¿podría firmarlos, jefe, para que, por la madrugada, cuando vuelven de trabajar, no sean golpeados por los oficiales?

 

El comisario de Playa Serena firmó.

 

El día en que Bariloche fue toda sangre

El 17 de junio de 2010, el cabo Sergio Colombil mató de madrugada a Diego Bonefoi. La ciudad se movilizó y la policía, con órdenes de más arriba, decidió reprimir con balas de plomo. Mataron a Nino Carrasco, que iba a lo de su novia, y a Sergio Cárdenas que miraba esa locura desde un paredón. Ahora, a esas familias, les arman causas.

 

Diego Bonefoi

Diego Bonefoi se había metido con un pez gordo. Tenía 15 años. A las 4.30 de la madrugada del 17 de junio de 2010, parece que estaba jugando a la pelota con amigos en el barrio Boris Furman, del Alto barilochense, allá arriba donde ya no se ve el Lago Nahuel Huapi, ni turistas, sino carencias. El cabo Sergio Colombil hizo lo que los transas esperaban: ejecutó a Diego por la nuca con su arma reglamentaria.

 

A las 5, en la primera pericia que se hizo sobre la plaza, no había un arma.

 

A las 9.15, delante del juez apareció. Desde hacía media hora estaba el grupo de represión de la policía, el BORA, en la comisaría 28, a metros de la casa de Diego. Su familia todavía no sabía que había muerto.

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A las 10.30, la policía acribilló el frente de la casa de Diego. 15 minutos después, empezaba a arder el barrio. El comisario general Jorge Villanova se reunió con el mayor Argentino Hermosa en la 28. Desde ahí, al Centro Cívico a juntarse con el ministro Larreguy y con el secretario de Seguridad, Cufré.

 

A las 12.55, quedó detenido el tío de Diego. 5 minutos después empezaron los disparos de ithacas del BORA y los gases lacrimógenos.

 

A las 14, las concentraciones se multiplicaron. La policía también. Había oficiales de toda la provincia de Río Negro, hasta de Viedma, que queda en la otra punta. Había del Servicio Penitenciario. En horas, Bariloche estaba militarizada. Había policías en todas partes. Las autoridades, en cambio, se fueron a El Bolsón. “Con una llamada por teléfono, paraban todo. Nunca tuvieron esa voluntad”, razona Carolina Alak, de la Multisectorial contra la Represión en Bariloche.

 

Durante la represión, hubo dos muertos más: Nicolás “Nino” Carrasco y Sergio Cárdenas. Una chica todavía tiene una bala alojada en el brazo.

 

Por el fusilamiento de Diego, Colombil está preso, pero nunca se investigó quién hizo aparecer el arma que Diego no llevaba cuando lo mataron.

 

Los asesinos de Nino y de Sergio siguen impunes. Ni siquiera se sabe quiénes son. Ni verdad, ni justicia. Los primeros días no se pidieron las escuchas para saber quién ordenó reprimir con balas de plomo. “El fiscal tiene que investigar y no lo hizo. El juez debe intervenir para que se investigue y no pidió las escuchas. Esas escuchas eran vitales para poder procesar a los realmente responsables, a los jefes de la policía, al Ministro de Seguridad, que era Larrieguy y al Gobernador, que era Miguel Saiz. Todos estaban. Todos sabían lo que estaba pasando. La cana no se maneja sola, recibe órdenes”, explica Marina Schifrin, abogada de la familia de Nino. También apunta a los jueces: “Cuando hay interrogatorios, no interpelan. Queda solo la versión de lo que quieren decir los policías. ‘No me acuerdo dónde estaba’, ‘Yo no fui’. Como disparaban con itakas, no quedan rastros del arma homicida. Todo lo que se identificó fue por peritos que trabajaron bien. Nada salió de testimoniales. Por lo menos habría que llevarlos al falso testimonio. Pero ni eso hacen. Los jueces se asocian a las hipótesis de armas tumberas. Un solo testigo lo dijo. Lo consiguieron, lo dijo y el juez solo investiga eso”.

 

Nicolás “Nino” Carrasco

 

-¿Serás vos el que mató a Nino? –piensa Carmen Curaqueo, la madre de Nino, y saluda al policía que la acompaña en su trabajo. Es inspectora de tránsito. Los conoce. La conocen. Vaya adonde vaya, llega llamando a alguien para avisar dónde está. Si tuviera los medios, se iría de Bariloche.

 

Vecinos del Alto se juntaron de todos lados a apedrear a la comisaría 28, querían prenderla fuego. A medida que la gente se enteraba de los muertos y heridos, subía y la represión recrudecía. El día siguiente, todavía no terminaba.

Carmen ese día trabajó hasta las 2. Abel, el marido, la pasó a buscar y le dijo lo que había pasado.

 

-Mataron a uno de los Bonefoi.

-¿Cuál será?

-Uno de los que iban a buscar al Negro –decía Abel, por Nino.

-No hay que dejarlo salir.

 

Carmen lo agarró a Nino.

-Vos no andes metiéndote ahí, por algo lo habrán matado.

-Vos siempre hablando de más.

-Por más que haya hecho lo que sea, no tendrían que haberlo matado.

-Lo único que te digo es que vos no te metas ahí.

 

Como Carmen tiene hermanos adolescentes, se fue a lo de su hermana, a cuatro cuadras. Le dijo que tuviera cuidado. Cuando salía, se encontró con Nino, que se iba a lo de la novia, en el barrio 28 de abril, más arriba, más lejos del centro.

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-No pasa nada, petisa- le dijo. Nino medía como dos metros.

 

Carmen nunca pensó que la policía iba a encerrar a los chicos, ni que la situación fuera tan grave. Pero sí. Les hizo una emboscada, y tiró al montón con balas de plomo.

“Hirieron al Nino”, gritaba un chico. Carmen salió corriendo.

 

-Me falta el aire.

-Te dije que no vinieras por acá-  y le dio una cachetada.

 

Tenía solo un huequito. Carmen le dijo que no tenía nada, que debía ser el miedo. Lo entraron a una casa. Llamaron a una ambulancia. La policía no la dejaba pasar.

 

Fueron al hospital de Elfrein. Nino estaba herido de gravedad. Había perdido mucha sangre. Lo iban a operar. Tenía cuatro impactos de bala en la espalda, uno en la pierna, otro en el estómago, otro en el riñón  y el letal en la aorta. Murió.

 

El cuerpo quedó en la morgue del hospital. Para poder retirar el cuerpo, le decían los médicos a Carmen, tenía que hacer la denuncia en la comisaría 18va. Lo iban a velar con Diego. Ella no quería saber nada. Echaba la culpa de la muerte de Nino a la “mala crianza” que daban los Bonefoi. “Yo lo sentía así”, dice Carmen, que después tuvo que aguantar que hubiera una marcha a favor de la policía porque “mataron a tres negros de la villa”. Lo primero que dijeron los medios fue que a Nino lo mataron porque andaba robando, no que fue durante la represión.

 

La mano dura fue la que puso la mordaza. Desde la muerte de Nino, los intentaron ensuciar: que son una familia conflictiva, que Gaby, el mayor de los hermanos, anda robando, con el menor lo mismo. “Al no tener uno los recursos ni los medios nos cuesta mucho acceder a la Justicia. Ya pasaron cuatro años y todavía no tenemos nada. Está peor que la primera vez, que primero sí pasaban cosas. Pasó por los tres jueces que hay en Bariloche. Los abogados lo dejaron de lado porque están trabajando para el Estado”.

 

El ensucie se intentó hacer con allanamientos.

 

De los cuatro allanamientos que les hicieron, el primero llegó el 18 de octubre, un día antes del día de la madre y del cumpleaños de Nino. Había habido un robo en los Kilómetros. Carmen vio un auto abandonado a la vuelta de su casa y le avisó a la abogada para que estuviera atenta. Ya sabía cómo funciona la policía. Planta un auto como supuesta prueba para hacer lo que quiera hacer. Efectivamente, se hizo el allanamiento. Revolvieron todo. Buscaban plata, una cámara fotográfica, celulares. Miraban papel por papel, como para molestar. Como no tenían nada, no encontraron más que el altar que Gaby había hecho para Nino.

 

-Ah, este es el que mataron.

-Sí, este es el que mataste- y Gaby le dio una piña. El policía respondió con otra piña y el juez Lozada paró la pelea.

 

Por la calle, a Ricardo, el menos de los hijos de Carmen, le dicen: “Vos vas a terminar como tu hermano”. Una de esas veces terminó apedreando solo a una comisaría. Rompió un vidrio y le hicieron una causa. La de Nino, mientras tanto, no avanzó.

 

En la octava marcha, alguien tiró una bomba a la comisaría, que se prendió fuego. Involucraron a Ricardo y a Gabriel. Ricardo estaba tocando el bombo. Gabriel estaba con Carmen, así que ella sabe él tampoco que fue.

 

“La muerte no se investiga, esto sí”, reclama otra vez. “Aparte, ¿cómo sabemos que no fueron ellos mismos? Yo no sé si Nicolás un día va a tener justicia. He ido a un montón de lugares. Todos dicen que van a ayudar: Derechos Humanos de Nación, la Presidenta, los que se acercan. Queda en palabras”, explica Carmen.

 

Otro día, en junio de este año, por dar otro ejemplo, cuando el hermano de Carmen entraba a la casa, lo agarró la policía y lo golpeó. Tomaban carrera para patearlo. Le reventaron un riñón.  “Yo, como tengo experiencia con la policía, sé que te maltratan”, explica. Fue sola a la comisaría. Afuera había policías con escudos, desafiando. Una policía le repitió la amenaza que había recibido Gaby: “Vos seguí jodiendo y vas a terminar como tu hijo”.

 

-Soy la hermana de Luis Curaqueo. Lo detuvieron. Quiero saber por qué y quiero ver cómo está- se presentó Carmen en la comisaría. Recién en ese momento dejaron de pegarle a Luis.

La callaron, mientras ella acusaba de haber matado a Nino a quien fuera que la encarara. “Yo no maté a nadie”, le respondía uno por uno.

 

“¿Qué iba a pasar si yo no llegaba? ¿Iba a pasar como con Titi Almonacid –la policía lo mató por estar tomando cerveza en una esquina en febrero del 2000-?”, se pregunta Carmen.  Cuando llegó la abogada Marina Schifrin, pidió que lo mandaran al hospital. Como estaba detenido por averiguación de antecedentes, hasta que no los averiguaron, no lo largaron.

 

En Río Negro hay más de 120 casos de gatillo fácil, según denunció la exDefensora del pueblo, Ana Piccinino. Carmen se empezó a interiorizar cuando a Nino le dio una de las balas de la represión del Alto post asesinato de Diego Bonefoi. “Desaparecen y se sabe que fueron policías. Salen de boliches y los detienen. Son varones de los barrios a los que agarran. Será la forma de vestirse”, resume.

 

A Nino eso ya no le pasaba. Era grande, tenía 27 años. Dice que nunca había tenido su familia problemas con la policía, excepto “correteadas cuando salían”. Ya naturaliza muchas cosas: “Por ahí los chicos andan a deshoras de la noche y los mandan a sus casas o los golpean un poco. Por el trabajo que yo tengo, también vi cómo golpean a los pibes. Nunca pensé que me iba a tocar a mí. Uno le decía no te metas con tal, no hagas aquello. Tal vez si te juntás con aquel van a decir que sos igual. Cuando pueden aprovechar y golpear a alguien, lo hacen. Las familias no denuncian. Por miedo”.

 

Sergio Cárdenas

 

Sergio se había pedido vacaciones para poder ver el Mundial. Trabajaba todo el día en el Hotel Llao Llao. La mañana del 17 de junio jugaba la Selección. Carina, su mujer, la madre de sus dos hijos, estaba laburando. La llamó después de ir a festejar, diciéndole que la  esperaban para almorzar. El barrio ya era un caos, pero Sergio y Carina recién se enteraron cuando llegaron a su casa. Vieron un partido más y cerca de las 17, la llamó su hermana y le contó: “Hubo quilombo, mataron a uno de los Bonefoi. Están a los tiros, acá entraron los gases, no se puede respirar, pasame a buscar”. Salieron a buscarla. Cuando llegó tomó dimensión de la represión en las calles Onelli y Sobral, en el Alto. Estacionaron el auto y él se quedó mirando al lado del auto. Ella fue a lo de su hermana, dejó a su hija e inmediatamente se acercaron por la ventana a avisarle que le habían dado a Sergio y que se lo habían llevado al hospital. “Fue así, al toque. Después me enteré que un amigo pasó y le dijo de ver lo que pasaba más cerca, ahí en un paredón al lado de un portón negro que tiene marcas de balas. Él giró, le dijo a un chico que se fuera y cuando se dio vuelta, cayó. Murió en el acto”, cuenta Carina.

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Desde entonces, también le allanaron la casa intentando involucrarla a ella y a su familia en otras causas que, como con los Carrasco, avanzaron más que las de la muerte.

 

-¿Le pasó a Sergio que al ir al Centro con sus amigos, que lo parase la policía…?

-Pasa que Sergio era más grande, tenía 29 años, teníamos una familia, no boludeábamos en la calle. Pero nunca tuvo problemas.

-¿Y en el barrio se veía ese accionar la policía?

-Sí, siempre se ven a los policías correr a los pibes.

El cielo del desengaño

En Neuquén, asesinaron a Teresa Rodríguez, fusilaron a Carlos Fuentealba, a Rodrigo Barreiro le perforaron un pulmón en una manifestación, a los mapuche los persigue la policía, a Matías Casas lo mató un oficial, denuncian que a Rubén Soazo lo liquidaron en una comisaría. Braian Hernández y Willy Gutiérrez también fueron víctimas. Aquí la radiografía de la represión.

Neuquén está muy dividida. Está resistiendo a la hidrofractura (fracking). En agosto de 2013 se firmó el acuerdo entre Chevron e YPF para explotar los yacimientos de Vaca Muerta, que ocupan casi dos tercios de la provincia. Desde entonces, los mapuche tienen que ver cómo la policía avanza más que antes sobre su territorio para dejarlo a terratenientes y petroleras. No importa la Ley de relevamiento indígena, no importa quién esté ahí, no importa el agua que queda contaminada. La hidrofractura acentúa la fractura social. Hay promesas de plata. Unos se entusiasman. Otros prevén el crecimiento de la droga, el juego y la prostitución.

Algunos datos de 2013:

550 mil habitantes en la provincia. 231 mil en la Ciudad.

Promedio de edad, 35 años. El más joven de la Argentina.

Provincia más rica de la argentina: por año, dispone de 16 mil millones de pesos; produce 22 mil millones.

El 10 por ciento más rico se lleva 30 veces más que el 10 por ciento más pobre.

Segunda ciudad, detrás de Bahía Blanca, con más indigencia porcentual: 2,5.

Sueldo inicial docente 5 mil. Refrigerio por alumno 30 centavos.

Gerente de petrolera llega a 150 mil pesos por mes.

57 por ciento de los habitantes no tienen techo propio.

Cuando en la legislatura neuquina se firmó el pacto Chevron-YPF, hubo afuera una represión a quienes se manifestaban en contra. Rodrigo Barreiro estaba ahí. Fue herido con una bala policial y de plomo, que le quedó en el pulmón . Otro perdió un ojo por una bala de goma.

En esa misma ciudad donde Barreiro podría haber muerto durante una manifestación, siete años atrás, el maestro Carlos Fuentealba fue fusilado por el policía Darío Poblete mientras se desconcentraba por segunda vez el corte de ruta para pedir aumento salarial.

En esta provincia, donde Fuentealba fue asesinado durante una movilización y Barreiro por poco no corrió la misma suerte, en 1997, Teresa Rodríguez murió por un balazo policial en una movilización de docentes en Cutral-Co, también por aumento salarial. No era docente. Pasaba por ahí.

Los responsables políticos, como el gobernador de turno, Felipe Sapag (muerto en 2010), Jorge Sobisch y Jorge Sapag (hijo de Felipe), están impunes. “Ya no puede caminar tranquilo”, aseguran, sobre Sobisch, militantes de derechos humanos. Pero sigue libre y en la gobernación siguen las mismas políticas. Poblete sí fue condenado, pero también se lo vio caminando por la calle tranquilamente. El asesino de Teresa Rodríguez nunca se conoció. Los policías que “abusaron” de sus armas tienen condena en suspenso y volvieron a sus puestos.

Lexaru Nawel, de la comunidad mapuche de la ciudad de Neuquén, recuerda que desde la infancia vio a la policía actuar así. En manifestaciones, y en los barrios. Genera odio, dice, y se acuerda de cómo los amigos de los chicos atacados y perseguidos se sacan la bronca respondiendo a los balazos con piedras.

A Matías Casas lo mató el policía Héctor Méndez por la espalda en 2012. Según la versión de Méndez, su hijo y Matías habían discutido. En el juicio se reconstruyó el asesinato: el policía lo fue a buscar a Casas, que se estaba despidiendo de su novia, ya subido a su moto. Le disparó por atrás, Matías arrancó y cayó cuatro cuadras más adelante. Méndez se aseguró de que la ambulancia no lo atendiera a tiempo. Lo pateó en el piso. Otros policías lo encubrieron. “Accidente de tránsito”, argumentaron. Después de constantes movilizaciones de los familiares de Matías, y después de que la Justicia postergara las audiencias de lectura de la condena, le tocó cadena perpetua.

Rubén Soazo entró a robar a una casa del barrio Barreneche el sábado 12 de julio. Ahora está muerto. La policía dice que fue un enfrentamiento. No se encontraron vainas del arma que supuestamente llevaba Soazo. No hay policías heridos. La familia de Soazo vio el cuerpo. Le faltaban dientes, estaba todo golpeado, quemado y tenía los dedos reventados. Yoina, la pareja, y la madre están seguras de que lo atraparon en la casa y lo mataron en la comisaría después de torturarlo. Consiguieron que un vecino les contara que a Soazo lo vieron salir esposado. “Altamente profesional”, considera Raúl Laserna, el jefe de la policía, al accionar de sus muchachos.

“La policía es una basura”, repite y repite Beatriz Currihuinca, la madre de Willy Gutiérrez, que fue asesinado el día después de declarar contra el policía Claudio Salas en el juicio por la muerte de Braian Hernández. “Para describir a la policía no tengo palabras. Son terribles”, vuelve a decir. No cuenta que a los chicos que detiene la policía sin motivos, de forma ilegal, después los hacen robar, “trabajar para ellos”, a cambio de dejarlos salir y hacer entrar visitas a la cárcel. No lo cuenta, pero le consta. Sí dice que la policía agarra a los chicos así estén en la esquina, vengan del colegio, de su trabajo… “Yo he visto. Lo he visto yo. Lo primero: ‘Manos arriba del móvil’. Los abren de piernas con patadas en los tobillos. Los hacen gritar. Los agarran de sus partes. Saben andar borrachos en la calle, de uniforme. Los agarran de palmetazos en las orejas”. Sigue repitiendo que la policía es terrible: “Hasta con picana les dan”.

Willy estuvo detenido dos veces, durante un año en cada oportunidad. Las dos veces fue absuelto. No tenía nada que ver. Le contó a su madre que, con lo que las familias alcanzan a los presos, los guardias se divierten: mezclan sal y yerba, azúcar y sal.

La organización por los derechos humanos Zainuco denunció en agosto que la policía neuquina realizó una “operación rastrillo”: aumentar la policía en los barrios pobres de la ciudad, pero también los allanamientos y detenciones ilegales, así como las torturas. En una casa del barrio Cuenca XV, efectivos de la comisaría 18va entraron a buscar a un chico de 18 años que supuestamente había robado una billetera. No tenían orden judicial ni pruebas, pero violentamente lo detuvieron igual. A los padres amenazaron con matarlos si seguían “molestando”. En esa comisaría trabajaba Salas, el policía que mató a Braian Hernández y fue condenado después de que Willy Gutiérrez declarara en su contra y también contara que en esa misma dependencia agarran pibes todos los días, los golpea y tortura. Ni el chico detenido esa noche ni todos los demás fueron excepción. Los golpearon, los desnudaron, los hicieron salir desnudos y les hicieron submarino seco: los ahogaron con una bolsa de nylon en la cabeza.

Vanesa Anahí Pérez, militante de Convocatoria, también es víctima de la policía. La detuvieron en la esquina de su casa. “A ver qué va a hacer Zainuco –organización por los derechos humanos en la que militaba su madre, María Elena Cauquoz, relacionando a la organización con la madre- por vos”. No hubo registro de entrada ese sábado 8 de junio de 2013, cerca de las 6 AM, sino recién cuando se desmayó por los golpes. La trasladaron a la comisaría 1ra, donde el ex jefe de la Unidad 11 le recordaba lo parecida que es a su madre y los más íntimos detalles de su familia, que ni siquiera muchos compañeros suyos conocen. “Vos sabés por qué te trajimos”. La obligaron a firmar una denuncia por escándalo en la vía pública a las 4 AM del domingo. La mandaron al hospital Castro Rendón, donde le detectaron hematomas en ambas muñecas, lesión y hematoma en maxilar izquierdo, como en la cadera izquierda, pierna y rodilla izquierda, además de escoriaciones en la espalda y pechos. “Es típico. Hace poco descubrimos que a ella la ingresaron en la puerta donde funciona el aparato de espionaje a militantes. Ella apareció, pero si no hubiera sido registrada, podría haber desaparecido. Eso pasa con mucha más frecuencia con los chicos de los barrios”, denuncia su madre, Cauquoz.

Atención policía

Frente al proyecto de Diputados de poder calificar de ilegales protestas sociales que son bien legítimas, la represión se ha recrudecido en todo el país utilizando desde infiltrados a balas de plomo y accidentes simulados.

A la altura del kilómetro 30 de la ruta Panamericana, donde se encuentra uno de los centros industriales más grandes del país, se toma el pulso de una realidad que involucra a trabajadores, gendarmes, automovilistas y a todos: el de la llamada “protesta social”.

Allí y desde hace años se discute cuerpo a cuerpo el derecho, la legitimidad y los límites de los reclamos laborales y también la respuesta del Estado frente a estos conflictos. Últimamente, apareciendo en su faceta más terrible: la coerción por parte de las fuerzas de seguridad.

En el último año se sucedieron una serie de represiones a trabajadores que tienen nuevas características, trazan una tendencia y rebotan en la campaña mediática y en los recintos políticos.

Mientras se discute en comisiones de la Cámara de Diputados un proyecto de ley -impulsado por  Diana Conti, Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, entre otros, todos del Frente para la Victoria-  que busca regular la protesta, Sergio Berni -Secretario de Seguridad de la Nación- dice que con el código penal basta para garantizar la circulación en las rutas federales. Patea el conflicto laboral al Ministerio de Trabajo que genera cada vez menos instancias de mediación, ciertos diarios publican como noticia la preocupación de los empresarios ante la preeminencia de comisiones internas obreras “de izquierda”, se difunden videos donde se demuestra la presencia de infiltrados en las manifestaciones, la gendarmería usa balas de goma, muestran armas de fuego, van con perros sin bozal, detienen ilegalmente y abren causas penales contra trabajadores.

Los casos de Lear y Donelley

“Cada vez son mayores los operativos”, dice de primera mano Jorge Medina, delegado de la comisión interna de la gráfica Donelley -cuya quiebra mereció la atención de la presidenta- y uno de los reprimidos en distintas secuencias de los últimos meses. La primera: el 8 de julio en la Panamericana cuando se acoplaban a la protesta de la autopartista Lear. Aquel martes se mostró el quiebre o el comienzo de la escalada represiva que siguió: “Había como una norma implícita de que toda protesta era en horario temprano, duraba un rato, venía gendarmería y se levantaba”, dice la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y representante de algunos trabajadores, Myriam Bregman.  “El 8 de julio generó un cambio absoluto y es porque la gendarmería no vino a negociar y dijo: `se van ya mismo porque vamos a pasar por acá, por arriba de ustedes´”.

El delegado Medina recuerda de la jornada: “La gendarmería avanza y nosotros retrocedemos, pero no nos dejan bajar de la ruta porque nos pusieron a la bonaerense al costado. Entonces empezó la represión y los disturbios, y en lugar de durar un rato la protesta duró todo el día. Hubo heridos, detenidos, ambulancias…”.

La siguiente represión ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, cambiando también el actor represivo -esta vez la federal-: fue el jueves 26 de junio cuando trabajadores de Lear y Donelley marcharon desde Callao y Corrientes hasta la Cámara de Comercio Estadounidense, en contra de los despidos y suspensiones. Aquel día la policía tiró gases, rapartió palos y llevó detenidas  dos personas a la comisaría 5°.

En ambos casos, las represiones fueron respaldadas por declaraciones de Sergio Berni apelando a la “libre circulación” de rutas y calles, es decir planteando el viejo dilema del derecho a circular por sobre el derecho a la protesta. La nueva arista resultó ser la demonización de los sindicatos “de izquierda” como crítica a la forma de llevar adelante los reclamos.  “Es como que el foco de la criminalización lo están poniendo ahí, buscando el izquierdómetro y a partir de eso el origen de la protesta parece que no son los 200 despidos sino que es porque son de izquierda”. El delegado Medina opina  sobre los métodos de protesta: “Los cortes y los piquetes son los métodos tradicionales de la clase trabajadora que nos permitieron conquistas históricas, como las jornadas de ocho horas. Hay que tener en cuenta que, si llegamos a ese punto, es porque todas las otras instancias se agotaron”. Medina apunta al cerco entre la empresa, el gremio cómplice y el Ministerio de Trabajo. En los casos de estas empresas, luego de años de comisiones internas que respondían a la llamada “burocracia sindical”, y con el pulso de las explotaciones cotidianas, han ido ganando terrenos comisiones internas más combativas que no se quedan de brazos cruzados, cuestión que no implica que sean todas de izquierda: “De la comisión interna de Lear sólo uno se reivindica como `de izquierda´”, cuenta.

Con Berni al frente de las represiones, otra parte del oficialismo discutiendo la regulación de la protesta, la presidenta Cristina Fernández se encargó de ir contra las maniobras empresarias en Donelley al anunciar que se iba a aplicar  la Ley Antiterrorista a sus directivos: planteaba que la gráfica tenía accionistas de los fondos buitre y que la declaración de su quiebra era una maniobra especulativa en contra de los intereses del país. Medina interpreta: “Estamos a favor que se revise el accionar de la empresa, pero no apoyamos la Ley Antiterrorista, porque sabemos que se le aplica una vez a una empresa y cien veces a los trabajadores”. Actualmente Donelley se encuentra bajo control de los trabajadores mientras se resuelve su situación en una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo: “Nosotros planteamos la estatización de la planta con control obrero. Nos dijeron que sólo estatizaban servicios, pero nosotros podemos brindar un servicio de imprenta para el Estado”, dice Medina.

Denuncias y decreto

La abogada Bregman cuenta que, desde entonces, “estamos metiendo una denuncia por semana”, en referencia a las causas abiertas por el Estado contra los trabajadores y que éstos responden con denuncias a las propias fuerzas de seguridad. “Pedimos como medidas de prueba que gendarmería diga bajo qué protocolos de actuación intervinieron. Si fueron con perros sin bozal, tiraron balas de goma para dispersar, no dialogaron, ¿en qué protocolo está eso?”.

La pregunta apunta al decreto que la Secretaría de Seguridad, en 2011 a cargo de Nilda Garré, promovió para regular la actuación policial en manifestaciones sociales: entre otras medidas se prohibía la portación de armas de fuego, se restringía el de balas de goma únicamente al “uso defensivo” y obligaba al personal de la fuerza a portar una identificación advertible a simple vista. Estos estándares se habían fijado como resultados de la represión que terminó con muertos en la toma del Parque Indoamericano y del crimen de Mariano Ferreyra.

“Se había logrado una base de discusión importante que se pretendía que avance a contextos provinciales”, dice Paula Litvachky, responsable de Violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Incluso provincias que acataron los 21 puntos del decreto mostraron practicas muy regresivas también: Jujuy, Chaco, Tucumán; esto no pasa sólo acá. Se vienen viendo situaciones complejas con respuestas policiales regresivas y ahora aparecen con más preocupación algunos retrocesos de las propias fuerzas federales”. Litvachky enumera: “Portación de armas de fuego de policías, uso de escopetas de balas de goma para disuadir, uso de perros, preponderancia del operativo policial y situaciones particulares como el gendarme al que se vio tirarse arriba del auto simulando un accidente o la persona que aparece de civil como infiltrada. Esos son elementos preocupantes”.

-¿Qué cambió? Las respuestan parecen ser dos:

-“La frecuencia con que se están dando las protestas, y en el modo en cómo se están respondiendo. Vemos con preocupación cómo posiciona el Estado en la mayoría de los casos con una respuesta policial antes que política. Sin una actitud ingenua, a veces estas mediaciones políticas son complejas, pero estamos planteando que si bien esto es complejo y no tiene una respuesta unívoca y hay distintas miradas que hay que entender, nuestra preocupación y alerta, sobre todo por la historia de nuestro país, es la respuesta policial que se está dando a las protestas y los hechos de mayor violencia que se están produciendo.

– En esos términos el rol del Ministerio de Seguridad es central en reafirmar esos criterios de actuación más allá de la discusión que pueda haber política sobre los conflictos, y entendiendo que no se puede admitir que se retroceda sobre esos avances para la protección de las personas que protestas y de todas en general”, asegura  Litvachky.

Cómo avanzar

“La discusión para nosotros es que tenga mejor rango normativo”. Litvachky aclara que refiere esto para volver a respetar los estándares planteados en 2011 y no a la ley que se discute presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria en abril. En él, los puntos más polémicos giran en torno al planteo de declarar protestas como “legítimas” o “ilegítimas”. Para ser considerada “legítima” una protesta debe no impedir el funcionamiento de los servicios públicos -educación, salud, seguridad-, permitir la circulación parcial de personas y vehículos, especialmente la de grupos vulnerable, y establece que los organizadores deben informar de la manifestación ante la autoridad policial con 48 horas de anticipación: lugar, tiempo de duración, objeto de la protesta y manifestante delegado. Se crea la figura del “mediador” quien se contempla como “personal civil” del Ministerio de Seguridad y tendrá entre sus funciones pactar condiciones del “cese de la perturbación a derechos de terceros y canalizar las demandas al área correspondiente”.

Por parte del CELS Litvacky remarca sus diferencias con el proyecto: “Para nosotros es preocupante que se sostenga la separación entre protestas legítimas e ilegítimas, pacíficas y no pacíficas, pero sí sería muy importante que se le de rango legislativo a criterios de actuación policial en la línea que venimos charlando. La preocupación es que se quiera legislar en forma restrictiva y dando lugar a esta idea de que la protesta es abusiva o ilegítima. A partir de ahí hay que ver cuál es la propuesta que avanza, que no está clara la discusión ni dentro del propio bloque”.

Unas buenas

Las pocas buenas noticias en este sentido tienen que ver con dos decisiones  judiciales que ponen en jaque el accionar de las fuerzas de seguridad en dos casos relevantes: el de la represión por parte de la Metropolitana de la Sala Alberdi, y la que investiga a la Gendarmería por el llamado Proyecto X.

Por la primera,  el 13 de agosto fueron detenidos Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, dos efectivos de la Metropolitana acusados de “tentativa de homicidio simple” de los periodistas Esteban Ruffa y Germán de los Santos, quienes recibieron impactos de bala de fuego aquella jornada. Analiza Litvachky: “Se sostiene que integrantes de la Metropolitana intervinieron de forma ilegitima en un procedimiento. Eso es muy importante por un lado porque rompe con las resistencias y las inercias judiciales que limitan los avances de los casos. Y por otro, porque el Gobierno de la Ciudad no ha condenado ni ha criticado la actuación policial cuando tienen este tipo de desenlaces. No ha habido un mensaje político manifestando que no está de acuerdo con este tipo de actuación policial. Y lo resuelto por la Justicia es muy claro: no se puede seguir admitiendo este tipo de prácticas. Lo que se debe exigir es una actuación administrativa, porque no son dos policías que se volvieron locos: acá hubo una seguidilla y aparece como una especie de patrón de intervención de la Metropolitana”.

La otra causa que apunta contra efectivos de la fuerza toca a gendarmes, en este caso investigados por su actuación en el llamado Proyecto X: un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. La causa estudia si el recabado de esta información es legal o no, y de la forma en que se obtuvo: infiltraciones, seguimientos, espionaje. Por la misma estaban citados a indagatoria una serie de gendarmes el último 12 de agosto, pero ninguno se presentó. No sólo eso: recién ese día designaron un abogado defensor y pidieron sacar copias de la causa. Dice Bergman, la denunciante del caso: “Recién ahora los gendarmes se dieron cuenta que tienen que defenderse. Que ya no es, como dijeron, una causa inexistente, sino que es una cosa seria por la que deben dar respuestas. Llega en un momento en que la intervención de gendarmería se reagudiza con las mismas características que denunciamos en esta causa”.

Socios

El avance de la Justicia sobre tres directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad y una reciente investigación de la Procuraduría General sobre los libros contables de Loma Negra empiezan a iluminar otra raíz de la dictadura: la económica.

“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Rodolfo Walsh. Carta abierta a la Junta Militar.

Durante la dictadura se derogaron 27 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, se modificaron otros 99, se estableció la prohibición de la huelga, se intervinieron los sindicatos, se decretó el congelamiento de los salarios y se aplicó la represión a trabajadores como herramienta para contener el descontento social y también para mejorar los márgenes de rentabilidad de las empresas.

Tal es el resumen que redondean dos investigaciones que demuestran que una serie de empresas – mientras otras representaban el derrumbe de la industria nacional- no sólo se vieron beneficiadas por este conjunto de políticas económicas y laborales, sino que además fueron ideólogas y partícipes de desapariciones, torturas y muertes de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales.

El libro “Cuentas pendientes” del jurista Juan Pablo Boholavsky y el periodista Horacio Verbitsky compila una serie de artículos técnicos y otros periodísticos que abordan distintas medidas del gobierno de facto: conceptos jurídicos que intentan cercar estos crímenes como de “lesa humanidad”, y casos puntuales de las empresas más terribles. Otra investigación en esta sintonía fue propulsada por una de las recién creadas Oficinas de Investigación de la Procuraduría General sobre datos contables de la empresa Loma Negra, que relaciona directamente su mejoría económica con la represión a trabajadores y en particular a la muerte de un abogado laboralista.

Para intentar articular estas evidencias, que mantienen causas estancadas en la justicia, se aprobó recientemente un proyecto de ley que crea una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura militar y que establece que se investigue el caso de una empresa durante 180 días. “Quiero saber quiénes fueron los que redactaron las leyes laborales que se llevaron derechos y conquistas. Porque no creo que un almirante, un general y un brigadier hayan estudiado en menos de un mes la reforma de la ley de contrato de trabajo”, explica el diputado Héctor Recalde, creador de la iniciativa, sobre la idea de seguir escalando responsabilidades. Los resultados que arroje la Comisión – que empezaría a funcionar a fin de año- no podrán aplicarse retroactivamente, lo cual representa una seria limitación, pero sí podrá iluminar complicidades persistentes como, por ejemplo, casos de apropiaciones inmobiliarias fraudulentas.

Hasta aquí las investigaciones arrojan una serie de historias y datos que esta nota intenta compilar, y otros que quedarán por llenarse a medida que las causas, y las discusiones, avancen.

El caso Ford

En la planta que la empresa mantiene en General Pacheco, durante la dictadura operaba un cuartel militar en la zona del quincho de deportes. Según la declaración de distintos trabajadores cumplían funciones allí más de 100 militares, no precisamente fabricando autopartes.

La militarización de la empresa no sólo era el modo de amedrentar a los trabajadores, sino una forma efectiva de detenerlos en el predio e interrogar a los miembros de una comisión interna combativa que estaba plantada contra la empresa y también contra el gremio cómplice SMATA.

El 20 de mayo del 2013 fueron procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos el presidente de Ford, Nicolás Enrique Courard – hoy fallecido-, el gerente general de la planta Pedro Muller, el gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el jefe de seguridad de la planta, Héctor Francisco Sibilla. El 8 de julio próximo comenzará el juicio oral que investiga a los tres directivos por facilitar datos y listas de trabajadores a la inteligencia militar.

Sibilla fue contratado para encargarse de vigilar la empresa siendo miembro de las fuerzas armadas. Esta doble agencia le permitía, por ejemplo, según consta en la causa iniciada en 2002 por los trabajadores, estar presente en los interrogatorios a los delegados secuestrados. Fue de hecho ascendido en julio del 78 al rango de Teniente Coronel, luego de los secuestros a, al menos, 24 obreros. Y tras su paso por la empresa, relata el libro Cuentas pendientes, fue contratado por la embajada de Estados Unidos como personal de seguridad.

La Fundación Ford creó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), de donde salieron funcionarios del Proceso, y los secuestros en camionetas F100 o en los míticos Ford Falcon son otras de las imágenes que acreditan el vínculo encarnado de los militares con la empresa.

Mercedes Benz

En octubre de 1975 una movilización de obreros de Mercedes Benz se reunió para rechazar a los representantes del gremio SMATA. Más de 4 mil trabajadores participaron en una asamblea en la que se eligieron nuevos delegados, que el gremio no reconoció y que la empresa usó para despedir a más de cien obreros.

En esas semanas, el jefe de producción de la planta Heinrich Metz fue secuestrado por Montoneros. La empresa cedió a la reincorporación de los despedidos y pagó un rescate por Metz. La revancha patronal vendría con el golpe.

De 16 trabajadores secuestrados entre el 76 y el 79, sólo tres reaparecieron. Fueron Juan Martín, detenido en abril del 76 en la fábrica, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo; Héctor Aníbal Ratto, detenido en agosto del 77 también en la fábrica, en cautiverio y bajo tortura en la comisaría de Ramos Mejía y luego en Campo de Mayo hasta marzo del 79; y Alfredo Martín, detenido en el 76, torturado en la comisaría de San Justo por el represor Rubén Lavallen y liberado horas después.

El caso de Lavallen, quien estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo, ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas: fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de seguridad de la planta de González Catán. Si bien los casos de los obreros secuestrados no fueron esclarecidos, y recién el 22 de abril del 2013 la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó tratar una compensación económica por las violaciones, Lavallen fue condenado a cuatro años de prisión por la falsificación del acta de nacimiento de Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.

Mercedes Benz estuvo entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país. Tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba los camiones Unimog, y en forma de gentileza, de acuerdo con información proporcionada por la empresa, la compañía donó en esos años equipamiento de obstetricia para ser utilizado en Campo de Mayo, donde se realizaban los partos clandestinos de las mujeres desaparecidas.

Ledesma

El caso Ledesma es el más claro en la comunión del poder económico y el poder político, y de la forma en que funcionaron éstos en un contexto de terrorismo de Estado a escala pueblerina.

El mismo día del golpe fueron secuestrados cuatro dirigentes de sindicatos obreros y empleados del ingenio.

La seccional de Gendarmería de Libertador General San Martín fue ubicada en el 76 dentro de la estructura edilicia del ingenio a través de un decreto. Creada para controlar la zona de seguridad de frontera, se utilizó en la práctica para el control y represión de actividades sindicales. “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones (…) habrían tenido por razón no sólo la preservación de una determinada ideología, sino que la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, reza en la causa que investiga la desaparición de veintiséis personas entre el 20 y el 27 de julio del 76.

Estos secuestros se produjeron durante las llamadas “noches del apagón”, en las que el servicio energético de tres localidades vecinas a Libertador General San Martín se vio suspendido, lo cual facilitó el secuestro incluso con camionetas de la empresa Ledesma.

El principal accionista de la azucarera, Carlos Pedro Blaquier, y el administrador Alberto Lemos están procesados como cómplices en primer y segundo grado, respectivamente, de la privación ilegal de libertad de 29 personas.

Acindar y Techint

El libro Cuentas pendientes se ocupa de Acindar y Techint conjuntamente, planteando que las metalúrgicas no sólo fueron socios menores que aprovecharon la dictadura para imponer salarios en baja, despidos y jornadas de trabajo de duración irrisoria, sino que además compitieron contra otros sectores empresarios a los que hicieron desaparecer del mercado: “Los obligaron a vender sus fábricas y a ceder contratos de exportación, más de una vez en la mesa de tortura de un campo de concentración”.

La represión a los obreros de Acindar comenzó mucho antes del golpe, cuando en la presidencia del directorio estaba José Alfredo Martínez de Hoz, hasta que lideró el Ministerio de Economía de la dictadura.

En el 75, a la vanguardia de la represión, Acindar instaló dentro del predio de la planta de Villa Constitución un destacamento de la Policía Federal. Tras el golpe, la seccional funcionó directamente como un centro clandestino de detención. Ese mismo año una huelga terminó con el despido de más de mil trabajadores.

La zona de Zárate-Campana fue uno de los epicentros de represión por la cantidad de empresas que tenían sus plantas allí. Entre el 20 de marzo del 75 y el golpe, fueron detenidos alrededor de trescientos trabajadores metalúrgicos de esas localidades y se estima que de los 150 desaparecidos de la zona un tercio era trabajador metalúrgico.

Allí también tiene al día de hoy su planta principal Techint, además del hotel de la empresa que supo albergar en los primeros tiempos de la dictadura a la plana mayor del Área de Seguridad 400. Según el libro, decenas de operarios y algunos supervisores fueron alcanzados por el terrorismo de Estado. Un suceso trascendente fue la llamada “noche de los tubos”, cuando cuatro trabajadores de la firma fueron secuestrados en septiembre del 76.

Acindar y Techint crecieron esos años gracias a subsidios y créditos que les permitieron instalar sus propias acerías eléctricas, y luego consolidarse con el menemismo. Durante los 90 Techint se quedaron con SOMISA, una de las principales siderúrgicas de la Argentina que fue privatizada en el 92, y forma un duopolio con Acindar.

Loma negra S.A.

El abogado laboralista Carlos Alberto Moreno fue torturado y asesinado en 1977 y por su crimen fueron condenados a prisión perpetua dos coroneles. De una serie de resoluciones que derivaron de la causa que investigó su muerte, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero accedió a la documentación contable de Loma Negra que arroja datos contundentes sobre cómo la represión se tradujo en rentabilidad empresarial.

El balance de la semana del 31 de marzo de 1976 Loma Negra tuvo pérdidas. Al año siguiente la situación ya se revertiría a través de la fórmula de disminuir “costos laborales”: sueldos y jornadas de los trabajadores. Si el “costo laboral” representaba un 21 por ciento de los costos totales, un año después cayeron 14 por ciento. Sumado a que la empresa mejoró su rentabilidad, la participación de los trabajadores en los ingresos de Loma Negra se redujo un 53% durante la dictadura. Más números del informe: “Los asalariados perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI, en circunstancias en que este último permaneció constante”.

La reforma de facto de la ley de contrato de trabajo, en general, y la muerte del abogado Moreno, mensaje hacia adentro de Loma Negra, fueron herramientas que allanaron el camino del ajuste del costo laboral. Otro ejemplo que revela el informe es la evolución de la cuenta contable en la que constan una serie de importes que Loma Negra preveía que debería pagar en el futuro en concepto de indemnizaciones que habilitaba la idea de un “pasivo contingente, que puede o no llegar a suceder”. En 1975 esa cifra trepaba a los 15 millones de pesos, y se redujo hasta menos de 3 millones en las cuentas que cierran el 31 de marzo de 1978, muerte del abogado mediante.

La presión fiscal durante ese período también se redujo notablemente, a pesar que la empresa, se dijo, mejoró sus ingresos: de un 8% los impuestos pasaron a representar sólo un 3%.

La caída de los ingresos de los trabajadores, la represión de sus reclamos y la muerte de Moreno permitieron el incremento de la ganancia empresaria de Loma Negra S.A. que pasó del saldo negativo del 31 de marzo de 1976 a uno positivo que superó los 150 millones de pesos a la misma fecha de 1981.

Ahora la investigación de la oficina de la Procuraduría pretende avanzar sobre el directorio que presidía la multimillonaria Amalia Fortabat.

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Fuentes
  • Juan Pablo Bohoslavsky, HoracioVerbitsky.Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. Siglo XXI editores.
  • Victoria Basualdo. Artículo “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”.
  • HIJOS Capital: http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=426:un-mercedes-benz-con-problemas-en-la-justicia&catid=34:titulares&Itemid=397
  • Página 12, domingo 25 de mayo de 2014.

Los indeseados

Cientos de trabajadores callejeros de la Ciudad están siendo desplazados y criminalizados. Entre ellos, la comunidad senegalesa denuncia el atropello de la Metropolitana y pregunta: “Si nos sacan de la calle, ¿dónde vamos a ir?”

En el angosto pasillo de entrada del conventillo ubicado en Sarmiento 2835, a tan sólo cuatro cuadras de la Plaza Miserere de Once, todavía quedan recuerdos del brutal allanamiento de la Policía Metropolitana, pese a que ocurrió hace un mes. Vidrios rotos, una puerta forzada y un cartel rojo con letras blancas con la palabra “clausurado” le dan la bienvenida al hogar que todavía comparten Nar, Thierno y Macoeou, tres senegaleses que llegaron al país hace más de cinco años con la ilusión de mejorar su calidad de vida y dejarle un mejor pasar económico a sus familias, que aún los esperan en África. En la madrugada del 28 de enero, en vez de tener la esperanza de progresar, temieron por sus vidas y por sus sueños: oficiales de la fuerza que responde a Maurico Macri ingresaron a su hogar y, a punta de pistola, los obligaron a firmar documentos que no entendían porque no hablan español.

senegalDesde hace más de un año, el PRO intenta desalojar constantemente a los manteros y puesteros de la Ciudad y sobre todo a los que ocupan la Avenida Pueyrredon en el barrio porteño de Once. Entre los perjudicados están los más de 3.500 senegaleses que, en su gran mayoría, trabajan de la venta callejera de relojes, bijouterie, billeteras, cinturones y anteojos de sol. Casi todos no hablan español y se comunican en wolof, una de las lenguas oficiales de Senegal. Otros, en francés o en inglés; unos pocos manejan el castellano a la perfección. En este último grupo está Abdoulay Gothe, representante de la comunidad africana en Buenos Aires, quien vive y trabaja en Córdoba, pero continúa en Buenos Aires a la espera de alguna respuesta por lo que están padeciendo sus compatriotas. Él, mientras mostraba parte por parte los lugares del conventillo, recibía los saludos de todos sus compañeros que llegaban hasta la puerta y le preguntaban cuál iba a ser el próximo paso a seguir. “Nos tratan como si fuéramos delincuentes y sólo somos gente trabajadora. Nos discriminan por ser inmigrantes, por ser negros. Yo me pregunto: ¿de dónde venían los primeros inmigrantes que llegaron a la Ciudad? Extranjeros somos y seremos todos”, se lamenta el hombre que, en el marco de uno de los reclamos, le planteó en la cara a Macri todas las problemáticas y no recibió ni siquiera una palabra de devolución por parte del Jefe de Gobierno; ni siquiera se animó a mirarlo a los ojos.

Además de ingresar a la fuerza con una orden judicial firmada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, que está comandado por Graciela Dalmas, los efectivos policiales se llevaron parte de la mercancía que tenía la pequeña habitación del conventillo. Ingresaron, a las 5 de la mañana, encapuchados, armados y con una pequeña cámara de video que filmó todo el operativo. Todo, salvo cuando los obligaron – a punta de pistola – a firmar el documento que corroboraba que no había existido ninguna disconformidad en el allanamiento, según contaron los propios protagonistas que vieron cómo corrían la filmadora para que no tomara la imagen que los apuntaba para que firmaran. Nar dormía en un colchón del dormitorio y Thierno en el entrepiso en  el momento del ingreso de los oficiales que los apuntaron, mientras que Macoeou se estaba bañando. A él ni siquiera lo dejaron terminar de ducharse ni cambiarse: rompieron vidrios del baño y en toda la inspección se mantuvo desnudo.

“Es una injusticia más allá del color de piel que tengamos. Yo por cualquiera de ellos daría mi propia vida, pero lo que no entiendo es cómo la gente en este país ha votado a un Gobierno que hace este tipo de cosas y por qué no reaccionan para defendernos”, se pregunta, con indignación, Abdoulay. Lo cierto es que ellos mismos sienten la discriminación en las marchas que realizan y en los propios medios de comunicación, que o los vuelven invisibles o los responsabilizan. “Hace poco otro grupo de gente que protestaba por diferentes razones a las nuestras quemó un patrullero y el diario Clarín, el mismo que festeja que nos quieran desalojar, nos culpó cuando no tuvimos nada que ver”, agrega.

A los tres, la policía les robó – porque en el acta no figuran como incautados – dinero y los teléfonos celulares en los que guardaban, entre otras cosas, las fotos familiares y recuerdos de su Senegal natal. Mustafá, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, fue quien los acompañó desde el primer momento para denunciar estos hechos. Él es otro de los que habla español a la perfección y se contactó con organismos de Derechos Humanos del país para denunciar los hechos violentos que sufrieron. “Es una vergüenza que nos hagan esto. Los humillaron y los hicieron temer por sus vidas con un nivel muy grande de agresión. Por suerte muchas entidades ya nos dieron su apoyo en esta lucha constante”, dice y agrega que tanto el CELS como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad les brindaron solidaridad y quedaron a su disposición.

En la oscuridad del diminuto espacio que separa al pasillo de la habitación del conventillo, todavía quedan marcas del ingreso de la Policía. Puertas rajadas, bolsos abiertos, ropa tirada, mantas por todo el dormitorio y un fuerte olor a humedad encierran el pequeño espacio en el que viven tres personas que todavía no pueden creer lo que les tocó vivir en el país en el que soñaban tener un futuro mejor.  Ellos son sólo un pequeño grupo dentro del macro objetivo macrista de desalojar a todos los puesteros callejeros. Ellos prácticamente no hablan español, pero entienden a la perfección la ideología y la mecánica de la Metropolitana. Ellos, que intentan trabajar de algún otro oficio y no reciben ofertas por la discriminación que sufren día a día por su color de piel, se levantan a las siete de la mañana para ganar el dinero que necesitan para pagar sus alquileres y mandar dinero a su país, pero el Gobierno de la Ciudad intenta desalojarlos e impedirles trabajar. “Si nos sacan de nuestros trabajos: ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas en el país? Lo único seguro es que si nos dejan sin trabajo se les vendrá un problema muy grande”, asegura Abdoulay.

senegal

Yo fui reprimido

Crónica de un verano en la trinchera de la Sala Alberdi. De este lado, festivales de música, ferias de libros y talleres artísticos. En frente, criminalización, balas y desalojo.

Fotos: NosDigital
Fotos: NosDigital

Plum. Plum. Plum. Plum.

El pecho parece no alcanzar, el corazón quiere salirse. Me transpiran las manos, suele pasarme. Me cuesta un poco hacer foco para seguir laburando con la cámara. Tengo los ojos inquietos, no me quiero perder detalle. ¿Se dilatan las pupilas en situaciones así? Siento que sí, lo googleo unos días más tarde y descubro que solo puede ser que haya pasado porque era de noche y me adaptaba a la luz. Los pelitos de los brazos se erizan en una adrenalina extraña. El plum, plum, plum cada vez más fuerte. Un grito que siento como electricidad recorriendo mi columna llega a la raíz de mí y activa mis piernas. Me muevo.

Miércoles, 2 de enero de 2013:

[SITUACIÓN ALARMANTE]

CompañerXs:
Nos cierran las rejas del Centro Cultural. Dicen que estará cerrado por vacaciones, por lo tanto no dejan entrar a lXs compas que están afuera del Centro Cultural. Eso quiere decir que los que estamos adentro tendremos que quedarnos hasta el 20 de febrero para no abandonar la toma….
Quienes puedan venir vengan que es importante que seamos más.

CCG San Martín (Sarmiento 1551 6º piso, esq. Paraná)

sala alberdiTodavía no me había enterado, pero el primer comunicado ya circulaba por las redes sociales. El verano arrancaba caliente y activaba la pausa de las vacaciones. Mientras se terminaba de secar el pan dulce con el repasador encima sobre la mesada me senté en la compu. Seguramente tomaba mate, era casi medio día del sábado 5 de enero. Quien entonces era una colega y hoy es mucho más que una amiga hizo latir el cuadradito de la conversación en Facebook. Las dos estábamos leyendo la página oficial de la Sala Alberdi que enumeraba los últimos acontecimientos: La situación era tensa, gran cantidad de patovicas (¿Identificados? Olvidate) desde adentro custodiaban las entradas del Centro Cultural General San Martín supuestamente en receso por vacaciones, mientras los pibes no podían entrar provisiones a sus compañeros del sexto piso. Seguíamos leyendo, tampoco tenían luz, ni baño, ni agua, pero estaba lleno de policías, matones y amenazas… No es necesario seguir.

El acampe se había mudado desde la puerta del Centro Cultural a la Plaza Seca. Un video mostraba las primeras imágenes de agresión hacia los pibes por esos hombres vestidos de negro que presumen ser (in)seguridad. Fue instintivo, juntas decidimos ir a ver qué pasaba.

“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”. (Rodolfo Walsh)

sala alberdiAsí terminaba el comunicado de la Sala Alberdi del primer día que llegamos al acampe. La bandera de “Toma y autogestión” avisaba que estábamos en el lugar correcto, mientras ocupaba parte de la calle Sarmiento al 1500 sin impedir que los autos y bondis del centro porteño sigan transitando. Una cartulina invitaba a dejar comentarios acerca de la privatización del arte. Esquivé las bicis y los malabares, subimos los escalones hacia la Plaza Seca, frente a nosotras entre arte las carpas se iban sumando, tras ellas se sumaban los patovas.

Los días pasaban y seguíamos volviendo, de a ratos nos encontrábamos con esas noticias que te anudan la boca del estómago y necesitan de muchos mates compartidos para pasar. Desde adentro cortaban la soga que subía los alimentos hasta el sexto piso, no dejaban entrar a Nora Cortiñas y llenaban de respuestas ilógicas a las llamadas telefónicas de Alejandra Darin. Todo era “No, no y NO”.

Llegó entonces la primera movilización al Ministerio de Cultura Porteño. Concentraban temprano y en el trabajo no me alcanzaba el tiempo para buscar la mejor excusa e irme antes. Terminé saliendo a la hora de siempre, me cambié rompiendo records en el baño de la oficina para descontracturar el cuerpo; el subte ya estaba cerrado por las reparaciones veraniegas y fui en búsqueda del bondi. Pregunté varias veces dónde bajarme en mi capacidad de perderme siempre y cuando llegué, la Sala hacía el “Haka Artístico” en plena Avenida de Mayo. Entre sonrisas, mi amiga me presentaba amigos y el grupo se agrandaba, nos sentamos todos en ronda. En el centro, toda una varieté explotaba, de fondo una nueva bandera “Lombardi: Esto no es un campamento, es la Sala Alberdi resistiendo”. Que quede clarito. Cla, ri, to.

sala alberdiVolvimos caminando hasta Sarmiento y Paraná, los pasos los marcaban las canciones. Íbamos juntos, tras las banderas, bailando, gritando. Llegamos y les dedicamos toda esa energía contenida a la ventana por donde se asomaban los artistas del sexto piso. La adrenalina la bajamos con unas birras en un pool cercano. Dejamos hasta las monedas. Cuando salimos hicimos una vaquita para compartir los puchos. Algo se generaba, eran nuevos lazos. Lazos con la Sala, con su gente, con quienes desde el 17 de Agosto del 2010 aguantaban la toma contra las políticas privatistas del Macrismo y de la dirección del Centro Cultural a cargo de Gabriela Ricardes. Lazos entre nosotros que nos empezábamos a compartir los puchos, los hombros, las manos. Lazos cada uno consigo mismo. Entendíamos que no nos queríamos ir, estábamos quedándonos.

Denuncia Pública de las agresiones y persecuciones sufridas por lxs compañerxs que estamos resistiendo en el Acampe Cultural de la Plaza Recuperada

El pasado domingo 13 de enero, aproximadamente a las 22 horas, un grupo de compañerxs de la Agrupación Horizonte de Libertad que vienen solidarizándose activamente con el Acampe (un compa y su hija de 3 años en brazos, junto a una pareja de compañerxs) fueron interceptados en la esquina de Montevideo y Perón (a la vuelta del Acampe Cultural) por una patota de diez matones armados con palos largos.

sala alberdiEl resto es bastante fácil de imaginar. Después de ordenar a quien estaba con su hija que se retirara, atacaron a palazos a la pareja que quedaba. Nos enteramos cuando cortaron un tema y lo dijeron en medio de un festival. Otra vez el nudo en la garganta, la bronca, la impotencia que se sumaba a la persecución a asambleístas hasta sus casas, a pibes detenidos por hacer pintadas. Pero afortunadamente otra vez las voces amigas con quien descargabas, las manos que giraban las galletitas, los pinceles que se activaban, los talleres que se reproducían. Hacía falta MUCHO más que esas bajezas para frenarlos.

Unos días más tarde, el 20 de enero, Lombardi demostraba tener una visión bastante peculiar de los hechos, por no decir no entender un carajo lo que sucedía. En una entrevista en el Diario La Nación le preguntaban:

-¿Qué pasa con el conflicto en la Sala Alberdi?

-El caso se judicializó en 2006. Hay un grupo que no son trabajadores del Gobierno de la Ciudad ni ex estudiantes de la Sala, que son okupas que tomaron parte de las instalaciones del Centro Cultural San Martín contra lo que dice la Justicia. Solamente en un contexto tan intimidatorio puede suceder este absurdo. Serán entre seis y diez personas que reciben el apoyo de un acampe cultural en forma ilegal que se ha constituido en la planta baja. Dicen que Macri quiere privatizar la cultura. Los que han privatizado la cultura son el pequeño grupo que se apropió de algo que es de todos para su propio beneficio. Se está actuando con paciencia y mesura, pero con firmeza. La Justicia empezó a convalidar lo que hizo el Gobierno de la Ciudad y creo que va a terminar en un traslado.

sala alberdiAlgunas frases se repetían en muchos otras notas. La utilización de “okupas” parecía estar de moda entre los medios hegemónicos y los participantes de la Toma y Autogestión de la Sala Alberdi sacaban desde un comunicado su derecho a réplica, porque lejos están de ser delincuentes. Los asambleístas de la Sala son TRABAJADORES del arte, gestionan un espacio de manera horizontal que se dispone para que todos puedan acceder a él. El libre acceso a la cultura está bastante opuesto a sonar a privatización. Proponen la defensa de la cultura popular, independiente y colectiva mediante asambleas y estructuras antisistema. Quizás sea ese el punto que desate el conflicto, comprender que puede generarse un espacio laburado entre todos en igual medida y proyectado hacia todos los que quieran acercarse. Algunos datos del Comunicado:

Vale recordar que durante este tiempo hemos garantizado Festivales populares, más de veinte talleres semanales, más de 2.500 espectáculos anuales para más de 30.000 espectadores y A LA GORRA lo que significa que no se impone un monto de dinero requerido para el ingreso al espacio y a las actividades”

Después de eso, estuve una semana fuera de Capital, el mar me maquinaba la cabeza. A cada rato quienes seguían acá me contaban cómo venía la mano. Cuando volví, el acampe continuaba creciendo y fortaleciéndose. Los festivales convocaban cada vez a más público, más personalidades del arte y la cultura se solidarizaban, una gran campaña con carteles que decían “Yo también soy la Sala Alberdi” copaban las redes sociales. Las tardes se multiplicaban, las noches, las birras, algún que otro fernet, los mates, las frutas.

Los últimos días de febrero terminaban con la jueza Fabiana Schafrik acompañada de otros oficiales de justicia y funcionarios del PRO, realizando una inspección ocular de la Sala Alberdi. Acción tomada como un paso hacia el desalojo y la criminalización de la protesta. Frente a las artimañas del gobierno, el acampe continuaba respondiendo con jornadas repletas de talleres, cursos y muestras, con ciclos de música que tocaban todos los estilos y bailes, el acampe continuaba respondiendo con arte.

“Hoy, martes 12 de marzo del 2013, la Asamblea del Acampe Cultural que busca la reapertura del Centro Cultural Gral. San Martín (CCGSM) y el libre acceso a la Sala Alberdi, decidió suspender la medida de fuerza, “el acampe”, por 48hs. –continuando las actividades y talleres–, para mostrar nuestra voluntad de diálogo quedando a la espera de una respuesta recíproca. Esta decisión nace como medida frente a las mentiras del Gobierno de la Ciudad de utilizar al acampe como excusa para la interrupción de actividades y el cesanteo y despido de trabajadores del Centro Cultural. De esta forma, queremos mostrar nuestro interés en solucionar el conflicto y solidarizarnos con los trabajadores afectados”

sala alberdiAsí, llegando a mitad de marzo se levantaba el acampe. La respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad valió el punto máximo de indignación. Ese mismo día, EL MISMO DÍA, efectivos de la Metropolitana e Infantería empezaban a copar la zona. Un grupo de pibes quedó rodeado en la Plaza Seca por la Policía. Las rejas los separaban de los que estábamos afuera que cada vez éramos más. Esta fue la noche en la que descubrí que a la colega con la que había llegado a la Sala hacía meses era ahora mucho más que eso.

La situación se volvía cada vez más tensa. Ante un retroceso de la policía, principalmente porque las acciones que llevaban a cabo eran ilegales, se recuperó la Plaza Seca. Los abrazos no duraron mucho, una molotov contra el vidrio del Centro Cultural detonó la represión. La Policía parecía brotar de todos lados. Tiraban con gases, balas de goma y balas de plomo. Me até el saco rojo en la cara para poder respirar, querer sacar fotos me perdió de mi amiga. Nos volvimos a juntar en la esquina de Corrientes mientras la Policía seguía avanzando, seguía tirando. Desde ahí no nos volvimos a separar, nuestros ojos no paraban de buscarnos mutuamente. Nos juntábamos en las esquinas con nuevos grupos, las líneas policiales seguían apareciendo de todos lados, cuesta no pensar que todo estaba demasiado armado. Terminamos por juntarnos todos en el Obelisco, ya era de madrugada. Muchos estaban heridos de balazos de goma, tres compañeros con balas de plomo.

sala alberdiEl plum, plum, plum cada vez más fuerte. Volvimos marchando por Corrientes después de la asamblea. La noche parecía detenida en el tiempo. El silencio de la Ciudad se cortaba tajante mientras llegábamos hasta la esquina de Paraná. Un rato más tarde volvía a casa, bajaba las fotos y las pasaba por mail. La mañana siguiente la tele me devolvía la imagen de Mauricio Macri diciendo cosas como estas: “Ayer decían que eran artistas, pero yo nunca vi artistas con facas, con bombas molotov, destrozando un centro cultural que es de todos los argentinos” . A lo que el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro agregaba “La Policía Metropolitana no utiliza balas de plomo en este tipo de circunstancias. Con lo cual si hay heridos de bala de plomo no fueron producidos por la Metropolitana, de esto no tengo ningún duda”.

¿Dónde carajo estaban? ¿Qué vieron? ¿Qué se imaginaron? La política de vaciamiento cultural era incareteable. Frente a la represión, se seguía respondiendo con arte. Sobre Corrientes se llevaban a cabo diferentes actividades bajo la temática antirrepresiva. Se marchó nuevamente a la Legislatura y se logró la libertad de los pibes presos la noche anterior. Se agotaron todos los canales de diálogo, todas las formas legales. El Gobierno había decidido reprimir, pero se necesitaba mucho más que eso: “La ideas son a prueba de balas”.

sala alberdiDiez días más tarde, el 22 de Marzo, la cámara fallaba a favor del Macrismo, indicando que la toma es criminalizable. Los pibes, asamblea mediante, decidían bajar. El hecho se llevaba a cabo el 24 de Marzo. Si, a 37 años del golpe cívico militar que encontraba multitudes en Plaza de Mayo gritando Nunca Más. A menos de veinte cuadras, la Policía volvía a reprimir, a faltarle el respeto a la memoria, a confirmar que los Derechos Humanos hoy se siguen violando. A la madrugada los cuatro compañeros que permanecían en el sexto piso lograron bajar aunque siendo identificados.

Mientras los comentarios de los “grandes” medios parecen apañar las formas del Gobierno para desalojar la Sala,  Hernán Lombardi, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, agradecía a la Policía Metropolitana su accionar.

   Nos seguimos moviendo. El pecho parece no alcanzar, el corazón quiere salirse.

Plum. Plum. Plum. Plum