Desalojando Buenos Aires

El 2013 tuvo cifras récord de desalojos de viviendas y este año arrancó con todo contra el espacio público y predios tomados en la zona desatendida de Lugano. Historia y datos para entender por dónde viene la mano.

El desalojo es el síntoma de una serie de políticas mal contenidas, el último recurso, correr atrás de la pelota.

La moda de desalojar hoteles familiares, casas tomadas y predios ocupados crece año tras año, cuando en 2006 fue ya decretada la “emergencia habitacional” en la Ciudad; hoy el desborde es evidente: cerca de 500 familias ocupan un predio lindero a la Villa 20, como respuesta a las urbanizaciones mal planteadas y razones infinitas.

Los que tienen coronita

Mientras tanto, en Ciudad Gótica más del 23% de las viviendas particulares se encuentran deshabitadas; pensemos en Puerto Madero. Las comunas 8 y 9 de la zona sur tienen el déficit más alto pero también una gran proporción de parque habitacional deshabitado. Sobre ellas el gobierno porteño avanza con un “plan maestro” que significa vender una serie de terrenos al desarrollo inmobiliario, so pretexto de igualar el desarrollo del norte con el del sur. “Pero detrás de esos buenos principios”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en temas inmobiliarios, “lo que se hace en la práctica es privilegiar a propietarios o emprendimientos inmobiliarios. Se lleva el Metrobús, el subte, se instalan los polos tecnológicos, de las artes, del deporte, que son extensiones para la instalación de nuevos emprendimientos comerciales”.

Ejemplo: los polos (tecnológico en Parque Patricios, Audiovisual en Chacarita, etc.) son delimitaciones en un sector de la ciudad donde residen empresas que gozan de beneficios económicos: “Tienen exenciones impositivas de 10, 20 años, no pagan ingresos brutos, ni derecho a la construcción”, dice Baldiviezo. Aparte de este oasis fiscal en pleno Buenos Aires, el desarrollo prioritario de estos proyectos dejan relegados las construcciones residenciales, que son acaso las que urgen.

La entrada del mercado a las villas

En este momento, Jonatan habla desde la ocupación de la Villa 20, la cual junto a su agrupación Colectivo por la igualdad y como representante de Abogados ambientalistas está ayudando a organizar. Cuenta que son 500 familias en igual cantidad de lotes, un predio que se extiende de la Villa 20. “Es la única villa que tiene un banco de tierras para la urbanización”, dice Baldiviezo. Justamente esa promesa incumplida es uno de los detonantes de la ocupación masiva, según una lógica que explica también la toma desalojada del Indoamericano en 2010. Baldiviezo: “Nosotros entendemos que urbanizar es poner servicios públicos, integrar al barrio, solucionar la vivienda a los inquilinos, otorgar propiedades… El PRO dice que no lo puede hacer, entonces lo que busca es dar títulos de propiedad, que es el último paso”. Al parcelar las villas y dejarlas en deterioro, lo que se habilita es la entrada especulativa del mercado sobre esos terrenos: “Para que el mercado ingrese tiene que haber propiedades en las villas. Es el proceso lento de sacarlos, para que el mercado las compre a precios bajos y  que luego sea el mercado el que vaya urbanizando”.

Este tipo de maniobras dejan desprotegidos sobre todo a los inquilinos, que no se agarran ni de los títulos de propiedad: “Entonces la única forma que ven es tomar la tierra”, explica sobre la ocupación de Lugano. “Este predio quiso ser vendido en el plan maestro, los vecinos lo defendieron porque son su promesa de urbanización, y hace años que es un cementerio de autos”.

Los desalojados como nueva clase social

La responsabilidad no es sólo del gobierno municipal cuando de entender las fluctuaciones de las migraciones se trata: el éxodo del campo hacia la ciudad producido por un monocultivo que precisa escaso trabajo, y tecnologización de las tareas; las oportunidades aparentes o reales que parece brindar la city; acaso los propios desalojos aparentes o reales de las propias provincias.

El gobierno de la Ciudad se manda la parte; no sólo en el tema vivienda; los desalojos a manteros en la vía pública muestra también que la idea de sacarlos, de desplazarlos no contiene una segunda respuesta. Es decir, en forma de las preguntas que se hacen estos trabajadores: “Si nos sacan de la calle, ¿a dónde vamos a ir?”

En el caso de las viviendas el Gobierno porteño ofrece la opción de un subsidio habitacional que consta de seis cuotas de 450 pesos con opción de extender a cuatro cuotas más; según el programa de Atención de Familias en Situación de Calle son 3.500 los beneficiarios del plan que cumplen con todos los requisitos; muchas personas lo solicitan pero no acceden a cobrarlo.

Lo cierto es que más allá de estas ayudas que no ayudan a nadie, el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un análisis sobre el presupuesto para vivienda del período 2008-2012: “Para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los asignados originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6 por ciento del presupuesto general pero en el gasto real realizado por el Ejecutivo implicó sólo un 1,5 por ciento”. Esta diferencia la explican las subejecuciones del presupuesto que permiten al gobierno reasignar recursos que en principio estaban destinados a una cartera, hacia otra por motivos que deben explicar. Estos acomodos significaron partidas por casi mil millones.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construyó una sola casa en el período 2010-2013, según estadísticas de la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. En cambio, en los bosques de Palermo pueden verse camionetas ploteadas con promotoras con calzas negras publicitando al IVC. “El IVC está totalmente desguazado, sólo tiene infraestructura con personal transitorio, y todas sus competencias se pasaron en la práctica al ministerio de hábitat e inclusión social”, cuenta Baldiviezo.

De aquella Ley de Emergencia Habitacional sancionada en 2006, quedó nada. La creación de un fondo presupuestario para programas habitacionales nunca fue reglamentada; y el artículo que suspendía los desalojos a inmuebles públicos fue vetado por el ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

Se hizo uso en cambio de una medida aprobada en 2001 que permite ejecutar un desalojo antes de que sea dictada una sentencia judicial: “desocupación inmediata”.

En este contexto se cuentan 2.300 familias con sentencia firme de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires, según el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle.

La manta corta

¿Cuál es el negocio? La ciudad del club de amigos no sólo aplica derecho de admisión a los que no les caen bien – la política patovica- , sino que hace sus negocios gracia a la famosa “burbuja inmobiliaria”.

En los últimos años se ha ido incrementando el precio de las propiedades, al punto que triplica el índice inflacionario del resto de los bienes.  Según un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2005 la superficie construida creció un 600%, y el metro cuadrado aumentó a razón de un 35% anual. Este proceso de valorización del suelo urbano está impulsado por el dinamismo que tomaron el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria, guiados por una lógica especulativa, cuyos protagonistas guardan estrechas relaciones con algunos funcionarios porteños.  Acreditada está la de Nicolás Caputo, íntimo de Macri y ex asesor del gobierno, dueño de la firma CAPUTO S.A. que consigue licitaciones para construir llamativamente seguido. Telemetrix, Altote, Mediterránea, American Traffic, Instalectro e IRSA son otras de las empresas que viven ganando licitaciones que habilitan a construir en suelo porteño.

El abogado Baldiviezo explica: “La lógica de la expansión de la especulación inmobiliaria en la Ciudad presiona sobre la recuperación de los predios que están en manos populares o que no tienen cierta seguridad en la tenencia. Los proyectos de desarrollo tienen bien determinadas hacia qué áreas van a impulsar y hacia dónde se van a orientar: fue Palermo, Belgrano y ahora es la zona sur con San Telmo y La Boca, que es donde casualmente hay la mayor cantidad de desalojos”.

 

 

 

El último bosque del sur

Hay un bosque nativo, acá nomás entre Avellaneda y Quilmes, donde la firma del grupo Techint Nuevo Milenio S.A. busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario “Nueva Costa del Plata”, una especie de Puerto Madero bonaerense. El bosque es el último pulmón verde que queda en estos municipios. Aunque Techint tenga el dinero y el aval de las autoridades provinciales, se les está haciendo difícil avanzar: tiene a un montón de vecinos y organizaciones bien plantados, defendiendo lo que es suyo.

bosquenativoDesde Villa Domínico (partido de Avellaneda) hasta Bernal (partido de Quilmes) está lo que fue por treinta años el vertedero de basura más grande de Latinoamérica. Ese basural colapsó en 1998 y fue causante de varias muertes de niños en las torres de Wilde (partido de Avellaneda). Eso fue la gota que rebalsó el vaso para que un grupo de madres empezaran a luchar para que se cierre, y lo lograron. El bosque nativo (pegado al CEAMSE) fue declarado reserva ecológica por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes en el 2002 como zona de recuperación ecológica por la contaminación del basural. Con sus 262 hectáreas serviría como filtro natural para amortiguar la contaminación que dejó la basura. Por su parte, en el 2008, el Concejo Deliberante de Avellaneda (que nunca declaró el bosque como reserva en su área de influencia), rezonificó el área de la costa y la declara zona urbanizable, dándole así lugar al proyecto Nueva Costa del Plata en Avellaneda. En ese momento, y gracias a estar siempre pendientes de lo que pasara en la zona por lo que había generado el CEAMSE, vecinos de Quilmes, foros y organizaciones ambientales de la zona fundaron la Asamblea No a la Entrega de Costa, para frenar el avance de los emprendimientos inmobiliarios sobre el bosque nativo. Gracias a la resistencia de los vecinos, el bosque no se tocó hasta el 2012, cuando empezaron los desmontes.

La Organización Mundial para la Salud fija como óptimo 15 m2 de espacios verdes por habitante y como mínimo 10 m2. En la actualidad en la localidad de Avellaneda estos espacios verdes se reducen a 0,40 m2 por habitante y en la localidad de Quilmes a 0,50 m2, un 97,4%. Un 96% menos de los espacios verdes necesarios para una adecuada calidad de vida.

Leandro, abogado patrocinante de la Asamblea No a La Entrega de la Costa Avellaneda-Quilmes.

– En diciembre del 2012 nos llega a nosotros la causa, cuando un grupo de vecinos nos convocó para estudiar juridicamente el tema de la viabilidad del proyecto Nueva Costa del Plata que ya habia comenzado con desmontes en toda esta zona.

– En enero del 2013 iniciamos una demanda para detener las obras, porque considerábamos que todo el proyecto estaba enmarcado en una lectura completamente ilegitima del marco regulatorio aplicable. No se cumplían con ninguna de las condiciones previstas, ni en la Constitución ni en la legislación vigente, para avanzar con un proyecto de estas características sobre un bosque nativo. Uno puede decir que Nueva Costa del Plata es un proyecto cuidado desde una u otra perspectiva, pero no para ser construido sobre ese terreno.

–  La Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la demanda, suspendió por 30 días las obras hasta que se hagan los estudios de campo necesarios. Antes del vencimiento de esos 30 días el juez de primera instancia dice que la provincia todavía no relevó sus bosques nativos (como determina la Ley Nacional de Bosques) y que por la tanto no puede tocar nada que tenga condiciones ambientales equiparables a las de un bosque. Eso fue nuevamente llevado a la Cámara, esta vez por la empresa, y confirmaron otra vez que la medida cautelar se debía mantener vigente hasta que termine el juicio. Esa sentencia fue dictada en diciembre del 2013.

– Nos amparamos en varias normas,  muy especialmente en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, la ley 26331. Esa ley tiene varias previsiones que fueron infringidas por al Municipalidad de Avellaneda y por la empresa, que intentaron sortear todo este régimen, dijeron ‘bueno esto que ahora es un baldío va a pasar a ser una urbanización sustentable’ cuando en realidad no se trata de cualquier terreno al que le están dando funciones, no hay una cancha de futbol ahí, hay un bosque nativo. El artículo 7 de la ley 26331 prohíbe cualquier desarrollo sobre un bosque de estas características hasta tanto la provincia no delimite y determine cuáles son sus bosques. Aquí es donde nace el nuevo problema.

Hecha la ley, hecha la trampa

El pasado viernes 14 de febrero la Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) convocó a una pseudo audiencia donde presentan el mapa de ordenamiento de bosques nativos que exige la ley. Ese ordenamiento es un mapa que sirve de semáforo: con rojo están pintadas las zonas de máxima preservación, en amarillo las de mediana importancia y en verde las zonas donde se puede avanzar con construcciones. El bosque nativo de la costa Avellaneda – Quilmes iba de verde.

Lo que se realizó aquel viernes 14 de febrero no cumple con ninguno de los requisitos con los que se debe llevar a cabo las audiencias públicas. Una de las cosas principales por la que la audiencia fue declarada nula por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones fue porque no se garantizó el acceso a la información; fue una mera exposición de la OPDS. Por ahora la causa está abierta, la justicia dio pautas claras sobre la necesidad de detener las obras hasta tanto no esté realizado de manera legítima el ordenamiento. Esta lucha a favor de este recurso natural se va a mantener y con muy buenos argumentos.

Nieves – Integrante del Foro en Defensa del Río de la Plata, la Salúd y el Medio Ambiente.

bn3– Los bosques nativos que se quieran destruir están sobre el valle de inundación del Río de La Plata. Los vecinos que vayan a vivir ahí como se eleva el suelo no se van a inundar, pero sí va a traer como consecuencia la inundación de los vecinos que queden en zonas bajas. El proyecto Nueva Costa del Plata dice que va a tener el 70 por ciento de espacios públicos, pero el problema es que se va a rellenar un área y a destruir un bosque.

– Todas las áreas que se colorearon con el nuevo ordenamiento que se dispuso el pasado viernes 14 de febrero son áreas que estaban conservadas por la ley nacional de bosques. Son bosques nativos y reservas igual, pero al poner un área verde se permite el desmonte. Es una trampa.

– El OPDS sólo sigue el criterio comercial, empresarial, no del valor real que tienen los bosques. Nosotros vemos que están sometidos a una presión política.

Leopoldo – Integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.

bosque nativo– Yo soy vecino de Bernal (Municipio de Quilmes) y conozco muy bien el bosque ribereño. Es un paisaje rural a muy pocos kilómetros del casco urbano, es un cambio rotundo de paisaje que hace del lugar algo muy especial.

– La consigna desde la Asamblea siempre fue ‘conocer para defender’, una de las primeras cuestiones fue hacer caminatas para que la gente venga a conocer el ambiente. En esas caminatas empezaron a aparecer biólogos, observadores de aves, un montón de gente con conocimientos que empezaron a inflar la carpeta de conocimientos sobre la importancia del lugar.

– La sensación que nos dejó la jornada del viernes 14 de febrero es de completo desamparo frente a las autoridades. El OPDS que debe velar por el cuidado del ambiente y la salud de sus habitantes es el que hace los negociados. Es esperable también, no nos sorprendió, esperábamos que operaran de esa forma, con un disfraz de proteccionistas cuando en realidad intentan darle vía libre  a los emprendimientos inmobiliarios en la zona del bosque ribereño.

– La lucha está ganada en la medida que va ganando más participación y que la gente empieza a tomar conciencia de la importancia que tienen las zonas bajas, el humedal costero, en términos de regulación hídrica. Hay cosas como la medida cautelar que nos dan un respiro, un reconocimiento de nuestros argumentos en un estamento más grande, pero la pulseada no termina ni creemos que haya que cantar victoria. La pregunta está en si tomamos conciencia o no como sociedad del desastre que estamos generando con este modelo extractivista.

Micaela – Integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.

bosque nativo– Yo de chica conocía el lugar y sabía que tenía valor, que no era un lugar lleno de ratas y basura, si no que era un lugar interesante de conservación. Un día encontré una pintada en la calle contra el emprendimiento inmobiliario y buscando por google me contacté con la asamblea. Hace tres años me sumé, por ese tiempo se formó el grupo más estable.

– Analizamos bien el panorama, en qué había avanzado Techint, conocimos la Ley de Bosques y fuimos trazando ejes de acción para empezar las actividades. Contactamos abogados, utilizamos las redes sociales para la difusión y el periodismo alternativo nos ayudó también a que se conociera el tema.

– Cuando salió la cautelar nos pusimos muy contentos, fue un golpe para Techint porque denunciamos que habían empezado con desmontes y habían violado la Ley de Bosques. Ellos tenían un permiso de la Municipalidad de Avellaneda, pero no era legítimo porque no pueden desobedecer un Ley Nacional.

– Está proyectado por el Municipio que un lugar se descuide, se llene de basura por el mismo municipio, y después decir que viene un emprendimiento privado para dar solución a los problemas de la ribera. El lugar se descuidó apropósito para luego decir que la solución no es que el Estado se haga cargo si no que venga una empresa a ofrecer cosas que a la mayoría de las personas no las beneficia.

– Está siempre el tema cuando volanteamos sobre qué es y qué no es progreso, lo que nosotros decimos es que el progreso no es seguir avanzando con la frontera urbana o agropecuaria sobre áreas silvestres, más en la ciudad. El progreso tiene que ser pensado en función a la vida, hay que redefinir muchas cuestiones. Y el momento es ahora.

Noche profunda del tranvía porteño

Es ese tren que circula por la calle, junto con el transito, ese es el tranvía. No está más en Buenos Aires, hace cincuenta años. La novedosa versión francoargentina del siglo XXI que con objetivos y formas poco claras aterrizó en el novedoso barrio de Puerto Madero, hace más de dos meses que no se deja ver funcionar.

Fotos: NosDigital.
Se cumple una mitad de siglo sin tranvías en la Ciudad de Buenos Aires, la realidad actual se marca con la urgencia de planificación y acción en materia de transporte para intentar al menos paliar la sobrepoblación de autos y el recuerdo-reflexión vale aún más la pena. Mientras, aunque no haya sido dicho por ningún medio, el Tranvía del Este hace dos meses ha suspendido su funcionamiento, quizás no se escuche porque viene desde el lejano Puerto Madero. Sin más comentarios.
El primer tranvía eléctrico porteño se inauguró el 22 de abril de 1897 ofreciendo un pequeño recorrido por la avenida Las Heras desde la actual Scalabrini Ortiz (ex Canning) hasta Plaza Italia. Luego de 27 años con tranvías a caballos recorriendo la capital argentina, dio el arranque el Tranvía Eléctrico de Buenos Ayres a cargo del ingeniero norteamericano Charles Bright. Ya para 1908, eran doce las compañías que operaban a lo largo de la ciudad.
En octubre de 1961, con motivos que suenan contemporáneos, por obsolescencia del medio y déficit acumulado, se decidió por decreto la eliminación de los tranvías. La fecha del último servicio se estableció para el 26 de diciembre de 1962, poniendo fin definitivo a una forma de moverse por Buenos Aires.
A sabiendas de la relevancia de los tranvías en el transporte cotidiano de la primera mitad del siglo XX, sería obsecuente y soberbio hoy día entender al Tranvía del Este como un renacimiento de aquellos tranvías de Buenos Aires. Se trata de un trayecto de 2033 metros paralelo a la avenida Alicia Moreau de Justo desde la avenida Córdoba hasta la avenida Independencia que solo facilitaba la movilidad de 500 a 1000 pasajeros diarios, que está suspendido permanentemente desde octubre.
El servicio tuvo su primer viaje el 25 de julio de 2007, once días después de haber sido inaugurado en presencia de Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gobierno Jorge Telerman. Operaba con dos tranvías cedidos en comodato por la intendencia de la ciudad francesa de Mulhouse, un solo tranvía salía cada media hora, por cada viaje el pasajero pagaba $1, los ingresos relevantes corrían por cuenta de subsidios.
El Tranvía del Este es gestionado por la empresa Cerelis. Desde su sitio web, que no anuncia ninguna suspensión del servicio ni nada que se le parezca, se explica que “El proyecto se desarrolla en el marco de la resolución Nº 952 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal e Inversión, junto con el aporte conjunto del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ferrovías S.A.C., Metrovías S.A., Aistom y la Corporación Puerto Madero”. Ninguna de las entidades se hacen cargo de dar respuestas a la situación que el servicio arrastra desde hace dos meses.
Está claro que el conflicto está englobado en los traspasos de servicios públicos de transportes que por la Ley Nº 26.740 le han sido transferidos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aún así la información disponible es bien escasa, pero aún menor es la cobertura que ofrecieron los grandes medios. Mientras la representación gremial del ferrocarril Urquiza explicó que “Su funcionamiento, siempre inconstante por razones que, según lo expresado por Metrovías (uno de sus gerenciadores técnicos), responden a cuestiones de presupuesto y a impedimentos técnicos que nunca terminaron de subsanarse, ha sido cancelado provisoriamente (aunque, según la óptica del gremio, que compartimos, se trata de una decisión definitiva)”.
El mural escultura de Carlos Scannapieco que expresa la historia de los tranvías de Buenos Aires con potente abstracción emplazado en la Estación Belgrano del Tranvía del Este, atravesará los sospechosos y fallidos caminos de este tranvía sin pasajeros, pero permanecerá vigente para aquél transporte urbano que copó las calles porteñas hasta despedirse hace cincuenta años.