“Como Amsterdam”

Antes de las elecciones primarias damos el presente en los encuentros con la ciudadanía de uno de los candidatos del Pro.  Los problemas clave: palomas, trapitos, conteiners, bicisendas, inseguridad, perros, paseadores de perros, cartoneros.

Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir: “Esto pasó”, cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice.

Albert Camus, “La peste”.

“Si no podemos respetar el orden para hablar, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en resolver temas como separar la basura?”

Si, como dice Horacio Rodríguez Larreta en medio del griterío, esta sala es una mini ciudad de Buenos Aires, los temas que más preocupan a los porteños son: los trapitos, los conteiners, las bicisendas, la inseguridad, los perros, los paseadores de perros, los cartoneros, las palomas.

Las palomas surge como “tema” a las 18:48 de un viernes en el barrio de Recoleta, justo en diagonal al shopping. El que lo introduce es el propio HRL, en tono de confesión y sinceridad: “No le encontramos una solución al tema”.

El contexto es un mini teatro donde se cuentan casi 100 personas, una barbaridad para tratarse de una cita en un lugar cerrado, avisada por escasos medios, un día lindo y caluroso.

“Cualquier solución que implique veneno es potencialmente peligrosa”, sigue el precandidato a jefe de gobierno, verdadero mote que explica toda esta logística: el encuentro es parte del sprint final de su campaña.

Las palomas se colaron en la agenda.

Una señora grita y propone que, para combatir a esta plaga de aves, hay que poner más gatos.

Bienvenidos a Springfield.

En el barrio de Retiro, el encuentro sucede en el edificio que la “comunidad científica” tiene en plena Santa Fe, en una dirección que solo es especificada por teléfono: no cualquiera se entera, no cualquiera va. Eso sí: cualquiera puede ir.

La entrada es así nomás, uno llega y se manda, y encima la recepción culinaria es notable: las medialunas son de primera calidad, hay café, té o jugo según el apetito, y todo atendido por dos señoras muy amables pertenecientes a un catering contratado.

Allí aprovecha una pareja que habla de sus nietos, antes de subir al primer piso donde estará HRL y su gente.

Arriba hay un salón para 100 personas al 70% de su capacidad, con Horacio al frente junto a un equipo que no presenta pero que se entiende “está en todo”: uno toma nota sobre vivienda, otro sobre residuos, otro sobre espacio público, sobre las palomas, y así.

A los costados de las butacas, desparramados por todo el salón, hay unos cinco asesores de chomba preferentemente clara, jean, zapatos y reloj. (Este estilo es inegociable). Ellos tienen planillas que ofrecen a los asistentes que no llegan a hablar vía micrófono.

La planilla pide llenar un nombre, dejar una propuesta/denuncia y un número de teléfono.

Comprobadamente, quien entrega una planilla y deja una propuesta es llamado en el transcurso de una semana por alguien que se presenta como “asesora de Horacio”, quien pregunta en tono amable “si se desea agregar algo más a lo escrito”.

Promediando tres encuentros vecinales, el target de quienes asisten a estas charlas responde al perfil de mujer mayor de 45 años, que nació morocha pero morirá rubia, se presume es jubilada, tiene olor a perfume, lleva aros, collar y cartera. Se ha producido – o eso parece- especialmente para la ocasión; no tanto como para un cumpleaños, pero como para un té con amigas.

La actitud, o mejor dicho, el tono, no es sin embargo de cholulaje, sino fundamentalmente de queja – al igual que un llamado arrebatado a una radio. Eso, parece, va más allá del gusto o disgusto por el candidato: gente que tiene realmente ganas de hablar y de expresarse y encuentra ese momento oportuno.

Y vaya si lo aprovecha.

Lo que se dice, entonces, tiene el límite que la gente impone y es el propio HRL el que pone cara de “ah, bueno” ante una brutalidad. Todo es recibido, sin embargo, con buena onda, desde las críticas hasta los elogios, en un tono que regodea responsabilidades.

Las críticas se responden con fórmulas discursivas como “estamos mejor que antes”, las opiniones distintas con comprensiones como “respeto que tengas otra opinión” y los elogios con confirmaciones como “es un cambio histórico”. No faltan, como en el caso de las bicisendas, las comparaciones espejo con ciudades europeas: “como Amsterdam”, “como Copenaghue”.

El resumen y corazón de este entramado discursivo es una frase que repite en los barrios de Retiro, Almagro y Recoleta al menos: “Estamos en la mitad del cambio. Lo que no podemos es volver para atrás”.

Top five de las propuestas más ingeniosas de la gente:

-Impuesto a los ciudadanos con perro.

-Prohibir jugar al fútbol en las plazas.

-Patente para las bicicletas.

-“Mandarles” la AFIP a los trapitos.

-Matar a las palomas con glifosato.

Un hombre de 40 y pico pide la palabra y avisa que va a dedicarse a los hospitales. Por fin. Larreta lo mira atento. El hombre – palabras más, palabras menos- dice que hay gente que “no tributa” en la Capital pero que “sí se atiende” en los hospitales de la Capital. Y que “no es por discriminar” pero “¡que paguen lo que tienen que pagar!”.

Y cosecha la primera y única ovación de la tarde-noche.

¿Se atenderá él en los hospitales públicos?

Intervenciones aisladas:

-Hace 9 años que volví a la Argentina y ya me caí 7 veces por cómo están las veredas.

-Muy bueno el tema de la Metropolitana en el Metrobús.

-Falta enrejar un tramo de la Plaza X, porque ahí lavan las ropas los indígentes, y no tan indigentes.

-Un hombre explica cómo mezclar arena y cal para hacer un buen cemento, no como el que hacen en la vereda de su casa, Arroyo y Suipacha.

-Venden frutas y verduras en la puerta de mi casa. Y están proliferando.

En el ambiente sobrevuela, intervención tras intervención, el fantasma de un “ellos”, que son “otros”. Es decir una categoría social no precisada pero construida desde cargas peyorativas, asociadas a las preocupaciones de la gente.

Los trapitos, los indigentes, los cartoneros, los paseadores de perros y la gente de la provincia de Buenos Aires son agentes que aparecieron en todas las reuniones y que forman parte de ese señalamiento sutil.

Sobre cada uno de ellos Larreta tiene estudiada una propuesta:

Para los indigentes, “los paradores para gente en situación de calle son re-contra dignos”.

Los cartoneros, “vamos a hacerlos ir a bucar el cartón a centros de reciclaje”.

A los paseadores de perros “les vamos a hacer un corredor de paseo y lugares especiales en las plazas”.

La gente de la provincia debería pagar un “abono” para atenderse en un hospital capitalino.

De la seguridad, dice que “es responsabilidad de la Federal” y reclama el traspaso.

Otros temas que se tocaron fueron: wi-fi, Metropolitana, bicisendas, contenedores, estacionamiento, travestis, Papa Francisco, vendedores callejeros, grúas.

En tres encuentros de 3 horas cada uno, es decir en 9 horas, donde participaron más de 250 porteños, más de 20 funcionarios no se nombraron los siguientes temas: urbanización de las villas, construcción de viviendas, educación pública, descentralización por comunas, aborto, pistolas taser, boom inmobiliario, centros culturales y un largo etcétera que no forma parte de la agenda, o que no interesa a la gente, o causa y efecto al mismo tiempo.

Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

El progreso porteño

“La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados…

La oración se corta en seco y a la imagen se la chupa un punto en el centro de la pantalla. Los sentidos sensoriales del señor primero le indican que una oscuridad total ahora es dueña de su casa. Milésimas después, el silencio (que en realidad no es silencio si no que es el ruido de la calle, la banda sonora de la ciudad que suele estar tapada por el ruido del televisor). Se queda sentando en el sillón. No lo invadió la desorientación que amerita una escena de este tipo. Se queda sentado varios minutos más. Mira el techo y ahí permanece el ventilador con sus aspas inútiles, que se siguen moviendo apenas por inercia. Se percata del calor insoportable que se metió en su casa sin permiso.

Se cortó la luz. La puta madre.

El señor no se siente desorientado porque ya sabe, él vive en Caballito. Mira por la ventana y el edificio nuevo que le construyeron sobre su medianería sí tiene luz, y eso que todas las instalaciones son eléctricas, ni gas natural tiene. Se tira en la cama, ojalá que vuelva, reza, al menos se cortó a la hora de acostarse, piensa. Se duerme porque ya está acostumbrado, así es cuando vivís en ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El señor tiene varias cosas que hacer, como trabajar todo el día, pero igual hace el reclamo a la empresa de electricidad. Desde la oficina llama y le dicen que es un corte aislado, que ya mandaron una cuadrilla a inspeccionar, que el número de su reclamo es el 126789. También le trata de pedir explicaciones al gobierno de su ciudad, llamó al 147 y esperó en línea, y esperó, y esperó, y esperó, tanto esperó que se le hizo la hora de volver a su casa.

Al volver en el colectivo, entre fantasías de ventiladores andando, agua fría y ascensores que suban y bajen, se pregunta: ¿Cómo puede ser que todos los veranos pase lo mismo?

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Planeamiento, informó que sólo entre 2001 a 2011 se otorgaron permisos para la construcción de 20 millones de m2. Seis barrios de los 47 que integran la Ciudad (Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Almagro) sumaron el 44% de todas las viviendas construidas.

Edesur y Edenor admiten que llevará cinco años de inversión constante brindar un servicio que pueda alimentar a toda la infraestructura nueva de Capital Federal, cálculo aproximado para alimentar a toda la Ciudad hoy, sin contar todos los edificios y shoppings que se van a construir en ese período.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña, se votaron varios proyectos nuevos. Algunos apuntan a ceder terrenos para construcciones inmobiliarias, como shoppings y torres, y otras a atraerlas.

Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, cuenta lo que pasa en la Legislatura: “Hay más de 20 proyectos de ley para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de los porteños, la de urbanización de villas por ejemplo, que no se tratan en la Legislatura, pero sí se tratan de forma express los proyectos que profundizan el modelo de ciudad neoliberal, como el del shopping en Caballito”.

A los vecinos de Caballito no les consultaron si querían un shopping en donde podría haber un parque. Sus argumentos son muy razonables: el destino del territorio, quieren que haya un parque; no quieren más edificaciones en su zona porque la sobreconstrucción ya causó colapso de servicios públicos, de cloacas y de tránsito.

El terreno donde la empresa IRSA quiere construir el shopping está compuesto por dos parcelas, una que era del club Ferrocarril Oeste y otra del Estado Nacional. Cuando Ferro entró en quiebra, hace doce años, le vendió su parcela a IRSA. El Estado Nacional no quiso ser menos y le vendió su pedazo de tierra a una empresa intermediaria que en 24 horas se la vendió a IRSA. La venta de tierras públicas debe autorizarse por ley en el Congreso Nacional. Eso nunca sucedió.

Por más de cinco años consecutivos se trató este proyecto en la Legislatura. Este último año legislativo tampoco lograron votarlo, la sesión tuvo que suspenderse por amenazas e insultos entre los legisladores.

Cómo Ceder Terrenos a las Empresas Inmobiliarias para Construir Mega Emprendimientos: APROBADO. Cómo Habilitar Espacios para la Inversión Privada: EN PROCESO.

La Boca, se convirtió en polo artístico. Lugano, en polo deportivo. Parque Patricios, polo tecnológico. Los polos son zonas libes de impuestos, lugares donde empresas privadas son invitadas a instalarse sin pagar impuestos, o hacerlo a tasas mínimas. Es una manera, y así lo admite la propia gestión macrista, de revalorizar una zona, atrayendo al capital privado para que invierta en el barrio.

“Por mucho tiempo el discurso de revalorizar una zona fue tomado como algo bueno: una zona disminuida, donde los inmuebles salen poco, el Estado debe impulsar la inversión. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando revaloriza la zona produce efectos de gentrificación, un reemplazo de gente de bajos recursos por otra con más altos”, describe Jonatan Baldiviezo.

El precio de los inmuebles se eleva, el valor de los alquileres se multiplica, el costo de vida se encarece. “Están creando el contexto institucional legal y económico para que vengan a invertir pero a los pobladores originales los están expulsando”.

En la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) ya se aprobó el Plan Maestro, que establece la zona como Polo Deportivo, construye la Villa Olímpica y otorga títulos de propiedad a los propietarios de las villas, una manera de insertar lentamente la zona en el mercado. Al otorgar títulos de propiedad, el gobierno se exime de urbanizar, la situación precaria de los habitantes de los barrios queda legalizada. De esta manera, estas tierras se blanquean, pasan a poder ser compradas y vendidas legalmente en el mercado. (Ver nota anterior)

El Plan Maestro, como otras leyes vinculadas a la construcción de la Ciudad, lo aprobó el macrismo en la Legislatura con la ayuda del bloque kichnerista.

Los habitantes de las villas miseria pasaron en cuatro años de ser, según el Censo Nacional de 2010, de 160 mil habitantes a 270 mil, último dato del 2014 según la Secretaría de Habitat e Inclusión de la Ciudad. En el año 2006 la asignación presupuestaria para las villas era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %.

De esos datos se desprende también que al menos el 10% de los habitantes de la ciudad viven hacinados, mientras que un 26,7% (según el censo 2010) de los inmuebles porteños se encuentran deshabitados.

…abandonados. No es un gran negocio inmobiliario…

Otra vez la frase se corta. Esta vez no fue por un corte de luz, fue porque la señora no pudo seguir prestando atención. La lluvia está golpeando demasiado fuerte y el agua está empezando a entrar.

A levantar la heladera y la cocina, primero. Después la cama. Si queda tiempo tirar la ropa arriba de la cama. Y a esperar.

Eventualmente el agua baja, hasta las próximas lluvias. Mientras esperaba la señora pudo escuchar clarito decir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete del Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y a la Vice Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que la Ciudad de Buenos Aires no se inundó con las lluvias de principios de noviembre gracias a las obras ejecutadas por su gestión.

La señora vive en Saavedra. Ahí mismo donde varias manzanas se inundan cuando llueve, ahí mismo donde están construyendo una obra enorme, un nuevo metrobus como el de la 9 de Julio, sin el estudio de impacto ambiental necesario.

El metrobus norte se extenderá sobre Ciudad de Buenos Aires (Av. Cabildo) hasta Vicente López. Las obras comenzaron hace un año sin los convenios necesarios aprobados en la Legislatura ni el estudio de impacto ambiental que reclama la ley. Recién hace un mes se aprobó el Convenio Marco, que sólo presenta la obra, sin especificar ni cuánto se gastará, ni qué impacto social y ambiental tendrá. No hay estudio, no hay audiencia pública, ni dictamen técnico, porque el APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad) categorizó a la obra como de poca relevancia. Desde el Observatorio de la Ciudad denuncian que el APRA otorgó el permiso de obra con un único estudio hidráulico, una sola carilla sin datos técnicos, siendo Saavedra una zona inundable.

En cuanto a las declaraciones de las autoridades del Gobierno Porteño, la señora sabe que no son ciertas. Ella se inundó.

Según los informes que el GCBA envió al Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°10, en el marco de la causa caratulada “Carbón Mario Alberto y otros contra GCBA s/Amparo”, la única obra hidráulica en ejecución, no finalizada aún, es la de la Cuenca del Arroyo Medrano, que aún está en la primera etapa del cuenco amortiguador del Parque Sarmiento.

Respecto a las obras en la cuenca del Arroyo Vega, se encuentran en la etapa prelicitatoria para la ejecución de un proyecto millonario, que consiste en construir un túnel aliviador no debatido ni consensuado aún con los ciudadanos. En la cuenca del Arroyo Cildáñez, las topadoras del GCBA están realizando la remoción de suelos en el Lago Aliviador Soldati, alcanzando la línea de edificación de las viviendas de los vecinos de la Manzana N°10 del barrio Los Piletones y poniendo en riesgo las estructuras de sus casas. Durante las últimas lluvias de noviembre, los barrios Los Piletones, Fátima, Calacita, Ramón Carrillo y Rodrigo Bueno, estuvieron bajo el agua.

“El Código de Planeamiento no hace diferencia entre cuales son las zonas inundables o no. En la ciudad hay zonas que se inundan y se siguen construyendo torres con subsuelos. No refleja qué zonas ya están saturadas de la densidad de construcción” describe Jonatan, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: “el código está obsoleto y liberado para una construcción masiva en la ciudad”.

…es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Ni la señora ni el señor terminaron de escuchar esta frase. Es que están en la Legislatura porteña tratando que les permitan opinar sobre las obras en sus barrios.

El tipo de gobierno que norma bajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una democracia participativa. El Articulo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”. Su artículo 76 también indica que todas las audiencias legislativas son públicas y que cualquier persona en los días de sesión puede ir, pedir la palabra y hablarle a los 60 legisladores, pero no se reglamentó para que efectivamente pueda hacerse.

“Hay herramientas jurídicas que no tenemos, por ejemplo no hay ninguna ley que obligue a desinvertir a los que tienen grandes cantidades de propiedades, como IRSA”, agrega Jonatan, aunque destaca que: “Aun así si se aplicara algo más básico que reside en la democracia participativa ninguna de estas obras que están avanzando en la Ciudad se hubiesen hecho con tanta velocidad, porque tendrían que darle poder de decisión a la gente”.

 

“­­La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados. No es un gran negocio inmobiliario, es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño.

El jardín de los invisibles

Un jardín de infantes del sur de la Ciudad con más de 680 chicos tiene problemas de luz, agua, calefacción y espacio. La insólita charla con funcionarios de la Ciudad y el día que apareció un caballo en el patio.

En la Ciudad de Buenos Aires hay un barrio precario que fue creado hace veinte años sobre los terrenos de un antiguo depósito de autos abandonados, con la contaminación que esto implica para la tierra y su gente: el barrio Ramón Carrillo en Soldati. Desde entonces la Escuela Infantil N° 4, donde los vecinos mandan a sus hijos, sufre por mantenerse en pie. Los chicos, que llegan a ser 680 entre los dos turnos, se cruzan en el horario de almuerzo y faltan aulas. A ese colapso se suma la calefacción que solo a veces arranca, la electricidad que se corta y deja sin agua al comedor y los baños.

La base no está

En diciembre de 1990, el barrio Ramón Carrillo nació con 700 viviendas carenciadas que habían sido expulsadas del ex Albergue Warnes para poner en su lugar un supermercado Carrefour. El flamante asentamiento fue construido en dos meses sobre los restos de un ex depósito de autos, cuya herencia es un suelo contaminado con sustancias tóxicas que desprendieron durante años las baterías y la chatarra automotriz. “Hay casos de chicos con plomo en sangre, y eso lo vemos en las infecciones de piel de algunos alumnos”, afirma María José, docente de la escuela.

Ir al jardín puede cobrar tintes de travesía. Desde la estación Mariano Acosta del Premetro siguen unas cuadras que suelen estar anegadas por un barro que impide mantenerse en pie sin resbalarse. Entonces llega la escuela, con su aspecto más bien carcelario: rejas sobre la puerta, otro enrejado de alambres de púa en la parte superior; demuestran los conflictos que hay entre la institución educativa y el barrio.

Cuarenta y cinco minutos alcanzaron para que brotara la cotidianeidad del colegio. Las autoridades enseguida alegaron: “Necesitan la autorización de la directora para poder hablar con las maestras y sacar fotos. Ella tiene que llamar a la supervisora y le tienen que dar el visto bueno”. Ningún miembro de una institución educativa puede hablar con la prensa sin previa aprobación oficial, dicta la ley. Pero la realidad iba a desbordar el silencio de los protagonistas.

Minutos después de un cambio de hora, en el que aparecieron sucesivamente varios grupitos de maestras con sus alumnos yendo de acá para allá en ese extraño espectáculo de “orden”, donde los nenes juegan en el reducido espacio que la fila le permite, apareció un representante de Infraestructura del Ministerio de Educación porteño junto con el arquitecto del edificio de la escuela, para reunirse con la vicedirectora y dos maestras. El motivo: ver cómo solucionar la falta de agua, luz y gas que tiene el colegio.

Parados alrededor del escritorio de dirección, las docentes hicieron las descripciones de siempre, como si fuese una exposición grupal en el aula. Le comentaron lo que pasa día tras día en las aulas, en los baños, en la cocina. Ante cada embate de ellas, el funcionario respondía con palabrería burocrática: “Y, falta agua porque el barrio creció mucho y consumen más”, “sí, eso habría que solucionarlo” o la famosa “pasa que se construyó mal desde el principio”. De pronto, la conversación fue interrumpida por una trabajadora de la cocina que se acercó y bajó a tierra los idas y vueltas: “No hay luz en la planta. Van a tardar en venir las viandas”. El funcionario se quedó sin palabras.

Un caballo en el patio

María José, o Monona, maestra, decide hablar porque “me defiende el gremio”, es delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y siente que con eso le escapa a esas represalias que los demás prefieren esquivar: “Hace un año y medio que la cocina no funciona, y la comida llega en unos contenedores hecha desde la central, muchas veces fría o hecha un masacote”. Y agrega “Tenemos muchos problemas: no podemos usar el patio, porque hace más de un año que no terminan de poner el piso y si los chicos se llegan a caer de un juego se pueden romper la cabeza. En una plaza lo hacen en dos días, pero acá, como no lo ve nadie, no les interesa. Una vez llegamos y en el patio había un caballo”.

Después, de un salto pasa a describir a un colegio desprovisto de servicios elementales para su funcionamiento: “El tema de la calefacción está en prueba, porque si conectan la calefacción, salta la luz. Hoy estuvimos todo el día con camperas. Los chicos estuvieron sin venir una semana y media por decisión de los papás, hasta que fuimos con ellos a la Legislatura a reclamar en persona, y ahí vinieron a conectarla, pero es un sistema de caldera que funciona con agua, un gran problema en todo el barrio. En lo que va del año, seis días no hubo agua, y dos días enteros no tuvimos luz. Hoy, para que hubiera luz, lo que no hubo fue calefacción”.

En aquella reunión en la Legislatura se pidieron doce aulas acondicionadas, pero hicieron ocho y de esta manera hay cuatro salas del turno mañana que se superponen con las de la tarde. Las docentes no saben qué hacer hasta la hora de comer. Desde el año 1996 que están en el nuevo edificio y recién desde este año se usan las aulas nuevas, aunque no fueron inauguradas siquiera. De marzo a hoy, algunas ya tienen manchas de humedad y algunos baños tienen pérdidas o directamente no funcionan.

“Nos dijeron que no hay planos de la obra del colegio, que nadie los tiene, porque en los terrenos de la escuela figura un gran baldío. Supuestamente somos un espacio verde”, dice María José, harta de sentirse invisible.

El contexto

Los chicos ya perdieron 9 días porque el GCBA no pudo garantizar las condiciones necesarias, ya sea por falta de luz, agua o calefacción. El jueves 19 de junio, mientras Buenos Aires amanecía con temperaturas cercanas al bajo cero, la escuela del barrio Ramón Carrillo, nuevamente, no tenía calefacción. Los docentes, acostumbrados a esto pero no por ello resignados –todavía- cortaron las avenidas Mariano Acosta y Castañares para ver si obligaban una reacción. Mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suele mostrar su cara de víctima por pérdidas de días lectivos cuando se suceden las tomas por estudiantes o huelgas docentes, la escuela pierde clases por una ineficiencia en políticas públicas que se reproduce en toda la zona sur de la ciudad.

Mientras se está por completar el segundo mandato del PRO, el presupuesto para Educación en el 2014 va de la mano de los anteriores: de más de 12 mil millones de pesos destinados, el 16% se utiliza para subvencionar la educacación privada, mientras que solo el 1,8% a infraestructura de los colegios públicos. La Escuela Infantil N° 4 del D.E. 19 y su larga lista de problemas materializa la destrucción y el abandono programado. La esperanza tal vez resida en que el gobierno recuerde a este colegio enclavado en el barrio marginal de Ramón Carrillo con algún fin electoralista de cara al 2015. Entretanto, la Escuela Infantil cobra vida siempre que se puede, empujada por la fuerza de voluntad de un plantel docente que se niega a dejar en ruinas a una institución desdeñada.

Las meriendas en las plazas son Pro

A principios de mes la Legislatura porteña aprobó el proyecto que permitirá la instalación de locales gastronómicos en plazas y parques de la ciudad. En el trajín del avance privado sobre los espacios públicos, le llegó el turno a nuestras plazas.

La lógica privatista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue avanzando. Una ciudad necesitada de naturaleza, la reduce. Los legisladores de la Ciudad votaron una ley que cede el uso de una parte de las plazas a privados para vender comidas y bebidas, en un territorio que está por debajo de la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por persona recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La voz del PRO, de un asambleísta, un comunero y un legislador, en un análisis sobre el uso y explotación del espacio público porteño.

La norma, que fue aprobada en la Legislatura de la Ciudad con 36 votos a favor, autoriza la instalación de bares o cafeterías solo en aquellos parques que tengan como mínimo 50.000 metros cuadrados, lo que equivale a cinco manzanas de superficie, pero únicamente cuando estos bares existan se pondrán baños públicos y “estaciones saludables”, además de una red WI-FI, un lugar de alquiler de bicicletas y hasta una biblioteca.

Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, opinó que este condicionamiento “tiene una lógica extorsiva”. Martín Iommi, comunero de la 6, lee entre líneas que “entonces están asumiendo que ellos, como Estado, no son capaces de hacerlo”. Además, la ley va en contra del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, donde dice que hay que promover “la preservación e incremento de los espacios verdes”.

IMG_3980No es una ley aislada, es el sostenimiento de una política pública.

La venta y reducción de una parte de los parques representa una profundización de la línea del gobierno macrista en sintonía con el avance en la privatización de los espacios públicos. Marcelo Ramal, en la sede central del Partido Obrero, se refirió a esta situación: “Hay una lógica extorsiva en las concesiones. Pareciera que el GCBA le dice a su población: ‘¿Querés un baño público en el parque? Vas a tener que aceptar que se privatice una parte’. Entonces nos colocan en una disyuntiva que plantea el abandono de los parques o su privatización. Pero debemos rechazar esto, porque un baño público debería estar en condiciones sin que ello implique la entrega a un privado de una parte del espacio verde”.

Perjudica a los vendedores ambulantes, que ya brindaban ese servicio con permiso del Gobierno de la Ciudad y además a los artistas, quienes reclamaron por este tema y fueron a presenciar la votación, porque la ley establece un mecanismo de trabajo diciendo textualmente que los artistas callejeros trabajarán a la gorra bajo la supervisión de los concesionarios de los bares. Es decir que, según Ramal, “consagra un trabajo precarizado para estos artistas, donde van a responder al antojo de los privados”.

¿Comodidad o calidad de vida?

Federico Wahlberg es miembro de la asamblea del parque Centenario y parte de la Red de Interparques (Centenario, Lezama y Chacabuco), y sostiene que esta medida “se enmarca en una situación generalizada, porque si uno se pone a hablar de cada caso quizá no parezca que se quita tanto, pero a lo largo del tiempo la cantidad de espacio verde que se fue sacando es enorme. El Parque Chacabuco es nuestro paradigma: desde la época en que la dictadura lo atravesó con una autopista, se pusieron escuelas, un polideportivo y hasta un estacionamiento”.

“La diferencia creemos que está en si un porteño considera que es mejor conservar el espacio verde y tener que caminar 100 metros para comprarse algo, o si prefiere tener toneladas de hormigón para no tener que caminar”.

Federico es economista, tiene 32 años, y plantea un escenario muy simple: “Supongamos que vos querés tomar un café en el patio de tu casa, ¿vas a mandar a construir una cocina ahí mismo? Yo creo que lo que todos hacemos es ir a la cocina, hacernos un café y salir al patio de casa a tomarlo. Ese mismo criterio que uno tendría para su casa, nosotros lo consideramos válido también para los parques”.

¿Qué dijo el PRO?

Patricio Distéfano, el subsecretario de Uso del Espacio Público de la Ciudad, defendió la ley y regaló frases de esas que demuestran una concepción de vida: “Estos novedosos cambios, únicamente focalizados en las necesidades de las personas, lograrán transformar la tradicional idea que tenemos sobre los parques públicos de la ciudad. Ocurre que al histórico y conocido rol que cumplen como pulmones de la gran urbe se sumará el hecho de convertirse en verdaderas herramientas capaces de incentivar la vida saludable, el encuentro entre las personas, el acercamiento a la cultura y la construcción de una verdadera comunidad”.

El poder de las Comunas, una venta de humo.

Martín Iommi, de la Corriente Unidad Sur y ex Proyecto Sur, es miembro electo de la Junta Comunal n°6, una de las pocas en que la oposición supera en las votaciones al PRO: “Esta ley es totalmente antidemocrática porque debió discutirse y tratarse primero en las Juntas Comunales y a su vez debió escucharse al Consejo Consultivo, que es donde pueden participar todos los vecinos. No se escucharon las voces mayoritarias, que estaban en contra. Seguramente se va a terminar judicializando, porque se contradice con muchas otras normas. Se va a promulgar, pero veremos cómo queda el texto definitivo en el Boletín Oficial”.

“Cuando algo es tan ambiguo y contradictorio se huele que lo que están haciendo son negocios privados donde crean unidades de negocio que favorecen a los amigos, desde permitirle funcionar sin habilitación hasta la situación particular de pagar cánones ridículos. Para lo único que se está haciendo esto no es para darle un servicio a la gente, sino para seguir haciendo negocios en el espacio público”, afirma Martín, y sostiene que “por ejemplo, los boliches ‘Pachá’ y ‘Tequila’ funcionan en lugares que deberían ser un parque y espacio público, y lo que pagan por la concesión es cercano a 10.000 y 15.000 pesos, respectivamente”.

El PRO y Proyecto Sur, más contradictorios que nunca.

Si bien los partidos políticos se encargan de instalarnos una imagen sobre ellos, son los hechos los que descubren la manta impuesta para que no los veamos. Tanto es así que Javier Gentilini, legislador por Proyecto Sur dentro de UNEN y comandado por Pino Solanas, el presidente de la Comisión de Ambiente en el Senado de la Nación, votó a favor.

“La importancia de los espacios verdes pasa porque generan una vida más saludable, y la pérdida de estos espacios afectan a nuestra salud. Esto es contradictorio con los carteles del GCBA que hablan de una ‘Ciudad verde’. Además, las plazas funcionan como esponjas para evitar las inundaciones”, aporta Iommi, que supo militar con Gentilini en los barrios en defensa del espacio público, y oponiéndose a este tipo de proyectos.

Las plazas de la Ciudad, como a lo largo de la historia, verán disminuido su espacio, para cedérselo a un Estado, que cada día más, se vuelca a favor de lo privado.

El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos

El Taricco de la Paternal es un símbolo de la cultura barrial de los 40. Hoy, un litigio legal por su recuperación – que incluye dueños fantasma y rechazos PRO en la Legislatura- pone en discusión el desplazamiento de los lugares de encuentro y la apropiación del mercado.

Barrio La Paternal. Año 1941. Casas bajas, pocos autos y muchas carpinterías, por la gran cantidad de nuevos inmigrantes que se habían ubicado en la zona. Mujeres vestidas con polleras o vestidos largos que combinaban con los colores de los guantes para mostrarse a la moda, bastante tiempo antes de la llegada de los jeans al país. Una vida menos acelerada, de mucha coquetería y salidas que se daban entre las confiterías y los cines.IMG_2396

Mismo barrio. Año 2014. Altos edificios, pocos espacios verdes y muchos estacionamientos, por la gran cantidad de nuevos vecinos que se ubicaron en la zona. Donde antes había siete cines, hoy seis edificios tapan un sol que no miramos, porque está por encima de nuestro celular, la nueva moda. De esos cines en pie solo queda uno, y sin funciones desde hace 23 años. El Cine Teatro Taricco, un ícono dormido de un barrio que empieza a despertarse para recuperarlo.

Luis Taricco, el dueño de una heladería en la esquina de “El camino a San Martín” y “Cayena” (hoy avenida San Martín y Nicasio Oroño), decidió en 1917 empezar a proyectar películas como si fuera una “heladería concert”. Como le funcionó compró el tercer lote de la cuadra, que era en forma de “L” y tenía una entrada más por la otra calle, ideal para meter escenografías o transformarlo en bambalinas.

En 1920 abría los ojos un cine-teatro que llevaba el apellido de Luis como nombre, con 1000 butacas, pullman, platea, dos palcos y un escenario bastante grande que podía funcionar como tal, o servir para separar la primera fila de la pantalla.

Por esa sala pasó una noche Carlitos Gardel, que tuvo que salir a cantar algunas canciones para satisfacer a la enorme cantidad de gente que había quedado en la calle. Engalanaron el teatro alguna vez Tita Merello y Mirtha Legrand cuando era actriz, poco tiempo después de haber cursado en la primaria pública “Mendoza”, a cuatro cuadras del Taricco.

Por los pasillos y butacas también pasó Víctor Fierro, que tiene minutos en tevé como los otros, pero es dueño de una de las pocas golosinerías que quedan todavía en la ciudad: galletitas por peso, bombones en serio y peluches enormes para completar el combo de galán de aquella época. Fierro, tan ícono del barrio como atento con sus clientes, fue a ver en el ‘41 un par de cintas traídas de afuera, y lo cuenta: “Lo que pasa es que al Taricco iba la muchachada, y yo de pibe iba. Me gustaba, pero cuando crecimos con mis amigos queríamos ver películas con mejores diálogos, con tramas más adultas. Y me tenía que ir al Cine Oeste, pero ahí ya tenías que ir bien empilchado, con un saco y zapatos”.

IMG_2405Siete cines, diez cuadras

El detalle de contar con un teatro y un techo corredizo que todavía existe y que servía para renovar el vaho que se condensaba durante las funciones, lo hacía al Taricco destacarse por encima de los otros seis que había a lo largo de diez cuadras sobre Avenida San Martín. Siete en total. Siete cines en diez cuadras. Donde hoy está la concesionaria de Fiat, Taraborelli, antes estaba el Cine Sena; a la cuadra siguiente del Taricco estaba el Cine Oeste, donde hoy se puede jugar al bowling; sobre Donato Álvarez, el Lorena; pasando Juan B. Justo estaba el Florencio Parravicini; en Gaona y Pujol el Carlos Pellegrini; y en el Cid Campeador abría sus puertas el Río de la Plata.

Bethy Ayerra, de 88 años, vivió en Chivilcoy, en La Plata y en el pasaje Tacuara del barrio de Floresta. Como pueblerina devenida en vecina de una gran ciudad siempre le sorprendió la cantidad de cines que había: “Es que estaba de moda. No existía la televisión, y la salida del fin de semana era ir a dejarse los ojos cuadrados mirando las series que mostraban domingo tras domingo”.

Bethy iba poco al cine con su marido, porque no compartían los géneros preferidos: “Mi marido me llevó a ver una película de terror, pero yo estaba embarazada y era muy terrible para mí. Era la de ese director conocido, la de la mujer en la bañadera”, recuerda sin recordar que vio “Psicosis” en su estreno de 1960.

Hubo un día que la carne y la leche fueron protagonistas de una obra de teatro. Es que si bien el Taricco es el único que mantiene su estructura externa, las reglas del mercado levantaron todas las butacas, desguazaron el Pullman dejando unas vigas enormes, y del escenario hicieron una cámara frigorífica. Lo convirtieron en un supermercado Minimax, la cadena de Nelson Rockefeller.  El Taricco, ya sin mística ni energía, se echaba a dormir.

La recuperación

La pelea por la recuperación comenzó en plena época de crisis en el 2001, no casualmente. “La Ciudad empezó a tomar conciencia de que el habitante tenía alguna influencia en lo que se podía hacer, entonces empezamos a juntarnos porque queríamos intervenir en diferentes cuestiones. Entre ellas, el Taricco”, dice Norberto Zanzi, miembro del Grupo Taricco que lleva adelante la lucha, quien admite que ese cine en la actualidad quizás estaría en el circuito comercial (tipo Village), y que era diferente simplemente por las circunstancias de la época.

Entonces, surgen preguntas que van quedando en el aire: ¿Qué significaría ese cine hoy? ¿Qué ganaríamos y qué perderíamos teniendo un cine nuevo, y en qué se diferenciaría? ¿Iría el mismo tipo de público que cuando funcionaba? ¿Hacia dónde se fueron corriendo esos espacios de encuentro? ¿Mejoraron o empeoraron?

Mientras construimos las respuestas, los miembros del Grupo Taricco lograron que en 2004 se declare “sitio de interés cultural” y de “protección cautelar”, para que no pueda ser modificado estructuralmente.

La Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hizo una resolución diciendo que el edificio estaba en perfectas condiciones para reactivarlo. Por el lugar, por el terreno y por las circunstancias era importante que el Gobierno de la Ciudad lo recuperara y lo pusiera en funcionamiento. Concretamente, comprarlo a sus dueños y reinaugurarlo como Cine Teatro.

Incluso llegaron a tener una Ley de expropiación para el cine en 2005. Como toda ley era obligatoria, aunque contaba con una vigencia de 3 años. Pasó el tiempo y los Jefes de Gobierno: Ibarra, Macri y Telerman, que siendo el dueño de La Trastienda y conociendo las utilidades que puede dar un espacio así, no ejecutó una partida presupuestaria asignada de 800.000 pesos. En el 2008 caducó la ley y tuvieron que empezar de nuevo.

¿Por qué no se puede convencer a los dueños?Lo que ocurre es que ahora son siete dueños con distintos porcentajes de los que se saben los nombres, pero no han llegado a ninguno por la falta de datos en el Registro de la Propiedad Inmueble…

IMG_2371Estado y mercado

¿Por qué recuperar un espacio que corre el riesgo de volver a ser manejado según las reglas del mercado? ¿Cómo hacer para que esto no pase, si se lo entregan al Gobierno de la Ciudad? ¿Cuál es el proyecto? Los Taricco propusieron una forma particular de gobernarlo: que tenga un representante del GCBA, un representante de la Comuna, y 5 de las organizaciones barriales (que se agrupen todos los medios de comunicación del barrio, todas las cooperadoras escolares, y todas las asociaciones culturales), para evitar la experiencia del Teatro 25 de Mayo, hoy subsede del Centro Cultural San Martín.

“Los únicos que están oficialmente en contra del proyecto son los del PRO, por la plata que representaría ponerlo en valor y en funcionamiento. La presidenta de la Comisión de Cultura se opuso por el dinero, en vez de tener en cuenta si es viable o no”, cuenta Norberto, que además se junta con la comisión una vez por mes en la biblioteca popular Becciú para seguir soñando con recuperarlo.

El último proyecto, igual al anterior, fue presentado en agosto de 2013. Hablaron con diputados de todo el arco político y empezaron a firmarlo, llegando a un total de 17 firmas, entre actuales y los que ya terminaron su mandato. Pero el cine, como el trámite, sigue esperando que le den un cachetazo para despertarse, mientras los viejos sueñan con viejas épocas y los jóvenes se desvelan por recuperarlo.

La legalización de la precariedad

Avanza en la Legislatura porteña un proyecto de excepción para parcelar las villas del sur y dar títulos de propiedad, mientras las leyes de urbanización no se cumplen. Los bloques K y del Pro apoyan el proyecto y el mercado inmobiliario ya se prepara para entrar en juego.

El gobierno porteño tiene un plan, y un Plan para la Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Lo llaman Plan Maestro, pero los vecinos lo conocen como Plan Nefasto.

El proyecto ya está aprobado por la Legislatura porteña -con los bloques kichneristas y del Pro a favor- en una primera lectura y fue sometido a una audiencia pública. Ahora debe recorrer una serie de comisiones y luego está a sólo una segunda revisión, con votación, para ser aprobada.

El Plan Maestro – nombre colonizado de los Master Plan que denomina a las obras públicas de envergadura-, luego de ser modificado y achicado en diciembre del año pasado, tiene tres ejes: la instalación de una Villa Olímpica, la conformación de un Distrito del Deporte (zona libre de impuestos para las empresas relacionadas con ese rubro) y el parcelamiento de las villas en la zona sur.

Este tercer eje conlleva la entrega de títulos de propiedad a los dueños de casas en las villas lo que, a la ligera, parece positivo, pero que en las entrañas del proyecto tiene olor a cloaca sin urbanizar.  Lo cuenta el abogado Jonatan Baldiviezo, abogado especialista en temas inmobiliarios e integrante del Colectivo por la Igualdad. “Para parcelar, la ley actual exige muchos requisitos; entre ellos que las casas tengan permiso de obra por ejemplo. Como las que están fueron construidas de forma informal, no cumplen con nada de eso. Entonces como el gobierno para entregar títulos de propiedad primero tiene que parcelar, necesita una ley que le de excepciones para hacerlo”.

Esta es esa ley. Las casas de las villas no cumplen con ningún requisito necesario para existir legalmente dentro de una parcela determinada. No tienen las condiciones de ventilación o luz, en el mejor de los casos, para que el Estado permita un permiso de obra.  Esta ley garantiza esa excepción, dice que los planos de obra sólo deben mantener el contorno perimetral y no interno. “Esta ley da tantas excepciones que el gobierno ahora sí puede ir a parcelar y por ende entregar títulos de propiedad. Antes no lo podía hacer porque tenía que realizar todos los pasos de urbanización e infraestructura que permitan llegar al título de propiedad”, aclara Baldiviezo y profundiza: “El Plan hace que se salteen esos pasos y al saltearlos se desliga de la responsabilidad de urbanizar, ya que ninguna cláusula de la ley indica que el estado se hace cargo de los servicios públicos”.

lugano (4 de 8)Precariedad legalizada

Con las escrituras y títulos de propiedad la situación de precariedad en los barrios quedaría legalizada. “Este proyecto no va a garantizar una solución habitacional para todos, solamente a los propietarios, no resuelve el hacinamiento porque no van a dar más casas y deja de garantizar toda la cuestión de infraestructura, lo que es servicios públicos”, resume el abogado y se acomoda para desenmascarar la metodología del gobierno porteño: “El procedimiento que hace es más lento, a tiempo del mercado, que es este: si urbanizamos estos terrenos los perdemos definitivamente; para no perderlos, no urbanizamos, entregamos títulos de propiedad y de acá a muchos años vamos a terminar siendo propietarios de esas tierras. Si el Estado urbanizara, al prestar servicios públicos, la tierra valdría mucho más”.

El proyecto tuvo dos etapas. En la primera, un proyecto original era muy grande y tocaba todas las áreas de la Comuna 8. De todo eso sólo quedaron los tres ejes – Villa Olímpica, Distrito del Deporte y villas-, y  se agregó la venta de 70 hectáreas de la Comuna 8 para crear un fondo destinado a la urbanización de las villas. Sin embargo, los proyectos ya vigentes no tienen curso y, en el caso particular del Plan, no existe ninguna cláusula concreta sobre cómo urbanizar ni mencionaba costos. En resumen, se perdía tierra que podía ser utilizada para urbanización y se perdían espacios verdes y tierras públicas. Ese fondo, se plantea, era manejado por la Corporación Buenos Aires Sur, que el Estado creó en el 2001. Es decir: al ser del Estado la corporación, una vez que tiene los inmuebles puede venderlos sin pasar por la Legislatura. El proyecto nuevo elimina todo lo que es venta de tierras, deja de hablar de urbanización en cualquier término y habilita la entrega de títulos.

Ya hay antecedentes de esta política. En la villa 6, cerca, y la villa 19 en Dellepiane y General Paz, que tienen sus leyes particulares, se entregaron títulos de propiedad y a las familias hacinadas se les entregó el título en condominio: “Con el proceso de urbanización tendrían que entregarle una a cada una. A los inquilinos no se les entrega ningún título y se deja de invertir en infraestructura”, puntualiza Baldiviezo y coloca la frutilla de la torta: “La única obra grande que van a hacer es la Villa Olímpica donde hay espacios verdes funcionando como humedales. Si construyen ahí, se corre riesgo de que se inunden los alrededores”. Es decir, las villas.

Los vecinos

Diosnel y Gisela viven en la Villa 20 pero ahora están en puntos muy distantes de la ciudad. Diosnel camina los pasillos estrechos del barrio donde vive hace 30 años. Gisela está sentada en una silla de plástico, abajo de la “Carpa Villera” montada al lado del obelisco para reclamar, entre otras banderas, la urbanización definitiva de todas las villas de la Ciudad. Su reclamo está amparado, desde el 2005, en las leyes Nº 148, Nº 403 (Villa 1-11-14), Nº 1333 (Barrio Ramón Carrillo),  Nº 1770 (Villa 20),  Nº 1868 (Villa 21-24), Nº 3343 (Barrio Carlos Mugica, ex villa 31-31bis).

“Cloacas, luz, vereda, vivienda, la verdad que faltan muchas cosas en el barrio”, enumera Gisela mientras se acomoda en su asiento. Al mismo tiempo Diosnel señala hasta dónde le entra el agua en su casa cuando llueve: “Nos inundamos con agua sucia”. Rato antes de llegar a su casa, Diosnel cruzó por un puente sobre las vías que construyeron luego de la muerte de varios nenes atropellados por el tren. Ese paso les costó una semana de huelga de hambre a él y al padre de uno de los chicos.

“Acá hay una ley que dice que se tienen que hacer 1600 viviendas solamente para la gente de la villa 20, y eso no va a cubrir ni una cuarta parte de la necesidad de los inquilinos, y ni siquiera eso hicieron”, dice Diosnel y esa es su explicación de por qué la gente ocupó el predio pegado a la villa 20: porque desde el 11 de agosto del 2005 que salió esa ley hasta ahora “no pusieron un sólo ladrillo en el barrio, y la gente necesita la vivienda ahora”.

Diosnel y Gisela tienen bronca: “Al gobierno no le interesa como vive un villero, apuesta en invertir en otros lados antes que en una villa. El Plan Maestro no soluciona nada, le puede solucionar al gobierno para facturar ellos, pero al barrio no le soluciona nada”, redondea la mujer, se levanta y recorre la carpa que alberga desde hace dos semanas a seis personas en huelga de hambre. Diosnel: “no les conviene urbanizar las villas, porque así como nos tienen nos pueden usar como ellos quieren, por la necesidad”.

La figura de Diosnel se recorta en la puerta corrediza que separa a su casa del pasillo; no se escucha lo que habla porque un torneo de voley y los nenes jugando completan al silencio. A medida que se acerca, sus palabras se aclaran y está diciendo – repitiendo- que desde el 2005 en que salió la ley, no se hizo nada. Que por eso le llaman el Plan Nefasto del gobierno nacional y provincial, “porque los dos bloques le dieron la primera aprobación”. Diosnel hace una pausa y su sentencia se escucha ahora clarita: “Es el plan que nos quiere dejar excluidos totalmente de tener una vivienda digna”.

lugano (8 de 8)

Desalojando Buenos Aires

El 2013 tuvo cifras récord de desalojos de viviendas y este año arrancó con todo contra el espacio público y predios tomados en la zona desatendida de Lugano. Historia y datos para entender por dónde viene la mano.

El desalojo es el síntoma de una serie de políticas mal contenidas, el último recurso, correr atrás de la pelota.

La moda de desalojar hoteles familiares, casas tomadas y predios ocupados crece año tras año, cuando en 2006 fue ya decretada la “emergencia habitacional” en la Ciudad; hoy el desborde es evidente: cerca de 500 familias ocupan un predio lindero a la Villa 20, como respuesta a las urbanizaciones mal planteadas y razones infinitas.

Los que tienen coronita

Mientras tanto, en Ciudad Gótica más del 23% de las viviendas particulares se encuentran deshabitadas; pensemos en Puerto Madero. Las comunas 8 y 9 de la zona sur tienen el déficit más alto pero también una gran proporción de parque habitacional deshabitado. Sobre ellas el gobierno porteño avanza con un “plan maestro” que significa vender una serie de terrenos al desarrollo inmobiliario, so pretexto de igualar el desarrollo del norte con el del sur. “Pero detrás de esos buenos principios”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en temas inmobiliarios, “lo que se hace en la práctica es privilegiar a propietarios o emprendimientos inmobiliarios. Se lleva el Metrobús, el subte, se instalan los polos tecnológicos, de las artes, del deporte, que son extensiones para la instalación de nuevos emprendimientos comerciales”.

Ejemplo: los polos (tecnológico en Parque Patricios, Audiovisual en Chacarita, etc.) son delimitaciones en un sector de la ciudad donde residen empresas que gozan de beneficios económicos: “Tienen exenciones impositivas de 10, 20 años, no pagan ingresos brutos, ni derecho a la construcción”, dice Baldiviezo. Aparte de este oasis fiscal en pleno Buenos Aires, el desarrollo prioritario de estos proyectos dejan relegados las construcciones residenciales, que son acaso las que urgen.

La entrada del mercado a las villas

En este momento, Jonatan habla desde la ocupación de la Villa 20, la cual junto a su agrupación Colectivo por la igualdad y como representante de Abogados ambientalistas está ayudando a organizar. Cuenta que son 500 familias en igual cantidad de lotes, un predio que se extiende de la Villa 20. “Es la única villa que tiene un banco de tierras para la urbanización”, dice Baldiviezo. Justamente esa promesa incumplida es uno de los detonantes de la ocupación masiva, según una lógica que explica también la toma desalojada del Indoamericano en 2010. Baldiviezo: “Nosotros entendemos que urbanizar es poner servicios públicos, integrar al barrio, solucionar la vivienda a los inquilinos, otorgar propiedades… El PRO dice que no lo puede hacer, entonces lo que busca es dar títulos de propiedad, que es el último paso”. Al parcelar las villas y dejarlas en deterioro, lo que se habilita es la entrada especulativa del mercado sobre esos terrenos: “Para que el mercado ingrese tiene que haber propiedades en las villas. Es el proceso lento de sacarlos, para que el mercado las compre a precios bajos y  que luego sea el mercado el que vaya urbanizando”.

Este tipo de maniobras dejan desprotegidos sobre todo a los inquilinos, que no se agarran ni de los títulos de propiedad: “Entonces la única forma que ven es tomar la tierra”, explica sobre la ocupación de Lugano. “Este predio quiso ser vendido en el plan maestro, los vecinos lo defendieron porque son su promesa de urbanización, y hace años que es un cementerio de autos”.

Los desalojados como nueva clase social

La responsabilidad no es sólo del gobierno municipal cuando de entender las fluctuaciones de las migraciones se trata: el éxodo del campo hacia la ciudad producido por un monocultivo que precisa escaso trabajo, y tecnologización de las tareas; las oportunidades aparentes o reales que parece brindar la city; acaso los propios desalojos aparentes o reales de las propias provincias.

El gobierno de la Ciudad se manda la parte; no sólo en el tema vivienda; los desalojos a manteros en la vía pública muestra también que la idea de sacarlos, de desplazarlos no contiene una segunda respuesta. Es decir, en forma de las preguntas que se hacen estos trabajadores: “Si nos sacan de la calle, ¿a dónde vamos a ir?”

En el caso de las viviendas el Gobierno porteño ofrece la opción de un subsidio habitacional que consta de seis cuotas de 450 pesos con opción de extender a cuatro cuotas más; según el programa de Atención de Familias en Situación de Calle son 3.500 los beneficiarios del plan que cumplen con todos los requisitos; muchas personas lo solicitan pero no acceden a cobrarlo.

Lo cierto es que más allá de estas ayudas que no ayudan a nadie, el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un análisis sobre el presupuesto para vivienda del período 2008-2012: “Para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los asignados originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6 por ciento del presupuesto general pero en el gasto real realizado por el Ejecutivo implicó sólo un 1,5 por ciento”. Esta diferencia la explican las subejecuciones del presupuesto que permiten al gobierno reasignar recursos que en principio estaban destinados a una cartera, hacia otra por motivos que deben explicar. Estos acomodos significaron partidas por casi mil millones.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construyó una sola casa en el período 2010-2013, según estadísticas de la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. En cambio, en los bosques de Palermo pueden verse camionetas ploteadas con promotoras con calzas negras publicitando al IVC. “El IVC está totalmente desguazado, sólo tiene infraestructura con personal transitorio, y todas sus competencias se pasaron en la práctica al ministerio de hábitat e inclusión social”, cuenta Baldiviezo.

De aquella Ley de Emergencia Habitacional sancionada en 2006, quedó nada. La creación de un fondo presupuestario para programas habitacionales nunca fue reglamentada; y el artículo que suspendía los desalojos a inmuebles públicos fue vetado por el ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

Se hizo uso en cambio de una medida aprobada en 2001 que permite ejecutar un desalojo antes de que sea dictada una sentencia judicial: “desocupación inmediata”.

En este contexto se cuentan 2.300 familias con sentencia firme de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires, según el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle.

La manta corta

¿Cuál es el negocio? La ciudad del club de amigos no sólo aplica derecho de admisión a los que no les caen bien – la política patovica- , sino que hace sus negocios gracia a la famosa “burbuja inmobiliaria”.

En los últimos años se ha ido incrementando el precio de las propiedades, al punto que triplica el índice inflacionario del resto de los bienes.  Según un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2005 la superficie construida creció un 600%, y el metro cuadrado aumentó a razón de un 35% anual. Este proceso de valorización del suelo urbano está impulsado por el dinamismo que tomaron el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria, guiados por una lógica especulativa, cuyos protagonistas guardan estrechas relaciones con algunos funcionarios porteños.  Acreditada está la de Nicolás Caputo, íntimo de Macri y ex asesor del gobierno, dueño de la firma CAPUTO S.A. que consigue licitaciones para construir llamativamente seguido. Telemetrix, Altote, Mediterránea, American Traffic, Instalectro e IRSA son otras de las empresas que viven ganando licitaciones que habilitan a construir en suelo porteño.

El abogado Baldiviezo explica: “La lógica de la expansión de la especulación inmobiliaria en la Ciudad presiona sobre la recuperación de los predios que están en manos populares o que no tienen cierta seguridad en la tenencia. Los proyectos de desarrollo tienen bien determinadas hacia qué áreas van a impulsar y hacia dónde se van a orientar: fue Palermo, Belgrano y ahora es la zona sur con San Telmo y La Boca, que es donde casualmente hay la mayor cantidad de desalojos”.

 

 

 

Los indeseados

Cientos de trabajadores callejeros de la Ciudad están siendo desplazados y criminalizados. Entre ellos, la comunidad senegalesa denuncia el atropello de la Metropolitana y pregunta: “Si nos sacan de la calle, ¿dónde vamos a ir?”

En el angosto pasillo de entrada del conventillo ubicado en Sarmiento 2835, a tan sólo cuatro cuadras de la Plaza Miserere de Once, todavía quedan recuerdos del brutal allanamiento de la Policía Metropolitana, pese a que ocurrió hace un mes. Vidrios rotos, una puerta forzada y un cartel rojo con letras blancas con la palabra “clausurado” le dan la bienvenida al hogar que todavía comparten Nar, Thierno y Macoeou, tres senegaleses que llegaron al país hace más de cinco años con la ilusión de mejorar su calidad de vida y dejarle un mejor pasar económico a sus familias, que aún los esperan en África. En la madrugada del 28 de enero, en vez de tener la esperanza de progresar, temieron por sus vidas y por sus sueños: oficiales de la fuerza que responde a Maurico Macri ingresaron a su hogar y, a punta de pistola, los obligaron a firmar documentos que no entendían porque no hablan español.

senegalDesde hace más de un año, el PRO intenta desalojar constantemente a los manteros y puesteros de la Ciudad y sobre todo a los que ocupan la Avenida Pueyrredon en el barrio porteño de Once. Entre los perjudicados están los más de 3.500 senegaleses que, en su gran mayoría, trabajan de la venta callejera de relojes, bijouterie, billeteras, cinturones y anteojos de sol. Casi todos no hablan español y se comunican en wolof, una de las lenguas oficiales de Senegal. Otros, en francés o en inglés; unos pocos manejan el castellano a la perfección. En este último grupo está Abdoulay Gothe, representante de la comunidad africana en Buenos Aires, quien vive y trabaja en Córdoba, pero continúa en Buenos Aires a la espera de alguna respuesta por lo que están padeciendo sus compatriotas. Él, mientras mostraba parte por parte los lugares del conventillo, recibía los saludos de todos sus compañeros que llegaban hasta la puerta y le preguntaban cuál iba a ser el próximo paso a seguir. “Nos tratan como si fuéramos delincuentes y sólo somos gente trabajadora. Nos discriminan por ser inmigrantes, por ser negros. Yo me pregunto: ¿de dónde venían los primeros inmigrantes que llegaron a la Ciudad? Extranjeros somos y seremos todos”, se lamenta el hombre que, en el marco de uno de los reclamos, le planteó en la cara a Macri todas las problemáticas y no recibió ni siquiera una palabra de devolución por parte del Jefe de Gobierno; ni siquiera se animó a mirarlo a los ojos.

Además de ingresar a la fuerza con una orden judicial firmada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, que está comandado por Graciela Dalmas, los efectivos policiales se llevaron parte de la mercancía que tenía la pequeña habitación del conventillo. Ingresaron, a las 5 de la mañana, encapuchados, armados y con una pequeña cámara de video que filmó todo el operativo. Todo, salvo cuando los obligaron – a punta de pistola – a firmar el documento que corroboraba que no había existido ninguna disconformidad en el allanamiento, según contaron los propios protagonistas que vieron cómo corrían la filmadora para que no tomara la imagen que los apuntaba para que firmaran. Nar dormía en un colchón del dormitorio y Thierno en el entrepiso en  el momento del ingreso de los oficiales que los apuntaron, mientras que Macoeou se estaba bañando. A él ni siquiera lo dejaron terminar de ducharse ni cambiarse: rompieron vidrios del baño y en toda la inspección se mantuvo desnudo.

“Es una injusticia más allá del color de piel que tengamos. Yo por cualquiera de ellos daría mi propia vida, pero lo que no entiendo es cómo la gente en este país ha votado a un Gobierno que hace este tipo de cosas y por qué no reaccionan para defendernos”, se pregunta, con indignación, Abdoulay. Lo cierto es que ellos mismos sienten la discriminación en las marchas que realizan y en los propios medios de comunicación, que o los vuelven invisibles o los responsabilizan. “Hace poco otro grupo de gente que protestaba por diferentes razones a las nuestras quemó un patrullero y el diario Clarín, el mismo que festeja que nos quieran desalojar, nos culpó cuando no tuvimos nada que ver”, agrega.

A los tres, la policía les robó – porque en el acta no figuran como incautados – dinero y los teléfonos celulares en los que guardaban, entre otras cosas, las fotos familiares y recuerdos de su Senegal natal. Mustafá, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, fue quien los acompañó desde el primer momento para denunciar estos hechos. Él es otro de los que habla español a la perfección y se contactó con organismos de Derechos Humanos del país para denunciar los hechos violentos que sufrieron. “Es una vergüenza que nos hagan esto. Los humillaron y los hicieron temer por sus vidas con un nivel muy grande de agresión. Por suerte muchas entidades ya nos dieron su apoyo en esta lucha constante”, dice y agrega que tanto el CELS como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad les brindaron solidaridad y quedaron a su disposición.

En la oscuridad del diminuto espacio que separa al pasillo de la habitación del conventillo, todavía quedan marcas del ingreso de la Policía. Puertas rajadas, bolsos abiertos, ropa tirada, mantas por todo el dormitorio y un fuerte olor a humedad encierran el pequeño espacio en el que viven tres personas que todavía no pueden creer lo que les tocó vivir en el país en el que soñaban tener un futuro mejor.  Ellos son sólo un pequeño grupo dentro del macro objetivo macrista de desalojar a todos los puesteros callejeros. Ellos prácticamente no hablan español, pero entienden a la perfección la ideología y la mecánica de la Metropolitana. Ellos, que intentan trabajar de algún otro oficio y no reciben ofertas por la discriminación que sufren día a día por su color de piel, se levantan a las siete de la mañana para ganar el dinero que necesitan para pagar sus alquileres y mandar dinero a su país, pero el Gobierno de la Ciudad intenta desalojarlos e impedirles trabajar. “Si nos sacan de nuestros trabajos: ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas en el país? Lo único seguro es que si nos dejan sin trabajo se les vendrá un problema muy grande”, asegura Abdoulay.

senegal

Lugano de primera

Ya no hay más Lugano I y II, sino de primera y de segunda. La Legislatura aprobó un proyecto para vender 41 inmuebles públicos a capitales privados, y avanza sobre toda la zona sur un “plan maestro” para ceder también 500 hectáreas. Mientras, las leyes de urbanización, de construcción de viviendas sociales y hospitales siguen postergadas.

El 7 de noviembre, el Pro, con la ayuda imprescindible de legisladores del Frente para la Victoria, el radicalismo y de UNEN, consiguió aprobar un proyecto para la venta de 41 inmuebles públicos a capitales privados. Ese mismo día, unas horas más tarde, obtuvo el quórum para colocar bares en plazas y parques públicos mayores a 50 mil metros cuadrados, aunque deberá pasar por una nueva audiencia y una segunda votación para ratificar la definición. Entre esos 41, se encuentran el Parque de la Victoria, el Parque Roca, el Parque de la Ciudad, buena parte del Parque Indoamericano y tres manzanas de la Villa 20, todos lugares que fueron adjudicados por ley para la construcción de viviendas populares. Según los vecinos de Villa Lugano, este es el primer paso para que el partido de Mauricio Macri, con el aval de la oposición en la Ciudad, realice su Plan Maestro en la Comuna 8: vender 500 hectáreas de tierras públicas que están desocupadas y seguir dilatando la urbanización de los asentamientos de alrededor.

“Nos dicen que están trabajando en el progreso de la zona Sur, pero acá falta vivienda digna para la gente. Nos mienten continuamente: nos prometieron un gran Hospital de Agudos y la urbanización para 1600 familias y todavía estamos esperando”, dice Diosnel Pérez, que vive en la Villa 20 y que fue procesado por el Gobierno de la Ciudad por la toma del Parque Indoamericano.

Cómo fue votado el proyecto

El primer proyecto fue aprobado con 41 votos positivos contra 15 negativos. Además del PRO, fue votado por los legisladores del Frente para la Victoria – a excepción de María Rachid –, del ibarrismo, la UCR y UNEN, mientras que en contra se pronunciaron el resto del bloque de Fabio Basteiro, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el MST y Proyecto Sur. El segundo tuvo 33 votos a favor (necesitaba 31) y19 en contra, pero necesitará de una segunda revisión para su aprobación.

Según los vecinos de la zona Sur, esta votación no sorprende, ya que dicen que se prioriza el negocio antes que las necesidades de la gente. A fines de 2010, el Jefe de Gobierno firmó el decreto en el que decía que no era necesaria la construcción de un Hospital General de Agudos, pese a que se había dictado la ley 1769. Luego, la norma 1770 prometía la urbanización de toda la Villa 20 de Lugano, para lo que se iba a utilizar terrenos aledaños, pero priorizaron otros proyectos en vez de la construcción de 1600 nuevas viviendas y espacios verde recreativos. Aunque fue sancionada hace ocho años, no se avanzó en nada respecto a esta ley.

Graciela Muñiz, defensora adjunta del Pueblo, denunció a los legisladores que aprobaron la primera medida del proyecto de ley: “Guiados por el Pro, muchos de los que dicen ser de la oposición, aprueban estas ventas con argumentos insólitos.  La Legislatura porteña decidió vender el Patrimonio de la Ciudad con la venta de más de cuarenta inmuebles de propiedad de los porteños”, aseguró.

Lugano postergado

En la comuna 8 se encuentran la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Entre otros predios, el llamado Plan Maestro contempla la cesión de casi la mitad del Parque Roca a la federación empresarial camionera para el desarrollo de una playa de cargas, la concesión del ex Parque de la Ciudad para recitales arancelados, todo administrado por la Corporación Buenos Aires del Sur, un ente del estado porteño que funciona como caja autárquica y paralela al presupuesto.

Los autores de esta iniciativa son los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Karina Spalla, quienes con este proyecto autorizan al Ejecutivo porteño a otorgar estos espacios verdes en concesiones por treinta años a empresas privadas para su desarrollo. Entre ellas: Monsanto, el Grupo Roggio e IRSA. Si bien esto no apareció aun oficialmente en ningún lado, en la página de clasificados “Jobrapido” se ofrecen ofertas laborales con las siguientes referencias. Monsanto / Capital Federal (villa Lugano): http://ar.jobrapido.com/Ofertas-de-trabajo-Monsanto-Capital-Federal-(villa-Lugano)

La pantalla

En el proyecto, dicen que los fondos obtenidos deben ser destinados para la urbanización de villas y la mejora de complejos habitacionales de Lugano y Soldati, pero tanto los vecinos como organizaciones sociales aseguran que se anuló la participación en la urbanización y en cambio otorga beneficios impositivos a empresas privadas por más de 155 millones de pesos, tan sólo en el primer año.

“Esto no es progreso, sino que están arruinando todo y se nos están riendo en la cara: si venden toda esa tierra, ¿cómo van a urbanizar la zona?”, se queja Fernando Márquez, vecino de Lugano, que se sumó a las marchas a la Legislatura de la Ciudad y que realizó una denuncia con el apoyo de los comuneros de su zona. A pesar de contar con dictamen de mayoría, el proyecto del Plan Maestro no fue tratado aún en el recinto de la Legislatura porteña y pese al repudio de vecinos y organizaciones, es inminente su avance en toda la zona sur de la Ciudad.