“La AAA fue más prolija que la dictadura”

Pablo Barbuto integra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos juntamos con él para preguntarle qué problemas actuales atraviesan esa área. Defendemos el revisionismo histórico sobre la última dictadura, pero ¿qué pasa con las causas de la AAA? Leé la entrevista para conocer detalles de una de las políticas pilares del gobierno actual.

 

“Nuestra sociedad decidió que el poder judicial a través de las sentencias tenía que escribir verdad. Es muy cuestionable, porque en otra época la escribió muy mal, pero ahora el avance del estado de derecho y de los mecanismos de defensa en los juicios llevan a que esa verdad sea más cercana a lo que pasó”. NosDigital se juntó con Pablo Barbuto, uno de los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Quisimos conocer desde cerca cuáles son las formas de trabajar en una de las piezas del gobierno que casi no se discuten: la política en torno a los delitos de lesa humanidad. Decimos “casi” porque hasta hace pocos días vimos en una movilización a señoras parodiando a las Madres de Plaza de Mayo con pañuelos blancos. Queda claro que hay un sector de nuestra sociedad que se niega rotundamente a hacer memoria. Pero además del revisionismo histórico que realizan, hablamos sobre problemáticas actuales, como el gatillo fácil, la trata laboral y el laburo de las ONGs.

Con aires de barrio, desde su casa en pleno Villa Crespo, a dos cuadras de la cancha de Atlanta, Pablo nos recibe en un sillón muy cómodo, partido de San Lorenzo de fondo y su perra Bóxer que nos mira atenta. Aclaración bien de movida: “Yo soy absolutamente kirchnerista”. Con más confianza, unas cuantas anécdotas que quedarán guardadas- nobleza obliga- entre los periodistas y el personaje, un “esto no lo pongás” se repite y repite. Lo prometido es deuda.

-Hay dos grandes discursos en la sociedad entre quienes reclaman falencias en el trabajo de la Secretaría: “los DD.HH son solo para los delincuentes” y “¿Dónde están los DD.HH. para causas de gatillo fácil?”. ¿Qué se puede responder desde la Secretaría?

-Creo que la cuestión de la violencia institucional es un producto de la dictadura y de la formación que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Todo el gobierno argentino está implementando políticas públicas para que esto se modifique, tanto desde lo que es el Ministerio de Seguridad, como desde el Ministerio de Justicia. Tengo algunos pequeños casos específicos en el área donde yo trabajo, que mayormente se encarga de delitos de la dictadura.  Uno de esos casos que estamos querellando es el de un pibe que murió acá en Villa Crespo, Bruno Papa. Es un flaco que fue víctima de violencia policial, a diez cuadras de casa. Quiso manotearle el bolso a uno de la Metropolitana que estaba de civil, no se lo pudo manotear, lo corrió y cuando estaba en el piso le pegó un tiro en la cabeza.

Uno de los grandes reclamos de la sociedad gira en torno al caso de Mariano Ferreyra. Puntualmente, hoy en día está el juicio oral, ¿y cuánto pasó del hecho? En otra época, un caso de gatillo fácil hubiera tardado diez años. Hubo decisión política para que estos tiempos se hayan agilizado.

En cuanto a la derecha, no entiende lo que son los derechos humanos y no lo van a entender nunca. No lo entiende en ningún país del mundo. Estados Unidos tiene en su historia escrita entre condenas a prisión perpetua y a pena de muerte, y ellos ni cuestionan ahí dónde están los derechos humanos. ‘Este es muy malo, voy y lo mato’. Acá ese discurso se va modificando a través de políticas públicas del Estado.

Imagen: NosDigital

 

-Mencionabas que trabajás en un área específica, ¿Cuál es y cómo se manejan con las denuncias?
-Nosotros somos querellantes en las causas de lesa humanidad en todo el país. Desde el 2009 coordino el Área Jurídica Nacional, consta de 50 abogados que están en todas las provincias, ellos se juntan con cada querellante en las diversas causas de lesa humanidad. El concepto de política pública es demostrar que hay otro Estado, que no somos la continuidad del Estado de Videla. Coordinamos con ayuda del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales).

-Sobre la actividad de la AAA no hay mucha visibilidad o difusión en cuanto a juicios, ¿por qué?

-El tema de eso es que es mucho más difícil la prueba. La dictadura militar dejó un montón de pruebas, es increíble. Por ejemplo, en muchos centros de detención ilegal, lo que hicieron fue volver a pintar las paredes, pero abajo se encontraban los nombres de varias personas. Las despintás y están ahí. La AAA fue más prolija. Hoy, en este momento hay un proceso judicial donde se está investigando esa etapa, nosotros ‘judicializamos’ las denuncias. Pero el paso del tiempo hace más difícil para los tribunales poder dictar sentencia acerca de todos aquellos delitos –delitos económicos, Trelew, entre otros. Yo soy una parte de ese proceso, el que decide cómo se llevan adelante las cosas es el Poder Judicial.

-¿Cuáles son las causas que llamás “delitos económicos”?

-Somos querellantes en causas empresariales de los setentas. En Ford, Mercedes, Papel Prensa. Hay un montón de delitos económicos. Ledesma, también, absolutamente. Blaquier está en instrucción, el debate ya se inició. Se está ampliando el concepto de que no fue una dictadura militar, sino cívico militar, de ahí la importancia de visibilizar estas causas. Esto corre por mi cuenta, pero creo que los militares fueron un elemento más, acá hubo una dictadura económica. En su momento las democracias de América Latina hicieron mucho ruido y la forma que encontraron de acallar ese grito fue con militares. Acá la dictadura fue mucho más cruenta que en todo el resto, las formas fueron igual fuertes, pero acá fue muy masivo. Teníamos más concientización, porque existió el peronismo. Desde el 45 generó una suerte de educación masiva. Pero atrás de los militares estuvieron Martinez de Hoz,la SociedadRural, hasta Isabel. Hoy en día, siguen estando los sobrinos nietos de estos personajes en la escena política. Por eso hay muchas trabas con las empresas civiles.

-¿Qué problemáticas en democracia actual atraviesan a tu área en la Secretaría?

-Mi área se encarga de la trata laboral. Estamos instalando el concepto de que la trata laboral es una violación a los DD.HH. Hubo un montón de inspecciones de la AFIP que nosotros las recibimos y actuamos. No tiene nada que ver con el trabajo en negro, se refiere a la esclavitud en el trabajo. Lo más difundido son los casos de los talleres textiles.

Si, como las que denuncia la Alameda. Hay respuestas que uno no ve reflejadas en el planteo de Alameda. Los inmigrantes no se vienen de su país porque le gustan los rubios, vienen a buscar posibilidades. Te encontrás con las personas que trabajan esclavos de una empresa textil, vos cerrás el taller clandestino y los dejás en la calle diciéndole ‘no sos más un empleado esclavo’, pero lo dejás en la calle. Te mira y te dice: ‘tengo dos pibes a los que darle de morfar, sin documentos. Estaba para el orto hace un mes, pero ahora estoy peor que antes.’.

Ponemos testigos y después las víctimas no van, se consiguen trabajos peores que los anteriores. No es culpa de ellos, es falta de contención nuestra. Las denuncias de Alameda son útiles y marcan el camino de las políticas públicas que hay que hacer, allanan esa parte del camino. Pero después no te ocupás de los tipos, no es menor que lo denuncies, pero la otra parte es la más complicada. Y esa es la parte del Estado, es quien debe hacer políticas públicas sustentables en el tiempo, hay que modificar el discurso de “a este boliviano le doy trabajo, techo y comida’. No es comparable el trabajo ni las responsabilidades de las ONG con el estatal.

Falta de méritos de represión

A Ramón Aramayo lo mataron el 20 de marzo de 2011, en la previa de un Vélez-San Lorenzo, en Liniers. Según la autopsia y los testigos falleció porque los policías de la polémica Comisaría 44 lo cagaron a palos. 15 meses después, hay tres efectivos imputados a los que se está por dictar la falta de mérito. “Si es así, no habrá juicio”, cuenta el abogado Fernando Burlando. Mientras la violencia en el fútbol vuelve a estar en boca de todos, actualizamos la histora de un crimen que puede quedar impune.

La autopsia: términos confusos y heridas que hablan claro.

El vocabulario médico policial eligió decir cosas como “lesiones contusas excoriativas”, “lesiones contusas equimótico-excoriativas”, “lesiones contusas equimóticas” o “hematomas subcutáneos”, y, además, propuso detallar específicamente los planos sagitales y transversales de las heridas. El trabajo del forense develaba todos y cada uno de los lugares donde fueron a parar las piñas y las torturas que Ramón Aramayo recibió el domingo 20 de marzo de 2011 en la previa del partido entre Vélez y San Lorenzo: rostro, panza, espalda, codos, rodillas, costillas,muñecas, hombros, piernas y glúteos. Y seguía: lastimaduras, moretones, cortes y heridas varias.

La autopsia duró dos horas. Desde las 7:45 hasta las 9:45 del primer lunes sin él. Fue un día después y determinó lo que todos supieron desde el principio: a Aramayo lo cagaron a golpes. “Congestión, edema y hemorragia pulmonar. Edema encefálico difuso”. Esas fueron las palabras que eligió el médico forense, Ignacio Lossetti, para enviarles ese 21 de marzo el resultado del estudio a la Fiscalía Criminal de Instrucción N° 26, que recibió el señor Fiscal Nacional de la causa, Dr. Patricio Lugones, y el secretario del mismo, Dr. Ezequiel Costa.

El cuerpo, en definitiva, era el mismo: Ramón Aramayo, 36 años, argentino, marido de Mabel Suarez (aunque en la autopsia se califique su estado civil de “soltero”), con hijos, remitido por la Comisaría 44° de la Federal, ubicada en Liniers, luego de haber sido hallado “tirado en el asfalto” el 20 de marzo del 2011 a las 15:40 horas en Barragán al 235 en la previa del partido en el Estadio Amalfitani entre el Club Atlético Vélez Sarsfield y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Qué pasó el domingo: “¿Querés cobrar vos también?”.

Como todos los domingos que jugaba San Lorenzo, Ramón Aramayo fue a la cancha. El partido tenía los ojos de todo el mundo futbolero encima. Se sabía que era de riesgo. Luego de la reciente muerte de Emmanuel Álvarez, en el anterior Vélez-San Lorenzo, se tomaron especiales recaudos para que la tarde transcurra en paz. Pero fue el operativo mismo el que generó la violencia.

Aramayo fue a la cancha con sus tres amigos de siempre: Juan Carlos Cabrera, Christian Jorge Bertolino y Daniel Platt. Esa misma tarde se sumó otro amigo de Ramón, Sergio, que fue con su hijo de 11 años. Los seis se juntaron en la casa de Bertolino, hora y media antes del partido, subieron al auto del propio Aramayo y fueron para Liniers. Lograron estacionar sobre Ramón Falcon a pocas cuadras de la cancha. Caminaron hacia la calle Barragán, donde tenían entrada los visitantes y pasaron sin ningún tipo de problemas el primer control.
Se venían las segundas vallas y la Policía ordenó que todos tengan la entrada en la mano. Carlos Alberto Heredia, personal a cargo de Vélez, era el responsable de turno de ese control ubicado en la calle Barragán a la altura de Viedma. En su declaración como testigo ante el fiscal Lugones y su secretario Costa, Heredia dijo haber sido encargado de la rutina de “cacheos” y que su puesto de control se encontraba a unos “30 metros” de la Policía. La misma Policía que le dio la orden, de repente, de que no pasara más gente. Les hizo caso. Al darse vuelta observó una persona que se encontraba “acostada, boca abajo” y “a la que la policía estaba deteniendo”.

Luego de la pequeña interrupción, le ordenaron que siguieran ingresando los hinchas y Heredia continuó con su trabajo. No vio más nada, salvo una “ambulancia del S.A.M.E” y camionetas policiales que un tiempo después llegaron a las adyacencias del control, pero abocado a sus tareas laborares -“ver que las personas lleven la entrada en mano”- no les prestó mayor atención.

El testimonio de sus tres amigos completa la historia hasta donde se deja completar. “Cada uno intentó pasar por su cuenta”, explica Christian Bertolino la rutina de siempre, a lo que suscribió de manera idéntica Daniel Platt en su reconstrucción de los hechos. “Comúnmente” una vez que se pasa el control se ve “si ya pasaron” los demás “para seguir al estadio”, aclara Juan Pablo Cabrera. Hasta allí todo sucedía como siempre. Cuando los tres pasan el control buscan a Aramayo. No lo encuentran y se voltean para ver dónde estaba. Ahí empezó todo.

“Tres policías se encontraban forcejeando con Ramón Aramayo, a ellos se le sumaron aproximadamente tres policías más quienes lograron derribarlo, haciendo que cayera de costado sobre el asfalto. Aramayo forcejeando consiguió reincorporarse y luego volvieron a derribarlo cayendo de cara contra el asfalto”, dice textualmente Daniel Platt, según la declaración firmada por él mismo, el fiscal y su secretario.

Juan Pablo Cabrera amplía bajo las mismas autoridades: “Un policía uniformado con chaleco naranja le realiza un tacle de rugby por debajo de la cintura (…), pese a ello Ramón logra reincorporarse y seguidamente llegan más policías, alrededor de cinco o seis, y entre todos lo sujetan en medio de un forcejeo, de una lucha terrible, defendiéndose Ramón, pese a lo cual el personal policial no lograba derribarlo, momentos en que aparece otro policía que intenta darle un golpe con un palo a la altura de la espalda logrando el dicente (Juan Pablo Cabrera) evitar que lo impacte ya que puso la mano y lo empujó al policía para evitar la agresión, manifestándole a su vez que ya lo tenían agarrado entre cinco para pegarle, respondiéndole el policía ‘¿querés cobrar vos también?’”, redacta el fiscal en la declaración de Cabrera.

Bertolino continúa ante Lugones: “En ese momento, uno de ellos (los policías) le apretó los testículos con la mano, otros le apoyaron rodillas en la espalda y le doblaron las piernas hacia arriba. Enseguida lo esposaron para luego arrastrarlo por el asfalto y finalmente lo pusieron de pie, corrieron el vallado para dejarlo en un portón allí ubicado cerca de la intersección con la calle Viedma. Un par de policías se quedaron con Aramayo hablando, se les acercó el sujeto de nombre Sergio (el amigo de Ramón que los acompañaba aquella vez), le preguntó si lo iban a dejar libre o quedaría detenido, donde le informaron que quedaría cinco minutos detenido y lo largarían.”

Luego de reprimir a Aramayo, efectivamente, lo soltaron. Los tres coinciden en que lo vieron caminando a los tumbos luego de ser liberado. Que llegó a agarrarse de un árbol para no perder el equilibrio en su caminata tambaleante. Se acercaron rápidamente y lo hicieron sentar en un cordón, pidieron agua en lo de un vecino de la cuadra y se quedaron junto a él. “Me duelen mucho las piernas”, coinciden todos que susurraba Aramayo cuando le preguntaban cómo se sentía. Decidieron llamar a la ambulancia a través de dos policías vestidos de civil que habían ofrecido ayuda. En esos “15 o 20 minutos” que demoró en llegar la ambulancia, precisan los testigos, interpretaron que Aramayo se había desmayado.

Cuando llegó el SAME la doctora le revisó los ojos y el ritmo cardíaco. Fue suficiente para determinar que Ramón Aramayo había muerto y que ya no existían posibilidades de hacerle tareas de reanimación.

La asesina con dudas.

¿Quién lo mató?

“Lo mató la Policía. Le pegó y lo dejó tirado, como siempre hacen”, aseguró Mabel Flores a la salida de la Comisaría 44° la noche del mismo día en que asesinaron a su marido.

¿Lo mató la Policía?

“Sí, me parece que quedó claro”, le respondió a NosDigital Christian Bertolino más de 15 meses después del hecho. “Las pericias vinculan, en principio, al personal policial. Pero, además, tenemos la opinión de profesionales en el arte de curar que le dan una directa actuación en lo que es el desenlace en la vida de Aramayo”, dijo a esta revista Fernando Burlando, abogado de la familia, con los recaudos penales pertinentes.

Bertolino, luego de la muerte de Aramayo, ese mismo domingo, es llevado a declarar a la Comisaría 44° para que dé su relato de los hechos. Dos días después, en su declaración ante el fiscal, el martes 22 de marzo, se encargó de dejar en claro qué pasó en esa comisaría: “Los policías no querían dejar asentado que el desempeño policial con Aramayo había sido violento, que era evidente que querían inducirlo a alivianar la situación de los policías y que terminó firmando la declaración ya que se encontraba agotado por la situación que le había tocado vivir”. Son las textuales palabras que se escribieron en la declaración adjuntada a la causa. Por su parte, Juan Pablo Cabrera, el mismo día y bajo la condición de testigo afirmó poder “reconocer” a los policías involucrados. “Hace poco”, después de más de un año de ese testimonio clave de Cabrera, dice Bertolino que hubo una rueda de reconocimiento donde uno de sus amigos pudo reconocer a alguien.

¿Por qué lo mataron?

Se llegó a justificar semejante detención o “cacheo” diciendo que Aramayo no tenía entrada. Sus amigos Cabrera y Bertolino dieron fe ante el fiscal que lo único que podían asegurar a cerca de las pertenencias personales de Ramón era “que tenía la entrada y las llaves del auto”. La entrada que pareciera ser motivo de separar a la vida de la muerte estaba en el bolsillo de Aramayo.

¿Cómo murió?

“Fue por causas naturales”, se abarajó desde los medios enseguida. Durante el día de incertidumbre las mil hipótesis mediáticas no se hicieron esperar. Las fotos y videos de los de naranja sobre Aramayo que fueron apareciendo lo dejaron al descubierto. “¿Causas naturales? Si él no tenía nada…”, aseguró su esposa cuando salió el domingo de la comisaría de Liniers.

“Vinieron cinco o seis policías y lo sujetaron en medio de una lucha terrible. Lo tiraron al piso y Ramón cayó con toda la cara pegando en el asfalto y le salía sangre. Y cuando lo tenían boca abajo, otro policía le apoyó la rodilla encima y le empezó a dar con todo en las costillas, mientras otros dos le retorcían los brazos y las piernas y uno último le apretaba los testículos y aunque todos pedíamos que lo soltaran, seguían y seguían”, aclara Cabrera. La naturalidad de recibir traumas y heridas es inexistente: hay una historia de golpes y represión detrás de las lesiones no naturales de Aramayo.

Entonces: ¿Quién lo mató?¿Por qué? ¿Cómo?

La misma policía, la mismísima Comisaría 44°, la que golpeó, detuvo violentamente sin razón a Aramayo y luego se encargó de tomar, inducir y manipular las declaraciones ante los testigos sobre la muerte de la víctima, elevó su visión de los hechos al forense:
“’MUERTE POR CAUSAS DE DUDOSA CRIMINALIDAD’, según lo dicho por la prevención”.

Eso reza el informe hecho por la “prevención” previo a la autopsia. Es lo que recibió el forense Lossetti junto al cuerpo de Aramayo.

¿La prevención?

O sea, ellos. La Comisaría 44º, la misma que está acusada de asesinar a Rubén Carballo, un pibe de 17 años, en diciembre de 2009, durante un recital de Viejas Locas en Vélez. Esa que para los vecinos del barrio es la culpable de que Liniers se haya vuelto hace tiempo un reducto de talleres textiles clandestinos, prostíbulos y desarmaderos. La Comisaría 44º, una de las más cuestionadas de la Federal, que desde 2009 para acá tuvo cinco comisarios diferentes, removidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación .

Hoy: dos causas, faltas de mérito represivo y desenlace incierto.

Rastrear la causa de Aramayo hasta la actualidad no es fácil. Las ONG que se vinculan con la violencia deportiva están corridas del caso por decisión de la propia familia. Los medios tampoco actualizan información al respecto cuando ya pasó un año y tres meses de su asesinato. Los testigos, con razón, no quieren hablar más, se atienen a lo que dijeron bajo la condición de testigos. Desde Salvemos al Fútbol, la ONG que acompaña a la mayoría de los familiares de las víctimas y que se compone por los mismos familiares, aseguraron haber perdido relación con la viuda de Aramayo.

Liliana Suárez, vice de Salvemos al Fútbol, cuenta: “Cuando ocurrió el hecho nosotros fuimos a acompañarla, a solidarizarnos con Mabel, a ponernos a disposición con la defensora del pueblo Muñiz. Pero hace un tiempito que nosotros no la vemos. Habrá cambiado el teléfono. No nos contesta. No sabemos nada desde hace un tiempo. Cuando fuimos olfateamos que los abogados que le manejan la causa le dijeron que no den mucha información. Nosotros somos prudentes y respetamos la postura de cada familia”.

Fernando Burlando, conocido abogado por sus casos mediáticos, atendió el teléfono y dejó en claro algunas cosas que hoy no tienen mucha luz ni cámara ni acción. La causa está en etapa de instrucción, es decir, todavía no hay un juicio oral que vaya a determinar la sentencia de los responsables del asesinato.

En esta etapa de investigación y de determinación sobre quiénes son procesados y quiénes sobreseídos, se encuentran tres policías imputados. Sus nombres, según el abogado de la víctima, son: Gutiérrez, Costó y Ayeche. Los tres se encuentran con falta de mérito. No hay pruebas suficientes, según el juez, ni para sobreseerlos, o sea, liberarlos de culpa y cargo, ni para procesarlos en un juicio oral que los pueda juzgar.

Gracias al testimonio de uno de los amigos de Aramayo en una “rueda de reconocimiento positiva”, según Burlando, se los indagó y se les tomó declaraciones. “No se hicieron cargo de nada”, afirmó el abogado. La fiscalía que interviene la instrucción es la de Patricio Lugones, fiscal de la causa, quien tomó las claras y coherentes declaraciones de los tres testigos. “El juez de instrucción es el N°10, Fernando Caunedo”, aclara el Dr. Burlando el dato, ese que es tan difícil de rastrear en el archivo de la causa.

Los allegados se encuentran a la espera de una resolución por parte de la instrucción. Con que queden imputados no alcanza, con la falta de mérito tampoco. Para ser juzgados deben ser procesados y elevados a juicio oral, si no hay un acuerdo entre partes previo.

“La familia quiere que se esclarezca la verdad. Todavía no se resolvió el estado procesal porque faltan algunas pericias y elementos para resolver la situación de esta gente (por los policías)”, actualiza Burlando. Por otro lado se inició un juicio civil por daños y perjuicios. No sólo por parte de la Policía Federal sino también por parte de los que “conllevaron la organización del espectáculo deportivo”. La AFA, en todo este tiempo, nunca dio la cara.

Mónica Nizzardo, presidenta de Salvemos al Fútbol, aseguró que desde Ministerio de Seguridad se habían comprometido a brindar información en el caso específico de Aramayo y después “nunca más le respondieron”. Según Liliana Suarez, desde la ONG, tienen “acercamientos miles de veces” con el ministerio, pero después no“dan nada”. “El propio Minsitro de Justicia, Julio Alak, se comunicó en varias oportunidades para ver cómo se desarrollaba el trámite de la causa”, aclara Burlando sobre la cartera de Justicia.

En lo civil se piden “1.400.000” pesos porque Aramayo era el sostén del hogar en el que ahora viven Mabel y sus hijos. En las mediaciones de esta parte del juicio el abogado afirma que se avanza, que se “llegaron a puntos aclaradores”. En cuanto a lo penal, es decir, quiénes van a ir presos por la muerte de Aramayo, la cosa va a otro ritmo. Burlando estipula: “En el término de días tendremos una definición de este tema. Ante la falta de mérito no habrá juicio, pero esta situación se puede revertir”.

Si la falta de mérito no se convierte en procesamiento se sobreseerán a los tres policías y ya nadie habría matado y reprimido a Aramayo. Deberá decidirlo el juez de instrucción N°10, Fernando Caunedo.
¿Por qué falta tanto mérito para procesar a los tres canas? ¿Falta alguna otra declaración que lo asegure? ¿Otro estudio que hable de sus heridas y contusiones? ¿Otro reconocimiento?

“Porque desde el punto de vista penal no hay un compromiso serio de la Policía. Están indagados y con una falta de mérito, todavía. Aquí deberán dirimir quiénes fueron los responsables: si Vélez Sarsfield y sus autoridades, si el operativo policial o si la gente encargada de la seguridad”, intenta explicar Burlando.

Hay algo que ni el abogado, con sus prudencias legales y penales obligadas, niega: “Fue castigado de una manera brutal y esto está acreditado. No solamente él, sino que hubo otras víctimas. Este cacheo desmedido, que podemos llamarlo brutal, obviamente lleva a la mujer de él a responsabilizar a los que a ella le parece que fueron los responsables. Pero –vuelve a pisar el freno-, tenemos que atenernos a la opinión de la Justica que, parece, es la verdadera voz de la realidad”.

Los demás policías que se evidencian en las fotos, videos y testimonios de la represión zafaron de todo, incluso de ser suspendidos en sus actividades. De esos “cinco o seis”, sólo hay tres que están suspendidos e imputados.

La verdadera voz de la realidad está afónica. Ni procesa ni sobresee. No dice. A los asesinos de Aramayo parecieran faltarles logros, laureles y méritos de represión para ser juzgados.

Luciano y la justicia, desaparecidos

Luciano Arruga hace más de tres años que fue desaparecido por la Policía Bonaerense. Los episodios de aquel 31 de enero de 2009 están tapados por la negligencia y cierta colaboración de la Justicia que no tienen voluntad ninguna de esclarecerlos. Su familia y sus amigos son los verdaderos y únicos estandartes en esta lucha de pequeños contra gigantes, que después de mucho tiempo trae novedades. Aunque no sean las que deseariamos contar, acá las tenés. 

A más de tres años de la desaparición de Luciano Arruga, 16 años, la causa que “investiga” el hecho continúa caratulada como “averiguación de paradero” y no tiene imputados. Los policías señalados por la familia como autores de la desaparición, cuya participación esa noche pudo comprobarse con peritos, aparecen en carácter de “testigos” y cumplen funciones en alguna otra comisaría de la provincia. El destacamento para el cual trabajaban fue, sin embargo, cerrado el 28 de diciembre de 2011 gracias a la presión de los familiares de Luciano. Ésa había sido la promesa que lograron arrancarle al intendente de Lomas del Mirador Fernando Espinoza ni bien se concretara una prueba en contra de los efectivos. También se había acordado que la coordinación del espacio que dejó el destacamento estaría en manos de los familiares de Luciano, quienes planeaban un centro de referencia barrial para los pibes de la zona: una biblioteca, un archivo de casos, distintas actividades. La semana del último 19 de marzo la intendencia cambió la cerradura de la llave del ex destacamento que los familiares manejaban, y los dejaron afuera, una vez más.

Todo esto denunció Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, el pasado 23 de marzo en un encuentro a las puertas del ex destacamento. Según reza un cartel, el espacio es ahora un Centro Social dela Memoria, lleva el nombre de Luciano Arruga y la firma del intendente Espinoza. Vanesa mira el afiche y descarga: “Es increíble que nosotros, que venimos peleando por este espacio, lo tengamos que ver de afuera, y que aquellos que no han hecho absolutamente nada por nosotros ni por la familia ni por Luciano hoy pongan tremendo cartel y que chapeen con el nombre de Luciano y que intenten hacer de esto un centro social y deportivo. No lo vamos a permitir”.

Otro de los rumores que se filtró desde la intendencia es que harán allí un “centro social y deportivo”, propuesta contraria a los intereses de los familiares y amigos. Vanesa recuerda que el mismo destacamento había sido abierto en 2007 por un pedido expreso de ciertos vecinos nucleados en Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALOMI). Fue cerrado por el mismo intendente cuatro años después, comprobada –aunque no parala Justicia-la participación de sus efectivos en la desaparición de Luciano.

Se cree que allí estuvo la noche del 31 de enero de 2009 en que fue visto por última vez. Luciano había ido a la casa de su hermana Vanesa, no la encontró, volvía a su casa en el asentamiento 14 de octubre cuando fue interceptado por un móvil policial. Lo que sigue es apenas reconstruido por dos testigo que afirman haberlo visto “muy golpeado” entrando a la Comisaría 8va de Lomas del Mirador, de la cual depende el destacamento. La misma comisaría que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención conocida con el mote de “Sheraton”.

Ahora Vanesa escupe de bronca el micrófono, mira a los ojos a los guardapolvos blancos que la escuchan atentos, dice: “Hoy estamos del lado de afuera lamentablemente. Por eso llamamos la atención de todos aquellos que quieren tener una participación para que tengan en cuenta que si nosotros no entramos, ellos van a tener las manos manchadas con sangre”. Vanesa intenta así interpelar a los responsables políticos que en su momento se involucraron con el cierre del destacamento y hoy se hacen los desentendidos. De hecho, en el encuentro que se celebró simbólicamente un día antes del 24 de marzo no asistieron funcionarios nacionales ni provinciales. En cambio estaba Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Pablo Pimentel y representantes dela Asamblea Permanentepor los Derechos Humanos deLa Matanza(APDH) yla Comisión Provincialporla Memoria, que decidió anexar allí su acto institucional de repudio al golpe.

La jornada arrancó pasadas las diez de la mañana con una serie de pancartas y collages informativos que hicieron los más chicos sobre el caso de Luciano. Los mismos podían verse estampados sobre las paredes del destacamento, abierto al público hasta las 14 horas que duró la jornada. Podían visitarse tres de las cinco salas, ya que en las restantes un cartel aseguraba que seguían siendo objeto de pericias (tres años después…).

Sobre la vereda de la calle Indart, Lomas del Mirador, desde un escenario hablaron, en orden, Hugo Cañón (presidente dela Comisión Provincialporla Memoria), Pablo Pimentel, Adolfo Pérez Esquivel y Vanesa Orieta. Sobre el final, Nora Cortiñas arrebató el micrófono, gritando: “¿Luciano Arruga y 30 mil compañeros desaparecidos?”.

“¡Presentes!”.

Enseguida las casi cien personas que se habían acercado fueron dispersándose. Los familiares y amigos despegaban de las paredes del ex destacamento los carteles que habían hecho los chicos. Se fueron a Morón, a otro acto. Tenían que devolver las llaves.

Por lo demás, Vanesa aprovechó la “sobremesa” de la jornada para seguir con su reclamo por el espacio del ex destacamento. Contó qué tenían pensado hacer allí: “Que este lugar sea un referente del tema de derechos humanos actuales. Que el de Luciano se convierta en un caso testigo de situaciones que no pueden ser visibles para el resto de la sociedad. Lamentablemente el poder político municipal no entiende que somos familiares de víctimas y que queremos transformar este lugar de muerte en un lugar de vida con nuestra forma de organización y de lucha. Nuestro trabajo acá tenía que ver con la reconstrucción de la memoria, con un archivo de casos, con una biblioteca de derechos humanos, tratando de crear un espacio para que los jóvenes de los barrios puedan ser integrados a un proyecto más humanizado”.

Por ahora, sin llaves, la última novedad data del 28 de marzo de 2012: enla Cámarabaja dela Provinciade Buenos Aires se aprobó una iniciativa solicitando información y denunciando las irregularidades en el caso Arruga. La  propuesta fue presentada por el diputado provincial Miguel Ángel Funes, del Frente Parala Victoria, y tras sus palabras se sumaron el diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, Ricardo Vago, del Frente Amplio Progresista y Guido Lorenzino. Sus intervenciones pidieron por “transparencia policial” y reclamaron la creación de una comisión bicameral encargada de seguir los casos de violencia institucional.