Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.