Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

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Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

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Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

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A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

“La AAA fue más prolija que la dictadura”

Pablo Barbuto integra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos juntamos con él para preguntarle qué problemas actuales atraviesan esa área. Defendemos el revisionismo histórico sobre la última dictadura, pero ¿qué pasa con las causas de la AAA? Leé la entrevista para conocer detalles de una de las políticas pilares del gobierno actual.

 

“Nuestra sociedad decidió que el poder judicial a través de las sentencias tenía que escribir verdad. Es muy cuestionable, porque en otra época la escribió muy mal, pero ahora el avance del estado de derecho y de los mecanismos de defensa en los juicios llevan a que esa verdad sea más cercana a lo que pasó”. NosDigital se juntó con Pablo Barbuto, uno de los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Quisimos conocer desde cerca cuáles son las formas de trabajar en una de las piezas del gobierno que casi no se discuten: la política en torno a los delitos de lesa humanidad. Decimos “casi” porque hasta hace pocos días vimos en una movilización a señoras parodiando a las Madres de Plaza de Mayo con pañuelos blancos. Queda claro que hay un sector de nuestra sociedad que se niega rotundamente a hacer memoria. Pero además del revisionismo histórico que realizan, hablamos sobre problemáticas actuales, como el gatillo fácil, la trata laboral y el laburo de las ONGs.

Con aires de barrio, desde su casa en pleno Villa Crespo, a dos cuadras de la cancha de Atlanta, Pablo nos recibe en un sillón muy cómodo, partido de San Lorenzo de fondo y su perra Bóxer que nos mira atenta. Aclaración bien de movida: “Yo soy absolutamente kirchnerista”. Con más confianza, unas cuantas anécdotas que quedarán guardadas- nobleza obliga- entre los periodistas y el personaje, un “esto no lo pongás” se repite y repite. Lo prometido es deuda.

-Hay dos grandes discursos en la sociedad entre quienes reclaman falencias en el trabajo de la Secretaría: “los DD.HH son solo para los delincuentes” y “¿Dónde están los DD.HH. para causas de gatillo fácil?”. ¿Qué se puede responder desde la Secretaría?

-Creo que la cuestión de la violencia institucional es un producto de la dictadura y de la formación que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Todo el gobierno argentino está implementando políticas públicas para que esto se modifique, tanto desde lo que es el Ministerio de Seguridad, como desde el Ministerio de Justicia. Tengo algunos pequeños casos específicos en el área donde yo trabajo, que mayormente se encarga de delitos de la dictadura.  Uno de esos casos que estamos querellando es el de un pibe que murió acá en Villa Crespo, Bruno Papa. Es un flaco que fue víctima de violencia policial, a diez cuadras de casa. Quiso manotearle el bolso a uno de la Metropolitana que estaba de civil, no se lo pudo manotear, lo corrió y cuando estaba en el piso le pegó un tiro en la cabeza.

Uno de los grandes reclamos de la sociedad gira en torno al caso de Mariano Ferreyra. Puntualmente, hoy en día está el juicio oral, ¿y cuánto pasó del hecho? En otra época, un caso de gatillo fácil hubiera tardado diez años. Hubo decisión política para que estos tiempos se hayan agilizado.

En cuanto a la derecha, no entiende lo que son los derechos humanos y no lo van a entender nunca. No lo entiende en ningún país del mundo. Estados Unidos tiene en su historia escrita entre condenas a prisión perpetua y a pena de muerte, y ellos ni cuestionan ahí dónde están los derechos humanos. ‘Este es muy malo, voy y lo mato’. Acá ese discurso se va modificando a través de políticas públicas del Estado.

Imagen: NosDigital

 

-Mencionabas que trabajás en un área específica, ¿Cuál es y cómo se manejan con las denuncias?
-Nosotros somos querellantes en las causas de lesa humanidad en todo el país. Desde el 2009 coordino el Área Jurídica Nacional, consta de 50 abogados que están en todas las provincias, ellos se juntan con cada querellante en las diversas causas de lesa humanidad. El concepto de política pública es demostrar que hay otro Estado, que no somos la continuidad del Estado de Videla. Coordinamos con ayuda del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales).

-Sobre la actividad de la AAA no hay mucha visibilidad o difusión en cuanto a juicios, ¿por qué?

-El tema de eso es que es mucho más difícil la prueba. La dictadura militar dejó un montón de pruebas, es increíble. Por ejemplo, en muchos centros de detención ilegal, lo que hicieron fue volver a pintar las paredes, pero abajo se encontraban los nombres de varias personas. Las despintás y están ahí. La AAA fue más prolija. Hoy, en este momento hay un proceso judicial donde se está investigando esa etapa, nosotros ‘judicializamos’ las denuncias. Pero el paso del tiempo hace más difícil para los tribunales poder dictar sentencia acerca de todos aquellos delitos –delitos económicos, Trelew, entre otros. Yo soy una parte de ese proceso, el que decide cómo se llevan adelante las cosas es el Poder Judicial.

-¿Cuáles son las causas que llamás “delitos económicos”?

-Somos querellantes en causas empresariales de los setentas. En Ford, Mercedes, Papel Prensa. Hay un montón de delitos económicos. Ledesma, también, absolutamente. Blaquier está en instrucción, el debate ya se inició. Se está ampliando el concepto de que no fue una dictadura militar, sino cívico militar, de ahí la importancia de visibilizar estas causas. Esto corre por mi cuenta, pero creo que los militares fueron un elemento más, acá hubo una dictadura económica. En su momento las democracias de América Latina hicieron mucho ruido y la forma que encontraron de acallar ese grito fue con militares. Acá la dictadura fue mucho más cruenta que en todo el resto, las formas fueron igual fuertes, pero acá fue muy masivo. Teníamos más concientización, porque existió el peronismo. Desde el 45 generó una suerte de educación masiva. Pero atrás de los militares estuvieron Martinez de Hoz,la SociedadRural, hasta Isabel. Hoy en día, siguen estando los sobrinos nietos de estos personajes en la escena política. Por eso hay muchas trabas con las empresas civiles.

-¿Qué problemáticas en democracia actual atraviesan a tu área en la Secretaría?

-Mi área se encarga de la trata laboral. Estamos instalando el concepto de que la trata laboral es una violación a los DD.HH. Hubo un montón de inspecciones de la AFIP que nosotros las recibimos y actuamos. No tiene nada que ver con el trabajo en negro, se refiere a la esclavitud en el trabajo. Lo más difundido son los casos de los talleres textiles.

Si, como las que denuncia la Alameda. Hay respuestas que uno no ve reflejadas en el planteo de Alameda. Los inmigrantes no se vienen de su país porque le gustan los rubios, vienen a buscar posibilidades. Te encontrás con las personas que trabajan esclavos de una empresa textil, vos cerrás el taller clandestino y los dejás en la calle diciéndole ‘no sos más un empleado esclavo’, pero lo dejás en la calle. Te mira y te dice: ‘tengo dos pibes a los que darle de morfar, sin documentos. Estaba para el orto hace un mes, pero ahora estoy peor que antes.’.

Ponemos testigos y después las víctimas no van, se consiguen trabajos peores que los anteriores. No es culpa de ellos, es falta de contención nuestra. Las denuncias de Alameda son útiles y marcan el camino de las políticas públicas que hay que hacer, allanan esa parte del camino. Pero después no te ocupás de los tipos, no es menor que lo denuncies, pero la otra parte es la más complicada. Y esa es la parte del Estado, es quien debe hacer políticas públicas sustentables en el tiempo, hay que modificar el discurso de “a este boliviano le doy trabajo, techo y comida’. No es comparable el trabajo ni las responsabilidades de las ONG con el estatal.