Llenos de agua podrida

Cuando el capital inmobiliario es el que decide cómo se organiza el territorio, las casas de la gente se llena de agua podrida. Varios barrios de Luján sufren las consecuencias de  la construcción barrios cerrados sobre humedales y se inundan varias veces por año. Cómo se llegó a esto, quiénes son los responsables y qué pasa en los barrios afectados.

Este es un mensaje para Daniel Scioli de parte de Carolina, desde su casa en el barrio Padre Varela, Luján:

“Más que una cuestión climática es una cuestión de lo que ustedes están haciendo mal. Yo empecé a ver las inundaciones cuando construyeron la quinta del sindicato de taxistas acá al lado, son cosas que se están haciendo por el costado para beneficiar a unos y perjudican a los otros. Te indigna ver las imágenes de los countries con la gente en los lagos, con los patitos. Ellos muy lindos con su laguna de fantasía cuando nosotros estamos llenos de agua podrida. Ustedes se llenan sus bolsillos antes de preocuparse por los que menos tenemos.”

A Carolina le llegó el agua hasta casi el techo en las inundaciones de principios de agosto. Una semana hasta poder sacarla de su casa. Pero no es la primera, ni la segunda vez que ella y sus vecinos tienen que volver a empezar: Sólo el año pasado se inundaron seis veces.

Al barrio Padre Varela lo atraviesa el arroyo Gutiérrez, que tiene salida al río Luján. A este arroyo van a parar las aguas que bajan de los canales ilegales que mandan a construir los dueños de los campos, y cuando ese agua llega al río Luján, no puede escurrirse libremente porque más abajo, a la altura de Pilar, las urbanizaciones cerradas destruyeron los humedales (que el río ocupa cuando está desbordado) y generan un tapón río abajo. Entonces el arroyo Gutiérrez empieza a subir irremediablemente con destino a las casas de la gente. De la gente que no vive en estas urbanizaciones que para, justamente, no inundarse, están sobre terrenos elevados artificialmente varios metros.

inundaciones lujan
Algunas casas del barrio Padre Varela están pegadas al arroyo Gutiérrez. Fotos: NosDigital.

No sólo el Barrio Varela se inunda varias veces por año, también los barrios San Fermín, La Loma, Santa Marta, Barrio Universidad, Los Laureles. Todos pertenecientes al municipio de Luján. Algunos pegados al río y otros ni siquiera. Estos últimos se inundan porque el agua de lluvia no encuentra cauce hacia el río: se lo tapa emprendimientos como, por ejemplo, la quinta del sindicato de taxis.

Rebobinando: Cómo se llegó a esto

En la otra punta del área metropolitana de Buenos Aires, en La Plata, Patricia Pintos, geógrafa e investigadora de la Universidad de La Plata, retrocede en el tiempo para explicar cómo y por qué llegaron las mega urbanizaciones privadas sobre los humedales.

“Los ‘90 son una inflexión en la forma en la que la cuenca del río Luján se articula al aglomerado metropolitano”, puntualiza. Antes de llegar a esta afirmación, la geógrafa y autora de La privatopía sacrílega, efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján, explica que las corrientes de inversión de los años ‘90, a través de las autopistas, incorporaron territorios que antes parecían lejanos. “Ese cambio en la forma de circulación ha permitido que la ciudad perdiera ese carácter compacto que tenía durante la etapa del modelo de ciudad del loteo popular, que arranca en los años 40 y avanza hasta el 70, y empieza a crecer el AMBA en esos territorios de borde”.

Los loteos populares configuraron al conurbano como lo conocemos hoy: grandes extensiones de tierra que eran subdivididas por sus dueños y compradas a costos accesibles por los trabajadores. El loteo popular era lo que garantizaba el acceso masivo al suelo por parte de los sectores populares . Esa manera en que la población fue ocupando el territorio cambió drásticamente en el 77 con la última dictadura militar, a partir del Decreto – Ley 8912, aún vigente.

“El loteo popular no tenía las regulaciones que establecían la altura de los terrenos, el tipo de servicios que tenían que tener y demás. A partir de la ley 8912 se establece claramente que el suelo que se produce tiene que estar en un área no inundable, y tiene que estar provisto de las condiciones de urbanización previa a la comercializaciones, apertura de calles, servicios de infraestructura, etc”, explica Patricia.

Al cambiar las reglas del juego y establecer que los suelos que se coloquen en el mercado tienen que estar dotados de todo esto, la tierra se encareció mucho y los sectores populares perdieron la posibilidad de acceder al suelo por las vías formales. O sea: se los relegó a la toma. “Lo que pasó es que el mercado formal del suelo pasó a estar comandado a una oferta para los sectores medios y altos. Y este es el momento en el que emerge como producto dominante la urbanización cerrada. Esto es así desde los 70, pero claramente en los 90 se da el patrón definitivo de expansión de la ciudad”, redondea la investigadora.

Marcas de agua que ya son parte del decorado.
Marcas de agua que ya son parte del decorado. Fotos: NosDigital.

Ya eran muchos, y en el 99 llegó Nordelta.

La empresa Consultatio, gerenciadora de Nordelta, inaugura una nueva modalidad de la urbanización cerrada. Hasta ese momento eran lotes grandes con buenas condiciones de accesibilidad, rodeados de murallones, pero no tenían una localización específica. Y ahora sí la tienen, porque a Consultatio se le ocurrió construir un mega barrio… Arriba de los humedales y las planicies de inundación.

(Por si algún distraído todavía no sabe lo que son los humedales: son ecosistemas hídricos, de vital importancia, que cuando el río crece funcionan como una esponja reteniendo el agua de la crecida, además de otras características también muy importantes, como la de purificar el agua que luego regresa el río o baja a las napas.)

Se instalan ahí no sólo porque son lugares hermosos o para acceder directo desde el emprendimiento al río: “Lo hacen sobre todo porque los humedales tienen características y materiales que se pueden remover, a través de movimientos mecánicos de suelos, a los fines de producir un paisaje particular, que es el de las lagunas artificiales vinculadas al barrio cerrado”, explica Patricia Pintos. Con la tierra que sacan para hacer esas lagunas elevan los terrenos para evitar inundarse, de otra manera (dado a donde están localizados) se llenarían de agua cada vez que se produjera una inundación como la de principios de agosto, ¿o alguien alguna vez vió un countrie inundado?

“Lo que esto supone es una modificación del ambiente natural, que pierde la condición de ecosistema de humedal, de planicie de inundación que sirve para amortiguar las inundaciones y los eventos de sequía, de aprovisionamiento de agua de las napas subterráneas. Una serie de funciones que quedan destruidas por esta lógica que plantea el mercado inmobiliario, de hacer esos suelos habitables de acuerdo a un imaginario de paisajes acuáticos”, cierra la geógrafa, docente de la Universidad de La Plata, investigadora del CONICET y escritora del libro de referencia sobre los urbanismos del Luján, Patricia Pintos.

Camas en el techo para que el agua no se lleve todo,
Camas en el techo para que el agua no se lleve todo. Fotos: NosDigital.

Todo esto auspiciado por…

El Estado Nacional.

Los grupos inmobiliarios más grandes que llevan adelante estos empredimientos tienen sus raíces en la década del 70. Pentamar SA, DYOPSA, Supercemento SA, son empresas que en esa década fueron, en el caso de la primera, ganadoras de licitaciones del Estado para realizar obras hidráulicas de gran envergadura en el río Luján y, en el caso de las dos siguientes (que luego se unificaron), grandes beneficiarias de esas obras.

“En las próximas décadas estas empresas se encargaron no sólo de la construcción de los grandes rellenos, canales, marinas, obras viales y de infraestructura de redes y servicios destinados a las urbanizaciones cerradas, si no también de las grandes obras viales e hidráulicas que se realizaron en la zona, consecionadas por el sector público, pero de claro interés privado”, narra el prólogo de La privatopía sacrílega, enmarcando la rica cantidad de información que se extiende en los capítulos siguientes.

Supercemento-DYOPSA le vende a finales de los 90 la mitad de su empresa Nordelta SA a la empresa Consultatio SA, unos espaculadores inmobiliarios de primer nivel, que manejan acciones en la Bolsa de Buenos Aires y así financian sus compras y ventas de inmuebles. Pentamar, por su parte, se asoció en la misma epoca con la empresa desarrolladora EDICIO para lanzar la urbanizacón cerrada Santa María de Tigre. A partir del éxito logrado Pentamar adquirió unas 1200 hectáreas en tierras de los bañados.

En manos del capital inmobiliario-financiero, encarnado en estas empresas, queda planificar los territorios de Buenos Aires y su periferia, antes expertos en dragar ríos, hoy modifican los territorios que el río usa para extenderse en épocas de lluvia, construyendo falsos canales para que alguna gente navegue en yates lustrados.

Por fuera de las murallas que contienen todo el bello paisaje irreal que Consultatio y Pentamar construyen, viven los vecinos y organizaciones sociales que luchan y exigen medidas para protegerse de las consecuencias de estos desarrollos inmobiliarios. Y el Estado no brilla por su ausencia, todo lo contrario, es el que permite que las empresas gerenciadoras de los countries instalen emprendimientos de manera totalmente ilegal.

Porque para instalar una urbanización cerrada, las empresas primero deben tener del municipio la aprobación de localización, es decir, que el lugar donde quieren construir sea el adecuado. Luego deben ir ante las autoridades provinciales (la ADA, autoridad del agua, la OPDS, organismo para el desarrollo sostenible y los entes prestatarios de los servicios), con la zonificación aprobada por el municipio, a tramitar la factibilidad en cada uno de esos temas. Ahí tienen que obtener la prefactibilidad, en donde se va adecuando el proyecto a lo que va requiriendo cada organismo y luego obtiene un certificado de factibilidad.

En la práctica, las constructoras empiezan por el final de ese recorrido. Arrancan con la construcción y la venta de los lotes antes de obtener cualquiera de las autorizaciones obligatorias. Para abalar en los papeles este accionar, los municipios les otorgan ordenanzas de excepción para cambiar los usos del suelo y las autoridades provinciales les otorgan la factibilidad, con suerte exigiendo pobres medidas mitigadoras.

“El momento en que esto se produce, los 90, es un momento en el que el Estado se posiciona como un actor proclive a favorecer las dinámicas que promueve el mercado desarrollador inmobiliario. Se flexibilizan las normas, los procedimientos se desregulan, no se ejerce el poder de policía en el territorio”, contextualiza Patricia y remata, contundente: “Yo diría que en general este esquema de flexibilización de desregulación de un Estado, totalmente llamado a convertirse en colaborativo de la lógica desarrolladora de las empresas, ha devenido en que urbanizaciones que no se podrían haber realizado se hayan hecho”.

Las obras que propone ahora el Estado van por detrás del daño ya hecho y no hubiesen sido necesaria la inversión de millones de pesos si se respetara el marco regulatorio. Los humedales ya no pueden recuperarse.

Lo que sí se puede recuperar es la capacidad de gestión del Estado, recalca Pintos: “Hoy es el humedal, mañana puede ser otro recurso de la región. No podés dejarle más librado a los actores del mercado la capacidad de gestión. Lo que el Estado ha perdido es la capacidad de regular lo que pasa en el territorio. El Estado lo desligó en los ‘90 y dijimos que el neoliberalismo se terminó con la crisis del 2001, o se dice. Nosotros decimos que en el pos neoliberalismo son más las continuidades que las rupturas. Seguimos teniendo un modelo en el cual el Estado sigue jugándola de aliado al poder económico. Y las consecuencias ya se ven”.

Tanto abandonó el Estado la capacidad de regular lo que pasa en el territorio, tan parte es de la especulación inmobiliaria que sostiene a una gran parte del poder económico de este país, que ahora en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires está tratándose una Ley que termina de regalarle a los dueños de las topadoras lo poco que queda de verde en la provincia. Porque se está discutiendo el ordenamiento territorial de la Ley Nacional de Bosques, que consiste en mapa que identifica cuáles son los bosques nativos y zonas verdes que deben conservarse sí o sí.

¿Y adivinen qué? Este ordenamiento reduce a la mitad lo poco que queda de bosques nativos en la provincia y le termina de regalar la costa sur del Río de La Plata a los emprendimientos inmobiliarios, entre ellos a Techint y su “Nueva Costa del Plata”: la continuación de Puerto Madero en el sur, que ahora está detenida porque quiere realizarse sobre un bosque nativo, bosque que esta ley no reconoce.

Si esta Ley se aprueba, lo que las organizaciones ambientales de la provincia están tratando de evitar, se vienen más inundaciones para todos (los que no vivan en countries) en el sur del conurbano.

Vecino del barrio Padre Varela
Vecino del barrio Padre Varela. Fotos: NosDigital.

Qué pasa en los barrios afectados

“Las organizaciones sociales, de vecinos, han funcionado ocupando el vacio que dejó el Estado. En los últimos años han sido la voz en términos de establecer un equilibrio en lo que sucede en el territorio”, describe Patricia Pintos.

Hoy estos urbanismos privados ocupan más de 9 mil hectáreas de los municipios que de la cuenca baja del río Lujan. Más de 60 barrios cerrados y mega urbanizaciones privadas, estas últimas como Nordelta o San Sebastián, pequeñas ciudades de más de mil hectáreas cada una.

Por fuera de los muros está Martín, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Padre Varela, que describe ese lugar, donde vive y milita: “Los countries están en Pilar, río abajo. Río arriba tenemos los canales. La costa del río Luján está dos metros más arriba que el resto del barrio y tenemos, justo al final del Arroyo Gutiérrez, la quinta del sindicato de taxistas, que construyeron hace dos años y levantaron el terreno varios metros. Se acumula el agua antes de llegar al río, empieza a estacionarse en el barrio y no corre”.

Martín y Carolina caminan por su barrio y señalan hasta dónde llegó el agua en cada inundación: “Las inundaciones el año pasado fueron en febrero, abril, agosto, octubre y dos en noviembre. Lo que pasa de terrible es que una inundación grande como la del año pasado y esta de principios de agosto se daban cada 30 años, y ahora en 9 meses se volvió a repetir”.

Carolina se para enfrente de su casa y señala una parte que está en obra: “Mi necesidad ahora es terminar acá adelante para cuando venga de vuelta el agua y poder subir todas mis cosas. Ojalá que nos ayuden, nos den una mano, el municipio, la provincia, alguien”.  Martín, que además de ser el Presidente de la Sociedad de Fomento es militante de Patria Grande, le manifiesta: “Nosotros tenemos que hacer respetar nuestros derechos, tenemos que sacarles las cosas. No nos van a ayudar, lo ves todos los días”.

Ladrillos para irse para arriba
Ladrillos para irse para arriba. Fotos: NosDigital.

Cuando el agua del arroyo empieza a subir, los vecinos del Padre Varela buscan refugio en la Sociedad Fomento. Ahí reunidos y junto con otros barrios en la misma situación, le exigen al Estado:

“Las cuestiones de asistencia, colchones, agua, cloro, comida. En conocimiento que el problema son los countries en los humedales, y los canales clandestinos, obras para el río Luján y relocalización de los vecinos y vecinas que están cerca del arroyo o del mismo lecho del arroyo”,  comienza Martín, y casi como si estuviera graficando la explicación de Patrica Pintos sobre las consecuencias de la ley 8912, agrega: “Acá hay lugares donde tomás un terreno y te sacan a palos con la policía. Tomas esto acá y no pasa nada, porque se sacan el problema de encima de tener esa gente presionando para que se solucione el problema habitacional”.

Siguiendo con el punteo de exigencias, Macarena, militante de Patria Grande, completa la lista que comenzó Martín: “es necesario que haya un protocolo de intervención frente a las inundaciones, porque el Estado municipal tarda mucho en accionar, en distinguir cuales son los centros de evacuados y que esos centros realmente estén equipados, que tengan toda la infraestructura necesaria”.

Mediante varias movilizaciones, los vecinos de los barrios afectados consiguieron el compromiso del Estado provincial para construir 250 viviendas, destinadas a re localizar a familias inundadas, que aunque no alcancen para todos, podrán alojar a muchas familias del barrio San Fermín. “Ahí el gran problema es que el Estado provincial quiere hacer casas prefabricadas, de muy baja calidad, con materiales que no van a resistir. Algunos vecinos, que ante la desesperación de volver a perder todo, prefieren mudarse a una casa más precaria y muchas familias prefieren esperar a tener una casa de material”. En el segundo grupo está Carolina, que recorrió junto a otros vecinos de su barrio las casas que se asignaron a familias en la misma situación, pero en La Plata: “Servilleta con cola son las paredes. Yo me hice mi casa de material. Es una vergüenza lo que nos quieren dar”.

¿Alguno de los tres candidatos estrella que se disputaron el gobierno te prometió terminar con todo esto?