Hidro Fractura

Desde siempre, el Estado argentino pasa por encima de los mapuce. Ahora, lo hace con YPF y con Chevrón. “Nos dicen que va a haber ganancia, pero nunca la va a haber”, aseguran desde la resistencia de los pueblos originarios, que tienen que aguantar que les exploten pozos de petróleo en sus tierras. El agua sufre los principales daños.

Desde chico Lefxaru Nawel fue parte de la resistencia mapuce. Participaba, como participa, de marchas en las que la policía respondía a los reclamos con balas de goma o de plomo. Lo veía a diario en su barrio por otras cuestiones que parecían domésticas, pero que más tarde encontró como sistémicas. Su lucha, la del pueblo mapuche, se fue poniendo cuesta arriba. “La llegada de la hidrofractura es lo peor para nosotros. Nos decían con Repsol: ‘Va a haber ganancia, prosperidad, infraestructura’. Nunca hubo y la multinacional Chevron tampoco la va a traer”, adelanta.

Lef vive en la capital de Neuquén, provincia en la que la población mapuce está más concentrada. Trabaja en la casa de la comunidad, la Ruka, una propiedad cedida por la madre de una chica desaparecida durante la última dictadura por solidarizarse con pueblos originarios neuquinos.

“Nosotros somos de Xawunco (encuentro de los ríos), que abarca los departamentos de Confluencia y Añelo, donde hay 10 comunidades mapuches”, explica. Desde 2007, ahí enfrentó la llegada de Chevron, que en 2013 logró, junto con Panamerican Energy y Shell, el acuerdo parlamentario para permitir la hidrofractura en nivel intensivo.

Desde ahí, ve que a los mapuce los invisibiliza el gobierno (todos ellos, hasta ahora, pero haciendo hincapié en el Movimiento Popular Neuquino, que está a cargo de la provincia desde 1961, cuando el peronismo estaba proscripto y la familia Sapag comenzó a empoderarse) y el resto de la sociedad. “Hay un alto nivel de racismo, de discriminación y de represión por parte del Estado y todas sus instituciones: Educación, Poder Ejecutivo, Justicia… Es una política de Estado. Sistemáticamente se aplica así. Según el censo de 2010, somos el pueblo de mayor población. Somos un problema para sus negocios. Por eso justifican su violencia y ensañamiento”. Desde los micrófonos oficiales los tratan de violentos, de extranjeros, dicen que aprovechan la legislación para quedarse con tierras. Lefxaru tiene en claro que es porque su preexistencia y su forma de vivir son una traba para la extracción descontrolada de petróleo, que pone a la provincia en el podio de las más ricas.

Ahora los lugares donde hay pozos ya están contaminados, entonces la situación es de mayor gravedad. “El gobierno es totalmente permisivo. Permitió que las empresas saqueen, contaminen y destruyan. Jamás las persiguió para que reparen los daños que han ocasionado. Hubo casos de enfermedad, de muerte, de malformación, de cáncer, de contaminación probada en tierra, en agua y en aire”, expone.

En distintos juicios y pericias del gobierno federal en 2003 y en 2009, previo a la hidrofractura, dicen que la explotación del petróleo convencional contamina. El gobierno provincial siempre la negó. Desde que la provincia revierte las áreas de Repsol y se las entrega a YPF, empezó a decir que hay 500 focos de contaminación con costos de miles de millones de dólares. Eso hizo favorable la entrega a Repsol. “No solo que el gobierno no controla a la empresa ni garantiza la salud, sino que también permite que las empresas hagan lo que quieran con las vidas del pueblo mapuce”, insiste Lefxaru.

¡PUM! El 27 de noviembre de 2014 explotó una válvula en territorio de la comunidad Campo Maripe. Lef se comunicó con sus hermanos de ahí. Llegaba hasta 100 metros a la redonda, donde el pastoreo se volvió imposible.

No es el primer accidente. Es el noveno en cuatro años. En la computadora, Lef ve los archivos de los comunicados que sacaron a principios de septiembre, por la explosión del Pozo 843, que provocó un incendio en el Loma Campana, pleno territorio comunitario ocupado por YPF en sociedad con Chevron. Lee el comunicado de sus hermanos de Campo Maripe, después de otra explosión, la del 27 de septiembre:

“El sábado pasado 27 de septiembre, a la medianoche, en la perforación 990 de la Empresa NABORS SA se registró otra explosión seguida de una pérdidas de petróleo y gas que por su presión regó a su alrededores y provoco un derrame que demoró horas para detenerse. Así lo notificaron los habitantes de la comunidad, los Kona del Lof Campo Maripe, quienes documentaron este hecho. Según la comunidad hubo un saldo de 3 heridos, uno de ellos trasladado a Terapia Intensiva esto fue informado por los operarios, que solicitaron que el hecho fuese denunciado, ya que el sistema de trabajo es muy precario y de alto riesgo. El antecedente próximo fue el pasado 2 de septiembre cuando exploto el Pozo 843 que puso en riesgo a la comunidad del Lof Campo Maripe, la zona está sacudida por las detonaciones subterráneas de la hidrofractura pero esta vez exploto un pozo y el incendio que sucedió fue en el equipo 163 en Loma Campana (yacimiento que es operado por YPF en sociedad con Chevron) dentro del territorio comunitario. La explosión fue a metros de los corrales y lugares de hábitat de los comuneros, como consecuencia se produjo emanaciones de gases tóxicos sobre la comunidad y derrames de combustible en zonas de pastoreo de su ganado. Por episodios como estos, por las permanentes vibraciones del suelo, imperceptibles para los humanos según YPF, pero notorias para quienes viven ahí, las liebres criollas, avestruces, los pájaros en general, no están más. “Esto es más grave que la era previa a la hidrofractura”, le resumió Albino, Longko de la comunidad de Campo Maripe, a Inter Press Service.

Los pozos están en Neuquén por la formación geológica Vaca Muerta, que abarca dos tercios de la provincia. Hay 18 comunidades mapuces. Con distintos niveles de intensidad, hay concesiones de exploración y explotación en todo el territorio. En el área, denuncia Albino Campo, “van 160 pozos más o menos”. “Cuando lleguen a 500 pozos nosotros no tenemos lugar para tener animales, donde siempre tuvimos animales, donde siempre vivimos, y siempre fue nuestro y nos robaron lo que fue nuestro”, se queja.

Dicen que el fracking va a traer prosperidad económica, pero para Lefxaru, eso es una falacia. “La venimos denunciando. La realidad misma la ha desmentido. La época en la que llega Repsol, en las privatizaciones, Repsol era una empresa que venía en quiebra y se recuperó con Neuquén y Argentina. Se le dieron todos los beneficios posibles. Nunca invirtió en infraestructura, energía ni exploración. Todas las cuencas que estuvieron explotando todos estos años son las que exploró la YPF pública. A partir de todo eso lo que se hace es todo un saqueo, una explotación desmedida, sin control ni proyección por parte de las multinacionales, donde el Estado hace el rol solamente de recaudador de ínfimas regalías del 12 por ciento y en ocasiones hasta el 15, que no representan un beneficio para la población, salvo en lo inmediato para los que están directamente relacionados con la actividad: el 10 por ciento de la población de la provincia”, sintetiza. En la provincia, el 10 por ciento más rico se lleva 30 veces más que el 10 por ciento más pobre. El 57 por ciento de la población no tiene techo propio. Contra ese modelo pelea la Confederación  Mapuce, porque para ellos implica perder territorio para ganado, para mantener su forma de vida, pero también, para no enfermarse y tener agua.

El agua que usa la hidrofractura es de salinidad escasa (dulce) porque si no los componentes químicos no cumplen su objetivo. Las empresas llevan 30 millones de litros de agua, pero no le dan a la comunidad, como indica la legislación. “Destruyeron todos los cursos de agua. Es una medida de presión. Cuando el gobierno viene a decir que nosotros somos violentos, se olvidan de esto que nos hacen. Hay una orden judicial del juzgado de familia de Zapala dice que el gobierno está obligada a llevarle agua a la comunidad. Pero no se cumple. ¿Sabés el calor que hace ahí en verano? Y el agua todos la necesitamos para vivir. Es un derecho humano. Hay lugares donde el agua sale naturalmente en aguadas y también sacan de pozos artesanales que hace la comunidad misma. Las napas antes estaban a 8 metros. Ahora, a 35. Para nosotros, la naturaleza, Waimapu (la tierra de arriba), todas las vidas naturales son una vida más. No somos solo los humanos, sino todas las vidas. Nuestro objetivo es el conocimiento de la naturaleza, que tiene un equilibrio que solo necesita que lo respetemos. Todo lo que nosotros no protejamos, lo van a destruir la voracidad de las multinacionales y la complicidad de los gobiernos. En el 2011 pusimos la posición No a la Hidrofractura. Vamos a discutir qué es lo que queremos”, advierte.

La hidrofractura comenzó donde ya estaba el pueblo mapuce, en todos los casos. En Lomas de Lata Norte, está en territorio de comunidades mapuce, pero afecta al Río Neuquén y Marimenuco, que van para la capital. Entre Cutral Co y Zapala se hizo el primer pozo que se hizo en Neuquén. “Ahí se hizo una metodología que no se usa más: una pileta como una cancha de fútbol, deben ser como dos manzanas, dos hectáreas. No lo hacen más porque se ve horrible. Lo ves y decís ‘la puta madre, qué pasa acá’. Te impacta. A ellos (los mapuce de ahí) también los impactó. Eso no parecía un pozo normal. Decían que no iban a hacer un pozo más hasta que no supieran qué se estaba haciendo ahí. Frenaron los demás pozos y los reprimieron un montón de veces. Una compañera mapuce, Cristina Nincopal, fue la que inició esta lucha. Ella tenía problemas de salud por la contaminación. Creció en un lugar donde la industria está hace décadas. Murió en 2013, teniendo 30 años, porque sus pulmones ya estaban mal y eligió quedarse en la zona para resistir. Los síntomas coinciden con lo que detallan las pericias de la justicia federal en Marimenuko sobre la contaminación del aire, agua y tierra.

Toda esta información no está al acceso de la gente. Estamos enfrentándonos a las multinacionales. En 2013 vinieron comunidades de Ecuador que repudiaron a Chevron y nos contaron cómo funcionó allá. Cuando nos enteramos que se firmó el acuerdo, entramos al Trapear, el segundo yacimiento más importante del país, que hoy tiene Chevron. En ese yacimiento, las reservas de petróleo cayeron hasta el 40 por ciento desde que ellos lo tienen, porque lo estaban saqueando. Las reservas caen cuando no se explora. Saquearon las reservas que relevó el Estado con la YPF pública de antes del 94. No han invertido en explorar nuevos lugares. El petróleo convencional no está acabado, ellos lo han acabado. No han tampoco planteado una política ni a mediano ni a largo plazo de cómo hacer la transición del petróleo a otras energías.

Todo esto lo permitieron algunos jueces que ponen algunas leyes por sobre otras, como la sancionada el 29 de agosto de 2013, cuando se aprobó el pacto Chevron-YPF que continúa teniendo cláusulas secretas para todos. El objetivo de la Confederación Mapuce y de la Multisectorial No a la Hidrofractura ese día era manifestarse en la puerta de la legislatura. La policía se lo impidió y los empezó a agredir. Hubo más de 30 heridos de bala de goma y uno con una bala de plomo en el pulmón, en un lugar como Neuquén, donde murieron Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba por la represión. No hubo un muerto de casualidad. La represión duró ocho horas. “El gobierno piensa que nos vamos a cansar de pelear. Por los incidentes del sábado solo dicen que queremos plata o derechos superficiales. Nos abrieron causas judiciales. Es una situación de siempre acá. Ha habido más de 300 procesados mapuces. No nos va a intimidar eso”, deja en claro Lefxaru.

La cultura mapuce no hace dicotomías ni separa una cosa de la otra. Es interesante escuchar cómo une la cuestión del Estado, de su historia, su pensamiento, la estigmatización, la hidrofractura y las repercusiones en el resto de la sociedad neuquina: “En todas sus instituciones niega nuestra existencia misma. En la escuela, las teorías antropológicas e históricas niegan nuestra existencia como pueblo en Argentina. Nos deslegitiman o legitiman el genocidio contra nosotros. Nos quieren eliminar culturalmente. Si nosotros hemos estado acá es porque hemos resistido. Esa negación de la existencia a través de la educación genera todos los días miles de niños que van a repetir un discurso racista: los mapuce no existen. Hablan de los pueblos originarios en pasado. Posteriormente, nos niegan las personerías jurídicas, los títulos sobre la tierra, la propiedad del lugar, el avasallamiento continuo. Cada vez que alguien sale a decir algo es “violencia”, “terrorismo”, y toda una estigmatización del ser mapuce. Por eso nosotros el año nuevo, la vuelta al año, we tripanku, se ha abierto como celebración a toda la gente. Cayendo día de semana, laboral y a las ocho de la mañana un día de invierno, este año se juntaron más de 600 personas. Es algo muy positivo porque por fuera de todo lo que hizo el gobierno y el Estado, se generan lazos de cultura, de compartir la lucha y las calles. Eso es algo que nosotros vemos con mucha esperanza. En 2009 reclamábamos por esto solos. En 2012 había 6000 personas en la calle, al otro día 15 mil contra la hidrofractura. A ellos no los deja de asustar. Por algo también quieren amedrentarnos y sacarnos del lugar. Hay un montón de gente que está empezando a cambiar su forma de ver las cosas y ven que esto así como ellos lo plantean, es una democracia corrompida. Democracia no es solo la parte electoralista que a ellos le encanta y que tienen totalmente manejada. También es que cumplan con las leyes, que son la base y lo que contiene los derechos de los pueblos. Ellos no lo quieren aceptar. Niegan totalmente la existencia de las leyes favorables a nosotros. Su discurso es totalmente retrógrado y anacrónico porque se quedaron en la historia de hace 50 años. Hoy si ellos aplicaran la legislación, la cosa sería muy distinta acá. Si uno lo ve en perspectiva histórica, este proceso sí fue muy favorable para nosotros. Hace 130 años terminó la guerra, la invasión armada del Estado argentino contra el pueblo mapuce. La historia es muy reciente”.

En Río Negro el gatillo fácil no para

A Pablo Vera lo mató un Policía con un tiro en la nuca. A su familia, la reprimieron y hasta la detuvieron. Su pareja llegó a tener una hemorragia por los golpes. Fue en General Roca. En esa provincia, ya hubo más de 120 casos .

Pablo Vera tenía 23 años, un hijo, una pareja y poco para comer. “Tranquila, total siempre zafamos”, le decía a la mamá cuando las papas escaseaban. El 25 de septiembre de 2014 había ido a bailar. A la mañana, en las calles Rodha y España, en el centro de Fiske Menuko (oficialmente llamado General Roca), en Río Negro, murió por un disparo policial en la nuca. Jorge Villegas, el autor del balazo, dice que lo encontró robando un auto. Declaró que hubo un forcejeo y, en el intento de darle un culatazo, se apretó el gatillo.

Vera vivía con su madre, compartía la tenencia de su hija con Paola, su novia, porque no les alcanzaba para tener una vivienda en común. Trabajaba lavando autos. Hacía también trabajos de albañil y de chacra. Nada de eso contó el diario Río Negro ni ningún otro diario ni canal de televisión. Tampoco apareció su cara más que en alguna remera que se cruzara por la cámara en las manifestaciones. Sí publicó Río Negro una entrevista con la hija de Villegas, que lamentó la muerte y dijo que el padre no tenía intenciones de matar y que no le haría mal a nadie: “Él hizo lo que tenía que hacer en su trabajo”.

El policía rionegrino, según su familia, estaba de vacaciones, cerca del retiro. Salió de civil y prefirió, siguiendo su versión, sacar el arma para evitar el robo. La bala se disparó a 15 centímetros de su nuca, por donde entró, y salió por la barbilla. El cuerpo de Pablo Vera tenía rasguños y golpes en diferentes partes del cuerpo.

El juez y ex policía Gustavo Quelín le dio a Villegas el beneficio de la excarcelación y se pidió vacaciones. El juez Maximiliano Camarda lo reemplazó y avaló la decisión. “La justicia, que debería estar investigando por qué un policía mata a un pibe por la espalda, que debería estar asegurando que los ´compañeros´ de Villegas no entorpezcan la investigación, lo único que hace dotar de privilegios al policía, liberándolo infundadamente”, argumentan los familiares de Vera. Se apoyan en los cercanos casos de Daniel Solano -desaparecido después de armar un paro contra la empresa Agro Cosecha, visto por última vez en un boliche del que lo sacaron policías-, Atahualpa Martínez Vinaya, Matías Casas, Braian Hernández  y Gustavo Gutiérrez  en Neuquén, todas víctimas cuyos allegados fueron amenazados. Gutiérrez muerto postamenazas para que no declarara en el juicio por Braian. Se apoyan en el caso de Jon Camafreitas, cuyo homicida condenado, policía, está prófugo. Saben que en Mendoza el 60 por ciento de los casos de gatillo fácil terminan impunes, y que eso es una realidad que también llega a Río Negro y a todo el país

El 28 de noviembre, la Cámara I –Stadler, Gauna y Tobares- confirmó la excarcelación. Los familiares y amigos de Vera se manifestaron. En un comunicado difundido por www.zumbido.com.ar, los familiares insisten en el por qué de la necesidad de que Villegas esté detenido: “Son los policías los que más posibilidades reales tienen de fugarse durante el proceso. Y ni hablar de la posibilidad que tienen de poner trabas en la investigación. Y el entorpecimiento en la investigación es aún más probable si el imputado está libre, como Jorge Villegas. Es esto lo que motiva amenazas, allanamientos ilegales y actitudes intimidatorias por parte de la corporación policial hacia la familia y amigos de Pablo, que hasta el momento es la única movilizada en la búsqueda de pruebas que acrediten que se trató de un fusilamiento y no de un ´forcejeo´ ni una ´legítima defensa´”. La respuesta al pedido fueron 50 heridos y 24 horas de detención a 24 manifestantes -catorce jóvenes mayores de edad, seis menores y cuatro mujeres, entre ellas una embarazada de 8 meses-, sumada a 48 horas más, ilegales, para todos los que fueran varones mayores. Sumado, para todos y todas, torturas, privación ilegítima de la libertad, maltrato físico y psicológico, manoseo, vejacionesamenazas sobre los hijos.

La abogada de los Vera, Victoria Naffa, aseguró que los golpes fueron tanto en el momento de la detención, como en la comisaría 21. Adentro, “lxs hicieron desfilar unx por unx para seguir pegándoles”. A Paola, la pareja de Vera, le cuesta caminar. No puede girar el cuello ni levantar los brazos. Está con hemorragia ginecológica. Narra: “Sobre la calle Maipu, yo ya me estaba subiendo a la camioneta, a mí me agarraron de los pelos y me sacaron arrastrando. Me pegaban patadas y piñas, sobre todo en los ovarios y las patadas más fuertes eran allá abajo”. Su hijo de trece años también fue detenido. Paola escuchó cómo lo torturaban mientras la amenazaban con que lo iban a matar. “El médico forense nos revisó así nomás, nos hizo levantar un poco la remera y no quiso ver todos los golpes. Cuando fuimos a hacer la denuncia a la fiscalía se reían de cómo caminábamos, se burlaban”.

Además, por las torturas a los detenidos ilegalmente, responsabilizan al fiscal Garrido y al ministro de Gobierno de la provincia, Di Giacomo, por haber rechazado el hábeas corpus presentado.

El juez Camarda, además, dio la orden de no permitir el ingreso a los Tribunales a Pedro Villegas, trabajador de un juzgado de instrucción, que se solidarizó con la familia.

En la provincia de Río Negro hay más de 120 casos de gatillo fácil desde que se restauró la democracia. En la provincia está desaparecido Daniel Solano desde hace más de tres años. En la provincia hubo una causa armada para dejar impune el asesinato policial de Atahualpa Martínez Vinaya. En la provincia se permitió que hubiera detenidos ilegales, algunos sin ser registrados, hace menos de un mes. 

Willy sabía que iban a matarlo

En Neuquén, Gustavo Gutiérrez fue a declarar por el asesinato de Braian Hernández y acusó a un policía. Al día siguiente, lo remataron, con una bala policial. El mensaje que se ve en la pantalla se lo mandaron a Natalia, hermana del hombre que se volvió la pista que quisieron borrar.  

Willy ya no dudaba. Sabía que lo iban a matar si seguía contestando las preguntas del juez. Conocía los códigos del barrio, que son los de la policía, los narcos y sus “gatitos” o “soldaditos”. Tenía miedo. “Andaba desesperado”, dice su familia. Le habían dicho que lo iban a matar.

Él estaba seguro de que era cierto.

– Siempre que me veían a mí, me llevaban. Ahí, en la comisaría, me pegaban nomás. No me dejaban ver…- declaró Gustavo Willy Gutiérrez, el 29 de noviembre, en el barrio Cuenca XV, en el oeste neuquino, durante el juicio por el asesinato de Braian Hernández, en manos de Claudio Salas. Willy era el testigo clave. Viajaba en el mismo auto que Braian. Era el único mayor.

– Concretamente -preguntó Héctor Dedominichi de la Cámara en lo Criminal Número 2-, ¿alguna vez que te llevó Salas y estuviste durante la comisaría te pegaron? (Sic)

– Sí.

Willy contó qué, cómo, cuándo y dónde fue todo: le dispararon desde un patrullero, por atrás, sin que hubiera un arma en el auto donde viajaba. Después, los cagaron a palos afuera y les plantaron una pistola. Salas, el que disparó, es uno más de los tantos policía que en Argentina hacen tratos con chicos para que roben para él. Esto pasa continuamente en el oeste neuquino, hacia donde suben el Río Limay y el Negro. Las casas con patiecitos y con rejas se van haciendo más irregulares, más marrones. Las calles, ahí arriba, son de tierra, o de barro. Nieva poco, por suerte para los que viven ahí. Las plazas no duran diez cuadras. Tampoco duran una cuadra. En el mapa del celular, son una mancha ocre.

Lo que aparece cuando se va el ocre es el azul y blanco de los patrulleros.

 

***

 

– Mirá si algún día le pasara algo así a mi sobrino y el tipo no se presentara a declarar -explicaba una y otra vez Willy a todo el que le hiciera dudar sobre su presentación en el juicio-. Aparte, la Policía cuando te agarra… A mí las veces que me han agarrado me cagaron a palos.

Su hermana era una de esas personas que le preguntaba a Willy si era conveniente atestiguar. Ya lo habían parado yendo en la moto:

-Vos ojito, eh. Ojito con lo que hables.

De cualquier forma, la tomó por sorpresa.

 

***

 

Hace como 21 años los Gutiérrez viven en el oeste de la Ciudad de Neuquén, donde la policía se permite maltratar a los jóvenes. “No siempre fue así”, recuerda Beatriz Currihuinca, madre de Willy –para ella, Gustavo-. “Con Gustavo fue algo diferente porque era el varón más chico. Dos veces estuvo preso en la Unidad 11. Cada vez perdió un año”, sigue Beatriz. Estuvo procesado. Las dos veces fue declarado inocente. Dos años de su vida perdió preso en penales, aunque la ley 26.660 reglamenta que no puede haber presos sin sentencia.

Diego, uno de los hermanos de Willy, también estuvo preso en la U11. Su madre recuerda que los policías le preguntaban si quería drogas. Si quería, le tenía que decir a su hermano que la llevara a la casa de un policía y esa misma institución se encargaría de entrarla al penal. “Los chicos se enganchan en esa porque encuentran el mejor camino. Si los golpean drogados, ni lo sienten”, dice Beatriz.

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Cuando Beatriz fue a visitar a Willy, los oficiales se le reían en la cara: “¿A qué venís?”. Cuando ella entra a la U11, como a todos los visitantes, la desvisten y la revisan entera. A los visitados los sacan a un patio grande, los desnudan y los revisan. “Yo, como mamá, voy a ver a mi hijo, no le voy a llevar drogas. Sería hundirlo. Eso mismo lo metió ahí adentro”, explica Beatriz.

Natalia y Beatriz conocen bien también a “Los Santana”.

“Los Santana son civiles, pero están con la policía”, aseguran.

Un hermano de Willy iba a la escuela con uno de ellos, que le contaba que el padre vendía drogas, que la trasladaban en patrulleros. Dicen que tienen un arsenal de drogas y de armas. “Y la cantidad de soldaditos que tienen. Muchachitos nomás. El Gordo Seba, por ejemplo, más allá de lo que haya hecho, era narco. Trabajaba mitad para la policía”, dice la madre de Willy.

El Gordo Seba: el único detenido por el asesinato de Willy.

Pero eso no es todo. En toda la charla de Beatriz y de Natalia, aparece una figura bestial que usa la Policía, como en muchos otros barrios, para sembrar miedo. Saben que se llama Monje y que se emplea en la Comisaría 18.

Beatriz: -Es una basura ese tipo. Le pegaba a Willy y le decía: “Vos me entregás armas o gente que roba y yo te dejo andar tranquilo en la calle”. Si lo llevaban, llegaba con la boca sangrada. “Me pegan porque quiere que dé información que no tengo”, decía, cuando llegaba a la casa. Es uno de los peores. De ahí para abajo. Llega a una cierta edad en que le dan la jubilación, pero quedan otros. Mi hermano es policía. Me contó que cuando entran en la Policía, aunque quieras ser bueno, vos tenés que ser malo. Enseñan a pegar el cachetazo antes de preguntar. Dice: “Por más que yo tenga sobrinos, tenga hijos, yo no tengo que pensar en eso sino en ser duro”. Saben andar drogados y borrachos haciendo los recorridos.

Natalia: -Cuando fue la final de Argentina en el Mundial, se armó pelea entre unos vecinos. Vino la policía, se puso en una zona que estaba oscura y tiraba piedras con gomeras.

“Sí, usan gomeras acá los policías”, insiste Natalia, que sigue: “¿Cómo los pibes los van a respetar si los policías no les hablan bien?”.

Beatriz: -Cuando hay enfrentamientos en los barrios, mi hermano mismo me cuenta: “Primero, vamos a dejar que se maten los chorros. Después entramos”. Un día, a las 4 de la mañana, vinieron a tirotearme la casa. Me rompieron un vidrio. Nosotros teníamos a los chicos. Los peritos recién vinieron a las 9.

 

***

 

Al hermano de Willy, Diego (30) lo confundieron con Emilio (29), el tercer hermano varón. Le dijeron los de la Brigada de Investigaciones:

-Así que vos andabas con Ely (la mamá de Braian, el primer asesinado de esta historia) en las marchas. Dejá de joder porque vamos a ir a hablar al río.

Después de eso, lo llevaron al calabozo, le dieron una paliza con cinturón, patadas, piñas, mientras estaba desvestido y con los brazos estirados. Lo largaron ensangrentado a la madrugada, cuando lo vieron todo lastimado. “Ese es nuestro trabajo”, argumentaban después a la familia.

En la requisa de la Unidad 11, le volvieron a recordar dos cosas.

Primero: que a él lo iban a “empapelar” (llenar de causas).

Segundo: que a Willy lo iban a matar.

 

***

 

El sábado 30 de noviembre, Willy iba llegando en moto a la casa de la suegra, en el barrio Almafuerte, para dejarle los 800 pesos del plan que le dan por tener una hija. Lo venían siguiendo. Le dispararon hasta matarlo. Eran tres. Dos mayores y un menor. El Gordo Seba, único imputado, único sentenciado culpable –doblemente, por premeditación y alevosía- después rogó: “Yo maté a la rata esa, pero no me lleven a Neuquén porque me van a matar”.

Nunca se vinculó a la Policía con el caso, aunque sucedió 24 horas después de que Willy declarara. Tampoco se la vinculó aunque el menor de los sicarios que persiguió a Willy declaró, una primera vez, que el arma se la había dado un policía -después cambió su testimonio-. Tampoco cuando un cana declaró que le habían pedido colaboración. Pero para la Justicia prima que el arma no apareció. No importa ni siquiera que la bala sí era policial.

Alguien le dio la pistola al Gordo Seba.

“Ahí no podemos llegar”, dice María Elena Cauquoz, militante de Convocatoria, organización política social que sigue la causa. Quisieron encontrar peleas entre Willy y el Gordo Seba, para alejar la pista policial. El mismo imputado lo negó.

Cuando Beatriz fue a retirar las pertenencias de Willy, le dieron 60 pesos. No le dieron ni el celular. “Encima con cara burlona…”, recuerda.

 

***

 

A la familia de Willy le dijeron que van a matar al Gordo Seba si algún día sale de la cárcel. Suponen que también lo debieron haber amenazado a él con su familia.

Después de postergar dos veces la lectura de la condena, al Gordo Seba le dieron perpetua. No hay policías imputados. La familia quiere justicia, no una perpetua para el perejil.

Natalia guarda dos mensajes en su celular:

“Mira gorda trola . ya sabes que no se la ban a yevar d arriba con todo lo q andan aciendo por la justicia del puto de tu ermano. nos chupa el pico q ayan agarrado al gordo es nada mas q uno d los gatitos nuestro. cuando esto se calme un poco seguimo con ustedes gorda conchuda”

“Viste gorda de mierda lo que le paso al ijo d puta de ermano. bueno asi van a ir pagando voz y tus otras cagadas d ermanos q tene todas las cagada que se mandaron. y agradse q t estamo avisando gorda puta. asi que seria bueno que se bayan dpidiendo entre ustedes. no t gaste en contetarno a este numero xq terminamo con voz y lo vamo qemar. Asi que asta la vista beibi. ja ja”.

 

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El cielo del desengaño

En Neuquén, asesinaron a Teresa Rodríguez, fusilaron a Carlos Fuentealba, a Rodrigo Barreiro le perforaron un pulmón en una manifestación, a los mapuche los persigue la policía, a Matías Casas lo mató un oficial, denuncian que a Rubén Soazo lo liquidaron en una comisaría. Braian Hernández y Willy Gutiérrez también fueron víctimas. Aquí la radiografía de la represión.

Neuquén está muy dividida. Está resistiendo a la hidrofractura (fracking). En agosto de 2013 se firmó el acuerdo entre Chevron e YPF para explotar los yacimientos de Vaca Muerta, que ocupan casi dos tercios de la provincia. Desde entonces, los mapuche tienen que ver cómo la policía avanza más que antes sobre su territorio para dejarlo a terratenientes y petroleras. No importa la Ley de relevamiento indígena, no importa quién esté ahí, no importa el agua que queda contaminada. La hidrofractura acentúa la fractura social. Hay promesas de plata. Unos se entusiasman. Otros prevén el crecimiento de la droga, el juego y la prostitución.

Algunos datos de 2013:

550 mil habitantes en la provincia. 231 mil en la Ciudad.

Promedio de edad, 35 años. El más joven de la Argentina.

Provincia más rica de la argentina: por año, dispone de 16 mil millones de pesos; produce 22 mil millones.

El 10 por ciento más rico se lleva 30 veces más que el 10 por ciento más pobre.

Segunda ciudad, detrás de Bahía Blanca, con más indigencia porcentual: 2,5.

Sueldo inicial docente 5 mil. Refrigerio por alumno 30 centavos.

Gerente de petrolera llega a 150 mil pesos por mes.

57 por ciento de los habitantes no tienen techo propio.

Cuando en la legislatura neuquina se firmó el pacto Chevron-YPF, hubo afuera una represión a quienes se manifestaban en contra. Rodrigo Barreiro estaba ahí. Fue herido con una bala policial y de plomo, que le quedó en el pulmón . Otro perdió un ojo por una bala de goma.

En esa misma ciudad donde Barreiro podría haber muerto durante una manifestación, siete años atrás, el maestro Carlos Fuentealba fue fusilado por el policía Darío Poblete mientras se desconcentraba por segunda vez el corte de ruta para pedir aumento salarial.

En esta provincia, donde Fuentealba fue asesinado durante una movilización y Barreiro por poco no corrió la misma suerte, en 1997, Teresa Rodríguez murió por un balazo policial en una movilización de docentes en Cutral-Co, también por aumento salarial. No era docente. Pasaba por ahí.

Los responsables políticos, como el gobernador de turno, Felipe Sapag (muerto en 2010), Jorge Sobisch y Jorge Sapag (hijo de Felipe), están impunes. “Ya no puede caminar tranquilo”, aseguran, sobre Sobisch, militantes de derechos humanos. Pero sigue libre y en la gobernación siguen las mismas políticas. Poblete sí fue condenado, pero también se lo vio caminando por la calle tranquilamente. El asesino de Teresa Rodríguez nunca se conoció. Los policías que “abusaron” de sus armas tienen condena en suspenso y volvieron a sus puestos.

Lexaru Nawel, de la comunidad mapuche de la ciudad de Neuquén, recuerda que desde la infancia vio a la policía actuar así. En manifestaciones, y en los barrios. Genera odio, dice, y se acuerda de cómo los amigos de los chicos atacados y perseguidos se sacan la bronca respondiendo a los balazos con piedras.

A Matías Casas lo mató el policía Héctor Méndez por la espalda en 2012. Según la versión de Méndez, su hijo y Matías habían discutido. En el juicio se reconstruyó el asesinato: el policía lo fue a buscar a Casas, que se estaba despidiendo de su novia, ya subido a su moto. Le disparó por atrás, Matías arrancó y cayó cuatro cuadras más adelante. Méndez se aseguró de que la ambulancia no lo atendiera a tiempo. Lo pateó en el piso. Otros policías lo encubrieron. “Accidente de tránsito”, argumentaron. Después de constantes movilizaciones de los familiares de Matías, y después de que la Justicia postergara las audiencias de lectura de la condena, le tocó cadena perpetua.

Rubén Soazo entró a robar a una casa del barrio Barreneche el sábado 12 de julio. Ahora está muerto. La policía dice que fue un enfrentamiento. No se encontraron vainas del arma que supuestamente llevaba Soazo. No hay policías heridos. La familia de Soazo vio el cuerpo. Le faltaban dientes, estaba todo golpeado, quemado y tenía los dedos reventados. Yoina, la pareja, y la madre están seguras de que lo atraparon en la casa y lo mataron en la comisaría después de torturarlo. Consiguieron que un vecino les contara que a Soazo lo vieron salir esposado. “Altamente profesional”, considera Raúl Laserna, el jefe de la policía, al accionar de sus muchachos.

“La policía es una basura”, repite y repite Beatriz Currihuinca, la madre de Willy Gutiérrez, que fue asesinado el día después de declarar contra el policía Claudio Salas en el juicio por la muerte de Braian Hernández. “Para describir a la policía no tengo palabras. Son terribles”, vuelve a decir. No cuenta que a los chicos que detiene la policía sin motivos, de forma ilegal, después los hacen robar, “trabajar para ellos”, a cambio de dejarlos salir y hacer entrar visitas a la cárcel. No lo cuenta, pero le consta. Sí dice que la policía agarra a los chicos así estén en la esquina, vengan del colegio, de su trabajo… “Yo he visto. Lo he visto yo. Lo primero: ‘Manos arriba del móvil’. Los abren de piernas con patadas en los tobillos. Los hacen gritar. Los agarran de sus partes. Saben andar borrachos en la calle, de uniforme. Los agarran de palmetazos en las orejas”. Sigue repitiendo que la policía es terrible: “Hasta con picana les dan”.

Willy estuvo detenido dos veces, durante un año en cada oportunidad. Las dos veces fue absuelto. No tenía nada que ver. Le contó a su madre que, con lo que las familias alcanzan a los presos, los guardias se divierten: mezclan sal y yerba, azúcar y sal.

La organización por los derechos humanos Zainuco denunció en agosto que la policía neuquina realizó una “operación rastrillo”: aumentar la policía en los barrios pobres de la ciudad, pero también los allanamientos y detenciones ilegales, así como las torturas. En una casa del barrio Cuenca XV, efectivos de la comisaría 18va entraron a buscar a un chico de 18 años que supuestamente había robado una billetera. No tenían orden judicial ni pruebas, pero violentamente lo detuvieron igual. A los padres amenazaron con matarlos si seguían “molestando”. En esa comisaría trabajaba Salas, el policía que mató a Braian Hernández y fue condenado después de que Willy Gutiérrez declarara en su contra y también contara que en esa misma dependencia agarran pibes todos los días, los golpea y tortura. Ni el chico detenido esa noche ni todos los demás fueron excepción. Los golpearon, los desnudaron, los hicieron salir desnudos y les hicieron submarino seco: los ahogaron con una bolsa de nylon en la cabeza.

Vanesa Anahí Pérez, militante de Convocatoria, también es víctima de la policía. La detuvieron en la esquina de su casa. “A ver qué va a hacer Zainuco –organización por los derechos humanos en la que militaba su madre, María Elena Cauquoz, relacionando a la organización con la madre- por vos”. No hubo registro de entrada ese sábado 8 de junio de 2013, cerca de las 6 AM, sino recién cuando se desmayó por los golpes. La trasladaron a la comisaría 1ra, donde el ex jefe de la Unidad 11 le recordaba lo parecida que es a su madre y los más íntimos detalles de su familia, que ni siquiera muchos compañeros suyos conocen. “Vos sabés por qué te trajimos”. La obligaron a firmar una denuncia por escándalo en la vía pública a las 4 AM del domingo. La mandaron al hospital Castro Rendón, donde le detectaron hematomas en ambas muñecas, lesión y hematoma en maxilar izquierdo, como en la cadera izquierda, pierna y rodilla izquierda, además de escoriaciones en la espalda y pechos. “Es típico. Hace poco descubrimos que a ella la ingresaron en la puerta donde funciona el aparato de espionaje a militantes. Ella apareció, pero si no hubiera sido registrada, podría haber desaparecido. Eso pasa con mucha más frecuencia con los chicos de los barrios”, denuncia su madre, Cauquoz.

Chevron se defiende

Chevron se defiende. ¿Cómo no hacerlo después de tan complicada llegada al país? Ahora en la tele o por Youtube podemos enterarnos que el juicio que perdió en Ecuador fue manipulado, injusto. Los datos fueron adulterados, los jueces coimeados, los demandantes inescrupulosos. Tal vez una de los primeros casos en la historia que una de las empresas más grandes del planeta, que opera en los cinco continentes, fue cruelmente perjudicada por un dictamen judicial de un país del Tercer Mundo. Y listo, se acabó, ese es todo el argumento.

Ahora podríamos lanzar una catarata de información, de números, de casos para contra-argumentar a Chevron. Pero eso sería inútil por dos temas: primero, porque hace ya más de dos meses que sacamos una nota al respecto, cuando se empezaba a hablar de una posible alianza entre YPF y la multinacional petrolera norteamericana (La Muerte de Vaca Viva) y corremos el riesgo de aburrir a quién ya conoce todo lo que hizo en Ecuador. Pero el segundo problema está en que caeríamos en un torbellino del que no podríamos salir. Nosotros criticamos en base a datos, Chevron rechaza esos datos. Nosotros decimos que Chevron los niega para no hacerse cargo de sus métodos de explotación y Chevron termina por decirnos: “miren el spot, está todo ahí”. Todo caería entonces en la legitimidad que le diese cada uno a los interlocutores: estarán quienes creerán en los críticos de Chevron y estarán quienes creerán en la palabra de la petrolera. Y fin de la cuestión.

Pero si en vez de eso, diésemos un paso más hacia adelante y pensásemos no sólo en Chevron, sino en el modelo de manejo y explotación de los recursos naturales. La tierra se aparece con toda claridad como un problema en sí en Argentina. Más de las tres cuartas partes pertenecen a capitales extranjeros, y el 60% está cultivado de soja transgénica, cuya distribución de semillas y herbicidas está en manos de la norteamericana Monsanto. Qué mejor que su voz para entender su peso: “somos Monsanto y hace más de 50 años que estamos en cada hectárea del país”. ¿Qué significa todo esto? Desigual distribución de la tierra, donde por ejemplo solo 1250 personas controlan el 35% del territorio cultivable de la región pampeana. También, falta de soberanía alimentaria: el avance sojero solo fue posible gracias a su imposición ante otros cultivos, y la apertura de nuevas tierras, con las consecuencias ambientales por la pérdida de bosques, prados; etc.

Con la minería el problema es similar. En su publicidad televisiva, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) nos decía que sin minería la vida sería imposible: casas sin techos ni paredes, los enfermeros sin ambulancias, científicos sin computadoras. Poco más de 145 empresas son las que operan en el país, 85% de ellas de capitales externos. La actividad pasó a representar el 1,3% de las exportaciones a principios de la década del 90, al 11,4% actualmente. Sin embargo, dos problemas esenciales surgen de la minería: la falta de voz para los pueblos y comunidades en donde se establecen las explotaciones, y los réditos económicos que le queda al país. Las mineras pagan solo el 3% del valor de los minerales que extraen.

Y así empezamos a entender un poco más sobre qué discutir. Tal como dice la CAEM, “es imposible vivir sin minería” y es verdad también que ya es imposible pensar la agricultura nacional actual sin Monsanto; mientras la forma de pensar la agricultura esté determinada por las ganancias inmediatas y no por las necesidades alimenticias de la población.

Pero hay que evitar caer en los espacios comunes: ya sea en falsos nacionalismos, que se centran únicamente en el origen y no en la esencia –desigualdad, explotación- o en falsos desarrollismos, que “si no nos abrimos, no vienen a invertir”. La pregunta es qué producir, cómo producir y para quién. Cómo reproducirnos sin destruir la Naturaleza, que es en primera y última instancia, nuestro medio de vida. Y ahí es donde nos preguntamos para qué viene Chevron.

Por lo menos algo nos queda claro, Chevron es Chevron y pese a toda publicidad que tiren, el Amazonas seguirá allí, pero envenenada con 500 mil hectáreas de desechos químicos. Chevron es Chevron y sigue debiéndole 19 mil millones de dólares a Ecuador, por 30 años de negligencias, muertes y destrucción. Y Chevron es Chevron y ahora ha dado su primer paso en la Argentina.

El último socio

YPF acaba de firmar contrato con la norteamericana Dow Chemical. Luego de invitar a Chevron a explorar Vaca Muerta, no estará de más preguntarnos de dónde salen estos muchachos.

Sobre el mismo desierto que conquistó la civilización en 1850. Sobre el suelo que es mapuche y muchos ni lo notan. Sobre esa Patagonia enorme que se cree vacía. Sobre una tierra a la que se la bendice con el falso blindaje: No hay posibilidades de contaminación. Sobre esos horizontes que solo al verlos te dicen que la vida no está solo en las ciudades, que hay un refugio para los recursos naturales.

Vaca Muerta es como un semillero de figuras disponibles, cada pozo es el jugador que todos quieren en el mercado de pases. Los dirigentes locales se reúnen con los directivos de equipos de las ligas más importantes y llenas de billetes. Y se firman contratos.

En julio fue Chevron, empresa petrolera con tanta experiencia en el Fracking como en las tácticas evasivas a las condenas judiciales por contaminación. Ahora, entra a la cancha la estadounidense Dow Chemical. El 24 de septiembre Miguel Galuccio, CEO de YPF, firmó el contrato por un proyecto de inversión de u$s308 millones, de los que la Dow aportará U$S120 millones. La respetable multinacional química va explotar por fracking el territorio de 45 km2 de El Orejano, ubicado en el departamento neuquino de Añelo.

Los nuevos explotadores del subsuelo argentino –Sí, lo van a hacer explotar- nos cuentan en su página web[i] que vienen trabajando en nuestro país desde 1957 “conectando la química y la innovación con los principios de la sustentabilidad para ayudar a resolver los problemas más desafiantes del mundo”. Y como Monsanto y la Barrick Gold, hablan de sustentabilidad y principios pero con esas palabras no afirman lo que todos creemos.

Que hable un poco la Historia, que ella sabe:

-La Dow fue fabricante del napalm que Estados Unidos vertió, quemando todo lo que contuviese vida, en la Guerra de Vietnam.

-Una fuga de gas en 1984 en Bhopal, India, causó más de 20000 muertes hasta hoy según Amnistia Internacional[ii]. La filial de Dow, Union Carbide Corporation (UCC), es la principal accionista de la Union Carbide India Limited, la empresa india que gestionaba la fábrica de pesticidas. Desde 1987 Dow, a través de sus filiales, viene escapándole a los compromisos judiciales impuestos por el mismo gobierno indio.

Eso de las filiales embarra la cancha, confunde, dilata, pretende difumar responsabilidades. Es una práctica usual para las multinacionales con actividades en África, Latinoamérica y Asia. El objetivo es eliminar acusaciones directas a la casas matrices frente a cualquier desliz ambiental, de esos que no dejan de ocurrir. Volviendo a nuestro país, nos siguen contando que “La Compañía opera a través de sus subsidiarias Dow AgroSciences Argentina S.A., Dow Química Argentina S.A., y PBBPolisur S.A.”.

Según indicó Télam el día del anuncio oficial, se realizarán 16 pozos dedicados exclusivamente a la extracción de shale gas. Esto quiere decir que la técnica de extracción será el Fracking. Vocablo que como pocos goza de una triste celebridad puede requerir definición: Fracking o fractura hidráulica, es el proceso de perforación e inyección de líquido en el suelo a alta presión para fracturar las rocas y así liberar gas natural del interior de la tierra. Requiere entre 3,8 y 30 millones de litros de agua durante el proceso.

La Argentina del Bicentenario desarrolla la civilización con aquella lógica del presidente de los billetes violetas, solo que con argumentos actualizados y puestos al día. Ignora a los argentinos que habitan las tierras que indudablemente cambiarán profundo. Reprime a los que ponen lo único que tienen, que es el cuerpo, para frenarlos. Y pone en juego la clave decisión de nacionalizar YPF, invitando socios con prontuario por lo menos de fugados. ¿Será que se puede escribir otro final?



[i] http://www.dow.com/argentina/la/arg/es/

[ii] http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/tribunal-exige-a-dow-chemical-que-responda-de-la-tragedia-de-bhopal/

Yo estoy en huelga de hambre

La desaparición de Daniel Solano lleva 20 meses. Su padre hace 14 días está en huelga de hambre por irregularidades en la causa.  Siete policías detenidos y un aborigen que nadie encuentra en Choele Choel.

Desde hace 14 días Gualberto Solano, el papá de Daniel, está en huelga de hambre junto a Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, otro joven asesinado en Viedma en 2008, y el abogado de la causa Sergio Heredia. Las razones son varias, pero hay una urgente: trasladaron a los siete policías imputados por el homicidio de Daniel (sí, se logró demostrar que lo mataron aunque el cuerpo permanece desaparecido) a la misma comisaría de Lamarque donde cumplían funciones. El traslado se concretó en una camioneta Traffic (y no en las celulares correspondientes) y durante los últimos kilómetros de llegada los policías gozaron de una caravana de familiares que festejaba su regreso al pueblo. El colmo del privilegio es que en esa Traffic viajaron junto a sus esposas y algunos otros familiares.

Lo peor no es esta situación puntual, sino que el cuerpo de Daniel Solano está desaparecido hace 20 meses y, si bien los abogados lograron imputar a 7 policías, la trama de corrupción y impunidad que descubrieron detrás de su asesinato involucra también a empresarios, fiscales y jueces.

La historia de la desaparición de Daniel pone a todos los supuestos que reúnen a las empresas, la policía y la justicia en una mafia criminal a escala pueblerina. Así: la empresa Agrocosecha S.A., comandada por los hermanos Gustavo y Adrián Lapenta, contrataba jóvenes del norte del país que viajaban hasta Río Negro a trabajar en la cosecha de frutas; el trabajo duraba una temporada de 6 meses y les prometían sueldos razonables y cómodas condiciones de vida; al contrario, los peones vivían en gamelas de más de 100 personas y los sueldos eran muy irregulares; en noviembre de 2011, Daniel Solano había cobrado 800 pesos por el mes trabajado, y empezó a organizar a sus compañeros para protestar; la noche del 4 de noviembre, lo invitan insistentemente a una fiesta a la que termina yendo, y en la que se consuma su muerte; a Daniel lo sacan del boliche dos policías que hacían de seguridad, y lo golpean junto a otros cuatro a la vuelta del lugar, donde muere; luego desaparecen su cuerpo; la justicia investigó primero la versión que sostenían los hermanos Lapenta: que Daniel había viajado a Neuquén; la coartada involucraba testigos falsos, además de las amenazas y presiones correspondientes; cuando el abogado Sergio Heredia llegó a Choele Choel, desandó ese camino logrando revertir los testigos falsos, imputar y detener nada menos que a siete policías, lograr que dos jueces abandonen la causa y que cierre la empresa Agrocosecha S.A., a la cual se investiga por fraude laboral.

La causa ahora parece haber llegado a una meseta, producto de tres cuestiones según Heredia:

-“La prima de la jueza está involucrada porque fue una de las abogadas de Agrocosecha”

-“No tiene apoyo político”

-“Quieren dar un mensaje de que si esto queda en la nada, hacen lo que quieren”.

Conviene aclarar que Gualberto Solano, el padre, mantiene un acampe en frente de la fiscalía desde hace 18 meses, esta es su segunda huelga de hambre, es invierno y él es un guaraní del norte de Jujuy, su salud es delicada, y no parece tener problema en demostrar que la injusticia también mata personas.

Viene para irse

Le abrimos las puertas, lo recibimos, lo agasajamos, pero sabemos que viene para irse.

Estas son las visitas de Vámonos de Casa:

– Washington Cucurto, escritor y poeta popular, creador de la cooperativa de trabajo editorial Eloisa Cartonera. Sus inicios, cómo le escribía a la chica que le gustaba con verduras cuando trabajaba en un supermercado, la razón de tener que empezar su propio proyecto editorial, los tabús en la literatura y mucho más en esta entrevista.

[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/09/Programa-27-Viene-Para-Irse-Cucurto.mp3]

-Mauro Navas, ex jugador de fútbol y actual DT: su experiencia en Cuba, la situación del juego en Argentina, los valores, los pibes y la quiebra de clubes. Una miarada distinta que analiza al fútbol de manera integral.

[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/09/Viene-para-irse-programa26-Mauro-Navas.mp3]


– Cristian Aldana, cantante y guitarrista de “El otro yo” y socio fundador de UMI: la música independiente y la nueva ley de medios, el proyecto de la Ley Nacional de la Música y la iniciativa de creal el Instituto Nacional de la Música – 30 de septiembre el 2012

[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/09/Viene-Para-Irse-Programa-25-Cristian-Aldana.mp3]

-María del Carmen Verdú,  coordinadora de la CORREPI: gatillo fácil, desaparición forzada en democracia, violencia institucional y policial-23 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/03/Viene-Para-Irse-Maria-del-Carmen-Verdu-programa-24.mp3]
-Disfrutamos de la visita de Marlene Wayar, militante de los derechos transgénero y directora de “El Teje”, primer periódico travesti de Latinoamérica-16 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/03/Programa-23-Viene-para-irse-Marlene-wayer.mp3]
-Nos visitaron docentes de la UBA: denunciaron el intento de la universidad de cesantear  a más de 650 trabajadores de la educación- 9 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/03/Programa-22-Viene-Para-irse-Censantias-docentes-UBA.mp3]
-Nos emocionó Nora Cortiñas, cofundadora de Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- 2 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/03/Programa-21-Viene-para-Irse-Nora-Cortinas.mp3]
– Miembros de la Sala Alberdi, espacio tomado y en resistencia cultural – 26 de agosto del 2012

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-Pablo Vommaro, historiador e investigador del CONICET, especialista en movimientos sociales – 19 de agosto del 2012
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-Carlos Ponce de León, ex compañero de Santucho en el PRT, preso político durante la dictadura militar (1976-1983)- 12 de agosto de 2012
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-Miembros de Salvemos al Fútbol, familiares de hinchas asesinados – 5 de Agosto del 2012
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-Familia de Carlos Fuentealba, docente asesinado – 29 de Julio del 2012
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-La Alameda – 22 de Julio del 2012
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-Familia de Luciano Arruga – 15 de julio de 2012
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-Juan Manuel Herbella – 18 de abril de 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2010/02/Programa-6-entrevistado-Juan-Herbella.mp3]
-Luis Zamora – 11 de abril de 2012
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-Juanky Jurado – 4 de abril de 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2010/02/Programa-4-Entrevista-Juanky-Jurado.mp3]
-Federico Cabral – 7 de marzo de 2012
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Loncopué: mina linda, mina fea

El pasado 3 de junio, el pueblo neuquino Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. Ganó el sí a una ordenanza que prohíbe la mina, frente a un gobierno que hizo todo lo posible para que fuera no. Aquí, la historia íntima de las trabas que pueden existir en un pueblo argentino donde el suelo tiene petróleo y minerales, pero la cosa se complica.

Cortesía Emiliano Ortiz Diario 8300 web

Loncopué es un municipio habitado por unas siete mil personas en el noroeste neuquino y cabecera del departamento provincial que lleva su mismo nombre. A fines de la década de 1980, un periodista radial lo bautizó “Capital de la Amistad”. Vaya uno a saber los motivos que llevaron a este hombre a llamarlo así, pero lo que sí está claro es que no subsisten ninguno de esos lazos.

En 2008 se dio a conocer la posibilidad de establecer un proyecto minero en el que la empresa china, Emprendimientos Mineros S.A, y la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) extraerían cobre del cerro Tres Puntas, cercano al paraje mapuche Campana Mahuida, ubicado a escasos 15 Kilómetros del casco urbano. A partir de allí, los ciudadanos se organizaron y formaron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), que junto a la comunidad mapuche Mellao Morales, propietaria de las tierras en cuestión, lucharon y militaron para divulgar su postura ambientalista.

A partir de ese momento, todo cambió en el día a día de un pueblo muy pequeño en el que todos se conocen con todos. La falta de comunicación, el prejuicio, la violencia, las acusaciones sin pruebas y la poca capacidad mediadora y pacificadora de figuras representativas de la comunidad tornaron la convivencia insostenible. Familias amigas ahora están enfrentadas, personas que se conocen de toda la vida ya no se pueden ver las caras. Literalmente.
Ante esta situación social y frente a la posible explotación minera que utilizaría sustancias como mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, el miedo y la desconfianza invadieron al común denominador del ciudadano. Esto fue aprovechado por algunas personas de un sector que, detrás de la bandera ambientalista, escondían su gran objetivo: generar una imagen política y aprovechar estratégicamente la crisis de credibilidad que vive el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), consecuencia de la mercantilización de la política ejercida desde hace años por sus funcionarios, para ganar poder.

Este panorama, sumado a la incapacidad del gobierno provincial de comunicar su postura y concientizar al ciudadano, o al menos intermediar para abrir un debate pluralista, dejó el campo allanado para que estos “ambientalistas” socaven poder y provocó que un gran porcentaje de la población se oponga al proyecto minero por tres simples razones que se retroalimentan: falta de información, miedo y descreimiento hacia el gobierno.

Cáncer de Estado

Alrededor del 65% de la población económicamente activa de Neuquén depende directa o indirectamente del Estado provincial y en un pueblo tan pequeño como Loncopué, los efectos de este fenómeno se notan a gran escala. Superpoblación en oficinas e instituciones públicas y empleados que no hacen más que marcar el ingreso al trabajo y volver a sus casas son algunas de las consecuencias que se observan fácilmente. Durante décadas, familias enteras han conseguido cierta estabilidad económica de manera cómoda y fácil, para luego transmitir esta ambición a las futuras generaciones que no aspiran a otra cosa que ser empleado estatal.

Argentina necesita de petróleo y minerales y Neuquén los tiene. El modelo económico que sostiene este Estado-dependencia en la provincia gobernada por Jorge Sapag gira, hace ya varios años, en torno a la extracción y explotación de recursos naturales. Esta actividad podría significar un gran desarrollo económico y social para la provincia, pero también, un gran desastre ambiental en zonas que, como en el caso de Loncopué, subsisten, no en menor medida, gracias a la actividad turística que sus paisajes y recursos atrae.

La invitación a no votar del Gobierno

El pasado 3 de junio Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. El resultado fue contundente: el 82 por ciento (2.125) votó por el SI a la ordenanza 1054/2012 que prohíbe la actividad extractiva dentro del ejido urbano, contra un 14,9 (388) que se manifestó en contra de dicha normativa municipal.

Lo hecho por los vecinos ambientalistas para concientizar y evitar el desarrollo minero está claro: militaron, de manera leal para algunos, desleal para otros, por el NO a la mina durante casi cinco años. En cambio, las medidas tomadas por el Gobierno para transmitir su mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos brillaron por su ausencia hasta días previos a los comicios. Ahora ya es tarde y parecen no tener otra alternativa que escuchar la voluntad del pueblo. O quizás no, ya no cabe lugar para sorpresas.

En la mañana del primero de junio, dos días previos a las elecciones, el pueblo amaneció alfombrado con panfletos que invitaba a la gente a no concurrir al acto democrático que se llevaría a cabo, alegando que las elecciones no eran obligatorias y que no se cobrarían multas ante la posible ausencia (Ver foto). Este manotazo de ahogado fue tomado como lo que es: un acto de aberración que no hizo más que desnudar y esclarecer, si es que todavía hacía falta, la gran incapacidad del gobierno y las personas identificadas por el SÍ a la mina para comunicar su postura.

Durante la realización de las elecciones se identificaron a punteros y funcionarios del Movimiento Popular Neuquino tomando nota de quiénes entraban a la escuela a participar de la jornada y muchos ciudadanos recibieron mensajes de texto intimidatorios, “que recomendaban” no ir a votar para preservar el trabajo y la paz en el pueblo.

El gobierno provincial, en otra clara manifestación de ineficacia y desesperación, se tomó el trabajo de enviar, con dinero del Estado, claro, a su ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, “a los efectos de garantizar el derecho electoral y que todo el proceso transcurra de la forma más pacífica y armónica posible”, según sus propias palabras.

Para terminar bien arriba, la Policía y Gendarmería local recibieron órdenes de no custodiar las urnas una vez finalizado el sufragio, por lo que tuvieron que quedarse los propios fiscales de mesa para hacerlo. “No es que nosotros no queremos hacerlo, disculpen, pero las órdenes vienen de arriba”, le explicó uno de los oficiales a las autoridades a cargo de la elección.

Si eran tantos y tan importantes los intereses y beneficios para la provincia y el pueblo, como ahora dicen los funcionarios, ¿Por qué no actuaron antes?, ¿Por qué no mediaron y abrieron el diálogo?, ¿Por qué no le dieron la oportunidad al ciudadano de escuchar su versión?, ¿Por qué no se preocuparon por comunicarle las ventajas del proyecto minero al pueblo?, ¿Pensaron que podrían pasar por arriba de la gente?, ¿Por qué tomaron medidas patoteras que sólo favorecieron a la división de la sociedad?

Las respuestas la saben sólo ellos, pero la división dentro del mismo partido ya se puede ver. Días posteriores a las elecciones la Vicegobernadora, Ana Pechen, admitió que “hubo fallas en la comunicación por parte del Poder Ejecutivo” y dejó entrever su opinión en cuanto a las próximas medidas que debe tomar el Gobierno: “uno no puede desconocer que hay un pueblo que tiene un sentimiento que debe ser entendido y considerado”, sostuvo y dejó en claro que su postura no es la misma que la del Poder Ejecutivo, al mando del gobernador Sapag.

Oscar-Livera niavero.org

Historia de la ordenanza

Los vecinos autoconvocados en AVAL y Avacam presentaron, en agosto de 2011, un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que prohíbe la explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, es decir, la separación del mineral de la roca a través de la utilización, en este caso, de químicos tóxicos. Antes de que terminen su mandato, el cuerpo de concejales de la intendencia a cargo de Walter Fonseca sancionó dicha ordenanza, pero limitada sólo a la planta urbana de Loncopué.

Como ya se mencionó previamente, la posible explotación minera se llevaría a cabo a las afueras de la ciudad, por lo tanto, la ordenanza no tendría valor alguno. Es por esto que los vecinos de Loncopué impulsores del proyecto la rechazaron y reclamaron que se convoque a referéndum popular, según lo establecido en la ley provincial 53.

El 10 de Diciembre de 2011 asume la intendencia María Villone, quien, junto a los 7 concejales, impulsa la realización de las elecciones y ponen como fecha de las mismas el día 6 de mayo. Tiempo después toman conciencia de que el plazo es muy corto, por lo que el Concejo Deliberante, junto a la intendenta, el abogado Cristian Hendrickse (miembro de AVAL), y los vecinos impulsores del referéndum, identificados como “Mesa del Sí”, establecieron, sin darle lugar a opinión a los identificados como Mesa del No o pro mina, el día 3 de junio como fecha de realización.

En dicha elección, el 82 por ciento de los votantes manifestaron su intención de que se promueva la ordenanza 1054/2012 que prohíbe lo mismo que la anterior, pero sobre el territorio del departamento Loncopué, protegiendo, ahora sí, la zona involucrada.

Valor legal de la ordenanza

La ordenanza tiene contradicciones y errores que hacen peligrar su aplicación. Por esto, el Gobierno Provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentó, el pasado 13 de junio, una acción de inconstitucionalidad frente al Superior Tribunal de Justicia, contra dos artículos y el anexo I del documento, que, según este organismo viola 13 artículos de la Constitución Provincial y 5 de la Constitución Nacional.

El artículo 311 de la Constitución establece que  “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas la materia tributaria y aquellas que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante”.

En contradicción a este artículo constitucional el Concejo Deliberante del pueblo declaró al acto eleccionario de carácter vinculante y obligatorio avasallando con poderes y leyes tanto provinciales como nacionales.
El gobernador Sapag sostuvo que “la democracia es la expresión libre de las opiniones y de las ideas, pero una cosa es expresarlas libremente, como en el caso de Loncopué con respecto a la minería a gran escala y otra cosa es querer darle a estas opiniones el sentido de vinculante y obligatorio”, y agregó que el haber categorizado de esta manera al sufragio “es un conflicto de poderes porque nosotros no podemos pretender que con el argumento de la autonomía municipal se avance sobre la autonomía provincial o la soberanía Nacional”.

Por su parte, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, manifestó que ”de considerarse legítimo el actuar de las autoridades municipales de Loncopué se convalidaría que municipios de segunda categoría detenten competencias no asignadas, sin limitaciones ni controles orgánico-funcionales de ninguna naturaleza, y con una discrecionalidad absoluta y un total desapego del marco jurídico en la provincia”.

Otro grave error es que el territorio donde se pretende establecer la empresa minera se ubica fuera del ejido municipal, por lo tanto, cualquier documento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con respecto a este tema, como es el caso de la ordenanza 1054/2012, no tendrá valor alguno, ya que éstos sólo ejercen su poder sobre la localidad de Loncopué y no sobre el departamento.

Un dato llamativo, pero no menor, es que la ordenanza llama a votación a los “ciudadanos inscriptos en el padrón electoral del ejido municipal de Loncopué”, presentando aquí una gran contradicción al dejar sin voz ni voto a las personas que no habitan en el casco urbano, entre ellos a los más perjudicados, los habitantes de Campana Mahuida.
Un Gobierno incapaz y con grandes problemas de comunicación, una localidad que no quiere sus aguas contaminadas, pero tampoco dialogar, y una ordenanza poco válida en términos legales son los protagonistas de esta historia que, claramente, no terminó en el poético acto eleccionario del último 3 de junio.

Aquel multitudinario desierto conquistado

Acompañanos en un sobrevuelo bien rasante y veloz por un pedazo de la historia argentina que nos marcó como pocos otros. La mal llamada Conquista del Desierto encabezada por el personaje de los billetes violetas en las palabras de los protagonistas.  

Ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando del General Julio A. Roca, de Juan Manuel Blanes

 

Imagínese estar por el barrio porteño de Caballito, y usted, amante del fútbol no tiene mejor idea que ir a visitar la cancha de Ferrocarril Oeste. Es día de partido y a unas cuadras ya siente el griterío, al estar frente a él lo ve completamente lleno: las entradas están completamente agotadas y los 24 mil lugares están ocupados. Sonríe y sigue su camino. Pero al hacer unos metros un completo desconocido –de barba larga, bigote tupido y ya entrado en años- le dice con total naturalidad: “no hay nadie en el estadio eh, ¡ni un alma!”. Lo ignora y prosigue, un loco más, píensa. Sin embargo, hace 120 años un loco con las mismas descripciones nos hizo creer que 24 mil indígenas constituían un “desierto”. Así, en esta nota nos encargaremos de esos prisioneros que a pesar de ser invisibilizados tuvieron un destino, trágico destino de muerte.

“El año 1879 (…) ha visto realizarse un  acontecimiento cuyas consecuencias sobre la historia nacional obligan más la gratitud de las generaciones venideras que la de la presente (…).Ese acontecimiento es la supresión de los indios ladrones que ocupaban el Sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos: es la campaña llevada a cabo con acierto y energía, que ha dado por resultado la ocupación de la línea del Rio Negro y del Neuquen.”[i]

Con estas líneas se iniciaba el “Informe de la Comisión Científica Agregada al Estado Mayor General de la Expediciónal Río Negro (Patagonia)” ordenada por el mismísimo Julio Argentino Roca en 1879 para dar cuentas al Congreso de la Nación sobre su grandiosa gesta civilizatoria.

¿Qué nos cuenta el propio Roca acerca de los prisioneros? Terminada la conquista, en ambas Cámaras mostraba los resultados: 1271 “indios de lanza” incorporados al Ejército Nacional o a la Marina, 600 “indios fueron enviados a Tucumán, con destino la zafra” y “muchas mujeres y niños distribuidas en el seno de familias que los solicitaban, con intervención de la Sociedad Benéfica y el Defensor de menores”[ii].

Por ahora la cuenta nos cierra que sabemos que dos mil terminaron ya sea incorporadas a las Fuerzas Armadas encargadas del propio exterminio y despojo de las comunidades, otras tantas como mano de obra servil en los ingenios azucareros tucumanos. Sobre las “muchas” mujeres y niños, lo mismo, separadas de sus familias se convertirían en servidumbre para las altas casas de la elite.

Darío Aranda en Argentina Originaria, nos cuenta que otros tres mil fueron esparcidos por Mendoza para trabajar en el área vitivinícola.

Pero sin dudas, el destino más terrible que podían tener eran los –lisos y llanos- campos de concentración, desplegados por todo el país: Junin de los Andes (Neuquén), Chinchinales y Valcheta (Río Negro), Carmen de Patagones (Buenos Aires) y, el más terrible de todos, La Isla Martín García.

Las cuentas bautismales permiten contar 825 indígenas que allí fueron depositadas en 1879. “Fue claramente un mecanismo de control social enmarcado en un proceso mucho mayor: el del genocidio”, precisa Alexis Papazian, que forma parte de la Red de Estudios sobre Genocidio. Explica que en 1890 ya no quedaban indígenas en Martín García[iii].

Entonces para 1879 los resultados eran claros: primero, conquistados a punta de lanza, luego obligados a dejar sus tierras, ganado, cultivos y propiedades. Si sobrevivían al viaje, no les esperaba mucho más que el trabajo servil en hogares aristócratas, campos de hacendados o en un Ejército genocida. ¿Y todo por qué? Dejemos que Roca responda solo: “Dicen que dilapido la tierra pública, que la doy al dominio de capitales extranjeros: sirvo al país en la medida de mis capacidades. (Carlos) Pellegrini mismo acaba de escribirme que la venta de 24 mil leguas sería instalar una nueva Irlanda en la Argentina. ¿Pero no es mejor que estas tierras las explote el enérgico sajón y no que sigan bajo la incuria del tehuelche?”[iv]

Por si queda alguna duda, entre 1800 personas se repartieron los 42 millones de hectáreas de las tierras conquistadas, total equivalente a 30 veces el tamaño de Inglaterra.