Hidro Fractura

Desde siempre, el Estado argentino pasa por encima de los mapuce. Ahora, lo hace con YPF y con Chevrón. “Nos dicen que va a haber ganancia, pero nunca la va a haber”, aseguran desde la resistencia de los pueblos originarios, que tienen que aguantar que les exploten pozos de petróleo en sus tierras. El agua sufre los principales daños.

Desde chico Lefxaru Nawel fue parte de la resistencia mapuce. Participaba, como participa, de marchas en las que la policía respondía a los reclamos con balas de goma o de plomo. Lo veía a diario en su barrio por otras cuestiones que parecían domésticas, pero que más tarde encontró como sistémicas. Su lucha, la del pueblo mapuche, se fue poniendo cuesta arriba. “La llegada de la hidrofractura es lo peor para nosotros. Nos decían con Repsol: ‘Va a haber ganancia, prosperidad, infraestructura’. Nunca hubo y la multinacional Chevron tampoco la va a traer”, adelanta.

Lef vive en la capital de Neuquén, provincia en la que la población mapuce está más concentrada. Trabaja en la casa de la comunidad, la Ruka, una propiedad cedida por la madre de una chica desaparecida durante la última dictadura por solidarizarse con pueblos originarios neuquinos.

“Nosotros somos de Xawunco (encuentro de los ríos), que abarca los departamentos de Confluencia y Añelo, donde hay 10 comunidades mapuches”, explica. Desde 2007, ahí enfrentó la llegada de Chevron, que en 2013 logró, junto con Panamerican Energy y Shell, el acuerdo parlamentario para permitir la hidrofractura en nivel intensivo.

Desde ahí, ve que a los mapuce los invisibiliza el gobierno (todos ellos, hasta ahora, pero haciendo hincapié en el Movimiento Popular Neuquino, que está a cargo de la provincia desde 1961, cuando el peronismo estaba proscripto y la familia Sapag comenzó a empoderarse) y el resto de la sociedad. “Hay un alto nivel de racismo, de discriminación y de represión por parte del Estado y todas sus instituciones: Educación, Poder Ejecutivo, Justicia… Es una política de Estado. Sistemáticamente se aplica así. Según el censo de 2010, somos el pueblo de mayor población. Somos un problema para sus negocios. Por eso justifican su violencia y ensañamiento”. Desde los micrófonos oficiales los tratan de violentos, de extranjeros, dicen que aprovechan la legislación para quedarse con tierras. Lefxaru tiene en claro que es porque su preexistencia y su forma de vivir son una traba para la extracción descontrolada de petróleo, que pone a la provincia en el podio de las más ricas.

Ahora los lugares donde hay pozos ya están contaminados, entonces la situación es de mayor gravedad. “El gobierno es totalmente permisivo. Permitió que las empresas saqueen, contaminen y destruyan. Jamás las persiguió para que reparen los daños que han ocasionado. Hubo casos de enfermedad, de muerte, de malformación, de cáncer, de contaminación probada en tierra, en agua y en aire”, expone.

En distintos juicios y pericias del gobierno federal en 2003 y en 2009, previo a la hidrofractura, dicen que la explotación del petróleo convencional contamina. El gobierno provincial siempre la negó. Desde que la provincia revierte las áreas de Repsol y se las entrega a YPF, empezó a decir que hay 500 focos de contaminación con costos de miles de millones de dólares. Eso hizo favorable la entrega a Repsol. “No solo que el gobierno no controla a la empresa ni garantiza la salud, sino que también permite que las empresas hagan lo que quieran con las vidas del pueblo mapuce”, insiste Lefxaru.

¡PUM! El 27 de noviembre de 2014 explotó una válvula en territorio de la comunidad Campo Maripe. Lef se comunicó con sus hermanos de ahí. Llegaba hasta 100 metros a la redonda, donde el pastoreo se volvió imposible.

No es el primer accidente. Es el noveno en cuatro años. En la computadora, Lef ve los archivos de los comunicados que sacaron a principios de septiembre, por la explosión del Pozo 843, que provocó un incendio en el Loma Campana, pleno territorio comunitario ocupado por YPF en sociedad con Chevron. Lee el comunicado de sus hermanos de Campo Maripe, después de otra explosión, la del 27 de septiembre:

“El sábado pasado 27 de septiembre, a la medianoche, en la perforación 990 de la Empresa NABORS SA se registró otra explosión seguida de una pérdidas de petróleo y gas que por su presión regó a su alrededores y provoco un derrame que demoró horas para detenerse. Así lo notificaron los habitantes de la comunidad, los Kona del Lof Campo Maripe, quienes documentaron este hecho. Según la comunidad hubo un saldo de 3 heridos, uno de ellos trasladado a Terapia Intensiva esto fue informado por los operarios, que solicitaron que el hecho fuese denunciado, ya que el sistema de trabajo es muy precario y de alto riesgo. El antecedente próximo fue el pasado 2 de septiembre cuando exploto el Pozo 843 que puso en riesgo a la comunidad del Lof Campo Maripe, la zona está sacudida por las detonaciones subterráneas de la hidrofractura pero esta vez exploto un pozo y el incendio que sucedió fue en el equipo 163 en Loma Campana (yacimiento que es operado por YPF en sociedad con Chevron) dentro del territorio comunitario. La explosión fue a metros de los corrales y lugares de hábitat de los comuneros, como consecuencia se produjo emanaciones de gases tóxicos sobre la comunidad y derrames de combustible en zonas de pastoreo de su ganado. Por episodios como estos, por las permanentes vibraciones del suelo, imperceptibles para los humanos según YPF, pero notorias para quienes viven ahí, las liebres criollas, avestruces, los pájaros en general, no están más. “Esto es más grave que la era previa a la hidrofractura”, le resumió Albino, Longko de la comunidad de Campo Maripe, a Inter Press Service.

Los pozos están en Neuquén por la formación geológica Vaca Muerta, que abarca dos tercios de la provincia. Hay 18 comunidades mapuces. Con distintos niveles de intensidad, hay concesiones de exploración y explotación en todo el territorio. En el área, denuncia Albino Campo, “van 160 pozos más o menos”. “Cuando lleguen a 500 pozos nosotros no tenemos lugar para tener animales, donde siempre tuvimos animales, donde siempre vivimos, y siempre fue nuestro y nos robaron lo que fue nuestro”, se queja.

Dicen que el fracking va a traer prosperidad económica, pero para Lefxaru, eso es una falacia. “La venimos denunciando. La realidad misma la ha desmentido. La época en la que llega Repsol, en las privatizaciones, Repsol era una empresa que venía en quiebra y se recuperó con Neuquén y Argentina. Se le dieron todos los beneficios posibles. Nunca invirtió en infraestructura, energía ni exploración. Todas las cuencas que estuvieron explotando todos estos años son las que exploró la YPF pública. A partir de todo eso lo que se hace es todo un saqueo, una explotación desmedida, sin control ni proyección por parte de las multinacionales, donde el Estado hace el rol solamente de recaudador de ínfimas regalías del 12 por ciento y en ocasiones hasta el 15, que no representan un beneficio para la población, salvo en lo inmediato para los que están directamente relacionados con la actividad: el 10 por ciento de la población de la provincia”, sintetiza. En la provincia, el 10 por ciento más rico se lleva 30 veces más que el 10 por ciento más pobre. El 57 por ciento de la población no tiene techo propio. Contra ese modelo pelea la Confederación  Mapuce, porque para ellos implica perder territorio para ganado, para mantener su forma de vida, pero también, para no enfermarse y tener agua.

El agua que usa la hidrofractura es de salinidad escasa (dulce) porque si no los componentes químicos no cumplen su objetivo. Las empresas llevan 30 millones de litros de agua, pero no le dan a la comunidad, como indica la legislación. “Destruyeron todos los cursos de agua. Es una medida de presión. Cuando el gobierno viene a decir que nosotros somos violentos, se olvidan de esto que nos hacen. Hay una orden judicial del juzgado de familia de Zapala dice que el gobierno está obligada a llevarle agua a la comunidad. Pero no se cumple. ¿Sabés el calor que hace ahí en verano? Y el agua todos la necesitamos para vivir. Es un derecho humano. Hay lugares donde el agua sale naturalmente en aguadas y también sacan de pozos artesanales que hace la comunidad misma. Las napas antes estaban a 8 metros. Ahora, a 35. Para nosotros, la naturaleza, Waimapu (la tierra de arriba), todas las vidas naturales son una vida más. No somos solo los humanos, sino todas las vidas. Nuestro objetivo es el conocimiento de la naturaleza, que tiene un equilibrio que solo necesita que lo respetemos. Todo lo que nosotros no protejamos, lo van a destruir la voracidad de las multinacionales y la complicidad de los gobiernos. En el 2011 pusimos la posición No a la Hidrofractura. Vamos a discutir qué es lo que queremos”, advierte.

La hidrofractura comenzó donde ya estaba el pueblo mapuce, en todos los casos. En Lomas de Lata Norte, está en territorio de comunidades mapuce, pero afecta al Río Neuquén y Marimenuco, que van para la capital. Entre Cutral Co y Zapala se hizo el primer pozo que se hizo en Neuquén. “Ahí se hizo una metodología que no se usa más: una pileta como una cancha de fútbol, deben ser como dos manzanas, dos hectáreas. No lo hacen más porque se ve horrible. Lo ves y decís ‘la puta madre, qué pasa acá’. Te impacta. A ellos (los mapuce de ahí) también los impactó. Eso no parecía un pozo normal. Decían que no iban a hacer un pozo más hasta que no supieran qué se estaba haciendo ahí. Frenaron los demás pozos y los reprimieron un montón de veces. Una compañera mapuce, Cristina Nincopal, fue la que inició esta lucha. Ella tenía problemas de salud por la contaminación. Creció en un lugar donde la industria está hace décadas. Murió en 2013, teniendo 30 años, porque sus pulmones ya estaban mal y eligió quedarse en la zona para resistir. Los síntomas coinciden con lo que detallan las pericias de la justicia federal en Marimenuko sobre la contaminación del aire, agua y tierra.

Toda esta información no está al acceso de la gente. Estamos enfrentándonos a las multinacionales. En 2013 vinieron comunidades de Ecuador que repudiaron a Chevron y nos contaron cómo funcionó allá. Cuando nos enteramos que se firmó el acuerdo, entramos al Trapear, el segundo yacimiento más importante del país, que hoy tiene Chevron. En ese yacimiento, las reservas de petróleo cayeron hasta el 40 por ciento desde que ellos lo tienen, porque lo estaban saqueando. Las reservas caen cuando no se explora. Saquearon las reservas que relevó el Estado con la YPF pública de antes del 94. No han invertido en explorar nuevos lugares. El petróleo convencional no está acabado, ellos lo han acabado. No han tampoco planteado una política ni a mediano ni a largo plazo de cómo hacer la transición del petróleo a otras energías.

Todo esto lo permitieron algunos jueces que ponen algunas leyes por sobre otras, como la sancionada el 29 de agosto de 2013, cuando se aprobó el pacto Chevron-YPF que continúa teniendo cláusulas secretas para todos. El objetivo de la Confederación Mapuce y de la Multisectorial No a la Hidrofractura ese día era manifestarse en la puerta de la legislatura. La policía se lo impidió y los empezó a agredir. Hubo más de 30 heridos de bala de goma y uno con una bala de plomo en el pulmón, en un lugar como Neuquén, donde murieron Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba por la represión. No hubo un muerto de casualidad. La represión duró ocho horas. “El gobierno piensa que nos vamos a cansar de pelear. Por los incidentes del sábado solo dicen que queremos plata o derechos superficiales. Nos abrieron causas judiciales. Es una situación de siempre acá. Ha habido más de 300 procesados mapuces. No nos va a intimidar eso”, deja en claro Lefxaru.

La cultura mapuce no hace dicotomías ni separa una cosa de la otra. Es interesante escuchar cómo une la cuestión del Estado, de su historia, su pensamiento, la estigmatización, la hidrofractura y las repercusiones en el resto de la sociedad neuquina: “En todas sus instituciones niega nuestra existencia misma. En la escuela, las teorías antropológicas e históricas niegan nuestra existencia como pueblo en Argentina. Nos deslegitiman o legitiman el genocidio contra nosotros. Nos quieren eliminar culturalmente. Si nosotros hemos estado acá es porque hemos resistido. Esa negación de la existencia a través de la educación genera todos los días miles de niños que van a repetir un discurso racista: los mapuce no existen. Hablan de los pueblos originarios en pasado. Posteriormente, nos niegan las personerías jurídicas, los títulos sobre la tierra, la propiedad del lugar, el avasallamiento continuo. Cada vez que alguien sale a decir algo es “violencia”, “terrorismo”, y toda una estigmatización del ser mapuce. Por eso nosotros el año nuevo, la vuelta al año, we tripanku, se ha abierto como celebración a toda la gente. Cayendo día de semana, laboral y a las ocho de la mañana un día de invierno, este año se juntaron más de 600 personas. Es algo muy positivo porque por fuera de todo lo que hizo el gobierno y el Estado, se generan lazos de cultura, de compartir la lucha y las calles. Eso es algo que nosotros vemos con mucha esperanza. En 2009 reclamábamos por esto solos. En 2012 había 6000 personas en la calle, al otro día 15 mil contra la hidrofractura. A ellos no los deja de asustar. Por algo también quieren amedrentarnos y sacarnos del lugar. Hay un montón de gente que está empezando a cambiar su forma de ver las cosas y ven que esto así como ellos lo plantean, es una democracia corrompida. Democracia no es solo la parte electoralista que a ellos le encanta y que tienen totalmente manejada. También es que cumplan con las leyes, que son la base y lo que contiene los derechos de los pueblos. Ellos no lo quieren aceptar. Niegan totalmente la existencia de las leyes favorables a nosotros. Su discurso es totalmente retrógrado y anacrónico porque se quedaron en la historia de hace 50 años. Hoy si ellos aplicaran la legislación, la cosa sería muy distinta acá. Si uno lo ve en perspectiva histórica, este proceso sí fue muy favorable para nosotros. Hace 130 años terminó la guerra, la invasión armada del Estado argentino contra el pueblo mapuce. La historia es muy reciente”.

Loncopué: mina linda, mina fea

El pasado 3 de junio, el pueblo neuquino Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. Ganó el sí a una ordenanza que prohíbe la mina, frente a un gobierno que hizo todo lo posible para que fuera no. Aquí, la historia íntima de las trabas que pueden existir en un pueblo argentino donde el suelo tiene petróleo y minerales, pero la cosa se complica.

Cortesía Emiliano Ortiz Diario 8300 web

Loncopué es un municipio habitado por unas siete mil personas en el noroeste neuquino y cabecera del departamento provincial que lleva su mismo nombre. A fines de la década de 1980, un periodista radial lo bautizó “Capital de la Amistad”. Vaya uno a saber los motivos que llevaron a este hombre a llamarlo así, pero lo que sí está claro es que no subsisten ninguno de esos lazos.

En 2008 se dio a conocer la posibilidad de establecer un proyecto minero en el que la empresa china, Emprendimientos Mineros S.A, y la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) extraerían cobre del cerro Tres Puntas, cercano al paraje mapuche Campana Mahuida, ubicado a escasos 15 Kilómetros del casco urbano. A partir de allí, los ciudadanos se organizaron y formaron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), que junto a la comunidad mapuche Mellao Morales, propietaria de las tierras en cuestión, lucharon y militaron para divulgar su postura ambientalista.

A partir de ese momento, todo cambió en el día a día de un pueblo muy pequeño en el que todos se conocen con todos. La falta de comunicación, el prejuicio, la violencia, las acusaciones sin pruebas y la poca capacidad mediadora y pacificadora de figuras representativas de la comunidad tornaron la convivencia insostenible. Familias amigas ahora están enfrentadas, personas que se conocen de toda la vida ya no se pueden ver las caras. Literalmente.
Ante esta situación social y frente a la posible explotación minera que utilizaría sustancias como mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, el miedo y la desconfianza invadieron al común denominador del ciudadano. Esto fue aprovechado por algunas personas de un sector que, detrás de la bandera ambientalista, escondían su gran objetivo: generar una imagen política y aprovechar estratégicamente la crisis de credibilidad que vive el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), consecuencia de la mercantilización de la política ejercida desde hace años por sus funcionarios, para ganar poder.

Este panorama, sumado a la incapacidad del gobierno provincial de comunicar su postura y concientizar al ciudadano, o al menos intermediar para abrir un debate pluralista, dejó el campo allanado para que estos “ambientalistas” socaven poder y provocó que un gran porcentaje de la población se oponga al proyecto minero por tres simples razones que se retroalimentan: falta de información, miedo y descreimiento hacia el gobierno.

Cáncer de Estado

Alrededor del 65% de la población económicamente activa de Neuquén depende directa o indirectamente del Estado provincial y en un pueblo tan pequeño como Loncopué, los efectos de este fenómeno se notan a gran escala. Superpoblación en oficinas e instituciones públicas y empleados que no hacen más que marcar el ingreso al trabajo y volver a sus casas son algunas de las consecuencias que se observan fácilmente. Durante décadas, familias enteras han conseguido cierta estabilidad económica de manera cómoda y fácil, para luego transmitir esta ambición a las futuras generaciones que no aspiran a otra cosa que ser empleado estatal.

Argentina necesita de petróleo y minerales y Neuquén los tiene. El modelo económico que sostiene este Estado-dependencia en la provincia gobernada por Jorge Sapag gira, hace ya varios años, en torno a la extracción y explotación de recursos naturales. Esta actividad podría significar un gran desarrollo económico y social para la provincia, pero también, un gran desastre ambiental en zonas que, como en el caso de Loncopué, subsisten, no en menor medida, gracias a la actividad turística que sus paisajes y recursos atrae.

La invitación a no votar del Gobierno

El pasado 3 de junio Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. El resultado fue contundente: el 82 por ciento (2.125) votó por el SI a la ordenanza 1054/2012 que prohíbe la actividad extractiva dentro del ejido urbano, contra un 14,9 (388) que se manifestó en contra de dicha normativa municipal.

Lo hecho por los vecinos ambientalistas para concientizar y evitar el desarrollo minero está claro: militaron, de manera leal para algunos, desleal para otros, por el NO a la mina durante casi cinco años. En cambio, las medidas tomadas por el Gobierno para transmitir su mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos brillaron por su ausencia hasta días previos a los comicios. Ahora ya es tarde y parecen no tener otra alternativa que escuchar la voluntad del pueblo. O quizás no, ya no cabe lugar para sorpresas.

En la mañana del primero de junio, dos días previos a las elecciones, el pueblo amaneció alfombrado con panfletos que invitaba a la gente a no concurrir al acto democrático que se llevaría a cabo, alegando que las elecciones no eran obligatorias y que no se cobrarían multas ante la posible ausencia (Ver foto). Este manotazo de ahogado fue tomado como lo que es: un acto de aberración que no hizo más que desnudar y esclarecer, si es que todavía hacía falta, la gran incapacidad del gobierno y las personas identificadas por el SÍ a la mina para comunicar su postura.

Durante la realización de las elecciones se identificaron a punteros y funcionarios del Movimiento Popular Neuquino tomando nota de quiénes entraban a la escuela a participar de la jornada y muchos ciudadanos recibieron mensajes de texto intimidatorios, “que recomendaban” no ir a votar para preservar el trabajo y la paz en el pueblo.

El gobierno provincial, en otra clara manifestación de ineficacia y desesperación, se tomó el trabajo de enviar, con dinero del Estado, claro, a su ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, “a los efectos de garantizar el derecho electoral y que todo el proceso transcurra de la forma más pacífica y armónica posible”, según sus propias palabras.

Para terminar bien arriba, la Policía y Gendarmería local recibieron órdenes de no custodiar las urnas una vez finalizado el sufragio, por lo que tuvieron que quedarse los propios fiscales de mesa para hacerlo. “No es que nosotros no queremos hacerlo, disculpen, pero las órdenes vienen de arriba”, le explicó uno de los oficiales a las autoridades a cargo de la elección.

Si eran tantos y tan importantes los intereses y beneficios para la provincia y el pueblo, como ahora dicen los funcionarios, ¿Por qué no actuaron antes?, ¿Por qué no mediaron y abrieron el diálogo?, ¿Por qué no le dieron la oportunidad al ciudadano de escuchar su versión?, ¿Por qué no se preocuparon por comunicarle las ventajas del proyecto minero al pueblo?, ¿Pensaron que podrían pasar por arriba de la gente?, ¿Por qué tomaron medidas patoteras que sólo favorecieron a la división de la sociedad?

Las respuestas la saben sólo ellos, pero la división dentro del mismo partido ya se puede ver. Días posteriores a las elecciones la Vicegobernadora, Ana Pechen, admitió que “hubo fallas en la comunicación por parte del Poder Ejecutivo” y dejó entrever su opinión en cuanto a las próximas medidas que debe tomar el Gobierno: “uno no puede desconocer que hay un pueblo que tiene un sentimiento que debe ser entendido y considerado”, sostuvo y dejó en claro que su postura no es la misma que la del Poder Ejecutivo, al mando del gobernador Sapag.

Oscar-Livera niavero.org

Historia de la ordenanza

Los vecinos autoconvocados en AVAL y Avacam presentaron, en agosto de 2011, un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que prohíbe la explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, es decir, la separación del mineral de la roca a través de la utilización, en este caso, de químicos tóxicos. Antes de que terminen su mandato, el cuerpo de concejales de la intendencia a cargo de Walter Fonseca sancionó dicha ordenanza, pero limitada sólo a la planta urbana de Loncopué.

Como ya se mencionó previamente, la posible explotación minera se llevaría a cabo a las afueras de la ciudad, por lo tanto, la ordenanza no tendría valor alguno. Es por esto que los vecinos de Loncopué impulsores del proyecto la rechazaron y reclamaron que se convoque a referéndum popular, según lo establecido en la ley provincial 53.

El 10 de Diciembre de 2011 asume la intendencia María Villone, quien, junto a los 7 concejales, impulsa la realización de las elecciones y ponen como fecha de las mismas el día 6 de mayo. Tiempo después toman conciencia de que el plazo es muy corto, por lo que el Concejo Deliberante, junto a la intendenta, el abogado Cristian Hendrickse (miembro de AVAL), y los vecinos impulsores del referéndum, identificados como “Mesa del Sí”, establecieron, sin darle lugar a opinión a los identificados como Mesa del No o pro mina, el día 3 de junio como fecha de realización.

En dicha elección, el 82 por ciento de los votantes manifestaron su intención de que se promueva la ordenanza 1054/2012 que prohíbe lo mismo que la anterior, pero sobre el territorio del departamento Loncopué, protegiendo, ahora sí, la zona involucrada.

Valor legal de la ordenanza

La ordenanza tiene contradicciones y errores que hacen peligrar su aplicación. Por esto, el Gobierno Provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentó, el pasado 13 de junio, una acción de inconstitucionalidad frente al Superior Tribunal de Justicia, contra dos artículos y el anexo I del documento, que, según este organismo viola 13 artículos de la Constitución Provincial y 5 de la Constitución Nacional.

El artículo 311 de la Constitución establece que  “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas la materia tributaria y aquellas que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante”.

En contradicción a este artículo constitucional el Concejo Deliberante del pueblo declaró al acto eleccionario de carácter vinculante y obligatorio avasallando con poderes y leyes tanto provinciales como nacionales.
El gobernador Sapag sostuvo que “la democracia es la expresión libre de las opiniones y de las ideas, pero una cosa es expresarlas libremente, como en el caso de Loncopué con respecto a la minería a gran escala y otra cosa es querer darle a estas opiniones el sentido de vinculante y obligatorio”, y agregó que el haber categorizado de esta manera al sufragio “es un conflicto de poderes porque nosotros no podemos pretender que con el argumento de la autonomía municipal se avance sobre la autonomía provincial o la soberanía Nacional”.

Por su parte, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, manifestó que ”de considerarse legítimo el actuar de las autoridades municipales de Loncopué se convalidaría que municipios de segunda categoría detenten competencias no asignadas, sin limitaciones ni controles orgánico-funcionales de ninguna naturaleza, y con una discrecionalidad absoluta y un total desapego del marco jurídico en la provincia”.

Otro grave error es que el territorio donde se pretende establecer la empresa minera se ubica fuera del ejido municipal, por lo tanto, cualquier documento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con respecto a este tema, como es el caso de la ordenanza 1054/2012, no tendrá valor alguno, ya que éstos sólo ejercen su poder sobre la localidad de Loncopué y no sobre el departamento.

Un dato llamativo, pero no menor, es que la ordenanza llama a votación a los “ciudadanos inscriptos en el padrón electoral del ejido municipal de Loncopué”, presentando aquí una gran contradicción al dejar sin voz ni voto a las personas que no habitan en el casco urbano, entre ellos a los más perjudicados, los habitantes de Campana Mahuida.
Un Gobierno incapaz y con grandes problemas de comunicación, una localidad que no quiere sus aguas contaminadas, pero tampoco dialogar, y una ordenanza poco válida en términos legales son los protagonistas de esta historia que, claramente, no terminó en el poético acto eleccionario del último 3 de junio.