Escándalo confidencial

Monsanto desembarca en la educación pública con la firma de un convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La primera actividad prevista es la revisión del estudio de impacto ambiental de la planta procesadora que quieren instalar en Malvinas Argentinas. Pero los detalles del acuerdo deben ser silenciados.

La palabra “escándalo” suele reservarse en los medios de comunicación para describir peleas con los ex, fotos subidas de tono, casos de mala praxis con botox en nalgas, los dichos de la tía de, los rumores de la hermana del y un escandaloso etcétera que tiende a dejar de lado asuntos menos glamorosos – hay que admitirlo- como la política (obviando las ferraris y los puertos maderos), alejados de la farándula como la economía, y mucho más allá – o acá- de esos recintos extraños llamados universidades públicas.

Pero el 8 de agosto, día en que los calendarios indican como Día del Ingeniero Agrónomo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba organizó una jornada de campo en la que ocurrió un homenaje impensado: su decano Marcelo Conrero firmó un “convenio específico de cooperación” (eufemismo que pronto desenmascaremos) de la Facultad que representa con la multinacional Monsanto Argentina S.A.I.C., por tres años y bajo cláusulas de confidencialidad.

La escena no sólo tiene un gran sentido de metáfora para el oficio del ingeniero agrónomo hoy, sino que el convenio se firmó junto a otros contratos mientras se almorzaba un asado y distintos números artísticos hacían lo suyo.

El récord que aumenta la lisergia de esta historia es el tiempo que el decano Conrero llevaba en su cargo al momento del contrato: dos meses.

Sumemos el parentesco directo por el cual se reclama la restitución de la palabra “escándalo”: el secretario general de la Facultad de Agronomía, Jorge Omar Dutto, miembro del equipo del decano Conrero, es también dueño de la asesoría Agroambiente, la que realizó el primer estudio de impacto ambiental de la planta de semillas que Monsanto pretende seguir construyendo en Malvinas Argentinas, Córdoba.

Ese estudio fue rechazado en febrero de este año.

La primera actividad que pactaba el nuevo convenio entre la Facultad y Monsanto, fechada ya para agosto y septiembre del 2014, era esta:

facultad monsanto

Revisión del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Procesamiento de Semillas de Maíz en Malvinas Argentinas.

Lo que está en juego

La autonomía de una facultad pública, su independencia del mercado, el valor del conocimiento genuino pueden ser consignas vacías pronunciadas en un contexto espacial y temporal en el que se están librando batallas urgentes.

Córdoba es una provincia sacudida por discusiones sobre el modelo agroproductivo, básicamente desde el monocultivo de la soja transgénica, su aplicación nociva para las poblaciones, y por el avance de las multinacionales del agronegocio sobre esferas de incidencia pública, política, económica y académica.

Su ejemplo permite ver en escala provincial la configuración de fuerzas, el avance de las corporaciones y, al mismo tiempo, la creciente organización, movilización y maduración ya no solamente de asambleas de vecinos locales, sino de un movimiento social conformado por amas de casa, abogados, psicólogas, docentes, científicos, colectivos periodísticos, personas, que emerge con objetivos, propuestas y métodos claros.

Algunos medios de comunicación los llaman, misteriosa y homónimamente, “ecologistas”, pero ellos han decidido rehusar a ese mote, planteando más complejamente que lo que defienden no es –solo- el ambiente, sino su vida, que no es que no quieren ver enfermos a los árboles, sino tampoco a sus hijos, que no piensan en exclusivo en la sustentabilidad, sino en sus nietos, y que al fin y al cabo no van a dejar que las empresas – a veces disfrazadas de ingenieros agrónomos, otrora de políticos, pero hoy identificadas claramente con un enemigo: Monsanto- hagan lo quieran donde están ellos.

El caso actual, que se ha transformado en un símbolo internacional de la lucha contra Monsanto, resume esta disputa territorial y es el de los vecinos de Malvinas Argentinas, una de las localidades más pobres de Córdoba donde la multinacional pretende construir una planta productora de maíz transgénico.

Organizados como asamblea Malvinas Lucha por la Vida, y apuntalados por las Madres de Ituzaingo que libraron y ganaron una batalla similar, al día de hoy mantienen un bloqueo en la planta que impidió su construcción y motivó la revisión de los estudios de impacto ambiental rechazados por la Justicia que llegó a paralizar la planta.

La denuncia apunta a cómo semejante estructura de silos podría seguir enfermando a los malvinenses, entre quienes 25 de cada 100 mujeres pierden sus embarazos, donde en algunos barrios la posibilidad de contraer cáncer es ocho veces mayor a la media nacional, y la de tener hijos con malformaciones, más del doble. Todo, según estudios de la propia Universidad Nacional de Córdoba hoy en cuestión.

Estos son los resultados silenciosos para Malvinas por ser durante años una localidad sojera por excelencia, que conoce bien a Monsanto: la empresa es la principal proveedora de semillas transgénicas a los productores, de ahí y del país. Y del mundo. Semillas que a su vez demandan una serie de agroquímicos nocivos para la salud. Y la lógica de producción que aplica poca mano de obra, poco tiempo, destrucción de suelos y ecosistemas, y mucho, mucho dinero.

La nueva jugada de Monsanto sobre la Facultad de Ciencias Agropecuarias no parece novedosa, menos en el contexto cordobés, menos si suponemos la incidencia de las corporaciones en ámbitos académicos en general, pero sí se trata de un gesto que promete ir hasta las últimas consecuencias en la pulseada del “sí” o el “no” en Malvinas Argentinas, lo que es igual a ganar o perder el talón de Aquiles de su credibilidad (llámese vigencia, llámese poder, llámese negocio) en Argentina, en la región y en el mundo.

Las pruebas lo remiten: la planta que Monsanto pretende construir en Malvinas sería la más grande del mundo.

Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego.

Que no se entere nadie

La nueva trinchera es la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, donde Monsanto pretende desembarcar formalmente “a fin de promover y desarrollar actividades conjuntas de investigación científica, ensayos, capacitación, divulgación, inserción laboral u otras”, según reza en el convenio al que pudo acceder NosDigital. En él, además de estos escándalos que suponen la vinculación académica directamente con una empresa que tiene intereses en la región, figura un cronograma que estipula actividades conjuntas incluso desde agosto de este año -cuando el convenio fue firmado el día ocho- hasta julio del 2017. Las actividades más urgentes según el contrato son, precisamente, las vinculadas a estudios (agosto y septiembre de 2014) y auditorías (enero y diciembre 2015) de la planta de procesamiento de semillas de maíz en Malvinas Argentinas.

A cambio, la empresa ofrece ensayos de campo, capacitación de docentes, cooperación en la enseñanza de alumnos de grado y posgrado, viajes de aprendizaje, pasantías e inserción laboral. La pregunta es si la Facultad se beneficia con esto, o sigue ganando Monsanto. La cooperación más contundente, claro, es la económica: “La ejecución del proyecto no demandará compromisos económicos para La Facultad y los gastos que demande la realización del presente convenio y el desarrollo de las actividades previstas serán cubiertos por La Empresa”. No se habla sin embargo de presupuestos, sino de la ejecución de fondos de acuerdo a las actividades concretas a determinar.

Por lo demás, el convenio está repleto de eufemismos y tecnicidades que disfrazan estas actividades bien prácticas. Sin embargo, otro de los puntos inquietantes a simple vista es el artículo noveno, cuyo título es “confidencialidad”. En él hay cuatro especificaciones que regulan la comunicación de las informaciones que se pretenden hacer circular entre la Facultad y Monsanto: la información que se entregue es propiedad de la Parte suministrante y es confidencial. Las Partes “se obligan a no copiar, comunicar, distribuir, diseminar o exponer o, de cualquier modo, revelar la información confidencial”, y la obligación de confidencialidad “no tendrá plazo de extensión ni vencimiento”, ni siquiera ante la extinción del convenio.

Confidencial resultó ser además el propio convenio, a cuyas copias ni los estudiantes – ni a partir del centro de estudiantes-, ni docentes ni integrantes del concejo académico pudieron acceder hasta 28 días después de que se firmó: el decano Conrero lo firmó por “resolución decanal”, es decir sin debate ni participación de otros claustros de la Facultad ni de la Universidad.

El hermetismo sólo hizo aumentar la alerta de los pasillos de la Facultad, que habían quedado mareados de aquella jornada campera de asado, música y Monsanto, pero no desprevenidos: “Ese día se montó un circo, un acto poco serio en el que se firmaron 13 convenios con distintas empresas. Además de Monsanto, otro fue con la Asociación de Aeroaplicadores de Córdoba…”, relata Cynthia Garay, Consejera Directiva por el Claustro estudiantil. “Sabíamos que los contratos venían por un lado perverso. Las faltas de prácticas son un reclamo estudiantil de hace años, nos quisieron hacer creer que los convenios venían a solucionar ese reclamo”.

El lugar donde se hacen estas prácticas es el propio campo que tiene la Facultad, en las afueras de Córdoba, mismo sitio donde se firmó el asado con Monsanto: “El 80% del campo está alquilado, está tercerizado a productores”, relata Cynthia, dando una de las razones por la que no pueden desplegar sus prácticas de manera libre y genuina. Otra no-metáfora de esta Facultad: “Y cuando vamos al campo, nos dan clases en aulas”.

Lo que reclaman los estudiantes es todo lo contrario: “Imaginate -propone Lucas, estudiante de Ingeniería Agrónoma de la Facultad – en la provincia más sojera del país, todas las actividades curriculares que se hacen apuntan a salir lo antes posible vendiendo agroquímicos y trabajando para cualquier empresa agropecuaria”.

Ingenieros del agronegocio

Lucas tiene dos particularidades: está a punto de recibirse, por lo que tiene la mirada larga del asunto; y vive en Malvinas Argentinas y es integrante de la Asamblea que resiste la instalación de la planta de Monsanto.

Desde su lugar informa que la Facultad viene siendo copada no por Monsanto, que al fin y al cabo es una empresa de nombre y apellido, sino por algo peor, que es la lógica Monsanto, que tiene que ver con la ingeniería pensada desde el agronegocio, los transgénicos y los pooles de soja: “En el 2006 nos cambiaron el plan de estudios: perdimos materias como reproducción y sanidad animal, de ganadería, que fue el fuerte de Córdoba toda la vida; también nos sacaron `manejo de ecosistemas marginales´ y la tesis. Es como mucho más sencillito para recibirse y vincularlo al trabajo de una empresa”.

Otra encarnación de lo que Lucas relata es la docente de la Facultad Alicia Cavallo.

Al otro día de la firma del convenio, 9 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Agrónomo, la docente Cavallo junto al decano Conrero dieron una charla en Malvinas Argentinas. La jornada fue llamada “cambiemos temor por conocimiento” y, según el portal agroverdad.com.ar, fue iniciativa y requerimiento de la FM Chaty de Malvinas, una radio que se jacta de ser comunitaria pero que la Asamblea viene denunciando como cooptada por la empresa Monsanto, en otra de sus estrategias de comunicación y confusión.

La ingeniera Cavallo es docente en la Facultad en la materia “uso seguro de agroquímicos”: “Invita a Monsanto, directamente, o a semilleras como Cargill o Nidera. No tiene ningún problema: está segura que este modelo productivo es el que va”, cuenta Lucas, alumno suyo.

Vanesa Sartori, psicóloga integrante de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida, denuncia sobre las conexiones que explican esta historia, más allá de los convencimientos: “El marido de Alicia Cavallo tiene una estación de GNC en Malvinas Argentinas, y en ella se pretendía construir el estacionamiento de camiones en caso que la planta de Monsanto se instale. Es decir que Cavallo tiene intereses creados en Malvinas”.

La docente Cavallo, el decano Conrero y el secretario Dotto son los nombres propios de este entramado que se concreta con el convenio firmado, pero resultan anecdóticos si entendemos el marco de la lucha que proponen los estudiantes: “Es parte de una lucha histórica que viene de la ley de educación superior, una ley menemista que le abre la puerta a las empresas, que dejan a las universidades con muy poco presupuesto. La lucha es porque la Universidad no esté condicionada, que no deje de estar a disposición del pueblo, de la sociedad, de los que más la necesitan, que son inclusive los que están bancando la Universidad, para estar a disposición de privados”, plantea Cynthia, del claustro estudiantil.

Pasado y futuros

Ni los contratos confidenciales entre empresas y universidades ni la soja tienen buen prontuario en Córdoba: la Universidad de Río Cuarto y la empresa Smet, apoyada por la Aceitera General Deheza (ADG), contrajeron un convenio que terminó de manera fatal el 5 de diciembre del 2007, con seis docentes y un estudiante muertos, 24 heridos, cuando en los laboratorios de la facultad se experimentaba para acelerar los tiempos de extracción y elaboración del aceite de soja y estallaron barriles de hexano. Enseñanza de esa triste experiencia, la Universidad de Río Cuarto se convirtió luego en la primera en rechazar los fondos de las regalías mineras; participó como un integrante más de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos; creó el observatorio de Conflictos Socio Ambientales; impulsa proyectos agroecológicos en la región; y cuestiona seriamente el modelo de agronegocios.

Semejante transformación fue producto de un escándalo como el que ahora protagoniza la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Córdoba, y gracias a los estudiantes y docentes que encaran cambios evidentes que parecen imposibles.

Así, con movilizaciones e irrupciones en los recintos de decisión, lograron que el rector de la Universidad Nacional de Córdoba se pronunciara en contra del reciente convenio entre Agrarias y Monsanto, que el decano Conrero suspendiera la vigencia del mismo y pateara su determinación para una jornada de debate prometida para octubre aún sin fecha.

El escándalo está garantizado.

Sintonicemos.

 

Descargar el convenio de cooperación. 

Sojajaja

Datos duros sobre el modelo sojero y el agronegocio para pensar el 2013.

En el 2013 el campo argentino se tiñó de muchos colores: color soja transgénica, de pesticida, de personas rociadas y de un pueblo que de tanto luchar permitió que condenaran a los rociadores; se tiñó aún más de Monsanto, pero también de Malvinas Argentinas que le dijo ”No” a Monsanto. El 2013 se vistió de un modelo de pensar la tierra y los alimentos, pero también de organización que le pone una piedra en ese camino que tanto maltrata.

El año pasado 175 millones de hectáreas fueron cultivadas con semillas transgénicas, a lo largo de 27 países en todo el planeta.

Datos top:

-El 54% es producido en el Tercer Mundo.

– De los 20 países con mayor cultivo de transgénicos nueve están en América: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, Chile y Honduras.

-Brasil ostenta con orgullo segundo puesto y Argentina completa el podio en la tercera posición, permitiendo en su suelo algodón, maíz y soja genéticamente modificados.

-En Argentina los transgénicos ocupan 24 millones de hectáreas, el 77% de la tierra cultivable.

mapa transgenicosDesde que en 1996 fue legalizada la semilla Round up Ready (RR) producida por Monsanto en Argentina reina la soja transgénica. Una buena: el 19 de marzo el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) presentó un amparo ante la Justicia por las irregularidades que hubo durante la aprobación de la nueva variedad transgénica RR2 Intacta Pro; no hubo una convocatoria a audiencia pública durante el proceso, no hubo presentación de impacto ambiental ante la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria y que su aceptación se hizo conforme los estudios presentados por Monsanto. El asunto sigue en los pasillos judiciales.

La siembra de la soja durante el período 2013/2014 ocupó el 50% de los cultivos -53 millones de toneladas- y el 64% del suelo con 20 millones de hectáreas, ubicando al país en la tercera posición a nivel mundial, con casi el 20% de su producción. En los últimos diez años aumentó su producción en otro 60%. De acá, la estrecha conexión que hay con los agroquímicos, especialmente el pesticida glifosato. ¿Qué tienen que ver uno con el otro? La semilla transgénica que creó Monsanto, la RR y sus sucesoras, son resistentes al glifosato, una pesticida que según se puede leer en la propia página de Monsanto:

-posee baja toxicidad aguda
-no es cancerígeno (no produce cáncer)
-no es teratogénico (no afecta el normal desarrollo embrionario; no provoca malformaciones)
-no es neurotóxico (no afecta el sistema nervioso)
-no tiene efectos sobre la reproducción.

El 2012 terminó con la condena de tres años a un agricultor y al piloto aeroaplicador por rociar con glifosato al Barrio Ituzaingó, Córdoba, a lo largo de años y años;  un pueblo de 5 mil habitantes los cuales 200 tenían cáncer. El glifosato no es cancerígeno. Los casos de malformaciones, leucemia infantil, envenenamiento en la sangre y demás efectos de este producto de “baja toxicicidad” fueron revelados durante el juicio. Mientras tanto, Argentina utilizó 318 millones de Kg-l de agrotóxicos durante el 2013, 200 millones de glifosato, solo superada por Brasil y Estados Unidos. El consumo de pesticidas aumentó 858% en los últimos 22 años, mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50% y el rendimiento de los cultivos solo aumentó un 30%.

mapa transgenicosEl 2013 amaneció con la resistencia en la localidad de Malvinas Argentinas, también Córdoba, tratando de parar una ”planta secador de granos” de Monsanto de producción de semillas de maíz genéticamente modificada.  ¿Qué pasaría ahí dentro? Se someterían a las semillas a una gran cantidad de pesticidas de alta toxicidad:

-Sería la segunda planta de este estilo más grande del mundo, con 6 secadoras y 216 silos.

-Se utilizarían 250 mil litros de plaguicidas al año. Monsanto no declaró dónde piensa vertir los residuos.

-Malvinas está a solo 10 km del Barrio Ituzaingó.

Manifestaciones, bloqueos, acampes, represión y la persistencia de quienes se niegan a vivir entre desperdicios inhumanos generó que a principios de enero de este año, la planta quedase parada por la Justicia hasta que la empresa presentase un estudio de impacto ambiental. La semana pasada, el 20 de febrero, una movilización de los vecinos contra la planta terminó en represión con gas pimienta y balas de goma.

El 2013 se reveló como una eterna confrontación. Una, con la tierra rehén de la soja, cada vez más amenazante, más pestilente, cada vez más cara y más codiciada. Pero por otro, con algunos ciudadanos rechazando los efectos de los pesticidas que rocían sus cabezas, de las inundaciones y sequías nacidas de una deforestación que duplica la media mundial, de multinacionales que controlan los mercados de semillas, herbicidas y de la producción misma.

Lugano de primera

Ya no hay más Lugano I y II, sino de primera y de segunda. La Legislatura aprobó un proyecto para vender 41 inmuebles públicos a capitales privados, y avanza sobre toda la zona sur un “plan maestro” para ceder también 500 hectáreas. Mientras, las leyes de urbanización, de construcción de viviendas sociales y hospitales siguen postergadas.

El 7 de noviembre, el Pro, con la ayuda imprescindible de legisladores del Frente para la Victoria, el radicalismo y de UNEN, consiguió aprobar un proyecto para la venta de 41 inmuebles públicos a capitales privados. Ese mismo día, unas horas más tarde, obtuvo el quórum para colocar bares en plazas y parques públicos mayores a 50 mil metros cuadrados, aunque deberá pasar por una nueva audiencia y una segunda votación para ratificar la definición. Entre esos 41, se encuentran el Parque de la Victoria, el Parque Roca, el Parque de la Ciudad, buena parte del Parque Indoamericano y tres manzanas de la Villa 20, todos lugares que fueron adjudicados por ley para la construcción de viviendas populares. Según los vecinos de Villa Lugano, este es el primer paso para que el partido de Mauricio Macri, con el aval de la oposición en la Ciudad, realice su Plan Maestro en la Comuna 8: vender 500 hectáreas de tierras públicas que están desocupadas y seguir dilatando la urbanización de los asentamientos de alrededor.

“Nos dicen que están trabajando en el progreso de la zona Sur, pero acá falta vivienda digna para la gente. Nos mienten continuamente: nos prometieron un gran Hospital de Agudos y la urbanización para 1600 familias y todavía estamos esperando”, dice Diosnel Pérez, que vive en la Villa 20 y que fue procesado por el Gobierno de la Ciudad por la toma del Parque Indoamericano.

Cómo fue votado el proyecto

El primer proyecto fue aprobado con 41 votos positivos contra 15 negativos. Además del PRO, fue votado por los legisladores del Frente para la Victoria – a excepción de María Rachid –, del ibarrismo, la UCR y UNEN, mientras que en contra se pronunciaron el resto del bloque de Fabio Basteiro, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el MST y Proyecto Sur. El segundo tuvo 33 votos a favor (necesitaba 31) y19 en contra, pero necesitará de una segunda revisión para su aprobación.

Según los vecinos de la zona Sur, esta votación no sorprende, ya que dicen que se prioriza el negocio antes que las necesidades de la gente. A fines de 2010, el Jefe de Gobierno firmó el decreto en el que decía que no era necesaria la construcción de un Hospital General de Agudos, pese a que se había dictado la ley 1769. Luego, la norma 1770 prometía la urbanización de toda la Villa 20 de Lugano, para lo que se iba a utilizar terrenos aledaños, pero priorizaron otros proyectos en vez de la construcción de 1600 nuevas viviendas y espacios verde recreativos. Aunque fue sancionada hace ocho años, no se avanzó en nada respecto a esta ley.

Graciela Muñiz, defensora adjunta del Pueblo, denunció a los legisladores que aprobaron la primera medida del proyecto de ley: “Guiados por el Pro, muchos de los que dicen ser de la oposición, aprueban estas ventas con argumentos insólitos.  La Legislatura porteña decidió vender el Patrimonio de la Ciudad con la venta de más de cuarenta inmuebles de propiedad de los porteños”, aseguró.

Lugano postergado

En la comuna 8 se encuentran la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Entre otros predios, el llamado Plan Maestro contempla la cesión de casi la mitad del Parque Roca a la federación empresarial camionera para el desarrollo de una playa de cargas, la concesión del ex Parque de la Ciudad para recitales arancelados, todo administrado por la Corporación Buenos Aires del Sur, un ente del estado porteño que funciona como caja autárquica y paralela al presupuesto.

Los autores de esta iniciativa son los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Karina Spalla, quienes con este proyecto autorizan al Ejecutivo porteño a otorgar estos espacios verdes en concesiones por treinta años a empresas privadas para su desarrollo. Entre ellas: Monsanto, el Grupo Roggio e IRSA. Si bien esto no apareció aun oficialmente en ningún lado, en la página de clasificados “Jobrapido” se ofrecen ofertas laborales con las siguientes referencias. Monsanto / Capital Federal (villa Lugano): http://ar.jobrapido.com/Ofertas-de-trabajo-Monsanto-Capital-Federal-(villa-Lugano)

La pantalla

En el proyecto, dicen que los fondos obtenidos deben ser destinados para la urbanización de villas y la mejora de complejos habitacionales de Lugano y Soldati, pero tanto los vecinos como organizaciones sociales aseguran que se anuló la participación en la urbanización y en cambio otorga beneficios impositivos a empresas privadas por más de 155 millones de pesos, tan sólo en el primer año.

“Esto no es progreso, sino que están arruinando todo y se nos están riendo en la cara: si venden toda esa tierra, ¿cómo van a urbanizar la zona?”, se queja Fernando Márquez, vecino de Lugano, que se sumó a las marchas a la Legislatura de la Ciudad y que realizó una denuncia con el apoyo de los comuneros de su zona. A pesar de contar con dictamen de mayoría, el proyecto del Plan Maestro no fue tratado aún en el recinto de la Legislatura porteña y pese al repudio de vecinos y organizaciones, es inminente su avance en toda la zona sur de la Ciudad.

 

Las 5 del domingo

¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Distintas historias en la voz de sus protagonistas.
Las 5 del Domingo en Vámonos de Casa

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– Asesinaron por defender su territorio a de Miguel Galván, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) e integrante de la comunidad originaria Lule-Vilelas- 14 de octubre del 2012

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-La historia de las ruinas de un Centro Clandestino de Detención oculto en Valentín Alsina- 7 de Octubre del 2012

[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Las-5-del-domingo-Porgrama-26-CCD-oculto-en-V-Alsina.mp3]
– Cuatro estudiantes de colegios secundarios tomados vinieron al programa y nos contaron qué piden. Además, ¿cómo los tratan los medios? ¿Y los funcionarios públicos? ¿Hacia donde apunta la educación pública?- 30 de septiembre del 2012

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[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Las-5-del-domingo-colegios-secundarios-en-Toma-Programa-25.mp3]

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-6 años sin Jorge Julio López. Hablamos con su hijo, Rubén- 23 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Las-5-del-domingo-Jorge-Julio-Lopez.mp3]
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-La extrema posibilidad de desaparición que sufre el Policlínico Bancario- 9 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Programa-22-Las-5-del-domingo-Policlinico-Bancario.mp3]
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