Guatemala perforada

El aliado clave de las mineras trasnacionales en América Latina son los gobiernos nacionales adictos. En Guatemala decretan Estado de Sitio para controlar a las comunidades contramineras.

El 1 de Mayo el presidente de Guatemala Otto Molina declaró el segundo Estado de Sitio en apenas 16 meses de mandato, con el objetivo de ahogar las protestas sociales contra los proyectos mineros que se están instalando en el país sin ninguna consulta a las comunidades afectadas. Con los militares en las calles y con plenos poderes, se reitera una postal de las décadas dictatoriales pasadas: abusos de todo tipo, detenciones injustificadas, cárcel para militantes sin proceso legal mediante, represión y censura. De Guatemala para el mundo, el día a día de los Departamentos de Jalapa y Santa Rosa frente a la militarización de la vida cotidiana, bajo los ojos complacidos de las compañías mineras extranjeras.

Una flor para la Revolución
Hace cinco años los pobladores de Jalapa comenzaron a moverse con el objetivo de saber qué estaba pasando bajo sus propias narices: la aparición de técnicos y las ofertas desde el exterior por tierras, por ejemplo, les indicó que su territorio de algún modo u otro iba a ser víctima de su mal uso. Pero si algo saben las comunidades es que para defender lo suyo tienen que moverse, y rápido, para que la avalancha del lucro no los pase por arriba. Lorena Cabnal, miembro de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapan -AMISMAXAJ- habló con NosDigital, contándonos sobre este proceso de resistencia: “En el año 2008 iniciamos la demanda de información de la situación de licencias de minería de metales en el departamento. Con fuertes movilizaciones, plantones, denuncias públicas, declaraciones y acciones territoriales, donde recolectamos más de 20000 firmas, llevaron a dar cuenta de 15 licencias en fase de estudio, trámite y exploración, y 16 en fase de explotación. Entonces, junto al movimiento indígena nacional se logró el 14 de julio de 2009 un Acuerdo Gubernativo, donde se estableció que en el periodo de ese gobierno no se concesionaría una licencia más, y se quedaban en compás de espera todas las licencias otorgadas a nivel nacional”.
Si bien el congelamiento de las licencias fue un paso positivo para evitar la instalación de esta industria altamente contaminante, no significó que éstas fuesen totalmente removidas ni que hubiese algún tipo de consulta a las comunidades afectadas para poner fin a los intentos mineros. Por eso que este letargo tuviese su fin tres años más tarde, con la elección del nuevo presidente Otto Pérez Molina , un militar retirado que formó parte de las Fuerzas Armadas durante los años de la represión más atroz que sufriese un país en el continente entero, con 200 mil muertos entre 1960 y 1996. El 14 de enero de 2012 el nuevo mandatario electo por el Partido Patriota se sentó en el sillón presidencial e inmediatamente se reiniciaron los conflictos.

-El nuevo Presidente Otto Molina reactivó las licencias mineras previamente suspendidas, ¿Qué ligazón une al nuevo gobierno con los proyectos extractivos mineros?
-Lorena Cabnal: Antes de que asumiera el cargo como presidente, tuvo una reunión privada con empresarios mineros, con los cuales pactó la reactivación de las licencias a nivel nacional, así mismo de crear las condiciones en materia de seguridad para la protección de los bienes de la propiedad privada extractiva. Con la justificación de inseguridad nacional, se aumentó el presupuesto militar y del ministerio de gobernación, como una garantía de los acuerdos asumidos con los inversionistas extranjeros. En enero asumió el gobierno y a finales de ese mes dio luz verde a todos los proyectos extractivos en el país. Esto solo se explica porque hay un marcado interés interés en la recepción de dinero proveniente en términos de impuestos y regalías. Solo en el caso de la Minera San Rafael, el dinero de por medio es millonario: 23 millones de dólares anuales en impuestos, también 6.6 anuales en regalías voluntarias a los municipios de Jalapa y Santa Rosa, que están alrededor del municipio de San Rafael.

El 27 de mayo del 2009 haría su aparición con bombos y platillos la empresa Minera San Rafael –filial de Tahoe Resources Inc, de capitales canadienses- adquiriendo la licencia de explotación de plata en la mina de Escobal. El área comprendida por ésta son los municipios de Mataquescuintla, San Carlos Alzatate, San Rafael Las Flores y Casillas Santa Rosa. Rápidamente, estos pueblos activaron movilizaciones pacíficas contra las actividades de la empresa, en lo que se llamó la Revolución de las Flores: marchas silenciosas realizadas por la población desde el pueblo de San Rafael las Flores hasta la entrada de la mina, depositando flores para pedirles que se retirase, junto con plantones frente a la embajada de Canadá y las oficinas de la Minera San Rafael. Sin embargo, continuaron las actividades, profundizadas en el 2012 cuando el Ministerio de Energía y Minería reactivó 100 de las 180 licencias congeladas.

“Crecieron los femicidios y la violencia sexual por parte de los militares”
Si la Minera San Rafael no se movía, menos lo hicieron los habitantes de los municipios afectados. Campamentos frente a la mina, manifestaciones, acciones públicas dominaron el escenario hasta el primero de mayo de 2013. Allí, el Presidente firmó el Estado de Sitio de los municipios de Jalapa y Mataquescuintla (territorio xinka) del Departamento de Jalapa; y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días. ¿Qué significa el Estado de Sitio? La suspensión de los derechos libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de manifestación y portación de armas, entre otros.
Pero no fue una sorpresa para nadie este decreto, ya que el año anterior el gobierno había decretado la misma medida durante 17 días en el municipio de Barillas, movilizada contra la minera Hidro Santa Cruz de capitales españoles. El saldo que dejó el libre accionar de las fuerzas represivas guatemaltecas fue el allanamiento indiscriminado de hogares, capturas de militantes sociales y el encarcelamiento durante 8 meses, sin condena ni proceso judicial alguno, de 8 de los 14 dirigentes indígenas apresados.
Desde la madrugada del 2 de mayo, 8.500 efectivos entre policías y militares están presentes en estos territorios afectados.

– ¿Cómo se vio afectado en el día a día el pueblo xinka con la llegada de los efectivos policiales y militares?
– LC: A inicios de mayo se inicia el tiempo de la siembra en la montaña, pero con esta situación se ha perjudicado la seguridad alimentaria del presente año a toda una población de más de 85000 habitantes. Actualmente la montaña está declarada en Estado de Atención Urgente por desnutrición aguda y hambruna. Así, la vida económica se ha visto sumamente afectada, por la inmovilidad de los productores agrícolas que no pueden moverse a sus tierras.

Por otra parte, la vida cotidiana fue rota, con la presencia de tanques y militares; la población ha tenido que resguardarse. Existe miedo y zozobra. En el caso de las mujeres, se han incrementado los femicidios, la violencia sexual y el acoso por parte de los militares, de esto ya hay denuncias interpuestas en la Procuraduría de Derechos Humanos del departamento.

– ¿Qué medidas vienen tomando estas fuerzas de represión contra las poblaciones afectadas por el Estado de Sitio?
– LC: Se han efectuado a la fecha más de 90 allanamientos, más de 50 órdenes de capturas, interrogatorios, 19 presos políticos, entre ellos una compañera de la resistencia.

Hay un fuerte desprestigio por parte del Ministro de Gobernación acerca de que la montaña es resguardo de narcotráfico y de crimen organizado, sin embargo a la fecha ninguna de las capturas han sido vinculadas a ese tipo de delitos. Se puede ver que claramente hay una intencionalidad para reprimir y criminalizar la resistencia del pueblo xinka en la montaña, por defender legítimamente su territorio ancestral contra la Minera San Rafael, y contra un gobierno militarizado.
Entonces, Guatemala nuevamente es escenario de violencia y despojo. Violencia militar y despojo extranjero. Las víctimas, nuevamente las mismas: los pueblos, las comunidades indígenas campesinas. Pero si las Fuerzas Armadas no lograron apagar la resistencia durante su reinado de terror desde la década del ´60, será obligación preguntarnos por qué habrían de perecer las luchas por la dignidad y la tierra ahora.