La tierra del fracking

En Chubut se viven tejiendo ofensivas y contraofensivas a favor de la extracción de petroleo a cualquier costo. YPF, el Ejecutivo Nacional y las organizaciones ambientales en la puja por el impacto ambiental en los pozos El Trébol y La Greta. 

Comodoro Rivadavia, la “Ciudad del petróleo”, puede llegar a tener un doble record: ser el hogar del primer pozo petrolero de Argentina en 1907, y a la vez poder ser el primer lugar de extracción de recursos no convencionales mediante el fracking. Ok, vamos de a poco, muchos términos específicos en pocas oraciones.

Fracking: o fractura hidráulica, es el proceso de perforación e inyección de líquido en el suelo a alta presión para fracturar las rocas y así liberar gas natural del interior de la tierra. Requiere entre 3,8 y 30 millones de litros de agua durante el proceso[i].

Recursos no convencionales: Según nos cuenta Repsol, estos hidrocarburos son aquellos “que se encuentran en unas condiciones que no permiten el movimiento del fluido, bien por estar atrapados en rocas poco permeables o por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad. Bajo este nombre se engloban distintos tipos de hidrocarburos gaseosos, como el shale gas (gas de esquisto), el tight gas (gas de formaciones compactas) o el metano contenido en capas de carbón”[ii].

Aclarados los tantos, continuemos. Comodoro se encuentra dentro del Golfo de San Jorge, lugar privilegiado para la explotación petrolera donde residen 16 empresas en actividad y 6 más en fase de exploración. El golfo produce el 47,6% del crudo en el país, 3 millones y medio de metros cúbicos durante el 2012. Un pozo promedio usa aproximadamente 6 millones de litros de agua. En Chubut hay 7 mil pozos activos. Queda claro que el problema en la región es el agua De esto se trata todo: del agua.

El Trébol y La Greta, historia contaminada

El 13 de febrero de este año la Presidenta Cristina Fernández se hizo presente en Comodoro Rivadavia para la inauguración del pozo de El Trébol a tan solo 18km de aquella ciudad. Presentes a su lado estuvieron el gobernador Martin Buzzi; el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio; el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Política Económica y director de YPF por el Estado Nacional, Axel Kicillof. Pero hay una historia que hizo posible esta inauguración, que se inició doce meses atrás, en el 2012.

Cynthia Francisco, periodista y miembro del Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), le contó a NosDigital qué fue lo que sucedió previamente: “alrededor de mayo del año pasado el gobierno provincial comenzó a impulsar un nuevo marco regulatorio para megaminería e hidrocarburos de manera unificada. Había un artículo específico, el 87, que determinaba que los no convencionales iban a ser tratados y legislados directamente por el Poder Ejecutivo, dejando de lado al Legislativo. Sucedió que cada presentación que hizo el gobierno en los pueblos, se encontró con alguna manifestación contra la megaminería. No hay que olvidar que Chubut hay una resistencia bastante fuerte y que fue la primera provincia que prohibió esta actividad en las ciudades, a partir de las asambleas de Esquel y las que se formaron posteriormente. Como resultado de la oposición popular, a fin de año se desdobló el marco regulatorio: uno para minería y otro para hidrocarburos, que fue de los dos el único en el que se avanzó. Cuando se hizo el tratamiento de esta ley en la magistratura, las asambleas se acercaron para manifestar su rechazo a la nueva legislación, porque ésta incluía también la explotación de los no convencionales. Esa sesión se pospuso varias horas, y cuando se hizo, se sacó la ley sobre no convencionales”.

En octubre del 2012, con espacio de tres semanas una de la otra, se hicieron las auditorias para tratar los estudios de impacto ambiental tanto del pozo El Trébol como el de La Greta a 15 km del Río Mayo y a 350 km de Comodoro. Ambos estudios fueron impugnados por diferentes especialistas en cada audiencia. Ambos mostraron innumerables baches. Ambos fueron aprobados sin más ni más, lo que permitió seguir adelante con el proyecto.

Deficiencias del estudio de impacto ambiental en La Greta, tal como lo denunció la abogada Silvia de los Santos:

 -No detalla toda la legislación vigente en el país acerca de la actividad minera. No se cita la convención Americana de Derechos Humanos, presente en la Constitución.

– No se cita el Decreto 860, del año 1996 en lo que se refiere al uso del agua. No señala de dónde provendrían los 8 mil litros necesarios para su puesta en funcionamiento. No hay mapas de aguas superficiales ni subterráneas.

-La página 172 menciona la existencia de pueblos indígenas en la zona, por lo que está obligado el Estado argentino a realizar una consulta previa, libre e informada para poder realizar cualquier actividad. La consulta jamás se realizó.

Deficiencias del estudio de impacto ambiental en El Trébol:

-No están adjuntos los mapas hidrogeológicos.

-El pozo estaría a tan solo 135 metros de un cauce de agua que culmina 20 km. en el Océano Atlántico.

-No detalla de dónde saldrá el agua. Tan solo dice que será “comprada”.

¿Freno a las obras o freno al fracking?

Ahora debemos volver al 2013. La mencionada abogada Silvia de los Santos, en representación del dirigente mapuche Marcelo Pintihueque presentó un recurso de amparo para frenar las actividades en La Greta, ya que su funcionamiento ponía en peligro al río Mayo, fuente de vida tanto para diferentes comunidades como para los 230 mil habitantes de las localidades de Sarmiento, Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia. Su presentación fue rechazada. Ellos apelaron. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la sentencia e hizo lugar a la acción de amparo, por lo que resolvió suspender las actividades en La Greta.

Y con El Trébol, ¿qué pasó? La empresa decidió también parar las actividades, ya que habían contratado a especialistas de Neuquén para iniciar la fractura hidráulica, que primero iban a ir a El Trébol –donde ya se perforaron a casi 3600 metros- y luego a La Greta. Pero como suspendieron al segundo pozo, prefirieron esperar a retomar las actividades y así trabajar en conjunto.

¿Cómo va a continuar todo esto? En palabras de Cynthia: “Uno puede hablar con diferentes autoridades que off the record te van a reconocer que la explotación petrolera no es una actividad productiva y que las inversiones recién estarían apareciendo ahora, gracias a la firma con Chevron. Por ahí no existe tal presupuesto de exploración de no convencionales en Chubut, incluso llamaron a la gente común a que aporte para la capitalización de YPF con la compra de esos bonos. Se ve que están buscando inversiones todavía y que estos anuncios en La Greta y El Trébol fueron más para tender un anzuelo a las diferentes compañías del mundo que estén interesadas en avanzar con esta actividad que otra cosa. Entonces, aparentemente, YPF no tiene el dinero por sí solo para invertir todo lo que estos pozos requieren, sin olvidarnos que los pozos de no convencionales requieren cinco veces más de inversión… como también cinco veces más de agua para su funcionamiento. Así, que puede ser que terminen sin funcionar”.

Habrá que esperar…


[i] http://www.dangersoffracking.com/

[ii] http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/newsletter/horizonte-no-convencional.aspx

La muerte de Vaca Viva

Chevron, el futuro socio de YPF en los yacimientos de Vaca Muerta, tiene un pasado bien oscuro, color petróleo, en Ecuador. Libertinaje de contaminación que derivó en la sentencia de un juicio que la multinacional estadounidense aún se niega a pagar. Qué puede pasar en Argentina.

Con voz solemne la Corte Suprema de Justicia argentina dictaminó: “De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”. ¿De qué se trata todo esto? Ni más ni menos de la posibilidad de que una de las petroleras más grandes del mundo, Chevron Corp. pueda desembarcar sin problemas ni restricciones en nuestros suelos. El recurso fue presentado por la Procuradora General Gils Carbó para poner fin a un embargo impuesto a fines del año pasado que pesaba sobre la compañía norteamericana por 19 mil millones de dólares, luego de perder un juicio en Ecuador por la contaminación de casi 2 millones hectáreas de selva Amazónica, la diseminación descontrolada de distintos tipos de cánceres y demás “beneficios” de la explotación petrolera extractiva; yéndose sin pagar un solo centavo. Acá todo lo que generó Chevron en sus treinta años en suelos ecuatorianos. Acá, la verdadera cara del tan ansiado futuro socio de YPF para el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

“Los desechos iban a parar directo a los ríos”
Mientras para 1960 el país se sumía en un nuevo período de golpes militares que habrían de terminar en la década de los 80, las fuentes de oro negro pasaron de ser teoría a realidad, vieron en él una futura fuente de riqueza fácil. Sin embargo, la incapacidad técnica local para hacerse cargo de los yacimientos –y el control económico norteamericano sobre el continente- llevó al gobierno a confiarle los pozos petroleros a la flamante Texaco –adquirida por Chevron en el 2001-, cuya casa matriz compartía espacio con la Estatua de la Libertad. Así fue como en 1964, la petrolera pisó por primera vez la selva amazónica en las proximidades de la Ciudad de Lago Agrio, monopolizando la explotación hasta 1992, cuando se retiró con muy poca honra de las tierras que ella misma se había empeñado en arruinar. DSC_7762
Luis Yanza y Julio Prieto miembros de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), están desde los primeros días en que algunos visionarios se atrevieron a denunciar a la compañía por la grave crisis ambiental y social que habían generado. Así, en 1993 presentaron una demanda a Texaco en los mismos juzgados de Nueva York. ¿Cómo siguió el caso? La petrolera aceptó ir a juicio y acatar el veredicto siempre y cuando fuese en las cortes ecuatorianas, diez años más tarde se la declaró culpable con una multa de 9 mil millones de dólares y en caso de no pagar al cabo de quince días se le duplicaba la cifra. Ante el inesperado proceso la multinacional se retiró del país sin pagar un solo centavo. Luis y Julio, de paso por Argentina y en diálogo con NosDigital nos contaron sobre las experiencias de esos fatídicos 30 años: “Lo que hicieron fue cuestión de ambición, lisa y llana. Era una compañía que en efecto tenía la tecnología apropiada para no contaminar en Ecuador y no la usó. Al perforar un pozo le tienes que meter mucha agua mezclados con químicos cancerígenos, a más no poder. Normalmente en los Estados responsables o con una legislación apropiada, te obligan a tratar estos líquidos. En Ecuador, en cambio, cavaban un hueco en la tierra, lo usaban de desagüe y largaban todo directo al río. Existían las patentes para evitar todo esto; tenemos las patentes de Texaco de 1965 donde la compañía, reconociendo el peligro de las aguas de formación –aguas que salen con la extracción del petróleo- cuando están en contacto con las aguas de riego y consumo, había desarrollado equipos de reinyección, con los que inyectaban estas aguas al subsuelo para que no pudiesen contaminar, tal como hacían en Estados Unidos. En cambio, acá: directo a los ríos.”
-La contaminación petrolera afectó a más de 2 millones de hectáreas, que estaban en parte habitadas por comunidades indígenas y campesinas, ¿cómo lograron pasarlos por alto?
-Todo esto fue posible ya que invisibilizaron a la gente que vivía allí. Si la multinacional hubiera reconocido la existencia de los pueblos originarios que estaban bebiendo, usando esas aguas contaminadas no lo habrían hecho. Ellos los vieron únicamente por la vía racista, del desprecio: “ellos son indios, no valen nada, no tienen derechos”. Los abogados de Chevron en el juicio argumentaban que la Amazonia era un lugar petrolero donde no tenían que vivir personas. Comentarios parecidos a los que se escuchan sobre Vaca Muerta en Argentina. Entonces se contaminaron los ríos y las tierras de la selva, los cuales dependen los pueblos que allí habitan, todas sus instituciones culturales dependen de la selva: es su farmacia, su biblioteca, su mercado. Ellos eran ricos, no pobres, ya que no necesitaban nada, lo tenían todo ahí. Y de repente no tienen nada, su espacio vital desapareció. Por ejemplo, el pueblo de los Cofanes pasó de ser 8 mil a menos de mil en unas décadas.

Chevron, contaminación y genocidio.DSC_7765
Fantástico el mundo que nos ofrece Chevron sobre sus explotaciones. Solo es necesario entrar a su página web www.chevron.com y leer sobre sus políticas de respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. El corazón de uno se tranquiliza al saber que la compañía se asegura “que nuestros proveedores de seguridad sigan principios internacionales cuando protegen al personal y los bienes; evaluando cómo nuestras operaciones podrían impactar en la comunidad; y atrayendo a nuestros proveedores claves en cuestiones relacionadas con los derechos humanos” . Ni que hablar cuando se trata de la protección de la naturaleza: la empresa se guía bajo sus “Postulados de Operaciones, basados en dos principios claves: hazlo con seguridad o no lo hagas en absoluto y siempre hay tiempo para hacerlo bien”.
Pero si en sus palabras Chevron se muestra como la encarnación de los amores franciscanos al prójimo y a todo lo viviente, la realidad ecuatoriana bien lo aleja. Acá, algunos datos recogidos en el juicio y el veredicto sobre los rastros que dejaron entre 1964 y 1992 :
-30 mil millones de galones de residuos tóxicos arrojados, 20 mil galones de petróleo vertidos a diario y 53 millones de metros cúbicos de gases residuales quemados a diario.
-Las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde se encontraban los yacimientos, poseen tres veces más casos de cáncer que el resto del país.
-La contaminación del suelo por diferentes metales supera todas las normativas internacionales. Por ejemplo, la presencia de mercurio es 8 veces mayor que el máximo ecuatoriano, de benceno es 1800 veces mayor y de plomo es hasta 3 veces mayor.

-¿Cómo cambiaron las costumbres para los pueblos indígenas luego de las explotaciones?

-Antes tenían su pescado del río, ahora no lo hay, y el que hay, sabe a gasolina. Incluso también su espiritualidad, ya que la empresa mató a los chamanes, a veces por represión, otras embriagándolos, subiéndolos a un helicóptero y echándolos por ahí. Hay muchas historias, violaciones a las mujeres, separación de las familias. Si vas allí, puedes dar fe de ello, por lo que te cuentan de primera mano algunos de los 30 mil afectados por Texaco. Los Tetetes han desaparecido o todavía no hemos encontrado ni a uno en los últimos tiempos. Los hemos acusado de genocidio y de genocidio cultural, que se trata de privar a sus pueblos de sus instituciones culturales. En el caso de estos pueblos, la selva ocupa todas estas funciones y al destruirla, destruyes también su cultura.

-¿Tuvieron que ser relocalizados?

Muchos se fueron río abajo, como quien dice. Otros se quedaron allí y se adaptaron; empezaron a trabajar para la petrolera, recibían su plata y empezaron a adaptarse al modo de vida occidental. Y de repente se dieron cuenta que eran pobres, porque les faltaba para cumplir con sus necesidades, porque no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita, cosa que los indígenas habían comprendido bien con su modo de vida. En la Sentencia se reconoce.

Soberanía energética – contaminación multinacional
Cuando la Procuradora Gils Carbó le envió el recurso de nulidad a la Corte Suprema sobre el embargo que pesaba sobre Chevron en suelo argentino en solidaridad por su desacato ante el fallo de la Justicia ecuatoriana, lo hizo aduciendo que esta medida perjudicaba “la política energética y el desarrollo económico del país, así como con las finanzas públicas”; ya que ahogaba cualquier posibilidad de acordar con la compañía norteamericana su entrada al yacimiento de Vaca Muerta.
La actitud de la Corte Suprema no solo rompió con un freno a la impunidad, sino también abrió la puerta a recrear el desastre ecológico que saqueó, destruyó y mató a miles y miles de personas a lo largo de unas décadas. Acaso, ¿esta es la tan ansiada soberanía energética? ¿Hay soberanía cuando son multinacionales las que llevan adelante los procesos productivos? Un argumento en este sentido solo nos hace pensar que frente a una real necesidad de autodeterminación se esconden las intenciones de perpetuar la sumisión.

 chevron

[1] http://www.chevron.com/globalissues/humanrights/

[1] http://www.chevron.com/globalissues/environment/

 

[1] Coalición por la Defensa de la Amazonia, “Informes de expertos citados en el juicio por 19 mil millones contra Chevron”, Mayo de 2013.

Minería de primer mundo

Las corporaciones mineras internacionales aprovechan la crisis española para, apoyándose en alianzas gubernamentales, explotar el suelo gallego eludiendo los controles medioambientales. Ocurre en África, en América y en Europa también.

Sin importar dónde esté el hombre cuando de noche mira hacia arriba, observa el mismo resplandor de las estrellas. Ellas son, tal vez, de las pocas cosas que no han podido quitarle al  conjunto de la humanidad. Al mismo tiempo, cuando posamos nuestras manos en la tierra, ésta nos abriga y nos da el sustento. Este privilegio ya está cercado y apropiado por individuos que ni siquiera sabrán qué se hace en sus campos, mientras de sus frutos sale su riqueza. Bajo esta perspectiva, se entiende cómo es que a lo largo y ancho del mundo las comunidades y pueblos hacen lo imposible para evitar el daño de su territorio por las empresas mineras que, en un salvaje acto extractivo, abren la tierra en dos, le quitan sus recursos y desechan lo innecesario a su alrededor, envenenando hombres y Naturaleza por igual. En Argentina los casos históricos de Esquel, Famatina y Andalgalá, dieron el puntapié para la defensa y concientización ambiental de muchísimos. En Galicia, España, el proceso se repite, la situación de la comunidad autónoma que insiste en defender lo propio y evitar su conversión en un gran centro minero.

Galicia es una mina

Desde la asunción de Alberto Feijoo como Presidente de la Xunta de Galicia –el Poder Ejecutivo de la región- por el Partido Popular, la minería recibió un extraordinario apoyo como salida a la crisis que está sufriendo el país y el continente europeo. Galicia cuenta ya con 520 minas activas en una superficie no mayor que Misiones. Oro, estaño, wolframio, gas natural son algunos de los recursos que de la tierra gallega se extraen. Fracking, minería a cielo abierto, cianuro, envenenamiento de las aguas, “accidentes”, indemnizaciones… algunas de las palabras que se han hecho cotidianas.

Ante tamaño volumen de las explotaciones mineras con sus consecuencias ambientales, ¿cómo es que el nuevo gobernador pretende sustentarse en estas prácticas para salvaguardarse de las dificultades económicas y sociales? Álvaro Carreira, miembro de la Plataforma Vecinal Corno do Monte, en diálogo con NosDigital nos responde: “Esa pregunta debería contestar con sinceridad el gobierno Gallego. Todos sabemos lo de los sobres. No quiero ni pensar que esté ocurriendo eso, ya que como gallego sentiría vergüenza y asco de mi gobierno. Por otra parte la campaña de este gobierno es que Galicia é unha mina (Galicia es una mina). Eso lo dice todo. Sin tener ya en cuenta las consecuencias medioambientales, los daños para la salud de las personas, los impactos sobre el relevo y el paisaje, el gran daño al turismo (Galicia es un país con un gran potencial turístico), la minería es una industria con fecha de caducidad muy próxima. Cuando ya no se pueda sacar más ¿qué hacemos?.

De lago a vertedero tóxico. De parque nacional a mina

En 1998 se vivió una de las mayores catástrofes ambientales de España. Una fractura en el dique que contenía agentes tóxicos ocasionó que éste se dispersara a lo largo del río Agrio y luego por el Guadiamar, curso de agua que parte en dos el Parque Nacional Doñana. Las consecuencias fueron gravísimas no solo para el territorio protegido, sino también para cultivadores y habitantes de la zona que regaron o bebieron del río contaminado antes de hacerse pública su contaminación. La empresa sueca Boliden fue condenada seis años más tarde por la Justicia española con 45 millones de euros de indemnización. La empresa se negó al pago aludiendo a que la catástrofe se ocacionó “causas externas”. Hoy en  día más de 4 mil hectáreas alrededor del Parque Nacional están aún contaminadas.

Creería uno que luego de tamaño escándalo, pocos se atreverían a jugar con los pocos espacios naturales que aún quedan en este planeta. Sin embargo el Partido Popular Gallego lejos de eso, expande los proyectos mineros, aún en las cercanías de lagos, ríos y bosques, total, Galicia es una mina.

En Cabanas de Bergantiños se pretende instaurar una mina de oro a cielo abierto, arrasando con más de 700 hectáreas de territorio, con un cráter de más de un 1,5km y una balsa de residuos tóxicos comparables a la que generaba la empresa Boliden. ¿La dueña del proyecto?: Edgewater Explotation S.L de capitales canadienses, que además de su incursión en territorio gallego, posee minas a lo largo del pequeño país africano de Ghana. Las condiciones laborales allí no se caracterizan por el respeto al minero ni al medioambiente. Pese a que la alcaldía de Cabanas y la Xunta de Galicia aprobaron el proyecto, los estudios de impacto ambiental son un escándalo, como lo demuestra la Sociedad Gallega de Historia Natural en un informe propio[i]:

-Los valores de Arsénico aportados a los suelos por los desechos de la mina oscilan entre 26 y 4090ppm, siendo la media de 446ppm, siendo más elevada que las toleradas para la actividad industrial.

-La Secretaría General de Evaluación y Calidad Ambiental aprobó un “contenido en arsénico del vertido calculado (0,077 mg/l)”, casi 8 veces superior al límite establecido para aguas potables por la Organización Mundial de la Salud;

-La Secretaría también le dio la razón a la empresa minera y rechazó la demanda de los técnicos ambientales de la propia Consejería (Dirección General de Conservación de la Naturaleza) de que la aprobación de la mina estuviese condicionada “a la exigencia de publicar en tiempo real y en página web los parámetros de calidad de aguas en todos los puntos de vertido”.

Mientras tanto, los vecinos de Cabanas viven en una constante contradicción: entre quienes se oponen a una actividad que podría arruinar toda la belleza natural alrededor del Río Anllóns que la atraviesa, como del incremento de los riesgos para la salud humana. Mientras del otro quienes optan por la posibilidad de contar con nuevos puestos de trabajo en una situación económica difícil.

Galicia de remate

Pero como el caso de Corcoesto hay tantísimos más en Galicia: minería de oro con uso de cianuro en Zas y Santa Comba, búsqueda de “tierras raras” –17 elementos químicos poco usuales en la corteza terrestre, como el erbio, lantano y el tulio- en Sierras do Galiñeiro o la mina de andalucita a solo 500 metros del Parque Natural de las Fragas do Eume en Ferrol. Las expectativas de las mineras usualmente de capitales ingleses, canadienses y sudafricanos entre otros son muchísimas, tal vez tantas como la movilización de cientos de miles de ciudadanos que poco a poco empiezan a sentir el temor a ver su tierra carcomida.

-Las reivindicaciones de los movimientos ambientalistas gallegos, ¿han logrado ser escuchados y tomados por la población española en general?

Álvaro: Realmente no puedo hablar del movimiento ambientalista en España porque no estoy muy familiarizado con la dinámica general del Estado. Yo diría que sí hay cierta conciencia social pero no más. Sí puedo decir que aquí en Galicia existen colectivos ecologistas y ambientalistas importantes y que han hecho grandes contribuciones a nuestro pequeño país. Por ejemplo Verdegaia, Adega, Ríos Limpos, Sociedade Galega de Historia Natural, etc. Como también algunos partidos de Izquierda. Lo cierto es que el resto del Estado español se sabe muy poco de Galicia. Cae sobre nosotros un importante apagón mediático por parte de todos los medios de difusión estatal. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre este hecho.
El tema de la minería en Galicia es algo muy grave y muy sangrante. En un país normal, un gobierno no atacaría de esta forma a los ciudadanos que representa y le pagan. Pero desgraciadamente somos diferentes. Aquí no hay propiamente un movimiento ambientalista que tenga un gran impacto social o mediático. No hay una lucha o reivindicación constante por la población en general. Más de la mitad del territorio gallego está afectado por derechos mineros y proyectos gracias a la normativa actual. Esto en un país en el que uno de sus pilares básicos es la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el marisqueo y la pesca de bajura; hacer proyectos de este tipo es una clara condena a muerte del pueblo. La tierra siempre está ahí. Las minas nos saquean y luego no queda nada. Gracias a este gobierno con sus leyes, Galicia es la nueva África a la que se puede saquear libremente.

 


[i] http://www.sghn.org/Actuacions_Xeral/Mineria/Mina_oro_Corcoesto_castellano.html

Guatemala perforada

El aliado clave de las mineras trasnacionales en América Latina son los gobiernos nacionales adictos. En Guatemala decretan Estado de Sitio para controlar a las comunidades contramineras.

El 1 de Mayo el presidente de Guatemala Otto Molina declaró el segundo Estado de Sitio en apenas 16 meses de mandato, con el objetivo de ahogar las protestas sociales contra los proyectos mineros que se están instalando en el país sin ninguna consulta a las comunidades afectadas. Con los militares en las calles y con plenos poderes, se reitera una postal de las décadas dictatoriales pasadas: abusos de todo tipo, detenciones injustificadas, cárcel para militantes sin proceso legal mediante, represión y censura. De Guatemala para el mundo, el día a día de los Departamentos de Jalapa y Santa Rosa frente a la militarización de la vida cotidiana, bajo los ojos complacidos de las compañías mineras extranjeras.

Una flor para la Revolución
Hace cinco años los pobladores de Jalapa comenzaron a moverse con el objetivo de saber qué estaba pasando bajo sus propias narices: la aparición de técnicos y las ofertas desde el exterior por tierras, por ejemplo, les indicó que su territorio de algún modo u otro iba a ser víctima de su mal uso. Pero si algo saben las comunidades es que para defender lo suyo tienen que moverse, y rápido, para que la avalancha del lucro no los pase por arriba. Lorena Cabnal, miembro de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapan -AMISMAXAJ- habló con NosDigital, contándonos sobre este proceso de resistencia: “En el año 2008 iniciamos la demanda de información de la situación de licencias de minería de metales en el departamento. Con fuertes movilizaciones, plantones, denuncias públicas, declaraciones y acciones territoriales, donde recolectamos más de 20000 firmas, llevaron a dar cuenta de 15 licencias en fase de estudio, trámite y exploración, y 16 en fase de explotación. Entonces, junto al movimiento indígena nacional se logró el 14 de julio de 2009 un Acuerdo Gubernativo, donde se estableció que en el periodo de ese gobierno no se concesionaría una licencia más, y se quedaban en compás de espera todas las licencias otorgadas a nivel nacional”.
Si bien el congelamiento de las licencias fue un paso positivo para evitar la instalación de esta industria altamente contaminante, no significó que éstas fuesen totalmente removidas ni que hubiese algún tipo de consulta a las comunidades afectadas para poner fin a los intentos mineros. Por eso que este letargo tuviese su fin tres años más tarde, con la elección del nuevo presidente Otto Pérez Molina , un militar retirado que formó parte de las Fuerzas Armadas durante los años de la represión más atroz que sufriese un país en el continente entero, con 200 mil muertos entre 1960 y 1996. El 14 de enero de 2012 el nuevo mandatario electo por el Partido Patriota se sentó en el sillón presidencial e inmediatamente se reiniciaron los conflictos.

-El nuevo Presidente Otto Molina reactivó las licencias mineras previamente suspendidas, ¿Qué ligazón une al nuevo gobierno con los proyectos extractivos mineros?
-Lorena Cabnal: Antes de que asumiera el cargo como presidente, tuvo una reunión privada con empresarios mineros, con los cuales pactó la reactivación de las licencias a nivel nacional, así mismo de crear las condiciones en materia de seguridad para la protección de los bienes de la propiedad privada extractiva. Con la justificación de inseguridad nacional, se aumentó el presupuesto militar y del ministerio de gobernación, como una garantía de los acuerdos asumidos con los inversionistas extranjeros. En enero asumió el gobierno y a finales de ese mes dio luz verde a todos los proyectos extractivos en el país. Esto solo se explica porque hay un marcado interés interés en la recepción de dinero proveniente en términos de impuestos y regalías. Solo en el caso de la Minera San Rafael, el dinero de por medio es millonario: 23 millones de dólares anuales en impuestos, también 6.6 anuales en regalías voluntarias a los municipios de Jalapa y Santa Rosa, que están alrededor del municipio de San Rafael.

El 27 de mayo del 2009 haría su aparición con bombos y platillos la empresa Minera San Rafael –filial de Tahoe Resources Inc, de capitales canadienses- adquiriendo la licencia de explotación de plata en la mina de Escobal. El área comprendida por ésta son los municipios de Mataquescuintla, San Carlos Alzatate, San Rafael Las Flores y Casillas Santa Rosa. Rápidamente, estos pueblos activaron movilizaciones pacíficas contra las actividades de la empresa, en lo que se llamó la Revolución de las Flores: marchas silenciosas realizadas por la población desde el pueblo de San Rafael las Flores hasta la entrada de la mina, depositando flores para pedirles que se retirase, junto con plantones frente a la embajada de Canadá y las oficinas de la Minera San Rafael. Sin embargo, continuaron las actividades, profundizadas en el 2012 cuando el Ministerio de Energía y Minería reactivó 100 de las 180 licencias congeladas.

“Crecieron los femicidios y la violencia sexual por parte de los militares”
Si la Minera San Rafael no se movía, menos lo hicieron los habitantes de los municipios afectados. Campamentos frente a la mina, manifestaciones, acciones públicas dominaron el escenario hasta el primero de mayo de 2013. Allí, el Presidente firmó el Estado de Sitio de los municipios de Jalapa y Mataquescuintla (territorio xinka) del Departamento de Jalapa; y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días. ¿Qué significa el Estado de Sitio? La suspensión de los derechos libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de manifestación y portación de armas, entre otros.
Pero no fue una sorpresa para nadie este decreto, ya que el año anterior el gobierno había decretado la misma medida durante 17 días en el municipio de Barillas, movilizada contra la minera Hidro Santa Cruz de capitales españoles. El saldo que dejó el libre accionar de las fuerzas represivas guatemaltecas fue el allanamiento indiscriminado de hogares, capturas de militantes sociales y el encarcelamiento durante 8 meses, sin condena ni proceso judicial alguno, de 8 de los 14 dirigentes indígenas apresados.
Desde la madrugada del 2 de mayo, 8.500 efectivos entre policías y militares están presentes en estos territorios afectados.

– ¿Cómo se vio afectado en el día a día el pueblo xinka con la llegada de los efectivos policiales y militares?
– LC: A inicios de mayo se inicia el tiempo de la siembra en la montaña, pero con esta situación se ha perjudicado la seguridad alimentaria del presente año a toda una población de más de 85000 habitantes. Actualmente la montaña está declarada en Estado de Atención Urgente por desnutrición aguda y hambruna. Así, la vida económica se ha visto sumamente afectada, por la inmovilidad de los productores agrícolas que no pueden moverse a sus tierras.

Por otra parte, la vida cotidiana fue rota, con la presencia de tanques y militares; la población ha tenido que resguardarse. Existe miedo y zozobra. En el caso de las mujeres, se han incrementado los femicidios, la violencia sexual y el acoso por parte de los militares, de esto ya hay denuncias interpuestas en la Procuraduría de Derechos Humanos del departamento.

– ¿Qué medidas vienen tomando estas fuerzas de represión contra las poblaciones afectadas por el Estado de Sitio?
– LC: Se han efectuado a la fecha más de 90 allanamientos, más de 50 órdenes de capturas, interrogatorios, 19 presos políticos, entre ellos una compañera de la resistencia.

Hay un fuerte desprestigio por parte del Ministro de Gobernación acerca de que la montaña es resguardo de narcotráfico y de crimen organizado, sin embargo a la fecha ninguna de las capturas han sido vinculadas a ese tipo de delitos. Se puede ver que claramente hay una intencionalidad para reprimir y criminalizar la resistencia del pueblo xinka en la montaña, por defender legítimamente su territorio ancestral contra la Minera San Rafael, y contra un gobierno militarizado.
Entonces, Guatemala nuevamente es escenario de violencia y despojo. Violencia militar y despojo extranjero. Las víctimas, nuevamente las mismas: los pueblos, las comunidades indígenas campesinas. Pero si las Fuerzas Armadas no lograron apagar la resistencia durante su reinado de terror desde la década del ´60, será obligación preguntarnos por qué habrían de perecer las luchas por la dignidad y la tierra ahora.

Violadores en casa

Todos nos hacemos los boludos y nadie quiere decirlo. “Yo me cago en la Barrick Gold”, decía el gobernador Gioja y el Gobierno Nacional firmaba mirando para otro lado. Mientras, una de las mineras más grandes del mundo es acusada de abuso sexual y de asesinatos en Papúa Guinea, en África y en Perú.

A esos de la minería responsable. Sí, la minería es responsable de asesinatos, violaciones sexuales sistematizadas, represiones policiales y vergonzosos arreglos judiciales. Minería responsable. Desde que en 2001 Barrick Sudamérica, la unidad de negocios de Barrick Gold Corp. en la región, está instalada en Argentina, conocemos las capacidades contaminantes de las técnicas mineras de la compañía en el suelo y el agua. El trabajo de hoy será sumar a la innegable cuestión ambiental, los abusos sociales y de derechos humanos cometidos por la multinacional. Barrick Gold, a quién tratamos como un honorable invitado de visita perdurable en nuestra propia casa, en otros puntos del planeta detenta un comportamiento villano.

 

“Reconocemos que es esencial proteger nuestra licencia social para operar”[1].

La mina Porgera de Papúa Nueva Guinea -país insular al norte de Australia- ha producido más de 16 millones de onzas de oro desde su inauguración en 1990. Además de ataques violentos de mineros ilegales, cientos de personas tratan de ganarse la vida rastreando los residuos de roca dispersados alrededor de la mina, en busca de diminutos restos de oro de forma en absoluto violenta. Una minúscula porción del material podría significar el medio de manutención propia. Aún así, se arriesgan a ser detenidos en caso de que los guardias de seguridad de la compañía los descubran. De eso se trata, Barrick emplea una fuerza de seguridad privada de unos 450 guardias en Porgera. Human Rights Watch investigó seis denuncias de incidentes de violaciones grupales por guardias de seguridad. En todos los casos, las mujeres fueron violadas después de haber sido capturadas por el personal de seguridad de la empresa cuando intentaban la búsqueda de restos auríferos.

Las violaciones sexuales, por lo menos las denunciadas, fueron cometidas durante el lapso 2009-2011. Como eludir las responsabilidades y vinculaciones le fue imposible, el último 30 de enero Barrick Gold inició el programa de reparación para las víctimas de violaciones por parte de empleados de su empresa. Aún expresando su culpabilidad, la mejor compañía de oro del mundo reclama que para recibir el paquete de supuestas soluciones –como si se tratara de algo con posible solución-, cada mujer debe llegar a un acuerdo por el que se compromete a no seguir o participar en cualquier acción legal ni judicial en contra de Barrick ni sus socios dentro o fuera del país.  Las víctimas de abusos sexuales están ahora presas de presiones por disuadirlas de posibles juicios futuros, a cambio de apoyo psicológico y médico, para que la minera logre una inmunidad judicial.

“Barrick colabora con los pueblos indígenas que habitan las áreas cercanas a sus operaciones y proyectos de exploración”[2].

En la noche sanjuanina del último 1 de mayo se reunieron altos directivos de la minera, entre ellos el vicepresidente Kelvin Duchnisky, con el gobernador José Luis Gioja, Cristina Fernández, Julio De Vido, Débora Giorgi y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral[3]. Justo el día en que se cumplían ocho meses de los asesinatos de Paulo Sarya -26 años- y de Rodgers Mwita -18- en Tanzania, en las balas de la Policía regional en servicio de la Barrick.

En la costa este de África Central, en la mina de oro Mara Norte, agentes de la Policía regional que funcionan como guardias en la mina dispararon a matar contra un grupo de unos 800 residentes de las aldeas circundantes que invadieron el lugar en busca de obtener algunos minerales que le permitan la vida. Más bien, terminó en muerte. Los asesinatos ocurrieron pocas semanas después de que el viceministro de Energía y Minerales, Stephen Masele, viajó a las aldeas cercanas a la mina, y advirtió que el gobierno de Tanzania no iba a tolerar ser testigo de que sus ciudadanos sean asesinados innecesariamente en la mina. El 2012 totalizó cinco asesinatos con la misma razón.

 

“Adoptamos nuestros compromisos con la seguridad, el medio ambiente y nuestras comunidades y los mantenemos como valores personales y profesionales”[4].

La víctima fue identificada como Demetrio Poma Rosales -54 años-. En la tarde del 19 de septiembre de 2012, cuando manifestantes exigían que los poblados cercanos a la mina Pierina a 4100 m.s.n.m. en la provincia peruana de Huaraz fueran dotados de agua. Los manifestantes bloqueaban la carretera que conducía a la mina de oro. “Es por un duelo, ha habido un comunero fallecido y no queremos estar operando cuando lo que ha ocurrido es terrible”, declaró Gonzalo Quijandría, portavoz de Barrick en el Perú. Los comuneros rechazan la planta de tratamiento de agua, ya que consideran que está contaminada. Con estos muchachos de “la minería moderna que exige el siglo XXI”[5] es prácticamente imposible no nombrar las cuestiones ambientales. Obligan.

Unos días después, el 28 de septiembre en la mina de oro de Pueblo Viejo de República Dominicana, unas 25 personas fueron heridas por el fuego de las escopetas en el pueblo de La Cabirma por los disparos de la Policía y cuando los manifestantes exigían que Barrick contratara a más trabajadores locales. Dicen “trabajar con las comunidades aledañas asegura el buen manejo del impacto social y genera valor”[6], eso dicen. Eso dicen.

 

“¿Sabés qué?, yo me cago en la Barrick o en cualquiera, sólo pienso en los sanjuaninos”[7].

Las palabras del gobernador Gioja que ya aprobó la hiperpretensiosa explotación binacional con Chile Pascua-Lama, pero como el proyecto está suspendido por la Justicia trasandina, la Barrick apunta sus deseos hacía una nueva mina: Penélope.

La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó el 10 de abril de 2013 paralizar Pascua Lama por infracciones medioambientales por un recurso judicial presentado por las comunidades indígenas diaguitas en busca de preservar glaciares y de visualizar la contaminación de los recursos hídricos que implica el proyecto.

Pero del lado argentino, el muchacho de la Barrick, Dushnisky confirmó que las tareas de construcción de la planta en Lama avanzan dentro de los plazos originalmente determinados, sin inconvenientes, transmitiendo tranquilidad a las empresas contratistas, proveedores y trabajadores vinculados al proyecto[8].

Los mismos de siempre

Sí, la Barrick Gold es la multinacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto más grande del mundo, con sede en la ciudad canadiense de Toronto. ¿Pero los accionistas? No son simplemente empresarios canadienses mineros. El 52% de las acciones del proyecto Pascua Lima pertenecen a seis fondos de inversión estadounidenses y al gigante banco inglés Barclays. Casualmente tres de esos fondos (RockhopperExploratión, DesirePetroleumPlc, FalklandOil and Gas, y Borders &SouthernPetroleum[9]) comparten su tiempo invirtiendo en los proyectos de exploración de petróleo en Malvinas.

Suficiente.

Imagen: NosDigital

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[1]http://barricksudamerica.com/vision-y-valores/barrick/2012-05-31/160212.html
[2]http://barricksudamerica.com/
[3]http://sanjuan.gov.ar/
[4]http://barricksudamerica.com/
[5]http://www.barrickperu.com/rse.html
[6]http://barrickpuebloviejo.com/quienes-somos/
[7]http://www.losandes.com.ar/notas/2010/9/16/gioja-c…-barrick-cualquiera-515259.asp
[8]http://www.telam.com.ar/notas/201305/16079-la-empresa-barrick-garantiza-la-continuidad-del-trabajo-en-san-juan.html
[9]www.olca.cl
[1]http://barricksudamerica.com/vision-y-valores/barrick/2012-05-31/160212.html
[2]http://barricksudamerica.com/
[3]http://sanjuan.gov.ar/
[4]http://barricksudamerica.com/
[5]http://www.barrickperu.com/rse.html
[6]http://barrickpuebloviejo.com/quienes-somos/
[7]http://www.losandes.com.ar/notas/2010/9/16/gioja-c…-barrick-cualquiera-515259.asp
[8]http://www.telam.com.ar/notas/201305/16079-la-empresa-barrick-garantiza-la-continuidad-del-trabajo-en-san-juan.html
[9]www.olca.cl

 

Loncopué: mina linda, mina fea

El pasado 3 de junio, el pueblo neuquino Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. Ganó el sí a una ordenanza que prohíbe la mina, frente a un gobierno que hizo todo lo posible para que fuera no. Aquí, la historia íntima de las trabas que pueden existir en un pueblo argentino donde el suelo tiene petróleo y minerales, pero la cosa se complica.

Cortesía Emiliano Ortiz Diario 8300 web

Loncopué es un municipio habitado por unas siete mil personas en el noroeste neuquino y cabecera del departamento provincial que lleva su mismo nombre. A fines de la década de 1980, un periodista radial lo bautizó “Capital de la Amistad”. Vaya uno a saber los motivos que llevaron a este hombre a llamarlo así, pero lo que sí está claro es que no subsisten ninguno de esos lazos.

En 2008 se dio a conocer la posibilidad de establecer un proyecto minero en el que la empresa china, Emprendimientos Mineros S.A, y la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) extraerían cobre del cerro Tres Puntas, cercano al paraje mapuche Campana Mahuida, ubicado a escasos 15 Kilómetros del casco urbano. A partir de allí, los ciudadanos se organizaron y formaron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), que junto a la comunidad mapuche Mellao Morales, propietaria de las tierras en cuestión, lucharon y militaron para divulgar su postura ambientalista.

A partir de ese momento, todo cambió en el día a día de un pueblo muy pequeño en el que todos se conocen con todos. La falta de comunicación, el prejuicio, la violencia, las acusaciones sin pruebas y la poca capacidad mediadora y pacificadora de figuras representativas de la comunidad tornaron la convivencia insostenible. Familias amigas ahora están enfrentadas, personas que se conocen de toda la vida ya no se pueden ver las caras. Literalmente.
Ante esta situación social y frente a la posible explotación minera que utilizaría sustancias como mercurio, ácido sulfúrico y cianuro, el miedo y la desconfianza invadieron al común denominador del ciudadano. Esto fue aprovechado por algunas personas de un sector que, detrás de la bandera ambientalista, escondían su gran objetivo: generar una imagen política y aprovechar estratégicamente la crisis de credibilidad que vive el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), consecuencia de la mercantilización de la política ejercida desde hace años por sus funcionarios, para ganar poder.

Este panorama, sumado a la incapacidad del gobierno provincial de comunicar su postura y concientizar al ciudadano, o al menos intermediar para abrir un debate pluralista, dejó el campo allanado para que estos “ambientalistas” socaven poder y provocó que un gran porcentaje de la población se oponga al proyecto minero por tres simples razones que se retroalimentan: falta de información, miedo y descreimiento hacia el gobierno.

Cáncer de Estado

Alrededor del 65% de la población económicamente activa de Neuquén depende directa o indirectamente del Estado provincial y en un pueblo tan pequeño como Loncopué, los efectos de este fenómeno se notan a gran escala. Superpoblación en oficinas e instituciones públicas y empleados que no hacen más que marcar el ingreso al trabajo y volver a sus casas son algunas de las consecuencias que se observan fácilmente. Durante décadas, familias enteras han conseguido cierta estabilidad económica de manera cómoda y fácil, para luego transmitir esta ambición a las futuras generaciones que no aspiran a otra cosa que ser empleado estatal.

Argentina necesita de petróleo y minerales y Neuquén los tiene. El modelo económico que sostiene este Estado-dependencia en la provincia gobernada por Jorge Sapag gira, hace ya varios años, en torno a la extracción y explotación de recursos naturales. Esta actividad podría significar un gran desarrollo económico y social para la provincia, pero también, un gran desastre ambiental en zonas que, como en el caso de Loncopué, subsisten, no en menor medida, gracias a la actividad turística que sus paisajes y recursos atrae.

La invitación a no votar del Gobierno

El pasado 3 de junio Loncopué entró en la historia democrática Argentina al llevarse a cabo las primeras elecciones en las que se aceptaba o rechazaba un proyecto minero. El resultado fue contundente: el 82 por ciento (2.125) votó por el SI a la ordenanza 1054/2012 que prohíbe la actividad extractiva dentro del ejido urbano, contra un 14,9 (388) que se manifestó en contra de dicha normativa municipal.

Lo hecho por los vecinos ambientalistas para concientizar y evitar el desarrollo minero está claro: militaron, de manera leal para algunos, desleal para otros, por el NO a la mina durante casi cinco años. En cambio, las medidas tomadas por el Gobierno para transmitir su mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos brillaron por su ausencia hasta días previos a los comicios. Ahora ya es tarde y parecen no tener otra alternativa que escuchar la voluntad del pueblo. O quizás no, ya no cabe lugar para sorpresas.

En la mañana del primero de junio, dos días previos a las elecciones, el pueblo amaneció alfombrado con panfletos que invitaba a la gente a no concurrir al acto democrático que se llevaría a cabo, alegando que las elecciones no eran obligatorias y que no se cobrarían multas ante la posible ausencia (Ver foto). Este manotazo de ahogado fue tomado como lo que es: un acto de aberración que no hizo más que desnudar y esclarecer, si es que todavía hacía falta, la gran incapacidad del gobierno y las personas identificadas por el SÍ a la mina para comunicar su postura.

Durante la realización de las elecciones se identificaron a punteros y funcionarios del Movimiento Popular Neuquino tomando nota de quiénes entraban a la escuela a participar de la jornada y muchos ciudadanos recibieron mensajes de texto intimidatorios, “que recomendaban” no ir a votar para preservar el trabajo y la paz en el pueblo.

El gobierno provincial, en otra clara manifestación de ineficacia y desesperación, se tomó el trabajo de enviar, con dinero del Estado, claro, a su ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza, “a los efectos de garantizar el derecho electoral y que todo el proceso transcurra de la forma más pacífica y armónica posible”, según sus propias palabras.

Para terminar bien arriba, la Policía y Gendarmería local recibieron órdenes de no custodiar las urnas una vez finalizado el sufragio, por lo que tuvieron que quedarse los propios fiscales de mesa para hacerlo. “No es que nosotros no queremos hacerlo, disculpen, pero las órdenes vienen de arriba”, le explicó uno de los oficiales a las autoridades a cargo de la elección.

Si eran tantos y tan importantes los intereses y beneficios para la provincia y el pueblo, como ahora dicen los funcionarios, ¿Por qué no actuaron antes?, ¿Por qué no mediaron y abrieron el diálogo?, ¿Por qué no le dieron la oportunidad al ciudadano de escuchar su versión?, ¿Por qué no se preocuparon por comunicarle las ventajas del proyecto minero al pueblo?, ¿Pensaron que podrían pasar por arriba de la gente?, ¿Por qué tomaron medidas patoteras que sólo favorecieron a la división de la sociedad?

Las respuestas la saben sólo ellos, pero la división dentro del mismo partido ya se puede ver. Días posteriores a las elecciones la Vicegobernadora, Ana Pechen, admitió que “hubo fallas en la comunicación por parte del Poder Ejecutivo” y dejó entrever su opinión en cuanto a las próximas medidas que debe tomar el Gobierno: “uno no puede desconocer que hay un pueblo que tiene un sentimiento que debe ser entendido y considerado”, sostuvo y dejó en claro que su postura no es la misma que la del Poder Ejecutivo, al mando del gobernador Sapag.

Oscar-Livera niavero.org

Historia de la ordenanza

Los vecinos autoconvocados en AVAL y Avacam presentaron, en agosto de 2011, un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que prohíbe la explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación, es decir, la separación del mineral de la roca a través de la utilización, en este caso, de químicos tóxicos. Antes de que terminen su mandato, el cuerpo de concejales de la intendencia a cargo de Walter Fonseca sancionó dicha ordenanza, pero limitada sólo a la planta urbana de Loncopué.

Como ya se mencionó previamente, la posible explotación minera se llevaría a cabo a las afueras de la ciudad, por lo tanto, la ordenanza no tendría valor alguno. Es por esto que los vecinos de Loncopué impulsores del proyecto la rechazaron y reclamaron que se convoque a referéndum popular, según lo establecido en la ley provincial 53.

El 10 de Diciembre de 2011 asume la intendencia María Villone, quien, junto a los 7 concejales, impulsa la realización de las elecciones y ponen como fecha de las mismas el día 6 de mayo. Tiempo después toman conciencia de que el plazo es muy corto, por lo que el Concejo Deliberante, junto a la intendenta, el abogado Cristian Hendrickse (miembro de AVAL), y los vecinos impulsores del referéndum, identificados como “Mesa del Sí”, establecieron, sin darle lugar a opinión a los identificados como Mesa del No o pro mina, el día 3 de junio como fecha de realización.

En dicha elección, el 82 por ciento de los votantes manifestaron su intención de que se promueva la ordenanza 1054/2012 que prohíbe lo mismo que la anterior, pero sobre el territorio del departamento Loncopué, protegiendo, ahora sí, la zona involucrada.

Valor legal de la ordenanza

La ordenanza tiene contradicciones y errores que hacen peligrar su aplicación. Por esto, el Gobierno Provincial, a través de la Fiscalía de Estado, presentó, el pasado 13 de junio, una acción de inconstitucionalidad frente al Superior Tribunal de Justicia, contra dos artículos y el anexo I del documento, que, según este organismo viola 13 artículos de la Constitución Provincial y 5 de la Constitución Nacional.

El artículo 311 de la Constitución establece que  “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas la materia tributaria y aquellas que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante”.

En contradicción a este artículo constitucional el Concejo Deliberante del pueblo declaró al acto eleccionario de carácter vinculante y obligatorio avasallando con poderes y leyes tanto provinciales como nacionales.
El gobernador Sapag sostuvo que “la democracia es la expresión libre de las opiniones y de las ideas, pero una cosa es expresarlas libremente, como en el caso de Loncopué con respecto a la minería a gran escala y otra cosa es querer darle a estas opiniones el sentido de vinculante y obligatorio”, y agregó que el haber categorizado de esta manera al sufragio “es un conflicto de poderes porque nosotros no podemos pretender que con el argumento de la autonomía municipal se avance sobre la autonomía provincial o la soberanía Nacional”.

Por su parte, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, manifestó que ”de considerarse legítimo el actuar de las autoridades municipales de Loncopué se convalidaría que municipios de segunda categoría detenten competencias no asignadas, sin limitaciones ni controles orgánico-funcionales de ninguna naturaleza, y con una discrecionalidad absoluta y un total desapego del marco jurídico en la provincia”.

Otro grave error es que el territorio donde se pretende establecer la empresa minera se ubica fuera del ejido municipal, por lo tanto, cualquier documento aprobado por el Honorable Concejo Deliberante con respecto a este tema, como es el caso de la ordenanza 1054/2012, no tendrá valor alguno, ya que éstos sólo ejercen su poder sobre la localidad de Loncopué y no sobre el departamento.

Un dato llamativo, pero no menor, es que la ordenanza llama a votación a los “ciudadanos inscriptos en el padrón electoral del ejido municipal de Loncopué”, presentando aquí una gran contradicción al dejar sin voz ni voto a las personas que no habitan en el casco urbano, entre ellos a los más perjudicados, los habitantes de Campana Mahuida.
Un Gobierno incapaz y con grandes problemas de comunicación, una localidad que no quiere sus aguas contaminadas, pero tampoco dialogar, y una ordenanza poco válida en términos legales son los protagonistas de esta historia que, claramente, no terminó en el poético acto eleccionario del último 3 de junio.

Las 5 del domingo

¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Distintas historias en la voz de sus protagonistas.
Las 5 del Domingo en Vámonos de Casa

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– Asesinaron por defender su territorio a de Miguel Galván, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) e integrante de la comunidad originaria Lule-Vilelas- 14 de octubre del 2012

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-La historia de las ruinas de un Centro Clandestino de Detención oculto en Valentín Alsina- 7 de Octubre del 2012

[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Las-5-del-domingo-Porgrama-26-CCD-oculto-en-V-Alsina.mp3]
– Cuatro estudiantes de colegios secundarios tomados vinieron al programa y nos contaron qué piden. Además, ¿cómo los tratan los medios? ¿Y los funcionarios públicos? ¿Hacia donde apunta la educación pública?- 30 de septiembre del 2012

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[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Las-5-del-domingo-colegios-secundarios-en-Toma-Programa-25.mp3]

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-6 años sin Jorge Julio López. Hablamos con su hijo, Rubén- 23 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Las-5-del-domingo-Jorge-Julio-Lopez.mp3]
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-La extrema posibilidad de desaparición que sufre el Policlínico Bancario- 9 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Programa-22-Las-5-del-domingo-Policlinico-Bancario.mp3]
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