Socios

El avance de la Justicia sobre tres directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad y una reciente investigación de la Procuraduría General sobre los libros contables de Loma Negra empiezan a iluminar otra raíz de la dictadura: la económica.

“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Rodolfo Walsh. Carta abierta a la Junta Militar.

Durante la dictadura se derogaron 27 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, se modificaron otros 99, se estableció la prohibición de la huelga, se intervinieron los sindicatos, se decretó el congelamiento de los salarios y se aplicó la represión a trabajadores como herramienta para contener el descontento social y también para mejorar los márgenes de rentabilidad de las empresas.

Tal es el resumen que redondean dos investigaciones que demuestran que una serie de empresas – mientras otras representaban el derrumbe de la industria nacional- no sólo se vieron beneficiadas por este conjunto de políticas económicas y laborales, sino que además fueron ideólogas y partícipes de desapariciones, torturas y muertes de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales.

El libro “Cuentas pendientes” del jurista Juan Pablo Boholavsky y el periodista Horacio Verbitsky compila una serie de artículos técnicos y otros periodísticos que abordan distintas medidas del gobierno de facto: conceptos jurídicos que intentan cercar estos crímenes como de “lesa humanidad”, y casos puntuales de las empresas más terribles. Otra investigación en esta sintonía fue propulsada por una de las recién creadas Oficinas de Investigación de la Procuraduría General sobre datos contables de la empresa Loma Negra, que relaciona directamente su mejoría económica con la represión a trabajadores y en particular a la muerte de un abogado laboralista.

Para intentar articular estas evidencias, que mantienen causas estancadas en la justicia, se aprobó recientemente un proyecto de ley que crea una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura militar y que establece que se investigue el caso de una empresa durante 180 días. “Quiero saber quiénes fueron los que redactaron las leyes laborales que se llevaron derechos y conquistas. Porque no creo que un almirante, un general y un brigadier hayan estudiado en menos de un mes la reforma de la ley de contrato de trabajo”, explica el diputado Héctor Recalde, creador de la iniciativa, sobre la idea de seguir escalando responsabilidades. Los resultados que arroje la Comisión – que empezaría a funcionar a fin de año- no podrán aplicarse retroactivamente, lo cual representa una seria limitación, pero sí podrá iluminar complicidades persistentes como, por ejemplo, casos de apropiaciones inmobiliarias fraudulentas.

Hasta aquí las investigaciones arrojan una serie de historias y datos que esta nota intenta compilar, y otros que quedarán por llenarse a medida que las causas, y las discusiones, avancen.

El caso Ford

En la planta que la empresa mantiene en General Pacheco, durante la dictadura operaba un cuartel militar en la zona del quincho de deportes. Según la declaración de distintos trabajadores cumplían funciones allí más de 100 militares, no precisamente fabricando autopartes.

La militarización de la empresa no sólo era el modo de amedrentar a los trabajadores, sino una forma efectiva de detenerlos en el predio e interrogar a los miembros de una comisión interna combativa que estaba plantada contra la empresa y también contra el gremio cómplice SMATA.

El 20 de mayo del 2013 fueron procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos el presidente de Ford, Nicolás Enrique Courard – hoy fallecido-, el gerente general de la planta Pedro Muller, el gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el jefe de seguridad de la planta, Héctor Francisco Sibilla. El 8 de julio próximo comenzará el juicio oral que investiga a los tres directivos por facilitar datos y listas de trabajadores a la inteligencia militar.

Sibilla fue contratado para encargarse de vigilar la empresa siendo miembro de las fuerzas armadas. Esta doble agencia le permitía, por ejemplo, según consta en la causa iniciada en 2002 por los trabajadores, estar presente en los interrogatorios a los delegados secuestrados. Fue de hecho ascendido en julio del 78 al rango de Teniente Coronel, luego de los secuestros a, al menos, 24 obreros. Y tras su paso por la empresa, relata el libro Cuentas pendientes, fue contratado por la embajada de Estados Unidos como personal de seguridad.

La Fundación Ford creó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), de donde salieron funcionarios del Proceso, y los secuestros en camionetas F100 o en los míticos Ford Falcon son otras de las imágenes que acreditan el vínculo encarnado de los militares con la empresa.

Mercedes Benz

En octubre de 1975 una movilización de obreros de Mercedes Benz se reunió para rechazar a los representantes del gremio SMATA. Más de 4 mil trabajadores participaron en una asamblea en la que se eligieron nuevos delegados, que el gremio no reconoció y que la empresa usó para despedir a más de cien obreros.

En esas semanas, el jefe de producción de la planta Heinrich Metz fue secuestrado por Montoneros. La empresa cedió a la reincorporación de los despedidos y pagó un rescate por Metz. La revancha patronal vendría con el golpe.

De 16 trabajadores secuestrados entre el 76 y el 79, sólo tres reaparecieron. Fueron Juan Martín, detenido en abril del 76 en la fábrica, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo; Héctor Aníbal Ratto, detenido en agosto del 77 también en la fábrica, en cautiverio y bajo tortura en la comisaría de Ramos Mejía y luego en Campo de Mayo hasta marzo del 79; y Alfredo Martín, detenido en el 76, torturado en la comisaría de San Justo por el represor Rubén Lavallen y liberado horas después.

El caso de Lavallen, quien estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo, ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas: fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de seguridad de la planta de González Catán. Si bien los casos de los obreros secuestrados no fueron esclarecidos, y recién el 22 de abril del 2013 la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó tratar una compensación económica por las violaciones, Lavallen fue condenado a cuatro años de prisión por la falsificación del acta de nacimiento de Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.

Mercedes Benz estuvo entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país. Tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba los camiones Unimog, y en forma de gentileza, de acuerdo con información proporcionada por la empresa, la compañía donó en esos años equipamiento de obstetricia para ser utilizado en Campo de Mayo, donde se realizaban los partos clandestinos de las mujeres desaparecidas.

Ledesma

El caso Ledesma es el más claro en la comunión del poder económico y el poder político, y de la forma en que funcionaron éstos en un contexto de terrorismo de Estado a escala pueblerina.

El mismo día del golpe fueron secuestrados cuatro dirigentes de sindicatos obreros y empleados del ingenio.

La seccional de Gendarmería de Libertador General San Martín fue ubicada en el 76 dentro de la estructura edilicia del ingenio a través de un decreto. Creada para controlar la zona de seguridad de frontera, se utilizó en la práctica para el control y represión de actividades sindicales. “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones (…) habrían tenido por razón no sólo la preservación de una determinada ideología, sino que la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, reza en la causa que investiga la desaparición de veintiséis personas entre el 20 y el 27 de julio del 76.

Estos secuestros se produjeron durante las llamadas “noches del apagón”, en las que el servicio energético de tres localidades vecinas a Libertador General San Martín se vio suspendido, lo cual facilitó el secuestro incluso con camionetas de la empresa Ledesma.

El principal accionista de la azucarera, Carlos Pedro Blaquier, y el administrador Alberto Lemos están procesados como cómplices en primer y segundo grado, respectivamente, de la privación ilegal de libertad de 29 personas.

Acindar y Techint

El libro Cuentas pendientes se ocupa de Acindar y Techint conjuntamente, planteando que las metalúrgicas no sólo fueron socios menores que aprovecharon la dictadura para imponer salarios en baja, despidos y jornadas de trabajo de duración irrisoria, sino que además compitieron contra otros sectores empresarios a los que hicieron desaparecer del mercado: “Los obligaron a vender sus fábricas y a ceder contratos de exportación, más de una vez en la mesa de tortura de un campo de concentración”.

La represión a los obreros de Acindar comenzó mucho antes del golpe, cuando en la presidencia del directorio estaba José Alfredo Martínez de Hoz, hasta que lideró el Ministerio de Economía de la dictadura.

En el 75, a la vanguardia de la represión, Acindar instaló dentro del predio de la planta de Villa Constitución un destacamento de la Policía Federal. Tras el golpe, la seccional funcionó directamente como un centro clandestino de detención. Ese mismo año una huelga terminó con el despido de más de mil trabajadores.

La zona de Zárate-Campana fue uno de los epicentros de represión por la cantidad de empresas que tenían sus plantas allí. Entre el 20 de marzo del 75 y el golpe, fueron detenidos alrededor de trescientos trabajadores metalúrgicos de esas localidades y se estima que de los 150 desaparecidos de la zona un tercio era trabajador metalúrgico.

Allí también tiene al día de hoy su planta principal Techint, además del hotel de la empresa que supo albergar en los primeros tiempos de la dictadura a la plana mayor del Área de Seguridad 400. Según el libro, decenas de operarios y algunos supervisores fueron alcanzados por el terrorismo de Estado. Un suceso trascendente fue la llamada “noche de los tubos”, cuando cuatro trabajadores de la firma fueron secuestrados en septiembre del 76.

Acindar y Techint crecieron esos años gracias a subsidios y créditos que les permitieron instalar sus propias acerías eléctricas, y luego consolidarse con el menemismo. Durante los 90 Techint se quedaron con SOMISA, una de las principales siderúrgicas de la Argentina que fue privatizada en el 92, y forma un duopolio con Acindar.

Loma negra S.A.

El abogado laboralista Carlos Alberto Moreno fue torturado y asesinado en 1977 y por su crimen fueron condenados a prisión perpetua dos coroneles. De una serie de resoluciones que derivaron de la causa que investigó su muerte, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero accedió a la documentación contable de Loma Negra que arroja datos contundentes sobre cómo la represión se tradujo en rentabilidad empresarial.

El balance de la semana del 31 de marzo de 1976 Loma Negra tuvo pérdidas. Al año siguiente la situación ya se revertiría a través de la fórmula de disminuir “costos laborales”: sueldos y jornadas de los trabajadores. Si el “costo laboral” representaba un 21 por ciento de los costos totales, un año después cayeron 14 por ciento. Sumado a que la empresa mejoró su rentabilidad, la participación de los trabajadores en los ingresos de Loma Negra se redujo un 53% durante la dictadura. Más números del informe: “Los asalariados perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI, en circunstancias en que este último permaneció constante”.

La reforma de facto de la ley de contrato de trabajo, en general, y la muerte del abogado Moreno, mensaje hacia adentro de Loma Negra, fueron herramientas que allanaron el camino del ajuste del costo laboral. Otro ejemplo que revela el informe es la evolución de la cuenta contable en la que constan una serie de importes que Loma Negra preveía que debería pagar en el futuro en concepto de indemnizaciones que habilitaba la idea de un “pasivo contingente, que puede o no llegar a suceder”. En 1975 esa cifra trepaba a los 15 millones de pesos, y se redujo hasta menos de 3 millones en las cuentas que cierran el 31 de marzo de 1978, muerte del abogado mediante.

La presión fiscal durante ese período también se redujo notablemente, a pesar que la empresa, se dijo, mejoró sus ingresos: de un 8% los impuestos pasaron a representar sólo un 3%.

La caída de los ingresos de los trabajadores, la represión de sus reclamos y la muerte de Moreno permitieron el incremento de la ganancia empresaria de Loma Negra S.A. que pasó del saldo negativo del 31 de marzo de 1976 a uno positivo que superó los 150 millones de pesos a la misma fecha de 1981.

Ahora la investigación de la oficina de la Procuraduría pretende avanzar sobre el directorio que presidía la multimillonaria Amalia Fortabat.

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Fuentes
  • Juan Pablo Bohoslavsky, HoracioVerbitsky.Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. Siglo XXI editores.
  • Victoria Basualdo. Artículo “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”.
  • HIJOS Capital: http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=426:un-mercedes-benz-con-problemas-en-la-justicia&catid=34:titulares&Itemid=397
  • Página 12, domingo 25 de mayo de 2014.

“Hay mucha información que tienen solo ellos”

La visibilización de delitos y desapariciones con vínculos económicos de la última dictadura ha comenzado. El caso Ledesma-Blaquier está en movimiento, pero no es el único, muchos esperan la atención judicial y mediática. NosDigital se juntó a hablar sobre la causa Mercedes Benz con el abogado especializado en Derechos Humanos Rodolfo Yanzón para entender la situación específica de la causa y las circunstancias actuales que la enmarcan.

-¿Cuál es tu relación con la causa Mercedes Benz?

Fotos: NosDigital
-Llegué a la causa Mercedes Benz en 1999, a partir de mi trabajo como abogado de los familiares de víctimas de origen alemán. Uno de los materiales que abordamos fue la investigación que realizó Gaby Weber, una periodista alemana que trabajó desde el inicio en el caso, para presentar la denuncia en los tribunales alemanes. También fue a partir del trabajo que encararon abogados alemanes que presentaron formalmente la denuncia ante el tribunal y la fiscalía de Nuremberg. Eso trajo aparejado la solidaridad de muchas los familiares de las víctimas.

-¿Por qué se daba esta doble situación en Alemania, por un lado una política de defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo tenían una empresa violatoria?

-La causa Mercedes Benz a nosotros nos generó mucho conflicto en Alemania, porque los sindicatos estaban a favor de que motorizáramos e impulsáramos el proceso contra la empresa, pero otras organizaciones, que defendían los derechos humanos en Argentina, empezaron a mirar con malos ojos la situación: “Esto nos parece demasiado clasista”. Ponían sus reparos, seguramente, porque todas ellas, sumadas a otras organizaciones religiosas, recibirían algún tipo de subsidio o aporte dinerario de parte de Mercedes, entonces no se iban a tirar contra quien los esponsoreaba. Las denuncias, de cualquier manera, fueron interesantes porque generaron un debate en un pequeño sector de la sociedad alemana, fundamentalmente en torno a los gremios y al sector empresarial, y concretamente en la ciudad de Stuttgart, donde tiene la sede central Mercedes Benz.

-¿Ya está instaurado completamente el concepto de dictadura cívico-militar en todos los ámbitos necesarios?

-Se está trabajando para asentar ese término, lo que pasa es que se trata de procesos penales donde la prueba es fundamental para delinear las culpas de los involucrados. Lo importante es que hay fiscales decididos a profundizar la relación entre los delitos de lesa humanidad con los delitos económicos. Los casos de Papel Prensa y de Clarín fueron los primeros, pero en estos momentos salió en los diarios una decisión ligada a la participación de civiles en el proceso dictatorial, concretamente Carlos Pedro Blaquier, procesado por su participación primaria en los crímenes cometidos en esa época contra trabajadores azucareros que trabajaban para el ingenio Ledesma. Me parece que esto abre una puerta, más allá de otras discusiones que se están dando, hay una unidad de investigación en la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuración General de la Nación está haciendo lo suyo. Desde luego que en distintos procesos se está avanzando en cuanto a lo que fue la complicidad civil, tanto en empresas como en bancos, también en todo lo que tuvo que ver con el desapoderamiento de bienes por parte de las fuerzas militares.

-¿Qué tiene el caso Blaquier que lo hace tan visible ahora?

-Se visibilizó el caso de Blaquier porque hubo una decision de que así fuera, con una voluntad de un juez y desde luego de las querellas. Concretamente se lo acusa de haber prestado colaboración con sus camionetas de la empresa para secuestrar a la gente. En el noroeste esto ha dado un debate importante, porque se trata de una empresa que tiene mucha presencia todavía, presencia que ya tenía desde mucho antes del golpe inclusive. Las tareas de inteligencia contra los trabajadores y hasta la propia represión interna existieron desde mucho antes de los ´70. Hoy le tocó el turno a Blaquier, pero esperemos que no sea el único. La gran mayoría de las grandes empresas, por no decir su totalidad, tuvieron delegados gremiales perseguidos, secuestrados, desaparecidos, torturados, no son una excepción ni Ledesma ni Mercedes Benz. Fueron directamente a disciplinar a sus trabajadores y para eso necesitaron llevarse a los más activos. Hay mucha información que solo tienen ellos y no me cabe duda de que nunca la van a entregar, espero equivocarme.

Más información de la causa Mercedes Benz: Mercedes Benz sabe desaparecer

Mercedes Benz sabe desaparecer

“Hubo una asamblea sindical en la que participaban todos los gremios que había en Mercedes Benz, ahí se iba a tratar un conflicto por las vacaciones y por la reincorporación de unos empleados, luego de una huelga de más de veinte días. Todos los delegados accedieron al petitorio de la patronal, menos mi papá y otros compañeros que eran independientes al gremio mayoritario (SMATA). Esa misma noche, la madrugada del 5 de enero de 1977, se lo llevaron.” Malena es hija de Esteban Reimer, militante de la Juventud Peronista y delegado de la fábrica automotriz alemana, donde fue secuestrado por no querer tranzar con la empresa. Este caso se repitió con 17 nombres, 17 secuestros impulsados desde Mercedes Benz durante la dictadura. Solo tres aparecieron y fueron los que contaron bien qué pasó.

El año pasado se cumplieron sesenta años desde que Mercedes Benz pisó suelo argentino, donde desde principio se erigió como una de las empresas automotrices cuyas ganancias más iban a contribuir al crecimiento del modelo económico actual. Hubo un acto encabezado por Cristina Kirchner, hubo festejos y agradecimientos a unos cuantos empresarios alemanes que se sentaron detrás del atril presidencial para escuchar, atentos, una enumeración larga de apellidos difíciles de pronunciar, balances, ganancias, etc. Curioso y chocante si volamos por un rato a los años setenta. Allí, yace inmóvil una lista de catorce nombres que todavía esperan justicia. Todos ellos fueron empleados de la firma alemana y por encarar una lucha por derechos laborales o por elegir no ser cómplices de la impunidad empresarial fueron secuestrados y desaparecidos. Una causa que es una deuda aún pendiente, que no se resuelve. Lo que nos queda son tres testigos sobrevivientes de una dictadura cívico, militar, pero sobretodo, económica; cuarenta años; y una reverencia inentendible.

Esta es una historia de buchones y de políticas claras para eliminar todo grito de protesta laboral. Querían disolver los gremios a toda costa. ¿Por qué? Esta empresa, como también Ledesma, Ford, Acindar, Astarsa, entre tantas, se benefició con el nuevo sistema económico que venía bajo el ala de las fuerzas armadas: un creciente poder sobre los trabajadores les abría terreno a una mayor explotación, con menores costos y muchos beneficios, ya que le transferían al Estado sus deudas privadas. Mercedes Benz, dueña de una inmensa facturación y además uno de los centros industriales más importantes del país, tenía como principal cliente al Ejército en la venta de camiones. Además, desde la firma donaban equipamiento obstétrico para el Hospital Militar de Campo de Mayo, que se utilizó en muchos partos clandestinos de mujeres desaparecidas.

En octubre de 1975, los obreros de Mercedes Benz se organizaron y movilizaron en rechazo a los representantes que había elegido a dedo el por entonces SMATA, sindicato de trabajadores del gremio mecánico y automotor a nivel nacional. Estas personas designadas no defendían los intereses de los empleados, sino que negociaban constantemente con los directivos de la empresa. Decididos, los cuatro mil empleados de la planta de González Catán lograron componer una asamblea de gran concurrencia en donde eligieron una nueva comisión interna compuesta por nueve representantes, “el grupo de los nueve”. SMATA catalogó de inválida a la nueva comisión, y la empresa despidió a 115 obreros, entre quienes estaban casualmente las 17 víctimas que después iban a sufrir el secuestro.

El 24 de octubre del 75, en medio de una huelga que duró veinte días, Montoneros secuestró al Jefe de Producción de la planta, Heinrich Metz. El pedido era claro: reincorporar a todos los empleados que habían sido apartados de sus puestos. El pedido fue concedido y desde Montoneros exigieron un pago por el rescate. Quedará a partir de esto en evidencia una de las prácticas fraudulentas de filial nacional de la empresa, ya que declaron a la matriz en Alemania que el pedido fue de siete millones de dólares, mientras que la organización de finanzas guerrillera aún sostiene que fueron dos.

                El revuelo volvió a la fábrica entre fines del 75 y principios del 76. El Ministro de Trabajo de ese momento, Carlos Ruckauf, promovió un decreto que estimulaba el “aniquilamiento de la subversión en los centros industriales”, es decir, establecía a la lucha obrera como un proceso de “guerrilla industrial”. SMATA aceptó esta política y firmó el convenio, que entró en vigencia en Mercedes Benz a partir del 21 de julio del 75. Este acuerdo derivaba el 1% del precio de venta de cada vehículo a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este dinero lo administraba la misma dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que aquella entidad, supuestamente representativa de los trabajadores, pero que en realidad había sido siempre cuestionada, garantizara una represión efectiva. Apenas irrumpió el golpe militar en 1976, comenzaron los secuestros de trabajadores y activistas.

El acusado de entregar ala Policíalas listas con las direcciones de las víctimas es Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente general de Mercedes Benz. Además, presenta una causa en trámite por la sospecha de apropiación de un varón cuya partida de nacimiento afirma que nació el 19 de agosto de 1974 (su hermano también está sospechado de haber apropiado ilegalmente a otros dos chicos). La participación de la empresa en la represión se documentó a través de los testimonios de los tres sobrevivientes. El mismo Tasselkraut fue bien crudo en una de sus respuestas en un Juicio porla Verdaden los tribunales deLa Platacuando le preguntaron si había alguna relación entre la disminución de los conflictos en la fábrica, la desaparición de obreros militantes y la productividad: “Y… milagros no hay” contestó en crudo.

Actualmente, la causa se encuentra en plena etapa de instrucción. Como pasa con la mayoría de los juicios penales de lesa humanidad, la etapa de recolección de pruebas y testimonios lleva mucho tiempo, hasta después recién elevarse a juicio, donde las partes acusadoras, querella y fiscalía debe enfrentarse a la defensa de los acusados.