Premio al retrógrado: 100 palos para Abel Albino

Abel Albino es uno de los fieles ejemplares de la injerencia de grupos católicos en las políticas de Estado. Para atajar los efectos de las políticas de ajuste como la pobreza y la desnutrición infantil, el gobierno firmó un convenio con la fundación CONIN, del controvertido doctor. Su metodología se basa en una visión misógina de la mujer y retrógrada del sexo. Su afiliación al Opus Dei, la relación con la Iglesia, la “coninización” de Salta y el nuevo contrato con el ministerio de Desarrollo social que le da 100 millones y más poder.

Macri se comprometió y cumplió.

La reunión sucedió en la casa de Lilita Carrió y tuvo como protagonistas al entonces candidato Mauricio Macri y al doctor Abel Albino, presidente de Fundación CONIN.

El compromiso que sellaron los dos viejos conocidos – en 2012 Albino había firmado un convenio con el Gobierno de la Ciudad con Macri al frente – fue el de “hacer del trabajo de Conin una política de Estado”.

Primero, sonó para Ministro de Salud. Pero enseguida las redes se inundaron de las frases más retrógradas que colecciona el pediatra, manifestando su repudio a Albino y a Macri, que dio marcha atrás.

Entonces, en vez de un cargo, le dieron millones.

A menos de un año de aquella reunión, ya con Macri en la Casa Rosada, Albino recibió 100 millones de pesos de la mano directa del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El convenio, que lleva la firma de la abogada Carolina Stanley, se firmó a fines de abril y contempla la apertura de 30 nuevos centros de atención a la primera infancia y el fortalecimiento de otros ya existentes.

La metodología de trabajo y la capacitación de los profesionales actuantes quedará a cargo exclusivo de la ONG, sin intervención del Estado. Miles de niños en manos del doc.

Abel Albino es un médico pediatra miembro del Opus Dei desde hace 36 años. Conocido por ser la cabeza visible de la Cooperadora Contra la Desnutrición Infantil (CONIN), saltó a la fama en los 90 radicando distintos centros para tratar la malnutrición en niños y jóvenes. Logró así, junto a su pelo blanquecino, sus anteojos transparentes y su eventual ambo de médico, una imagen impoluta y una simpatía de tío. Los políticos siempre se quisieron sacar la foto con él: un compromiso contra la desnutrición.

Su coqueteo con la política se hizo libro en el 2010: Albino editó “Gobernar es poblar, criterios antropológicos y éticos para una correcta educación sexual” (https://isfdnsfatima.files.wordpress.com/2012/03/albino-gobernar-es-poblar.pdf); un título que remonta a las ideas de Alberdi (con poca actualización de cambio de siglo), pero ahonda en la cuestión sexual: en su libro, Albino propone instruir causas penales para los médicos que realizan ligadura de trompas a las mujeres y plantea que “la mujer debe esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral”. Y agrega, en otro tramo, que “en los sectores marginados, muy frecuentemente, el ejercicio de la sexualidad se desarrolla de modo promiscuo y animal”.

Pero estos dichos no son solo parte de un pensamiento de bar. Su metodología para atacar la desnutrición – tarea para la que fue contratado por el Estado- lleva a la práctica esas teorías. Una de las variantes para evitar la desnutrición en niños hace foco en es combatir la promiscuidad, atacar la pornografía, el autoerotismo, la anticoncepción, la infidelidad y el concubinato.

Según explican en su web, el método de CONIN (http://www.conin.org.ar/contenidos/conoce-conin/metodologia-conin/) pone el eje del abordaje de la desnutrición en la madre “como principal agente sanitario base de todas las intervenciones que se desarrollan para la recuperación del niño, y es a través de ella que se busca la integración de la familia y de la comunidad”. El padre brilla por su ausencia, en un claro cruce entre neoliberalismo y machismo.

La conexión se sella en esta frase: “La desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que el acto sexual (…) se lo suele llevar a cabo compulsivamente, bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón”.

Párrafo aparte, Albino llegó a manifestar que “la homosexualidad es un problema”, que “la masturbación es una adicción y genera angustia”, que “el sexo es una maravilla que tenemos para contribuir a la obra de Dios, no para divertirse”. Se expresó, asimismo, en contra del uso de preservativos, afirmando que “no sirve para prevenir el sida”.

Por todas estas cuestiones fue distinguido con el cargo de Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica en noviembre de 2015.

Del 2012 para acá, la fundación de Albino mantuvo contratos con el Estado prácticamente todos los años.

El pionero fue, precisamente, Mauricio Macri, durante su mandato como jefe de gobierno en 2012: La Fundación CONIN firmó en 2012 un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poner en marcha en todos los Centros de Primera Infancia (CPI) de la Ciudad de Buenos Aires “los programas que impulsa CONIN para erradicar la desnutrición infantil”.

En enero de 2013, la Fundación CONIN firmó un convenio con el Gobierno de Mendoza.

En mayo de 2013, con el Gobierno de Salta, un convenio marco que le entregó toda la estructura de comedores y centros comunitarios a la fundación del médico conservador.

En mayo de 2015, la Fundación CONIN firmó con el Gobierno de Misiones un convenio que establece la aplicación de la Metodología CONIN en los Hogares de Día de Posadas e Iguazú.

Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación del año 2013, cada 10 horas una persona muere por malnutrición en la Argentina, aunque sólo el 80% tiene menos de 19 años. Las cifras oficiales de desnutrición infantil son motivo de polémica, pero se sabe que Salta es una de las provincias más comprometidas: sólo entre 2014 y 2015 se registraron siete niños muertos por déficit nutricional, y los cañones mediáticos apuntaron a Urtubey.

En noviembre de 2015, como respuesta, el gobierno de la Provincia de Salta volvió a aprobar un convenio marco de cooperación junto al obispado de Orán y la fundación CONIN para la construcción y puesta en funcionamiento de prevención de un centro contra la desnutrición. Según figura en el Boletín Oficial, CONIN embolsó 5 millones de pesos (http://www.boletinoficialsalta.gob.ar/VersionPDF.php?codigo=3532/15&bol=19652&tab=D&fecha=//).

El 29 de marzo de este año, Salta terminó de “coninizar” la provincia, según caracterizaron los medios locales. Un nuevo Centro CONIN fue inaugurado por el gobernador Urtubey junto a Albino, el séptimo en toda la provincia, denunciada en varias ocasiones por sus lazos directos entre la Iglesia y el Estado, que debe ser laico por Constitución.

La última acción a beneficio de CONIN fue el 7 de junio en San Rafael, Mendoza. Allí, un sábado soleado, se llevó a cabo una colecta de pañales organizada por “Mujeres Cambiemos” (UCR-Pro) a “total beneficio de ANIM CONIN”.

Como Buenos Aires y Salta, en la actividad se recordó que San Rafael “tiene incorporada la metodología diseñada por el Dr. Albino”.

Ahora, con el convenio con Nación, el machista, racista, homofóbico, misógino Abel Albino puebla y gobierna todo el país.

Los indeseados

Cientos de trabajadores callejeros de la Ciudad están siendo desplazados y criminalizados. Entre ellos, la comunidad senegalesa denuncia el atropello de la Metropolitana y pregunta: “Si nos sacan de la calle, ¿dónde vamos a ir?”

En el angosto pasillo de entrada del conventillo ubicado en Sarmiento 2835, a tan sólo cuatro cuadras de la Plaza Miserere de Once, todavía quedan recuerdos del brutal allanamiento de la Policía Metropolitana, pese a que ocurrió hace un mes. Vidrios rotos, una puerta forzada y un cartel rojo con letras blancas con la palabra “clausurado” le dan la bienvenida al hogar que todavía comparten Nar, Thierno y Macoeou, tres senegaleses que llegaron al país hace más de cinco años con la ilusión de mejorar su calidad de vida y dejarle un mejor pasar económico a sus familias, que aún los esperan en África. En la madrugada del 28 de enero, en vez de tener la esperanza de progresar, temieron por sus vidas y por sus sueños: oficiales de la fuerza que responde a Maurico Macri ingresaron a su hogar y, a punta de pistola, los obligaron a firmar documentos que no entendían porque no hablan español.

senegalDesde hace más de un año, el PRO intenta desalojar constantemente a los manteros y puesteros de la Ciudad y sobre todo a los que ocupan la Avenida Pueyrredon en el barrio porteño de Once. Entre los perjudicados están los más de 3.500 senegaleses que, en su gran mayoría, trabajan de la venta callejera de relojes, bijouterie, billeteras, cinturones y anteojos de sol. Casi todos no hablan español y se comunican en wolof, una de las lenguas oficiales de Senegal. Otros, en francés o en inglés; unos pocos manejan el castellano a la perfección. En este último grupo está Abdoulay Gothe, representante de la comunidad africana en Buenos Aires, quien vive y trabaja en Córdoba, pero continúa en Buenos Aires a la espera de alguna respuesta por lo que están padeciendo sus compatriotas. Él, mientras mostraba parte por parte los lugares del conventillo, recibía los saludos de todos sus compañeros que llegaban hasta la puerta y le preguntaban cuál iba a ser el próximo paso a seguir. “Nos tratan como si fuéramos delincuentes y sólo somos gente trabajadora. Nos discriminan por ser inmigrantes, por ser negros. Yo me pregunto: ¿de dónde venían los primeros inmigrantes que llegaron a la Ciudad? Extranjeros somos y seremos todos”, se lamenta el hombre que, en el marco de uno de los reclamos, le planteó en la cara a Macri todas las problemáticas y no recibió ni siquiera una palabra de devolución por parte del Jefe de Gobierno; ni siquiera se animó a mirarlo a los ojos.

Además de ingresar a la fuerza con una orden judicial firmada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, que está comandado por Graciela Dalmas, los efectivos policiales se llevaron parte de la mercancía que tenía la pequeña habitación del conventillo. Ingresaron, a las 5 de la mañana, encapuchados, armados y con una pequeña cámara de video que filmó todo el operativo. Todo, salvo cuando los obligaron – a punta de pistola – a firmar el documento que corroboraba que no había existido ninguna disconformidad en el allanamiento, según contaron los propios protagonistas que vieron cómo corrían la filmadora para que no tomara la imagen que los apuntaba para que firmaran. Nar dormía en un colchón del dormitorio y Thierno en el entrepiso en  el momento del ingreso de los oficiales que los apuntaron, mientras que Macoeou se estaba bañando. A él ni siquiera lo dejaron terminar de ducharse ni cambiarse: rompieron vidrios del baño y en toda la inspección se mantuvo desnudo.

“Es una injusticia más allá del color de piel que tengamos. Yo por cualquiera de ellos daría mi propia vida, pero lo que no entiendo es cómo la gente en este país ha votado a un Gobierno que hace este tipo de cosas y por qué no reaccionan para defendernos”, se pregunta, con indignación, Abdoulay. Lo cierto es que ellos mismos sienten la discriminación en las marchas que realizan y en los propios medios de comunicación, que o los vuelven invisibles o los responsabilizan. “Hace poco otro grupo de gente que protestaba por diferentes razones a las nuestras quemó un patrullero y el diario Clarín, el mismo que festeja que nos quieran desalojar, nos culpó cuando no tuvimos nada que ver”, agrega.

A los tres, la policía les robó – porque en el acta no figuran como incautados – dinero y los teléfonos celulares en los que guardaban, entre otras cosas, las fotos familiares y recuerdos de su Senegal natal. Mustafá, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, fue quien los acompañó desde el primer momento para denunciar estos hechos. Él es otro de los que habla español a la perfección y se contactó con organismos de Derechos Humanos del país para denunciar los hechos violentos que sufrieron. “Es una vergüenza que nos hagan esto. Los humillaron y los hicieron temer por sus vidas con un nivel muy grande de agresión. Por suerte muchas entidades ya nos dieron su apoyo en esta lucha constante”, dice y agrega que tanto el CELS como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad les brindaron solidaridad y quedaron a su disposición.

En la oscuridad del diminuto espacio que separa al pasillo de la habitación del conventillo, todavía quedan marcas del ingreso de la Policía. Puertas rajadas, bolsos abiertos, ropa tirada, mantas por todo el dormitorio y un fuerte olor a humedad encierran el pequeño espacio en el que viven tres personas que todavía no pueden creer lo que les tocó vivir en el país en el que soñaban tener un futuro mejor.  Ellos son sólo un pequeño grupo dentro del macro objetivo macrista de desalojar a todos los puesteros callejeros. Ellos prácticamente no hablan español, pero entienden a la perfección la ideología y la mecánica de la Metropolitana. Ellos, que intentan trabajar de algún otro oficio y no reciben ofertas por la discriminación que sufren día a día por su color de piel, se levantan a las siete de la mañana para ganar el dinero que necesitan para pagar sus alquileres y mandar dinero a su país, pero el Gobierno de la Ciudad intenta desalojarlos e impedirles trabajar. “Si nos sacan de nuestros trabajos: ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas en el país? Lo único seguro es que si nos dejan sin trabajo se les vendrá un problema muy grande”, asegura Abdoulay.

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La vida privada

Por el predio Martina Céspedes, en San Telmo, pasan los alumnos de siete escuelas para hacer deporte y esparcimiento cultural. El Pro hizo un proyecto de ley para transformarlo en un emprendimiento privado como un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El 5 de mayo más de 300 personas se plantaron para decirle que no. Ya llevan más de 50 marchas y el próximo jueves 29 harán un nuevo festival. Aun dan pelea porque desconfían del macrismo. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley y que no les va a importar nada de lo firmado”, dicen desde la Comisión que se creó para la defensa del poli.

Fotos: NosDigital
Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación
Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas.
la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”.

Entre artilugios legales poco claros e intereses privados, los vecinos de San Telmo vieron escapar el espacio público por excelencia del barrio: el Predio Martina Céspedes, donde realizan actividad física y cultural más de 2000 pibes por semana. Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación. Pero todavía todavía andan con medio y es, precisamente, por los mismos motivos por los que comenzaron a descreer hace casi un año.

El barrio más antiguo de la Capital vive desvelado ante la posibilidad de perder el espacio de recreación, deporte y expresión cultural que utilizan los chicos de la zona. Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas. Allí también se desempeña el Club de Jóvenes (que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad) y la Juegoteca Comunitaria Infantil N° 15 a la que asisten pibes de entre 6 y 12 años para cumplir uno de sus derechos fundamentales: jugar.

Todo eso podría pasar a manos privadas si toma sentido de ley un proyecto presentado –aprobado sin discusión y en medio de la madrugada- por el entonces jefe de la bancada del PRO, y actual vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo.

La historia comenzó el 7 de diciembre del año pasado. Hasta ahí, al igual que en los 2010 años anteriores, era simplemente un día más en el calendario y no un número asociado a una letra. A espaldas de la lógica y a contramano del día, junto a una decena de leyes que se votaron sin debate en medio de las maratónicas jornadas legislativas de fin de año, y en bloque, obtuvo aprobación inicial (55 votos positivos, uno negativo y cuatro abstenciones) el proyecto que autorizaba al Poder Ejecutivo a llamar a licitación para “el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión” de los terrenos ubicados bajo la AU1 y las áreas linderas.

Sin letra chica, sin ruborizarse y mucho menos arrepentirse, el proyecto anunciaba quienes serían los depositarios de ese terreno y homologaba la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El consorcio Servente-Lanusse-Criba-Crivelli, el mismo que explota la estación de servicio bajo la Autopista Illia, en Retiro, se haría cargo de la concesión por un período de 20 años.

Al ser un espacio público el que estaba a punto de pasar a manos privadas, se necesitaba una segunda lectura en audiencia pública. Pero como le anticipaba Ritondo al sitio www.iProfesional.com por ese entonces: “No nos preocupa, estaremos realizando los primeros movimientos a mediados del año que viene –en referencia a éste-”.

Estaba todo digitado. Pero lo impensable saltó a la acción y gracias a la movilización (y organización) de los vecinos, el Predio Martina Céspedes todavía pertenece al barrio y abre las puertas cada mañana de lunes a sábado. El 5 de mayo, más de 300 personas asistieron a la audiencia pública para avisarle a los legisladores que su postura era firme y que tenían la voluntad irrenunciable de defender el Polideportivo. “Fue un 25 de mayo. La patriada”, nos cuenta Claudia Moyano, integrante de la Cooperadora del Comercial 4 y Presidente de la Comisión por la Defensa del Poli que se creó para tal fin después de la media sanción de la ley. Se abre al diálogo y cuenta: “Sin ser ‘aparateados’, término que utilizan ellos, sin que nos dijeran nada, la gente, los vecinos, nos fuimos reuniendo. Nosotros representamos comunidad educativa, pero el resto se autoconvocó y pudimos frenar el avasallamiento de nuestro derecho que, en última instancia, es el derecho a la propiedad que nos otorga la Constitución Nacional (NdeR: Artículos 14 y 17)”.

A raíz de ese reclamo masivo, al que le procedieron y sucedieron más de 50 marchas (entre festivales, encuentros, abrazos al predio y movilizaciones hasta la legislatura) los legisladores debieron agachar la cabeza y pedir perdón. Aunque, con la sapiencia que les dio la experiencia, desde la Comisión que preside Claudia redactaron un acta de compromiso para que la voluntad quede estampada sobre papel y consiguieron la firma de 29 legisladores. “Hemos recorrido distintas instancias. Ahora tenemos una declaración por escrito en la que el arco opositor se manifiesta en contra de la utilización del predio para la explotación privada. Firmó todo el bloque de Proyecto Sur, de la Coalición Cívica, de la UCR, del MST y del FPV. Hasta las bancadas del PRO nos apoyaron, pero por cuestiones políticas no quisieron firmar”, dice como quien tiene todas a su favor pero una marcada incertidumbre. No es para menos.

“Si bien tenemos un amplio apoyo para que esto no vuelva a suceder, en lo personal, hasta que no me digan ‘esto se terminó’ no voy a dejar de estar al pie del cañón”, confiesa. Una fuente de Creactivar, la asociación civil sin fines de lucro que maneja la juegoteca (la primera del país), da cuenta de que esos miedos son fundados. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley con un mínimo de reformas y que no les va a importar nada de lo firmado”, remarca.

Rocío Sánchez Andía, legisladora por la Coalición Cívica y una de las cuatro personas que se abstuvo de votar en diciembre, reconoce que la desconfianza tiene fundamentos. “Hoy en la Legislatura hay un pacto entre las tres bancadas del Kirchnerismo en el interbloque con el PRO por algunos negocios en particular. Los vecinos están comprometidos y tienen un conocimiento profundo de cómo se mueve la legislatura. Por eso, pidieron las firmas de los legisladores y obtuvieron casi 30 adhesiones. Sin embargo, justamente por saber cómo se mueven los intereses en el recinto, tienen miedo. Yo también lo tengo”, relata.

Del otro lado, el silencio es premeditado y ni siquiera se altera cuando se denuncian presiones y amenazas. “En la misma audiencia pública nos hicieron saber que no nos saldríamos con la nuestra. Hemos recibido llamadas de todo tipo y hasta ‘advertencias’ de tipo presencial. Entendemos que estamos en el medio de los intereses personales y económicos que priman sobre la educación y los derechos”, acusa la presidente de la Comisión de defensa al predio.
Para obtener respuestas a las preguntas sobre las intenciones, los proyectos y el futuro que trazan los promotores de la expropiación es imprescindible acudir al archivo. Eduardo Servente, el empresario que presentó el proyecto y que se quedaría con el territorio citado, se pronunció en la audiencia pública y, después de describir a la zona de influencia como “la boca del lobo”, expresó: “Se trata de un proyecto urbanístico en el bajo autopista para curar una herida que produjo el paso de la misma. Hoy el desarrollo urbanístico y social ha quedado cortado por la autopista. El aspecto turístico del proyecto trata de unir ambas zonas para que la circulación sea posible”.

Por su parte, el mismo día, Luis Grossman, director general de la Dirección del Casco Histórico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, apoyó la cesión de las tierras y manifestó: “Las autopistas urbanas producen heridas que nunca se terminan de cerrar. Pasaron 40 años y distintos gobiernos y el tema no se resolvió. Si bien apoyo el énfasis con que el barrio defiende las actividades, considero que un proyecto como el planteado aquí tiende a resolver lo ocurrido. Allí el vecindario recuperaría la conectividad entre dos zonas, algo hay que hacer y esto puede ser lo indicado”.

Las promesas visitaron todos los matices. El 27 de septiembre, el Jefe de Gabinete porteño y presidente del PRO en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se juntó con los vecinos de la Comuna 1 y derivó el asunto a Cristina Brunet, la Presidente comunal. “En esa reunión ella desconoció que me había dicho que la cuestión no le competía y que no le interesaba. Después, le enviamos cartas, pedimos juntarnos y nunca se expidió al respecto”, esgrime Moyano.

La única solución que propusieron desde el gobierno de la ciudad es trasladar las actividades que se realizan en el predio a las canchas del club Nikkei (pertenece a la comunidad japonesa) que tiene 1000 metros cuadrados menos de superficie. De las 14 escuelas que, según la ordenanza municipal, deben utilizar las instalaciones del Martina Céspedes, por falta de espacio, sólo las utilizan siete. “No entramos”, dicen. Ese recurso, la eventual mudanza, lo único que hizo fue sumar a la comunidad japonesa al reclamo de los vecinos de San Telmo.

Producto de la movilización de todo un barrio, el proyecto cayó a la Comisión de Obras y Servicios y para volver a la Legislatura debe ser reformado en las comisiones, obtener quorum y recién ahí pasar a agenda parlamentaria. En caso de que logren cumplir con esos pasos, deberá ser aprobado por una mayoría especial de 40 votos (sobre 60 legisladores). “Nada de eso debería pasar. Pero sabemos cómo se manejan y los intereses que hay de por medio”, confiesa Moyano. Por eso, siguen repartiendo folletos con las 29 firmas obtenidas “como para que la gente sepa y los legisladores no se olviden de lo que prometieron”, cuenta. Además, el jueves 29 se realizará un festival en el que participarán las bandas musicales de todas las escuelas que utilizan el predio. “No queremos involucrar a los chicos pero ellos nos piden participar y defender lo que les corresponde”, grafica una de las madres del Normal 3.

Los afiches que adornan San Telmo son contundentes: “No necesitamos lo que ustedes quieren que necesitemos. Necesitamos el Predio Martina Céspedes y nada más”. Palabras que se hicieron bandera, reclamo y resistencia de un barrio en defensa de lo que les pertenece. No quieren un hotel boutique, negocios de ropa de alta costura, menos un shopping y mucho menos la revalorización de la propiedad. Saben que es un pedido informal de desalojo, el primer paso a eso. “Se motivará a muchos propietarios para que mejoren los inmuebles del barrio”, dicen (no tan) por lo bajo en los pasillos de la presidencia comunal. Quieren que sus hijos jueguen, que hagan deporte. No quieren campeones, quieren personas. Con eso alcanza.

Embrollos, fatos y paquetes

No lo dice La Renga esta vez. Lo reclaman los miembros de la cooperativa San Telmo, del ex Padelai, que volvieron a tomar el edificio del que los echó el gobierno de Aníbal Ibarra, en 2003. Uno que el macrismo después le dio al Centro Cultural de España en Buenos Aires. Uno que ahora está cercado por la policía Metropolitana, que se para en la puerta con una lista censada en donde, cada vez que se quiere entrar, alguien revisa si aparecés en los papeles o no. Aquí, una historia de idas, de venidas y, sobre todo, de irregularidades.

En el artículo 14bis de la Constitución Nacional se lee que cada ciudadano de nuestro territorio tiene derecho no sólo a no dormir a la intemperie, sino también a hacer uso de una “vivienda digna”. Un estudio reciente asegura que el gasto total destinado a la impresión y a la compra de la Constitución desde 1955 es equivalente al necesario para cubrir el problema de la indigencia en todo el país. Esta contradicción se comprende mejor si apreciamos la siguiente obra del dibujante Diego Parés, cuya lucidez sintetiza la distancia de hambre entre Derecho y Sentido Común:

El último 6 de mayo más de 60 familias ingresaron a un edificio en el barrio de San Telmo: el ex Padelai (Patronato de la Infancia), caso testigo del modo en que se generan las políticas de exclusión en la ciudad de Buenos Aires. Su historia es larga: en el 84 fue ocupado por una cooperativa que nueve años más tarde recibió por parte del intendente Carlos Grosso el 70 por ciento de la escritura del inmueble en condiciones irregulares. En el 2003 el gobierno de Aníbal Ibarra ordenó un violento desalojo que dejó a 24 familias en la calle y a 52 personas en la comisaría. Avalado por peritos que aseguraban un supuesto inminente derrumbe, truco de emergencia edilicia, Ibarra ofreció un subsidio de 30 mil pesos a los miembros de la cooperativa para que desalojaran el Padelai. Algunos aceptaron, pero otros resistieron. Entonces vinieron los palazos, el vaciamiento y una promesa: destinar el ex Padelai a actividades barriales. Los 5.970 m2 del complejo, en una zona donde la fiebre inmobiliaria genera tanta especulación como tramoyismo, hicieron que las actividades barriales se transformaran en una expropiación y más tarde en una cesión del edificio a la embajada española.

Lo primero ocurrió en marzo de 2009, cuando el gobierno de la ciudad decidió que el Padelai era un edificio histórico y que para su expropiación (aprobada por la ley 3024) se pagarían 12 millones de pesos a la cooperativa que se adjudicaba parte de la escritura. Ese depósito existió, actualmente está a nombre de la Cooperativa de Trabajo San Telmo, es de 8.4 millones de pesos y está congelado. Carlos Vargas, presidente de la cooperativa que ocupó históricamente el Padelai y que hoy, después de 261 de acampe fuera del edificio, está otra vez del lado de adentro, explica el porqué: “Nosotros no tocamos esa plata. Queremos que el gobierno mismo la use para solucionar el problema de vivienda de todas las familias que están acá adentro”. Pero hay problemas administrativos que no los favorecen: los papeles de la cooperativa están perdidos, jurídicamente no se conoce quiénes son sus miembros, los libros de actas desaparecieron o fueron robados, el abogado de toda esta gente es el hijo del ex ministro de Justicia de Carlos Menem y se llama César Arias.

Lo segundo fue la cesión, autorizada por la Legislatura durante agosto de 2009 gracias a la ley 3024, otra vez bajo el gobierno de Mauricio Macri. Más sospechoso que el tiempo récord en que se le dio curso a esa medida son sus condiciones, que otorgan por un plazo de 30 años y en forma gratuita el total del edificio al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Las únicas restricciones que se le hicieron a ese grupo de prohombres fue que presentaran “los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural”. Tres años después sabemos que no cumplieron con estos requisitos mínimos y que incluso se llevaron puertas y hasta partes de los baños, demostrando cuáles son las nuevas técnicas que despliega el viejo saqueo internacional.

En tiempo presente

Hay dos custodios en la puerta del Padelai. Los dos son fácilmente reconocibles a causa de esas luces que a la mayoría nos perturbaron hasta el séptimo acto de la vida onírica: uno es la Policía Metropolitana, otro es la Policía Federal. La Metropolitana tiene una lista de nombres derivada de un censo interno que hicieron los ocupantes del Padelai. Por orden de la justicia no entra nadie ajeno a ese censo. La Federal descansa. Dos arquitectos llegan desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para comprobar, nueve años después, que la excusa de Ibarra para el desalojo era falsa. La propia Defensora del Pueblo no tiene respuestas ciertas sobre el asunto y asegura estar realizando “una búsqueda arqueológica” para poder presentar un informe y un dictamen. El Gobierno de la Ciudad se ausenta a una mediación pactada entre la cooperativa San Telmo y los miembros de la embajada de España.

La suma de los gastos generados por estudios sobre daño habitacional, consultorías sobre mendicidad, censos sobre indigencia, proyectos hipotéticos para construir más casas y sueldos de todas las personas encargadas de resolver el problema de la vivienda a nivel ciudad supera el dinero necesario para resolver el problema mismo de la vivienda. En el caso del Padelai hay algo parecido. El conflicto parece estar en los intermediarios. La demora, la burocracia, el lujo de solventar funcionarios cuya propia actividad entorpece la vida misma, la violencia institucional entendida como forma de destinar recursos públicos para analizar problemas que no se resuelven nunca o para inventar incluso nuevos problemas, la ceremonia ahí donde hay una emergencia, el delirio, el intermezzo, la insensibilidad, la falta de acción, el uso de la fuerza pública: esto es lo que resumimos habitualmente como gestión pública y deberíamos llamar políticas de exclusión. Pero lo cierto es que lo llamamos, con la cara de quien es invitado a ver una obra que resulta ridícula, nuestro proyecto de humanismo. Esa obra en forma de tragedia comenzó a representarse en tiempos de la Grecia de Pericles y fue titulada Democracia.

Según el presupuesto estimado para el año 2012, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) tendrá a su disposición más de 331 millones de pesos. Según otras estimaciones más serias -realizadas por especialistas del INCE (Instituto Nacional Contra la Estupidez)- Argentina tendrá, por cada habitante en situación de indigencia, un funcionario dedicado exclusivamente a resolver ese problema. La fecha aproximada de la estimación es mayo de 2020. El informe advierte a su vez que “es necesario reducir los niveles de indigencia de manera progresiva pero drástica. En caso contrario, el número de funcionarios bajo la órbita del estado para esa fecha significará una dificultad que hundirá al gasto público en un grave déficit presupuestario, déficit que cualquier administración seria no puede permitirse.”

Las 5 del domingo

¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Distintas historias en la voz de sus protagonistas.
Las 5 del Domingo en Vámonos de Casa

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– Asesinaron por defender su territorio a de Miguel Galván, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) e integrante de la comunidad originaria Lule-Vilelas- 14 de octubre del 2012

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-La historia de las ruinas de un Centro Clandestino de Detención oculto en Valentín Alsina- 7 de Octubre del 2012

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– Cuatro estudiantes de colegios secundarios tomados vinieron al programa y nos contaron qué piden. Además, ¿cómo los tratan los medios? ¿Y los funcionarios públicos? ¿Hacia donde apunta la educación pública?- 30 de septiembre del 2012

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-6 años sin Jorge Julio López. Hablamos con su hijo, Rubén- 23 de septiembre del 2012
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-La extrema posibilidad de desaparición que sufre el Policlínico Bancario- 9 de septiembre del 2012
[audio:http://www.nosdigital.dreamhosters.com//wp-content/uploads/2012/01/Programa-22-Las-5-del-domingo-Policlinico-Bancario.mp3]
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La crónica de la calle

Activamos, salimos, dimos una vuelta y traemos una historia.
Escuchá las crónicas de la calle de Vámonos de Casa

-El Contrafestejo Cultural por el 12 de octubre: ¡Día de la raza las pelotas!- 14 de octubre del 2012

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– La expectativa y movilización en la Embajada de Venezuela en el marco de las elecciones- 7 de Octubre

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– Festival de arte abierto en la Plaza 25 de Agosto, Chacarita- 30 de septiembre del 2012
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– A 36 años de La Noche de los Lápices los estudiantes volvieron a salir a la calle: siguen escribiendo- 16 de Septiembre del 2012
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– Día de la Mujer Originaria en el Obelisco: festejos y alegría- 9 de septiembre del 2012
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-Emoción en Marcha, muestra fotográfica de danzas aforamericanas- 2 de septiembre del 2012
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– Acto de los 6 meses de la tragedia de Once: 51 + 1 muertos, 700 heridos, ningún procesado – 26 de agosto del 2012
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-Festival Mundial de Tango en el Parque Centenario – 19 de agosto del 2012.
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-El nieto 106, la restitución de la identidad de Pablo Javier Gaona Miranda – 12 de agosto del 2012
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-Festival del Frente Cultural de Artistas del Borda – 5 de Agosto del 2012
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– Exposición de Fotoperiodismo de ARGRA – 22 de Julio del 2012
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Juicio Cromagnon II – 15 de julio de 2012
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Meta balas en vez de goles

Los socios del Club Español conviven con la Policía Metropolitana. Así lo quiso Macri, en lugar de levantar allí un centro deportivo. Los muchachos que patrullan la Ciudad no saben cuidar la identidad de un club que pasó de tener 25 mil socios a 400, que está por descender a la D y por desaparecer.

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Sin fondos, con la deuda apretándole el cuello y con el riesgo de descender a la Primera D, el Club Social, Deportivo y Cultural Español está a punto de desaparecer. Ya no es la institución que llegó a ser la más importante de la colectividad española en Buenos Aires, que tuvo medallistas olímpicos en patín artístico que se criaron en el club. No queda casi nada de ese establecimiento modelo que albergó a 25 mil gallegos. Ni siquiera quedan esos socios: ahora son apenas 400. Son las consecuencias de tres instancias de quiebras, de remates incesantes, del ojo esquivo de la AFA que nunca quiso salvarlo. Es lo que queda de un club que perdió por completo su identidad y que tiene al enemigo cerca, muy cerca. Tiene al macrismo adentro del predio.

Cuando por fin logramos que nuestros pies pisen el club, nos cuesta creer que sea eso. Sólo se ven tres canchas auxiliares de fútbol, otra de baby, un estacionamiento, la histórica confitería donde los fundadores del club juegan a las cartas. Es la resaca que les quedó a los gallegos de ese predio de 14 hectáreas sobre la calle Santiago de Compostela, en el Bajo Flores. Las cinco piletas, una de ellas olímpicas, y sus canchas de tenis, béisbol y sóftbol ya no están. El hockey sobre patines, pese a haber sido subcampeón metropolitano, fue borrado del mapa. El básquet también dejó de existir, porque todas sus categorías perdieron su plaza en la Federación. Los quinchos fueron eliminados, los gimnasios también.

Pero, a pocos metros, todo cambia.

Lo que supo ser parte del complejo deportivo, hoy es el lugar de entrenamiento de la Policía Metropolitana, que pareciera ser más un cuartel militar.
Es la política macrista: de un club social a un centro de formación policial.
Hace años que Mauricio Macri está detrás de los males de Deportivo Español. Exactamente desde el primer pedido de quiebra. Fue en 1998, dictada por el juez Juan Gariboto, debido a los grandes problemas económicos. ¿Quién había hecho el pedido? El actual Jefe de Gobierno. Al poco tiempo de asumir como presidente de Boca, Macri faltó a todos los códigos: su equipo fue el primero en más de 100 años en pedirle la quiebra a otra entidad deportiva. Todo por una insólita suma de 80 mil dólares. Esto surgió después de que les cedieran a préstamo sin cargo y sin opción a jugadores que no eran tenidos en cuenta en 1996 por el xeneize, como el arquero Sandro Guzmán, o el goleador Silvio Carrario, entre otros. Por todos los jugadores que llegaron desde Boca, los gallegos pagaban 500 mil dólares mensuales de contratos, una locura increíble para el club, que lo dejó al borde del abismo económico y que fue el puntapié inicial para su debacle deportiva.

En el año 2000 llegó la segunda quiebra, después de descender a la Primera B Metropolitana. El juez Juan Garibotto decidió el cierre definitivo del club. En ese momento, el reclamo de los socios e hinchas se hizo oír: se encerraron una semana dentro del club para que no se remataran las instalaciones. Por esos días, en los que Racing transitaba una senda parecida, se dictó la Ley de Fideicomiso en Argentina, una ley que indica que los bienes de las sociedades civiles sin fines de lucro no se pueden rematar por un plazo de diez años. Español seguía resistiendo.

El tercer intento venía con un remate inminente de las instalaciones del club. Luis Tarrío Gómez, perteneciente a la peña “La Furia” y uno de los máximos responsables de que el club al día de hoy siga con vida, relata un poco la desesperación que tenían por salvar su club. “Fui a una presentación en la que se juntaba gente importante de los clubes supuestamente para defenderlos de las sociedades anónimas deportivas. Ahí no se mencionaba a Español, que estaba a días de poder morir. Hablé, peleé y a partir de ser escuchado ahí se pudo hablar con el por entonces Jefe de Gobierno (Aníbal Ibarra) y nos salvamos del cierre definitivo”.

En 2003 se salvó la ejecución de los bienes, incluido el Estadio España, por la redacción de la ley de expropiación temporaria, que transformó al club una personalidad jurídica. Así, pasó de llamarse Deportivo Español a Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina. Con la nueva ley se ganó tiempo. Era como sobrevivir, ya que la institución mantenía sus instalaciones embargadas y cerradas hasta la llegada de un nuevo comprador con el que deberían negociar.

Y otra vez apareció Mauricio. El cambio de gobierno en la Ciudad modificó el mapa. El club había sido comprado por la Corporación del Sur, entidad dependiente de la Ciudad por 7 millones de pesos, con competidores como Marcelo Tinelli, empresas vinculadas con Hugo Moyano y el ex presidente de River José María Aguilar, quien tenía pensado armar un complejo deportivo anexo en el predio del Sur de la Ciudad.

La Corporación se había comprometido a absorber la deuda y hacer del club un ámbito abierto a la comunidad. Pero con la llegada de Macri a Bolivar 1, la idea de armar la primera institución deportiva para la zona más humilde de la Ciudad quedó en la nada. Al ex presidente de Boca no le importó que ese haya sido el centro de reunión de la comunidad más numerosa de Argentina durante 50 años, menos le interesó que los vecinos de zona sur tengan un espacio modelo para la recreación y la práctica del deporte. Lo que la Coproración del Sur había comprado para que funcione un centro deportivo, el gobierno del Pro lo convirtió en un espacio destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación. Todas esas hectáreas a las que hace un año le apuntaron las cámaras cuando fue la toma del Parque Indoamericano, están destinadas a ser sede de la Policía Metropolitana.

Al entrar allí, a esa especie de guarida militar en donde 500 cadetes se egresan cada año, es difícil imaginar que funcionó una sede deportiva. La pileta olímpica del club está desmantela y utilizada “para entrenar a los cadetes como si fuese una situación de calle”, según la voz de uno de los propios responsables del lugar. Las canchas de tenis pasaron a ser guarderías de perros policías. Las canchas de fútbol, ya sin arcos, son utilizadas como pistas.

Desde allí, desde el mismo predio en donde los cadetes entrenan de marzo a diciembre sin poder prácticamente salir ni siquiera a visitar a sus familiares, se puede ver parte del estadio Nueva España. Se puede ver el dolor de un club que perdió la identidad y que ya no enseña que es más fácil transitar la vida entre gambetas y amagues y gritos. Ahora se puede ver cómo unos tipos vestidos de azul instruyen a otros para ser futuros policías, para detener gente, para apretar el gatillo y después preguntar, para usar las pistolas Taser. Para meter balas en vez de goles. Las instalaciones pertenecen al Gobierno de la Ciudad y Macri tiene la potestad de hacer lo que se le antoje con ellas. Y lo que se le canta al jefe de gobierno es eso: formar agentes para su Policía Metropolitana.

“Hoy el Club no representa a la comunidad gallega, lo que antes era un lugar de fiestas y reuniones para los que somos descendientes de gallegos o gallegos, quedó en la nada”, cuenta Luis Tarrío Gómez. Manuel, uno de los pocos socios que quedan de Español, agrega: “Para nosotros un club es más que lo que representa a nivel deportivo, es un lugar de encuentro, y eso lo perdimos íntegramente de la noche a la mañana”. Hacia adentro del Club, las opiniones con respecto a las decisiones que se tomaron están muy divididas. Están quienes se reprochan haber terminado como terminaron y están los más optimistas, que plantean que al menos se pudo resistir al remate y que se pudieron salvar algunas hectáreas, de donde salen los únicos ingresos del club: de la cuota social y de las Inferiores. Uno de ellos es Tarrío Gómez, que afirma que de no haber sido por la buena voluntad de alguno de ellos, el club estaría totalmente desaparecido.

No desapareció, es cierto, pero agoniza. La Asociación que preside Julio Grondona mira para otro lado mientras hay un club que hace 13 años estaba en Primera, que este año bajó a la C, ahora está por descender a la D y va camino a la desafiliación. Un club que en estos años quebró tres veces a causa de malas administraciones –se recuerda a Francisco Río Seoane, quien está acusado de en 1994 haber quemado vivo a su competido en la elección a presidente el mismo día de los sufragios- y que ahora funciona como sede policial. “A Racing la AFA le dio una mano enorme para que no fundiera, a Español sólo logró mantenerla como afiliación”, cuenta César Francis, director de Todos por el Deporte y uno de los máximos responsables de que Español hoy siga vivo. Grondona vio cómo moría lentamente un club y no hizo nada para evitarlo. “Podría haber comprado el club, el predio y dejar que lo siga usando Español y que mientras se vaya pagando en un préstamo largo, como muchas veces ha hecho, pero no fue el caso, a la AFA se le desapareció un club en las narices”, agrega Francis.

El Club Social, Deportivo y Cultural Español grita ayuda, grita un cambio de timón para que no se pierda lo poco que queda. La frase de César Francis quizá resuma la respuesta de cómo puede cambiar el rumbo para el equipo gallego. “Quizás con otro Gobierno de la Ciudad que comprenda lo que es un club, lo que es la identidad de un club, se pueda salvar a Español”.

Acaso así entiendan el mensaje de que los clubes son de los socios. Y de nadie más.

La que no te contaron

Se dijeron muchas en la semana. Hubo una que se les pasó por alto o no te la quisieron mostrar:

La que no te contaron en Vámonos de casa.

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Las promesas y después

A casi tres meses de muertos, loteos, represión, disparos, y muchos intereses políticos jugando con la crisis habitacional de Buenos Aires, volvemos al Parque Indoamericano a contar lo que hoy pasa y lo que no.

Nuestra visita al Parque Indoamericano arrojó una primera inesperada noticia: El domingo 27 de febrero, 10 de la mañana, una asociación de vecinos inauguró el “Paseo las Malvinas”, un recorte verde del gigantesco Parque Indoamericano. Se izó una bandera argentina en recuerdo del día “en que se creó la bandera”, y en símbolo de “mejorar el espacio público”, según  palabras de la asociación.

En el facebook que crearon como Asociación vecinal J.J Náguera, dicen: “si no empezamos a utilizar NOSOTROS VECINOS el parque INDOAMERICANO despues no nos quejemos, VOLVAMOS a caminarlo el PASEO DE LAS MALVINAS aun no esta totalmente arreglado pero…… tiene el cesped cortado y hay vigilancia”.

No se duda de las buenas intenciones de estos vecinos de Lugano, pero el banderazo y las palabras en mayúscula nos están diciendo algo…

¿Qué significa izar una bandera argentina en el lugar donde fueron desalojados cientos de familias bolivianas? …donde se discriminó y corrieron a tiros al grito de “vuelvan a su país”… ¿Son esos mismos vecinos indignados que sacaron “por cuenta propia” a los ocupantes?…Donde mataron a un boliviano…

El Paseo las Malvinas, efectivamente, tiene cortado el pasto y está vigilado por unos cuatro perros que ladran a quien se acerque. Dentro pueden verse unos senderos llamativamente numerados (¿Por qué?), unos pocos árboles que nada cuidan del sol y unas callecitas por las que, en casi tres horas, vimos pasar tres ancianos (¿Son esos los vecinos autoconvocados?).

(El pesimismo de este cronista no logra superar la tristeza del Paseo las Malvinas, juro). Hay también bancos y flores y rejas. No es todo más de media manzana de un Parque Indoamericano de casi diez.

Sobre las rejas de afuera, sobre Escalada, un vecino que elonga está seguro que el Indoamericano tiene  canchas de fútbol, juegos y todo lo que un parque. Nunca entró. “El 27 de febrero van a inaugurar todo”, dice y es verdad a medias, porque a inauguraron nada. Muchos tienen el buzón de “que algo se hizo y está haciendo”, y lo cierto es que lo poco depende de esos vecinos organizados que cortaron el pasto y pusieron de vigilancia (A tres perritos).
El facebook de la asociación vecinal también cuenta que la administración del Parque cambió de manos a raíz del conflicto: pasó de La corporación Sur al propio Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

Otra vigilancia, esta vez de un coqueto centro de “Información y formación ambiental” que el gobierno porteño tiene dentro del parque, dice que se hará un estacionamiento y canchas de fútbol.

¿Cuándo?

Todos hablan y repiten que habrá, que se hará, que vendrá un Parque Indoamericano renovado, con juegos, fútbol, estacionamiento propio…

Está por ahora enrejado en su perímetro, y nada más. Ah, cierto: ¡cómo olvidar el gran Paseo las Malvinas! Pero aquí la gracia no tiene lugar. Estamos en Lugano, rodeados de cientos de monoblocks, de la vía, de Soldati, de la Villa 20. De un innegable problema de viviendas, y de vida. (Ya desde el premetro, a un costado de las vías, las familias se protegen del sol con sus cartones, sus maderas, su casa).

Y sobre esto operan Los Oportunistas. Uno de los vecinos que por allí pasaba, comenta la teoría: que hubo gente que ocupo el terreno para lotear y después vender, es decir, para hacerse un par de pesos. Esto no es nuevo, es cierto, y seríamos ingenuos de creer que no puede pasar. Quizá haya sido el lugar, la nacionalidad o las elecciones por venir lo que hicieron de una ocupación (porque ocupaciones las hay, y seríamos ingenuos de creer que no pasara), un desalojo violento,  xenofobia y muerte. (Sigo leyendo el facebook de la Asociación vecinal. Ahora auguran un ¡Paseo de los Derechos Humanos! Y en cada post hablan de “la vigilancia…”): “el proyecto se divide en etapas, la primera es la instalacion de juegos infantiles en el area de Castañares, el PASEO DE MALVINAS Y EL DE LOS DERECHOS HUMANOS, y porsupuesto la seguridad del parque, las reuniones se seguiran realizando en forma periodica seguiremos informando por esta medio”.

Entonces: el Parque Indoamericano es un gigantesco predio verde, sin árboles, juegos, canchas ni uso. “Antes, cada tanto, se armaban unos partidos con bolsos que tiraban por ahí”, cuenta la vigilancia de otro insólito hallazgo dentro del parque: detrás, al fondo y en límite con las vías y Villa Soldati, un cartel del gobierno de Ibarra (naranja, borroneado) promete la construcción de 600 viviendas en un plazo de 180 días.

Hay entonces 6 edificaciones a medio terminar (sin ventanas, puertas ni pintura) que según el mismo vigilante “avanzan a pasos tortuguescos”. El cartel también aclara montos y contratistas: la obra está a cargo de Las madres de Plaza de Mayo y tasada en más de 32 millones de pesos.

No sé qué quiere decir todo esto. Pero algo retumba cuando el mismo parque que fue ocupado, promete 600 viviendas hace casi 2 gobiernos porteños.

Ahora volvemos, solos y a pleno sol, por una calle infinita que nos saca del Indoamericano.

Fue todo y fue nada.