El cielo del desengaño

En Neuquén, asesinaron a Teresa Rodríguez, fusilaron a Carlos Fuentealba, a Rodrigo Barreiro le perforaron un pulmón en una manifestación, a los mapuche los persigue la policía, a Matías Casas lo mató un oficial, denuncian que a Rubén Soazo lo liquidaron en una comisaría. Braian Hernández y Willy Gutiérrez también fueron víctimas. Aquí la radiografía de la represión.

Neuquén está muy dividida. Está resistiendo a la hidrofractura (fracking). En agosto de 2013 se firmó el acuerdo entre Chevron e YPF para explotar los yacimientos de Vaca Muerta, que ocupan casi dos tercios de la provincia. Desde entonces, los mapuche tienen que ver cómo la policía avanza más que antes sobre su territorio para dejarlo a terratenientes y petroleras. No importa la Ley de relevamiento indígena, no importa quién esté ahí, no importa el agua que queda contaminada. La hidrofractura acentúa la fractura social. Hay promesas de plata. Unos se entusiasman. Otros prevén el crecimiento de la droga, el juego y la prostitución.

Algunos datos de 2013:

550 mil habitantes en la provincia. 231 mil en la Ciudad.

Promedio de edad, 35 años. El más joven de la Argentina.

Provincia más rica de la argentina: por año, dispone de 16 mil millones de pesos; produce 22 mil millones.

El 10 por ciento más rico se lleva 30 veces más que el 10 por ciento más pobre.

Segunda ciudad, detrás de Bahía Blanca, con más indigencia porcentual: 2,5.

Sueldo inicial docente 5 mil. Refrigerio por alumno 30 centavos.

Gerente de petrolera llega a 150 mil pesos por mes.

57 por ciento de los habitantes no tienen techo propio.

Cuando en la legislatura neuquina se firmó el pacto Chevron-YPF, hubo afuera una represión a quienes se manifestaban en contra. Rodrigo Barreiro estaba ahí. Fue herido con una bala policial y de plomo, que le quedó en el pulmón . Otro perdió un ojo por una bala de goma.

En esa misma ciudad donde Barreiro podría haber muerto durante una manifestación, siete años atrás, el maestro Carlos Fuentealba fue fusilado por el policía Darío Poblete mientras se desconcentraba por segunda vez el corte de ruta para pedir aumento salarial.

En esta provincia, donde Fuentealba fue asesinado durante una movilización y Barreiro por poco no corrió la misma suerte, en 1997, Teresa Rodríguez murió por un balazo policial en una movilización de docentes en Cutral-Co, también por aumento salarial. No era docente. Pasaba por ahí.

Los responsables políticos, como el gobernador de turno, Felipe Sapag (muerto en 2010), Jorge Sobisch y Jorge Sapag (hijo de Felipe), están impunes. “Ya no puede caminar tranquilo”, aseguran, sobre Sobisch, militantes de derechos humanos. Pero sigue libre y en la gobernación siguen las mismas políticas. Poblete sí fue condenado, pero también se lo vio caminando por la calle tranquilamente. El asesino de Teresa Rodríguez nunca se conoció. Los policías que “abusaron” de sus armas tienen condena en suspenso y volvieron a sus puestos.

Lexaru Nawel, de la comunidad mapuche de la ciudad de Neuquén, recuerda que desde la infancia vio a la policía actuar así. En manifestaciones, y en los barrios. Genera odio, dice, y se acuerda de cómo los amigos de los chicos atacados y perseguidos se sacan la bronca respondiendo a los balazos con piedras.

A Matías Casas lo mató el policía Héctor Méndez por la espalda en 2012. Según la versión de Méndez, su hijo y Matías habían discutido. En el juicio se reconstruyó el asesinato: el policía lo fue a buscar a Casas, que se estaba despidiendo de su novia, ya subido a su moto. Le disparó por atrás, Matías arrancó y cayó cuatro cuadras más adelante. Méndez se aseguró de que la ambulancia no lo atendiera a tiempo. Lo pateó en el piso. Otros policías lo encubrieron. “Accidente de tránsito”, argumentaron. Después de constantes movilizaciones de los familiares de Matías, y después de que la Justicia postergara las audiencias de lectura de la condena, le tocó cadena perpetua.

Rubén Soazo entró a robar a una casa del barrio Barreneche el sábado 12 de julio. Ahora está muerto. La policía dice que fue un enfrentamiento. No se encontraron vainas del arma que supuestamente llevaba Soazo. No hay policías heridos. La familia de Soazo vio el cuerpo. Le faltaban dientes, estaba todo golpeado, quemado y tenía los dedos reventados. Yoina, la pareja, y la madre están seguras de que lo atraparon en la casa y lo mataron en la comisaría después de torturarlo. Consiguieron que un vecino les contara que a Soazo lo vieron salir esposado. “Altamente profesional”, considera Raúl Laserna, el jefe de la policía, al accionar de sus muchachos.

“La policía es una basura”, repite y repite Beatriz Currihuinca, la madre de Willy Gutiérrez, que fue asesinado el día después de declarar contra el policía Claudio Salas en el juicio por la muerte de Braian Hernández. “Para describir a la policía no tengo palabras. Son terribles”, vuelve a decir. No cuenta que a los chicos que detiene la policía sin motivos, de forma ilegal, después los hacen robar, “trabajar para ellos”, a cambio de dejarlos salir y hacer entrar visitas a la cárcel. No lo cuenta, pero le consta. Sí dice que la policía agarra a los chicos así estén en la esquina, vengan del colegio, de su trabajo… “Yo he visto. Lo he visto yo. Lo primero: ‘Manos arriba del móvil’. Los abren de piernas con patadas en los tobillos. Los hacen gritar. Los agarran de sus partes. Saben andar borrachos en la calle, de uniforme. Los agarran de palmetazos en las orejas”. Sigue repitiendo que la policía es terrible: “Hasta con picana les dan”.

Willy estuvo detenido dos veces, durante un año en cada oportunidad. Las dos veces fue absuelto. No tenía nada que ver. Le contó a su madre que, con lo que las familias alcanzan a los presos, los guardias se divierten: mezclan sal y yerba, azúcar y sal.

La organización por los derechos humanos Zainuco denunció en agosto que la policía neuquina realizó una “operación rastrillo”: aumentar la policía en los barrios pobres de la ciudad, pero también los allanamientos y detenciones ilegales, así como las torturas. En una casa del barrio Cuenca XV, efectivos de la comisaría 18va entraron a buscar a un chico de 18 años que supuestamente había robado una billetera. No tenían orden judicial ni pruebas, pero violentamente lo detuvieron igual. A los padres amenazaron con matarlos si seguían “molestando”. En esa comisaría trabajaba Salas, el policía que mató a Braian Hernández y fue condenado después de que Willy Gutiérrez declarara en su contra y también contara que en esa misma dependencia agarran pibes todos los días, los golpea y tortura. Ni el chico detenido esa noche ni todos los demás fueron excepción. Los golpearon, los desnudaron, los hicieron salir desnudos y les hicieron submarino seco: los ahogaron con una bolsa de nylon en la cabeza.

Vanesa Anahí Pérez, militante de Convocatoria, también es víctima de la policía. La detuvieron en la esquina de su casa. “A ver qué va a hacer Zainuco –organización por los derechos humanos en la que militaba su madre, María Elena Cauquoz, relacionando a la organización con la madre- por vos”. No hubo registro de entrada ese sábado 8 de junio de 2013, cerca de las 6 AM, sino recién cuando se desmayó por los golpes. La trasladaron a la comisaría 1ra, donde el ex jefe de la Unidad 11 le recordaba lo parecida que es a su madre y los más íntimos detalles de su familia, que ni siquiera muchos compañeros suyos conocen. “Vos sabés por qué te trajimos”. La obligaron a firmar una denuncia por escándalo en la vía pública a las 4 AM del domingo. La mandaron al hospital Castro Rendón, donde le detectaron hematomas en ambas muñecas, lesión y hematoma en maxilar izquierdo, como en la cadera izquierda, pierna y rodilla izquierda, además de escoriaciones en la espalda y pechos. “Es típico. Hace poco descubrimos que a ella la ingresaron en la puerta donde funciona el aparato de espionaje a militantes. Ella apareció, pero si no hubiera sido registrada, podría haber desaparecido. Eso pasa con mucha más frecuencia con los chicos de los barrios”, denuncia su madre, Cauquoz.

Jueces por un día

Un caso de gatillo fácil será juzgado con la modalidad de “tribunales populares” en Neuquén. Matías Casas fue asesinado por el policía Héctor Méndez y los encargados de juzgar el crimen serán civiles que no pueden informarse del caso por fuera de los magistrados. ¿Será justicia?

Había pasado la medianoche del sábado 21 de julio en el barrio Cuenca XV, del Oeste de la ciudad de Neuquén, ahí donde no hay plazas para los pibes, donde no hay gas, donde la policía piropea a los pibes para provocarlos, donde murió Braian Hernández -14 años- por un tiro del oficial Claudio Salas, donde vivió Cristian Ibazeta hasta que lo metieron preso y lo mataron a un mes de salir en libertad por ser testigo en un juicio por torturas. Había pasado la medianoche y había pasado una discusión entre pibes de 19 años, entre ellos Matías Casas, que ahora charlaba con su novia al lado de su moto ya prendida, demorando la despedida.

 “¿Vos sos Matías?”, escuchó de atrás y de pronto. Era Héctor Méndez, el padre de uno de los chicos con los que había discutido rato antes, y no estaba solo: llevaba su arma reglamentaria, la que está obligado a portar todo el tiempo. Disparó.

Matías se subió a la moto y aceleró. Siguió recibiendo disparos, pero por la sangre que perdió, cayó unas cuadras más adelante. Un taxista lo auxilió hasta que llegó una patrulla de la comisaría 18 y le dijo que se fuera. “Es un accidente de tránsito”, se excusaron.

Llegó Méndez – que lo venía siguiendo- en una camioneta blanca, acompañado por el policía Barrionuevo. Saludó a los demás y fue a patearlo a Matías, que agonizaba en el piso, pero quizás, si los médicos de la ambulancia hubieran usado las sirenas, si lo hubieran atendido en vez de charlar con los policías, hubiera podido salvarse.

Matías llegó a decir que le habían disparado.

Méndez se fue a la casa sin aparecer en las actas policiales, aunque los medios hayan hecho creer que se entregó voluntariamente.

La causa

Todo eso fue una sola secuencia. El padre de Matías, César, la cuenta desordenada. “Pierdo el hilo”, se explica. Pero la secuencia está clara: hay testigos en cada momento.

Como con Fuentealba, la causa está partida, desdoblada. Para la justicia, un momento es el de los disparos y otro el de las patadas y los policías que callaron. Así, es más difícil probar la alevosía en el asesinato. Sí, hay otros dos agravantes: uso de arma de fuego y ser policía. Pero por otro lado, ayuda a juzgar en la segunda causa a los funcionarios de la comisaría 18 que encubrieron el crimen.

 “Creen que pueden hacer lo que quieren”, repite César cuando cuenta la impunidad con que Méndez sacó el arma, la misma impunidad de quienes ni lo mencionaron en las actas policiales, la de los mismos que amenazaron a él y a testigos, la de los policías que corren a los pibes hasta a plena luz del día. La brigada pasa por su local mirando. Una vez, recuerda, lo paró un móvil: “Se bajó uno con una escopeta, me puso contra la camioneta. ‘Procedimiento’, solo me decían. Me revisaron la camioneta de arriba abajo. Era el móvil del barrio. El que pasa todos los días por el local”. Lo conocían. En la ventana de donde trabaja tiene carteles pidiendo justicia por su hijo.

Este procedimiento no es lo mismo para cualquiera en cualquier lugar. En el Oeste neuquino, un testigo, amigo de Braian Hernández, apareció muerto de bala al día siguiente de que condenaran a perpetua a Claudio Salas.

Dilaciones policiales

“Los testigos están en la secuencia completa, creo que el juicio va a estar bueno. No hay mucho para que quede en el aire. La policía que estaba ahí dejó que el tipo llegue, lo patee y se vaya a la casa. A los que estaban ahí los mandaron a la casa y tomaron de testigos a cualquiera que pasaba. Ni siquiera quedó el reporte de ellos. Hay tres agravantes: ser policía, arma de fuego y alevosía. Como nos partieron la causa – la fiscal que estaba en la causa era la mujer de un policía-, quedó una parte cuando disparó y otra parte cuando Matías cayó. Así, para el fiscal no hay alevosía en haberlo pateado, pero van a buscarla en los alegatos”, repite César Casas.

El juicio que se inauguró el 20 de mayo tuvo sus peripecias. El 16 de diciembre de 2013 iba a comenzar, pero el defensor Carlos Ronda, ex policía, argumentó que no estaba en condiciones de comparecer por padecer un cuadro de tuberculosis. Ese mismo día, a primera hora, hizo la presentación. El certificado médico recomendaba siete días de reposo: del 13 al 20 de diciembre, cuando el juicio terminaría. Contar que la médica forense Haydée Fariña no lo encontró en su domicilio parece ser redundante. Méndez cambió de abogado por la renuncia de Ronda. Pablo Telleriarte, el nuevo, logró algunas nuevas dilaciones y recusó a los tres jueces.

Con Méndez en prisión preventiva por peligro de fuga, el juicio oral tendrá la modalidad de “jurados populares”, algo casi inédito en el país. Es decir: que sean civiles los que juzguen y no jueces especializados en derecho.

Creer o reventar

Neuquén es la tercera provincia que inaugura la modalidad de juzgados populares; Córdoba ya lo aplica desde el año 2005 con 254 juicios orales penales desde entonces; y la provincia de Buenos Aires lo incorporó al sistema recientemente. Para elegir a estos jueces civiles se realiza un sorteo sobre el padrón que elige a 12 personas y designa 4 suplentes.

Una vez la designación, las partes estudian a los integrantes del tribunal para detectar posibles influencias en el ánimo de la sentencia. En el caso de Matías, por ejemplo, fueron recusadas cuatro mujeres por tener familiares que integraban la policía provincial.

Además, los elegidos pueden alegar motivos para no formar el tribunal, siempre y cuando sean determinantes, es decir no de acuerdo a la voluntad. En ese caso dos mujeres notificaron no poder delegar el cuidado de sus hijos y/o nietos, otra fue apartada de la causa por la defensa por ser especialista en análisis e investigación de homicidios, y se recusó a un trabajador metalúrgico que tenía compromisos laborales en Caviahue. En cambio la Oficina Judicial convocó a dos mujeres que habían salido sorteadas y que no pudieron asistir.

Una vez conformado el tribunal, los integrantes no pueden:

-Emitir opinión sobre el caso en el que intervendrán

-Tienen prohibido iniciar cualquier tipo de investigación privada sobre el mismo

-No deben buscar información en diarios sobre el caso

-No pueden tomar contacto con ninguna de las partes.

César lo ve positivamente: “Yo creo que van a lograr que la gente se entere de lo que sucede. Ellos se van a sacar algo de encima, pero por un lado va a estar bueno para que se haga justicia. A los jueces les resbalan las cosas que pasan. Les da lo mismo. Sacan a un tipo que viola a una mujer de 85 años, no pensando lo que le puede hacer ese tipo a una criatura. Creo que esto va a ayudar a que ellos se fijen lo que hacen”.

Seis meses después de que mataron a Matías mataron a Braian Hernández. Según el juez que tomó la causa, el policía estaba trabajando. “Después de que la gente salió a la calle a decir que no podía ser, que el chico era una criatura, se logró una condena a perpetua. Son los mismos jueces que (se) dan vuelta entre causa y causa”.

Cierra César: “Es todo nuevo para todos. Yo espero que los juzgamientos no sean tan políticos, que juzguen como corresponde. El que hace algo tiene que pagar”.