“Se juzga un Genocidio”

El miércoles 28 de noviembre el Tribunal Oral Federal 5 dio comienzo al juicio más grande por delitos de lesa humanidad de la historia de Argentina. Se trata de las audiencias por la tercera parte de la megacausa ESMA donde aparecen 68 imputados con nombre y apellido acusados por 800 delitos, entre los que surgen por primera vez los pilotos y responsables de los “Vuelos de la muerte”. Dos mil testigos y por lo menos dos años de duración de un juicio en donde las organizaciones de derechos humanos sostienen que se juzga un Genocidio.

Fotos: NosDigital
“Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí, a la distancia, y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como éstos y que se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas”, esas fueron las palabras con las que definió el juez Garzón lo que se vivía en la sala de audiencias por la megacausa ESMA, ante la presencia de todos los militares acusados.
Se leyeron los 789 nombres de las víctimas, casos distintos, pero con muchas similitudes: violencia sexual, ejemplos de sometimiento a trabajo esclavo con funciones en distintas dependencias, circuitos de traslados, tortura de niños. La singularidad entre tanta aberración es que por primera vez llegarán a juicio oral seis pilotos acusados de tripular los aviones que se utilizaron para arrojar secuestrados con vida al Río de la Plata en los conocidos “Vuelos de la muerte”. Los pilotos asesinos están identificados: Mario Arru, Alejandro D’Agostino y Enrique De Saint Georges, de Prefectura, y Rubén Ormello y Julio Alberto Poch, de la Armada. Se los acusa por más de cincuenta homicidios. A estos nombres se suma Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros y quedó imputado luego de que confesara en privado su participación. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos logró identificar que los tres pertenecientes a Prefectura fueron los responsables del famoso “vuelo anómalo” que el 14 de diciembre de 1977 arrojó al mar al grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, entre quienes se encontraban las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y las Madres de Plaza de Mayo Esther Careaga, Mary Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. Se trató de una metodología utilizada reiteradamente en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas que antes habían sido secuestradas y que permanecían cautivas en la ESMA. Las víctimas elegidas eran “trasladadas”, como llamaban los militares a las eliminaciones físicas, las llevaban desde el centro clandestino a distintos aeropuertos o bases militares que tuvieran pista de aterrizaje. Ahí, “se las ingresaba a las aeronaves desde las cuales posteriormente eran arrojadas con vida en pleno vuelo”, según consta en la causa.
El fiscal Eduardo Taiano fue claro en cuanto a la importancia de juzgar estos delitos: “Es el último eslabón del sistema implementado por las Fuerzas Armadas, por ello considero que se debe tener a los nombrados como partícipes necesarios de las privaciones ilegítimas de la libertad y de las torturas, toda vez que realizaron un aporte sin el cual el hecho principal no hubiera podido cometerse. Asimismo, dado su rol de tripulantes de los viajes en los que los detenidos desaparecidos eran arrojados al agua en pleno vuelo, deberán responder en calidad de coautores de los homicidios”.
Esta tercera etapa había pasado por dos previas demoras. Hubo dos amagues, la primera fecha propuesta para el comienzo había sido en agosto, pero se tuvo que posponer para que pudiera ingresar el expediente por “Vuelos de la muerte”. En octubre, tras el cambio de fiscales- se retiró Mirna Goransky e ingresó Guillermo Friele- fue necesario un tiempo acorde a lo que amerita el conocimiento de esta gran causa.
Los ánimos de las organizaciones sociales y de los familiares apuntan al logro que es para ellos llegar a esta instancia de colocar en el banquillo de acusados a casi setenta represores. Los miembros del Colectivo JusticiaYa creen fervientemente que se trata de un proceso judicial histórico y así lo expresaron en un comunicado: “La desaparición de nuestro compañero Julio López el día de los alegatos en el juicio contra Etchecolatz confirma que estas causas no son sólo temas del pasado sino actuales y del futuro. Tenemos la convicción de estar construyendo y recorriendo un camino de justicia para nosotros y para nuestros hijos”.

“Llamarse Santucho es un honor”

Desde Santiago del Estero viajaron los conceptos de uno de los más representativos integrantes de la familia Santucho.  A 36 años del asesinato de Roberto “El Robi” Santucho, fundador histórico del ERP-PRT, su sobrino Luis comparte con nosotros cómo es llevar el apellido, pero sobretodo cuál es la forma en la que se encara el legado de lucha en el presente. 

Luis Horacio Santucho es uno de esos personajes que prometen de antemano historias y recuerdos para escuchar con atención, se convierte en una cita de compromiso por el peso de un apellido, pero más bien por una responsabilidad que excede lo hereditario. Es sobrino de “El Robi”, como llama a su tío, ni más ni menos que el fundador e ideólogo del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los guerrilleros más reconocidos de la década del setenta. Por su lado, Luis es una de las caras visibles de la lucha en defensa del campesinado en Santiago del Estero y además, un reconocido abogado que actualmente encara causas de la última dictadura militar. A sus 52 años escribe notas en su blog personal –http://luishoraciosantucho.blogspot.com.ar/– y también se le arrima al Twitter -@luissantucho-: “Hay que visibilizar las causas que acallan los grandes medios”.

-¿Cuándo surgió el Modepa?, ¿en qué consiste?

-Surge de un grupo de compañeros, de una confluencia de gente que veníamos de participar o ayudar en movimientos campesinos y otros que venían de organizaciones de derechos humanos. Lo que hicimos fue conformar este movimiento para construir una herramienta electoral para participar en el aspecto político y en las organizaciones del Estado. Por ahora recién estamos haciendo los trámites, buscando las afiliaciones, etc. para poder ser un partido reconocido por parte del Estado.

-¿Cómo es la situación actual de los trabajadores agrarios santiagueños?

-La valorización de la tierra, fruto del avance de la soja, hace que la situación de los pequeños productores esté acusada por esta coyuntura que genera que sus derechos sean cercenados, por eso hay un fuerte trabajo por parte del MOCASE para que los campesinos puedan conocer estos derechos y puedan defenderse.

 

-Además Luis, sos querellante de la Fundación Argentina de Derechos Humanos. ¿Cómo conjugás esta doble militancia?

-En lo personal, participar en los juicios es muy importante por todo lo que nosotros vivimos, por lo que estamos viviendo y por los testimonios que están apareciendo. A mitad de julio reanudamos un juicio que estuvo suspendido por 20 días y en el que se compilarán testimonios que son vibrantes, emotivos, duros. Esto está teniendo eco en la opinión pública, ya que la gente se está encontrando con realidades de hace 37 años atrás que no se imaginaban que pasaron en Santiago del Estero. El juicio tiene un sentido educativo muy valioso, ya que hemos sufrido tiempos durísimos incluso post-dictadura con este tema. Porque la dictadura tuvo cierta línea de continuidad hasta los `90 con el Juarismo, un movimiento autoritario que tuvo gran poder sobre los ciudadanos y el poder público.

 

-¿Pudiste escuchar las declaraciones de Videla donde tildó a Mario Roberto Santucho de ser el subversivo más peligroso de los ´70?

-La semana pasada hubo un careo con el jefe de Campo de Mayo por ese entonces en 1976, el General Riveros, y se deslizó la posibilidad de saber dónde está enterrado el cuerpo de Santucho. Pero es como que no quieren hablar, no quieren saber, no quieren informar el lugar dónde está enterrado el cuerpo de mi tío. Y es lo que estamos buscando, sus hermanos que ya están llegando a los 80, sus sobrinos. Se relaciona con un valor de la humanidad que es darle culto a nuestros muertos, que es algo muy importante para nosotros porque es una cuestión muy incorporada en la cultura rural santiagueña. Y eso se nos está negando. Se nos está negando la posibilidad de poder ponerle una flor a su tumba.

-¿Cómo es vivir en Santiago con el apellido Santucho?

-Durante mucho tiempo el apellido Santucho fue difícil, el sistema dominante de ese momento –por el año 1986- lo demonizó. Pero lo llevamos nosotros con mucha dignidad y honor. Acá en Santiago pesa mucho y está vinculado a las cuestiones y a las batallas de la vida cotidiana. El apellido Santucho está fuertemente relacionado con las actividades políticas, porque fue donde Mario Roberto inició sus primeras experiencias políticas. A pesar de que luego se trasladó a Tucumán, su origen santiagueño siempre estuvo vivo. Con el paso del tiempo se fue agigantando su figura revolucionaria, y con esto el orgullo de ser familiar. Por eso es que no resulta fácil, porque hay que estar a la altura.

-Dijiste alguna vez que te sentís del ERP a pesar de no haber participado.

-Lo que intento hacer es darle persistencia a sus ideas. Me siento continuador desde mi rol de abogado de organizaciones campesinas, como defensa de los derechos de los pueblos indoamericanos, que sigue siendo un sujeto social presente. Esa idea que ellos no pudieron concretar en su momento.