Desalojando Buenos Aires

El 2013 tuvo cifras récord de desalojos de viviendas y este año arrancó con todo contra el espacio público y predios tomados en la zona desatendida de Lugano. Historia y datos para entender por dónde viene la mano.

El desalojo es el síntoma de una serie de políticas mal contenidas, el último recurso, correr atrás de la pelota.

La moda de desalojar hoteles familiares, casas tomadas y predios ocupados crece año tras año, cuando en 2006 fue ya decretada la “emergencia habitacional” en la Ciudad; hoy el desborde es evidente: cerca de 500 familias ocupan un predio lindero a la Villa 20, como respuesta a las urbanizaciones mal planteadas y razones infinitas.

Los que tienen coronita

Mientras tanto, en Ciudad Gótica más del 23% de las viviendas particulares se encuentran deshabitadas; pensemos en Puerto Madero. Las comunas 8 y 9 de la zona sur tienen el déficit más alto pero también una gran proporción de parque habitacional deshabitado. Sobre ellas el gobierno porteño avanza con un “plan maestro” que significa vender una serie de terrenos al desarrollo inmobiliario, so pretexto de igualar el desarrollo del norte con el del sur. “Pero detrás de esos buenos principios”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en temas inmobiliarios, “lo que se hace en la práctica es privilegiar a propietarios o emprendimientos inmobiliarios. Se lleva el Metrobús, el subte, se instalan los polos tecnológicos, de las artes, del deporte, que son extensiones para la instalación de nuevos emprendimientos comerciales”.

Ejemplo: los polos (tecnológico en Parque Patricios, Audiovisual en Chacarita, etc.) son delimitaciones en un sector de la ciudad donde residen empresas que gozan de beneficios económicos: “Tienen exenciones impositivas de 10, 20 años, no pagan ingresos brutos, ni derecho a la construcción”, dice Baldiviezo. Aparte de este oasis fiscal en pleno Buenos Aires, el desarrollo prioritario de estos proyectos dejan relegados las construcciones residenciales, que son acaso las que urgen.

La entrada del mercado a las villas

En este momento, Jonatan habla desde la ocupación de la Villa 20, la cual junto a su agrupación Colectivo por la igualdad y como representante de Abogados ambientalistas está ayudando a organizar. Cuenta que son 500 familias en igual cantidad de lotes, un predio que se extiende de la Villa 20. “Es la única villa que tiene un banco de tierras para la urbanización”, dice Baldiviezo. Justamente esa promesa incumplida es uno de los detonantes de la ocupación masiva, según una lógica que explica también la toma desalojada del Indoamericano en 2010. Baldiviezo: “Nosotros entendemos que urbanizar es poner servicios públicos, integrar al barrio, solucionar la vivienda a los inquilinos, otorgar propiedades… El PRO dice que no lo puede hacer, entonces lo que busca es dar títulos de propiedad, que es el último paso”. Al parcelar las villas y dejarlas en deterioro, lo que se habilita es la entrada especulativa del mercado sobre esos terrenos: “Para que el mercado ingrese tiene que haber propiedades en las villas. Es el proceso lento de sacarlos, para que el mercado las compre a precios bajos y  que luego sea el mercado el que vaya urbanizando”.

Este tipo de maniobras dejan desprotegidos sobre todo a los inquilinos, que no se agarran ni de los títulos de propiedad: “Entonces la única forma que ven es tomar la tierra”, explica sobre la ocupación de Lugano. “Este predio quiso ser vendido en el plan maestro, los vecinos lo defendieron porque son su promesa de urbanización, y hace años que es un cementerio de autos”.

Los desalojados como nueva clase social

La responsabilidad no es sólo del gobierno municipal cuando de entender las fluctuaciones de las migraciones se trata: el éxodo del campo hacia la ciudad producido por un monocultivo que precisa escaso trabajo, y tecnologización de las tareas; las oportunidades aparentes o reales que parece brindar la city; acaso los propios desalojos aparentes o reales de las propias provincias.

El gobierno de la Ciudad se manda la parte; no sólo en el tema vivienda; los desalojos a manteros en la vía pública muestra también que la idea de sacarlos, de desplazarlos no contiene una segunda respuesta. Es decir, en forma de las preguntas que se hacen estos trabajadores: “Si nos sacan de la calle, ¿a dónde vamos a ir?”

En el caso de las viviendas el Gobierno porteño ofrece la opción de un subsidio habitacional que consta de seis cuotas de 450 pesos con opción de extender a cuatro cuotas más; según el programa de Atención de Familias en Situación de Calle son 3.500 los beneficiarios del plan que cumplen con todos los requisitos; muchas personas lo solicitan pero no acceden a cobrarlo.

Lo cierto es que más allá de estas ayudas que no ayudan a nadie, el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un análisis sobre el presupuesto para vivienda del período 2008-2012: “Para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los asignados originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6 por ciento del presupuesto general pero en el gasto real realizado por el Ejecutivo implicó sólo un 1,5 por ciento”. Esta diferencia la explican las subejecuciones del presupuesto que permiten al gobierno reasignar recursos que en principio estaban destinados a una cartera, hacia otra por motivos que deben explicar. Estos acomodos significaron partidas por casi mil millones.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construyó una sola casa en el período 2010-2013, según estadísticas de la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. En cambio, en los bosques de Palermo pueden verse camionetas ploteadas con promotoras con calzas negras publicitando al IVC. “El IVC está totalmente desguazado, sólo tiene infraestructura con personal transitorio, y todas sus competencias se pasaron en la práctica al ministerio de hábitat e inclusión social”, cuenta Baldiviezo.

De aquella Ley de Emergencia Habitacional sancionada en 2006, quedó nada. La creación de un fondo presupuestario para programas habitacionales nunca fue reglamentada; y el artículo que suspendía los desalojos a inmuebles públicos fue vetado por el ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

Se hizo uso en cambio de una medida aprobada en 2001 que permite ejecutar un desalojo antes de que sea dictada una sentencia judicial: “desocupación inmediata”.

En este contexto se cuentan 2.300 familias con sentencia firme de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires, según el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle.

La manta corta

¿Cuál es el negocio? La ciudad del club de amigos no sólo aplica derecho de admisión a los que no les caen bien – la política patovica- , sino que hace sus negocios gracia a la famosa “burbuja inmobiliaria”.

En los últimos años se ha ido incrementando el precio de las propiedades, al punto que triplica el índice inflacionario del resto de los bienes.  Según un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2005 la superficie construida creció un 600%, y el metro cuadrado aumentó a razón de un 35% anual. Este proceso de valorización del suelo urbano está impulsado por el dinamismo que tomaron el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria, guiados por una lógica especulativa, cuyos protagonistas guardan estrechas relaciones con algunos funcionarios porteños.  Acreditada está la de Nicolás Caputo, íntimo de Macri y ex asesor del gobierno, dueño de la firma CAPUTO S.A. que consigue licitaciones para construir llamativamente seguido. Telemetrix, Altote, Mediterránea, American Traffic, Instalectro e IRSA son otras de las empresas que viven ganando licitaciones que habilitan a construir en suelo porteño.

El abogado Baldiviezo explica: “La lógica de la expansión de la especulación inmobiliaria en la Ciudad presiona sobre la recuperación de los predios que están en manos populares o que no tienen cierta seguridad en la tenencia. Los proyectos de desarrollo tienen bien determinadas hacia qué áreas van a impulsar y hacia dónde se van a orientar: fue Palermo, Belgrano y ahora es la zona sur con San Telmo y La Boca, que es donde casualmente hay la mayor cantidad de desalojos”.

 

 

 

Los indeseados

Cientos de trabajadores callejeros de la Ciudad están siendo desplazados y criminalizados. Entre ellos, la comunidad senegalesa denuncia el atropello de la Metropolitana y pregunta: “Si nos sacan de la calle, ¿dónde vamos a ir?”

En el angosto pasillo de entrada del conventillo ubicado en Sarmiento 2835, a tan sólo cuatro cuadras de la Plaza Miserere de Once, todavía quedan recuerdos del brutal allanamiento de la Policía Metropolitana, pese a que ocurrió hace un mes. Vidrios rotos, una puerta forzada y un cartel rojo con letras blancas con la palabra “clausurado” le dan la bienvenida al hogar que todavía comparten Nar, Thierno y Macoeou, tres senegaleses que llegaron al país hace más de cinco años con la ilusión de mejorar su calidad de vida y dejarle un mejor pasar económico a sus familias, que aún los esperan en África. En la madrugada del 28 de enero, en vez de tener la esperanza de progresar, temieron por sus vidas y por sus sueños: oficiales de la fuerza que responde a Maurico Macri ingresaron a su hogar y, a punta de pistola, los obligaron a firmar documentos que no entendían porque no hablan español.

senegalDesde hace más de un año, el PRO intenta desalojar constantemente a los manteros y puesteros de la Ciudad y sobre todo a los que ocupan la Avenida Pueyrredon en el barrio porteño de Once. Entre los perjudicados están los más de 3.500 senegaleses que, en su gran mayoría, trabajan de la venta callejera de relojes, bijouterie, billeteras, cinturones y anteojos de sol. Casi todos no hablan español y se comunican en wolof, una de las lenguas oficiales de Senegal. Otros, en francés o en inglés; unos pocos manejan el castellano a la perfección. En este último grupo está Abdoulay Gothe, representante de la comunidad africana en Buenos Aires, quien vive y trabaja en Córdoba, pero continúa en Buenos Aires a la espera de alguna respuesta por lo que están padeciendo sus compatriotas. Él, mientras mostraba parte por parte los lugares del conventillo, recibía los saludos de todos sus compañeros que llegaban hasta la puerta y le preguntaban cuál iba a ser el próximo paso a seguir. “Nos tratan como si fuéramos delincuentes y sólo somos gente trabajadora. Nos discriminan por ser inmigrantes, por ser negros. Yo me pregunto: ¿de dónde venían los primeros inmigrantes que llegaron a la Ciudad? Extranjeros somos y seremos todos”, se lamenta el hombre que, en el marco de uno de los reclamos, le planteó en la cara a Macri todas las problemáticas y no recibió ni siquiera una palabra de devolución por parte del Jefe de Gobierno; ni siquiera se animó a mirarlo a los ojos.

Además de ingresar a la fuerza con una orden judicial firmada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, que está comandado por Graciela Dalmas, los efectivos policiales se llevaron parte de la mercancía que tenía la pequeña habitación del conventillo. Ingresaron, a las 5 de la mañana, encapuchados, armados y con una pequeña cámara de video que filmó todo el operativo. Todo, salvo cuando los obligaron – a punta de pistola – a firmar el documento que corroboraba que no había existido ninguna disconformidad en el allanamiento, según contaron los propios protagonistas que vieron cómo corrían la filmadora para que no tomara la imagen que los apuntaba para que firmaran. Nar dormía en un colchón del dormitorio y Thierno en el entrepiso en  el momento del ingreso de los oficiales que los apuntaron, mientras que Macoeou se estaba bañando. A él ni siquiera lo dejaron terminar de ducharse ni cambiarse: rompieron vidrios del baño y en toda la inspección se mantuvo desnudo.

“Es una injusticia más allá del color de piel que tengamos. Yo por cualquiera de ellos daría mi propia vida, pero lo que no entiendo es cómo la gente en este país ha votado a un Gobierno que hace este tipo de cosas y por qué no reaccionan para defendernos”, se pregunta, con indignación, Abdoulay. Lo cierto es que ellos mismos sienten la discriminación en las marchas que realizan y en los propios medios de comunicación, que o los vuelven invisibles o los responsabilizan. “Hace poco otro grupo de gente que protestaba por diferentes razones a las nuestras quemó un patrullero y el diario Clarín, el mismo que festeja que nos quieran desalojar, nos culpó cuando no tuvimos nada que ver”, agrega.

A los tres, la policía les robó – porque en el acta no figuran como incautados – dinero y los teléfonos celulares en los que guardaban, entre otras cosas, las fotos familiares y recuerdos de su Senegal natal. Mustafá, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, fue quien los acompañó desde el primer momento para denunciar estos hechos. Él es otro de los que habla español a la perfección y se contactó con organismos de Derechos Humanos del país para denunciar los hechos violentos que sufrieron. “Es una vergüenza que nos hagan esto. Los humillaron y los hicieron temer por sus vidas con un nivel muy grande de agresión. Por suerte muchas entidades ya nos dieron su apoyo en esta lucha constante”, dice y agrega que tanto el CELS como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad les brindaron solidaridad y quedaron a su disposición.

En la oscuridad del diminuto espacio que separa al pasillo de la habitación del conventillo, todavía quedan marcas del ingreso de la Policía. Puertas rajadas, bolsos abiertos, ropa tirada, mantas por todo el dormitorio y un fuerte olor a humedad encierran el pequeño espacio en el que viven tres personas que todavía no pueden creer lo que les tocó vivir en el país en el que soñaban tener un futuro mejor.  Ellos son sólo un pequeño grupo dentro del macro objetivo macrista de desalojar a todos los puesteros callejeros. Ellos prácticamente no hablan español, pero entienden a la perfección la ideología y la mecánica de la Metropolitana. Ellos, que intentan trabajar de algún otro oficio y no reciben ofertas por la discriminación que sufren día a día por su color de piel, se levantan a las siete de la mañana para ganar el dinero que necesitan para pagar sus alquileres y mandar dinero a su país, pero el Gobierno de la Ciudad intenta desalojarlos e impedirles trabajar. “Si nos sacan de nuestros trabajos: ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas en el país? Lo único seguro es que si nos dejan sin trabajo se les vendrá un problema muy grande”, asegura Abdoulay.

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A toda costa

El Gobierno de la Ciudad apunta a cambiar el perfil de las costaneras, imponiendo carritos de comidas a gas en comodato de alquiler: por qué sí y por qué no, en la voz de los afectados. A pocas cuadras, la experiencia autogestionada de los feriantes y músicos de Defensa reclama lo mismo: que los dejen trabajar.

Atrás de los altos edificios y antes del pasto creciendo dentro del agua, el Gobierno de la Ciudad apunta a cambiar el perfil de las costaneras Sur y Norte imponiendo una serie de carritos de comida a gas – sacando las clásicas parillas a carbón-, obviamente amarillos y todos iguales, que serán emplazados sobre la calle al lado de unos canteros, dejando libre el paso por la ancha vereda, hoy copada también por manteros.

La imagen de los candidatos Gabriela Michetti y Diego Santilli comiéndose un chori junto a Mauricio Macri, además del ridículo, puede recordarnos esta iniciativa.

Ir por una bondiola a costanera Sur en tiempos electorales resulta entonces una experiencia periodística.

El paisaje

Fotos: NosDigital
Fotos: NosDigital

El paisaje en Puerto Madero está cambiando de a poquito. Ese país aparte que construyó el menemismo y que emergió como espacio nuevo para unos pocos, fue tomado por asalto por carritos de comida y manteros que todos los días, y en especial los domingos, llenan de gente de todos lados al exclusivo barrio.

El paisaje dominguero reúne a familias, parejas y amigos que caminan el corredor gastronómico en busca de un choripán, una cerveza o quizá alguno de los productos que ofrecen los manteros, los nuevos anfitriones de fin de semana.

Venden de-to-do: anillos, caretas de Hulk, mates, yerberos artesanales, camisetas de fútbol, pulseras, un plato de pizza inédito con las porciones marcadas y desmontables (¡de modo que uno puede llevarse su porción con una maderita abajo!), pantalones de fútbol, pelotas grandes y chicas, cuadros, marcos para cuadros, juegos de play, alpargatas, y tantas cosas como manteros haya.

Uno de ellos dice no saber nada del reacomodamiento y asegura que, todavía, desde hace un mes, no se les acercó nadie de Ciudad ni la policía. “Esto es trabajo”, dice, “¿por qué nos deberían sacar?”. Dicen que la inocencia es la verdad en su estado puro.

Manteros, puesteros y ambulantes conviven en la costanera Sur de una sola manera: trabajando.

Los removidos

A unos pasos de la enorme oferta que sorprende desde el suelo, junto a varias mesitas, Sandra vende dos bondiolas completas y hace una prueba de calidad en forma de invitación: “Si les gusta vamos a seguir estando pero allá” – señala hacia el lado de Retiro – “porque nos van a cambiar de lugar”.

El “van a cambiar” en tercera persona e imperativo queda flotando en la conversación. ¿Es por los cambios de carrito que está haciendo el gobierno porteño? “Sí, acá van a poner un carrito nuevo, pero a nosotros nos corren al fondo y el traslado me lo tengo que pagar yo”. Sandra calcula que para desoldar el carro y llevarlo a cuatro cuadras gastará 10 mil pesos.

No es el primer palo en la rueda que le pone este gobierno a Sandra. Su cara – que de algún lado me resultaba familiar, ahora me doy cuenta- la vi en la tele, cuando estuvo encadenada en este mismo lugar a otro puesto porque lo querían correr.

Fue el 17 de septiembre del 2009 cuando, a la 1 y media de la mañana, aparecieron agentes de Espacio público junto a unas topadoras con la orden de remover ciertos locales que, decían, tenían las licencias vencidas. Sandra, encadenada, gritaba en el video: “Tengo todos los papeles en regla. Me lo dieron como medida cautelar, hasta que se den los nuevos permisos puedo usarlo libremente”.

Tiene el puesto hace ocho años, y desde entonces que no ha podido lograr que le den una habilitación definitiva. En el 2006, por orden del juez Gallardo, se anotó junto a otros puesteros en un registro que otorgaría las licencias, “pero a los 2 meses me bajaron y no me dijeron más nada”. La causa de Sandra por la habilitación del puesto recorrió 10 juzgados. “Hasta que cayó, gracias a dios, en el del juez Gallardo”. Gallardo aplicó una medida cautelar que le permite a Sandra seguir trabajando hasta tanto no le otorguen la licencia definitiva, como decía en el video.

Sin embargo, aquella vez el gobierno logró llevarse el carro de Sandra, las mesas, las sillas y hasta una heladera llena de comida. “Fue un robo”, define Sandra, que asegura que cada vez que cruza hacia su Avellaneda ve los restos de su carro tirados abajo del Puente Pueyrredón.

“Chiche Gelblung me mató”, cuenta sobre las repercusiones de la encadenada. “Dijo que yo no tenía permiso de nada”, dice, señalando a una de sus hijas, que acomoda las mesas. “Después en el colegio le decían al nene que yo era cualquier cosa”.

Sandra tiene tres hijos discapacitados, uno de ellos con epilepsia, cuya cura con medicamentos demanda casi 6 mil pesos mensuales. Cuestiones como ésta contempló el juez Gallardo al aplicar la medida preventoria que protege la fuente de trabajo. “Por eso yo no podía dejar el carro”, explica Sandra. “Esa semana trabajábamos de día y a la noche, tipo 7, nos hacíamos un guisito y nos quedábamos a dormir adentro del carro”, cuenta. Hoy el puesto lo trabaja toda la familia de Sandra, incluyendo cuñados e hijos discapacitados.

El de esta familia es uno de los tres puestos que serán removidos, acaso por el lugar estratégico que ocupa (el primero a la derecha entrando por Belgrano), y por no quedarse sumisos ante las directivas de Espacio Público, que empieza a desplegar su negocio en costanera: los nuevos carros serán otorgados en comodato a quienes los trabajen para que, mes a mes, paguen una cuota de 6 mil pesos según un contrato de 5 años.

Sandra muestra el plano que le dieron para su reubicación: inentendible. “Tengo que contar los árboles, cuando acá toda la vida nos guiamos por los postes de luz”, dice. “Si gasto 10 mil pesos y no es el lugar que me corresponde, ¿qué hago?”. No hay forma de dar respuesta, metros más allá o más acá prometemos volver por otras bondiolas completas. Seguimos caminando.

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La princesa

En el puesto de al lado El Parrillón, dos policías charlan con Valeria, la encargada, y se van sorprendentemente con las manos vacías.

Decir que Valeria prácticamente nació entre choripanes no es una exageración: a su padre se lo conoce como el “Zar del choripán”. Según este reino de los embutidos, Valeria por descendencia vendría a ser la Princesa del chori.

“Quieren poner carros de acero inoxidable, que cuestan como 200 mil pesos cada uno”, cuenta sobre los detalles de los nuevos puestos. “Muy PRO”, define, “muy yanqui”.

Sin embargo, Valeria, que no tiene la urgencia del traslado, dice llevarse “bien” con la dirigencia de Espacio Público y lo resume en una frase, tan resignada como cierta: “Hay que convivir”.

La Princesa, con la perspectiva que le dan los años y la fama en el rubro, y sin urgencias de reubicación, hace una lectura positiva de estos cambios: lo ve como un paso hacia la “regulación” y un orden que deje en paz a los puesteros con temas de licencias, salubridad, coimas, aprietes. Para Valeria lo primordial es trabajar: tiene dos hijas, una de 5 llamada Alma que se lleva todas las anécdotas. “Todavía tiene chupete, y cuando le digo que lo deje va y me trae la caja de cigarrillos. “Ves, mamá, acá dice que no podés fumar. Si vos no lo dejás ¿por qué yo tengo que dejar el chupete?”. Así Alma logra mantener la negociación, y seguir chupeteando. Valeria se ríe: “Es artista, le gusta pintar, hacer teatro, telas… Por eso le tuve que pagar un colegio especial”. Su otra hija también se inclinó por el arte: “No sé de dónde me salieron si yo vendo chorizos en el medio de la calle”.

Valeria resume sobre la adaptación a estos cambios: “En una de esas en unos meses pasás y me ves con delantal y gorrito amarillo”. Con una media sonrisa cierra la idea.

Prioridades

costanera surApenas cruzamos, antes del Faena, vemos una construcción de los años 20 donde funciona la sinagoga Beit Jabad Puerto Madero. Además de una casita hay un amplio jardín cercado, y en este momento un auto Audi.

Tal predio fue cedido en 2007 por el entonces jefe de gobierno Jorge Telerman a la asociación israelita argentina Tzeire Agudath Jabad, mediante un permiso de “uso gratuito e intransferible” por el término de 5 años.

Quizá esta pequeña reseña marque una paradoja sobre las prioridades de los gobiernos, como fue en el caso del ex Padelai en San Telmo: http://www.nosdigital.com.ar/2013/04/techo-para-todos/

A pocos metros se alza el Faena Arts Center con un largo cartel que cuenta: “El Faena Arts Center está situado en el corazón de un antiguo molino que antaño alimentó a la Europa de la posguerra y que hoy vuelve a nutrir al mundo a través de la cultura”.

La metáfora del molino – uno de los más grandes molinos de trigo del país- quizá sea otro de los símbolos de los cambios de este barrio y a quienes benefician.

La Feria

Caminamos de espaldas al humo de las parrillas, a pocas cuadras, a lo largo de toda Defensa se erige la feria y la movida cultural más grande de la Capital. Desde el bajo viendo hacia la autopista no se distingue el empedrado de San Telmo: hay tanta gente que se ven sólo las cabecitas, como en un recital o una cancha de fútbol.

Todos los domingos, cientos y cientos de feriantes arman los puestos y dejan un corredor callejero y peatonal. Se venden tantas cosas que incluso muchas no tienen términos que las evoquen, pero sí clientes.

¿Cuántos puestos de trabajo generará esta movida autogestionada?

Pasamos sobre un teatro improvisado, escucho risas. Un hombre está visiblemente terminando su show, tiene una gorra en la mano y dice: “Piensen en el teatro callejero, en cuánto vale su diversión, y en cuánto gastarían si van al teatro a ver a Carmen Barbieri…”. Las carcajadas cierran la reflexión, que va en serio.

En una de las calles que salen hacia la izquierda nos encontramos con Naty Menstrual, sentada en un sillón que tiene incorporado en el apoya brazo un cenicero, frente a su puesto. Nos habla de un licuado de banana y leche que quiso tomar en un bar, pero que no lo logró, porque primero le dijeron que no tenían sorbete, después que no tenían hielo, después los mandó a cagar. Su capacidad de contar anécdotas se interrumpe por un turista que mira el puesto repleto de remeras y zapatillas pintadas por ella y algunas copias de su libro. Aunque dice no hablar inglés, mientras nos alejamos, los vemos en una charla fluida. Hay que vender porque hay que comer.

Más allá, una comparsa avanza. La gente baila, los turistas filman. Los interceptamos justo en la calle que en la que todos los domingos desde las 18 hs toca Jamaicaderos (desde hace años, a pesar del gobierno porteño: http://www.nosdigital.com.ar/2013/07/la-calle-es-nuestra-y-la-fiesta-tambien/)

Alejandro está con su saxo a un costado, esperando que pase la comparsa para volver a tocar: “Hay que convivir”, dice sobre los códigos callejeros que dan lugar a todos, con la misma frase que usó la Princesa del chori.

Cuando la comparsa pase, quizá se le ocurra a Alejandro una versión reggae del tango Sur de Homero Manzi y Aníbal Troilo:

“La esquina del herrero, barro y pampa,

tu casa, tu vereda y el zanjón,

y un perfume de yuyos y de alfalfa

que me llena de nuevo el corazón.

Sur,

paredón y después…

Sur,

una luz de almacén…

Ya nunca me verás como vieras,

recostado en la vidriera

y esperándote.

Ya nunca alumbraré con las estrellas

nuestra marcha sin querellas

por las noches de Pompeya…

Las calles y las lunas suburbanas,

y mi amor y tu ventana

todo ha muerto, ya lo sé…

Nostalgias de las cosas que han pasado,

arena que la vida se llevó

pesadumbre de barrios que han cambiado

y amargura del sueño que murió”.

 

 

 

La cometa del barrio

En pleno Caballito, una organización mafiosa digna de El Padrino, pero con métodos más vulgares, atenta contra la vida y el trabajo de más de 60 familias. Aprietes, laburantes que dicen “No”, guita, Policía y más guita.

Los actores de esta serie de terror, ya popular y acostumbrada, son las fuerzas de seguridad del país y la Ciudad de Buenos Aires, y del otro lado 60 manteros organizados en el nombre – y deseo- de “vendedores libres”. De distintos países, de distintos rubros – revendedores, artesanos, pero siempre autogestionados y no como empleados de feudos más grandes- el mandamiento que los une es uno solo, e inconveniente para los viejos vicios de la Federal: No pagarás coimas.

“Si no pagás, te decomiso la mercadería”

La calle está atravesada por una serie de leyes, normas, contravenciones que regulan la convivencia urbana y, para el caso, el despliegue de los trabajadores según la actividad. A la vez, hay derechos constitucionales que protegen y promueven el trabajo como necesidad. En este tironeo, en diciembre de 2011 el macrismo impulsó la supresión de la figura de venta por “mera subsistencia” del Código Contravencional, que apunta fundamentalmente a los manteros con “puestos fijos”. Así quedó una especie de desregulación que deja a estos trabajadores atados a la arbitrariedad del criterio policial en la aplicación del Código Contravencional.

Es decir: son los agentes de calle quienes actúan de oficio, recorriendo la ciudad y determinando qué situaciones consideran punibles (desde la venta callejera hasta los ruidos molestos). La particularidad de este Código es que el fiscal no está presente en los procedimientos, sino que la Policía lo consulta por teléfono y recibe su aval desde el despacho. Así, los policías son los ojos del fiscal, los que tienen el poder de decir “acá tengo un ilícito” o de hacer la vista gorda.

El Código Contravencional es el que regula la calle. Para algunos expertos, el uso de esta justicia es clave en el diseño de la política criminal de la Ciudad, ya que los fiscales, dando directivas a los policías, pueden avalar que se persiga la pobreza, o puede en cambio intervenir para que el Estado atienda una situación social de desigualdad, en lugar de penalizarla.

Para ilustrar estas teorías bien prácticas, según el último Informe de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial – que depende del Poder Judicial- durante 2011 los delitos contravencionales más castigados fueron, por lejos, la “oferta y demanda de sexo en espacios públicos” y “usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos”.

La otra vuelta de tuerca vincula la aplicación del Código por parte de la Policía a sus eternos vicios: los mismos que tienen la capacidad de activar causas contra los trabajadores son los que arman una red mafiosa de coimas para que se sometan.

Luca doscientos por mes

Los vicios de la Federal, como tales, pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen: incorruptibilidad, confiabilidad, tranquilidad, seguridad.

Algunos hablan de “estar en la calle” cuando se está sin trabajo, o sin hogar, pero para los manteros está sinonimia no sirve: “estar en la calle” es su trabajo, su sustento y su vida.

¿Dónde vas si te sacan de la calle?

Los autodenominados “vendedores libres” son un grupo de 60 manteros hoy diseminados en distintos puntos de Capital que mantienen una pelea política contra las mafias controladoras de la calle. Su ética de no pagar coimas les trae problemas con ajenos y propios: hasta los manteros que sí “arreglan” ven en estos pares una desleal justicia.

Así, algunos piensan que los “vendedores libres” llevan problemas a cada vereda donde se asientan. Ellos se defienden: lo que hacen es visibilizar una red de dependencia y sometimiento que tiene a los trabajadores víctimas de la Policía o de otras mafias que incluyen punteros y patotas.

La descripción es la siguiente, atentos: existen punteros que compran mercadería al por mayor y la revenden en distintos puntos de la Capital a través de empleados; de estos circuitos de mercadería clandestina muchas veces participan agentes de la Federal, por acción u omisión; y por último, cuando ésa mercadería sale a la calle, los arreglos se consuman con seguridad y libre venta a cambio de – en Acoyte y Rivadavia- 300 pesos todos los viernes, 1200 al mes.

Los “vendedores libres” se separan de aquellos en dos sentidos: porque no “arreglan”, y porque son artesanos o revendedores autogestionados, en muchos casos familias enteras que se dedican al trabajo callejero desde hace más de treinta años. Por eso saben más que nadie de las lógicas del trabajo callejero y proponen su regulación: “Nosotros no somos ilegales, somos desregulados”, aseguran.

Transan, transan, transan

Julio Pereyra es vendedor de almohadas anti-stress, pero está inquieto. Mientras hablamos señala hombres moviéndose raramente, otros haciendo chiflidos, y adelanta una maniobra: “Ves, están preparando algo”. Lo de Julio no es futurismo sino experiencia: vende productos que él mismo elabora hace 20 años en la calle, junto a su compañera y otro grupo de personas agrupados en el movimiento social Francisco Jofré, más conocidos como “vendedores libres”. “Nosotros no transamos con la Policía”, asegura, hablando de las libertades. Premisas como éstas – que comparte junto a más de 20 compañeros ahora en Acoyte y Rivadavia- le han costado enemigos de todo tipo: Policía Federal y Metropolitana, brigadas, patotas y hasta otros trabajadores callejeros.

Julio y los suyos estuvieron en la calle Florida hasta junio de 2012 en que el ministerio de Espacio Público montó un violento desalojo que tuvo como protagonista a la Policía Metropolitana. Allá, los “vendedores libres” soportaban no sólo el asedio policial instando a que “colaboren”, a que se vayan o simplemente amenazando, sino el de otros vendedores callejeros y comerciantes de las grandes casas de la peatonal que presionaban, con eficiencia alarmante, a través de la Cámara de Comercio. “Nosotros estábamos amparados, pero el 8 de diciembre de 2011 se hizo una ley con mucha urgencia”, informa Julio, “que deroga el artículo 83 que permitía trabajar en cualquier calle y arteria por mera subsistencia, mientras no sea competencia desleal con los comercios. Entonces nos convirtieron en ilegales, y sobrevinieron allanamientos e incautaciones que dejaron gente lastimada por lo mal e ilegalmente que hacen los procedimientos”.

La organización que han ido forjando estos trabajadores callejeros se debe, básicamente, a la necesidad de tener instrumentos de derecho con los cuales defenderse. “Al principio, cuando venía la Policía nos íbamos muy seguido porque no teníamos los reflejos para cuestionar el tema de los derechos. En esa época eran muy violentos los de la Federal, nos amenazaban con secuestrar mercadería, armar causas, cualquier cosa”, define Omar sobre años anteriores. Ahora, más cancheros, filman los procedimientos con sus celulares para presentar luego como pruebas de irregularidades y le pelean a los policías de igual a igual: “Yo se la peleo, pero si tienen que decomisarme que lo hagan, yo les digo que cada cosa que hagan mal después se las voy a denunciar”, asegura Julio.

Punteros y amenazas

El 4 de diciembre del año pasado, gran parte de los “vendedores libres” desembarcaron en Acoyte y Rivadavia. Julio: “Ese mismo día se presentó el subinspector Mainardi (Comisaría 12) que nos dijo que acá había un `sistema de trabajo´”.

La sugerencia de Mainardi queda a interpretación del lector.

Los manteros explicaron y aplicaron su propio sistema.  Y así empezaron las amenazas.

Omar Guaraz, otro de los referentes de “vendedores libres”, deja sus espejos de baño al cuidado de un compañero y se aparta para charlar: “Los que nos amenazan son los punteros de esos otros manteros, o mismo la Policía. Y la otra persecución tiene que ver con los procedimientos que nos hacen, porque están ensañados con nosotros. Allá (señala en frente) tenés manteros que violan leyes federales porque venden productos adulterados de marcas, pero nos decomisan a nosotros que vendemos nuestros productos porque no pagamos”.

Omar sostiene que el 90% de los procedimientos de aplicación del Código son protagonizados por la Policía – los inspectores de la Ciudad, actores de reparto- y en carácter de oficio, es decir que no hay una denuncia que los inste a actuar, como indica el propio Código. “Hemos tenido conversaciones insólitas con el fiscal, que nos decía que tal policía estaba en tal lugar y nosotros le decíamos que no, porque era mentira, y entonces escuchamos como el fiscal les decía a los agentes “pero Méndez, ¿vos me estás tomando el pelo? ¿dónde estás?”, se ríe Guaraz, sobre esas pequeñas delicias que demuestran la impunidad del sistema contravencional al servicio de la Policía.

Los primeros días del 2012 los “vendedores libres” formaron una comisión y pidieron una entrevista con el responsable de la Comisaría 12, cansados de los aprietes y los procedimientos ensañados. “Nos atendió el comisario Cuncio – cuenta Pereyra-, nos hizo pasar al despacho, y le dijimos que no íbamos a soportar las amenazas, que no íbamos a aceptar coimas. Se hizo el desentendido diciendo `yo también fui vendedor de la calle´ y dijo que vayamos y trabajemos tranquilos”.

-“Al otro día, apenas llegamos, los punteros nos empezaron a amenazar. Y a la tarde estuvo el subinspector Mainardi que le decomisó mercadería a una compañera… La promesa de Cuncio había durado medio día”.

-“El 8 de diciembre sucedió otro episodio con la gente que vende cd´s truchos, que querían poner paños sobre donde estaba nuestra compañera. Entonces el de lo cd´s dijo `ahora llamo a la brigada´. Apareció un agente de apellido Cuello, que les dijo a mis dos compañeras: “ustedes dos se tienen que ir de ahí, sino van presas; el único que se puede quedar es el de los cds”. Llamó a refuerzos pero, en vez de ayudarlo, vino una patrulla, lo agarró a Cuello y se lo llevaron, porque lo que estaba haciendo era ilegal”.

-“Pasó un tiempo y el 8 de marzo vino un señor de la mesa de seguridad para dialogar. En eso aprovecharon otra gente atrás de este y le pegaron una piña a mis compañeros, y otros me quisieron agredir. Llame de vuelta al 911, no me dieron bola. Vemos que en frente se junta mucha gente, una patota, y se despegan cinco personas con palos, botellas y facas. Yo esquivo unos puntazos y corro hasta Acoyte y aparece un patrullero: me le tiro en el capot. Se baja un sargento y me quiso llevar al otro y a mí detenidos. Yo le dije: “si me querés llevar, llévame, pero todo lo que hagas mal te lo voy a denunciar”.

-“El lunes 15 de abril hicieron un operativo pero le avisaron a todos los que venden marcas truchas que transan, y nosotros inocentemente venimos y nos agarraron y nos secuestraron las cosas. La calle estaba despejada, los únicos que estábamos éramos nosotros y vinieron directamente. Esto lo considero una persecución y un hostigamiento”.

Presente de vicios, futuro de incógnitas

A partir de episodios como estos que juegan al desgaste pero tienen implicancias bien concretas (días sin trabajar, básicamente) los manteros organizados lograron una reunión en el Ministerio de Seguridad junto a altos mandos de la Policía Federal. Estuvieron presentes de esa fuerza Mario Alberto Morales, Jefe General de Comisarías, y Guillermo Colucci, comisario a cargo de las comisarias de la Comuna 6.

El martes 7 de mayo, durante 3 horas seguidas, más de 30 manteros de “vendedores libres” relataron los manejos mafiosos de la calle y la venta ambulante en distintos puntos de Capital. Los comisarios escucharon en silencio, eventualmente preguntando nombres (“¿quién recauda?”, “la brigada” fue la respuesta unánime, en referencia a la Brigada Especial de Investigaciones de la Comisaría 12) y finalmente comprometiéndose a garantizar la seguridad física de estos manteros, y desarrollar un disciplinamiento de la Policía en materia de intervenciones contravencionales.

Sin embargo, como la fallida del comisario Cuncio, las promesas se derritieron al calor de la realidad: cuando llegaron al otro día los manteros, las amenazas de otros trabajadores siguieron y en aumento.

Los “vendedores libres” llamaron al comisario Colucci y le pidieron que interceda, tal cual había sido acordado en la reunión en el Ministerio. Colucci fue hasta esa esquina y se reunió con el comisario de la 12, Cuncio. “Se los notaba muy nerviosos”, relata Omar Guaraz. “El comisario terminó enojado diciendo que no iba a trabajar nadie más acá”.

Omar se ríe, y dice que seguirán yendo igual.

¿Qué va a hacer?

Cómo sigue esta historia es en verdad una incógnita, tanto como la implicación de una promesa.

Que la Federal desacostumbre sus vicios es tan improbable como que los vendedores se tuerzan.

Que dejen a los trabajadores trabajar es necesario, tan evidente como la obligación de que la Policía respete las leyes, que no cobre coimas, que se garantice el sustento de sesenta familias y que el trabajo callejero esté regulado y no penado.