El progreso porteño

“La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados…

La oración se corta en seco y a la imagen se la chupa un punto en el centro de la pantalla. Los sentidos sensoriales del señor primero le indican que una oscuridad total ahora es dueña de su casa. Milésimas después, el silencio (que en realidad no es silencio si no que es el ruido de la calle, la banda sonora de la ciudad que suele estar tapada por el ruido del televisor). Se queda sentando en el sillón. No lo invadió la desorientación que amerita una escena de este tipo. Se queda sentado varios minutos más. Mira el techo y ahí permanece el ventilador con sus aspas inútiles, que se siguen moviendo apenas por inercia. Se percata del calor insoportable que se metió en su casa sin permiso.

Se cortó la luz. La puta madre.

El señor no se siente desorientado porque ya sabe, él vive en Caballito. Mira por la ventana y el edificio nuevo que le construyeron sobre su medianería sí tiene luz, y eso que todas las instalaciones son eléctricas, ni gas natural tiene. Se tira en la cama, ojalá que vuelva, reza, al menos se cortó a la hora de acostarse, piensa. Se duerme porque ya está acostumbrado, así es cuando vivís en ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El señor tiene varias cosas que hacer, como trabajar todo el día, pero igual hace el reclamo a la empresa de electricidad. Desde la oficina llama y le dicen que es un corte aislado, que ya mandaron una cuadrilla a inspeccionar, que el número de su reclamo es el 126789. También le trata de pedir explicaciones al gobierno de su ciudad, llamó al 147 y esperó en línea, y esperó, y esperó, y esperó, tanto esperó que se le hizo la hora de volver a su casa.

Al volver en el colectivo, entre fantasías de ventiladores andando, agua fría y ascensores que suban y bajen, se pregunta: ¿Cómo puede ser que todos los veranos pase lo mismo?

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Planeamiento, informó que sólo entre 2001 a 2011 se otorgaron permisos para la construcción de 20 millones de m2. Seis barrios de los 47 que integran la Ciudad (Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Almagro) sumaron el 44% de todas las viviendas construidas.

Edesur y Edenor admiten que llevará cinco años de inversión constante brindar un servicio que pueda alimentar a toda la infraestructura nueva de Capital Federal, cálculo aproximado para alimentar a toda la Ciudad hoy, sin contar todos los edificios y shoppings que se van a construir en ese período.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña, se votaron varios proyectos nuevos. Algunos apuntan a ceder terrenos para construcciones inmobiliarias, como shoppings y torres, y otras a atraerlas.

Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, cuenta lo que pasa en la Legislatura: “Hay más de 20 proyectos de ley para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de los porteños, la de urbanización de villas por ejemplo, que no se tratan en la Legislatura, pero sí se tratan de forma express los proyectos que profundizan el modelo de ciudad neoliberal, como el del shopping en Caballito”.

A los vecinos de Caballito no les consultaron si querían un shopping en donde podría haber un parque. Sus argumentos son muy razonables: el destino del territorio, quieren que haya un parque; no quieren más edificaciones en su zona porque la sobreconstrucción ya causó colapso de servicios públicos, de cloacas y de tránsito.

El terreno donde la empresa IRSA quiere construir el shopping está compuesto por dos parcelas, una que era del club Ferrocarril Oeste y otra del Estado Nacional. Cuando Ferro entró en quiebra, hace doce años, le vendió su parcela a IRSA. El Estado Nacional no quiso ser menos y le vendió su pedazo de tierra a una empresa intermediaria que en 24 horas se la vendió a IRSA. La venta de tierras públicas debe autorizarse por ley en el Congreso Nacional. Eso nunca sucedió.

Por más de cinco años consecutivos se trató este proyecto en la Legislatura. Este último año legislativo tampoco lograron votarlo, la sesión tuvo que suspenderse por amenazas e insultos entre los legisladores.

Cómo Ceder Terrenos a las Empresas Inmobiliarias para Construir Mega Emprendimientos: APROBADO. Cómo Habilitar Espacios para la Inversión Privada: EN PROCESO.

La Boca, se convirtió en polo artístico. Lugano, en polo deportivo. Parque Patricios, polo tecnológico. Los polos son zonas libes de impuestos, lugares donde empresas privadas son invitadas a instalarse sin pagar impuestos, o hacerlo a tasas mínimas. Es una manera, y así lo admite la propia gestión macrista, de revalorizar una zona, atrayendo al capital privado para que invierta en el barrio.

“Por mucho tiempo el discurso de revalorizar una zona fue tomado como algo bueno: una zona disminuida, donde los inmuebles salen poco, el Estado debe impulsar la inversión. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando revaloriza la zona produce efectos de gentrificación, un reemplazo de gente de bajos recursos por otra con más altos”, describe Jonatan Baldiviezo.

El precio de los inmuebles se eleva, el valor de los alquileres se multiplica, el costo de vida se encarece. “Están creando el contexto institucional legal y económico para que vengan a invertir pero a los pobladores originales los están expulsando”.

En la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) ya se aprobó el Plan Maestro, que establece la zona como Polo Deportivo, construye la Villa Olímpica y otorga títulos de propiedad a los propietarios de las villas, una manera de insertar lentamente la zona en el mercado. Al otorgar títulos de propiedad, el gobierno se exime de urbanizar, la situación precaria de los habitantes de los barrios queda legalizada. De esta manera, estas tierras se blanquean, pasan a poder ser compradas y vendidas legalmente en el mercado. (Ver nota anterior)

El Plan Maestro, como otras leyes vinculadas a la construcción de la Ciudad, lo aprobó el macrismo en la Legislatura con la ayuda del bloque kichnerista.

Los habitantes de las villas miseria pasaron en cuatro años de ser, según el Censo Nacional de 2010, de 160 mil habitantes a 270 mil, último dato del 2014 según la Secretaría de Habitat e Inclusión de la Ciudad. En el año 2006 la asignación presupuestaria para las villas era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %.

De esos datos se desprende también que al menos el 10% de los habitantes de la ciudad viven hacinados, mientras que un 26,7% (según el censo 2010) de los inmuebles porteños se encuentran deshabitados.

…abandonados. No es un gran negocio inmobiliario…

Otra vez la frase se corta. Esta vez no fue por un corte de luz, fue porque la señora no pudo seguir prestando atención. La lluvia está golpeando demasiado fuerte y el agua está empezando a entrar.

A levantar la heladera y la cocina, primero. Después la cama. Si queda tiempo tirar la ropa arriba de la cama. Y a esperar.

Eventualmente el agua baja, hasta las próximas lluvias. Mientras esperaba la señora pudo escuchar clarito decir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete del Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y a la Vice Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que la Ciudad de Buenos Aires no se inundó con las lluvias de principios de noviembre gracias a las obras ejecutadas por su gestión.

La señora vive en Saavedra. Ahí mismo donde varias manzanas se inundan cuando llueve, ahí mismo donde están construyendo una obra enorme, un nuevo metrobus como el de la 9 de Julio, sin el estudio de impacto ambiental necesario.

El metrobus norte se extenderá sobre Ciudad de Buenos Aires (Av. Cabildo) hasta Vicente López. Las obras comenzaron hace un año sin los convenios necesarios aprobados en la Legislatura ni el estudio de impacto ambiental que reclama la ley. Recién hace un mes se aprobó el Convenio Marco, que sólo presenta la obra, sin especificar ni cuánto se gastará, ni qué impacto social y ambiental tendrá. No hay estudio, no hay audiencia pública, ni dictamen técnico, porque el APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad) categorizó a la obra como de poca relevancia. Desde el Observatorio de la Ciudad denuncian que el APRA otorgó el permiso de obra con un único estudio hidráulico, una sola carilla sin datos técnicos, siendo Saavedra una zona inundable.

En cuanto a las declaraciones de las autoridades del Gobierno Porteño, la señora sabe que no son ciertas. Ella se inundó.

Según los informes que el GCBA envió al Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°10, en el marco de la causa caratulada “Carbón Mario Alberto y otros contra GCBA s/Amparo”, la única obra hidráulica en ejecución, no finalizada aún, es la de la Cuenca del Arroyo Medrano, que aún está en la primera etapa del cuenco amortiguador del Parque Sarmiento.

Respecto a las obras en la cuenca del Arroyo Vega, se encuentran en la etapa prelicitatoria para la ejecución de un proyecto millonario, que consiste en construir un túnel aliviador no debatido ni consensuado aún con los ciudadanos. En la cuenca del Arroyo Cildáñez, las topadoras del GCBA están realizando la remoción de suelos en el Lago Aliviador Soldati, alcanzando la línea de edificación de las viviendas de los vecinos de la Manzana N°10 del barrio Los Piletones y poniendo en riesgo las estructuras de sus casas. Durante las últimas lluvias de noviembre, los barrios Los Piletones, Fátima, Calacita, Ramón Carrillo y Rodrigo Bueno, estuvieron bajo el agua.

“El Código de Planeamiento no hace diferencia entre cuales son las zonas inundables o no. En la ciudad hay zonas que se inundan y se siguen construyendo torres con subsuelos. No refleja qué zonas ya están saturadas de la densidad de construcción” describe Jonatan, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: “el código está obsoleto y liberado para una construcción masiva en la ciudad”.

…es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Ni la señora ni el señor terminaron de escuchar esta frase. Es que están en la Legislatura porteña tratando que les permitan opinar sobre las obras en sus barrios.

El tipo de gobierno que norma bajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una democracia participativa. El Articulo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”. Su artículo 76 también indica que todas las audiencias legislativas son públicas y que cualquier persona en los días de sesión puede ir, pedir la palabra y hablarle a los 60 legisladores, pero no se reglamentó para que efectivamente pueda hacerse.

“Hay herramientas jurídicas que no tenemos, por ejemplo no hay ninguna ley que obligue a desinvertir a los que tienen grandes cantidades de propiedades, como IRSA”, agrega Jonatan, aunque destaca que: “Aun así si se aplicara algo más básico que reside en la democracia participativa ninguna de estas obras que están avanzando en la Ciudad se hubiesen hecho con tanta velocidad, porque tendrían que darle poder de decisión a la gente”.

 

“­­La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados. No es un gran negocio inmobiliario, es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño.

Darle la vuelta al mundo

Fotorreportaje de la tercera Maratón por la Urbanización en Ciudad de Buenos Aires. De la 31 a la Rodrigo Bueno, 400 personas corrieron por el reclamo histórico de la vivienda digna.

Correr es la excusa. Hacer algo. Moverse, transpirar y latir fuerte. El sol calentó duro el asfalto y la tierra. Pidiendo un esfuerzo extra a cada corredor. El domingo 26 de octubre el Movimiento Villas al Frente organizó una maratón con gente de todos los barrios porteños con consigna al unísono: ¡Urbanización ya!

Los corredores largaron desde la 31, el barrio que nació marginal en 1932 como lejano simbronazo de las esquirlas que Wall Street desparramó -la globalización demostraba que ya era más que sensación- hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Corrieron sin cloacas. Cinco kilómetros y las ambulancias no entran al barrio. Una posta, otra, otra y la ley 3343 de urbanización de la legislatura porteña sigue sin implementarse. Zigzaguearon entre las casas que se acarician con la autopista Illia. Transpiraron en las tierras de las escaleras caracol al cielo.

Más de 400 personas corrieron desde Villa 31 de Retiro hasta Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Donde las privaciones son las mismas: la red de agua potable es la que arman entre vecinos y el tendido eléctrico habla precario como gobernante sobre la constitucional vivienda digna.

Rodrigo Bueno es el asentamiento de orígenes ochentosos al lado de la Reserva Ecológica, a metros de Costanera Sur. Y quienes ahí viven tienen plomo. Y otros metales pesados. En la sangre. En el agua. Es que el lindero depósito de autos de la policía federal infesta las tierras hasta la intoxicación.

Así se corrió: como se vive. ¡Urbanización ya!

De entrada a la 31
De entrada a la 31
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
Se multiplica la lucha
Se multiplica la lucha
Patinaje y la autopista Illia.
Patinaje y la autopista Illia.
Por las calles de la 31
Por las calles de la 31
A la entrada de la Rodrigo Bueno
A la entrada de la Rodrigo Bueno
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
Miraremos
Miraremos
Salude
Salude
Escaleras hacia el autopista
Escaleras hacia la autopista
Correr por la urbanización
Correr por la urbanización
12
Casas y casas
Entre calles
Entre calles
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
¡Urbanización YA!
¡Urbanización YA!
El arco en que me miras
El arco en que me miras
Puerto Madero te ve

Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

IMG_2589

Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

IMG_3490

Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

IMG_3547

A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

El plan para cerrar Centros Culturales

Desde Parque Patricio a Palermo y San Telmo, la actividad de los centros culturales es ilegal para la Ciudad de Buenos Aires. Nunca ilegítima.

Si sos vecino de Villa Crespo, Barracas, La Paternal o Parque Patricios tenés que saber que el gobierno porteño quiere que tengas cinco centros culturales menos. Los que llevan adelante estos espacios van a hacer todo el papeleo posible para que te falten sólo por un tiempo y volver rápido a la marcha, pero por ahora la Ley no los favorece.

Si sos del resto de la Capital no te relajes demasiado, que los espacios culturales cercanos también están en riesgo. La cultura es un derecho y la Constitución de la Ciudad lo reconoce, sin embargo no hay una sola ley que nuclee todas las actividades que pueden hacerse en un centro cultural: para funcionar hay que pedir una habilitación para, por ejemplo, tener un teatro independiente. Si un día se da una clase de yoga, o si simplemente la gente se pone a bailar en medio de una obra con música, el espacio va a estar por fuera del marco de la ley y puede ser clausurado.

Bebidas sí, tango no

Eso mismo les pasó a El Café de los Patriotas, en La Paternal, cuando a principios de julio de utilizaba el lugar para dar una clase de tango. Entre los pasos sinuosos, ahí cuando los ochos empezaban a salirles a los alumnos, los inspectores del Gobierno de la Ciudad tocaron a la puerta. Sin esperar respuesta entraron y clausuraron el bar porque la habilitación era sólo para “expendio de bebidas y comidas”.

Mariano Viceconte, miembro del Movimiento de Centros Culturales y Artísticos (MECA) y de centro cultural El Quetzal ubicado en Palermo, explica esta modalidad: “Hay distintas leyes de habilitaciones y vos podés ir usando combinaciones de ellas, así más o menos vas cubriendo las actividades que tenés. Los trámites son muy engorrosos y muy caros. La verdad es que hay que tener una sola ley para que cada actividad pueda hacerse y cada vez más en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.

Las leyes actuales no contemplan ni de reojo la naturaleza múltiple de los centros culturales, fueron sancionadas mucho antes de que estos espacios empezaran a florecer en Buenos Aires, post crisis del 2001. Pero no es solamente la Ley lo que complica la existencia física de la cultura en la capital, si no también la voluntad política. “Este gobierno esta clausurando espacios culturales ilegítimamente, porque la realidad es que las clausuras que se vienen sucediendo no fueron por problemas legítimos, están pidiendo cosas que no tenemos que tener mismo por la ley que hoy en día está rigiendo” puntualiza Mariano.

No hace falta remontarse hasta la represión para barrer a la Sala Alberdi, o, diez años más atrás, al brutal desalojo del Centro Cultural y Social Almagro en Medrano 473. Sólo el mes que pasó Vuela el Pez (Villa Crespo), el Centro Cultural Victor Jara (Parque Patricios), Compadres del Horizonte (Barracas), La Casa de Teresa (Villa Crespo), El Café de los Patriotas y otros diez centros culturales más fueron clausurados. Sin gendarmes ni balas, pero dejando a cientos de vecinos sin las actividades que allí realizaban.

40 mil firmas

Existe una ley alternativa. Varios centros culturales nucleados en MECA dieron el primer paso hace dos años, pero fueron obstaculizados en la Legislatura, que no le dio prioridad al proyecto. Este 2014 lo empezaron con una propuesta renovada: una ley que busca 40 mil firmas para ser presentada como iniciativa popular.

Mariano cuenta que ya tienen 25 mil firmas y que “lo que nosotros estamos pidiendo en esta nueva ley es que la zonificación de este tipo de actividades sea amplia para que nosotros podamos tener en todos los barrios centros culturales. Pedimos la gratuidad del trámite para todas las entidades sin fines de lucro, porque entendemos que al ser algo que está queriendo darle cultura a la gente no tendría que tener gastos para hacerlo”. Además agrega que este proyecto de ley adapta los requerimientos legales a las necesidades de espacios independientes y mantiene las exigencias de seguridad e higiene previstas en otras leyes vigentes.

Varios de los centros culturales van a poder reabrirse, apelando y esquivando la burocracia de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo que sabe higiene pero no de cultura ni de la dinámica de esos espacios. 15 mil son las firmas que faltan para que los centros culturales tengan, al menos, la posibilidad de dejar de visitar a la AGC todos los años. 15 son los centros cerrados en sólo un mes. En estos lugares podes firmar:

La Casa de Árbol – Fitz Roy 2483, Palermo.

Casa Presa – Valdenegro 2636, Villa Urquiza.

El Quetzal – Guatemala 4516, Palermo.

Rincón Casa Cultural – Rincón 1330, San Cristóbal.

Señor Duncan – Av Rivadavia 3832, Almagro.

Club Cultural Matienzo – Pringles 1249, Villa Crespo.

Archibrazo – Mario Bravo 441, Almagro.

Multiespacio Pasco – Pasco 689, Balvanera.

Vuela el Pez – Av Córdoba 4379, Villa Crespo.

La Vieja Guarida – Guardia Vieja 3777, Almagro.

El Emergente – Gallo 333, Almagro.

Teatro Mandril – Humberto Primo 2758, San Cristóbal.

El Surco – Av Boedo 830, Boedo.

La Brecha – Juan de Garay 2900, Parque Patricios.

La Senda – Thorne 493, Parque Chacabuco.

La Bisagra – Av San Juan 1826, San Cristóbal.

San Nicolás Social y Cultural -San Nicolás 162, Floresta.

Mu. Punto de Encuentro – Hipólito Yrigoyen 1440, Congreso.

El jardín de los invisibles

Un jardín de infantes del sur de la Ciudad con más de 680 chicos tiene problemas de luz, agua, calefacción y espacio. La insólita charla con funcionarios de la Ciudad y el día que apareció un caballo en el patio.

En la Ciudad de Buenos Aires hay un barrio precario que fue creado hace veinte años sobre los terrenos de un antiguo depósito de autos abandonados, con la contaminación que esto implica para la tierra y su gente: el barrio Ramón Carrillo en Soldati. Desde entonces la Escuela Infantil N° 4, donde los vecinos mandan a sus hijos, sufre por mantenerse en pie. Los chicos, que llegan a ser 680 entre los dos turnos, se cruzan en el horario de almuerzo y faltan aulas. A ese colapso se suma la calefacción que solo a veces arranca, la electricidad que se corta y deja sin agua al comedor y los baños.

La base no está

En diciembre de 1990, el barrio Ramón Carrillo nació con 700 viviendas carenciadas que habían sido expulsadas del ex Albergue Warnes para poner en su lugar un supermercado Carrefour. El flamante asentamiento fue construido en dos meses sobre los restos de un ex depósito de autos, cuya herencia es un suelo contaminado con sustancias tóxicas que desprendieron durante años las baterías y la chatarra automotriz. “Hay casos de chicos con plomo en sangre, y eso lo vemos en las infecciones de piel de algunos alumnos”, afirma María José, docente de la escuela.

Ir al jardín puede cobrar tintes de travesía. Desde la estación Mariano Acosta del Premetro siguen unas cuadras que suelen estar anegadas por un barro que impide mantenerse en pie sin resbalarse. Entonces llega la escuela, con su aspecto más bien carcelario: rejas sobre la puerta, otro enrejado de alambres de púa en la parte superior; demuestran los conflictos que hay entre la institución educativa y el barrio.

Cuarenta y cinco minutos alcanzaron para que brotara la cotidianeidad del colegio. Las autoridades enseguida alegaron: “Necesitan la autorización de la directora para poder hablar con las maestras y sacar fotos. Ella tiene que llamar a la supervisora y le tienen que dar el visto bueno”. Ningún miembro de una institución educativa puede hablar con la prensa sin previa aprobación oficial, dicta la ley. Pero la realidad iba a desbordar el silencio de los protagonistas.

Minutos después de un cambio de hora, en el que aparecieron sucesivamente varios grupitos de maestras con sus alumnos yendo de acá para allá en ese extraño espectáculo de “orden”, donde los nenes juegan en el reducido espacio que la fila le permite, apareció un representante de Infraestructura del Ministerio de Educación porteño junto con el arquitecto del edificio de la escuela, para reunirse con la vicedirectora y dos maestras. El motivo: ver cómo solucionar la falta de agua, luz y gas que tiene el colegio.

Parados alrededor del escritorio de dirección, las docentes hicieron las descripciones de siempre, como si fuese una exposición grupal en el aula. Le comentaron lo que pasa día tras día en las aulas, en los baños, en la cocina. Ante cada embate de ellas, el funcionario respondía con palabrería burocrática: “Y, falta agua porque el barrio creció mucho y consumen más”, “sí, eso habría que solucionarlo” o la famosa “pasa que se construyó mal desde el principio”. De pronto, la conversación fue interrumpida por una trabajadora de la cocina que se acercó y bajó a tierra los idas y vueltas: “No hay luz en la planta. Van a tardar en venir las viandas”. El funcionario se quedó sin palabras.

Un caballo en el patio

María José, o Monona, maestra, decide hablar porque “me defiende el gremio”, es delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y siente que con eso le escapa a esas represalias que los demás prefieren esquivar: “Hace un año y medio que la cocina no funciona, y la comida llega en unos contenedores hecha desde la central, muchas veces fría o hecha un masacote”. Y agrega “Tenemos muchos problemas: no podemos usar el patio, porque hace más de un año que no terminan de poner el piso y si los chicos se llegan a caer de un juego se pueden romper la cabeza. En una plaza lo hacen en dos días, pero acá, como no lo ve nadie, no les interesa. Una vez llegamos y en el patio había un caballo”.

Después, de un salto pasa a describir a un colegio desprovisto de servicios elementales para su funcionamiento: “El tema de la calefacción está en prueba, porque si conectan la calefacción, salta la luz. Hoy estuvimos todo el día con camperas. Los chicos estuvieron sin venir una semana y media por decisión de los papás, hasta que fuimos con ellos a la Legislatura a reclamar en persona, y ahí vinieron a conectarla, pero es un sistema de caldera que funciona con agua, un gran problema en todo el barrio. En lo que va del año, seis días no hubo agua, y dos días enteros no tuvimos luz. Hoy, para que hubiera luz, lo que no hubo fue calefacción”.

En aquella reunión en la Legislatura se pidieron doce aulas acondicionadas, pero hicieron ocho y de esta manera hay cuatro salas del turno mañana que se superponen con las de la tarde. Las docentes no saben qué hacer hasta la hora de comer. Desde el año 1996 que están en el nuevo edificio y recién desde este año se usan las aulas nuevas, aunque no fueron inauguradas siquiera. De marzo a hoy, algunas ya tienen manchas de humedad y algunos baños tienen pérdidas o directamente no funcionan.

“Nos dijeron que no hay planos de la obra del colegio, que nadie los tiene, porque en los terrenos de la escuela figura un gran baldío. Supuestamente somos un espacio verde”, dice María José, harta de sentirse invisible.

El contexto

Los chicos ya perdieron 9 días porque el GCBA no pudo garantizar las condiciones necesarias, ya sea por falta de luz, agua o calefacción. El jueves 19 de junio, mientras Buenos Aires amanecía con temperaturas cercanas al bajo cero, la escuela del barrio Ramón Carrillo, nuevamente, no tenía calefacción. Los docentes, acostumbrados a esto pero no por ello resignados –todavía- cortaron las avenidas Mariano Acosta y Castañares para ver si obligaban una reacción. Mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suele mostrar su cara de víctima por pérdidas de días lectivos cuando se suceden las tomas por estudiantes o huelgas docentes, la escuela pierde clases por una ineficiencia en políticas públicas que se reproduce en toda la zona sur de la ciudad.

Mientras se está por completar el segundo mandato del PRO, el presupuesto para Educación en el 2014 va de la mano de los anteriores: de más de 12 mil millones de pesos destinados, el 16% se utiliza para subvencionar la educacación privada, mientras que solo el 1,8% a infraestructura de los colegios públicos. La Escuela Infantil N° 4 del D.E. 19 y su larga lista de problemas materializa la destrucción y el abandono programado. La esperanza tal vez resida en que el gobierno recuerde a este colegio enclavado en el barrio marginal de Ramón Carrillo con algún fin electoralista de cara al 2015. Entretanto, la Escuela Infantil cobra vida siempre que se puede, empujada por la fuerza de voluntad de un plantel docente que se niega a dejar en ruinas a una institución desdeñada.

Las meriendas en las plazas son Pro

A principios de mes la Legislatura porteña aprobó el proyecto que permitirá la instalación de locales gastronómicos en plazas y parques de la ciudad. En el trajín del avance privado sobre los espacios públicos, le llegó el turno a nuestras plazas.

La lógica privatista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue avanzando. Una ciudad necesitada de naturaleza, la reduce. Los legisladores de la Ciudad votaron una ley que cede el uso de una parte de las plazas a privados para vender comidas y bebidas, en un territorio que está por debajo de la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por persona recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La voz del PRO, de un asambleísta, un comunero y un legislador, en un análisis sobre el uso y explotación del espacio público porteño.

La norma, que fue aprobada en la Legislatura de la Ciudad con 36 votos a favor, autoriza la instalación de bares o cafeterías solo en aquellos parques que tengan como mínimo 50.000 metros cuadrados, lo que equivale a cinco manzanas de superficie, pero únicamente cuando estos bares existan se pondrán baños públicos y “estaciones saludables”, además de una red WI-FI, un lugar de alquiler de bicicletas y hasta una biblioteca.

Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, opinó que este condicionamiento “tiene una lógica extorsiva”. Martín Iommi, comunero de la 6, lee entre líneas que “entonces están asumiendo que ellos, como Estado, no son capaces de hacerlo”. Además, la ley va en contra del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, donde dice que hay que promover “la preservación e incremento de los espacios verdes”.

IMG_3980No es una ley aislada, es el sostenimiento de una política pública.

La venta y reducción de una parte de los parques representa una profundización de la línea del gobierno macrista en sintonía con el avance en la privatización de los espacios públicos. Marcelo Ramal, en la sede central del Partido Obrero, se refirió a esta situación: “Hay una lógica extorsiva en las concesiones. Pareciera que el GCBA le dice a su población: ‘¿Querés un baño público en el parque? Vas a tener que aceptar que se privatice una parte’. Entonces nos colocan en una disyuntiva que plantea el abandono de los parques o su privatización. Pero debemos rechazar esto, porque un baño público debería estar en condiciones sin que ello implique la entrega a un privado de una parte del espacio verde”.

Perjudica a los vendedores ambulantes, que ya brindaban ese servicio con permiso del Gobierno de la Ciudad y además a los artistas, quienes reclamaron por este tema y fueron a presenciar la votación, porque la ley establece un mecanismo de trabajo diciendo textualmente que los artistas callejeros trabajarán a la gorra bajo la supervisión de los concesionarios de los bares. Es decir que, según Ramal, “consagra un trabajo precarizado para estos artistas, donde van a responder al antojo de los privados”.

¿Comodidad o calidad de vida?

Federico Wahlberg es miembro de la asamblea del parque Centenario y parte de la Red de Interparques (Centenario, Lezama y Chacabuco), y sostiene que esta medida “se enmarca en una situación generalizada, porque si uno se pone a hablar de cada caso quizá no parezca que se quita tanto, pero a lo largo del tiempo la cantidad de espacio verde que se fue sacando es enorme. El Parque Chacabuco es nuestro paradigma: desde la época en que la dictadura lo atravesó con una autopista, se pusieron escuelas, un polideportivo y hasta un estacionamiento”.

“La diferencia creemos que está en si un porteño considera que es mejor conservar el espacio verde y tener que caminar 100 metros para comprarse algo, o si prefiere tener toneladas de hormigón para no tener que caminar”.

Federico es economista, tiene 32 años, y plantea un escenario muy simple: “Supongamos que vos querés tomar un café en el patio de tu casa, ¿vas a mandar a construir una cocina ahí mismo? Yo creo que lo que todos hacemos es ir a la cocina, hacernos un café y salir al patio de casa a tomarlo. Ese mismo criterio que uno tendría para su casa, nosotros lo consideramos válido también para los parques”.

¿Qué dijo el PRO?

Patricio Distéfano, el subsecretario de Uso del Espacio Público de la Ciudad, defendió la ley y regaló frases de esas que demuestran una concepción de vida: “Estos novedosos cambios, únicamente focalizados en las necesidades de las personas, lograrán transformar la tradicional idea que tenemos sobre los parques públicos de la ciudad. Ocurre que al histórico y conocido rol que cumplen como pulmones de la gran urbe se sumará el hecho de convertirse en verdaderas herramientas capaces de incentivar la vida saludable, el encuentro entre las personas, el acercamiento a la cultura y la construcción de una verdadera comunidad”.

El poder de las Comunas, una venta de humo.

Martín Iommi, de la Corriente Unidad Sur y ex Proyecto Sur, es miembro electo de la Junta Comunal n°6, una de las pocas en que la oposición supera en las votaciones al PRO: “Esta ley es totalmente antidemocrática porque debió discutirse y tratarse primero en las Juntas Comunales y a su vez debió escucharse al Consejo Consultivo, que es donde pueden participar todos los vecinos. No se escucharon las voces mayoritarias, que estaban en contra. Seguramente se va a terminar judicializando, porque se contradice con muchas otras normas. Se va a promulgar, pero veremos cómo queda el texto definitivo en el Boletín Oficial”.

“Cuando algo es tan ambiguo y contradictorio se huele que lo que están haciendo son negocios privados donde crean unidades de negocio que favorecen a los amigos, desde permitirle funcionar sin habilitación hasta la situación particular de pagar cánones ridículos. Para lo único que se está haciendo esto no es para darle un servicio a la gente, sino para seguir haciendo negocios en el espacio público”, afirma Martín, y sostiene que “por ejemplo, los boliches ‘Pachá’ y ‘Tequila’ funcionan en lugares que deberían ser un parque y espacio público, y lo que pagan por la concesión es cercano a 10.000 y 15.000 pesos, respectivamente”.

El PRO y Proyecto Sur, más contradictorios que nunca.

Si bien los partidos políticos se encargan de instalarnos una imagen sobre ellos, son los hechos los que descubren la manta impuesta para que no los veamos. Tanto es así que Javier Gentilini, legislador por Proyecto Sur dentro de UNEN y comandado por Pino Solanas, el presidente de la Comisión de Ambiente en el Senado de la Nación, votó a favor.

“La importancia de los espacios verdes pasa porque generan una vida más saludable, y la pérdida de estos espacios afectan a nuestra salud. Esto es contradictorio con los carteles del GCBA que hablan de una ‘Ciudad verde’. Además, las plazas funcionan como esponjas para evitar las inundaciones”, aporta Iommi, que supo militar con Gentilini en los barrios en defensa del espacio público, y oponiéndose a este tipo de proyectos.

Las plazas de la Ciudad, como a lo largo de la historia, verán disminuido su espacio, para cedérselo a un Estado, que cada día más, se vuelca a favor de lo privado.

Escuela recuperada

En el distrito con mayor falta de vacantes de la Ciudad, docentes y padres tomaron una escuela abandonada y dejaron en evidencia que el problema no era la falta de espacios. Ahora van por la expropiación definitiva y reclaman por otros terrenos ociosos. 

IMG_9810

Si seguimos la lógica de que los containers pueden ser aulas, los chicos se pueden acopiar. Con esa metáfora, el distrito 5 (Barracas, Parque Patricios, Sur de Constitución, parte de Pompeya) es un gran galpón donde 300 pibes de hasta cinco años que no tienen vacantes y esperan ser embarcados adonde algún supervisor les haya hecho un lugar. En ese mismo distrito se cerró hace cuatro años una escuela. Ese edificio, de Manuel García al 370, Parque Patricios, tiene 21 dueños. Uno es el Estado de la Ciudad, que cuando venció el contrato, en 2009, no hizo nada por mantener la escuela abierta.

La infraestructura da para 200 alumnos. Tiene dos patios, un hall, ocho aulas con pizarrones colocados, un espacio para secretaría, para la dirección. Hoy está abandonada por donde se la mire, con durlocks caídos, paredes despintadas, humedad por doquier. Sin embargo, estuvo los cuatro años cuidada en un aspecto: seguridad privada, cámaras de monitoreo, alarmas de humo.

“Ni chicxs sin escuelas, ni escuelas sin chicxs”, dicen los maestros y familiares de la agrupación Ni Calco Ni Copia, del Movimiento Popular La Dignidad y La Simón Rodríguez, de la Corriente Juana Azurduy, ambas afiliadas al sindicato docente Ademys. El 26 de febrero tomaron esa escuela junto con otras organizaciones sociales para recuperarla, ponerla en condiciones y mostrar que los problemas de vacantes se pueden evitar, si esa voluntad existe. Y mostraron la voluntad del barrio. Tomaron la voz de una vecina que propuso llamarla “Carlos Fuentealba” en honor al docente neuquino asesinado por la policía de esa provincia por reclamar aumentos salariales en 2007. Invitaron chicos, se calzaron los guardapolvos y pintaron la fachada, comenzaron los trabajos en el interior, combatieron las inundaciones, colorearon carteles, hicieron dos festivales. Y siguen.

IMG_9804Algunas otras escuelas sin chicos

Hay otros edificios que costaría menos reacondicionar que comprar un aula-container:

·A 4 cuadras, en Monteagudo 351, se “construyó la “Primera escuela bilingüe argentino-china”. Todavía no está funcionando, pero sí está promocionada. Hay un proyecto de ley para transferir del Instituto de la Vivienda de la Ciudad al Ministerio el terreno de Sánchez de Loria 1734/1750, hoy en desuso, para que sea una escuela infantil pública

·Dos escuelas privadas en el Distrito 21, Villa Lugano y Villa Riachuelo, que ya no funcionan: la ex Celia Villaurreta, y el edificio de Guaminí 4556

·La exPiaget, en Colegiales.

Lo inmobiliario duele

El 5 de marzo, día ocho de la toma -con lo que eso implica: siempre alguien de guardia, siempre todos atentos a que llegue la policía, mirando de reojo a los de la seguridad privada, que nunca dejaron la puerta de la escuela sola-, La Simón Rodríguez y Ni Calco Ni Copia ocuparon otro predio en Jujuy y Estados Unidos. Los pedidos de audiencia con el Ministerio de Educación de la Ciudad no habían dado frutos. A la Fuentealba no había ido ni la policía. A este terreno cayó la Policía Metropolitana a las tres horas de que lo tomaran. Es parte de los predios del proyecto Buenos Aires a la Venta. La plata de esa venta debería, según la ley sancionada en noviembre de 2013, ser utilizada para construcción de escuelas en zona sur de la Ciudad.  Consiguieron hablar directamente con Carlos Javier Regazzoni, Subsecretario de Gestión Económica y Financiera, del Ministerio de Educación, y recibieron llamados del ministro Esteban Bullrich. Prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance, pero siguió hablando de “ocupación de una propiedad privada”, aun sin investigar quiénes son los otros dueños, que tampoco se dan a conocer.

La expropiación se tornó una posibilidad cada vez más cercana. El Ministerio tiene el presupuesto, de hecho lo subejecuta año a año. Una de las primeras propuestas del gobierno fue que los docentes que la tomaron se hicieran cargo de la escuela, con la forma de cooperativa, una escuela de gestión social. Los docentes se niegan: “Que se hagan cargo. Tiene que ser una escuela estatal”. Consiguieron arquitectos que presupuestaran lo que costarían los arreglos. 500 mil pesos. 150 mil menos que un aula container.

A los 38 días de toma la Legislatura votó por unanimidad -con todos los bloques presentes, sin debatir los artículos, incluyendo el PRO la posibilidad de ser usada antes de la expropiación- la utilidad pública del terreno, sujeto a expropiación y ocupación temporaria por dos años, y el acondicionamiento para que esté en condiciones de albergar alumnos.

El ejemplo

Todavía Mauricio Macri tiene hasta el jueves 17 la posibilidad de vetar la ley, pero hasta entonces la escuela va a estar tomada y la comunidad educativa, atenta, discutiendo cómo seguir no solo por la recuperación de la Fuentealba, sino por todos los demás espacios vacíos que podrían ser escuelas para los 1100 chicos sin vacantes que quedarían en el distrito 5, para los 6 mil que quedarían en toda la Ciudad, para los que cursan en las 41 aulas containers en patios, par a los que quieren estudiar, como rezan los derechos del niño, sin discriminación.

IMG_9821

Lugano de primera

Ya no hay más Lugano I y II, sino de primera y de segunda. La Legislatura aprobó un proyecto para vender 41 inmuebles públicos a capitales privados, y avanza sobre toda la zona sur un “plan maestro” para ceder también 500 hectáreas. Mientras, las leyes de urbanización, de construcción de viviendas sociales y hospitales siguen postergadas.

El 7 de noviembre, el Pro, con la ayuda imprescindible de legisladores del Frente para la Victoria, el radicalismo y de UNEN, consiguió aprobar un proyecto para la venta de 41 inmuebles públicos a capitales privados. Ese mismo día, unas horas más tarde, obtuvo el quórum para colocar bares en plazas y parques públicos mayores a 50 mil metros cuadrados, aunque deberá pasar por una nueva audiencia y una segunda votación para ratificar la definición. Entre esos 41, se encuentran el Parque de la Victoria, el Parque Roca, el Parque de la Ciudad, buena parte del Parque Indoamericano y tres manzanas de la Villa 20, todos lugares que fueron adjudicados por ley para la construcción de viviendas populares. Según los vecinos de Villa Lugano, este es el primer paso para que el partido de Mauricio Macri, con el aval de la oposición en la Ciudad, realice su Plan Maestro en la Comuna 8: vender 500 hectáreas de tierras públicas que están desocupadas y seguir dilatando la urbanización de los asentamientos de alrededor.

“Nos dicen que están trabajando en el progreso de la zona Sur, pero acá falta vivienda digna para la gente. Nos mienten continuamente: nos prometieron un gran Hospital de Agudos y la urbanización para 1600 familias y todavía estamos esperando”, dice Diosnel Pérez, que vive en la Villa 20 y que fue procesado por el Gobierno de la Ciudad por la toma del Parque Indoamericano.

Cómo fue votado el proyecto

El primer proyecto fue aprobado con 41 votos positivos contra 15 negativos. Además del PRO, fue votado por los legisladores del Frente para la Victoria – a excepción de María Rachid –, del ibarrismo, la UCR y UNEN, mientras que en contra se pronunciaron el resto del bloque de Fabio Basteiro, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el MST y Proyecto Sur. El segundo tuvo 33 votos a favor (necesitaba 31) y19 en contra, pero necesitará de una segunda revisión para su aprobación.

Según los vecinos de la zona Sur, esta votación no sorprende, ya que dicen que se prioriza el negocio antes que las necesidades de la gente. A fines de 2010, el Jefe de Gobierno firmó el decreto en el que decía que no era necesaria la construcción de un Hospital General de Agudos, pese a que se había dictado la ley 1769. Luego, la norma 1770 prometía la urbanización de toda la Villa 20 de Lugano, para lo que se iba a utilizar terrenos aledaños, pero priorizaron otros proyectos en vez de la construcción de 1600 nuevas viviendas y espacios verde recreativos. Aunque fue sancionada hace ocho años, no se avanzó en nada respecto a esta ley.

Graciela Muñiz, defensora adjunta del Pueblo, denunció a los legisladores que aprobaron la primera medida del proyecto de ley: “Guiados por el Pro, muchos de los que dicen ser de la oposición, aprueban estas ventas con argumentos insólitos.  La Legislatura porteña decidió vender el Patrimonio de la Ciudad con la venta de más de cuarenta inmuebles de propiedad de los porteños”, aseguró.

Lugano postergado

En la comuna 8 se encuentran la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Entre otros predios, el llamado Plan Maestro contempla la cesión de casi la mitad del Parque Roca a la federación empresarial camionera para el desarrollo de una playa de cargas, la concesión del ex Parque de la Ciudad para recitales arancelados, todo administrado por la Corporación Buenos Aires del Sur, un ente del estado porteño que funciona como caja autárquica y paralela al presupuesto.

Los autores de esta iniciativa son los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Karina Spalla, quienes con este proyecto autorizan al Ejecutivo porteño a otorgar estos espacios verdes en concesiones por treinta años a empresas privadas para su desarrollo. Entre ellas: Monsanto, el Grupo Roggio e IRSA. Si bien esto no apareció aun oficialmente en ningún lado, en la página de clasificados “Jobrapido” se ofrecen ofertas laborales con las siguientes referencias. Monsanto / Capital Federal (villa Lugano): http://ar.jobrapido.com/Ofertas-de-trabajo-Monsanto-Capital-Federal-(villa-Lugano)

La pantalla

En el proyecto, dicen que los fondos obtenidos deben ser destinados para la urbanización de villas y la mejora de complejos habitacionales de Lugano y Soldati, pero tanto los vecinos como organizaciones sociales aseguran que se anuló la participación en la urbanización y en cambio otorga beneficios impositivos a empresas privadas por más de 155 millones de pesos, tan sólo en el primer año.

“Esto no es progreso, sino que están arruinando todo y se nos están riendo en la cara: si venden toda esa tierra, ¿cómo van a urbanizar la zona?”, se queja Fernando Márquez, vecino de Lugano, que se sumó a las marchas a la Legislatura de la Ciudad y que realizó una denuncia con el apoyo de los comuneros de su zona. A pesar de contar con dictamen de mayoría, el proyecto del Plan Maestro no fue tratado aún en el recinto de la Legislatura porteña y pese al repudio de vecinos y organizaciones, es inminente su avance en toda la zona sur de la Ciudad.

 

Lugano de segunda

Diosnel Pérez llegó a Lugano en el 87 y construyó las primeras casas de lo que hoy es la Villa 20. Desde entonces, vio pasar gobiernos municipales y nacionales de todos los colores: ninguno urbanizó. Él sigue repartiendo constituciones de la Ciudad para mostrarles a sus vecinos que tener calles asfaltadas, tendido eléctrico, agua potable y sistema de cloacas es un derecho consagrado.

Diosnel Pérez fue de los primeros vecinos en ocupar las tierras que hoy son la Villa 20, en el barrio de Lugano, allá por 1987. “No fue fácil. De noche construíamos y después venía la montada a destruir lo que habíamos hecho. Pero los caballos se cansaron y nosotros no”, resume sobre esos tiempos posteriores a la dictadura. Todavía sale a repartir constituciones de la Ciudad para mostrarles a sus vecinos que la vivienda digna es un derecho: está consagrada en el artículo 14 bis. Recuerda que, antes de empezar a militar, él mismo creía que valía menos por ser extranjero. “La villa no está incluida dentro de la Ciudad. Somos parte de Buenos Aires y no se reconoce. La no urbanización colabora con la discriminación”.

 

Los servicios y Mirtha Legrand

Por más que estén capacitados para un trabajo, si en el casillero de dirección ponen Manzana 7, Casa 18, tienen menos chances. “Ni la justicia reconoce nuestras direcciones”, sigue Diosnel. Las ambulancias no entran. El agua que toman está contaminada. Se cruzan caños de cloacas y de agua porque cada uno lo construye como puede. Si se pincha uno, ya se mezcla todo. El único momento en que va Edesur a solucionar un problema es cuando se quema el transformador: situación límite. El cable que sale de la tierra ya es trabajo de los vecinos. Diosnel: “Todos los servicios los hicimos nosotros”.

Desde el 11 de agosto de 2005, la ley 1.770 le exige al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) hacer 1600 viviendas donde hoy hay un cementerio de autos. “Con 1600 viviendas acá no alcanza para nada: somos 40 mil habitantes”. Los fallos de la justicia se repiten a favor de la urbanización, pero el Estado nunca aplicó.

La respuesta más concreta del estado fue en un almuerzo de Mirtha Legrand: Michetti manifestó el interés de su gobierno por la urbanización aportando datos sobre las fachas de casas pintadas de colores. Para peor, dijo sobre la 31: “Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario, lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad o cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o hacer un sector de barrios para clase media”.

Quizá esta postura explique, mejor que cualquier rosca, por qué no se urbanizan las villas.

 

Las formas de la ley

Junto con la ley 1.770 se aprobaron dos más: el levantamiento de un Polo Farmacéutico a manos de la tercera cooperativa más grande del mundo, Cooperala; y la construcción de un hospital. La única que se cumplió fue la del Polo. El hospital se completó solo en una de las tres etapas; quedó poco más grande que una salita de salud. Abre de lunes a viernes, hasta las 16 y no tiene guardia. Si pasa algo a la madrugada, hay que salir a pedirle auto a algún vecino – porque, de nuevo, las ambulancias no entran- e ir a un hospital a siete kilómetros. “Si esperás a la ambulancia, te vas a morir. Los vecinos ya están acostumbrados”, sabe Diosnel.

-No se puede urbanizar si la gente sigue tomando casas- repiten los funcionarios.

-La gente necesita vivienda hoy- explican los vecinos.

Y así reaparece el “Parque” Indoamericano -y sus tres muertos durante la represión conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana-. “Ningún gobierno se ocupa de crear una política seria de vivienda”, sigue Diosnel. “Y ahora menos. En las 70 hectáreas libres acá en la Comuna 8, el Estado quiere hacer una villa Olímpica, en vez de casas”.

 

Habladurías

Y mientras tanto, escuchan que no pagan impuestos.

-¿No? Cada vez que compro azúcar, pago. Cuando se inunda, se inunda no con agua de lluvia, sino con la cloaca que sube. Los servicios los hicimos nosotros mismos. Hasta la escuela estatal dentro del barrio usa los servicios que nosotros construimos, así como da de beber agua contaminada, así como no tiene un patio y tiene entre 37 y 40 chicos por aula. ¿Por qué en la zona Sur tenemos que sufrir tanto? Esa escuela sirvió para mucha propaganda al gobierno de Mauricio Macri. La misma en la que a una chica se le cayó toda la cerámica del lado del inodoro.

 

Las formas del Estado

En ese mismo barrio pasan cosas como esta:

http://www.youtube.com/watch?v=SJbBuJ1U5AM

Una detención, un policía que no quiere dar la cara, otro que viene para pegar y se va. Otros no fueron filmados. Otros estuvieron desaparecidos durante meses, como Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco (http://www.nosdigital.com.ar/2013/07/yo-soy-kiki-lezcano-y-nadie-me-va-a-callar/).

 

Desesperanza y razones

“Nunca se va a terminar de urbanizar. Primero porque no les conviene a los gobiernos. Las empresas que trabajan de limpiar los pisos ciegos perderían más o menos 100 millones de pesos anuales. Y esas empresas son amigas de los gobiernos de turno. Es mucha plata la que perderían”, analiza Diosnel. La empresa beneficiada es Panizza, relacionada, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con los operativos ilegales de la Unidad de Control del Espacio Público contra gente en situación de calle: “…un grupo de 13 personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción “Panizza” les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles así mismo su documentación, todo lo cual fue destruido”.

El Informe de la UCEP: http://www.cels.org.ar/common/documentos/INFORME_FINAL_UCEP_.pdf

Fotos: NosDigital
Fotos: NosDigital

Escuelas PRO

El Gobierno de la Ciudad firmó un convenio con fundaciones privadas europeas y norteamericanas para adecuar los planes de estudio de colegios públicos a las exigencias de estas instituciones. Viajes tentadores para los directores, docentes que dijeron “no” y más preguntas que respuestas sobre la creación de “escuelas modelo” que ya está en marcha.

Un día los maestros y profesores de diferentes primarios y secundarios se desayunaron que sus colegios habías sido designados para transformarse en “escuelas modelo” para llevar a la práctica las innovaciones propuestas por cuatro fundaciones e instituciones extranjeras: Vittra, de Suecia, Linda Nathan, de Estados Unidos, Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra, y el modelo Finlandés estatal. Para hacer más interesante y atractivo el asunto les prometieron que llegarían nuevas partidas presupuestarias para acondicionar las escuelas, viajes al extranjero completamente pagos para capacitación y, por supuesto, que estarían participando de la vanguardia de la educación en la ciudad. Patricio, maestro de la escuela 12 Distrito Escolar 19 cuenta cómo fue allí el diálogo entre los docentes y las autoridades: “Lo que hicieron desde el Ministerio de Educación fue manejarse directamente con los directivos del colegio tratando de armar cierto clientelismo o amiguismo entre algunos directores de colegios de zona sur principalmente, y ellos fueron bajando información de poco; así que nosotros fuimos construyendo el panorama de a partes. Por lo general a los directores les prometían viajes a Europa para asesorarse, toda una cuestión bien marketinera. Por ahora no hay mucha información más de lo que nos dijeron, la que aparece en la página del Ministerio y las reuniones que armaron con los directores para sus capacitaciones en la UCA y otras universidades privadas”. Dato importante: la escuela donde trabaja Patricio está en la villa 1-11-14, lejos de la realidad de un niño sueco o finlandés. Sin embargo no es el único colegio ubicado en barrios populares o villas: la 8 D. E 13 en Parque Avellaneda, la 4 D. E 19 de Pompeya, la 3 y 14 D. E 12 en Lugano también atraviesan situaciones parecidas.

La respuesta de los profesores ante este plan del Gobierno porteño varía en cada situación, ya que es confusa hasta para los propios afectados. Algunas se bajaron de la normativa una vez que le dieron más información, como las 5 y 12 D.E. 19º, y 14 D.E. 21º; o los Normales 2 y 5. En otras todavía sigue “en discusión”. En el caso de la 12, Patricio nos amplió un poco más cómo se dio la dinámica: “Nuestra escuela está en la villa 1-11-14 y ninguno de los docentes se sintió atraído por este programa; es más, desconfiamos de todo lo que nos viene desde arriba. Inclusive creo que la directora nos comentó que ella había pedido otro de los modelos de los que están dando vuelta y se lo cambiaron a último momento. Nosotros le dijimos que no íbamos a aceptar nada e incluso elevamos una nota. Lo mismo pasó en la 8 D. E 13, aunque ahí está un poco más movido porque parece que el director ya viajó a capacitarse, y los maestros presentaron una nota pública diciendo que de ninguna manera iban a aceptar esto. Incluso tuvieron una reunión con una asesora de Bachillerato Internacional”.

¿Modelo de qué?

En la página web del proyecto se muestran fotos de niños rubios jugando con sus pares negros, riéndose una niña pecosa muy colorada junto con otra de rasgos achinados. ¡Ah, la solidaridad y el entendimiento humano en su esplendor! Más aún, todas invocan que son parte de una nueva forma de enseñanza, más integral, que se entrecruzan las artes, las ciencias sociales con la educación física y la literatura. Las clases son más flexibles y el tradicional modelo del maestro frente a filas de alumnos ha sido superado…

Laura Marrone, secretaria pedagógica de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior –ADeMyS-, explica qué hay de fondo en este convenio que costó por ahora más de 4 millones de pesos: “Esta situación nos alarmó porque significa una entrega del control ideológico de las escuelas a empresas privadas extranjeras que establecen que hay que aceptar la ideología de esas fundaciones, hay que aceptar los formatos institucionales y regímenes laborales”. Por ejemplo, en la página del Bachillerato Internacional (poner este link en la palabra “Bachillerato Internacional: https://www.ibo.org/es/programmes/) bien indican cuáles son las condiciones para ser aceptados por el programa: “Todo colegio, o grupo de colegios, que desee ofrecer uno o varios de los programas del IB como Colegio del Mundo del IB debe primero recibir autorización. Los requisitos son los mismos para todos los colegios y el procedimiento de autorización está concebido para garantizar que estén bien preparados para implementar el programa satisfactoriamente. Asimismo, todos los Colegios del Mundo del IB deben participar en un proceso continuo de revisión y desarrollo en el que se utilizan las mismas normas de implementación de los programas y aplicaciones concretas”i.

¿Cuál fue la justificación que les dieron desde el Ministerio de Educación para haber elegido a estas instituciones?

No nos han dado una justificación por qué esas sí y otras no – contesta Laura Marrone-, pero sí que hay que establecer experiencias piloto para mejorar la educación. Nosotros nos hemos ingresado en las páginas web de estas organizaciones y no encontramos ninguna expresión pública que justifique una experiencia pedagógica que innove en cosas que se vienen haciendo en nuestra ciudad, como por ejemplo, las escuelas de arte que toman como modelo la de Linda Nathan o las del B.I con sede en Ginebra. No hay ninguna muestra de un trabajo que supere experiencias que venimos en Bs. As, que es una ciudad que no es despreciable en su elaboración en el desarrollo de experiencias pedagógicas. Nuestra impresión es que se trata de ir minando el cuerpo docente de los colegios que se eligen por concurso público y que tienen una tradición de independencia del poder política; y que progresivamente – con estos regímenes de convenio o becas que se les envía gratuitamente a Europa o EEUU- ir minando un cuerpo de conducción no disciplinado por el poder político y que históricamente ha apoyado a la educación pública, para que se avenga a los planes de privatización, mercantilización; etc. Este es el verdadero trasfondo.

Hasta la fecha, no se sabe mucho más que estas versiones, y el PRO mantiene su silencio sobre un tema bastante agudo: la injerencia extranjera en la formación de niños y jóvenes. Lo que sí está claro es que ya se han pagado 4,2 millones de pesos a las fundaciones privadas y que hay 10 primarios seleccionados para el proyecto y otros tantos secundarios que aún están discutiendo qué hacer. ¿Cómo sigue esto? Marrone: “Lo hemos presentado a la Legislatura el problema para que los distintos bloques lo tomen. Personalmente, en diciembre entro a la legislatura por el bloque de Marcelo Ramal del Frente de Izquierda –FIT- y vamos a presentar un proyecto rechazando este tipo de convenios que consideramos que es colonialismo en nuestro sistema educativo”.