Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

Relatos salvajes

Jonathan intentó escapar y un vecino quiso ayudarlo, pero se desmayó por la sangre en los pulmones. Con él, estaba Matías, que está preso en José C. Paz porque lo acusan de matar a Brian, su hermano. También Maju, tiene cuatro tiros en el cuerpo y está internada. Las víctimas.

Jonathan saludó a su hermana Yoana, que estaba por comer, y salió 20.30 de su casa, éste último jueves 7 de agosto. Se compró un arroz con pollo y se sentó en un umbral. Maju, Matías y Brian pasaron en una Suran azul que los vecinos habían visto tirada y completamente abierta, con llave puesta, desde hacía dos días, frente a la escuela de Chilavert y Larraya, y la levantaron para dar una vuelta. Hicieron una cuadra, desde Larrazábal y Barros Pazos hasta Larraya, y la Brigada de Investigaciones los persiguió a los tiros limpios, sin prender sirena ni dar la voz de alto. Antes de las 21, se escuchó una balacera. El policía Rubén Solanes, Percha, de civil, igual que el Fluence que manejaba, entró al auto y fusiló a Matías, a Brian y a Maju. Matías quedó tendido en el asiento de adelante. Está preso en José C. Paz. Sin condena. Brian quedó agonizando. Murió más tarde. Jonathan bajó con las manos en alto. Percha lo hizo correr y le disparó. Cayó muerto a unas cuadras. Maju, herido y todo, salió corriendo. Le quedó un pulmón muy comprometido. Lo hizo aun sabiendo que los chicos no tenían armas, porque nunca respondieron los balazos. “Ahí está el arma”, dijo un policía, señalando una bolsa de arroz con pollo que había comprado Yoni.

Jonathan

Yoni se entregó. Estaba Matías tirado en el piso, mientras le estaban pisando la cabeza. “Corré”, le dijeron Percha y el Mario “Indio” Chaves. Yoni salió corriendo y le tiraron. Siguió corriendo. Le dieron en la espalda. Corrió dos cuadras, se metió en un pasillo. Un vecino sacó a los policías a los escopetazos. Logró que no avanzaran más hacia Yoni, que en el pasillo cayó desmayado por la sangre en los pulmones.

Media hora después lo encontró su mejor amigo, en ese pasillo oscuro. La madre de Yoni lo llevó al hospital. Cuando murió, la policía no quería que la familia entrara a la sala a verlo. “No querían que viéramos que también habían entrado otros tres chicos de Soldati asesinados por la policía en ese barrio”, dice Rosa.

“Es el jefe de la banda”, dijeron en la tele. La madre, cuando lo recuerda, no lo puede creer. Se agarra la cabeza. Cuenta cuando lo ponía en penitencia y Yoni se ponía a hablar con los amigos desde la ventana. Cuenta cuando se ponía a jugar con el perro, como un chico. Cuenta cuando iba a pescar pescaditos mínimos, que ni se podían comer. Cuenta que le tenía miedo a las armas. “Se subió al auto para hacerse ver. Es un adolescente”, se explica la hermana.

Brian y Matías

La policía culpa a Matías de matar a Brian. Eran hermanos. Se llevaban bien.

Brian quedó agonizando en el auto. Lo tiraron en los asientos de atrás. A Matías lo sacaron del auto, ya fusilado, herido. Le pisaron la cabeza contra el piso. Lo metieron en el auto de nuevo para que viera cómo estaba Brian. Desde entonces, no puede hablar más. Está herido, pero en la cárcel de José C. Paz. Aunque legalmente tiene que ir primero a una comisaría, después a una alcaidía y, recién con la orden del juez, a la cárcel. Pero ya está en la cárcel. Ahí, los presos decían que le iban a pegar. “No. A este no, que está reservado”, respondieron los guardias.

La familia teme que lo maten.

Maju

Con cuatro tiros, dos en los hombros y dos en las piernas, Maju corrió una cuadra y se metió en un pasillo. Se metió en la casa de un vecino, lo que le evitó que el Indio lo rematara. Está internado, con un pulmón comprometido.

-¿Por qué no retiraron antes la Surán?- le preguntó Rosa, hermana de Yoni, al comisario de la 52, porque sabe que en la 20 y en villas de Soldati, hay autos de alta gama, abiertos, como la Suran, con la llave puesta. “Son señuelos”, dice Rosa. “A los pibes que se suben, se sienten con derecho a matarlos”. También teme que mezclen esa Suran, con otra, robada a una señora dos días después, que apareció en el barrio y que la policía quemó. Si hacen pasar una por otra, limpiarían las pruebas. En la comisaría 36, la comisaria Carrizo le dijo al padre de Yoni que el coche era rojo. Le dijo también que Yoni tenía un arma en la cintura. Los médicos, cuando llegó al hospital, no la encontraron.

Los casquillos son todos de pistolas 9mm. Sin embargo, la policía intenta instalar que fue un problema entre bandas y armó una causa diferente para cada chico, para que las familias no pudieran trabajar juntas. Las familias saben que no.

Las pericias no dan cuenta de armas de los chicos, pero un vecino vio cómo el Indio o el Percha tiraba una remera adentro de la Suran, donde sospecha que había un arma.

En Cruz y Lafayate, los policías “armaron el espectáculo para Crónica” –dice Rosa-, mientras Brian moría. Hasta ahí, empujaron el auto, cuyo motor no respondía porque había sido acribillado por las balas policiales.

La familia de Brian cortó avenida Cruz. Cuando pasaban patrulleros, les tiraban piedras, de la bronca. La gendarmería respondía con balas de goma.

Los portavoces de la policía confunden todo. La comisaría 36 tiene un discurso. La de Robos y Hurtos, otro. Dan el apodo de un chico por otro.

Solanes pasó por el santuario que le armaron a Jonathan, bajó de su Fluence gris y pateó una de las sillas que cortaban la calle de Larraya y José Barros Pazos. Acostumbra pasar, pedirles fuego a los chicos, para marcar la cancha, y verles la cara de cerca.

El miércoles posterior, volvieron a pasar, como siempre. Eran cuatro. Se bajó uno a desafiar: “A ver quién viene. Tengo una bala para cada uno”.

Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

IMG_2589

Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

IMG_3490

Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

IMG_3547

A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

El guapo del barrio es un asesino

En la villa 20 de Lugano, Jonathan se subió a un auto que llevaba dos días abierto y con las llaves puestas, un policía lo frenó, señaló una bolsa donde había un arroz con pollo, gritó “ahí está el arma”, disparó y lo liquidó. Ese oficial se llama Rubén Solanes. Camina libre por la calle.

Hay un policía que se hizo muy conocido en la villa 20 de Lugano. Se anda haciendo el guapo por el barrio. Se llama Rubén Solanes. Se hizo rumorear que había dejado el barrio después de que los familiares de sus incontables víctimas hicieran públicas las denuncias. Se dijo que había estado preso. Estuvo detenido con sus excompañeros. Pero, por todas las descripciones, volvió y se hizo notar. No dejó de usar los “trofeos”, lo que les robaba a sus perseguidos. Desde la División de Robos y Hurtos de la Brigada de Investigaciones, se pasea en su Renault Fluence gris. Baja de su auto y prepotea. Camina sin uniforme, porque no lo necesita. Y mata.

En la masacre a Jonathan Mareco, Braian, Matías y Majo, persiguió al auto donde iban. Sin sirena, a los tiros. Podía ser un ladrón. Era un policía. Bajó cuando pararon, se acercó al Suran donde iban, abrió una puerta y los fusiló. Sabía que estaban desarmados. Si no, no se metía así nomás. Sabía que era impune, si no, no hacía esa barbarie. No murieron ahí. Con su compañero, “El Indio”, persiguió a Jonathan y Majo disparándoles. Jonathan murió después de tambalearse una cuadra y caer desmayado en un pasillo oscuro donde se iba a esconder. La sangre marcó el camino por donde media hora después lo encontró su mejor amigo. Murió en el hospital. Majo corrió en otra dirección. Lo ayudaron abriéndole la puerta de una casa, en otro pasillo oscuro. Está peleándola en el hospital. Braian moriría al poco tiempo. Quedó en el auto agonizando. A Matías, su medio hermano, lo metieron en la Suran para ver cómo había quedado Braian. Está preso en José C. Paz, sin paso por comisarías ni alcaidías. Está casi sin habla por lo que vivió, porque vio la muerte.

“Yo los conocía de nombre. Son los de la Brigada, escuchaba. Si había pibes robando, Solanes les sacaba las cadenitas, los celulares”, contextualiza Yoana, hermana de Jonathan, otra de sus víctimas fatales. “Son sus trofeos”, dicen en el barrio. “Si te fijás, andan con una cantidad de cadenas de oro colgando. ¿El sueldo de policía les alcanza para eso?”, marca Rosa, otra hermana de Jonathan. Son sus trofeos, y los enrostran. A un amigo de Jonathan lo había agarrado fumando un porro y lo tiró al piso y le empezó a dar patadas. El pibe pensaba que lo iban a matar.

Con otros tres compañeros suyos, se paseó por el santuario que hicieron los amigos de Jonathan y pateó una silla. Otro día, uno de los cuatro invitó a pelear a los chicos. “Tengo una bala para cada uno”, les dijo, mientras los insultaba.

“Yo escuchaba el nombre del famoso Percha”, dice la madre de Yoni. Percha es Rubén Solanes porque a algunos de sus muertos, les tiraba una percha encima. Rubén Solanes, Percha, aunque no coincidieron temporalmente, “es de la escuela del Indio”, dice Angélica Urquiza, madre de Kiki Lezcano, que estaba con Ezequiel Blanco cuando Daniel Veygas y otros policías los mataron. El Indio le decía a Kiki: “Voy a ser tu sombra”. Le decía a Angélica: “Cuídelo, le puede pasar algo malo”. “Si alguna vez trabajaste para ellos, ellos siempre están detrás tuyo”, le dijo un joven al diario El Argentino.

En 2002, Percha fusiló también a dos chicos de 17 años, Daniel Barboza y Marcelo Acosta que estaban fumando porro en las “canchas de los huérfanos”, con toda la gente alrededor: los hizo arrodillar y les disparó. Se animaron a declararlo los que lo vieron desde un monoblock. Por su prontuario, por su fama, por lo que Percha mismo había construido, ya lo conocían.

Hace dos meses, se bajaron tres personas de un auto blanco con vidrios polarizados y empezaron a dispararles a los pibes que estaban ahí. Estaban jugando a la pelota. Uno es el sobrino de Yoana, que recibió dos disparos en la pierna. No puede jugar más al fútbol. Dejó el colegio. Ahora se metió en la droga. Otro chico murió. “La familia es tan humilde que no pudo hacer nada”, se lamenta Yoana, que está segura de que eran los de la Brigada de Robo y Hurtos.

Hasta un compañero suyo fue su víctima, dice Rosa. Uno de los fusilamientos lo había sacudido. No lo aguantaba y se había decidido a hablar. Percha simuló una persecución, se le acercó por la espalda y le disparó en la nuca. Cuando cayó, le pisó la cabeza y le dijo: “¿Viste que no ibas a decir nada?”.

Hay hasta comisarios que dicen tener miedo. ¿Será el miedo lo que hizo que reincorporen a Percha a la Federal después de haber sido condenado por un homicidio simple? ¿Si comisarios le temen, qué queda? ¿De verdad le tienen miedo o son sus mejores herramientas?

A una madre también le pegó un tiro en la cabeza, sigue enumerando Rosa. Ella no paraba de pedir justicia por su hijo asesinado por el Percha.

CORREPI denuncia que en la comisaría 52, cuando él era jefe de calle, practicaban torturas como submarino seco.

En el mismo barrio tres policías federales mataron a Camila Arjona, en 2005, mientras tiroteaban a un joven que se había negado a ir a comprarles cocaína. Es el único caso con condenas. Esta vez, no estaban Percha ni Indio.

Percha es uno de los policías, de la institución que se tome en la Argentina, que se ganaron el apodo de “Mataguachos”, como José Antonio Peloso, de Fiorito, que hace gala de sus muertos y anda mostrando el arma por el barrio, ya retirado. Los mueven de un lugar a otro cuando conviene. Después vuelven.

Más de 3 mil muertos tienen en sus espaldas las fuerzas de seguridad argentinas desde que volvió la democracia. Más de tres mil, sin contar los reales enfrentamientos.

“Se sienten dios porque matan y no pasa nada”, sintetiza Ricardo, hermano de Jonathan Mareco.

Desalojando Buenos Aires

El 2013 tuvo cifras récord de desalojos de viviendas y este año arrancó con todo contra el espacio público y predios tomados en la zona desatendida de Lugano. Historia y datos para entender por dónde viene la mano.

El desalojo es el síntoma de una serie de políticas mal contenidas, el último recurso, correr atrás de la pelota.

La moda de desalojar hoteles familiares, casas tomadas y predios ocupados crece año tras año, cuando en 2006 fue ya decretada la “emergencia habitacional” en la Ciudad; hoy el desborde es evidente: cerca de 500 familias ocupan un predio lindero a la Villa 20, como respuesta a las urbanizaciones mal planteadas y razones infinitas.

Los que tienen coronita

Mientras tanto, en Ciudad Gótica más del 23% de las viviendas particulares se encuentran deshabitadas; pensemos en Puerto Madero. Las comunas 8 y 9 de la zona sur tienen el déficit más alto pero también una gran proporción de parque habitacional deshabitado. Sobre ellas el gobierno porteño avanza con un “plan maestro” que significa vender una serie de terrenos al desarrollo inmobiliario, so pretexto de igualar el desarrollo del norte con el del sur. “Pero detrás de esos buenos principios”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado especializado en temas inmobiliarios, “lo que se hace en la práctica es privilegiar a propietarios o emprendimientos inmobiliarios. Se lleva el Metrobús, el subte, se instalan los polos tecnológicos, de las artes, del deporte, que son extensiones para la instalación de nuevos emprendimientos comerciales”.

Ejemplo: los polos (tecnológico en Parque Patricios, Audiovisual en Chacarita, etc.) son delimitaciones en un sector de la ciudad donde residen empresas que gozan de beneficios económicos: “Tienen exenciones impositivas de 10, 20 años, no pagan ingresos brutos, ni derecho a la construcción”, dice Baldiviezo. Aparte de este oasis fiscal en pleno Buenos Aires, el desarrollo prioritario de estos proyectos dejan relegados las construcciones residenciales, que son acaso las que urgen.

La entrada del mercado a las villas

En este momento, Jonatan habla desde la ocupación de la Villa 20, la cual junto a su agrupación Colectivo por la igualdad y como representante de Abogados ambientalistas está ayudando a organizar. Cuenta que son 500 familias en igual cantidad de lotes, un predio que se extiende de la Villa 20. “Es la única villa que tiene un banco de tierras para la urbanización”, dice Baldiviezo. Justamente esa promesa incumplida es uno de los detonantes de la ocupación masiva, según una lógica que explica también la toma desalojada del Indoamericano en 2010. Baldiviezo: “Nosotros entendemos que urbanizar es poner servicios públicos, integrar al barrio, solucionar la vivienda a los inquilinos, otorgar propiedades… El PRO dice que no lo puede hacer, entonces lo que busca es dar títulos de propiedad, que es el último paso”. Al parcelar las villas y dejarlas en deterioro, lo que se habilita es la entrada especulativa del mercado sobre esos terrenos: “Para que el mercado ingrese tiene que haber propiedades en las villas. Es el proceso lento de sacarlos, para que el mercado las compre a precios bajos y  que luego sea el mercado el que vaya urbanizando”.

Este tipo de maniobras dejan desprotegidos sobre todo a los inquilinos, que no se agarran ni de los títulos de propiedad: “Entonces la única forma que ven es tomar la tierra”, explica sobre la ocupación de Lugano. “Este predio quiso ser vendido en el plan maestro, los vecinos lo defendieron porque son su promesa de urbanización, y hace años que es un cementerio de autos”.

Los desalojados como nueva clase social

La responsabilidad no es sólo del gobierno municipal cuando de entender las fluctuaciones de las migraciones se trata: el éxodo del campo hacia la ciudad producido por un monocultivo que precisa escaso trabajo, y tecnologización de las tareas; las oportunidades aparentes o reales que parece brindar la city; acaso los propios desalojos aparentes o reales de las propias provincias.

El gobierno de la Ciudad se manda la parte; no sólo en el tema vivienda; los desalojos a manteros en la vía pública muestra también que la idea de sacarlos, de desplazarlos no contiene una segunda respuesta. Es decir, en forma de las preguntas que se hacen estos trabajadores: “Si nos sacan de la calle, ¿a dónde vamos a ir?”

En el caso de las viviendas el Gobierno porteño ofrece la opción de un subsidio habitacional que consta de seis cuotas de 450 pesos con opción de extender a cuatro cuotas más; según el programa de Atención de Familias en Situación de Calle son 3.500 los beneficiarios del plan que cumplen con todos los requisitos; muchas personas lo solicitan pero no acceden a cobrarlo.

Lo cierto es que más allá de estas ayudas que no ayudan a nadie, el año pasado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un análisis sobre el presupuesto para vivienda del período 2008-2012: “Para todo el período los gastos de los programas de vivienda representaron porcentajes significativamente menores a los asignados originalmente por la Legislatura. En 2010, por ejemplo, la Legislatura destinó un 2,6 por ciento del presupuesto general pero en el gasto real realizado por el Ejecutivo implicó sólo un 1,5 por ciento”. Esta diferencia la explican las subejecuciones del presupuesto que permiten al gobierno reasignar recursos que en principio estaban destinados a una cartera, hacia otra por motivos que deben explicar. Estos acomodos significaron partidas por casi mil millones.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no construyó una sola casa en el período 2010-2013, según estadísticas de la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad. En cambio, en los bosques de Palermo pueden verse camionetas ploteadas con promotoras con calzas negras publicitando al IVC. “El IVC está totalmente desguazado, sólo tiene infraestructura con personal transitorio, y todas sus competencias se pasaron en la práctica al ministerio de hábitat e inclusión social”, cuenta Baldiviezo.

De aquella Ley de Emergencia Habitacional sancionada en 2006, quedó nada. La creación de un fondo presupuestario para programas habitacionales nunca fue reglamentada; y el artículo que suspendía los desalojos a inmuebles públicos fue vetado por el ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.

Se hizo uso en cambio de una medida aprobada en 2001 que permite ejecutar un desalojo antes de que sea dictada una sentencia judicial: “desocupación inmediata”.

En este contexto se cuentan 2.300 familias con sentencia firme de desalojo en la Ciudad de Buenos Aires, según el Programa de Atención a Familias en Situación de Calle.

La manta corta

¿Cuál es el negocio? La ciudad del club de amigos no sólo aplica derecho de admisión a los que no les caen bien – la política patovica- , sino que hace sus negocios gracia a la famosa “burbuja inmobiliaria”.

En los últimos años se ha ido incrementando el precio de las propiedades, al punto que triplica el índice inflacionario del resto de los bienes.  Según un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2005 la superficie construida creció un 600%, y el metro cuadrado aumentó a razón de un 35% anual. Este proceso de valorización del suelo urbano está impulsado por el dinamismo que tomaron el mercado de la construcción y la actividad inmobiliaria, guiados por una lógica especulativa, cuyos protagonistas guardan estrechas relaciones con algunos funcionarios porteños.  Acreditada está la de Nicolás Caputo, íntimo de Macri y ex asesor del gobierno, dueño de la firma CAPUTO S.A. que consigue licitaciones para construir llamativamente seguido. Telemetrix, Altote, Mediterránea, American Traffic, Instalectro e IRSA son otras de las empresas que viven ganando licitaciones que habilitan a construir en suelo porteño.

El abogado Baldiviezo explica: “La lógica de la expansión de la especulación inmobiliaria en la Ciudad presiona sobre la recuperación de los predios que están en manos populares o que no tienen cierta seguridad en la tenencia. Los proyectos de desarrollo tienen bien determinadas hacia qué áreas van a impulsar y hacia dónde se van a orientar: fue Palermo, Belgrano y ahora es la zona sur con San Telmo y La Boca, que es donde casualmente hay la mayor cantidad de desalojos”.

 

 

 

Lugano de primera

Ya no hay más Lugano I y II, sino de primera y de segunda. La Legislatura aprobó un proyecto para vender 41 inmuebles públicos a capitales privados, y avanza sobre toda la zona sur un “plan maestro” para ceder también 500 hectáreas. Mientras, las leyes de urbanización, de construcción de viviendas sociales y hospitales siguen postergadas.

El 7 de noviembre, el Pro, con la ayuda imprescindible de legisladores del Frente para la Victoria, el radicalismo y de UNEN, consiguió aprobar un proyecto para la venta de 41 inmuebles públicos a capitales privados. Ese mismo día, unas horas más tarde, obtuvo el quórum para colocar bares en plazas y parques públicos mayores a 50 mil metros cuadrados, aunque deberá pasar por una nueva audiencia y una segunda votación para ratificar la definición. Entre esos 41, se encuentran el Parque de la Victoria, el Parque Roca, el Parque de la Ciudad, buena parte del Parque Indoamericano y tres manzanas de la Villa 20, todos lugares que fueron adjudicados por ley para la construcción de viviendas populares. Según los vecinos de Villa Lugano, este es el primer paso para que el partido de Mauricio Macri, con el aval de la oposición en la Ciudad, realice su Plan Maestro en la Comuna 8: vender 500 hectáreas de tierras públicas que están desocupadas y seguir dilatando la urbanización de los asentamientos de alrededor.

“Nos dicen que están trabajando en el progreso de la zona Sur, pero acá falta vivienda digna para la gente. Nos mienten continuamente: nos prometieron un gran Hospital de Agudos y la urbanización para 1600 familias y todavía estamos esperando”, dice Diosnel Pérez, que vive en la Villa 20 y que fue procesado por el Gobierno de la Ciudad por la toma del Parque Indoamericano.

Cómo fue votado el proyecto

El primer proyecto fue aprobado con 41 votos positivos contra 15 negativos. Además del PRO, fue votado por los legisladores del Frente para la Victoria – a excepción de María Rachid –, del ibarrismo, la UCR y UNEN, mientras que en contra se pronunciaron el resto del bloque de Fabio Basteiro, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el MST y Proyecto Sur. El segundo tuvo 33 votos a favor (necesitaba 31) y19 en contra, pero necesitará de una segunda revisión para su aprobación.

Según los vecinos de la zona Sur, esta votación no sorprende, ya que dicen que se prioriza el negocio antes que las necesidades de la gente. A fines de 2010, el Jefe de Gobierno firmó el decreto en el que decía que no era necesaria la construcción de un Hospital General de Agudos, pese a que se había dictado la ley 1769. Luego, la norma 1770 prometía la urbanización de toda la Villa 20 de Lugano, para lo que se iba a utilizar terrenos aledaños, pero priorizaron otros proyectos en vez de la construcción de 1600 nuevas viviendas y espacios verde recreativos. Aunque fue sancionada hace ocho años, no se avanzó en nada respecto a esta ley.

Graciela Muñiz, defensora adjunta del Pueblo, denunció a los legisladores que aprobaron la primera medida del proyecto de ley: “Guiados por el Pro, muchos de los que dicen ser de la oposición, aprueban estas ventas con argumentos insólitos.  La Legislatura porteña decidió vender el Patrimonio de la Ciudad con la venta de más de cuarenta inmuebles de propiedad de los porteños”, aseguró.

Lugano postergado

En la comuna 8 se encuentran la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Entre otros predios, el llamado Plan Maestro contempla la cesión de casi la mitad del Parque Roca a la federación empresarial camionera para el desarrollo de una playa de cargas, la concesión del ex Parque de la Ciudad para recitales arancelados, todo administrado por la Corporación Buenos Aires del Sur, un ente del estado porteño que funciona como caja autárquica y paralela al presupuesto.

Los autores de esta iniciativa son los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Karina Spalla, quienes con este proyecto autorizan al Ejecutivo porteño a otorgar estos espacios verdes en concesiones por treinta años a empresas privadas para su desarrollo. Entre ellas: Monsanto, el Grupo Roggio e IRSA. Si bien esto no apareció aun oficialmente en ningún lado, en la página de clasificados “Jobrapido” se ofrecen ofertas laborales con las siguientes referencias. Monsanto / Capital Federal (villa Lugano): http://ar.jobrapido.com/Ofertas-de-trabajo-Monsanto-Capital-Federal-(villa-Lugano)

La pantalla

En el proyecto, dicen que los fondos obtenidos deben ser destinados para la urbanización de villas y la mejora de complejos habitacionales de Lugano y Soldati, pero tanto los vecinos como organizaciones sociales aseguran que se anuló la participación en la urbanización y en cambio otorga beneficios impositivos a empresas privadas por más de 155 millones de pesos, tan sólo en el primer año.

“Esto no es progreso, sino que están arruinando todo y se nos están riendo en la cara: si venden toda esa tierra, ¿cómo van a urbanizar la zona?”, se queja Fernando Márquez, vecino de Lugano, que se sumó a las marchas a la Legislatura de la Ciudad y que realizó una denuncia con el apoyo de los comuneros de su zona. A pesar de contar con dictamen de mayoría, el proyecto del Plan Maestro no fue tratado aún en el recinto de la Legislatura porteña y pese al repudio de vecinos y organizaciones, es inminente su avance en toda la zona sur de la Ciudad.