Seis años sin Luciano

Un mediodía de sábado de enero hay miles de personas que caminan por las calles de Lomas del Mirador. Caminan bajo un Sol que quema por este barrio en el que se vio por última vez hace exactamente seis años a Luciano Nahuel Arruga. Este año ya no se marcha por su aparición. En octubre último se encontró su cuerpo enterrado en una tumba NN del Cementerio de la Chacarita, después de cinco años y nueve meses de búsqueda constante. “A Luciano lo mató la Policia y lo despareció el Estado”, dice la bandera principal de la movilización. Por eso acá marchan miles de personas. Caminan desde la plaza Luciano Arruga hasta el destacamento policial donde a Luciano lo fajaron varias veces por negarse a robar para la Bonaerense. Allí, ahora, luego de cinco años de lucha, funciona un espacio para la memoria. El destacamento se mudó a tres cuadras por disposición el Intendente Fernando Espinoza. Hasta ahí también se camina. Camina Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, camina y les grita a los ratis que a su hermano lo mató la Policia. Se sigue caminando. Vanesa explica que por donde pasa la movilización ahora, la Comisaría 8va de La Matanza, funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura militar. También caminan, escuchan y cantan que a Luciano lo mató la Policia la madre de Facundo Rivera Alegre y del Kiki Lezcano, la hermana de Walter Bulacio, el hermano de Matías Bernhardt, familiares de Sergio Abalos y Ezequiel Demonty, camina la columna de H.I.J.O.S, camina Pablo Ferreyra, el hermano de Mariano. “Los casos siempre van a estar relacionados por la impunidad policial. ¿Qué importa si no son los 30 mil de la dictadura”, dice Vanesa mientras sigue caminando. Hasta que en Emilio Castro y General Paz ya nadie camina. Ahí, en la colectora de la General Paz donde un testigo vio el 31/1/09 que un patrullero de la Bonaerense estaba estacionado con las luces apagadas a la misma hora que un auto atropellaba a Luciano, que cruzó la General Paz de una manera desesperada, como si estuviera escapando de algo. Algo, para la familia y para todos los que están acá, es la Policia. Acá donde Luciano murió hace seis años ya no se camina. Se habla, se escucha, se piensa, se siente. Se sacan conclusiones. Sin Luciano no hay Nunca Más.

Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. [Ver entrevista a Pimentel].

Es importante haber estado acá para mantener la coherencia que tenemos muchos hace tiempo en la Argentina que es reclamar por los derechos humanos de todos, sin distinción de clase ni religión ni edad ni condición social. Hoy recordamos el flagelo que sufrió un joven que representa a muchos jóvenes de la Argentina, de una condición pobre, muy pobre, que no tuvo derechos. No tuvo derecho a ser respetado por los policías que lo reclutaban para robar. Y la familia no tuvo derecho a acceder a los instrumentos que tiene el Estado para que se supiera el paradero de él. El Estado fue obligado por un habeas corpus, que había sido rechazado anteriormente, para poner a disposición de la familia todos los elementos que haya en este caso. Al mes de eso, con las huellas digitales que se tomaron en la primera detención, dieron con el cuerpo de Luciano. Se hubieran ahorrado cinco años de dolor de toda una familia. La figura de Luciano ha crecido tanto que ha pasado su persona, va a quedar en la historia como la bisagra que de vuelta la página para que todos los casos de impunidad que han quedado del pasado, del presente y de los que vengan no exista más. ¿Cómo? Con un pueblo organizado, una familia que reclama y una Justicia independiente de cualquier poder político, económico y mediático que obre de manera justa, en tiempo y forma. Si habría sido así, hoy no estaríamos acá reclamando. Esto es porque el Estado no funciona y porque si bien han pasado 30 años de democracia la Policía no ha cambiado, no se ha formado en una cultura de seguridad democrática basada en la filosofía y el respeto de los derechos humanos de todos, inclusive los de los policías como trabajadores.

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Viviana Alegre, mamá de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en febrero de 2012 en Córdoba. [Ver nota sobre el caso de Facundo Rivera]

Hoy somos todos Luciano. Es el ejemplo de la total impunidad, de la connivencia policial, política y judicial. Yo soy Viviana, la madre de Facundo Rivera Alegra, que en febrero va a ser tres años de desaparecido. Nosotros vivimos la misma situación en Córdoba con mi hijo, por eso estamos acá. Y para acompañar a Vane que siempre ha estado muy presente. Y eso es lo más importante: que nos acompañemos, porque esta es una lucha colectiva y de esa manera vamos a salir y a lograr la Justicia que nuestros hijos merecen.

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Vanesa Orieta, hermana de Luciano Nahuel Arruga. [Ver entrevista a Vanesa]

Como hermana de Luciano considero que hoy es importante estar porque estamos hablando de una desaparición forzada, de una muerte que intentó ser silenciada al enterrar a Luciano como NN en el Cementerio de la Chacarita. Tenemos que estar acá porque desde el poder judicial y político, y desde los medios también, se intentó desvirtuar la escena instalando que se había tratado de un simple accidente de tránsito. Tenemos que estar acá porque hay muchos familiares que vienen a denunciar la violencia por parte de las diferentes fuertes de seguridad y es nuestro deber acompañarlos porque están solos, porque no tienen acompañamiento judicial, no tienen acompañamiento político porque los grandes medios lo que hacen es ensuciar la figura de la víctima. Esta problemática es grave, ya se han llevado la vida de muchos pibes por gatillo fácil, ya se han desaparecido muchos pibes y cada vez son más. A medida que podamos entender el significado de esta lucha vamos a empezar a entender el riesgo que corremos en esta democracia sino abrimos los ojos y nuestras bocas para gritar que no queremos más casos de violencia institucional en manos de la Policía.

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Tamara Bulacio, hermana de Walter Bulacio, joven asesinado por la Policía en 1991 después de un recital de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.

Es importante estar hoy acá porque es un chico más que desapareció. Como sociedad tenemos que reflexionar en eso. Más allá de tener un hermano que pasó por lo mismo, que murió a causa de gatillo fácil hace más de 20 años, lo tenemos que hacer para que el sistema cambie, para denunciar estos casos. Si no salís a la calle para denunciar esto que pasa, ellos aprovechan el silencio. No hay que callar. Hay que salir y luchar. Hoy otra no queda.

tamara bulacio

Iara Carmona, 20 años, víctima de abuso policial desde los 11 hasta los 15 años por el exmarido de su madre, un policía de la Bonaerense. [Ver entrevista a Iara] 

Me parece importante porque todas las causas son importantes, más allá de la mia. Y la manera de sostenerla es esta. Hay que estar, participar, pedirle a la gente que se sume. Es más que nada hacerse escuchar, que se difunda el caso. Es una manera de hacer justicia, justicia social. Desde cantar, acompañar, o darle un abrazo a la familia es una manera de contener a los seres queridos como el Estado y la Policia no lo hacen. Está bueno sentir el respaldo de la gente. El caso de Luciano me moviliza en especial. Es un pibe como yo. Yo bailo en la murga de La Matanza, donde hay compañeros que eran amigos de Luciano. Si bien todas las causas son importantes me llega desde un lugar especial, aunque la impotencia y la importancia es la misma en esta como en todos los casos de violencia policial.

iara carmona

Angélica Urquiza, madre de Jonathan Kiki Lezcano, asesinado el 7/9/09, a los 17 años, junto a Ezequiel Blanco (25), por Daniel Santiago Veyga, exagente de la Federal. [Ver nota sobre el caso de Kiki Lezcano] 

Es importante porque se cumplen seis años de la desaparición de Luciano. Hay que apoyar a la familia para que este caso sea visibilizado. A mí también me mataron un hijo, tres meses después que a Luciano. Por eso me mueve estar acá también. Porque es la manera de solidarizarse de corazón a corazón con la hermana, con la madre, con todos los que han sufrido como me tocó a mí.

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Nora Cortiñas, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), madre de Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido el 15 de abril de 1977.

Es importante porque la memoria es la que nos lleva a que busquemos toda la justicia. No hay que perder la memoria, hay que estar en la lucha permanentemente, eso es lo que nos va a llevar a la verdad y a la justicia. Hay que seguir. Esta es otra etapa en la que ya sabemos que pasó con Luciano, ya tenemos su cuerpito. Es otro camino el que hay que recorrer, pero con la misma bandera de no a la impunidad, en el caso de Luciano y en todos los casos donde haya una injusticia.

cortiñas

————Mirá más fotos de la marcha acá————

Generación Arruga

Nos quieren sacar a Luciano Arruga para tapar los más de 4 mil casos de gatillo fácil desde que volvió la democracia, como si invisibilizándolos taparan también la pobreza.
Luciano fue depositado en un barrio pobre, carente de todos sus derechos, fue instigado a robar y fue torturado por pobre.
Su familia lo tuvo que buscar cinco años y ocho meses porque es pobre.

Como a Luciano, a Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco los tuvieron desaparecidos durante meses porque eran pobres.

Habían sido perseguidos por policías por ser pobres.

Kiki había sido introducido en las peores drogas, que llegan a los barrios pobres.

Fueron encontrados muertos, como NN en Chacarita, como Luciano, habían sido asesinados por policías por ser pobres.

David Vivas y Javier Alarcón fueron asesinados por un subcomisario. Habían discutido y el subcomisario decidió resolverlo a los tiros. Los diarios hablaron de “delincuentes pirañas”. Pueden mentir así porque sus víctimas son pobres.

A Diego Núñez lo fusiló un policía. A su hermano Francisco lo metieron preso durante un año y tres meses, lo torturaron, lo drogaron y lo absolvieron. No tenía nada que ver con el homicidio por el que cayó. Lo pueden hacer porque son pobres.

A Braian Hernández lo mató el policía que manejaba las drogas en el barrio. Al testigo clave lo mandaron a matar el día después de que declarara. Sus familias siguen amenazadas, por ser pobres.

Los cuatro mil pibes pobres asesinados por la policía merecen la verdad y la justicia. Toda la generación de pibes pobres merece el derecho a vivir con dignidad.

Derechos inhumanos

La historia desopilante del abogado policial que denuncia a los organismos de derechos humanos, la fiscalía que lo avala y la sentencia en suspenso de tres policías que torturaron y mataron a Gabriel Blanco en una comisaría.

Comisaría 2, Barrio San Carlos, La Matanza.

Shhhhh. En la celda de al lado están cagando a piñas a un pibe. Podría ser yo. Hace un rato vino la mujer con la hija. La madre también. Ya le estaban pegando; y él, que quiero ver a mi familia, que quiero ver a mi familia… Por los gritos, en cualquier momento lo matan. Lo metieron esposado y no parece que se las hayan sacado.

No puede más, grita. Lo van a matar. Hay que hacer algo. Nos van a matar a todos.

¿Qué más me pueden hacer?

Le siguen dando, ya no grita, lo van a matar.

¿Qué habrá hecho?

Silencio.

El cuento

“Te vamos a detener y no vas a contar más el cuento. Vas a aparecer en una zanja”, lo callaron a Gabriel Blanco, que tenía entradas en la comisaría por robo. Ya no quería afanar; iba también a un grupo de rehabilitación de adicciones. La policía lo perseguía para que sí siguiera robando: para ellos, con zona liberada.

El 1 de marzo de 2007 convirtieron la amenaza en hechos. Lo detuvieron cuando estaba con su pareja, después de comprarle un regalo a su hermana, que lo había hecho tío. Lo paró la policía, lo puso contra la camioneta, le pegaron a ella y lo metieron en el patrullero. A la medianoche su metro ochenta y sus ochenta kilos aparecieron ahorcados en el calabozo oscuro, sin algunos dientes, cagado a piñas, con un cable de luz que apenas resistía 50 kilos. Como demostraron las pericias, lo ahorcaron ya muerto, para simular el suicidio.

Justicia lenta, justicia rápida

Seis años después del asesinato, el juez de Garantías Raúl Ricardo Alí pidió las detenciones del subcomisario Rubén Darío Suárez, del suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte. Se hicieron pruebas y contrapruebas, se cambió de fiscal y todavía estaban en actividad.

Las detenciones, cuando llegaron, se hicieron efectivas en el mismo lugar donde trabajaban.

Además se procesó por encubrimiento al comisario inspector Claudio Horacio Javier Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

La causa sucia

Alguien dirá: cuánto avanzó la causa. Pero no termina ahí. Cuando se trata de policías, siempre hay un plan b: el abogado de los detenidos denunció que referentes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza visitaron a los presos que habían testimoniado en la causa sobre la muerte de Gabriel; y que les habían insinuado que debían señalar a la policía como responsable. Corroboró esto con una nueva declaración de los presos que habían testimoniado 6 años antes, que cambiaron de opinión.

El abogado de apellido Fernández radicó la denuncia contra la APDH, en septiembre. La Fiscalía General donde recayó le dio entidad a la causa y la derivó a una fiscalía descentralizada: esta notificó a Pablo Pimentel, titular de la regional de APDH Matanza, que estaba denunciado por armar una causa contra tres policías. “A los seis meses el fiscal entiende que la denuncia no tenía ningún sentido y la eleva a la Fiscalía General para que le den lugar a la desestimación; pero la Fiscalía se lo rechaza diciendo que era temprana la decisión, y eso es lo que realmente nos preocupa”, cuenta Pimentel.

La otra marcha

La APDH organizó el 28 de mayo un acto y marcha hasta la plaza San justo, frente a la Municipalidad. Reunieron entre 100 y 150 personas. “Contra la impunidad judicial, policial y política”, decía la consigna de esta primera marcha de la APDH-La Matanza en 30 años de historia.

Antes de empezar, un periodista se acercó a Pablo Pimentel y le preguntó si estaba al tanto de la otra movilización.

¿Cuál?

La de los familiares de los policías, al mismo lugar, a la misma hora.

Los gritos

-Todavía no llegó- le mentían a la madre, mientras en la celda le pegaban, esposado.

-Se suicidó porque tenía miedo de volver a la cárcel después de haber recuperado la libertad- argumentó la defensa al juez.

-La Asociación (sic) Permanente por los Derechos Humanos y el Comité Provincial por la Memoria (sic) buscan “obtener declaraciones falsas y agravar la situación procesal” de los oficiales- plantearon en la causa que abrieron contra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria.

-Sr. Pimentel deje de manipular causas judiciales obteniendo peritajes y declaraciones falsas para lograr la detención de policías y así réditos económicos del Estado que debemos solventar todos- denunciaban los volantes que repartían en la contramarcha.

-Los policías también tienen derechos humanos- culminaban.

 Silencio.

El grito recuerda a Luciano Arruga, Kiki Lezcano y más de 200 desaparecidos en democracia.

 

Policía para todos

Un proyecto promueve crear una policía propia para cada distrito bonaerense con más de 70 mil habitantes. Otra vez, más efectivos como la solución al problema. ¿Cómo se vive en los barrios marginados? 

policiaQuienes promueven la creación de la policía comunal para distritos de la provincia de Buenos Aires con más de 70 mil habitantes, “respetando la procedencia territorial de los aspirantes que se seleccionen para incorporarse”, sostienen también que los efectivos estén siempre armados, por si acaso “algún delincuente se quiere vengar”. Reconocen la naturaleza violenta de una institución que durante 2012 mata más fuera de servicio que con el uniforme puesto (Derecho para matar), pero pretende armonizarla con la comunidad.

La discusión mediática pasa por quién pagaría y por quién tendría el poder de manejar a esa nueva fuerza: los intendentes – todavía barones del conurbano (Llevamos mucho tiempo sin democracia en Merlo) y cada vez más cerca de la oposición de derecha-.

¿Qué piensa un secretario de seguridad?

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, se quejó de que el Ejecutivo Nacional le quitara los gendarmes: “Los trajeron para la época electoral”, y lanzó una campaña de inscripción para ingresar a la policía: 10 mil efectivos destinados a San Isidro, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Fernando, Tigre y Pilar.

El ministro provincial, ex intendente de Ezeiza Alejandro Granados define: “El que hace política con la inseguridad es un salame”.

Los altos sueldos supuestamente descartan las posibilidades de que la policía vuelva a amotinarse. Dice el secretario de seguridad:

Clarín: –¿No hay una queja subterránea en la Policía por los sueldos bajos, ni posibilidad de que vuelvan las sublevaciones del año pasado?

Granados: –No, si cualquier policía gana 12.000 pesos. Andá y preguntale a cualquier policía en la calle cuánto gana y vas a ver.

Trato diferenciado

El Centro de Estudios Legales y Sociales enmarcó en un estudio de 2013 las diferentes formas de actuar según sectores sociales: “Las zonas pobres de la ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano han sido históricamente un ámbito diferenciado de las políticas de seguridad y de las prácticas policiales. Tradicionalmente, los modos en que las policías se relacionan con los vecinos de estos barrios y con estos territorios han implicado prácticas abusivas, tanto en el trato cotidiano como en los grandes operativos. (…) Pese a la variedad de las intervenciones de seguridad en barrios pobres, hay particularmente un punto en común: difícilmente serían toleradas en zonas habitadas por sectores de clases medias y altas. (…)”. Por ejemplo: el relevamiento de prácticas abusivas cotidianas, que tienen lugar tanto en intervenciones regulares (por ejemplo, allanamientos con orden judicial) como en la participación en redes de ilegalidad (por ejemplo, en negocios de toma de tierras y venta de drogas).

Granados insiste: “El déficit número uno es la falta de policías. A fin de año egresaron 5.000 cadetes y los mandamos a la Costa. El Operativo Sol fue extraordinario. Por más que me lo quieran bajar, fue así. Pregúntenle a la gente que fue a la playa. Ahora esos policías volvieron a sus lugares de origen, porque eso es lo que se había pactado. El de Olavarría se fue a Olavarría, el de San Pedro a San Pedro, así que una buena cantidad no puede venir al Conurbano”.

El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, advirtió que la policía comunal “puede ser un elemento innovador, pero si no se  emplea correctamente puede tener los efectos no deseados”. Agregó: “No emplearla correctamente es que la policía municipal se termine convirtiendo en la fuerza de choque de un intendente, por ejemplo”. La presidenta Cristina Fernández había adelantado su oposición al lanzamiento, porque militantes de La Cámpora denunciaron golpizas de agentes de San Isidro, gobernado por el opositor Gustavo Posse.

El caso testigo

En La Matanza, el intendente Fernando Espinosa lanzó en abril de 2010 su policía municipal compuesta, según sus propias palabras, por ex militares y ex policías con portación de armas. A metros de Capital, en ese partido había desaparecido 13 meses antes Luciano Arruga, previamente torturado por la policía y amenazado para que robara para la comisaría 8va de la Bonaerense. Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga explica cómo se legitimó la apertura del destacamento donde fue torturado y visto por última vez: “Algún sector de Lomas del Mirador se sintió identificado con el discurso de la inseguridad de Vecinos en Alerta (Valomi), y empezó un reclamo por más seguridad. Estaban influenciados por la forma de vender la noticia en los medios de comunicación. Cuando algún sector de la sociedad se siente inseguro recurre a criminalizar a los sectores más pobres porque creen que por tener menos educación, toman tierras, no trabajan. Todo ese mito es aprovechado para formar estos discursos discriminadores”. Las palabras de Vanesa, su experiencia, grafican qué sucede cuando se pide más seguridad.

Matín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, hoy diputado nacional, defendió la propuesta de creación de la policía comunal desde España: “Tomando las experiencias en materia de seguridad, logística, infraestructura que vivió España. Hemos visto cómo la tecnología, el profesionalismo ha creado una fuerza local, comunal que le está dando resultados de excelencia a Madrid y a todo el país”. ¿Les suenan las políticas importadas? ¿Los anhelos de ser como el Viejo Continente?

¿Qué pasa en la calle?

Desde San Justo, La Matanza, Familiares y Amigos de Luciano Arruga describen el vínculo de vecinos con la policía: “La relación es de control sobre los pibes, y también de manipulación porque muchos jóvenes terminaban siendo rehenes de las propuestas de estos policías de robar para ellos. La relación entre los vecinos y las fuerzas de seguridad suele ser la misma. Sean gendarmes, bonaerenses o policías tipo municipal o Policía Bonaerense dos. Algunos vecinos exigen presencia de la policía a causa de la inseguridad que, sabemos, existe. Otros son los que a la policía le tienen miedo y se comen un verdugueo nuevo todos los días. No creemos que eso sea diferente con la municipal. La impresión que Luciano en particular tenía de la policía era la que vivía en su barrio. Estaba acostumbrado a que la policía los parara a él y a sus amigos, se lo llevaran detenidos, los tuvieran varias horas, los golpearan en la comisaría. Lo tenía naturalizado. Si se preguntaba algo era por qué lo molestaban. Se daba con él como con sus amigos y con cualquier otra persona en la misma situación”. Es decir: jóvenes y pobres.

La Policía Metropolitana, creada en 2010, no fue excepción. Al año siguiente provocó cuatro muertes y en agosto de 2013 una más; en todos intervinieron funcionarios fuera de servicio. Esas armas policiales que sólo deberían utilizarse en servicio, también han provocado numerosas muertes en conflictos intrafamiliares, parejas mal avenidas, peleas entre vecinos o incidentes de tránsito, el rubro que menos prensa tiene en la denominada inseguridad, y que más vidas se lleva.

La industria de la pobreza

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata (APDH) resumió en septiembre de 2010 lo que estructura los problemas de inseguridad. “Hemos ‘asistido’ a numerosos procedimientos en villas miserias o barrios de emergencia bajo el modelo denominado ‘de saturación’, es decir, rebalsar el barrio de personal de seguridad con gran despliegue de armas y móviles policiales. Da la imagen de ‘guerra’; de lugar ‘tomado’, es fuerte ver esas imágenes”.

Desde la APDH hace tiempo que venimos denunciando una estructuración social perversa que reconoce su origen en la década del 90 pero cuya lógica impera aún hoy. Es decir, aquel círculo vicioso de pobreza, marginación, drogas, cárcel, libertad, marginación, cárcel o muerte: la  desproporción y desequilibrio económico acudiendo solidariamente hacia esos sectores sociales, en realidad, se ha creado una subrepticia e inconfesable industria de la pobreza. Las demás clases  sociales viven de los pobres. De allí la inacabable creación de juzgados penales, fiscalías, todo ello con nombramiento de personal para las distintas funciones que se requieren, psicólogos, asistentes sociales, especialistas de toda especie, policías: la de siempre, la policía dos, policía rural, policía comunal, agencias de seguridad, venta de tecnología vinculada a la inseguridad, gendarmería afectada a la seguridad, construcción de cárceles, aumento del personal policial y penitenciario, aumento de los gastos de mantenimiento de toda esa estructura, compra de armamento, vehículos vinculados a la luchas contra el delito, etc. Es difícil saber el presupuesto que ello demanda”.

Una para festejar

El ex destacamento de Lomas del Mirador, donde desapareció Luciano Arruga, fue cedido parcialmente a sus familiares y amigos que ya planean convertirlo en un espacio de defensa de derechos humanos.

Antes de septiembre de 2007, la seguridad de Lomas del Mirador estaba a cargo entre otras de la Comisaría 8°, que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención y tortura conocido como “Sheraton”, entonces dirigido por Leopoldo Luis Baume, responsable de la desaparición, entre muchos otros, de Héctor Oesterheld.

En esa fecha, a pedido de una serie de vecinos nucleados en VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador), el intendente Fernando Espinoza inauguró un destacamento policial que funcionaría como “base de operaciones” de la 8°, y reforzaría las medidas que tendían a generar “más seguridad” reclamada por los vecinos. El lugar elegido para el destacamento fue una casa de tres ambientes y un pequeño parque sobre la calle Indart, a pocas cuadras de dos lugares picantes señalados por VALOMI: la villa Santos Vega y el asentamiento 12 de octubre.

En una esquina de la 12 de octubre vivía Luciano Arruga junto a su madre Mónica y sus dos hermanos menores. En diagonal, a 50 metros apenas, hay un chalet de dos pisos y camioneta que pertenece al repartidor de panes Fargo Gabriel Lombardo, fundador de VALOMI, y agitador explícito de la criminalización de la pobreza y los reclamos de mano dura.

El chalet del comerciante supo ser sede de la campaña provincial de Francisco De Narváez  – cuando le terminó ganando a Néstor Kirchner- y también de generosos asados a los efectivos policiales del destacamento, según relatan en la zona.

Lombardo se encargó de salir en los medios contando que lo habían asaltado 39 veces y asegurando que “los malandras están en las villas”.  Cuando desapareció Luciano también filtró versiones acerca de que el joven estaba en Córdoba o en alguna de las villas de Capital, desestimando toda implicancia policial. Pocos días después, en febrero del 2009, asesinaron en Lomas del Mirador al florista de Susana Giménez; el hecho, que puede resultar anecdótico, fue aprovechado por la conductora para alardear los discursos de mano dura promovidos por Lombardo y VALOMI, y sellar una manera de concebir la “seguridad”.

Por el crimen del florista Gustavo Lanzavecchia hubo dos condenados a perpetua, mientras que todavía se sigue buscando dónde está Luciano Arruga.

¿Seguridad para quién?

Vanesa Orieta, hermana de Luciano, cuenta de qué se trataba la “mayor seguridad” en manos del destacamento: “Esa policía era la encargada de generar una seguridad para un sector acomodado mientras que para el otro lo que había eran detenciones arbitrarias, palizas, propuestas para delinquir y persecución”.

Vanesa ya no recuerda cuándo fue la primera vez que fue al destacamento de la calle Indart: “Iba cada dos por tres para buscar a mi hermano o a otro pibe porque me pedían ayuda”.

La seguridad que proveía el destacamento puede leerse a través de dos sucesos ocurridos en septiembre de 2008:

-Conocidos de la villa Santos Vega presentaron a Luciano y sus amigos a un hombre de pelo corto que manejaba un auto blanco. Mónica Alegre, la madre de Luciano, lo vio en la parada con los pibes y se extrañó; cuando le preguntó a su hijo, éste le confirmó que “estaba pasando algo” pero que no importaba: “cuanto menos sepas, mejor”. Luego fue aflojando y le relató a Mónica, según cuenta, que el policía le garantizó que su familia iba a estar mejor si trabajaba para él. Luciano se negó, y es entonces cuando empezó su persecución.

-El 22 de septiembre Luciano fue detenido durante varias horas en el destacamento de manera ilegal, ya que no se permite retener gente si no es en una comisaría o una cárcel. Cuando su hermana Vanesa fue a buscarlo lo escuchó gritar por los golpes que le daban y supo que lo tenían en la cocina. También escuchó un grito: “Negro de mierda, te van a violar en la 8° y vas a aparecer en un zanjón”. A Luciano le adjudicaban el nunca comprobado robo de dos celulares. Salió con moretones y rengueras por los golpes que tuvo que atenderse en el Hospital de San Justo.

La desaparición

La secuencia que involucra al destacamento sigue el propio día en que Luciano fue visto por última vez. La causa da por probado que el 31 de enero de 2009 Luciano Arruga fue levantado por un móvil policial en la esquina de Perú y Pringles (a metros de la 12 de octubre, frente a la placita donde paraba) y los peritajes demostraron que fue llevado al destacamento de la calle Indart. Incluso, en la causa figura un testigo reservado que asegura haberlo visto a Luciano “golpeado y ensangrentado” en el destacamento policial.

Cuando Mónica fue a denunciar que su hijo no había vuelto los efectivos del destacamento le contestaron: “Quedate tranquila que debe estar con alguna minita”. Le tomaron una declaración pero no le dieron copia. Cuando Vanesa fue a reclamar esa copia, se encontró con un penetrante olor a lavandina en medio de un improvisado ataque de limpieza. Luego se comprobó también que una serie de hojas del libro de entradas habían sido arrancadas.

Por presión familiar, la investigación del abogado Juan Manuel Combi y algunas concesiones de la fiscal Celia Cejas fueron removidos de su cargo ocho oficiales de apellidos Sotelo, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez, Díaz y Zeliz, todos del destacamento.

El 28 de septiembre del 2011 el destacamento de la calle Indart debió cerrar ante las evidencias del caso, y fue trasladado a un predio deportivo que también está siendo investigado por los peritos por la desaparición de Luciano.

Cuenta Vanesa: “Una vez cerrado, el municipio quería transformarlo en una repartición municipal. Nosotros entendíamos que el tipo de cuidado que le iban a dar a ese lugar era importante para los peritos y solicitamos una medida cautelar”. Esa medida se mantiene al día de hoy e impide ingresar a determinados ambientes del destacamento.

Crear vida desde la muerte

Los familiares de Luciano siguieron avanzando con la idea de hacer del ex descamento un lugar social y cultural en defensa de los derechos humanos y en contra de la violencia institucional. El intendente Fernando Espinoza se comprometió a cederlo, colgó un cartel que dice “Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga”, pero los familiares nunca tuvieron la coordinación del espacio.

El 23 de marzo de 2012, en un acto que reunió a Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Pablo Pimentel y otros referentes de derechos humanos, Vanesa Orieta denunció que la intendencia había cambiado la cerradura sin aviso, entre otros desmanejos. Dijo en aquella jornada: “Hoy estamos del lado de afuera lamentablemente. Por eso llamamos la atención de todos aquellos que quieren tener una participación para que tengan en cuenta que si nosotros no entramos, ellos van a tener las manos manchadas con sangre. Es increíble que nosotros, que venimos peleando por este espacio, lo tengamos que ver de afuera, y que aquellos que no han hecho absolutamente nada por nosotros ni por la familia ni por Luciano, hoy pongan tremendo cartel y que chapeen con el nombre de Luciano y que intenten hacer de esto un centro social y deportivo. No lo vamos a permitir”.

El pasado 17 de octubre los familiares y amigos de Luciano trazaron una estrategia que forzara a cambiar las cosas: bien temprano, tomaron por tiempo indeterminado la parte externa del destacamento. Concretamente reclamaban dos cosas: avances en la investigación forense de esa dependencia, donde un georadar detectó movimientos de tierra; y el cumplimiento de la promesa del intendente de La Matanza de ceder el espacio a familiares y amigos de Luciano. Todo en el marco de una campaña que llamaron “por el derecho a saber dónde está Luciano”, que continúa y continuará.

Luego de más de dos meses de acampe, lograron mover los dos objetivos: el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó los peritajes en el lugar, cuyos resultados se aguardan; y el intendente Espinoza – el mismo que había inaugurado junto a Lombardo el destacamento en 2007- cedió en carácter de “comodato” (no definitivo) el ex destacamento a la Comisión Por la Memoria de La Matanza, en representación de la familia de Luciano.

Cómo sigue la recuperación del espacio:

-“En primer lugar hay que esperar los resultados de los peritos para saber si levanta la medida cautelar o no, para poder entrar”.

-“Una vez que se levante, lo primero es entrar a un lugar que nos causa mucho dolor, y tratar de llenarlo de contenido sin invadir esos espacios que son muy significativos. Por ejemplo, la cocina para muchos jóvenes significó el lugar de detención donde eran golpeados. Entonces tiene que haber un trabajo de mucho respeto, que trate de informar esas situaciones”.

-“Esto es lo que hay que hacer: desembarcar en un lugar hostil y llenarlo de contenido, que sea una prueba objetiva de a dónde llegan los pedidos de más seguridad y cómo se criminalizan a los sectores humildes”.

No es nada nuevo lo que se propone Vanesa junto a familiares y amigos: ya vienen realizando una radio abierta, actividades sociales, culturales e informativas en los tres años sin Luciano. La idea, dice Vanesa, es  llevar esto que vienen en la calle y en las plazas hacia adentro del ex destacamento: “Que los jóvenes se apropien de ese espacio, que lo llenen de actividades, que carguen información y defiendan sus derechos”. Otras puntas que se planean para este espacio para la memoria social y cultural son una biblioteca de derechos humanos y un archivo de casos de violencia institucional.

Qué falta para poder festejar: “Ahora hay que avanzar con el EAF en otros lugares como en el Monte Dorrego, donde trasladaron el destacamento”.

Y sobre todo, que la cesión del espacio no sea a medidas, como ya ha sucedido con la voluntad del municipio: “Queremos que se firme el comodato y en paralelo se avance con una medida de sanción que favorece el pedido de expropiación del espacio”. Esta sería la maniobra legal que les permitiría a los familiares tener propiedad definitiva sobre el ex destacamento.

Vanesa cierra: “Todos los lugares que se abran en defensa de los derechos humanos es necesario que tengan una participación de organismos de derechos humanos independientes de todo gobierno, que los nombres no se usen, y hacer un análisis humilde y objetivo de lo que significan los derechos humanos en democracia”.

Viene para irse

Le abrimos las puertas, lo recibimos, lo agasajamos, pero sabemos que viene para irse.

Estas son las visitas de Vámonos de Casa:

– Washington Cucurto, escritor y poeta popular, creador de la cooperativa de trabajo editorial Eloisa Cartonera. Sus inicios, cómo le escribía a la chica que le gustaba con verduras cuando trabajaba en un supermercado, la razón de tener que empezar su propio proyecto editorial, los tabús en la literatura y mucho más en esta entrevista.

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-Mauro Navas, ex jugador de fútbol y actual DT: su experiencia en Cuba, la situación del juego en Argentina, los valores, los pibes y la quiebra de clubes. Una miarada distinta que analiza al fútbol de manera integral.

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– Cristian Aldana, cantante y guitarrista de “El otro yo” y socio fundador de UMI: la música independiente y la nueva ley de medios, el proyecto de la Ley Nacional de la Música y la iniciativa de creal el Instituto Nacional de la Música – 30 de septiembre el 2012

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-María del Carmen Verdú,  coordinadora de la CORREPI: gatillo fácil, desaparición forzada en democracia, violencia institucional y policial-23 de septiembre del 2012
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-Disfrutamos de la visita de Marlene Wayar, militante de los derechos transgénero y directora de “El Teje”, primer periódico travesti de Latinoamérica-16 de septiembre del 2012
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-Nos visitaron docentes de la UBA: denunciaron el intento de la universidad de cesantear  a más de 650 trabajadores de la educación- 9 de septiembre del 2012
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-Nos emocionó Nora Cortiñas, cofundadora de Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- 2 de septiembre del 2012
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– Miembros de la Sala Alberdi, espacio tomado y en resistencia cultural – 26 de agosto del 2012

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-Pablo Vommaro, historiador e investigador del CONICET, especialista en movimientos sociales – 19 de agosto del 2012
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-Carlos Ponce de León, ex compañero de Santucho en el PRT, preso político durante la dictadura militar (1976-1983)- 12 de agosto de 2012
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-Miembros de Salvemos al Fútbol, familiares de hinchas asesinados – 5 de Agosto del 2012
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-Familia de Carlos Fuentealba, docente asesinado – 29 de Julio del 2012
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-La Alameda – 22 de Julio del 2012
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-Familia de Luciano Arruga – 15 de julio de 2012
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-Juan Manuel Herbella – 18 de abril de 2012
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-Luis Zamora – 11 de abril de 2012
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-Juanky Jurado – 4 de abril de 2012
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-Federico Cabral – 7 de marzo de 2012
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Luciano y la justicia, desaparecidos

Luciano Arruga hace más de tres años que fue desaparecido por la Policía Bonaerense. Los episodios de aquel 31 de enero de 2009 están tapados por la negligencia y cierta colaboración de la Justicia que no tienen voluntad ninguna de esclarecerlos. Su familia y sus amigos son los verdaderos y únicos estandartes en esta lucha de pequeños contra gigantes, que después de mucho tiempo trae novedades. Aunque no sean las que deseariamos contar, acá las tenés. 

A más de tres años de la desaparición de Luciano Arruga, 16 años, la causa que “investiga” el hecho continúa caratulada como “averiguación de paradero” y no tiene imputados. Los policías señalados por la familia como autores de la desaparición, cuya participación esa noche pudo comprobarse con peritos, aparecen en carácter de “testigos” y cumplen funciones en alguna otra comisaría de la provincia. El destacamento para el cual trabajaban fue, sin embargo, cerrado el 28 de diciembre de 2011 gracias a la presión de los familiares de Luciano. Ésa había sido la promesa que lograron arrancarle al intendente de Lomas del Mirador Fernando Espinoza ni bien se concretara una prueba en contra de los efectivos. También se había acordado que la coordinación del espacio que dejó el destacamento estaría en manos de los familiares de Luciano, quienes planeaban un centro de referencia barrial para los pibes de la zona: una biblioteca, un archivo de casos, distintas actividades. La semana del último 19 de marzo la intendencia cambió la cerradura de la llave del ex destacamento que los familiares manejaban, y los dejaron afuera, una vez más.

Todo esto denunció Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, el pasado 23 de marzo en un encuentro a las puertas del ex destacamento. Según reza un cartel, el espacio es ahora un Centro Social dela Memoria, lleva el nombre de Luciano Arruga y la firma del intendente Espinoza. Vanesa mira el afiche y descarga: “Es increíble que nosotros, que venimos peleando por este espacio, lo tengamos que ver de afuera, y que aquellos que no han hecho absolutamente nada por nosotros ni por la familia ni por Luciano hoy pongan tremendo cartel y que chapeen con el nombre de Luciano y que intenten hacer de esto un centro social y deportivo. No lo vamos a permitir”.

Otro de los rumores que se filtró desde la intendencia es que harán allí un “centro social y deportivo”, propuesta contraria a los intereses de los familiares y amigos. Vanesa recuerda que el mismo destacamento había sido abierto en 2007 por un pedido expreso de ciertos vecinos nucleados en Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALOMI). Fue cerrado por el mismo intendente cuatro años después, comprobada –aunque no parala Justicia-la participación de sus efectivos en la desaparición de Luciano.

Se cree que allí estuvo la noche del 31 de enero de 2009 en que fue visto por última vez. Luciano había ido a la casa de su hermana Vanesa, no la encontró, volvía a su casa en el asentamiento 14 de octubre cuando fue interceptado por un móvil policial. Lo que sigue es apenas reconstruido por dos testigo que afirman haberlo visto “muy golpeado” entrando a la Comisaría 8va de Lomas del Mirador, de la cual depende el destacamento. La misma comisaría que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención conocida con el mote de “Sheraton”.

Ahora Vanesa escupe de bronca el micrófono, mira a los ojos a los guardapolvos blancos que la escuchan atentos, dice: “Hoy estamos del lado de afuera lamentablemente. Por eso llamamos la atención de todos aquellos que quieren tener una participación para que tengan en cuenta que si nosotros no entramos, ellos van a tener las manos manchadas con sangre”. Vanesa intenta así interpelar a los responsables políticos que en su momento se involucraron con el cierre del destacamento y hoy se hacen los desentendidos. De hecho, en el encuentro que se celebró simbólicamente un día antes del 24 de marzo no asistieron funcionarios nacionales ni provinciales. En cambio estaba Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Pablo Pimentel y representantes dela Asamblea Permanentepor los Derechos Humanos deLa Matanza(APDH) yla Comisión Provincialporla Memoria, que decidió anexar allí su acto institucional de repudio al golpe.

La jornada arrancó pasadas las diez de la mañana con una serie de pancartas y collages informativos que hicieron los más chicos sobre el caso de Luciano. Los mismos podían verse estampados sobre las paredes del destacamento, abierto al público hasta las 14 horas que duró la jornada. Podían visitarse tres de las cinco salas, ya que en las restantes un cartel aseguraba que seguían siendo objeto de pericias (tres años después…).

Sobre la vereda de la calle Indart, Lomas del Mirador, desde un escenario hablaron, en orden, Hugo Cañón (presidente dela Comisión Provincialporla Memoria), Pablo Pimentel, Adolfo Pérez Esquivel y Vanesa Orieta. Sobre el final, Nora Cortiñas arrebató el micrófono, gritando: “¿Luciano Arruga y 30 mil compañeros desaparecidos?”.

“¡Presentes!”.

Enseguida las casi cien personas que se habían acercado fueron dispersándose. Los familiares y amigos despegaban de las paredes del ex destacamento los carteles que habían hecho los chicos. Se fueron a Morón, a otro acto. Tenían que devolver las llaves.

Por lo demás, Vanesa aprovechó la “sobremesa” de la jornada para seguir con su reclamo por el espacio del ex destacamento. Contó qué tenían pensado hacer allí: “Que este lugar sea un referente del tema de derechos humanos actuales. Que el de Luciano se convierta en un caso testigo de situaciones que no pueden ser visibles para el resto de la sociedad. Lamentablemente el poder político municipal no entiende que somos familiares de víctimas y que queremos transformar este lugar de muerte en un lugar de vida con nuestra forma de organización y de lucha. Nuestro trabajo acá tenía que ver con la reconstrucción de la memoria, con un archivo de casos, con una biblioteca de derechos humanos, tratando de crear un espacio para que los jóvenes de los barrios puedan ser integrados a un proyecto más humanizado”.

Por ahora, sin llaves, la última novedad data del 28 de marzo de 2012: enla Cámarabaja dela Provinciade Buenos Aires se aprobó una iniciativa solicitando información y denunciando las irregularidades en el caso Arruga. La  propuesta fue presentada por el diputado provincial Miguel Ángel Funes, del Frente Parala Victoria, y tras sus palabras se sumaron el diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, Ricardo Vago, del Frente Amplio Progresista y Guido Lorenzino. Sus intervenciones pidieron por “transparencia policial” y reclamaron la creación de una comisión bicameral encargada de seguir los casos de violencia institucional.