La revolución es ahora

Relanzan el proyecto de ley que propone un régimen reparatorio para trans y travestis víctimas de violencia institucional. La identidad de género: de delito a derecho humano.

El jueves 6 de octubre se presentó en el Congreso el proyecto que propone un “Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de identidad de género”. El proyecto 2526 busca el reconocimiento por parte del Estado de la violencia institucional a la que fueron sometidas sistemáticamente las personas trans y travestis por las fuerzas de seguridad pública; y en especial a aquellas que fueron detenidas de manera ilegítima a causa de los edictos policiales vigentes hasta 1995.

Tal como se desarrolla en los fundamentos del proyecto, los edictos policiales fueron la herramienta básica de las políticas de persecución orientadas a la normalización de grupos sociales considerados “desviado” por el poder estatal:entre ellos, lxs trans. Estos instrumentos le daban a la policía la potestad de emitir los edictos, de juzgar, interpretarlos y de aplicarlos. Las trans y travestis fueron marcadas como esos cuerpos e identidades a perseguir, patologizar y marginar. Sus trayectorias de vida están signadas por episodios de detención arbitraria, golpizas, abuso y tortura por parte de la policía. “Los edictos policiales sirvieron como excusa legal para encarcelarnos, el crimen fue nuestra identidad”, afirmó Norma Girardi de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual en el acto de presentación.

Esta iniciativa, que ya cuenta con la firma de 22 diputados y diputadas de todo el arco político, fue impulsada por Lohana Berkins, militante travesti y líder de ALITT hasta su muerte en febrero de este año, junto con Marlene Wayar, referente del colectivo trans y militante de Futuro Transgenérico. El proyecto fue redactado e impulsado por Abogad*s por los Derechos Sexuales (Abosex). Dice la letra que serán beneficiarias de este régimen las personas mayores de 40 años a las que se les haya aplicado el inciso f “los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” y el inciso h “personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieran al acto carnal” del artículo 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial dictado por la Policía Federal Argentina.

El régimen de reparación contempla el otorgamiento de una pensión graciable para las víctimas, al igual que perciben las víctimas del terrorismo de Estado en los 70. Dos años atrás, cuando este y otros proyectos similares se presentaron por primera vez en el Congreso, se generaron frívolos e irrespetuosos discursos que denunciaban un supuesto privilegio de las personas trans por poder acceder a esta pensión. No: de lo que se trata es de reconocer las violaciones de un Estado sobre una población que fue sistemáticamente perseguida y excluida de la ciudadanía. El privilegio siempre fue ajeno.

Por otra parte, las personas trans de más de 40 años, es decir las destinatarias de esta reparación, no son muchas. De acuerdo a un informe de ALITT, se estima que el promedio de vida de las personas trans es de 35 años  -qué privilegio-, por lo que las “sobrevivientes” nos son demasiadas. De acuerdo a los impulsores del proyecto, se trata de un universo posible muy restringido de aproximadamente 300 personas a nivel nacional.

En tanto a partir de la Ley de Identidad de Género, el Estado argentino reconoció a la identidad de género autopercibida como un derecho humano. Ergo, se considera que la criminalización de esta identidad durante la vigencia de los edictos policiales fue una violación de los derechos humanos. Marlene Wayar expresó que se trata de crímenes de lesa humanidad, puesto que fueron cometidos por un Estado contra una comunidad en particular.

“Somos las olvidadas de la democracia”, sentenció la activista trans Jorgelina Belardo ayer en el Congreso. De modo constante, señalan que para ellas el Estado terrorista y  desaparecedor no terminó en 1983. “No sé cuántas veces entré y salí de la cárcel”; “Me acuerdo de escuchar cómo golpeaban a una compañera en un calabozo mientras le gritaban ‘Dale, puto, ¿cómo te llamas?’”; “Las travas merecemos morir de viejas, no asesinadas por el odio y la violencia”. Entre lágrimas de memoria por las compañeras que no están, pero también de orgullo por continuar conquistando espacios de legitimación, las activistas trans presentes en el encuentro sumaron su adhesión y fuerza a esta iniciativa.

Entre la presentación original de este proyecto de ley en el 2014 y este relanzamiento en el 2016, pasaron muchas cosas. Entre ellas, se fueron dos luchadoras por los derechos de las trans y travestis, que hoy se hicieron carne en la voz de cada una de las oradoras. A una semana del aniversario del asesinato de Diana Sacayán, fueron eternos los gritos de “Justicia”, “Diana presente” y “Furia Travesti”. Y para todas fue una inspiración indudable la de la “travestiarca” (al decir de la propia Diana) Lohana Berkins: “El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más”.

Escándalo travesti

Mientras en el Poder Legislativo se presentan proyectos por el resarcimiento a la población trans por décadas de persecución, desde los medios masivos se propone su estigmatización como prostitutas. La transfobia replicada desde y hacia la sociedad.

Ella no quería estar ahí cuando se hiciera de día. El cielo estaba cubierto de nubes, el rosa lo iría cubriendo todo en la salida del sol, para morir en un gris pálido, triste, como el de la ruta. Apretó el paso. Los autos apurados al costado de su cuerpo le recordaban que, para otros, empezaba la jornada. Pasó por donde había dejado a sus compañeras, pero había tardado mucho en volver, ya no estaban. Siguió. Hizo uno o dos kilómetros cantando bajo por miedo al silencio, hasta que dobló en su calle. Y ni hizo falta. Preguntar, sospechar, dudar. Nada. Se los leyó en las caras, en la piel de los pómulos secos, deshidratados de llanto.

Esa mañana, como otras antes, patearon el barrio y tocaron puertas para juntar la plata para el cajón y el entierro. Secretarias de la parca, parecían. Era verlas llegar y ya saber que les habían dado otra paliza, otra más, otra menos. Esa mañana, de nubes mentirosas y dientes apretados, se besaron las manos, los cuellos y las lágrimas, sin querer convencerse de que no hay nada más solitario que el dolor. Esa mañana de furia, se llenaron la boca de puchos, de picos de botella y de puteadas. Esa mañana, la vida era tanta muerte.

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La mató un cliente. La mató la policía. La mató el hambre. La mató la tristeza, el dolor. La mató la droga o el alcohol. La mató la calle. La mató la marginalidad.

La mató el Estado.

Recortes extraídos de http://blogs.tn.com.ar/todxs/ de Bruno Bimbi.
Recortes extraídos de http://blogs.tn.com.ar/todxs/ de Bruno Bimbi.

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La expectativa de vida promedio de una travesti es menor a 40 años. Más del 80% ejerce la prostitución. Y la mayoría la dejaría si consiguiera un trabajo. El mismo porcentaje corresponde a la cantidad que alguna vez vivió hechos de discriminación por parte de la policía, tales como detenciones arbitrarias, extorsión, maltrato, humillación y distintas formas de violencia, incluida la sexual.

Estos flashes de la vida cotidiana de las travestis en nuestro país están inscritos en un entramado de exclusión y discriminación, que nos habla de una violencia estructural y, en gran medida, estatal. La realidad histórica de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, estigmatización, criminalización y patologización de sus identidades y sus cuerpos. Los relatos que giran en torno de estas trayectorias están plagados de escenas de enfrentamientos con la policía, de golpizas y torturas en comisarías, relacionadas directamente con su identidad impugnada como también con el ejercicio de la prostitución. Y en este sentido, no marcan a la última dictadura como un hiato en sus vidas. Por el contrario, señalan que esa cultura del terror las azotó en todo tiempo político. Han sido víctimas del terrorismo de Estado; en dictadura y en democracia. De esta forma, desarrollaron una serie de estrategias que se aprendían y reproducían dentro de un “código de la calle”. Involucran todo un abanico de prácticas de resistencia y de sobrevivencia que implicaban un estado de alerta permanente – para huir, esconderse debajo de autos o “camuflarse” en locales – y el desarrollo de una capacidad de improvisación a la orden para inventar nombres e historias y “cubrirse” entre sí. Simplificando las trayectorias singulares de las personas trans, la expulsión/abandono de la casa familiar es un lugar presente en la mayoría de las historias de vida; con la consiguiente exclusión de los sistemas institucionales de escolaridad y salud, el espacio de socialización y educación (en el sentido amplio, no escolar, del término) es principalmente la calle.

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¿De qué privilegio hablan?

En las últimas semanas entraron en la agenda de los medios masivos de comunicación dos proyectos de ley relacionados al colectivo trans. Uno presentado por María Rachid en la Legislatura porteña a fines de 2012 y otro por Diana Conti (elaborado por Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, Futuro Transgenérico, Abogad*s por los derechos sexuales y Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación) en el Congreso de la Nación el mes pasado. Ambos son proyectos de pensiones no graciables o contributivas. En el primer caso, para todas las personas trans mayores de 40 años (limitado a la jurisdicción de CABA) y en el segundo, más específicamente para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causa de su identidad de género y como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad federales o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público nacional o federal. Este último toma como modelo el régimen reparatorio para ex presas y presos políticos, establecido por la Ley Nacional Nº 26.913 y su Decreto reglamentario Nº 1058/2014. Ambos proyectos hacen énfasis justamente en este aspecto reparatorio por considerar que se trata de una población víctima de la violencia sistemática del Estado.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Desde las decisiones editoriales de diarios y portales en publicar títulos y fotos que refuerzan el binomio travesti-prostitución – sin ninguna referencia a las causas estructurales de la problemática, como si se correspondiera a una esencia o naturaleza inevitable –, el extendido uso del término “subsidio” en lugar de “pensión”, un sinfín de chistes sobre estrategias paródicas para poder cobrar, comparaciones descolocadas con otros planes o asignaciones, reclamos del tipo “mejor un trabajo que un subsidio”, hasta comentarios escandalizados por el destino de “nuestros” impuestos. Justamente eludiendo por completo el eje central: la reparación.

Captura de pantalla 2014-11-26 a la(s) 09.37.34Se trata de una población que ha sido expulsada de los sistemas públicos de salud y educación, a la que se le ha negado el derecho al trabajo, que ha sido víctima de un Estado represor, que ha estado condenada a una vida precaria. Sobrevivientes de un Estado represor y persecutor. Se trata también de una población que ha comenzado a existir jurídicamente hace apenas algo más de dos años, con la sanción de la Ley de Identidad de Género. Antes de eso, el Estado negaba su existencia y aparecía únicamente en el accionar de la policía, con la aplicación de los edictos y las contravenciones, ejemplares de las políticas de persecución social; o en la cara de algún juez que las hacía pasar por innumerables pruebas y demostraciones cuando iniciaban un proceso para cambiar su nombre en el DNI.

Captura de pantalla 2014-11-26 a la(s) 09.39.53No está únicamente en juego el derecho a un trabajo digno, a la educación, a la vivienda y a la salud de personas cuya vida está reducida a la supervivencia. Se trata del derecho a la justicia. Y estas repercusiones estigmatizantes, ridiculizantes y simplistas solo consiguen legitimar la violencia. Perpetuar la injusticia.

Lo que escandaliza, ¿es el “subsidio” o son las travestis? Esos cuerpos e identidades que amenazan el orden binario de género y nos recuerdan que nuestras propias clasificaciones no tienen nada de naturales, universales ni eternas. ¿De qué privilegio nos hablan? El privilegio es ancho y ajeno.

Datos:
Berkins, Lohana (comp.). Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe Nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros. ALITT, Buenos Aires, 2011.
INDEC, INADI. Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis,Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans. Informe Técnico de la Prueba Piloto. Municipio de la Matanza, 2012.

Entre la calle y la ley

A un año de la sanción y reglamentación de la Ley de Identidad de Género, un recorrido por su impacto en la vida cotidiana de las personas trans. El mayor desafío: la inserción laboral y el reconocimiento de la diversidad por el resto de la sociedad.

Tener un nombre es un derecho más que primario de todo ser humano, un modo de reconocerse y obtener reconocimiento. Cuando a una persona se la llama por un nombre que no coincide con su identidad de género, se vulneran sus derechos. La ley viene a subsanar esa violación. Pero, ¿qué hay detrás de un nombre? En su artículo segundo define:

“Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”

Las identidades trans desordenan la pretendida homogeneidad de concordancia entre sexo, género y orientación sexual. Evidencian el carácter construido y cultural del género al tiempo que introducen la crítica al sistema binario hombre – mujer que excluye, por estructura, al diferente.

“Esta ley nos hace sentir orgullosas; significa que hay un estado que por lo menos nos reconoce y no nos expulsa”, dice Carla Morales desde la barra de Casa Brandon, en donde trabaja. Sabe que el proceso será largo y que las nuevas generaciones serán las beneficiadas, en primer lugar, porque las familias sentirán que no están solas y les será más posible acompañar a sus hijas e hijos trans. “Así, con contención, podremos seguir estudiando, acceder a un trabajo digno y a una vida social más plena”, agrega entusiasmada. Con las mismas ganas, porque “dar de comer tiene que ver la energía”, acaba de pasar fuentes de papas fritas y ensaladas para atender al grupo que eligió el lugar para recibir el fin de semana. Ese es su trabajo y es también su lugar de militancia, su modo de ejercer, de “ir a los hechos, no solo de decir que se puede, sino también, hacerlo”. Sabe que ella tiene una oportunidad negada para la mayor parte de sus compañeras y está decidida a no desaprovecharla.

El problema es qué sucede mientras ese largo proceso del que habla Carla culmine. Aunque el verdadero problema, es qué pasa con las vidas de todas las personas trans que quizás no lleguen a ver ese proceso cerrar. La comunidad travesti, transexual y transgénero de nuestro país se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación. Las personas trans no gozan de igualdad de oportunidades y de trato en ningún ámbito de la vida social e institucional; la mayoría de ellas vive en extrema pobreza, privadas de derechos económicos, políticos, sociales y culturales. A pesar de las condiciones en las cuales desarrolla sus vidas, el colectivo trans ha dado muestras de perseverancia y a través de su intervención en la política ha producido cambios significativos, aportando nuevos conceptos, experiencias y marcos jurídicos, construyendo políticas sociales y comunitarias, generando antecedentes importantísimos en la justicia. Hoy, finalmente el Estado reconoce a esta porción de la población y comienza a generar políticas públicas dirigidas a esta comunidad. Sin embargo, debe también desarticular los mecanismos institucionales de discriminación que operan contra las personas trans y que han legitimado mecanismos socio-culturales de fobia por estigmatización, criminalización y patologización

Soledad Cutuli es antropóloga y escribe su tesis sobre las formas de organización de las travestis de Buenos Aires. “Siempre se las aborda de una manera exotizante, pero ellas son madres, militantes, hermanas, vecinas, tías, y también, si querés, prostitutas, y un montón de cosas más que componen sus vidas y suelen estar solapadas”, dice y añade que entre todo lo que hacen, está por ejemplo, el haber demandado esta ley. La inserción laboral, si bien no es imposible, sí es muy difícil. La exclusión del trabajo formal supone, por añadidura, la falta de acceso a vivienda, crédito, y, sobre todo, obra social. Al decir de Cutuli, “ellas son perspicaces y siempre encuentran alternativas” a la trama de marginalidad a las que se las somete, que implica una expectativa de vida tan baja, que las que llegan a viejas “tienen el aura de sobrevivientes”.

“Ahora cuando me miro al espejo, me reconozco, me digo, ahí estoy, soy Gabriela”. Todavía se emociona cuando lo cuenta, es que hace apenas dos años se animó a asumir su identidad y, a los cuarenta y dos, enfrentó, en el edificio en el que trabaja como encargada, la mirada y el prejuicio del vecindario. Se siente una leona, una mujer maravilla, por haberse jugado por lo que es. La emoción se respira en cada letra, la intensidad de la experiencia traspasa la palabra en la que se materializa. “Cuando voy al almacén y me preguntan: señora, ¿qué va a llevar?, me reafirmo y enorgullezco de mi transformación”. Claro que el proceso no fue fácil y aún sufre las consecuencias. Hoy su sueldo está reducido en casi un 50%; la administración, por presiones de algunos integrantes del consorcio le quitó las horas extras. “Se resisten porque les da miedo y atacan para defenderse de lo que no conocen”, dice Gabriela, después de haber tenido que denunciar el caso por discriminación, amenazas e insultos.

Nombre, identidad, aspecto, acceso, trabajo, una red de posibilidades que, por presencia o por ausencia, marcan tantas vidas; en el caso de las personas trans, un número no cuantificado. A pesar de la ausencia de datos oficiales, a partir de “Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros” de Lohana Berkins y la encuesta piloto realizada por el INDEC y el INADI en La Matanza el año pasado, se conoce que el 80% de las personas trans ejercen la prostitución, más del 80% no culminó sus estudios secundarios, el 34% vive con VIH/SIDA y la esperanza de vida es de 35 años.

La ley de identidad de género da existencia a las personas trans e instala la necesidad de ir más allá. Tener un documento con el nombre propio es un primer y enorme paso. Para Soledad Cutuli, salud, educación y más políticas públicas que regulen el cotidiano es lo que debe venir. Gabriela Toledo cree que a la sociedad le falta delicadeza en el trato y sabe que mientras llegue el cambio cultural que ratifique la ley, ella debe seguir viviendo y que falta mucho por cambiar. Carla Morales tiene vínculos con varias organizaciones y partidos políticos, pero se define como inorgánica en su militancia, porque considera que lo mejor que puede hacer es llevar y traer de un lado al otro, decir lo propio a los demás, no limitarse bajo una sola bandera, sino “aprender de la otredad”. Cutuli da un paso más y declara: “ojalá mis hijos tengan compañeras y compañeros trans en el colegio, eso enriquecería el aula”.

Cutuli, Morales y Toledo coinciden en el papel fundamental de los medios de comunicación para lograr el reconocimiento y la aceptación de la sociedad, sin estigmas, en la integralidad de toda persona. Para ponerse a tono con una lucha que avanza a pasos implacables. Y muestra de ello son, por ejemplo, la Escuela Cooperativa Textil de Trabajo Nadia Echazú, creada en 2007 por y para personas trans, con el fin de generar un espacio laboral alternativo a la prostitución. La cooperativa, cuyo nombre recuerda a la activista por los derechos de travestis y transexuales fallecida en 2004, fue un acto de militancia viabilizado por la lucha sostenida de su presidenta, Lohana Berkins. Por otra parte, el año pasado comenzó a funcionar el Bachillerato Popular Mocha Celis, que se presenta como “un proyecto educativo dirigido, sin ser exclusivo, a travestis y transexuales, con el objetivo de conseguir mejores condiciones y oportunidades laborales que reviertan la situación de prostitución y promuevan la organización en torno a cooperativas de trabajo autogestionado”. En este caso, el nombre se lo debe a la militante trans que, sin saber leer ni escribir, murió víctima de violencia de género policial. El Canal Encuentro produjo en el 2011 un ciclo de cine sobre diversidad sexual; conducido por Marlene Wayar, analizó la violencia, los crímenes por odio, las fobias y también la necesidad del respeto a las diferentes identidades. Wayar es también la directora de El Teje, la primera revista en América Latina producida desde una identidad travesti. También hace dos años se estrenó la película “Mía”, ópera prima de Javier Van de Couter. Cuenta varias historias que se encuentran alrededor de una chica trans que vive en la “Aldea Rosa” del cirujeo y la prostitución mientras sueña con la moda, un hogar y la maternidad. Al director, consciente de que para muchas de las chicas que participaron del elenco, la plata que cobraron fue su primer sueldo por un trabajo digno, no le preocupa si su filme se destaca más por su costado militante que artístico. Emprendimientos de economía social, proyectos de educación popular y producciones culturales; las distintas facetas de un movimiento plural que viene pujando desde hace décadas por una democracia real, que lucha no solo por derechos sexuales, sino también por derechos sociales y de ciudadanía.

Trabajo digno, ya a esta altura, resuena como reclamo, como necesidad, como derecho. Como la base de la que partir para poder despegar, para constituirse con plenitud, para alcanzar la integralidad inherente a toda persona. Al igual que entre las mujeres, entre las personas trans se reproduce la discusión acerca de la prostitución: reglamentar o abolir. Gabriela Toledo no pasó por ese lugar, cuando asumió su identidad tenía un trabajo y desde allí da pelea, para vivir su vida, dice. Carla Morales antes de trabajar en Brandon, tuvo una parrilla y diferentes trabajos, entre ellos en la cooperativa Nadia Echazú. Cree que el trabajo dignifica y entiende que si la prostitución es un trabajo, debe ser fiscalizado, mientras no se pueda sacar a quienes están en la calle, como prostitutas, clowns, gente que hace venta ambulante. Morales afirma que toda persona debe tener derecho a elegir su camino y poder hacer un aporte a una obra social y llamar para pedir un turno como cualquiera que trabaja. Lohana Berkins, desde su conocida postura abolicionista, no se cansa de repetir que no conoce a nadie que mande a sus hijos a hacer cursos de especialización en prostitución. Si hay un reclamo consensuado entre todos los sectores es que lo que deben eliminarse sin más son las causas que provocan que la prostitución sea el único medio de subsistencia para tantas. Para Cutuli, la categoría trabajo digno tiene potencialidad estratégica, retórica, para conseguir resultados para la vida de todos los días, cuyos matices exceden el reclamo llevado al Estado. “Imaginate decirle a una trava: vos no sos digna porque no tenés un trabajo digno, inmediatamente te va a dar mil argumentos por los cuales se considera absolutamente digna. Hay, por eso, dos planos, el de lo político y el de lo cotidiano, creo que se van a producir modificaciones en forma progresiva que hagan surgir otras formas de ser travesti sin pasar por la prostitución”. Para muchas de ellas, trabajar y salir a prostituirse son la misma cosa. Soledad Cutuli cuestiona: ¿cómo no llamar trabajo a la principal fuente de ingresos?

Una pregunta surge insoslayable; ¿quién es el cliente de las travestis? ¿Quién consume esos cuerpos? Si el consumidor de sexo heterosexual está invisibilizado por una trama social que lo protege, el de sexo trans pareciera no existir. Ningún hombre admite su práctica. La hipocresía de la sociedad se manifiesta al extremo. Berkins, en declaraciones al momento de la media sanción de la ley, enfatizó la problemática de la violencia, dado que entiende que a mayor avance le corresponde una mayor resistencia, que puede devenir en travestofobia. Se rebela a estar confinada en el mundo prostibulario y considera que la verdadera transformación se dará cuando a ellas las lleven por la vida reconociéndolas como pareja. Por eso Carla Morales, además de diseño textil en la UBA, estudia las relaciones afectivas de las chicas trans y la forma en que el varón que gusta de ellas, asume su lugar. Plantea la necesidad de que ese chico pueda hablar y decir: “Mamá, no te presento una novia mujer biológica, te presento una novia trans”. Para ella, se impone empezar a hablar de la salida del closet de estos varones, porque la represión se vuelve violencia y se llega, en muchos casos, al crimen de odio.

“Hace un tiempo atrás comencé un viaje hacia mi adentro, un trabajo de auto aceptación, donde el aprendizaje es aún constante y una de las tantas riquezas alcanzadas es la paz conmigo misma, una paz que excede todo conocimiento”; así comenzaba la carta que Gabriela Toledo envió a cada unidad del edificio en el que trabaja, el día antes de abrir la puerta como Gabriela. Líneas que se entrelazan con el reclamo de Carla Morales de ser escuchadas con voz propia y de reconocer y aprender del diferente, de todo otro y otra. Sobre su trabajo con el grupo de la cooperativa Nadia Echazú, Soledad Cutuli declara, contundente: “No se me ocurriría nunca darles consejos, yo aprendo de ellas e intento aportar a la academia sus saberes”.

Ese conocimiento que dice que el disfraz es no mostrarse como lo que se es, que apela a la aceptación, a la posibilidad de mostrar todo un abanico de capacidades que van mucho más allá de una esquina o una peluquería, a permanecer en la educación formal y acceder a los servicios plenos de salud, a no ser invisibilizadas tras una máscara de necesaria femineidad, a ser y a devenir. A un año de la sanción y reglamentación de la Ley de Identidad de Género, los estigmas sociales sobre el travestismo en nuestro país siguen atravesados por la violencia física, la represión policial y los insultos discriminatorios, reforzando los estereotipos negativos en identidades trans. Violencia física relacionada a la represión policial, las dificultades en el acceso a la justicia y las barreras para ingresar al mercado laboral formal dan cuenta que todavía en Argentina existe una marca de la violencia física y simbólica que vulnera a las personas trans en sus derechos económicos, culturales y sociales; en sus derechos humanos, en su derecho a ser y existir.

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