Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

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Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

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Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

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A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

Prioridad 1: Urbanizar

Hace 3 años la Legislatura porteña votó un proyecto para urbanizar la Villa 31 y 31 bis, pero todavía no pasó nada. La basura se sigue acumulando, las cañerías rebalsando, las ambulancias esquivando y la luz no ilumina igual para todos. Historia de una política postergada, en la voz de sus vecinos.

Fotos: NosDigital.
Fotos: NosDigital.

En la canchita de fútbol donde juegan chicos y grandes hay un montículo de basura que crece cada fin de semana. A las ambulancias ya ni las llaman: buscan ayuda en algún vecino con auto. La instalación eléctrica es arbitraria o depende del arte de la maña: una manzana tiene luz pero la de al lado no, y cuando se corta no es la empresa quien la arregla. En la Villa 31 hay muchos policías, pero nada de seguridad.

Los problemas de los vecinos tienen una solución: urbanización. La ley de Radicación y Urbanización está aprobada desde hace tres años por la legislatura porteña, pero perdió estado parlamentario y volvió a presentarse este año. Asegura el fin de los desalojos forzosos y la creación de una Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, responsable de planificar e implementar la urbanización. La mesa, integrada por diputados, representantes de ministerios y delegados del barrio, trabajó catorce meses y redondeó un proyecto que giró a la Comisión de Vivienda, primer escalón para su aprobación. Pero así como entró, se cajoneó.

Nunca salió de la Comisión de Vivienda y perdió estado parlamentario el año pasado. Este año se volvió a presentar y, a pesar del pedido de organizaciones, vecinos del barrio y diputados, todavía no se trató.

“No hay voluntad política de tratar la propuesta que realizó la Mesa”, explica Carlos Cuenca, vecino de la Villa 31. Lejos de abatirse, agrega: “Somos el ejemplo, por eso el gobierno trata de vencernos. Si nosotros vencemos, seguirán el camino otras villas. Si perdemos, ¿qué les dejamos?”.

Mientras la propuesta descansa en un cajón de la Comisión de Vivienda de la legislatura porteña, Zunilda, madre de cinco hijos, camina por su barrio: “Un domingo a la tarde se corta la luz y no viene nadie. Mientras tanto, las necesidades perjudican a los chicos porque los lunes amanecen sin los delantales preparados”.

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Para Zunilda la urbanización no es un eslogan político sino un delantal sucio. ¿Se entiende?

– Si tenés heladera, se van quemando las instalaciones y tenés que cortar y mandar a llamar a alguien, y hay que pagarle. El año pasado nosotros tuvimos que salir a la calle para que vinieran a arreglar.

– Hace dos años que se hicieron todas las instalaciones para el agua (en algunas zonas de la 31 bis). Se compraron entre los vecinos los caños y se le manda a hacer a uno que lo sabe hacer. Buscando un vecino, al otro, al otro, nos organizamos.

– Tenemos basura en la canchita, que es donde los chicos juegan. Si llueve, es un olor…

– Antes tirábamos cemento nosotros en las calles, cuando le sobraba a alguien, pero se inundaba todo, entraba agua por todos lados. Salíamos los vecinos y sacábamos el agua, porque las cloacas no están en buenas condiciones.

– Las ambulancias siempre tardan en llegar. Ya lo tenemos como que no hay ambulancias y buscamos otros medios para llevarlos: conseguimos un amigo que tenga auto. Hay mucha gente que se murió porque nunca viene la ambulancia, lo sacan en un carrito y con una herida, se desangra hasta llegar al hospital. No quieren entrar las ambulancias porque siempre dicen que en la villa pasa esto y lo otro. Tienen miedo. Quieren que haya un policía, y hay policías por todos lados. Hay tanta policía e igual hay robos. Hay caminos para que entren las ambulancias, pero no quieren entrar.

villa 31 “Con la urbanización se arregla todo: la basura, la electricidad, las calles, las cloacas. Por ahí la inseguridad también. Eso es lo que estamos buscando”, asegura Zunilda. Sobre los métodos para presionar, en la 31 ya saben: “El corte de la autopista es la única herramienta que tenemos para solucionar esto, porque nunca nos escuchan. Ahora que están los delegados y las elecciones, empiezan las peleas entre ellos. Nosotros hacemos una actividad, les avisamos, vienen, pero después no pasa nada”.

Varios pasillos enredados más allá de lo de Zunilda, habitados por vecinos trabajando en casas suyas o ajenas, chicos jugando y perros mendigando un huesito, está el comedor Carlos Mugica. Teófilo Tapia cuenta, sentado en un banco del comedor, la trama que revela el negocio de la urbanización en los pasillos de la Legislatura: “Macri debería acatar la ley de Urbanización. No lo hace. Da un lavado de cara, donde los adoquines que saca de la Ciudad, no los puede vender y los mete en la villa. Ese costo lo incluye, aunque no haya existido, y pasa a usar esa parte del presupuesto para otra rama. Dice que la invierte en la urbanización y la mueve a otra parte del presupuesto”.

¿Y entonces?

“Entonces nos estafa a los vecinos. ¿Dónde están los 30 millones que dice que usó? No dicen cuánto cuestan las obras, no hay carteles en la villa. Compra voluntades porque los punteros que están con él aparecen con coches cero kilómetros de un día para el otro. De esa manera los hace enfrentar con los vecinos”.

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Con esa claridad, y como lo hizo Zunilda con los conflictos de su barrio, Teófilo narra ahora la historia de la urbanización en la Villa 31. Ahí sentado sobre las tierras que hacen babear a los empresarios inmobiliarios y que ocupan más de treinta mil personas, Teófilo empieza:

– En este barrio comenzó un desalojo compulsivo cuando muere Perón y el gobierno de Isabel se hace cargo. Ella empezó a sacar a la gente con subsidios. Si eran de Bolivia, por ejemplo, los mandaban para Bolivia. Se encargaban de que se fueran del país. A otros, los llevaban a lo de los familiares, a las provincias.

– Con la dictadura, Cacciatore sacó a la gente ya sin subsidios. A la madrugada venían con las mazas, rodeaban las casas, los sacaban afuera, cargaban las cosas en los camiones de la basura y los tiraban del otro lado de la General Paz. Después las familias buscaban a dónde ir. Ya eso era una erradicación compulsiva. Ficharon a los dirigentes, primero. Después podían sacar a cualquiera. No había resistencia porque no quedaba ninguno de los representantes del barrio. Sacaban a la juventud, algunos estaban presos, otros desaparecidos. Limpiaron primero a toda la gente militante.

– Después de la erradicación de Cacciatore nos juntamos los pocos vecinos que quedamos y empezamos a buscar una forma para frenarlo. Así empezó esta lucha. Empezamos a trabajar con los curitas de las iglesias, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Conseguimos unos abogados recién recibidos y otros que acompañaban que se hicieron cargo de la demanda. En primera instancia se perdió el juicio porque habíamos quedado 33 familias. Los demás tenían miedo. Era el año 1979. Apelamos a la Cámara y nos dieron lugar. En el barrio nos detenían cuando nos encontraban.

– Alfonsín no desmanteló la Comisión Municipal de la Vivienda de la dictadura. Era una pelea por el tema de la luz, el agua, las cañerías todas rotas. Costó repoblar la villa. El intendente Suárez Lastra sacó una ordenanza donde reconoce que la erradicación fue compulsiva y dice que quienes acrediten haber vivido en la villa pueden volver.

– Ya en los 90 sabían que esta villa no puede existir porque está en las tierras más caras de la república. Querían hacer la continuación de Puerto Madero. Nos quisieron sacar, pero no pudieron porque la villa se repobló.

Así, Teófilo llega a la actualidad. Con la ley de urbanización que no se cumple. Con una Villa 31 que ahora se llama Barrio 31 Carlos Mugica, pero que sigue teniendo los problemas de siempre. Con un barrio con muchos Carlos, Zunildas y Teófilos que trabajan por una urbanización que ayude a tener los delantales del colegio limpios, la cancha de fútbol limpia, las cañerías bien, luz, agua, y que ya no haya excusas para que las ambulancias entren.

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La vida privada

Por el predio Martina Céspedes, en San Telmo, pasan los alumnos de siete escuelas para hacer deporte y esparcimiento cultural. El Pro hizo un proyecto de ley para transformarlo en un emprendimiento privado como un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El 5 de mayo más de 300 personas se plantaron para decirle que no. Ya llevan más de 50 marchas y el próximo jueves 29 harán un nuevo festival. Aun dan pelea porque desconfían del macrismo. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley y que no les va a importar nada de lo firmado”, dicen desde la Comisión que se creó para la defensa del poli.

Fotos: NosDigital
Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación
Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas.
la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”.

Entre artilugios legales poco claros e intereses privados, los vecinos de San Telmo vieron escapar el espacio público por excelencia del barrio: el Predio Martina Céspedes, donde realizan actividad física y cultural más de 2000 pibes por semana. Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación. Pero todavía todavía andan con medio y es, precisamente, por los mismos motivos por los que comenzaron a descreer hace casi un año.

El barrio más antiguo de la Capital vive desvelado ante la posibilidad de perder el espacio de recreación, deporte y expresión cultural que utilizan los chicos de la zona. Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas. Allí también se desempeña el Club de Jóvenes (que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad) y la Juegoteca Comunitaria Infantil N° 15 a la que asisten pibes de entre 6 y 12 años para cumplir uno de sus derechos fundamentales: jugar.

Todo eso podría pasar a manos privadas si toma sentido de ley un proyecto presentado –aprobado sin discusión y en medio de la madrugada- por el entonces jefe de la bancada del PRO, y actual vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo.

La historia comenzó el 7 de diciembre del año pasado. Hasta ahí, al igual que en los 2010 años anteriores, era simplemente un día más en el calendario y no un número asociado a una letra. A espaldas de la lógica y a contramano del día, junto a una decena de leyes que se votaron sin debate en medio de las maratónicas jornadas legislativas de fin de año, y en bloque, obtuvo aprobación inicial (55 votos positivos, uno negativo y cuatro abstenciones) el proyecto que autorizaba al Poder Ejecutivo a llamar a licitación para “el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión” de los terrenos ubicados bajo la AU1 y las áreas linderas.

Sin letra chica, sin ruborizarse y mucho menos arrepentirse, el proyecto anunciaba quienes serían los depositarios de ese terreno y homologaba la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El consorcio Servente-Lanusse-Criba-Crivelli, el mismo que explota la estación de servicio bajo la Autopista Illia, en Retiro, se haría cargo de la concesión por un período de 20 años.

Al ser un espacio público el que estaba a punto de pasar a manos privadas, se necesitaba una segunda lectura en audiencia pública. Pero como le anticipaba Ritondo al sitio www.iProfesional.com por ese entonces: “No nos preocupa, estaremos realizando los primeros movimientos a mediados del año que viene –en referencia a éste-”.

Estaba todo digitado. Pero lo impensable saltó a la acción y gracias a la movilización (y organización) de los vecinos, el Predio Martina Céspedes todavía pertenece al barrio y abre las puertas cada mañana de lunes a sábado. El 5 de mayo, más de 300 personas asistieron a la audiencia pública para avisarle a los legisladores que su postura era firme y que tenían la voluntad irrenunciable de defender el Polideportivo. “Fue un 25 de mayo. La patriada”, nos cuenta Claudia Moyano, integrante de la Cooperadora del Comercial 4 y Presidente de la Comisión por la Defensa del Poli que se creó para tal fin después de la media sanción de la ley. Se abre al diálogo y cuenta: “Sin ser ‘aparateados’, término que utilizan ellos, sin que nos dijeran nada, la gente, los vecinos, nos fuimos reuniendo. Nosotros representamos comunidad educativa, pero el resto se autoconvocó y pudimos frenar el avasallamiento de nuestro derecho que, en última instancia, es el derecho a la propiedad que nos otorga la Constitución Nacional (NdeR: Artículos 14 y 17)”.

A raíz de ese reclamo masivo, al que le procedieron y sucedieron más de 50 marchas (entre festivales, encuentros, abrazos al predio y movilizaciones hasta la legislatura) los legisladores debieron agachar la cabeza y pedir perdón. Aunque, con la sapiencia que les dio la experiencia, desde la Comisión que preside Claudia redactaron un acta de compromiso para que la voluntad quede estampada sobre papel y consiguieron la firma de 29 legisladores. “Hemos recorrido distintas instancias. Ahora tenemos una declaración por escrito en la que el arco opositor se manifiesta en contra de la utilización del predio para la explotación privada. Firmó todo el bloque de Proyecto Sur, de la Coalición Cívica, de la UCR, del MST y del FPV. Hasta las bancadas del PRO nos apoyaron, pero por cuestiones políticas no quisieron firmar”, dice como quien tiene todas a su favor pero una marcada incertidumbre. No es para menos.

“Si bien tenemos un amplio apoyo para que esto no vuelva a suceder, en lo personal, hasta que no me digan ‘esto se terminó’ no voy a dejar de estar al pie del cañón”, confiesa. Una fuente de Creactivar, la asociación civil sin fines de lucro que maneja la juegoteca (la primera del país), da cuenta de que esos miedos son fundados. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley con un mínimo de reformas y que no les va a importar nada de lo firmado”, remarca.

Rocío Sánchez Andía, legisladora por la Coalición Cívica y una de las cuatro personas que se abstuvo de votar en diciembre, reconoce que la desconfianza tiene fundamentos. “Hoy en la Legislatura hay un pacto entre las tres bancadas del Kirchnerismo en el interbloque con el PRO por algunos negocios en particular. Los vecinos están comprometidos y tienen un conocimiento profundo de cómo se mueve la legislatura. Por eso, pidieron las firmas de los legisladores y obtuvieron casi 30 adhesiones. Sin embargo, justamente por saber cómo se mueven los intereses en el recinto, tienen miedo. Yo también lo tengo”, relata.

Del otro lado, el silencio es premeditado y ni siquiera se altera cuando se denuncian presiones y amenazas. “En la misma audiencia pública nos hicieron saber que no nos saldríamos con la nuestra. Hemos recibido llamadas de todo tipo y hasta ‘advertencias’ de tipo presencial. Entendemos que estamos en el medio de los intereses personales y económicos que priman sobre la educación y los derechos”, acusa la presidente de la Comisión de defensa al predio.
Para obtener respuestas a las preguntas sobre las intenciones, los proyectos y el futuro que trazan los promotores de la expropiación es imprescindible acudir al archivo. Eduardo Servente, el empresario que presentó el proyecto y que se quedaría con el territorio citado, se pronunció en la audiencia pública y, después de describir a la zona de influencia como “la boca del lobo”, expresó: “Se trata de un proyecto urbanístico en el bajo autopista para curar una herida que produjo el paso de la misma. Hoy el desarrollo urbanístico y social ha quedado cortado por la autopista. El aspecto turístico del proyecto trata de unir ambas zonas para que la circulación sea posible”.

Por su parte, el mismo día, Luis Grossman, director general de la Dirección del Casco Histórico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, apoyó la cesión de las tierras y manifestó: “Las autopistas urbanas producen heridas que nunca se terminan de cerrar. Pasaron 40 años y distintos gobiernos y el tema no se resolvió. Si bien apoyo el énfasis con que el barrio defiende las actividades, considero que un proyecto como el planteado aquí tiende a resolver lo ocurrido. Allí el vecindario recuperaría la conectividad entre dos zonas, algo hay que hacer y esto puede ser lo indicado”.

Las promesas visitaron todos los matices. El 27 de septiembre, el Jefe de Gabinete porteño y presidente del PRO en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se juntó con los vecinos de la Comuna 1 y derivó el asunto a Cristina Brunet, la Presidente comunal. “En esa reunión ella desconoció que me había dicho que la cuestión no le competía y que no le interesaba. Después, le enviamos cartas, pedimos juntarnos y nunca se expidió al respecto”, esgrime Moyano.

La única solución que propusieron desde el gobierno de la ciudad es trasladar las actividades que se realizan en el predio a las canchas del club Nikkei (pertenece a la comunidad japonesa) que tiene 1000 metros cuadrados menos de superficie. De las 14 escuelas que, según la ordenanza municipal, deben utilizar las instalaciones del Martina Céspedes, por falta de espacio, sólo las utilizan siete. “No entramos”, dicen. Ese recurso, la eventual mudanza, lo único que hizo fue sumar a la comunidad japonesa al reclamo de los vecinos de San Telmo.

Producto de la movilización de todo un barrio, el proyecto cayó a la Comisión de Obras y Servicios y para volver a la Legislatura debe ser reformado en las comisiones, obtener quorum y recién ahí pasar a agenda parlamentaria. En caso de que logren cumplir con esos pasos, deberá ser aprobado por una mayoría especial de 40 votos (sobre 60 legisladores). “Nada de eso debería pasar. Pero sabemos cómo se manejan y los intereses que hay de por medio”, confiesa Moyano. Por eso, siguen repartiendo folletos con las 29 firmas obtenidas “como para que la gente sepa y los legisladores no se olviden de lo que prometieron”, cuenta. Además, el jueves 29 se realizará un festival en el que participarán las bandas musicales de todas las escuelas que utilizan el predio. “No queremos involucrar a los chicos pero ellos nos piden participar y defender lo que les corresponde”, grafica una de las madres del Normal 3.

Los afiches que adornan San Telmo son contundentes: “No necesitamos lo que ustedes quieren que necesitemos. Necesitamos el Predio Martina Céspedes y nada más”. Palabras que se hicieron bandera, reclamo y resistencia de un barrio en defensa de lo que les pertenece. No quieren un hotel boutique, negocios de ropa de alta costura, menos un shopping y mucho menos la revalorización de la propiedad. Saben que es un pedido informal de desalojo, el primer paso a eso. “Se motivará a muchos propietarios para que mejoren los inmuebles del barrio”, dicen (no tan) por lo bajo en los pasillos de la presidencia comunal. Quieren que sus hijos jueguen, que hagan deporte. No quieren campeones, quieren personas. Con eso alcanza.

Hacia una ley de expropiación

Está en tratamiento el proyecto de ley que da la chance de expropiar el hotel Bauen a manos de sus trabajadores. Esos laburantes que luego de la crisis del 2001 formaron una cooperativa, pusieron el lomo y salieron a adelante, administrando y autogestionando un hotel de cuatro estrellas en pleno centro porteño. Un ejemplo clave de lo positivo que dejó la crisis que, con su legalización, puede sentar presendente para muchos casos por venir.

Foto: Nos Digital.

Los trabajadores del hotel recuperado Bauen enfrentan semanas decisivas. El pasado martes 10 abril se reunieron con asesores de distintos diputados para tratar los dos proyectos de ley que plantean la expropiación del edificio a su favor, con resultados positivos. La instancia clave sería la del día siguiente, miércoles 11, día en que el tema iba a ser tratado en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Oenegés de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los funcionarios suspendieron la reunión y la reprogramaron para el 26 de abril, fecha que saltea el otro round clave en la pelea por la expropiación: el 19 de abril fueron citados al Juzgado nº 9 de Capital Federal. Así sintetiza el llamado el propio presidente de la cooperativa que autogestiona el hotel, Federico Tonarelli: “Si la causa sigue curso, no es en un sentido favorable para nosotros”.

Los trabajadores presumen se les notificará una nueva orden de desalojo. La misma que pesa sobre ellos desde 2007, impulsada por el macrismo: en 2005 ganaron enla Legislaturauna ley que perdona una deuda impaga de los anteriores propietarios y declara “nula” a la cooperativa de trabajo para manejar el hotel. En efecto, la única diputada que en la reunión del 10 se manifestó explícitamente en contra de la Ley de Expropiación pertenece al actual bloque del Pro. Sobre el resto, Tonarelli cuenta que hasta los asesores de diputados del Frente Parala Victoria– que tiene mayoría en ambas cámaras, y por ello la última palabra- remarcaron la importancia de la ley. Habrá que ver si unen sus dichos con sus hechos.

Los dos bloques que impulsan proyectos paralelos pero similares son Libres del Sur, a través de Victoria Donda, y Nuevo Encuentro, encabezado por Martín Sabatella. Donda ya había presentado un proyecto de Ley de Expropiación en 2009, que perdió estado parlamentario en 2011. Este año volvió a la carga con “algunas diferencias técnicas”, cuenta Tonarelli, en paralelo con una nueva presentación de diputados de Nuevo Encuentro. Lejos de perfilar una puja partidaria, Tonarelli cree que ambos proyectos fortalecen la necesidad de expropiar el edificio. Desde fines de los 90 existen leyes que permiten expropiar al Estado un inmueble y que éste pueda decidir su futuro. Es el caso de muchas recuperadas que logran quedarse legalmente con una fábrica, por ejemplo, pero no de otras que continúan resistiendo amenazas de desalojos. El caso del Bauen es particular: “Como no hay todavía un marco jurídico que nos pueda contener a todas las empresas recuperadas, impulsamos un proyecto de expropiación con las particularidades de nuestro conflicto; específico para el hotel Bauen”, explica Tonarelli. Además de fundar la expropiación en la “utilidad pública”, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo “a transferir bajo cualquier título o modalidad” todos los bienes del Bauen a la cooperativa conformada por sus trabajadores. “Junto a este objetivo, nosotros siempre planteamos la salida de la expropiación y seguimos trabajando con la idea de un proyecto que aporte a la resolución del conflicto de todas las recuperadas”, cierra Tonarelli.

Por todo esto, para enfrentar la citación del 19 (para la cual convocaron a una marcha, para no llegar solos) era imprescindible la reunión del jueves 11 en la Comisiónde Asuntos Cooperativos, Mutuales y OeNeGés de la Cámara de Diputados, la primera instancia en el tratamiento de la ley. “Sabían claramente que el 19 tenemos una audiencia y que era muy importante conseguir un despacho favorable en la Comisión de Cooperativas”, dice Tonarelli sobre los diputados.

El lado oscuro del BAUEN

Atrás los lamentos, la historia (los argumentos) que sostiene el reclamo de los trabajadores comienza no casualmente en el año 1978: el Hotel Bauen fue construido para ampliar la infraestructura de servicios del Mundial del mismo año, por iniciativa del gobierno militar. Tonarelli: “El hotel fue construido con fondos públicos del Estado y con un préstamo del ex Banco Nacional de Desarrollo”. El beneficiario fue un tal Marcelo Iurcovich, a quien la confianza del Estado militar lo hace, al menos, sospechoso.

En la década del 90, sus cinco estrellas, sus 250 habitaciones, los 20 pisos, las salas de convenciones, la discoteca, el teatro, la piscina y el solárium habían perdido su novedad ochentosa, y el hotel entró en decadencia. Consumada la crisis, en 1997 el Grupo Solari intentó hacerse cargo del hotel y de una deuda inmobiliaria de 12 millones de pesos. Pero tres años más tarde, considerando inviable el proyecto, y habiendo pagado tan sólo 4 de los 12, pidió una convocatoria de acreedores.

El hotel fue cerrado el 28 de diciembre de 2001, en plena crisis, en ese momento vuelto a manos de Iurcovich, quien consiguió el aval del juez para “saldar las deudas a cambio de hacerse cargo del inmueble”. Mientras, setenta de los trabajadores despedidos enseguida se contactaron con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y formaron una cooperativa. A mediados de 2003 forzaron un convenio con el Gobierno de la Ciudad y el propio Iurcovich para explotar comercialmente los salones del hotel, a cambio de ceder el uso del teatro ala Ciudad. Antesy después, la familia Iurcovich calificaría a los trabajadores de “ocupantes ilegítimos”.

En 2005 Marcelo Iurcovich anunciaría la venta del inmueble a Mercoteles S.A. Hoy se sabe que en el directorio de esta empresa está el propio Hugo Iurcovich, hijo de Marcelo. Tonarelli: “Lo que demuestra que el hotel estuvo fraudulentamente siempre en las mismas manos”.

Todavía, ninguna de las firmas había pagado la deuda impositiva reducida a 5 millones que pesaba sobre el negocio, y sin embargo el inmueble se vendía y revendía.

Mientras, desde marzo de 2003, los trabajadores hacían lo que mejor sabían: trabajar. Y respondían con hechos cuando la misma jueza que los cita este 19 de abril, Paula Hualde, determina que el hotel pertenecía a la firma Mercoteles en 2006: “Hoy tenemos un pleno funcionamiento. Desde que nos constituimos como cooperativa hemos realizado todas las acciones y medidas a nuestro alcance para poder explotar el lugar, seguir generando más puestos de trabajo y demostrar que la gestión de las empresas recuperadas por sus trabajadores es viable, concreta y exitosa. Los logros están a la vista, hemos generado más de 150 puestos de trabajo -de los 20 iniciales -, en menos de tres años, y otra cantidad de empleos tercerizados si tenemos en cuenta los contratos con empresas proveedoras de insumos”.

Legalidad y legitimidad

Si bien la orden de desalojo se mantiene, hasta hoy los trabajadores continúan autogestionando el hotel. Como enseña esta historia, los argumentos son tres y sencillos, lo explica Fabían Pierucci, del grupo Alavio que conforma la cooperativa:

  • “Que no se convaliden los negocios oscuros de la dictadura”.
  • “Se le quiere restituir el inmueble a un grupo que no presenta actividad económica ni patrimonio, y claramente es testaferro del grupo originario”.
  • “La deuda contraída con el Estado desde Iurcovich padre continúa impaga”.

En ese sentido, esto último cierra el círculo que devuelve el inmueble de Callao 360 al Estado nacional, el mismo que cedió el préstamo – impago- en 1978 através del ex Banco Nacional de Desarrollo, hoy Banco Nación. Justamente, los dos proyectos de Ley de Expropiación plantean que tanto el Estado nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueden actuar como expropiantes. “A partir de ahí es el Estado quien decide el futuro del inmueble, puede ser la transferencia del edificio, la venta, el préstamo o la cesión a la cooperativa”, se ilusiona Tonarelli.

En las cámaras, las miradas están puestas en el Ejecutivo, con mayoría y la posibilidad de volcar por ello mismo la ley. “No hay excusas. Siguiendo por los dichos del gobierno nacional debería ser la aprobación de la ley un ejemplo de esto. Depende de las fuerzas que sigamos construyendo, pero cabe una responsabilidad muy grande del Estado de terminar esta etapa del conflicto que es la disputa por la legalidad, basada en la legitimidad de nueve años de gestión”.

Sea la justicia o la política, el juzgado de la doctora Hualde o la Ley de Expropiación, los 160 trabajadores del Hotel Bauen saben que los únicos protagonistas de esta historia, futura, son ellos mismos: digan lo que digan, pase lo que pase, seguirán trabajando, resistiendo.

La noticia sin noticia

Lacar, la marca de camperas, antes una máquina de trabajo esclavo, ahora, una empresa en vías de recuperación. Actualización de la noticia que ya tiene 3 meses de incertidumbres y a decenas de familias a la espera.

Foto: Nos Digital.

La cooperativa de trabajadores de Lacar sigue esperando que el juez Federico Guerri falle a su favor la propiedad de los bienes (indumentaria y maquinaria) que el antiguo dueño de la firma, José Tarica, vació de los locales comerciales y la fábrica y escondió en dos depósitos que los trabajadores encontraron, vigilaron y hoy reclaman. Ninguna obstrucción legal impide al juez dictaminar sobre el tema. De hecho, desde aquél domingo 18 de septiembre en que se desencadenó todo, los trabajadores ya formaron una cooperativa, presentaron un plan productivo y se reúnen todas las semanas, dos veces. La maniobra judicial, así, sólo puede leerse como un desgaste: a tres meses del vaciamiento, los trabajadores continúan sin ver un centavo.
La espera ahoga. Con festivales y rifas apenas llegan a cubrir los “vales” que piden los más necesitados. Otros más suertudos confiesan estar viviendo de la familia o algún compañero. Semana a semana trazan nuevas estrategias que permitan el próximo paso hacia la producción. En el polo textil del INTI ya se ponen a ritmo con cursos y capacitaciones. “La gente del INTI nos acercó unas máquinas y nos está dando uno que otro curso para ir preparándonos. Porque la gran mayoría de gente que forma la cooperativa no es precisamente de talleres… Ellos antes mandaban todo a clandestinos”.
No es menor lo que explica Gabriela, tesorera de la cooperativa. Precisamente en esos talleres clandestinos comienza la historia siniestra de la firma Lacar en Argentina: fue la primera denunciada por encierro, hacinamiento y sobreexplotación de talleristas. Es ése el trabajo que ahora están aprendiendo, en otro intento de amoldarse a la redistribución de tareas. “Pero sin las máquinas, sin las camperas para empezar a vender es muy difícil”, explica Gabriela. Ya tienen las cantidades y números de tela, cierres y etiquetas que deben comprar como para una primera tanda. Pelean, mientras tanto, no sólo por la liberación de la ropa y las máquinas, sino también por la propiedad del “bien inmaterial” que es la propia firma Lacar. Se entiende, el impacto comercial y de marketing no sería el mismo aunque las camperas mantengan su calidad. Otro de los tantos inconvenientes será reubicar locales comerciales donde pueda venderse la mercadería que produzcan.
Pero para eso falta. Ahora queda presionar por la propiedad de los bienes: “Este lunes 19 iremos hasta el juzgado a ver si por medio de la presencia podemos encontrar alguna otra respuesta, básicamente pedir que liberen los bienes a nuestro favor”, anuncia Gabriela. El pedido de los trabajadores se basa en la reciente Ley de Quiebras que obliga al juez a revisar una serie de “créditos laborales”, asimilables a lo que entendemos como “indemnizaciones”, cuya suma puede intercambiarse por los bienes de la empresa. Antes, los bienes se consideraban para el dueño. Esta ley da prioridad a los trabajadores a tasar los bienes de la empresa y corresponderlos con el valor de la suma de los créditos laborales. Es decir, permite la posibilidad legal de expropiar bienes materiales (máquinas, productos y hasta la fábrica misma) e inmateriales (inteligibles, como la firma de una empresa). El caso de la cooperativa de trabajadores de Lacar es de los primeros que ponen en juego la ley.
Por qué no se aplica la ecuación de la ley no es fácil de desentrañar. Por lo pronto, los trabajadores de Lacar cuentan con un inconveniente comparado a otras fábricas recuperadas: el edificio en que trabajaban era alquilado. También hay que reconocer cierta astucia del antiguo dueño José Tarica para mantener en secreto la quiebra de la empresa. Los trabajadores no se la esperaban. No pudieron ni supieron entonces entrar a la fábrica, tomarla, resistir. Tarica limpió hasta las fotos familiares que tenían los administrativos colgadas en las oficinas. De las máquinas ni hablar. Los locales comerciales, lo mismo: todos vaciados. El dueño de la fábrica que alquilaba a Tarica no tiene razones para hacer voluntarismo: ya alquiló la fábrica a otra empresa.
Desde que se conoció la noticia del vaciamiento, el INTI les guarda un lugar en su polo textil en Barracas. Por ahora sólo ayuda con cursos y capacitaciones, y unas pocas máquinas para poner en práctica nuevos conocimientos de corte y confección, lo que antes se terciarizaba. Pero ya con este reconocimiento del INTI, el convenio que les cede lugar físico, se supone, supuso el abogado del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, Luis Caro, que el juez tenía que tomar una decisión positiva sobre los bienes. Es decir, a favor de los trabajadores. “No hay nada que esté obstruyendo que el juez tome una decisión a nuestro favor. El papel ya fue entregado hace quince días a la justicia, pero todavía no tenemos respuesta”, cuenta Gabriela.
Las tareas, ahora, mientras, es de corte y confección de ánimos, psicologías y ayuda económica para quienes más lo necesiten. El juez a cargo es el mismo quien, en primera instancia, apuró a rematar los bienes sin precio de partida, violando la propia Ley de Quiebras. El abogado de las recuperadas Luis Caro rápidamente pidió su revocatoria. Guerri dio marcha atrás con su decisión, hizo tasar los bienes por un síndico y ahora demora la decisión sobre su propiedad. El antiguo dueño José Tarica, lejos de estar reclamándolos, declaró la quiebra de la empresa, no apareció más, siquiera se presentó a las audiencias que convocó el Ministerio de Trabajo y, se sabe, descansa en el country del Club Náutico Hacoaj donde vive.
Se avecina fin de año y la inminente feria judicial apura a los trabajadores. Gabriela: “Hoy justamente, antes de juntarnos a hacer un brindis tuvimos una asamblea y tratamos de apuntalarnos… Porque hay determinados momentos que te hacen bajar los brazos… Tratamos de acompañarnos para que cuando alguno se caiga, no se pierda la esperanza”. El lunes 18 irán al juzgado no a presionar sino a buscar lo que antes muchas otras recuperadas consiguieron tomando fábricas, resistiendo desalojos y estirando con amparos: justicia, expropiación, producir sin patrón.

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Cómo hacerse un aborto con pastillas

El misoprostol es un remedio que las mujeres de todo el mundo pueden usar para abortar ellas mismas en su casa de manera segura hasta la semana 12 de embarazo. La agrupación de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto publicaron un manual instructivo para difundirlo de manera gratuita. En los comienzos de los debates en nuestra sociedad por la legalización del aborto, se conforma en una herramienta clave y necesaria.

 

Descargate el libro

Este mes comenzó a discutirse en la cámara de diputados uno de las problemáticas que más parecen escandalizar a la opinión pública, y que todavía conforma un tabú con fuerza arraigado en la sociedad: el aborto. Estas intervenciones se realizan de manera clandestina al menos 500 mil veces por año y son la principal causa de muerte materna evitable, teniendo como principales víctimas a las mujeres pobres y jóvenes.[i]

Hay claros indicios generales de que Argentina está saliendo de una vieja etapa de recato cristiano y educación cívica de manual de escuela. La Ley de Matrimonio Igualitario, sancionada el año pasado, es uno de ellos. Sin embargo, para que se logre legalizar el proyecto de ley que apela por un aborto seguro, legal y gratuito, todavía quedan por derrumbar muchas voces dogmáticas. Las creencias rancias y morales podridas, la hipócrita voz de los que miran para otro lado, la medieval figura de la iglesia católica, los pudorosos creyentes de la patria occidental y cristiana, son de los mayores obstáculos para conseguirlo.

Si bien el tema recién se puso en agenda estas últimas semanas, existen varios grupos que, desde hace años ya, se organizan bajo la bandera  de la legalización del aborto. Tantos que reivindican los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo.

 Uno de ellos es la agrupación de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que el año pasado publicó el manual Todo lo que querés saber sobre como hacerse un aborto con pastillas. Este libro editado bajo firma de El Colectivo, se distribuye de manera gratuita y se puede descargar de la web. El texto busca instruir a las mujeres para que tengan las herramientas y capacidades para, en caso de necesitarlo, poder realizarse un aborto con pastillas de Misoprostol. Un método muy poco conocido entre las mujeres, y aprobado por la OMS y la FLASOG[ii]. “Del feminismo, el movimiento LGTB[iii] y las prostitutas aprendimos la importancia de transmitir información entre pares. Usamos un lenguaje directo para buscar y compartir información que se nos niega por prejuicio, ignorancia y violencia, y para construir conocimiento en base a nuestra propia experiencia”, explican. Una clara muestra de que el silencio, no es salud.

Foto: Nos Digital.

El manual está dirigido para pobres y ricas, jóvenes o adultas, prostitutas, universitarias, amas de casa: para todas las mujeres que lo necesiten. El texto explica, con dibujos y palabras comunes, cómo poder abortar de manera segura y confidencial, y en casa. De esta manera, se evita que muchas tengan que recurrir a intervenciones inseguras que podrían poner en riesgo su salud.

Para seguir acompañando a aquellas que precisen una ayuda más personalizada, el grupo de Lesbianas y Feministas tienen a disposición la línea telefónica más educación menos riesgos (1566647070), a la cual las mujeres pueden llamar de manera gratuita para consultar acerca del uso del Misoprostol. “No somos médicas ni reemplazamos la consulta médica,-advierten- la información que damos es pública,  actualizada y corroborada por fuentes médicas y científicas”.

Por otro lado, expone de manera clara varias cuestiones que tienen que ver con el embarazo, los métodos anticonceptivos y el reconocimiento del propio cuerpo; temas que por falta de educación, muchas desconocen. ¿Cómo se hace para poder determinar las semanas que se lleva de un embarazo? ¿Qué métodos anticonceptivos existen? ¿Qué es la pastilla del día después? ¿Cuales son los derechos de una mujer cuando tiene que recurrir a un hospital a la hora de hacer chequeos y estudios?, son algunos de los temas que se tratan.

El libro no busca juzgar, ni aconsejar: “pone a disposición de las mujeres toda la información para que ellas mismas decidan. Porque el conocimiento no es una mercancía, si no un bien social que debe estar en manos de quienes lo necesitan”.

 


[i] Datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación Argentina

[ii] Federacion Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia

[iii] Lesbico, Gay, Bisexual, Trans.