Socios

El avance de la Justicia sobre tres directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad y una reciente investigación de la Procuraduría General sobre los libros contables de Loma Negra empiezan a iluminar otra raíz de la dictadura: la económica.

“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Rodolfo Walsh. Carta abierta a la Junta Militar.

Durante la dictadura se derogaron 27 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, se modificaron otros 99, se estableció la prohibición de la huelga, se intervinieron los sindicatos, se decretó el congelamiento de los salarios y se aplicó la represión a trabajadores como herramienta para contener el descontento social y también para mejorar los márgenes de rentabilidad de las empresas.

Tal es el resumen que redondean dos investigaciones que demuestran que una serie de empresas – mientras otras representaban el derrumbe de la industria nacional- no sólo se vieron beneficiadas por este conjunto de políticas económicas y laborales, sino que además fueron ideólogas y partícipes de desapariciones, torturas y muertes de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales.

El libro “Cuentas pendientes” del jurista Juan Pablo Boholavsky y el periodista Horacio Verbitsky compila una serie de artículos técnicos y otros periodísticos que abordan distintas medidas del gobierno de facto: conceptos jurídicos que intentan cercar estos crímenes como de “lesa humanidad”, y casos puntuales de las empresas más terribles. Otra investigación en esta sintonía fue propulsada por una de las recién creadas Oficinas de Investigación de la Procuraduría General sobre datos contables de la empresa Loma Negra, que relaciona directamente su mejoría económica con la represión a trabajadores y en particular a la muerte de un abogado laboralista.

Para intentar articular estas evidencias, que mantienen causas estancadas en la justicia, se aprobó recientemente un proyecto de ley que crea una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura militar y que establece que se investigue el caso de una empresa durante 180 días. “Quiero saber quiénes fueron los que redactaron las leyes laborales que se llevaron derechos y conquistas. Porque no creo que un almirante, un general y un brigadier hayan estudiado en menos de un mes la reforma de la ley de contrato de trabajo”, explica el diputado Héctor Recalde, creador de la iniciativa, sobre la idea de seguir escalando responsabilidades. Los resultados que arroje la Comisión – que empezaría a funcionar a fin de año- no podrán aplicarse retroactivamente, lo cual representa una seria limitación, pero sí podrá iluminar complicidades persistentes como, por ejemplo, casos de apropiaciones inmobiliarias fraudulentas.

Hasta aquí las investigaciones arrojan una serie de historias y datos que esta nota intenta compilar, y otros que quedarán por llenarse a medida que las causas, y las discusiones, avancen.

El caso Ford

En la planta que la empresa mantiene en General Pacheco, durante la dictadura operaba un cuartel militar en la zona del quincho de deportes. Según la declaración de distintos trabajadores cumplían funciones allí más de 100 militares, no precisamente fabricando autopartes.

La militarización de la empresa no sólo era el modo de amedrentar a los trabajadores, sino una forma efectiva de detenerlos en el predio e interrogar a los miembros de una comisión interna combativa que estaba plantada contra la empresa y también contra el gremio cómplice SMATA.

El 20 de mayo del 2013 fueron procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos el presidente de Ford, Nicolás Enrique Courard – hoy fallecido-, el gerente general de la planta Pedro Muller, el gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el jefe de seguridad de la planta, Héctor Francisco Sibilla. El 8 de julio próximo comenzará el juicio oral que investiga a los tres directivos por facilitar datos y listas de trabajadores a la inteligencia militar.

Sibilla fue contratado para encargarse de vigilar la empresa siendo miembro de las fuerzas armadas. Esta doble agencia le permitía, por ejemplo, según consta en la causa iniciada en 2002 por los trabajadores, estar presente en los interrogatorios a los delegados secuestrados. Fue de hecho ascendido en julio del 78 al rango de Teniente Coronel, luego de los secuestros a, al menos, 24 obreros. Y tras su paso por la empresa, relata el libro Cuentas pendientes, fue contratado por la embajada de Estados Unidos como personal de seguridad.

La Fundación Ford creó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), de donde salieron funcionarios del Proceso, y los secuestros en camionetas F100 o en los míticos Ford Falcon son otras de las imágenes que acreditan el vínculo encarnado de los militares con la empresa.

Mercedes Benz

En octubre de 1975 una movilización de obreros de Mercedes Benz se reunió para rechazar a los representantes del gremio SMATA. Más de 4 mil trabajadores participaron en una asamblea en la que se eligieron nuevos delegados, que el gremio no reconoció y que la empresa usó para despedir a más de cien obreros.

En esas semanas, el jefe de producción de la planta Heinrich Metz fue secuestrado por Montoneros. La empresa cedió a la reincorporación de los despedidos y pagó un rescate por Metz. La revancha patronal vendría con el golpe.

De 16 trabajadores secuestrados entre el 76 y el 79, sólo tres reaparecieron. Fueron Juan Martín, detenido en abril del 76 en la fábrica, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo; Héctor Aníbal Ratto, detenido en agosto del 77 también en la fábrica, en cautiverio y bajo tortura en la comisaría de Ramos Mejía y luego en Campo de Mayo hasta marzo del 79; y Alfredo Martín, detenido en el 76, torturado en la comisaría de San Justo por el represor Rubén Lavallen y liberado horas después.

El caso de Lavallen, quien estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo, ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas: fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de seguridad de la planta de González Catán. Si bien los casos de los obreros secuestrados no fueron esclarecidos, y recién el 22 de abril del 2013 la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó tratar una compensación económica por las violaciones, Lavallen fue condenado a cuatro años de prisión por la falsificación del acta de nacimiento de Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.

Mercedes Benz estuvo entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país. Tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba los camiones Unimog, y en forma de gentileza, de acuerdo con información proporcionada por la empresa, la compañía donó en esos años equipamiento de obstetricia para ser utilizado en Campo de Mayo, donde se realizaban los partos clandestinos de las mujeres desaparecidas.

Ledesma

El caso Ledesma es el más claro en la comunión del poder económico y el poder político, y de la forma en que funcionaron éstos en un contexto de terrorismo de Estado a escala pueblerina.

El mismo día del golpe fueron secuestrados cuatro dirigentes de sindicatos obreros y empleados del ingenio.

La seccional de Gendarmería de Libertador General San Martín fue ubicada en el 76 dentro de la estructura edilicia del ingenio a través de un decreto. Creada para controlar la zona de seguridad de frontera, se utilizó en la práctica para el control y represión de actividades sindicales. “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones (…) habrían tenido por razón no sólo la preservación de una determinada ideología, sino que la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, reza en la causa que investiga la desaparición de veintiséis personas entre el 20 y el 27 de julio del 76.

Estos secuestros se produjeron durante las llamadas “noches del apagón”, en las que el servicio energético de tres localidades vecinas a Libertador General San Martín se vio suspendido, lo cual facilitó el secuestro incluso con camionetas de la empresa Ledesma.

El principal accionista de la azucarera, Carlos Pedro Blaquier, y el administrador Alberto Lemos están procesados como cómplices en primer y segundo grado, respectivamente, de la privación ilegal de libertad de 29 personas.

Acindar y Techint

El libro Cuentas pendientes se ocupa de Acindar y Techint conjuntamente, planteando que las metalúrgicas no sólo fueron socios menores que aprovecharon la dictadura para imponer salarios en baja, despidos y jornadas de trabajo de duración irrisoria, sino que además compitieron contra otros sectores empresarios a los que hicieron desaparecer del mercado: “Los obligaron a vender sus fábricas y a ceder contratos de exportación, más de una vez en la mesa de tortura de un campo de concentración”.

La represión a los obreros de Acindar comenzó mucho antes del golpe, cuando en la presidencia del directorio estaba José Alfredo Martínez de Hoz, hasta que lideró el Ministerio de Economía de la dictadura.

En el 75, a la vanguardia de la represión, Acindar instaló dentro del predio de la planta de Villa Constitución un destacamento de la Policía Federal. Tras el golpe, la seccional funcionó directamente como un centro clandestino de detención. Ese mismo año una huelga terminó con el despido de más de mil trabajadores.

La zona de Zárate-Campana fue uno de los epicentros de represión por la cantidad de empresas que tenían sus plantas allí. Entre el 20 de marzo del 75 y el golpe, fueron detenidos alrededor de trescientos trabajadores metalúrgicos de esas localidades y se estima que de los 150 desaparecidos de la zona un tercio era trabajador metalúrgico.

Allí también tiene al día de hoy su planta principal Techint, además del hotel de la empresa que supo albergar en los primeros tiempos de la dictadura a la plana mayor del Área de Seguridad 400. Según el libro, decenas de operarios y algunos supervisores fueron alcanzados por el terrorismo de Estado. Un suceso trascendente fue la llamada “noche de los tubos”, cuando cuatro trabajadores de la firma fueron secuestrados en septiembre del 76.

Acindar y Techint crecieron esos años gracias a subsidios y créditos que les permitieron instalar sus propias acerías eléctricas, y luego consolidarse con el menemismo. Durante los 90 Techint se quedaron con SOMISA, una de las principales siderúrgicas de la Argentina que fue privatizada en el 92, y forma un duopolio con Acindar.

Loma negra S.A.

El abogado laboralista Carlos Alberto Moreno fue torturado y asesinado en 1977 y por su crimen fueron condenados a prisión perpetua dos coroneles. De una serie de resoluciones que derivaron de la causa que investigó su muerte, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero accedió a la documentación contable de Loma Negra que arroja datos contundentes sobre cómo la represión se tradujo en rentabilidad empresarial.

El balance de la semana del 31 de marzo de 1976 Loma Negra tuvo pérdidas. Al año siguiente la situación ya se revertiría a través de la fórmula de disminuir “costos laborales”: sueldos y jornadas de los trabajadores. Si el “costo laboral” representaba un 21 por ciento de los costos totales, un año después cayeron 14 por ciento. Sumado a que la empresa mejoró su rentabilidad, la participación de los trabajadores en los ingresos de Loma Negra se redujo un 53% durante la dictadura. Más números del informe: “Los asalariados perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI, en circunstancias en que este último permaneció constante”.

La reforma de facto de la ley de contrato de trabajo, en general, y la muerte del abogado Moreno, mensaje hacia adentro de Loma Negra, fueron herramientas que allanaron el camino del ajuste del costo laboral. Otro ejemplo que revela el informe es la evolución de la cuenta contable en la que constan una serie de importes que Loma Negra preveía que debería pagar en el futuro en concepto de indemnizaciones que habilitaba la idea de un “pasivo contingente, que puede o no llegar a suceder”. En 1975 esa cifra trepaba a los 15 millones de pesos, y se redujo hasta menos de 3 millones en las cuentas que cierran el 31 de marzo de 1978, muerte del abogado mediante.

La presión fiscal durante ese período también se redujo notablemente, a pesar que la empresa, se dijo, mejoró sus ingresos: de un 8% los impuestos pasaron a representar sólo un 3%.

La caída de los ingresos de los trabajadores, la represión de sus reclamos y la muerte de Moreno permitieron el incremento de la ganancia empresaria de Loma Negra S.A. que pasó del saldo negativo del 31 de marzo de 1976 a uno positivo que superó los 150 millones de pesos a la misma fecha de 1981.

Ahora la investigación de la oficina de la Procuraduría pretende avanzar sobre el directorio que presidía la multimillonaria Amalia Fortabat.

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Fuentes
  • Juan Pablo Bohoslavsky, HoracioVerbitsky.Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. Siglo XXI editores.
  • Victoria Basualdo. Artículo “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”.
  • HIJOS Capital: http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=426:un-mercedes-benz-con-problemas-en-la-justicia&catid=34:titulares&Itemid=397
  • Página 12, domingo 25 de mayo de 2014.