Darle la vuelta al mundo

Fotorreportaje de la tercera Maratón por la Urbanización en Ciudad de Buenos Aires. De la 31 a la Rodrigo Bueno, 400 personas corrieron por el reclamo histórico de la vivienda digna.

Correr es la excusa. Hacer algo. Moverse, transpirar y latir fuerte. El sol calentó duro el asfalto y la tierra. Pidiendo un esfuerzo extra a cada corredor. El domingo 26 de octubre el Movimiento Villas al Frente organizó una maratón con gente de todos los barrios porteños con consigna al unísono: ¡Urbanización ya!

Los corredores largaron desde la 31, el barrio que nació marginal en 1932 como lejano simbronazo de las esquirlas que Wall Street desparramó -la globalización demostraba que ya era más que sensación- hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Corrieron sin cloacas. Cinco kilómetros y las ambulancias no entran al barrio. Una posta, otra, otra y la ley 3343 de urbanización de la legislatura porteña sigue sin implementarse. Zigzaguearon entre las casas que se acarician con la autopista Illia. Transpiraron en las tierras de las escaleras caracol al cielo.

Más de 400 personas corrieron desde Villa 31 de Retiro hasta Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Donde las privaciones son las mismas: la red de agua potable es la que arman entre vecinos y el tendido eléctrico habla precario como gobernante sobre la constitucional vivienda digna.

Rodrigo Bueno es el asentamiento de orígenes ochentosos al lado de la Reserva Ecológica, a metros de Costanera Sur. Y quienes ahí viven tienen plomo. Y otros metales pesados. En la sangre. En el agua. Es que el lindero depósito de autos de la policía federal infesta las tierras hasta la intoxicación.

Así se corrió: como se vive. ¡Urbanización ya!

De entrada a la 31
De entrada a la 31
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
Se multiplica la lucha
Se multiplica la lucha
Patinaje y la autopista Illia.
Patinaje y la autopista Illia.
Por las calles de la 31
Por las calles de la 31
A la entrada de la Rodrigo Bueno
A la entrada de la Rodrigo Bueno
Imágenes: NosDigital
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Miraremos
Miraremos
Salude
Salude
Escaleras hacia el autopista
Escaleras hacia la autopista
Correr por la urbanización
Correr por la urbanización
12
Casas y casas
Entre calles
Entre calles
Imágenes: NosDigital
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¡Urbanización YA!
¡Urbanización YA!
El arco en que me miras
El arco en que me miras
Puerto Madero te ve

Las meriendas en las plazas son Pro

A principios de mes la Legislatura porteña aprobó el proyecto que permitirá la instalación de locales gastronómicos en plazas y parques de la ciudad. En el trajín del avance privado sobre los espacios públicos, le llegó el turno a nuestras plazas.

La lógica privatista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue avanzando. Una ciudad necesitada de naturaleza, la reduce. Los legisladores de la Ciudad votaron una ley que cede el uso de una parte de las plazas a privados para vender comidas y bebidas, en un territorio que está por debajo de la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por persona recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La voz del PRO, de un asambleísta, un comunero y un legislador, en un análisis sobre el uso y explotación del espacio público porteño.

La norma, que fue aprobada en la Legislatura de la Ciudad con 36 votos a favor, autoriza la instalación de bares o cafeterías solo en aquellos parques que tengan como mínimo 50.000 metros cuadrados, lo que equivale a cinco manzanas de superficie, pero únicamente cuando estos bares existan se pondrán baños públicos y “estaciones saludables”, además de una red WI-FI, un lugar de alquiler de bicicletas y hasta una biblioteca.

Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, opinó que este condicionamiento “tiene una lógica extorsiva”. Martín Iommi, comunero de la 6, lee entre líneas que “entonces están asumiendo que ellos, como Estado, no son capaces de hacerlo”. Además, la ley va en contra del artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, donde dice que hay que promover “la preservación e incremento de los espacios verdes”.

IMG_3980No es una ley aislada, es el sostenimiento de una política pública.

La venta y reducción de una parte de los parques representa una profundización de la línea del gobierno macrista en sintonía con el avance en la privatización de los espacios públicos. Marcelo Ramal, en la sede central del Partido Obrero, se refirió a esta situación: “Hay una lógica extorsiva en las concesiones. Pareciera que el GCBA le dice a su población: ‘¿Querés un baño público en el parque? Vas a tener que aceptar que se privatice una parte’. Entonces nos colocan en una disyuntiva que plantea el abandono de los parques o su privatización. Pero debemos rechazar esto, porque un baño público debería estar en condiciones sin que ello implique la entrega a un privado de una parte del espacio verde”.

Perjudica a los vendedores ambulantes, que ya brindaban ese servicio con permiso del Gobierno de la Ciudad y además a los artistas, quienes reclamaron por este tema y fueron a presenciar la votación, porque la ley establece un mecanismo de trabajo diciendo textualmente que los artistas callejeros trabajarán a la gorra bajo la supervisión de los concesionarios de los bares. Es decir que, según Ramal, “consagra un trabajo precarizado para estos artistas, donde van a responder al antojo de los privados”.

¿Comodidad o calidad de vida?

Federico Wahlberg es miembro de la asamblea del parque Centenario y parte de la Red de Interparques (Centenario, Lezama y Chacabuco), y sostiene que esta medida “se enmarca en una situación generalizada, porque si uno se pone a hablar de cada caso quizá no parezca que se quita tanto, pero a lo largo del tiempo la cantidad de espacio verde que se fue sacando es enorme. El Parque Chacabuco es nuestro paradigma: desde la época en que la dictadura lo atravesó con una autopista, se pusieron escuelas, un polideportivo y hasta un estacionamiento”.

“La diferencia creemos que está en si un porteño considera que es mejor conservar el espacio verde y tener que caminar 100 metros para comprarse algo, o si prefiere tener toneladas de hormigón para no tener que caminar”.

Federico es economista, tiene 32 años, y plantea un escenario muy simple: “Supongamos que vos querés tomar un café en el patio de tu casa, ¿vas a mandar a construir una cocina ahí mismo? Yo creo que lo que todos hacemos es ir a la cocina, hacernos un café y salir al patio de casa a tomarlo. Ese mismo criterio que uno tendría para su casa, nosotros lo consideramos válido también para los parques”.

¿Qué dijo el PRO?

Patricio Distéfano, el subsecretario de Uso del Espacio Público de la Ciudad, defendió la ley y regaló frases de esas que demuestran una concepción de vida: “Estos novedosos cambios, únicamente focalizados en las necesidades de las personas, lograrán transformar la tradicional idea que tenemos sobre los parques públicos de la ciudad. Ocurre que al histórico y conocido rol que cumplen como pulmones de la gran urbe se sumará el hecho de convertirse en verdaderas herramientas capaces de incentivar la vida saludable, el encuentro entre las personas, el acercamiento a la cultura y la construcción de una verdadera comunidad”.

El poder de las Comunas, una venta de humo.

Martín Iommi, de la Corriente Unidad Sur y ex Proyecto Sur, es miembro electo de la Junta Comunal n°6, una de las pocas en que la oposición supera en las votaciones al PRO: “Esta ley es totalmente antidemocrática porque debió discutirse y tratarse primero en las Juntas Comunales y a su vez debió escucharse al Consejo Consultivo, que es donde pueden participar todos los vecinos. No se escucharon las voces mayoritarias, que estaban en contra. Seguramente se va a terminar judicializando, porque se contradice con muchas otras normas. Se va a promulgar, pero veremos cómo queda el texto definitivo en el Boletín Oficial”.

“Cuando algo es tan ambiguo y contradictorio se huele que lo que están haciendo son negocios privados donde crean unidades de negocio que favorecen a los amigos, desde permitirle funcionar sin habilitación hasta la situación particular de pagar cánones ridículos. Para lo único que se está haciendo esto no es para darle un servicio a la gente, sino para seguir haciendo negocios en el espacio público”, afirma Martín, y sostiene que “por ejemplo, los boliches ‘Pachá’ y ‘Tequila’ funcionan en lugares que deberían ser un parque y espacio público, y lo que pagan por la concesión es cercano a 10.000 y 15.000 pesos, respectivamente”.

El PRO y Proyecto Sur, más contradictorios que nunca.

Si bien los partidos políticos se encargan de instalarnos una imagen sobre ellos, son los hechos los que descubren la manta impuesta para que no los veamos. Tanto es así que Javier Gentilini, legislador por Proyecto Sur dentro de UNEN y comandado por Pino Solanas, el presidente de la Comisión de Ambiente en el Senado de la Nación, votó a favor.

“La importancia de los espacios verdes pasa porque generan una vida más saludable, y la pérdida de estos espacios afectan a nuestra salud. Esto es contradictorio con los carteles del GCBA que hablan de una ‘Ciudad verde’. Además, las plazas funcionan como esponjas para evitar las inundaciones”, aporta Iommi, que supo militar con Gentilini en los barrios en defensa del espacio público, y oponiéndose a este tipo de proyectos.

Las plazas de la Ciudad, como a lo largo de la historia, verán disminuido su espacio, para cedérselo a un Estado, que cada día más, se vuelca a favor de lo privado.

Cuando la Legislatura es cómplice de la muerte

La barra de Talleres fue premiada en mayo en la Legislatura cordobesa por su lucha contra la violencia. En 2006 había matado a Matías Cuesta, y hace una semana volvió a asesinar a un joven: Jonathan Villegas.

En la Legislatura de Córdoba no sólo se avaló un asesinato sino que los propios diputados que aprobaron la distinción que recibió la barrabrava de Talleres fueron cómplices de una nueva víctima. Jonathan Villegas tenía 21 años y un hijo de seis y recibió el domingo 24 de noviembre una puñalada en el corazón en el balneario Diquecito, que queda en la ciudad de Villa Carlos Paz. Los culpables – hay ocho detenidos- pertenecen todos a La Fiel, nombre con el que se conoce a la barra del equipo cordobés, la misma que en 2006 mató a Matías Cuesta, un joven de 18 años hincha de Atlanta que volvía en el tren a su casa: http://www.nosdigital.com.ar/2013/07/que-asesinato/

El 22 de mayo de este año Carlos Alessandri, legislador del partido Justicialista, presentó un proyecto polémico: distinguir a La Fiel por “su aporte en la lucha contra la violencia en el fútbol”. En una jornada insólita en el recinto se podía ver cómo los líderes de la barra eran arengados por los demás integrantes que habían colmado la Legislatura cordobesa, mientras una bandera con los colores del equipo decoraba todo el salón. Ellos saludaban como si fueran próceres, alzaban sus manos y recibían los aplausos y las risas cómplices de los diputados; Carlos Pacheco, el cabecilla, salía al balcón y levantaba las manos como un ídolo en una cancha de fútbol.

“Son un condimento indispensable para darle color y calor a este deporte. Eso es el fútbol, la misa dominguera, el preanuncio de los clásicos, eso de trabajar por los demás. Esa es la tarea que debemos hacer los que tenemos un sentido social responsabilidad. Felicitaciones, sigan así”, decía, eufórico, Alessandri. Pacheco y compañía hicieron caso a sus palabras sobre continuar de la misma manera y siete años después de la muerte de Matías Cuesta, volvieron a asesinar.

Organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas en el fútbol repudiaron este reconocimiento desde el primer momento, pero nunca recibieron una respuesta. Seis meses después, con el asesinato de Jonathan Villegas consumado, los mismos impulsores de la distinción dijeron en voz del titular de la bancada legislativa oficialista de Unión por Córdoba, Sergio Busso – quien responde al gobernador José Manuel De La Sota – que “podría haber sido un error” lo que realizaron. Más tarde le quitaron la distinción. “Es muy tarde para eso, a mi hermano ya lo mataron”, dijo Matías, hermano de Jonathan, quién confirmó que no recibieron ni siquiera un perdón de los legisladores.

Jonathan recibió una puñalada luego de que se produjera una emboscada en un sector del Balneario apropiado por la barrabrava, denominado “Parador de la T”, el pasado domingo 24 de noviembre. Por el asesinato detuvieron a siete integrantes de la barra y luego se entregó Carlos Pacheco, al enterarse que su madre, Andrea Pacheco, y su hermano, Adrián Pacheco, habían sido también arrestados, al igual que Darío Cáceres, presidente de la ONG que mantiene la barrabrava, y Marcos Castillo, quien es el principal acusado de ser el que lo apuñaló. Los otros cuatro detenidos, integrantes de La Fiel: Romina Gómez, Mauricio Páez, Ariel Iriarte y Rodrigo Brizuela.

Los hermanos Pacheco habían ido al Mundial de Sudáfrica 2010 con “Hinchadas Unidas Argentinas”, pero fueron deportados por las autoridades del país africano por mal comportamiento. Pese a eso, estaban armando su viaje hacia Brasil del año que viene.

La investigación está a cargo del fiscal Mario Mazzuchi y están buscando a más culpables. Está caratulada como homicidio calificado por alevosía y uso de arma de fuego, que podría darles una pena de hasta 25 años de cárcel. “Me mataron a mi hijo porque se creen Dios, porque los dejan tener poder y porque son muy amigos de los dirigentes y los políticos, que los custodian permanentemente”, contó Julio, padre de Jonathan, quién organizó una marcha que se realizará todos los domingos hasta que se condenen a los culpables.

Lo que votó la Legislatura podría marcar un antes y un después. Ricardo Rizzi, médico clínico cordobés, recibió en diciembre de 2007 una distinción por parte de los mismos que premiaron a La Fiel. Al día siguiente del asesinato, devolvió la plaqueta que le habían entregado en repudio al asesinato de Villegas, pero no pudo deshacerse legalmente de la distinción. “Le pido perdón a Jonathan y a su familia, que fueron víctimas de la barbarie de esos que dicen ser hinchas de fútbol y sólo son unos asesinos. Espero que su pequeño hijo de seis años y sus seres queridos encuentren alguna vez consuelo y paz. Yo no fui capaz de reivindicarlo”, dijo el docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que intentará realizar una campaña masiva para que se devuelvan las distinciones que realizó la legislatura cordobesa.

En 2006, tras el asesinato de su hijo, Norma Roldán, madre de Matías Cuesta, intentó que se decretara el derecho de admisión a La Fiel y lo único que consiguió fue recibir amenazas de muerte. En 2013, al enterarse que iban a distinguir al grupo de violentos que asesinó a Matías, trató de concientizar a los diputados sobre lo que estaban a punto de hacer. Pero no hubo caso. Tal es la prueba del delito que compromete al legislativo cordobés.

Imagen: NosDigital.

Prioridad 1: Urbanizar

Hace 3 años la Legislatura porteña votó un proyecto para urbanizar la Villa 31 y 31 bis, pero todavía no pasó nada. La basura se sigue acumulando, las cañerías rebalsando, las ambulancias esquivando y la luz no ilumina igual para todos. Historia de una política postergada, en la voz de sus vecinos.

Fotos: NosDigital.
Fotos: NosDigital.

En la canchita de fútbol donde juegan chicos y grandes hay un montículo de basura que crece cada fin de semana. A las ambulancias ya ni las llaman: buscan ayuda en algún vecino con auto. La instalación eléctrica es arbitraria o depende del arte de la maña: una manzana tiene luz pero la de al lado no, y cuando se corta no es la empresa quien la arregla. En la Villa 31 hay muchos policías, pero nada de seguridad.

Los problemas de los vecinos tienen una solución: urbanización. La ley de Radicación y Urbanización está aprobada desde hace tres años por la legislatura porteña, pero perdió estado parlamentario y volvió a presentarse este año. Asegura el fin de los desalojos forzosos y la creación de una Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, responsable de planificar e implementar la urbanización. La mesa, integrada por diputados, representantes de ministerios y delegados del barrio, trabajó catorce meses y redondeó un proyecto que giró a la Comisión de Vivienda, primer escalón para su aprobación. Pero así como entró, se cajoneó.

Nunca salió de la Comisión de Vivienda y perdió estado parlamentario el año pasado. Este año se volvió a presentar y, a pesar del pedido de organizaciones, vecinos del barrio y diputados, todavía no se trató.

“No hay voluntad política de tratar la propuesta que realizó la Mesa”, explica Carlos Cuenca, vecino de la Villa 31. Lejos de abatirse, agrega: “Somos el ejemplo, por eso el gobierno trata de vencernos. Si nosotros vencemos, seguirán el camino otras villas. Si perdemos, ¿qué les dejamos?”.

Mientras la propuesta descansa en un cajón de la Comisión de Vivienda de la legislatura porteña, Zunilda, madre de cinco hijos, camina por su barrio: “Un domingo a la tarde se corta la luz y no viene nadie. Mientras tanto, las necesidades perjudican a los chicos porque los lunes amanecen sin los delantales preparados”.

villa 31 204

Para Zunilda la urbanización no es un eslogan político sino un delantal sucio. ¿Se entiende?

– Si tenés heladera, se van quemando las instalaciones y tenés que cortar y mandar a llamar a alguien, y hay que pagarle. El año pasado nosotros tuvimos que salir a la calle para que vinieran a arreglar.

– Hace dos años que se hicieron todas las instalaciones para el agua (en algunas zonas de la 31 bis). Se compraron entre los vecinos los caños y se le manda a hacer a uno que lo sabe hacer. Buscando un vecino, al otro, al otro, nos organizamos.

– Tenemos basura en la canchita, que es donde los chicos juegan. Si llueve, es un olor…

– Antes tirábamos cemento nosotros en las calles, cuando le sobraba a alguien, pero se inundaba todo, entraba agua por todos lados. Salíamos los vecinos y sacábamos el agua, porque las cloacas no están en buenas condiciones.

– Las ambulancias siempre tardan en llegar. Ya lo tenemos como que no hay ambulancias y buscamos otros medios para llevarlos: conseguimos un amigo que tenga auto. Hay mucha gente que se murió porque nunca viene la ambulancia, lo sacan en un carrito y con una herida, se desangra hasta llegar al hospital. No quieren entrar las ambulancias porque siempre dicen que en la villa pasa esto y lo otro. Tienen miedo. Quieren que haya un policía, y hay policías por todos lados. Hay tanta policía e igual hay robos. Hay caminos para que entren las ambulancias, pero no quieren entrar.

villa 31 “Con la urbanización se arregla todo: la basura, la electricidad, las calles, las cloacas. Por ahí la inseguridad también. Eso es lo que estamos buscando”, asegura Zunilda. Sobre los métodos para presionar, en la 31 ya saben: “El corte de la autopista es la única herramienta que tenemos para solucionar esto, porque nunca nos escuchan. Ahora que están los delegados y las elecciones, empiezan las peleas entre ellos. Nosotros hacemos una actividad, les avisamos, vienen, pero después no pasa nada”.

Varios pasillos enredados más allá de lo de Zunilda, habitados por vecinos trabajando en casas suyas o ajenas, chicos jugando y perros mendigando un huesito, está el comedor Carlos Mugica. Teófilo Tapia cuenta, sentado en un banco del comedor, la trama que revela el negocio de la urbanización en los pasillos de la Legislatura: “Macri debería acatar la ley de Urbanización. No lo hace. Da un lavado de cara, donde los adoquines que saca de la Ciudad, no los puede vender y los mete en la villa. Ese costo lo incluye, aunque no haya existido, y pasa a usar esa parte del presupuesto para otra rama. Dice que la invierte en la urbanización y la mueve a otra parte del presupuesto”.

¿Y entonces?

“Entonces nos estafa a los vecinos. ¿Dónde están los 30 millones que dice que usó? No dicen cuánto cuestan las obras, no hay carteles en la villa. Compra voluntades porque los punteros que están con él aparecen con coches cero kilómetros de un día para el otro. De esa manera los hace enfrentar con los vecinos”.

villa 31

Con esa claridad, y como lo hizo Zunilda con los conflictos de su barrio, Teófilo narra ahora la historia de la urbanización en la Villa 31. Ahí sentado sobre las tierras que hacen babear a los empresarios inmobiliarios y que ocupan más de treinta mil personas, Teófilo empieza:

– En este barrio comenzó un desalojo compulsivo cuando muere Perón y el gobierno de Isabel se hace cargo. Ella empezó a sacar a la gente con subsidios. Si eran de Bolivia, por ejemplo, los mandaban para Bolivia. Se encargaban de que se fueran del país. A otros, los llevaban a lo de los familiares, a las provincias.

– Con la dictadura, Cacciatore sacó a la gente ya sin subsidios. A la madrugada venían con las mazas, rodeaban las casas, los sacaban afuera, cargaban las cosas en los camiones de la basura y los tiraban del otro lado de la General Paz. Después las familias buscaban a dónde ir. Ya eso era una erradicación compulsiva. Ficharon a los dirigentes, primero. Después podían sacar a cualquiera. No había resistencia porque no quedaba ninguno de los representantes del barrio. Sacaban a la juventud, algunos estaban presos, otros desaparecidos. Limpiaron primero a toda la gente militante.

– Después de la erradicación de Cacciatore nos juntamos los pocos vecinos que quedamos y empezamos a buscar una forma para frenarlo. Así empezó esta lucha. Empezamos a trabajar con los curitas de las iglesias, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Conseguimos unos abogados recién recibidos y otros que acompañaban que se hicieron cargo de la demanda. En primera instancia se perdió el juicio porque habíamos quedado 33 familias. Los demás tenían miedo. Era el año 1979. Apelamos a la Cámara y nos dieron lugar. En el barrio nos detenían cuando nos encontraban.

– Alfonsín no desmanteló la Comisión Municipal de la Vivienda de la dictadura. Era una pelea por el tema de la luz, el agua, las cañerías todas rotas. Costó repoblar la villa. El intendente Suárez Lastra sacó una ordenanza donde reconoce que la erradicación fue compulsiva y dice que quienes acrediten haber vivido en la villa pueden volver.

– Ya en los 90 sabían que esta villa no puede existir porque está en las tierras más caras de la república. Querían hacer la continuación de Puerto Madero. Nos quisieron sacar, pero no pudieron porque la villa se repobló.

Así, Teófilo llega a la actualidad. Con la ley de urbanización que no se cumple. Con una Villa 31 que ahora se llama Barrio 31 Carlos Mugica, pero que sigue teniendo los problemas de siempre. Con un barrio con muchos Carlos, Zunildas y Teófilos que trabajan por una urbanización que ayude a tener los delantales del colegio limpios, la cancha de fútbol limpia, las cañerías bien, luz, agua, y que ya no haya excusas para que las ambulancias entren.

villa 31

La vida privada

Por el predio Martina Céspedes, en San Telmo, pasan los alumnos de siete escuelas para hacer deporte y esparcimiento cultural. El Pro hizo un proyecto de ley para transformarlo en un emprendimiento privado como un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El 5 de mayo más de 300 personas se plantaron para decirle que no. Ya llevan más de 50 marchas y el próximo jueves 29 harán un nuevo festival. Aun dan pelea porque desconfían del macrismo. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley y que no les va a importar nada de lo firmado”, dicen desde la Comisión que se creó para la defensa del poli.

Fotos: NosDigital
Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación
Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas.
la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”.

Entre artilugios legales poco claros e intereses privados, los vecinos de San Telmo vieron escapar el espacio público por excelencia del barrio: el Predio Martina Céspedes, donde realizan actividad física y cultural más de 2000 pibes por semana. Hace un año emprendieron el solitario camino de la restitución y con su empuje como herramienta fundamental lograron hacer caer el proyecto que intentaba legalizar la expropiación. Pero todavía todavía andan con medio y es, precisamente, por los mismos motivos por los que comenzaron a descreer hace casi un año.

El barrio más antiguo de la Capital vive desvelado ante la posibilidad de perder el espacio de recreación, deporte y expresión cultural que utilizan los chicos de la zona. Se trata del Predio Martina Céspedes, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo entre Bolívar y Defensa, al que concurren diariamente los alumnos de siete escuelas. Allí también se desempeña el Club de Jóvenes (que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad) y la Juegoteca Comunitaria Infantil N° 15 a la que asisten pibes de entre 6 y 12 años para cumplir uno de sus derechos fundamentales: jugar.

Todo eso podría pasar a manos privadas si toma sentido de ley un proyecto presentado –aprobado sin discusión y en medio de la madrugada- por el entonces jefe de la bancada del PRO, y actual vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo.

La historia comenzó el 7 de diciembre del año pasado. Hasta ahí, al igual que en los 2010 años anteriores, era simplemente un día más en el calendario y no un número asociado a una letra. A espaldas de la lógica y a contramano del día, junto a una decena de leyes que se votaron sin debate en medio de las maratónicas jornadas legislativas de fin de año, y en bloque, obtuvo aprobación inicial (55 votos positivos, uno negativo y cuatro abstenciones) el proyecto que autorizaba al Poder Ejecutivo a llamar a licitación para “el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación en concesión” de los terrenos ubicados bajo la AU1 y las áreas linderas.

Sin letra chica, sin ruborizarse y mucho menos arrepentirse, el proyecto anunciaba quienes serían los depositarios de ese terreno y homologaba la construcción de un emprendimiento privado que llevaría el nombre de “Feria del Sur”, un “centro cultural, comercial, gastronómico y turístico”. El consorcio Servente-Lanusse-Criba-Crivelli, el mismo que explota la estación de servicio bajo la Autopista Illia, en Retiro, se haría cargo de la concesión por un período de 20 años.

Al ser un espacio público el que estaba a punto de pasar a manos privadas, se necesitaba una segunda lectura en audiencia pública. Pero como le anticipaba Ritondo al sitio www.iProfesional.com por ese entonces: “No nos preocupa, estaremos realizando los primeros movimientos a mediados del año que viene –en referencia a éste-”.

Estaba todo digitado. Pero lo impensable saltó a la acción y gracias a la movilización (y organización) de los vecinos, el Predio Martina Céspedes todavía pertenece al barrio y abre las puertas cada mañana de lunes a sábado. El 5 de mayo, más de 300 personas asistieron a la audiencia pública para avisarle a los legisladores que su postura era firme y que tenían la voluntad irrenunciable de defender el Polideportivo. “Fue un 25 de mayo. La patriada”, nos cuenta Claudia Moyano, integrante de la Cooperadora del Comercial 4 y Presidente de la Comisión por la Defensa del Poli que se creó para tal fin después de la media sanción de la ley. Se abre al diálogo y cuenta: “Sin ser ‘aparateados’, término que utilizan ellos, sin que nos dijeran nada, la gente, los vecinos, nos fuimos reuniendo. Nosotros representamos comunidad educativa, pero el resto se autoconvocó y pudimos frenar el avasallamiento de nuestro derecho que, en última instancia, es el derecho a la propiedad que nos otorga la Constitución Nacional (NdeR: Artículos 14 y 17)”.

A raíz de ese reclamo masivo, al que le procedieron y sucedieron más de 50 marchas (entre festivales, encuentros, abrazos al predio y movilizaciones hasta la legislatura) los legisladores debieron agachar la cabeza y pedir perdón. Aunque, con la sapiencia que les dio la experiencia, desde la Comisión que preside Claudia redactaron un acta de compromiso para que la voluntad quede estampada sobre papel y consiguieron la firma de 29 legisladores. “Hemos recorrido distintas instancias. Ahora tenemos una declaración por escrito en la que el arco opositor se manifiesta en contra de la utilización del predio para la explotación privada. Firmó todo el bloque de Proyecto Sur, de la Coalición Cívica, de la UCR, del MST y del FPV. Hasta las bancadas del PRO nos apoyaron, pero por cuestiones políticas no quisieron firmar”, dice como quien tiene todas a su favor pero una marcada incertidumbre. No es para menos.

“Si bien tenemos un amplio apoyo para que esto no vuelva a suceder, en lo personal, hasta que no me digan ‘esto se terminó’ no voy a dejar de estar al pie del cañón”, confiesa. Una fuente de Creactivar, la asociación civil sin fines de lucro que maneja la juegoteca (la primera del país), da cuenta de que esos miedos son fundados. “Sabemos que a fin de año puede volver a presentarse la ley con un mínimo de reformas y que no les va a importar nada de lo firmado”, remarca.

Rocío Sánchez Andía, legisladora por la Coalición Cívica y una de las cuatro personas que se abstuvo de votar en diciembre, reconoce que la desconfianza tiene fundamentos. “Hoy en la Legislatura hay un pacto entre las tres bancadas del Kirchnerismo en el interbloque con el PRO por algunos negocios en particular. Los vecinos están comprometidos y tienen un conocimiento profundo de cómo se mueve la legislatura. Por eso, pidieron las firmas de los legisladores y obtuvieron casi 30 adhesiones. Sin embargo, justamente por saber cómo se mueven los intereses en el recinto, tienen miedo. Yo también lo tengo”, relata.

Del otro lado, el silencio es premeditado y ni siquiera se altera cuando se denuncian presiones y amenazas. “En la misma audiencia pública nos hicieron saber que no nos saldríamos con la nuestra. Hemos recibido llamadas de todo tipo y hasta ‘advertencias’ de tipo presencial. Entendemos que estamos en el medio de los intereses personales y económicos que priman sobre la educación y los derechos”, acusa la presidente de la Comisión de defensa al predio.
Para obtener respuestas a las preguntas sobre las intenciones, los proyectos y el futuro que trazan los promotores de la expropiación es imprescindible acudir al archivo. Eduardo Servente, el empresario que presentó el proyecto y que se quedaría con el territorio citado, se pronunció en la audiencia pública y, después de describir a la zona de influencia como “la boca del lobo”, expresó: “Se trata de un proyecto urbanístico en el bajo autopista para curar una herida que produjo el paso de la misma. Hoy el desarrollo urbanístico y social ha quedado cortado por la autopista. El aspecto turístico del proyecto trata de unir ambas zonas para que la circulación sea posible”.

Por su parte, el mismo día, Luis Grossman, director general de la Dirección del Casco Histórico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, apoyó la cesión de las tierras y manifestó: “Las autopistas urbanas producen heridas que nunca se terminan de cerrar. Pasaron 40 años y distintos gobiernos y el tema no se resolvió. Si bien apoyo el énfasis con que el barrio defiende las actividades, considero que un proyecto como el planteado aquí tiende a resolver lo ocurrido. Allí el vecindario recuperaría la conectividad entre dos zonas, algo hay que hacer y esto puede ser lo indicado”.

Las promesas visitaron todos los matices. El 27 de septiembre, el Jefe de Gabinete porteño y presidente del PRO en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se juntó con los vecinos de la Comuna 1 y derivó el asunto a Cristina Brunet, la Presidente comunal. “En esa reunión ella desconoció que me había dicho que la cuestión no le competía y que no le interesaba. Después, le enviamos cartas, pedimos juntarnos y nunca se expidió al respecto”, esgrime Moyano.

La única solución que propusieron desde el gobierno de la ciudad es trasladar las actividades que se realizan en el predio a las canchas del club Nikkei (pertenece a la comunidad japonesa) que tiene 1000 metros cuadrados menos de superficie. De las 14 escuelas que, según la ordenanza municipal, deben utilizar las instalaciones del Martina Céspedes, por falta de espacio, sólo las utilizan siete. “No entramos”, dicen. Ese recurso, la eventual mudanza, lo único que hizo fue sumar a la comunidad japonesa al reclamo de los vecinos de San Telmo.

Producto de la movilización de todo un barrio, el proyecto cayó a la Comisión de Obras y Servicios y para volver a la Legislatura debe ser reformado en las comisiones, obtener quorum y recién ahí pasar a agenda parlamentaria. En caso de que logren cumplir con esos pasos, deberá ser aprobado por una mayoría especial de 40 votos (sobre 60 legisladores). “Nada de eso debería pasar. Pero sabemos cómo se manejan y los intereses que hay de por medio”, confiesa Moyano. Por eso, siguen repartiendo folletos con las 29 firmas obtenidas “como para que la gente sepa y los legisladores no se olviden de lo que prometieron”, cuenta. Además, el jueves 29 se realizará un festival en el que participarán las bandas musicales de todas las escuelas que utilizan el predio. “No queremos involucrar a los chicos pero ellos nos piden participar y defender lo que les corresponde”, grafica una de las madres del Normal 3.

Los afiches que adornan San Telmo son contundentes: “No necesitamos lo que ustedes quieren que necesitemos. Necesitamos el Predio Martina Céspedes y nada más”. Palabras que se hicieron bandera, reclamo y resistencia de un barrio en defensa de lo que les pertenece. No quieren un hotel boutique, negocios de ropa de alta costura, menos un shopping y mucho menos la revalorización de la propiedad. Saben que es un pedido informal de desalojo, el primer paso a eso. “Se motivará a muchos propietarios para que mejoren los inmuebles del barrio”, dicen (no tan) por lo bajo en los pasillos de la presidencia comunal. Quieren que sus hijos jueguen, que hagan deporte. No quieren campeones, quieren personas. Con eso alcanza.