Socios

El avance de la Justicia sobre tres directivos de Ford por crímenes de lesa humanidad y una reciente investigación de la Procuraduría General sobre los libros contables de Loma Negra empiezan a iluminar otra raíz de la dictadura: la económica.

“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Rodolfo Walsh. Carta abierta a la Junta Militar.

Durante la dictadura se derogaron 27 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, se modificaron otros 99, se estableció la prohibición de la huelga, se intervinieron los sindicatos, se decretó el congelamiento de los salarios y se aplicó la represión a trabajadores como herramienta para contener el descontento social y también para mejorar los márgenes de rentabilidad de las empresas.

Tal es el resumen que redondean dos investigaciones que demuestran que una serie de empresas – mientras otras representaban el derrumbe de la industria nacional- no sólo se vieron beneficiadas por este conjunto de políticas económicas y laborales, sino que además fueron ideólogas y partícipes de desapariciones, torturas y muertes de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales.

El libro “Cuentas pendientes” del jurista Juan Pablo Boholavsky y el periodista Horacio Verbitsky compila una serie de artículos técnicos y otros periodísticos que abordan distintas medidas del gobierno de facto: conceptos jurídicos que intentan cercar estos crímenes como de “lesa humanidad”, y casos puntuales de las empresas más terribles. Otra investigación en esta sintonía fue propulsada por una de las recién creadas Oficinas de Investigación de la Procuraduría General sobre datos contables de la empresa Loma Negra, que relaciona directamente su mejoría económica con la represión a trabajadores y en particular a la muerte de un abogado laboralista.

Para intentar articular estas evidencias, que mantienen causas estancadas en la justicia, se aprobó recientemente un proyecto de ley que crea una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la dictadura militar y que establece que se investigue el caso de una empresa durante 180 días. “Quiero saber quiénes fueron los que redactaron las leyes laborales que se llevaron derechos y conquistas. Porque no creo que un almirante, un general y un brigadier hayan estudiado en menos de un mes la reforma de la ley de contrato de trabajo”, explica el diputado Héctor Recalde, creador de la iniciativa, sobre la idea de seguir escalando responsabilidades. Los resultados que arroje la Comisión – que empezaría a funcionar a fin de año- no podrán aplicarse retroactivamente, lo cual representa una seria limitación, pero sí podrá iluminar complicidades persistentes como, por ejemplo, casos de apropiaciones inmobiliarias fraudulentas.

Hasta aquí las investigaciones arrojan una serie de historias y datos que esta nota intenta compilar, y otros que quedarán por llenarse a medida que las causas, y las discusiones, avancen.

El caso Ford

En la planta que la empresa mantiene en General Pacheco, durante la dictadura operaba un cuartel militar en la zona del quincho de deportes. Según la declaración de distintos trabajadores cumplían funciones allí más de 100 militares, no precisamente fabricando autopartes.

La militarización de la empresa no sólo era el modo de amedrentar a los trabajadores, sino una forma efectiva de detenerlos en el predio e interrogar a los miembros de una comisión interna combativa que estaba plantada contra la empresa y también contra el gremio cómplice SMATA.

El 20 de mayo del 2013 fueron procesados por privación ilegal de la libertad y tormentos sufridos el presidente de Ford, Nicolás Enrique Courard – hoy fallecido-, el gerente general de la planta Pedro Muller, el gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el jefe de seguridad de la planta, Héctor Francisco Sibilla. El 8 de julio próximo comenzará el juicio oral que investiga a los tres directivos por facilitar datos y listas de trabajadores a la inteligencia militar.

Sibilla fue contratado para encargarse de vigilar la empresa siendo miembro de las fuerzas armadas. Esta doble agencia le permitía, por ejemplo, según consta en la causa iniciada en 2002 por los trabajadores, estar presente en los interrogatorios a los delegados secuestrados. Fue de hecho ascendido en julio del 78 al rango de Teniente Coronel, luego de los secuestros a, al menos, 24 obreros. Y tras su paso por la empresa, relata el libro Cuentas pendientes, fue contratado por la embajada de Estados Unidos como personal de seguridad.

La Fundación Ford creó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), de donde salieron funcionarios del Proceso, y los secuestros en camionetas F100 o en los míticos Ford Falcon son otras de las imágenes que acreditan el vínculo encarnado de los militares con la empresa.

Mercedes Benz

En octubre de 1975 una movilización de obreros de Mercedes Benz se reunió para rechazar a los representantes del gremio SMATA. Más de 4 mil trabajadores participaron en una asamblea en la que se eligieron nuevos delegados, que el gremio no reconoció y que la empresa usó para despedir a más de cien obreros.

En esas semanas, el jefe de producción de la planta Heinrich Metz fue secuestrado por Montoneros. La empresa cedió a la reincorporación de los despedidos y pagó un rescate por Metz. La revancha patronal vendría con el golpe.

De 16 trabajadores secuestrados entre el 76 y el 79, sólo tres reaparecieron. Fueron Juan Martín, detenido en abril del 76 en la fábrica, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo; Héctor Aníbal Ratto, detenido en agosto del 77 también en la fábrica, en cautiverio y bajo tortura en la comisaría de Ramos Mejía y luego en Campo de Mayo hasta marzo del 79; y Alfredo Martín, detenido en el 76, torturado en la comisaría de San Justo por el represor Rubén Lavallen y liberado horas después.

El caso de Lavallen, quien estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Justo, ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas: fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de seguridad de la planta de González Catán. Si bien los casos de los obreros secuestrados no fueron esclarecidos, y recién el 22 de abril del 2013 la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó tratar una compensación económica por las violaciones, Lavallen fue condenado a cuatro años de prisión por la falsificación del acta de nacimiento de Paula Logares, hija de una pareja de uruguayos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.

Mercedes Benz estuvo entre las veinte empresas de mayor facturación y era uno de los principales complejos industriales del país. Tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba los camiones Unimog, y en forma de gentileza, de acuerdo con información proporcionada por la empresa, la compañía donó en esos años equipamiento de obstetricia para ser utilizado en Campo de Mayo, donde se realizaban los partos clandestinos de las mujeres desaparecidas.

Ledesma

El caso Ledesma es el más claro en la comunión del poder económico y el poder político, y de la forma en que funcionaron éstos en un contexto de terrorismo de Estado a escala pueblerina.

El mismo día del golpe fueron secuestrados cuatro dirigentes de sindicatos obreros y empleados del ingenio.

La seccional de Gendarmería de Libertador General San Martín fue ubicada en el 76 dentro de la estructura edilicia del ingenio a través de un decreto. Creada para controlar la zona de seguridad de frontera, se utilizó en la práctica para el control y represión de actividades sindicales. “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones (…) habrían tenido por razón no sólo la preservación de una determinada ideología, sino que la represión ilegal apuntó además a la instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, reza en la causa que investiga la desaparición de veintiséis personas entre el 20 y el 27 de julio del 76.

Estos secuestros se produjeron durante las llamadas “noches del apagón”, en las que el servicio energético de tres localidades vecinas a Libertador General San Martín se vio suspendido, lo cual facilitó el secuestro incluso con camionetas de la empresa Ledesma.

El principal accionista de la azucarera, Carlos Pedro Blaquier, y el administrador Alberto Lemos están procesados como cómplices en primer y segundo grado, respectivamente, de la privación ilegal de libertad de 29 personas.

Acindar y Techint

El libro Cuentas pendientes se ocupa de Acindar y Techint conjuntamente, planteando que las metalúrgicas no sólo fueron socios menores que aprovecharon la dictadura para imponer salarios en baja, despidos y jornadas de trabajo de duración irrisoria, sino que además compitieron contra otros sectores empresarios a los que hicieron desaparecer del mercado: “Los obligaron a vender sus fábricas y a ceder contratos de exportación, más de una vez en la mesa de tortura de un campo de concentración”.

La represión a los obreros de Acindar comenzó mucho antes del golpe, cuando en la presidencia del directorio estaba José Alfredo Martínez de Hoz, hasta que lideró el Ministerio de Economía de la dictadura.

En el 75, a la vanguardia de la represión, Acindar instaló dentro del predio de la planta de Villa Constitución un destacamento de la Policía Federal. Tras el golpe, la seccional funcionó directamente como un centro clandestino de detención. Ese mismo año una huelga terminó con el despido de más de mil trabajadores.

La zona de Zárate-Campana fue uno de los epicentros de represión por la cantidad de empresas que tenían sus plantas allí. Entre el 20 de marzo del 75 y el golpe, fueron detenidos alrededor de trescientos trabajadores metalúrgicos de esas localidades y se estima que de los 150 desaparecidos de la zona un tercio era trabajador metalúrgico.

Allí también tiene al día de hoy su planta principal Techint, además del hotel de la empresa que supo albergar en los primeros tiempos de la dictadura a la plana mayor del Área de Seguridad 400. Según el libro, decenas de operarios y algunos supervisores fueron alcanzados por el terrorismo de Estado. Un suceso trascendente fue la llamada “noche de los tubos”, cuando cuatro trabajadores de la firma fueron secuestrados en septiembre del 76.

Acindar y Techint crecieron esos años gracias a subsidios y créditos que les permitieron instalar sus propias acerías eléctricas, y luego consolidarse con el menemismo. Durante los 90 Techint se quedaron con SOMISA, una de las principales siderúrgicas de la Argentina que fue privatizada en el 92, y forma un duopolio con Acindar.

Loma negra S.A.

El abogado laboralista Carlos Alberto Moreno fue torturado y asesinado en 1977 y por su crimen fueron condenados a prisión perpetua dos coroneles. De una serie de resoluciones que derivaron de la causa que investigó su muerte, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero accedió a la documentación contable de Loma Negra que arroja datos contundentes sobre cómo la represión se tradujo en rentabilidad empresarial.

El balance de la semana del 31 de marzo de 1976 Loma Negra tuvo pérdidas. Al año siguiente la situación ya se revertiría a través de la fórmula de disminuir “costos laborales”: sueldos y jornadas de los trabajadores. Si el “costo laboral” representaba un 21 por ciento de los costos totales, un año después cayeron 14 por ciento. Sumado a que la empresa mejoró su rentabilidad, la participación de los trabajadores en los ingresos de Loma Negra se redujo un 53% durante la dictadura. Más números del informe: “Los asalariados perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI, en circunstancias en que este último permaneció constante”.

La reforma de facto de la ley de contrato de trabajo, en general, y la muerte del abogado Moreno, mensaje hacia adentro de Loma Negra, fueron herramientas que allanaron el camino del ajuste del costo laboral. Otro ejemplo que revela el informe es la evolución de la cuenta contable en la que constan una serie de importes que Loma Negra preveía que debería pagar en el futuro en concepto de indemnizaciones que habilitaba la idea de un “pasivo contingente, que puede o no llegar a suceder”. En 1975 esa cifra trepaba a los 15 millones de pesos, y se redujo hasta menos de 3 millones en las cuentas que cierran el 31 de marzo de 1978, muerte del abogado mediante.

La presión fiscal durante ese período también se redujo notablemente, a pesar que la empresa, se dijo, mejoró sus ingresos: de un 8% los impuestos pasaron a representar sólo un 3%.

La caída de los ingresos de los trabajadores, la represión de sus reclamos y la muerte de Moreno permitieron el incremento de la ganancia empresaria de Loma Negra S.A. que pasó del saldo negativo del 31 de marzo de 1976 a uno positivo que superó los 150 millones de pesos a la misma fecha de 1981.

Ahora la investigación de la oficina de la Procuraduría pretende avanzar sobre el directorio que presidía la multimillonaria Amalia Fortabat.

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Fuentes
  • Juan Pablo Bohoslavsky, HoracioVerbitsky.Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura. Siglo XXI editores.
  • Victoria Basualdo. Artículo “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”.
  • HIJOS Capital: http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=426:un-mercedes-benz-con-problemas-en-la-justicia&catid=34:titulares&Itemid=397
  • Página 12, domingo 25 de mayo de 2014.

“Hay mucha información que tienen solo ellos”

La visibilización de delitos y desapariciones con vínculos económicos de la última dictadura ha comenzado. El caso Ledesma-Blaquier está en movimiento, pero no es el único, muchos esperan la atención judicial y mediática. NosDigital se juntó a hablar sobre la causa Mercedes Benz con el abogado especializado en Derechos Humanos Rodolfo Yanzón para entender la situación específica de la causa y las circunstancias actuales que la enmarcan.

-¿Cuál es tu relación con la causa Mercedes Benz?

Fotos: NosDigital
-Llegué a la causa Mercedes Benz en 1999, a partir de mi trabajo como abogado de los familiares de víctimas de origen alemán. Uno de los materiales que abordamos fue la investigación que realizó Gaby Weber, una periodista alemana que trabajó desde el inicio en el caso, para presentar la denuncia en los tribunales alemanes. También fue a partir del trabajo que encararon abogados alemanes que presentaron formalmente la denuncia ante el tribunal y la fiscalía de Nuremberg. Eso trajo aparejado la solidaridad de muchas los familiares de las víctimas.

-¿Por qué se daba esta doble situación en Alemania, por un lado una política de defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo tenían una empresa violatoria?

-La causa Mercedes Benz a nosotros nos generó mucho conflicto en Alemania, porque los sindicatos estaban a favor de que motorizáramos e impulsáramos el proceso contra la empresa, pero otras organizaciones, que defendían los derechos humanos en Argentina, empezaron a mirar con malos ojos la situación: “Esto nos parece demasiado clasista”. Ponían sus reparos, seguramente, porque todas ellas, sumadas a otras organizaciones religiosas, recibirían algún tipo de subsidio o aporte dinerario de parte de Mercedes, entonces no se iban a tirar contra quien los esponsoreaba. Las denuncias, de cualquier manera, fueron interesantes porque generaron un debate en un pequeño sector de la sociedad alemana, fundamentalmente en torno a los gremios y al sector empresarial, y concretamente en la ciudad de Stuttgart, donde tiene la sede central Mercedes Benz.

-¿Ya está instaurado completamente el concepto de dictadura cívico-militar en todos los ámbitos necesarios?

-Se está trabajando para asentar ese término, lo que pasa es que se trata de procesos penales donde la prueba es fundamental para delinear las culpas de los involucrados. Lo importante es que hay fiscales decididos a profundizar la relación entre los delitos de lesa humanidad con los delitos económicos. Los casos de Papel Prensa y de Clarín fueron los primeros, pero en estos momentos salió en los diarios una decisión ligada a la participación de civiles en el proceso dictatorial, concretamente Carlos Pedro Blaquier, procesado por su participación primaria en los crímenes cometidos en esa época contra trabajadores azucareros que trabajaban para el ingenio Ledesma. Me parece que esto abre una puerta, más allá de otras discusiones que se están dando, hay una unidad de investigación en la Secretaría de Derechos Humanos, la Procuración General de la Nación está haciendo lo suyo. Desde luego que en distintos procesos se está avanzando en cuanto a lo que fue la complicidad civil, tanto en empresas como en bancos, también en todo lo que tuvo que ver con el desapoderamiento de bienes por parte de las fuerzas militares.

-¿Qué tiene el caso Blaquier que lo hace tan visible ahora?

-Se visibilizó el caso de Blaquier porque hubo una decision de que así fuera, con una voluntad de un juez y desde luego de las querellas. Concretamente se lo acusa de haber prestado colaboración con sus camionetas de la empresa para secuestrar a la gente. En el noroeste esto ha dado un debate importante, porque se trata de una empresa que tiene mucha presencia todavía, presencia que ya tenía desde mucho antes del golpe inclusive. Las tareas de inteligencia contra los trabajadores y hasta la propia represión interna existieron desde mucho antes de los ´70. Hoy le tocó el turno a Blaquier, pero esperemos que no sea el único. La gran mayoría de las grandes empresas, por no decir su totalidad, tuvieron delegados gremiales perseguidos, secuestrados, desaparecidos, torturados, no son una excepción ni Ledesma ni Mercedes Benz. Fueron directamente a disciplinar a sus trabajadores y para eso necesitaron llevarse a los más activos. Hay mucha información que solo tienen ellos y no me cabe duda de que nunca la van a entregar, espero equivocarme.

Más información de la causa Mercedes Benz: Mercedes Benz sabe desaparecer

“La AAA fue más prolija que la dictadura”

Pablo Barbuto integra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos juntamos con él para preguntarle qué problemas actuales atraviesan esa área. Defendemos el revisionismo histórico sobre la última dictadura, pero ¿qué pasa con las causas de la AAA? Leé la entrevista para conocer detalles de una de las políticas pilares del gobierno actual.

 

“Nuestra sociedad decidió que el poder judicial a través de las sentencias tenía que escribir verdad. Es muy cuestionable, porque en otra época la escribió muy mal, pero ahora el avance del estado de derecho y de los mecanismos de defensa en los juicios llevan a que esa verdad sea más cercana a lo que pasó”. NosDigital se juntó con Pablo Barbuto, uno de los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Quisimos conocer desde cerca cuáles son las formas de trabajar en una de las piezas del gobierno que casi no se discuten: la política en torno a los delitos de lesa humanidad. Decimos “casi” porque hasta hace pocos días vimos en una movilización a señoras parodiando a las Madres de Plaza de Mayo con pañuelos blancos. Queda claro que hay un sector de nuestra sociedad que se niega rotundamente a hacer memoria. Pero además del revisionismo histórico que realizan, hablamos sobre problemáticas actuales, como el gatillo fácil, la trata laboral y el laburo de las ONGs.

Con aires de barrio, desde su casa en pleno Villa Crespo, a dos cuadras de la cancha de Atlanta, Pablo nos recibe en un sillón muy cómodo, partido de San Lorenzo de fondo y su perra Bóxer que nos mira atenta. Aclaración bien de movida: “Yo soy absolutamente kirchnerista”. Con más confianza, unas cuantas anécdotas que quedarán guardadas- nobleza obliga- entre los periodistas y el personaje, un “esto no lo pongás” se repite y repite. Lo prometido es deuda.

-Hay dos grandes discursos en la sociedad entre quienes reclaman falencias en el trabajo de la Secretaría: “los DD.HH son solo para los delincuentes” y “¿Dónde están los DD.HH. para causas de gatillo fácil?”. ¿Qué se puede responder desde la Secretaría?

-Creo que la cuestión de la violencia institucional es un producto de la dictadura y de la formación que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Todo el gobierno argentino está implementando políticas públicas para que esto se modifique, tanto desde lo que es el Ministerio de Seguridad, como desde el Ministerio de Justicia. Tengo algunos pequeños casos específicos en el área donde yo trabajo, que mayormente se encarga de delitos de la dictadura.  Uno de esos casos que estamos querellando es el de un pibe que murió acá en Villa Crespo, Bruno Papa. Es un flaco que fue víctima de violencia policial, a diez cuadras de casa. Quiso manotearle el bolso a uno de la Metropolitana que estaba de civil, no se lo pudo manotear, lo corrió y cuando estaba en el piso le pegó un tiro en la cabeza.

Uno de los grandes reclamos de la sociedad gira en torno al caso de Mariano Ferreyra. Puntualmente, hoy en día está el juicio oral, ¿y cuánto pasó del hecho? En otra época, un caso de gatillo fácil hubiera tardado diez años. Hubo decisión política para que estos tiempos se hayan agilizado.

En cuanto a la derecha, no entiende lo que son los derechos humanos y no lo van a entender nunca. No lo entiende en ningún país del mundo. Estados Unidos tiene en su historia escrita entre condenas a prisión perpetua y a pena de muerte, y ellos ni cuestionan ahí dónde están los derechos humanos. ‘Este es muy malo, voy y lo mato’. Acá ese discurso se va modificando a través de políticas públicas del Estado.

Imagen: NosDigital

 

-Mencionabas que trabajás en un área específica, ¿Cuál es y cómo se manejan con las denuncias?
-Nosotros somos querellantes en las causas de lesa humanidad en todo el país. Desde el 2009 coordino el Área Jurídica Nacional, consta de 50 abogados que están en todas las provincias, ellos se juntan con cada querellante en las diversas causas de lesa humanidad. El concepto de política pública es demostrar que hay otro Estado, que no somos la continuidad del Estado de Videla. Coordinamos con ayuda del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales).

-Sobre la actividad de la AAA no hay mucha visibilidad o difusión en cuanto a juicios, ¿por qué?

-El tema de eso es que es mucho más difícil la prueba. La dictadura militar dejó un montón de pruebas, es increíble. Por ejemplo, en muchos centros de detención ilegal, lo que hicieron fue volver a pintar las paredes, pero abajo se encontraban los nombres de varias personas. Las despintás y están ahí. La AAA fue más prolija. Hoy, en este momento hay un proceso judicial donde se está investigando esa etapa, nosotros ‘judicializamos’ las denuncias. Pero el paso del tiempo hace más difícil para los tribunales poder dictar sentencia acerca de todos aquellos delitos –delitos económicos, Trelew, entre otros. Yo soy una parte de ese proceso, el que decide cómo se llevan adelante las cosas es el Poder Judicial.

-¿Cuáles son las causas que llamás “delitos económicos”?

-Somos querellantes en causas empresariales de los setentas. En Ford, Mercedes, Papel Prensa. Hay un montón de delitos económicos. Ledesma, también, absolutamente. Blaquier está en instrucción, el debate ya se inició. Se está ampliando el concepto de que no fue una dictadura militar, sino cívico militar, de ahí la importancia de visibilizar estas causas. Esto corre por mi cuenta, pero creo que los militares fueron un elemento más, acá hubo una dictadura económica. En su momento las democracias de América Latina hicieron mucho ruido y la forma que encontraron de acallar ese grito fue con militares. Acá la dictadura fue mucho más cruenta que en todo el resto, las formas fueron igual fuertes, pero acá fue muy masivo. Teníamos más concientización, porque existió el peronismo. Desde el 45 generó una suerte de educación masiva. Pero atrás de los militares estuvieron Martinez de Hoz,la SociedadRural, hasta Isabel. Hoy en día, siguen estando los sobrinos nietos de estos personajes en la escena política. Por eso hay muchas trabas con las empresas civiles.

-¿Qué problemáticas en democracia actual atraviesan a tu área en la Secretaría?

-Mi área se encarga de la trata laboral. Estamos instalando el concepto de que la trata laboral es una violación a los DD.HH. Hubo un montón de inspecciones de la AFIP que nosotros las recibimos y actuamos. No tiene nada que ver con el trabajo en negro, se refiere a la esclavitud en el trabajo. Lo más difundido son los casos de los talleres textiles.

Si, como las que denuncia la Alameda. Hay respuestas que uno no ve reflejadas en el planteo de Alameda. Los inmigrantes no se vienen de su país porque le gustan los rubios, vienen a buscar posibilidades. Te encontrás con las personas que trabajan esclavos de una empresa textil, vos cerrás el taller clandestino y los dejás en la calle diciéndole ‘no sos más un empleado esclavo’, pero lo dejás en la calle. Te mira y te dice: ‘tengo dos pibes a los que darle de morfar, sin documentos. Estaba para el orto hace un mes, pero ahora estoy peor que antes.’.

Ponemos testigos y después las víctimas no van, se consiguen trabajos peores que los anteriores. No es culpa de ellos, es falta de contención nuestra. Las denuncias de Alameda son útiles y marcan el camino de las políticas públicas que hay que hacer, allanan esa parte del camino. Pero después no te ocupás de los tipos, no es menor que lo denuncies, pero la otra parte es la más complicada. Y esa es la parte del Estado, es quien debe hacer políticas públicas sustentables en el tiempo, hay que modificar el discurso de “a este boliviano le doy trabajo, techo y comida’. No es comparable el trabajo ni las responsabilidades de las ONG con el estatal.