Armada

El juicio por el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya se carga con todos los condimentos para el armado de una versión de los hechos. Testigos desconocidos, amigos amenazados, perejiles y encubrimientos. La abogada Verónica Heredia y la madre Julieta Vinaya explican cómo se armó la causa.  

El 15 de junio de 2008 el joven Atahualpa Martínez Vinaya fue encontrado muerto en las afueras de Viedma, con un tiro en la espalda. Las pericias demostraron que fue llevado hasta un descampado desde el centro de la ciudad, más precisamente desde el bar Mi loca donde tomaba una cerveza con un amigo y se lo vio con vida por última vez. La versión del amigo es extraña: se va al baño y cuando vuelve Atahualpa ya no estaba sentado en la mesa; y eso que acababan de pedir una pizza. Los mozos completan que, en ese momento, los dos patovicas del lugar habían ido al baño porque “alguien estaba consumiendo”. Así, nadie lo vio salir del bar ese domingo cerca de las 6 de la mañana.

Atahualpa tenía 19 años, era un joven morocho de metro noventa, ascendencia mapuche-aymara y vivía en el barrio Lavalle de Viedma junto a su madre y sus hermanos. Hacía trabajo social levantando casas y ayudando a los pibes a salir de la calle y los vicios, y proyectaba viajar a Cuba en 2009 para estudiar medicina. Grandote y bonachón, así lo recuerdan todos quienes lo caracterizan.

Sin prontuario ni relaciones que lo involucren, el caso de Atahualpa permaneció inexplicable durante cuatro años hasta que en 2012 una serie de movimientos extraños en la causa determinaron la imputación de tres personas como autores del asesinato pero sin explicaciones sobre el cómo, el dónde y el por qué. Este 23 de octubre se les dará sentencia, mientras la familia desconfía de una causa armada y de las complicidades policiales, judiciales y políticas para encubrir, desviar y cerrar el caso para que no se sepa qué pasó verdaderamente con Atahualpa.

Las amenazas: aislar a la familia

Durante cuatro años, la causa estuvo apuntada a investigar al círculo del asesinado, su familia y amigos. “A uno de los amigos, cada vez que lo veían en la calle, la policía lo subía a un patrullero y se lo llevaba preguntándole si había recordado qué había pasado esa noche”, cuenta Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa, tan solo uno de los ejemplos que saltó en las audiencias del juicio. “Y el día que tuvo que declarar, también: lo levantan de la casa y lo llevan al juzgado en pijama”. Julieta se da cuenta, ahora, por qué todos los amigos de Atahualpa se fueron alejando: “Claro, ¿cómo se iban a quedar si estaban todos amenazados?”.

Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.
Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.

Por eso tampoco hubo testigos voluntarios que supieran cómo había salido Atahualpa del boliche: “Si la gente no habla es porque tiene temor, y eso es porque alguna fuerza de miedo estuvo presente”, interpreta.

Acceso ilegal a la causa: la fuga de datos

“En dos ocasiones tanto el gobierno como la policía nos filtraron información que era pescado podrido pero bien direccionada, como si hubieran leído la causa”. Julieta se refiere a la declaración que salió a la luz del ex jefe de la Brigada de Investigaciones Alfredo Sosa, quien trabajó el caso Atahualpa y contó que el policía Hernán Toloy – de la oficina de Análisis Delictual y con acceso a esta información- fugaba información a “gente vinculada al narcotráfico”. Un hombre que aparece en la causa como un fantasma es Leandro Midenberger, detenido en 2013 por tenencia de marihuana y cocaína en cantidades, señalado por el comisario Sosa como la persona a la que se le filtraba información y también por uno de los imputados como el responsable de la coartada. Mildenberger vendría a ser el narco bien posicionado en el entramado político y judicial, y por eso impune. “Estimo que la fuga de información no sólo se dio desde el sector policial, sino también judicial”, declaró el comisario Sosa.

Estas irregularidades motivaron a que la familia reclamara que las fojas de la causa (cerca de 4 mil) se circunscribieran a tan sólo un jefe policial y, a la vez, denunciara al fiscal del caso Ricardo Falca. Finalmente la causa recayó en la abogada Daniela Zagari.

Cambio de fiscal: de la inacción a la coartada

El cambio de fiscal coincide con el recibimiento de Aníbal Fernández, entonces Ministro de Justicia, a Julieta Vinaya, que motivó un cambio abrupto – y llamativo- en la línea de investigación. La fiscal Zagari propuso empezar todo de cero. Retoma entonces la pista de una campera secuestrada durante un operativo en el barrio de Atahualpa, manchada de sangre, sobre la que los peritajes ya se habían hecho en 2008, sin resultados llamativos. “La fiscal decide esta vez cruzar el ADN no con el dueño de la campera sino con uno de sus amigos, y ahí le da positivo”, explica Laura Vinaya, la prima, según la versión de la fiscalía. Así la causa da un vuelco inesperado y directo: la prueba motiva las detenciones de Felipe Carrasco – dueño de la campera-, Carlos Morales Toledo – quien saltó en el ADN- y Belén Fernández Barrientos – pareja de Toledo-, tres personas del barrio Lavalle que Julieta vincula a ventas minoristas de drogas.

¿Por qué la campera? No se sabe. Hallazgo de la fiscal o puntapié para la coartada, lo cierto es que toda la causa tomó impulso a partir de esa prueba que había quedado desestimada desde el 2008 en que se tomaron los ADN, y reflotada cuatro años después, 2012.

Los tres acusados negaron de movida su vinculación con el hecho. Julieta: “Dijeron que se enteraron del caso por televisión, y que no conocían a Atahualpa. Eso es mentira, porque somos todos del mismo barrio”.

Sin embargo los detenidos siguieron apelando a su inocencia y dieron a conocer una carta de puño y letra en la cual denunciaban “un circo armado por la policía”. La carta sugería la teoría de una causa armada donde ellos serían los perejiles. Vinaya: “Decían que la Justicia los obligaba a declararse culpables”.

El imputado Carrasco, particularmente, se encargó de declarar en el juicio: “Pido que toda la familia de Atahualpa Martínez esté en el juicio ya que en esta causa hay manos deshonestas que no quieren que ese sepa la verdad”. Y reiteró que su imputación se debía a “la policía corrupta”.

Verónica Heredia, abogada de derechos humanos que asesoró a la familia, cuenta cómo se comportaron jurídicamente los acusados: “Todos los escritos que van presentando estas personas a través de sus abogados denuncian que durante el allanamiento en el que supuestamente encontraron la campera no estuvieron presentes. Eso es así, y le pregunté a Julieta y es verdad. Los abogados dicen que ese procedimiento es nulo, y es verdad. Si son o no, si tienen algún tipo de responsabilidad, lo cierto es que en el proceso de un estado de derecho no se respetó”.

La familia, en la encrucijada: “Sabemos que estos tipos no son unos santos, pero no tenían ninguna vinculación para matar a Atahualpa. Y nosotros sí tenemos razones para desconfiar de la policía y de la Justicia”, dice Julieta.

Recortar los testigos

Se sucedieron entonces una serie de declaraciones de forma desprolija: desestimaron a testigos de la causa y llamaron a otros que no tenían vinculación directa. Julieta: “Vino una persona que era el amigo del amigo que ni siquiera conocía a Atahualpa. Había personas que citaron que ni siquiera sabían por qué; otras que se equivocaron porque tenían el mismo apellido… Así, de cuarta”. De esta manera transcurren las jornadas de este juicio desdibujado.

Comer o defender, cuestión del abogado

A todo esto, surgió un enemigo impensado: el propio abogado de la familia, Diego Sachetti, quien venía quedando en offside ante las desprolijidades de la causa. “Yo ya estaba muy enojada y cuando falta a una reunión que teníamos pactada, lo voy a buscar y le digo: es importante tu estudio, es importante tu familia, es importante tu facultad, pero evidentemente Atahualpa no está entre tus prioridades. Y me dice: Atahualpa es importante pero no me da de comer. Ahí me terminó de cerrar todo”.

Separación entre causa y juicio

La familia solicitó entonces a la Asociación Gremial de Abogados que se haga cargo de la causa, en especial a Verónica Heredia, abogada de derechos humanos conocida por llevar a la Corte Interamericana el caso de Iván Torres – acaso el primer denunciado por desaparición forzada en 2003-, otros de gatillo fácil y hasta la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “En ese momento la causa parecía un caso resuelto: fueron estos tres tipos. Pero para mí no lo era: yo quería que me digan por qué asesinaron a mi hijo. La fiscal me decía: bueno, eso lo vamos a ver en el juicio. Yo pensaba que por ahí era cierto”, dice Julieta.

La abogada Heredia: “El juicio no es para saber qué paso, un juicio oral y publico es para que el Ministerio Público Fiscal pruebe su teoría del caso, pruebe que lo que el dijo que era cierto, es cierto, repasando las pruebas”.

Dejar afuera a la familia: terreno llano para la fiscal

Julieta: “Cuando le llevamos todo el expediente a Verónica, lo lee y me dice que había quedado afuera de la causa en junio del 2013, que ya no era querellante porque el abogado de ese momento tenía que hacer unas presentaciones legales que no hizo y se vencieron los plazos”.

Situación: la madre afuera de la causa que investiga la muerte de su hijo. “Legalmente, quedó acusando la fiscal sin nosotros. Pero lo más loco es que hasta ese momento me seguían llegando las cédulas de notificación como querellante”.

Verónica Heredia cuenta que le bastó leer la imputación de la fiscal para darse cuenta que había algo raro: “Cuando leo la acusación de la fiscal, ya en la primer renglón dice que Atahualpa fue asesinado entre las 4 y las 9 de la mañana con un disparo de un calibre 22 corto o largo por tres personas en calidad de autor. Esto es imposible: que tres personas hagan un disparo y sin saber en qué hora, ni cuándo, ni por qué”.

Julieta: “Verónica me llama y me dice: esto está armado. ¿Cómo que está armado? Sí, en este juicio no se va a saber esto que vos querés, y van a quedar presas estas personas”.

La abogada Heredia menciona sin embargo que quedar afuera de este juicio armado resultó, a la larga, beneficioso: “Antes de convalidar un juicio de estas características con la presencia en esta escena con imputados, jueces y Julieta sentada, directamente mejor no estar presente”. Por eso, este 23 de octubre en que la Justicia dará su veredicto, ellas eligen hacer su propio juicio a las puertas del tribunal para “juzgar a la Justicia”.

Verónica Heredia aplica una lectura que pone este caso particular en su dimensión provincial y sureña sobre cómo se investiga al poder: “El Ministerio Público Fiscal no tiene herramientas para investigar sino es de la mano de la policía. Cualquier investigación empieza y continúa desde la policía. Con lo cual, si hay una sospecha de participación o de encubrimiento de funcionarios policiales, el Ministerio Público Fiscal no lo puede investigar. Y la policía es el ejecutivo, es el poder político. Entonces el poder judicial no puede investigar justamente al poder. Esto se reproduce en la provincia de Rio Negro, de Neuquén, de Santa Cruz, de Buenos Aires: es una lógica propia del estado”.