Sentir justicia

Fuimos a la presentación del libro “Acá se juzgan genocidas. Dibujos, crónicas y fotos”, síntesis del trabajo militante, artístico y académico. Con la idea de hacer públicos los juicios que, ninguneados por los medios, suelen quedar dentro de las paredes de Tribunales, esta obra recorre experiencias disímiles y subjetivas e invita a participar y hacerse presente en este momento histórico que nos pertenece a todos y todas.

“Esta manera de mostrar los juicios tiene que ver con exponer a los acusados ante la sociedad, la historia y el mundo, como lo que son: violadores, torturadores, apropiadores de niños. Y además, ponerles ese peso encima, con una cara reconocible, porque son los mismos que hoy tienen toda la verdad, para que las Madres como Taty sepan qué pasó con sus hijos, nosotros recuperemos a nuestros hermanos, y que este pueblo pueda, por fin, saber qué pasó con cada uno de los desaparecidos. Es una verdad necesaria para el colectivo, no es algo de cada madre o de cada hijo, sino que es algo que nos constituye como sociedad”. Contundente, Giselle de H.I.J.O.S. cierra su espacio de micrófono en la presentación del libro “Acá se juzgan genocidas. Dibujos, crónicas y fotos”. Este “manifiesto colectivo” es un testimonio  de la permanente, inagotable y creativa búsqueda de la verdad, la persecución de la justicia y la construcción de la memoria colectiva.

Estamos en el aula 108 dela Facultadde Filosofía y Letras, y desde una de las paredes nos miran los alumnos, docentes y no-docentes de esta facultad, desaparecidos por la dictadura. A la hora de hacer uso de la palabra, los disertantes se cuidan de usar palabras como “alegría” o “felicidad”, difícilmente compatibles con la temática que nos convoca; en cambio, prefieren hablar de “satisfacción” para referirse a los frutos de la persistente batalla, que no cesará hasta que el último genocida, el último cómplice, esté condenado. El libro que hoy se presenta es una nueva ofensiva en esta batalla, y es obra de un año de trabajo colectivo entre H.I.J.OS., las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales (UBA), el IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte), Cátedra Libre de Derechos Humanos (UBA), Cátedra de Fundamentos de Diseño Gráfico para Editores (UBA), Pasajeros de Edición, y Cátedra de Diseño Gráfico I, II y III (UBA).

En el marco de un proyecto de H.I.J.O.S. para incitar a la gente a acercarse a los juicios, y ante la imposibilidad de filmar o sacar fotos en la mayoría de los juzgados, surgió la convocatoria a estudiantes de distintas facultades para retratar las audiencias con dibujos, crónicas y ensayos. Es lo que hace a este libro tan particular; más teñido de sentimientos, gestos, actitudes y emociones que de análisis y voces expertas. Este esfuerzo de valernos de nuestra (otras) armas no es del todo frecuente en las mencionadas unidades académicas, de puertas pesadas y ventanas cerradas, por lo que es un evento digno de celebrar. “Todos, hasta el más sencillo, el más humilde, el más pacífico, poseemos armas – afirma Julio Flores, decano de Artes Visuales IUNA – Un arma es el dibujo. Recordaba la historia de las artes visuales en la lucha por los derechos humanos. La primera tarea fue ver cuánto espacio ocupan 30.000 desaparecidos. Si se los pone pie con cabeza acostados en calle Rivadavia y se empieza en Plaza de Mayo, llegamos General Rodríguez. El siguiente paso fue verles las caras, y decir ‘no son todos iguales, no es una masa’; son cada uno, con su historia. Lo tercero fue preguntarnos por los culpables. Ese es el orden en el que está armado el libro. Lo cuarto, alcanzar una justicia cierta. Y yo agregaría que lo quinto es que quede grabado en la memoria para siempre.”

El micrófono gira y le llega el turno a Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e invitada de honor en esta presentación. El espíritu de “Acá se juzgan genocidas” se vuelve tangible en Taty, mucho más viva, fresca, fuerte y compleja que cualquier conceptualización ensayística. Y así lo demuestra su sonrisa, que esta noche no escatima en dientes para hablar de los 35 años de las Madres, para agradecerle a los H.I.J.O.S. y para hablar de este libro que “parece chiquito, pero es tan importante”. A sus palabras, breves pero llenas de energía, respondemos con un extendido aplauso, de esos que involucran todo el cuerpo y calientan las manos.

Otra reflexión es la de Matías Cordo, subsecretario de publicaciones de FYLO: “Es una obra de una riqueza excepcional, que está dada justamente por su carácter de mosaico auténticamente colectivo de miradas, expresiones, trazos y textos, que incluyen no sólo el contenido sino cada aspecto del libro: desde el diseño hasta la selección de cada elemento de las cubiertas y del interior que lo conforman. Es también la experiencia de chicos que nacieron después del 83 y que van a ver los juicios, escuchan las declaraciones de los testigos, están presentes, ven las reacciones de las personas, tanto por la parte defensora como por la parte acusadora, lo cual también es bastante impresionante y, en ese sentido, el libro cumple el objetivo de tratar de romper con esa idea de la indiferencia, de eso que pasa que no nos involucra como sociedad, que es un discurso sostenido por algunos sectores y, la verdad, no resiste el mínimo análisis. Cualquier persona expuesta al relato de lo que pasó no puede permanecer indiferente”.

 

Bajo la consigna de que “los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos”, la convocatoria a participar de los juicios históricos a los responsables de los crímenes de lesa humanidad sigue abierta. Para hacerlo, solo basta que te presentes con tu DNI. Podés seguir el calendario en www.hijos-capital.org.ar

A 5 años del asesinato de Carlos Fuentealba

Desde ese cartucho de gas que le rompió la cabeza al maestro en medio de una represión a docentes organizada, mentada y bancada por unos cuantos con mucho poder. Hasta hoy, cuando esa gente tan importante como inescrupulosa pretende deligarse de responsabilidades y cerrar la causa haciendo creer que se trató de un hecho aíslado. Cada día: Fuentealba Presente.

Aproximadamente mil docentes neuquinos se habían agrupado, tras un mes de reclamos en diferentes formas, en Arroyito, ruta 22, a 45 kilómetros de la capital provincial, para cerrar los dos principales accesos hacia la turística cordillera. La misma ruta donde otro policía mató a Teresa Rodríguez el 12 de abril de 1977. Policía provincial y fuerzas especiales, con autos y civiles sin identificar habían llegado antes que los manifestantes. Raúl Pascuarelli, subsecretario de Seguridad de Neuquén, “en comunicación directa con Sobisch”, según Pablo Grisón, miembro de la Comisión Carlos Fuentealba Presente.
Lo primero, el aviso a Marcelo Guagliardo, Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén: “Tenés cinco minutos y te vas por las buenas o por las malas”. Después, la persecución a través de la ruta y hasta por los campos linderos, disparando balas de goma y lanzando gases. Un policía le llegó a disparar a un auto con su itaka. Cuando los maestros ya se habían reagrupado y estaban comenzando la vuelta, la policía quiso que ocuparan solo un carril. Volvió a reprimir. “Ya estaban transitando, exhaustos por los gases lacrimógenos, los dos kilómetros de corridas, la policía retomó la represión aún a los vehículos que ya estaban volviendo”, siguió, en declaraciones a canal Encuentro. Poblete se acercó al Fiat 147 y disparó su cartucho de gas, que rompió la luneta trasera y estalló contra la cabeza de Fuentealba. “¿Cuánto cobran para matar gente?”, gritó uno de los manifestantes como pudiendo tener la cabeza fría en ese mismo momento.
Sobisch, en cambio, un día después señaló: “Di una orden muy simple a la Policía: mantener despejada la ruta, pero cortaron el puente de Arroyito y dejaron incomunicada a la provincia”, y más: “una directiva bien clara y, al no haber un acuerdo, hubo un enfrentamiento, donde hubo ataques de ambos sectores”.
Después de pelearla, José Darío Poblete fue condenado a cadena perpetua por “homicidio calificado, por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función, con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía, en concurso ideal”, según el fallo.
Pero los maestros enseñan luchando, y justicia incompleta no es justicia. “Luchar por la justicia completa es luchar contra la impunidad, por una educación pública para todos”, dice la Comisión Carlos Presente de Buenos Aires.
La segunda etapa giró en torno a la renuncia de Sobisch. No solo no funcionó, sino que ese mismo año se presentó como candidato a presidente. Las urnas le dieron la espalda. “Él dio la orden, obviamente, para que esto se pudiera hacer de la manera que se hizo”, siguen. “Fue un escarmiento disciplinador para que cesaran las protestas obligadas por la situación de la provincia”, explica Sandra Rodríguez, la pareja de Carlos. “Sus declaraciones públicas eran una invitación a matar”, repite Guagliardo. Sandra mira para adelante conociendo bien lo ocurrido: “Argentina no puede tener este antecedente. Es una responsabilidad del Estado provincial y nacional hacer que todos los que tuvieron que ver con esto sean juzgados y condenados”, y agrega: “Tenemos, la familia y la sociedad, derecho a saber toda la verdad de lo ocurrido en Arroyito. Más que nada, en la causa Fuentealba I, se acusó al autor material de Poblete, pero su muerte fue resultado de todo un operativo de represión que tuvo la intencionalidad de matar. En el marco de eso, estamos pidiendo que si la fiscalía no investiga, podamos hacerlo por nuestra propia cuenta”
Gustavo Palmieri, abogado querellante, explicó más a Página12 en abril de 2010: “La responsabilidad que la querella particular busca que se investigue, lo cual no ha sucedido hasta el momento por la negativa del Ministerio Público de la provincia y por el juez (Cristian Piana), se refiere a las decisiones que debieron adoptarse para evitar el resultado fatal al que se llegó, teniendo en cuenta que, a partir de manifestaciones públicas del entonces gobernador Sobisch, fue él quien ordenó el operativo, envió a un funcionario de su directa vinculación al lugar de los hechos para que lo supervisara, y es dable suponer que se encontraba al tanto de lo que pasaba a cada instante. El propio funcionario que lo representaba así lo reconoció. Son varias las conductas posibles que deberían investigarse: disponer el uso de la fuerza pública a sus órdenes más allá de lo necesario de manera ilegítima; no tomar decisiones para que dicha medida ilegítima cesara en cuanto resultare injustificada; generar con esas omisiones y conductas un ‘aumento innecesario del riesgo’ para las personas que estaban en el lugar; además de analizar su actuación como el que tomó la decisión al mando de fuerzas de seguridad, trasgrediendo sus ‘deberes institucionales’ y con relación causal con el asesinato de Carlos Fuentealba”.

La Comisión Carlos Fuentealba Presente (Co.Ca.Pre) analizó: “Se conocieron dos datos político-judiciales, de cierta trascendencia para la causa. El primero de ellos es que el 14 de febrero la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por Ricardo Cancela, exabogado de Eduardo Badano y exdefensor de Sobisch, hoy premiado por Sapag, defensor del TSJ de Neuquén. El ex vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén fue depuesto por la legislatura de Neuquén por medio de un juicio político, al momento de ser juzgado era el presidente de dicho tribunal y el delfín sobischista en la justicia, junto a Cristian Piana, entro otros colonizadores del poder judicial neuquino. El segundo dato es que Jorge Sobisch fue inhabilitado para ocupar cargos políticos y partidarios, por la Justicia Federal, por el lapso de dos años”.
El juez de la causa, Juez Cristian Piana, había desvinculado de la causa al ex gobernador. Guagliardo: “No es un problema técnico. Que nadie se confunda, porque es un problema político. La cuestión es si la justicia de Neuquén sostiene principios jurídicos republicanos, democráticos y constitucionales o si acá la justicia está al servicio del poder político”. Sandra Rodríguez, a Página12, declaró: “Piana me mintió en la cara a mí en todo lo que tenía que ver con la causa Fuentealba II. Y nos mintió a todos porque él se olvida de lo que fue el juicio a Poblete, que fue un verdadero testimonio de lo que ocurrió el 4 de abril del año pasado. Allí quedó claro que fue un plan de acción totalmente planificado por la Policía de Sobisch y de los que estuvieron en Arroyito emitiendo órdenes, ejecutándolas y sumamente ligados a lo que fue su consecuencia: el fusilamiento público de Carlos”. “Este juez ha impedido casi desde el principio, mediante artilugios legales en algunos casos, casi todas las cosas que hemos pedido que se investiguen y citen. Y lo que es más grave aún, incluso nos ha ocultado información dentro del expediente, ocultando decisiones que él mismo tomaba, elaborando una estrategia que para nosotros es claramente de impunidad”, denunció.
Para colmo, en marzo de 2009, comenzaron las amenazas. El director de escuela Gabriel Pillado, cuyo testimonio fue clave para la condena a José Darío Poblete, denunció amenazas y golpes a él y a su mujer, Daniela Loume, docente: “Una persona con la que habíamos discutido porque habían intentado tapar un cartel (con la foto de Fuentealba) hacía dos días salió enardecida adonde estábamos estacionando nuestro coche y empezó a golpearme a mí en la cara y a darle patadas al vehículo”. “A mi mujer Daniela, quien estaba fuera del auto, la golpeó brutalmente. En este momento tiene desplazamiento de mandíbula y una fisura en la muñeca izquierda. Por supuesto que hicimos la denuncia en la Fiscalía de Investigaciones de la provincia y pedimos que se investigue el vínculo que tiene esta persona con las fuerzas policiales o parapoliciales donde trabaja, porque tenemos versiones que así lo indican”, declaró Pillado.
Marcela Roa, otra testigo: “Esto comenzó después del juicio por el asesinato de Carlos (Fuentealba), cuando comenzaron a seguirme en la zona de mi casa, en Cipolletti, con un auto Polo de color blanco y otro sin patente. Hice la denuncia y tuve custodia las 24 horas con policías uniformados. Y allí volvió a aparecer el Polo blanco, por lo que me saqué de encima esa ‘protección’. Entonces apareció un señor que me amenazó, diciendo que trabajaba para (el ex comisario) Aquiles González. Eso fue en diciembre y poco después, por suerte, dejé de verlo. Ya en febrero de este año comenzaron a circular patrulleros por mi casa, siguiéndome adonde fuera. Y después empezaron a perseguir a mi hijo de 18 años, acá en Neuquén, con autos de civil y con patrulleros en Río Negro. Por eso hago responsable a la Policía, tanto de Neuquén como de Cipolletti, por todo lo que nos pueda llegar a pasar a mí, a mi hijo y a cualquiera de nosotros”.
Marcelo Guagliardo: “Lo que está sucediendo está encuadrado en lo que fue el resultado de la causa ‘Fuentealba I’ y lo que puede llegar a hacerse con la llamada ‘Fuentealba II’. Se pretende amedrentar e intimidar a quienes han sido o serán testigos en un nuevo juicio, donde se tienen que juzgar las responsabilidades políticas por el asesinato de nuestro compañero, hace casi dos años. Por tanto, nuestro reclamo es que el gobierno y el gobernador (Jorge) Sapag son los responsables de garantizar a todos los testigos la seguridad”.
Hugo Papalardo, dirigente docente: durante una marcha de 10 mil personas, se produjo una represión con detenidos incluidos. “Cuando me detuvieron, un agente que me amenazaba con su escopeta me dijo ‘ahora vas a saber lo que es la dictadura’. Yo le contesté: ‘Ustedes son los asesinos de nuestro compañero Carlos Fuentealba’. Y este policía me dijo ‘Fuentealba está muerto… bien muerto. No existe, ¿entendiste?’, mientras me seguía golpeando en el piso, gritando ‘van a aprender de una vez por todas y no van a joder más’”.
A cinco años, este 4 de abril, como todos los que pasaron desde el fusilamiento, familiares, docentes, organizaciones políticas y de Derechos Humanos reclamarán justicia completa, con juicio y castigo para todos los responsables, para impedir desde bajo la impunidad de los de arriba.

2001: el recuerdo y las causas judiciales abiertas

Al cumplirse diez años de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, el actual Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ex ESMA, llama a la reflexión a través de una semana de jornadas abiertas para todos. Rodrigo Borda, abogado querellante en las causas de las víctimas de la represión policial, explica cuál es la situación actual. Todavía no ha habido indemnizaciones por parte del Estado ni tampoco respuestas de la Justicia.

Rodrigo Borda, en primer plano, durante una charla en el CELS. Foto: Nos Digital.

Es la historia que vivimos. Esa historia que nos tocó con cada una de sus aristas y con sus ángulos profundamente agudos. Esa que dejó más cerca, bien a mano, la posibilidad de entender que la Historia tiene su aplicación en la vida de cada uno. Que es una disciplina a la que poco se le exige, y tiene tanto de potencial para ofrecer. Para los que crean que la Historia va por separado de su cotidianeidad, los diez años que cumple aquel diciembre crítico y sangriento serán buen comienzo para pensar en revisar las concepciones chatas sobre la Historia.
Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 constituyeron el desenlace de una crisis social, política y económica sin precedentes en Argentina. La exclusión y la ruptura de los lazos de representación fueron los dos ejes más significativos. A diez años, desde el Centro Cultural Haroldo Conti realizaron jornadas enmarcadas bajo el título “Razones y legados de la crisis” con el fin de “comprender una etapa fundamental de nuestro pasado reciente y sus marcas en el presente”.
Es imposible desligarse de un predio en donde funcionó durante la última dictadura militar uno de los Centros Clandestinos de Detención más emblemáticos: la Escuela Mecánica de la Armada, donde fueron secuestradas más de cinco mil personas de las que solo doscientas sobrevivieron. Sin embargo, adentro, las paredes asumen un nuevo desafío, resignificar un espacio asociado al horror a través de la creación, reflexión y difusión de la cultura, la memoria y los derechos humanos.
El director de este Centro Cultural, Eduardo Jozami, es muy claro al definir el punto de apoyo de este proyecto que cuenta con la participación de sobrevivientes y grupos de jóvenes: “La programación refleja la multiplicidad de miradas existentes en el Espacio, expresadas tanto en las distintas expresiones artísticas como en la generación de ámbitos de debate y reflexión sobre la memoria. Nuestra invitación a participar de estas actividades es un llamado a hacer de éste un lugar de elaboración colectiva sobre el pasado y el presente. Este Centro Cultural, todavía en construcción, se propone como un ámbito de referencia nacional e internacional de homenaje y recordatorio de las víctimas del terrorismo de Estado, de preservación de la memoria sobre lo ocurrido y la promoción y defensa de los derechos humanos”.
Durante el pasado martes 13 se proyectó el documental 19/20, bajo dirección de Sebastián Menassé, Florencia Gemetro, Carolina Golder y Mariano Tealdi. La película se centra en el testimonio de familiares de cinco víctimas asesinadas por la policía en aquellas marchas a Plaza de Mayo en 2001. Desde estas diferentes voces se indaga en las contradicciones, los motivos y reclamos por los cuales confluyeron en el mismo tiempo y lugar estas historias. Cada uno de los allegados narra desde su perspectiva cómo se desarrollaron esos dos días en su vida cotidiana, desde cerca cuentan cómo vivieron la pérdida de cada familiar.
Después de revivir los cacerolazos, escuchar el clásico “que se vayan todos”, volver a ver las imágenes crudas de los noticieros que mostraban la represión policial y cómo el ex presidente De La Rúa se iba en helicóptero de la Casa Rosada, aparecieron las cifras. La gran movilización popular de diciembre de 2001 tuvo como respuesta un feroz accionar por parte de las fuerzas de seguridad, tanto policía federal como gendarmería, que terminó con más de 30 muertos.
Actualmente, Rodrigo Borda, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), forma parte del cuerpo de abogados querellantes por algunas víctimas de la represión policial de aquel diciembre. Borda dio una conferencia después de la proyección para dejar en claro cuál es la situación actual de las causas. Entre los obstáculos que sufren destacó que “no hay personas condenadas por estos hechos, a pesar de que han transcurrido más de diez años, y tampoco se ha realizado el correspondiente juicio oral y público. Tampoco hubo indemnizaciones a los familiares por parte del Estado”. Sin embargo, destacó algunos avances significativos en la causa al lograr “enjuiciar no sólo a algunos autores materiales, como los policías que mataron a Alberto Márquez o a Gustavo Benedetto, sino también a los jefes de la Policía Federal que coordinaron y supervisaron el operativo de aquella fecha”.
Fernando De la Rúa no se encuentra procesado en las causas. Sucede que no existen antecedentes de cargos judiciales de este tipo presentados a presidentes elegidos democráticamente. Desde el CELS rechazan por completo esta situación y confían en que se pueda avanzar, ya que creen que “fue una decisión política del gobierno la de reprimir a los manifestantes, y ese contexto se dio en un Estado de sitio que fue dictado por el propio De la Rúa”.
Por último, Borda fue tajante en cuanto al papel que debe encarnar la sociedad: “Es imprescindible que la gente se movilice para fogonear y exigir que estas causas se enmarquen dentro de la agenda actual. Con una mirada al costado de los medios y sin voluntad política es imposible dar pasos adelante.”