La muerte de Vaca Viva

Chevron, el futuro socio de YPF en los yacimientos de Vaca Muerta, tiene un pasado bien oscuro, color petróleo, en Ecuador. Libertinaje de contaminación que derivó en la sentencia de un juicio que la multinacional estadounidense aún se niega a pagar. Qué puede pasar en Argentina.

Con voz solemne la Corte Suprema de Justicia argentina dictaminó: “De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”. ¿De qué se trata todo esto? Ni más ni menos de la posibilidad de que una de las petroleras más grandes del mundo, Chevron Corp. pueda desembarcar sin problemas ni restricciones en nuestros suelos. El recurso fue presentado por la Procuradora General Gils Carbó para poner fin a un embargo impuesto a fines del año pasado que pesaba sobre la compañía norteamericana por 19 mil millones de dólares, luego de perder un juicio en Ecuador por la contaminación de casi 2 millones hectáreas de selva Amazónica, la diseminación descontrolada de distintos tipos de cánceres y demás “beneficios” de la explotación petrolera extractiva; yéndose sin pagar un solo centavo. Acá todo lo que generó Chevron en sus treinta años en suelos ecuatorianos. Acá, la verdadera cara del tan ansiado futuro socio de YPF para el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

“Los desechos iban a parar directo a los ríos”
Mientras para 1960 el país se sumía en un nuevo período de golpes militares que habrían de terminar en la década de los 80, las fuentes de oro negro pasaron de ser teoría a realidad, vieron en él una futura fuente de riqueza fácil. Sin embargo, la incapacidad técnica local para hacerse cargo de los yacimientos –y el control económico norteamericano sobre el continente- llevó al gobierno a confiarle los pozos petroleros a la flamante Texaco –adquirida por Chevron en el 2001-, cuya casa matriz compartía espacio con la Estatua de la Libertad. Así fue como en 1964, la petrolera pisó por primera vez la selva amazónica en las proximidades de la Ciudad de Lago Agrio, monopolizando la explotación hasta 1992, cuando se retiró con muy poca honra de las tierras que ella misma se había empeñado en arruinar. DSC_7762
Luis Yanza y Julio Prieto miembros de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), están desde los primeros días en que algunos visionarios se atrevieron a denunciar a la compañía por la grave crisis ambiental y social que habían generado. Así, en 1993 presentaron una demanda a Texaco en los mismos juzgados de Nueva York. ¿Cómo siguió el caso? La petrolera aceptó ir a juicio y acatar el veredicto siempre y cuando fuese en las cortes ecuatorianas, diez años más tarde se la declaró culpable con una multa de 9 mil millones de dólares y en caso de no pagar al cabo de quince días se le duplicaba la cifra. Ante el inesperado proceso la multinacional se retiró del país sin pagar un solo centavo. Luis y Julio, de paso por Argentina y en diálogo con NosDigital nos contaron sobre las experiencias de esos fatídicos 30 años: “Lo que hicieron fue cuestión de ambición, lisa y llana. Era una compañía que en efecto tenía la tecnología apropiada para no contaminar en Ecuador y no la usó. Al perforar un pozo le tienes que meter mucha agua mezclados con químicos cancerígenos, a más no poder. Normalmente en los Estados responsables o con una legislación apropiada, te obligan a tratar estos líquidos. En Ecuador, en cambio, cavaban un hueco en la tierra, lo usaban de desagüe y largaban todo directo al río. Existían las patentes para evitar todo esto; tenemos las patentes de Texaco de 1965 donde la compañía, reconociendo el peligro de las aguas de formación –aguas que salen con la extracción del petróleo- cuando están en contacto con las aguas de riego y consumo, había desarrollado equipos de reinyección, con los que inyectaban estas aguas al subsuelo para que no pudiesen contaminar, tal como hacían en Estados Unidos. En cambio, acá: directo a los ríos.”
-La contaminación petrolera afectó a más de 2 millones de hectáreas, que estaban en parte habitadas por comunidades indígenas y campesinas, ¿cómo lograron pasarlos por alto?
-Todo esto fue posible ya que invisibilizaron a la gente que vivía allí. Si la multinacional hubiera reconocido la existencia de los pueblos originarios que estaban bebiendo, usando esas aguas contaminadas no lo habrían hecho. Ellos los vieron únicamente por la vía racista, del desprecio: “ellos son indios, no valen nada, no tienen derechos”. Los abogados de Chevron en el juicio argumentaban que la Amazonia era un lugar petrolero donde no tenían que vivir personas. Comentarios parecidos a los que se escuchan sobre Vaca Muerta en Argentina. Entonces se contaminaron los ríos y las tierras de la selva, los cuales dependen los pueblos que allí habitan, todas sus instituciones culturales dependen de la selva: es su farmacia, su biblioteca, su mercado. Ellos eran ricos, no pobres, ya que no necesitaban nada, lo tenían todo ahí. Y de repente no tienen nada, su espacio vital desapareció. Por ejemplo, el pueblo de los Cofanes pasó de ser 8 mil a menos de mil en unas décadas.

Chevron, contaminación y genocidio.DSC_7765
Fantástico el mundo que nos ofrece Chevron sobre sus explotaciones. Solo es necesario entrar a su página web www.chevron.com y leer sobre sus políticas de respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. El corazón de uno se tranquiliza al saber que la compañía se asegura “que nuestros proveedores de seguridad sigan principios internacionales cuando protegen al personal y los bienes; evaluando cómo nuestras operaciones podrían impactar en la comunidad; y atrayendo a nuestros proveedores claves en cuestiones relacionadas con los derechos humanos” . Ni que hablar cuando se trata de la protección de la naturaleza: la empresa se guía bajo sus “Postulados de Operaciones, basados en dos principios claves: hazlo con seguridad o no lo hagas en absoluto y siempre hay tiempo para hacerlo bien”.
Pero si en sus palabras Chevron se muestra como la encarnación de los amores franciscanos al prójimo y a todo lo viviente, la realidad ecuatoriana bien lo aleja. Acá, algunos datos recogidos en el juicio y el veredicto sobre los rastros que dejaron entre 1964 y 1992 :
-30 mil millones de galones de residuos tóxicos arrojados, 20 mil galones de petróleo vertidos a diario y 53 millones de metros cúbicos de gases residuales quemados a diario.
-Las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde se encontraban los yacimientos, poseen tres veces más casos de cáncer que el resto del país.
-La contaminación del suelo por diferentes metales supera todas las normativas internacionales. Por ejemplo, la presencia de mercurio es 8 veces mayor que el máximo ecuatoriano, de benceno es 1800 veces mayor y de plomo es hasta 3 veces mayor.

-¿Cómo cambiaron las costumbres para los pueblos indígenas luego de las explotaciones?

-Antes tenían su pescado del río, ahora no lo hay, y el que hay, sabe a gasolina. Incluso también su espiritualidad, ya que la empresa mató a los chamanes, a veces por represión, otras embriagándolos, subiéndolos a un helicóptero y echándolos por ahí. Hay muchas historias, violaciones a las mujeres, separación de las familias. Si vas allí, puedes dar fe de ello, por lo que te cuentan de primera mano algunos de los 30 mil afectados por Texaco. Los Tetetes han desaparecido o todavía no hemos encontrado ni a uno en los últimos tiempos. Los hemos acusado de genocidio y de genocidio cultural, que se trata de privar a sus pueblos de sus instituciones culturales. En el caso de estos pueblos, la selva ocupa todas estas funciones y al destruirla, destruyes también su cultura.

-¿Tuvieron que ser relocalizados?

Muchos se fueron río abajo, como quien dice. Otros se quedaron allí y se adaptaron; empezaron a trabajar para la petrolera, recibían su plata y empezaron a adaptarse al modo de vida occidental. Y de repente se dieron cuenta que eran pobres, porque les faltaba para cumplir con sus necesidades, porque no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita, cosa que los indígenas habían comprendido bien con su modo de vida. En la Sentencia se reconoce.

Soberanía energética – contaminación multinacional
Cuando la Procuradora Gils Carbó le envió el recurso de nulidad a la Corte Suprema sobre el embargo que pesaba sobre Chevron en suelo argentino en solidaridad por su desacato ante el fallo de la Justicia ecuatoriana, lo hizo aduciendo que esta medida perjudicaba “la política energética y el desarrollo económico del país, así como con las finanzas públicas”; ya que ahogaba cualquier posibilidad de acordar con la compañía norteamericana su entrada al yacimiento de Vaca Muerta.
La actitud de la Corte Suprema no solo rompió con un freno a la impunidad, sino también abrió la puerta a recrear el desastre ecológico que saqueó, destruyó y mató a miles y miles de personas a lo largo de unas décadas. Acaso, ¿esta es la tan ansiada soberanía energética? ¿Hay soberanía cuando son multinacionales las que llevan adelante los procesos productivos? Un argumento en este sentido solo nos hace pensar que frente a una real necesidad de autodeterminación se esconden las intenciones de perpetuar la sumisión.

 chevron

[1] http://www.chevron.com/globalissues/humanrights/

[1] http://www.chevron.com/globalissues/environment/

 

[1] Coalición por la Defensa de la Amazonia, “Informes de expertos citados en el juicio por 19 mil millones contra Chevron”, Mayo de 2013.

Quince años no son Nunca Más

Un chico.

Hay: un chico.

Hay un chico: un chico, sólo era un chico.

Sólo es un chico.

Es un chico y somos muchos chicos.

 

 

Hay un chico al que mataron por pensar.

Hay un chico al que mataron por pensar en el país donde mataron a otros treinta mil por pensar.

Hay un chico al que mataron en el momento en que creíamos que ya no se mataba.

Al que mataron.

Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron.

 

Hay un chico: es Mariano Ferreyra.

¿Cuánto tiempo vale un pibe?

¿Cuánta justicia?

 

Nosotros no entendemos nada de derecho.

Pero perpetua es para siempre.

Y Nunca Más, también, era para siempre.

Quince años no es para siempre.

 

No es Nunca Más.

No hay Nunca Más si sigue habiendo más muertos y nunca justicia.

 

 

Fue Pedraza.

Mariano presente.

Adiós al muro de la verdad

Se trata de una pared que pertenecía a la estructura de un ex Centro Clandestino de Detención de la última dictadura, ubicado en la localidad cordobesa Pilar. La misma era una prueba fundamental para juicios aún no resueltos relacionados a víctimas del Terrorismo de Estado, pero ya no está. El intendente por la UCR, Diego Bechis, ordenó un violento desalojo de una familia que vivía hace veinte años en un predio contiguo al muro, y en medio del miedo, la impunidad destruyó esta prueba histórica.

Hace pocos días, el viernes 19 de octubre, el intendente de la localidad cordobesa Pilar, Diego Bechis, ordenó un violento desalojo que tuvo como protagonistas estelares a policías y gendarmes que “debían sacar a una familia que estaba ocupando un predio”, según el pedido explícito de Bechis. El predio en cuestión está exactamente al lado del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Puesto Caminero de Pilar, así surge un segundo conflicto: por orden del intendente, perteneciente a la Unión Cívica Radical, los empleados municipales demolieron la única pared que quedaba como señalización de que en Pilar funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar. Es decir, acabaron con una contundente prueba histórica.
El Puesto Caminero de Pilar estaba ubicado en la Ruta nacional 9 y es reconocido, hoy, como un espacio de memoria por el Archivo Nacional de la Memoria, por la Comisión de Memoria de Córdoba y por el propio Municipio de Pilar. Qué ironía. El edificio en sí fue demolido hace varios años, por eso en su lugar como símbolo había quedado en pie un muro y una plaza que se transformaron en un espacio de reflexión viva. El muro no tenía ninguna relación física ni legal con la casa del desalojo, pero la impunidad y la inoperancia de las fuerzas de seguridad lo destruyeron.
Más allá del valor histórico del lugar, ya que era la ubicación exacta en donde se cometieron delitos de lesa humanidad que todavía no fueron juzgados, cuya desaparición afectará a los procesos judiciales relacionados a la última dictadura, se cuela la situación de la familia desalojada por orden del juzgado de Río Segundo. Vivían hace más de veinte años en ese lugar y no se les respetó su derecho a la vivienda al desconocer que tienen en proceso un juicio por usucapión de la casa, por la cantidad de años que llevan manteniendo su hogar allí. Pero las irregularidades siguieron, porque los vecinos que intentaron detener esa maniobra inescrupulosa fueron amenazados. Sí, los amenazaron por defender un sitio histórico para los derechos humanos argentinos.
La organización H.I.J.O.S, en especial la rama que radica en la provincia de Córdoba, tomó la causa y a través de un comunicado catalogó al accionar del municipio de Pilar como “ilegal y violatorio de los derechos humanos”, al mismo tiempo que exigieron “la inmediata preservación del lugar de memoria y el inmediato esclarecimiento de los hechos”.
Dos días después del vergonzoso desalojo, y ante diferentes denuncias públicas, el secretario de Gobierno admitió ante unos 40 vecinos autoconvocados a la Municipalidad que “había sido un error”. Sin embargo, a la noche salió en la televisión provincial diciendo exactamente lo contrario, hasta se animó a aclarar que habían utilizado los servicios de un “antropólogo forense” en la destrucción del sitio. Los vecinos de Pilar están movilizados y quieren visibilizar el autoritarismo violatorio de las normas jurídicas y humanas que impone el intendente Bechis, por eso realizarán diferentes marchas durante las primeras semanas de noviembre.

Mercedes Benz sabe desaparecer

“Hubo una asamblea sindical en la que participaban todos los gremios que había en Mercedes Benz, ahí se iba a tratar un conflicto por las vacaciones y por la reincorporación de unos empleados, luego de una huelga de más de veinte días. Todos los delegados accedieron al petitorio de la patronal, menos mi papá y otros compañeros que eran independientes al gremio mayoritario (SMATA). Esa misma noche, la madrugada del 5 de enero de 1977, se lo llevaron.” Malena es hija de Esteban Reimer, militante de la Juventud Peronista y delegado de la fábrica automotriz alemana, donde fue secuestrado por no querer tranzar con la empresa. Este caso se repitió con 17 nombres, 17 secuestros impulsados desde Mercedes Benz durante la dictadura. Solo tres aparecieron y fueron los que contaron bien qué pasó.

El año pasado se cumplieron sesenta años desde que Mercedes Benz pisó suelo argentino, donde desde principio se erigió como una de las empresas automotrices cuyas ganancias más iban a contribuir al crecimiento del modelo económico actual. Hubo un acto encabezado por Cristina Kirchner, hubo festejos y agradecimientos a unos cuantos empresarios alemanes que se sentaron detrás del atril presidencial para escuchar, atentos, una enumeración larga de apellidos difíciles de pronunciar, balances, ganancias, etc. Curioso y chocante si volamos por un rato a los años setenta. Allí, yace inmóvil una lista de catorce nombres que todavía esperan justicia. Todos ellos fueron empleados de la firma alemana y por encarar una lucha por derechos laborales o por elegir no ser cómplices de la impunidad empresarial fueron secuestrados y desaparecidos. Una causa que es una deuda aún pendiente, que no se resuelve. Lo que nos queda son tres testigos sobrevivientes de una dictadura cívico, militar, pero sobretodo, económica; cuarenta años; y una reverencia inentendible.

Esta es una historia de buchones y de políticas claras para eliminar todo grito de protesta laboral. Querían disolver los gremios a toda costa. ¿Por qué? Esta empresa, como también Ledesma, Ford, Acindar, Astarsa, entre tantas, se benefició con el nuevo sistema económico que venía bajo el ala de las fuerzas armadas: un creciente poder sobre los trabajadores les abría terreno a una mayor explotación, con menores costos y muchos beneficios, ya que le transferían al Estado sus deudas privadas. Mercedes Benz, dueña de una inmensa facturación y además uno de los centros industriales más importantes del país, tenía como principal cliente al Ejército en la venta de camiones. Además, desde la firma donaban equipamiento obstétrico para el Hospital Militar de Campo de Mayo, que se utilizó en muchos partos clandestinos de mujeres desaparecidas.

En octubre de 1975, los obreros de Mercedes Benz se organizaron y movilizaron en rechazo a los representantes que había elegido a dedo el por entonces SMATA, sindicato de trabajadores del gremio mecánico y automotor a nivel nacional. Estas personas designadas no defendían los intereses de los empleados, sino que negociaban constantemente con los directivos de la empresa. Decididos, los cuatro mil empleados de la planta de González Catán lograron componer una asamblea de gran concurrencia en donde eligieron una nueva comisión interna compuesta por nueve representantes, “el grupo de los nueve”. SMATA catalogó de inválida a la nueva comisión, y la empresa despidió a 115 obreros, entre quienes estaban casualmente las 17 víctimas que después iban a sufrir el secuestro.

El 24 de octubre del 75, en medio de una huelga que duró veinte días, Montoneros secuestró al Jefe de Producción de la planta, Heinrich Metz. El pedido era claro: reincorporar a todos los empleados que habían sido apartados de sus puestos. El pedido fue concedido y desde Montoneros exigieron un pago por el rescate. Quedará a partir de esto en evidencia una de las prácticas fraudulentas de filial nacional de la empresa, ya que declaron a la matriz en Alemania que el pedido fue de siete millones de dólares, mientras que la organización de finanzas guerrillera aún sostiene que fueron dos.

                El revuelo volvió a la fábrica entre fines del 75 y principios del 76. El Ministro de Trabajo de ese momento, Carlos Ruckauf, promovió un decreto que estimulaba el “aniquilamiento de la subversión en los centros industriales”, es decir, establecía a la lucha obrera como un proceso de “guerrilla industrial”. SMATA aceptó esta política y firmó el convenio, que entró en vigencia en Mercedes Benz a partir del 21 de julio del 75. Este acuerdo derivaba el 1% del precio de venta de cada vehículo a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este dinero lo administraba la misma dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que aquella entidad, supuestamente representativa de los trabajadores, pero que en realidad había sido siempre cuestionada, garantizara una represión efectiva. Apenas irrumpió el golpe militar en 1976, comenzaron los secuestros de trabajadores y activistas.

El acusado de entregar ala Policíalas listas con las direcciones de las víctimas es Juan Ronaldo Tasselkraut, ex gerente general de Mercedes Benz. Además, presenta una causa en trámite por la sospecha de apropiación de un varón cuya partida de nacimiento afirma que nació el 19 de agosto de 1974 (su hermano también está sospechado de haber apropiado ilegalmente a otros dos chicos). La participación de la empresa en la represión se documentó a través de los testimonios de los tres sobrevivientes. El mismo Tasselkraut fue bien crudo en una de sus respuestas en un Juicio porla Verdaden los tribunales deLa Platacuando le preguntaron si había alguna relación entre la disminución de los conflictos en la fábrica, la desaparición de obreros militantes y la productividad: “Y… milagros no hay” contestó en crudo.

Actualmente, la causa se encuentra en plena etapa de instrucción. Como pasa con la mayoría de los juicios penales de lesa humanidad, la etapa de recolección de pruebas y testimonios lleva mucho tiempo, hasta después recién elevarse a juicio, donde las partes acusadoras, querella y fiscalía debe enfrentarse a la defensa de los acusados.

“Lo de Mariano fue una represión a tercerizados”

La polarización política se esfuma al escuchar a Pablo Ferreyra entendiendo y reivindicando las consignas que defendió su hermano Mariano. Dos personajes con diferentes miradas en cuanto a las formas de lucha, pero la misma sangre y el mismo compromiso: repudiar la tercerización laboral. “Pedimos perpetua para Pedraza, aunque creemos que socialmente ya fue condenado por todos”.

 

A casi dos años del asesinato de Mariano Ferreyra en manos de la patota sindical de Pedraza, nos juntamos con su hermano Pablo. En medio de las audiencias de un juicio que parece encaminarse, charlamos un rato en las escaleras de los Tribunales de Comodoro Py.

Pablo se muestra tranquilo, reflexivo, pero sobretodo expectante. Desde una postura bastante ligada al kirchnerismo, se anima a marcar errores de este Estado, pero también asume una decisión judicial para acelerar esta causa. Además, nos cuenta su relación con los ex compañeros de su hermano, los militantes del Partido Obrero. Qué los une y qué los separa.

La bandera en común es una sola: luchar contra la tercerización laboral y sus mecanismos más perversos, entre los cuales ubica la matanza a sangre fría de Mariano. Ideologías diferentes, acciones distintas, la voz es unánime y se resume en el pedido de cadena perpetua para Pedraza.

“Nunca tuve una militancia orgánica y ni la tengo hoy. Apoyó ideas claves de este gobierno, medidas estratégicas como la recuperación de YPF, la asignación universal. La militancia dentro del kirchnerismo para mí es el único campo donde se puede desarrollar un panorama más concreto para trabajar, siempre con algunos límites. Ojalá se pueda tejer un puente entre lo mejor que tiene el kirchnerismo y lo mejor del progresismo, la izquierda. Hay que repensar la estrategia contra Macri, por ejemplo, donde el oficialismo no ha querido entrar nunca de lleno”. La postura política de Pablo se va delineando desde un principio, aunque durante toda la entrevista dejará al descubierto cuestionamientos genuinos hacia un modelo al que, insiste, se le deben hacer críticas y debe estar predispuesto a escucharlas.

– ¿Creés que todos los sectores políticos juveniles defienden la causa de Mariano?

-El Partido Obrero se comportó bien, asumió la causa de manera militante. Después hay sectores cercanos al kirchnerismo que se confunden en no tomar la causa por no poder ver detrás de las políticas que el PO representa. A mí me parece una limitación grande, yo todo el tiempo voy a empujar hacia nuestro lado a esa ala progresista que hay en el oficialismo. Que abracen la causa más allá de que una sentencia pueda perjudicar a parte de este Estado, el mismo que está cuestionado en otras causas también. Más allá de apoyar un proyecto tiene que existir un momento en donde se pueda tener cierta capacidad de crítica. El caso de Mariano permite eso. Es muy significativo que haya estado acá Facundo Moyano, la CGT mantuvo un silencio ante este caso, no salió a defender corporativamente como hace siempre, defendiendo a Pedraza. La causa de Mariano no tiene que ser una exclusividad del Partido Obrero, se trató de un ejemplo más de ataque a una juventud organizada que milita.

Imagen: NosDigital

– Pero no hablás con bronca hacia esos sectores…

-No tengo rencor porque estoy seguro de que en algún momento vamos a ganar esta discusión. Cuando uno logra sacar a los militantes de la polarización instalada se encuentran matices más interesantes, porque lo que hay que entender acá es que si llegamos a ganar este juicio será un golpe duro contra sectores de la burocracia sindical que practican métodos que atacan a la juventud, pegan donde más duele que es quitándole derechos a los trabajadores. Históricamente fue así, si estamos intentando conquistar este terreno me parece que deberían apoyarlo, entiendo que tiene que ser de manera natural el apoyo. Ganar este juicio representaría un avance más para el sector popular y para todos aquellos que se mantienen en lucha por la dignidad laboral y las formas de trabajo.

– ¿Sentís que en algún momento se podrá dar un volantazo en cuanto a la burocratización en la que se sumergen algunos sindicatos y sus trabajadores?

-No creo que cambie la matriz del sindicalismo. Pero esta causa logra quela Justiciatome nota, eso es lo interesante. Hay más sensibilidad sobre el cercenamiento de derechos laborales. Creo que va a marcar un límite si logramos mostrar cómo fue el accionar policial en aquel momento, va a marcar nuevamente otro punto negro que tiene este gobierno en sus políticas contra la violencia institucional. Siento que debe llamar a una reflexión sobre la política de ‘no represión’, o por lo menos una actualización de esa hipótesis. No porque este sea un caso de represión policial, sino por omisión policial, que se niega a actuar en una movilización de este tipo. Yo no quiero decir quela Policíadebería haber reprimido, sino que deberían haber identificado, separado, detenido a un sector de esta patota. Y otra reflexión tiene que girar directamente sobre la tercerización laboral propiamente dicha.

– ¿Cuál es el panorama actual de la tercerización laboral?

-Al día de hoy no hay ningún abordaje serio de ningún tipo, de ningún sindicato, sobre el tema. La experiencia más interesante la tuvimos con el subte, que logró el paso de todos los empleados tercerizados a planta permanente. Fue un conflicto enorme, pero este caso es uno aislado entre tantos. Por lo general, lo que sucede es que la tercerización avanza, golpea muy fuerte a los jóvenes, a los sectores más populares, al primer laburo del pibe que sale a buscar. Es muy amplio el ‘universo tercerizador’. Podemos pararnos desde los noventas y observar cómo la privatización habilita esta práctica, cómo las políticas neoliberales y el menemismo dan vía libre. En América Latina entera avanzó esta forma de trabajo, pero particularmente sucede que acá, después del 2003, se reincorporaron cinco millones de laburantes al mercado laboral, y no hay ningún cambio significativo. Los empleados todo el tiempo están siendo invisibilizados laboralmente, donde hay casos tremendos, como Pedraza con su cooperativa trucha en el ferrocarril donde explota a 200 trabajadores. Por la explotación de esos tipos tercerizados recibe un subsidio de diez millones de pesos de los cuales utiliza solo dos millones para pagar sueldos y se queda con el resto. Ese es uno de los mecanismos más perversos de una propuesta cada vez más precarizante, y ahí se cuela el asesinato de Mariano, que está puesto justo para ejemplificar y mostrar que los tercerizados no pueden movilizarse y no pueden tener una visión grupal, ni pueden no querer convenios que no benefician más que al patrón. El caso de Mariano ejemplifica cómo se quiere acallar y reprimir al sector tercerizado. Se busca más un beneficio político que económico, ahí está la ganancia más grande, porque hay casos en los que incluso es más cara la tercerización, pero tienen la tranquilidad de que van a tener gente que no va a poder reclamar por nada, que en caso de que los despidan van a aceptar una indemnización de mierda.

-Participás del Cels, ¿tienen propuestas concretas para luchar contra estas prácticas?

-En este momento no hay herramientas enla Argentina para medir la tercerización. Porque el mismo mecanismo es invisibilizador y aparte hay falta de voluntad del Ministerio de Trabajo para generar esas herramientas. En el Cels tenemos una mesa de trabajo con la intensión de llegar a la semana del 19 de octubre, donde se cumplen dos años del asesinato de Mariano, con una jornada en el Congreso de la Nación. Vamos a presentar un documento con siete u ocho propuestas en contra de la tercerización. Nuestra idea es que todos los sindicatos participen, se tienen que montar a la campaña, tiene que ser de ellos. También, el Ministerio de Trabajo, que participen todos. Sabemos que es un momento de gran fragmentación sindical, que muchas veces por cuestiones casi de vedettismo no participan unos u otros. Todos aceptamos que la tercerización debe ser combatida, no veo impedimento para que todos participemos de una jornada organizada desde el Cels. Muy corta, la idea será empezar una campaña que dure tres o cuatro años y que vaya sumando no solamente adherentes sino difusiones, mostrarle a la juventud y a los laburantes cómo son tercerizados, cómo darte cuenta que lo sos. Visibilizar el problema.

– La cara de Mariano está en fotos, grafitis, banderas, si tenés que sacarlo de esa imagen estática, ¿qué consignas que defendía resaltás?

-Puntualmente representó siempre la lucha contra la tercerización laboral. Yo tengo un abordaje completamente diferente al que tenía él. No desconozco que los métodos para luchar en este tipo de reivindicaciones concretas, no son los mismos. Probablemente cuando se convoque al Congreso del Cels, el Partido Obrero no participe. Mi hermano prefería un método de acción directa, como era cortar las vías para conseguir la restitución de esos despedidos, que me parece válido, pero primero tenemos que ver los panoramas que hay y después ver cómo se puede avanzar. Defendía y defendería las consignas que hoy siguen defendiendo desde el PO. La solidaridad de Mariano con sectores ajenos a su mundo, como es el ferroviario, la lucha contra la precarización y la juventud política, esos fueron sus ejes. Un joven que militó desde muy chico, eso me queda. Todo se resignifica con un marco como el de hoy, en donde, a pesar que muchas veces el kirchnerismo no tome el tema de Mariano como algo central, desde el 2003 hay una participación política muy grande en la juventud. Si el año que viene conquistamos el voto de los pibes de 16 años estaríamos haciendo algo que Mariano hubiera querido seguro, porque empezó a militar de joven y hubiera querido votar al Partido Obrero a los 16, y no pudo, esperó a ser mayor de edad. Luchó por hacer un centro de estudiantes, escribió notas para contagiar las perspectivas políticas entre los jóvenes. Esta coyuntura hubiera significado una militancia activa para Mariano.

 

“Es un sueño sumar una prueba al juicio por la Masacre de Trelew”

En medio del desarrollo de los juicios por la Masacre de Trelew nos reunimos con Mariana Arruti, directora del documental “La fuga que terminó en masacre”. Nos cuenta cómo vivió la repercusión social de su película estrenada en el 2004, cuál es la relación que tiene con los procesos judiciales que hoy se llevan adelante en Rawson y sobre la importancia del cine para visibilizar historias que parecieran haber querido olvidarse.

Fotos: NosDigital

Mariana Arruti aclara de movida que su primera profesión es la antropología, empezó joven su paso por la UBA y promediando su carrera decidió sumar el cine a sus estudios. Cuando llegó la hora de la bendita tesis que la separaba de la Licenciatura entendió que debía sacudir sus aprendizajes sobre Historia con su otra pasión: el arte visual. Así, comenzaría un largo camino entrelazando las ciencias sociales con los documentales.

Hija de padres militantes, respiró desde muy chica la participación de su papá como obrero de la construcción y dirigente de la UOCRA, en Bahía Blanca. Mariana siempre tuvo interés por la política y militó en su escuela secundaria, pero muy pronto quiso ejercer una participación desde otro lado, que esa militancia juvenil terminara desarrollándose desde su profesión de antropóloga, volcándolo en el cine. “De alguna manera los temas que se fueron eligiendo siempre tenían que ver con algunas historias que por ahí no están dentro de la ´ Historia oficial ´ o que no tienen una difusión en el marco de lo que aprendemos sobre nuestra Historia argentina, y siempre ligado a los movimientos populares”.

-¿Por qué elegís contar la Masacre de Trelew?

-Era uno de los temas pendientes que teníamos con nuestro grupo de trabajo. Trelew tenía varios puntos, era una historia que había marcado fuertemente toda la década del ´70, en relación a lo que el Estado va a generalizar como acciones represivas y va a diseminar a lo ancho y largo del país. Puede verse como un antecedente inmediato y claro, no porque no haya habido otros episodios, pero de alguna manera, enmarcada en el contexto político del 72, aparece fuertemente construido con un sentido. Y por otro lado, Trelew no sólo permitía centrarse en la Masacre, sino en lo que tiene que ver con la fuga del penal de Rawson: cómo estaba conformada la población del penal, es decir, guerrilla, militancia gremial y sindical. Contar cómo se había relacionado el penal con el afuera, los lazos de solidaridad entre toda la zona. Se muestra un contexto social en donde había una voluntad de cambio radical en nuestro país, a nivel más masivo, no sólo por parte de aquellos que optaban por una militancia muy comprometida y radicalizada, sino de otros sectores que se podían dar a conocer dibujando la historia del penal. Quisimos generar unas texturas en lo que significó esa generación, es decir, por qué el Estado descargó toda su ira sobre este país muy pronto después de la Masacre. Hubo un contexto social que se intentó ahogar, y que se ahogó definitivamente con el golpe de Estado del 76.

-¿Qué recuerdos tenés de la producción de la película?

-Fue muy lindo e intenso hacerla, sobretodo porque fue durante el año 2000, un momento que a nivel de contexto político era muy distinto al de hoy para abordar temáticas que tienen que ver con la militancia, la lucha armada, con la construcción política de esa generación. Y era complicado charlar o entrevistar sobre estos temas y que fueran contemplados desde una película. Conocí a muy pocos familiares de las víctimas en ese momento,  pude contactar a Soledad Capello, mamá de Eduardo Capello, y a Chela Lema, tía de María Angélica Sabelli. Pero una vez que se estrenó, con el paso del tiempo, muchos empezaron a aparecer. Los familiares se empezaron a juntar y comenzó el andamiaje de querella junto con el CELS. Felizmente se escucharon voces pidiendo juicios, y hoy vemos cómo se van concretando, a raíz de su difusión. También aparecieron algunos colimbas más que habían estado en ese momento en la Base y muchos miembros de las comisiones de solidaridad. Esto habla de lo que una película puede generar en el sentido de dejar institucionalizado que se le puede poner palabras a algo que hasta ese momento no se le podía poner palabras.

Además de la necesidad de mostrar historias dejadas de lado, Mariana considera que los documentalistas esconden una voluntad de denuncia y de concientización. Lo que no imaginaba antes de tomar la decisión de llevarla adelante es que pudiera llegar a ser pedida por la Justicia en la etapa de Instrucción de la causa de la Masacre.

“Es un sueño sumar una prueba para la causa. El juez pidió la película al INCAA como instrumento de inicio, como prueba. Quizás puede haber sido un punto de partida que después se fue ampliando a muchísimos testigos. Lo cierto es que nosotros buscamos denunciar su impunidad, que no había tenido la justicia que ameritaba. Por eso, el documental termina con la aclaración de que no conseguimos declaraciones oficiales de las Fuerzas Armadas, ni testimonios de ningún marino en particular. Creo que este juicio es emblemático en algún sentido, porque está inmerso en este proceso de juicios vinculados con crímenes de lesa humanidad, pero creo que es específicamente diferente, porque aborda un momento histórico anterior, que permite mirar y pensar cómo se construyó este proceso represivo que asumió el Estado desde mucho antes del 76. Trelew permite pensar la historia en términos de procesos, y no pensar a la dictadura como algo extraordinario en sí mismo.”

  

Para solicitar una copia del documental o información sobre la causa judicial: http://www.filmtrelew.com/

“En la Masacre de Trelew no opera la prescripción”

Mientras la Justicia lleva adelante los juicios por el asesinato de los prisioneros de Trelew, cuarenta años después -se ve que se tomaron su tiempo-, NosDigital se cruzó un tiempo con la abogada del CELS, querellante en la causa contra los acusados por la Masacre, para que nos explique ciertas claves de los juicios.

A la noche se preparó un homenaje simultáneo en los seis pabellones ocupados por los presos políticos y sociales. Espontáneamente cada uno relataba aspectos de la vida, las convicciones, la personalidad de los caídos, hasta completarlos a todos. Posteriormente hablaron varios enjuiciando y condenando el alevoso crimen y fijando la responsabilidad en la Dictadura y el sistema. Luego a voz de cuello se gritó el nombre de cada uno y cada vez se respondía en forma vibrante y unánime: ¡Presente! ¡Hasta la victoria siempre! [i]

Así relató el inolvidable sindicalista Agustín Tosco su recuerdo acerca del 22 de agosto de 1972, cuando sucedió lo que se conocería como la Masacre de Trelew. 19 prisioneros políticos de los 25 que se habían dado a la fuga hacía poco más de una semana de la Cárcel de Rawson –espacio en el que el mismo Tosco estaba confinado- fueron despertados a mitad de la noche y ametrallados. Solo tres sobrevivieron, aunque su destino tendría el mismo final solo unos años después cuando una nueva dictadura les diese la muerte como a 30 mil hombres y mujeres más.

40 años después nos encontramos con Carolina Varsky, abogada del CELS (Centro de Estudios Legales Sociales) querellante junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa contra siete militares acusados por la Masacre.

-Ustedes en el Juicio proponen que sean juzgados por Delitos de Lesa Humanidad, mientras que la Defensa de los acusados los quieren tratar como delitos comunes, ¿por qué ambas posturas?

-En realidad es así, en cualquier juicio relacionado con Delitos de Lesa Humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, las Defensas siempre aducen que son delitos prescriptibles y en este caso que los delitos pasaron hace cuarenta años. Entonces dicen que fueron delitos comunes, asesinatos en este caso, pero como pasó tanto tiempo ya no pueden ser juzgados. Acá nuestro planteo es que no opera la prescripción, porque son Delitos de Lesa Humanidad ya que constituyen la génesis del terrorismo de Estado en nuestro país.

-La investigación para llevar adelante la causa arrancó hace cinco años, ¿hubo alguna irregularidad, algún problema, que les haya impedido seguir adelante en este tiempo?

-El trámite de la causa fue el común para este tipo de juicios ligados al terrorismo de Estado. Se plantearon ciertos incidentes que pasaron a la Cámara de Casación y luego a la Corte, que lamentablemente demoraron el inicio del juicio. Pero no hubo nada extraordinario que no ocurriese en otras investigaciones. Lamentablemente es un plazo largo, pasaron cinco años, pero lamentablemente también es una característica de lo que duran las instrucciones en los procesos penales en la Argentina, propio al Sistema Judicial del país. Si no, mirá lo que tardan los juicios por corrupción.

-¿Quiénes están sentados en el banquillo de los acusados?

-Luis Sosa, Carlos Marandino  y Emilio del Real son los acusados de ser ejecutores de la masacre; Rubén Paganini, de partícipe necesario, y Jorge Enrique Bautista, por encubrimiento. Ni Roberto Bravo, actualmente en EE UU -quien no concedería su extradición-, ni Alberto Mayorga, por salud delicada  dijeron presente en las primeras dos audiencias; la tercera arrancó este 17 de mayo.

Sobre este oscuro personaje por alguna razón protegido por Norteamérica, Alberto Camps, uno de los sobrevivientes recordaría un año después del hecho: “Otra cosa que indudablemente estaba dentro del plan de la masacre en la Base de Trelew, era que los cuatro turnos de guardia que había, dividían el día en pedazos de seis horas, pero el Capitán Bravo se las arreglaba siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cubría él, con su equipo, las nocturnas y las diurnas. Prácticamente yo diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.[i]

Pero, aún así, Carolina Varsky nos cuenta el trágico razonamiento yanqui para evitar traerlo para su enjuiciamiento: “tiene que ver que es una cuestión de derechos políticos y para ellos no es motivo de extradición”.

Si es un avance el esclarecimiento de estos sucesos –por lo menos por vía judicial- algo más nos hace ruido al escuchar sobre la Masacre: el carácter represivo y violatorio de los derechos humanos por parte de la Dictadura iniciada en 1966. Los sucesos de Trelew no fueron hechos aislados, un exceso, como a los genocidas y a sus amigos les gusta decir. Estuvo enmarcado en una política de Estado: asesinatos, torturas y privación de la libertad hacia aquellos considerados subversivos, peligrosos para el status quo, para el orden imperante.

Lastimosamente al preguntarle a Varsky acerca de la posibilidad de iniciar investigaciones y juicios contra la dictadura de la Revolución Argentina, su respuesta no fue otra: “La verdad no veo que haya un aumento en las investigaciones sobre este período, excepto en este hecho, que tuvo la singularidad de ser una matanza de 16 personas y el intento de matar a otras tres. Pero no conozco que se estén investigando otros hechos ocurridos en la dictadura del ´66”.



[i] Masacre de Trelew, relatos, Agencia Walsh: http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article1376 Fecha de Consulta: 17-05-2012

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