Yo estoy en huelga de hambre

La desaparición de Daniel Solano lleva 20 meses. Su padre hace 14 días está en huelga de hambre por irregularidades en la causa.  Siete policías detenidos y un aborigen que nadie encuentra en Choele Choel.

Desde hace 14 días Gualberto Solano, el papá de Daniel, está en huelga de hambre junto a Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya, otro joven asesinado en Viedma en 2008, y el abogado de la causa Sergio Heredia. Las razones son varias, pero hay una urgente: trasladaron a los siete policías imputados por el homicidio de Daniel (sí, se logró demostrar que lo mataron aunque el cuerpo permanece desaparecido) a la misma comisaría de Lamarque donde cumplían funciones. El traslado se concretó en una camioneta Traffic (y no en las celulares correspondientes) y durante los últimos kilómetros de llegada los policías gozaron de una caravana de familiares que festejaba su regreso al pueblo. El colmo del privilegio es que en esa Traffic viajaron junto a sus esposas y algunos otros familiares.

Lo peor no es esta situación puntual, sino que el cuerpo de Daniel Solano está desaparecido hace 20 meses y, si bien los abogados lograron imputar a 7 policías, la trama de corrupción y impunidad que descubrieron detrás de su asesinato involucra también a empresarios, fiscales y jueces.

La historia de la desaparición de Daniel pone a todos los supuestos que reúnen a las empresas, la policía y la justicia en una mafia criminal a escala pueblerina. Así: la empresa Agrocosecha S.A., comandada por los hermanos Gustavo y Adrián Lapenta, contrataba jóvenes del norte del país que viajaban hasta Río Negro a trabajar en la cosecha de frutas; el trabajo duraba una temporada de 6 meses y les prometían sueldos razonables y cómodas condiciones de vida; al contrario, los peones vivían en gamelas de más de 100 personas y los sueldos eran muy irregulares; en noviembre de 2011, Daniel Solano había cobrado 800 pesos por el mes trabajado, y empezó a organizar a sus compañeros para protestar; la noche del 4 de noviembre, lo invitan insistentemente a una fiesta a la que termina yendo, y en la que se consuma su muerte; a Daniel lo sacan del boliche dos policías que hacían de seguridad, y lo golpean junto a otros cuatro a la vuelta del lugar, donde muere; luego desaparecen su cuerpo; la justicia investigó primero la versión que sostenían los hermanos Lapenta: que Daniel había viajado a Neuquén; la coartada involucraba testigos falsos, además de las amenazas y presiones correspondientes; cuando el abogado Sergio Heredia llegó a Choele Choel, desandó ese camino logrando revertir los testigos falsos, imputar y detener nada menos que a siete policías, lograr que dos jueces abandonen la causa y que cierre la empresa Agrocosecha S.A., a la cual se investiga por fraude laboral.

La causa ahora parece haber llegado a una meseta, producto de tres cuestiones según Heredia:

-“La prima de la jueza está involucrada porque fue una de las abogadas de Agrocosecha”

-“No tiene apoyo político”

-“Quieren dar un mensaje de que si esto queda en la nada, hacen lo que quieren”.

Conviene aclarar que Gualberto Solano, el padre, mantiene un acampe en frente de la fiscalía desde hace 18 meses, esta es su segunda huelga de hambre, es invierno y él es un guaraní del norte de Jujuy, su salud es delicada, y no parece tener problema en demostrar que la injusticia también mata personas.

¿Por qué viajamos tan mal en tren?

Nada nace de un repollo. Para entender la situación actual de los trenes te contamos parte de su historia a partir de un intento privatizador y de la resistencia obrera que originó. Los intereses internacionales quisieron avanzar sobre lo público, con despidos, presiones y violencias. Esta es la historia de la gran huelga ferroviaria de 1961 que enfrentó a los trabajadores contra el gobierno de Arturo Frondizi.

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El ferrocarril pasó a ser uno de los objetivos a desmantelar por el gobierno radical de Arturo Frondizi. Tanta perorata sobre el desarrollismo, la soberanía nacional, el legado de Yrigoyen no sirvieron de nada a la hora de firmar con el Banco Mundial, el 1° de octubre de 1960, el inicio de las investigaciones para la desestructuración de la red ferroviaria nacional. El ex asesor de Logística del Ejército de Estados Unidos general Thomas Larkin vino al país para hacer lo que fue entrenado un soldado: destruir. Un año más tarde, el poder ejecutivo de la Nación propuso el Plan de Reestructuración Ferroviaria – o más conocido como “Plan Larkin”- entre cuyos objetivos se encontraban: eliminar el 50% de la red existente, levantar los ramales sin tráfico productivo, enajenar las tierras e instalaciones sobrantes, privatizar los servicios auxiliares como la reparación y construcción de vías, vagones y locomotoras y las confiterías de las estaciones; y por último, modificar el régimen laboral a la vez de la cesantía de 75 mil trabajadores[1].

A partir de los últimos días de octubre de 1961 comenzó a gestarse una de las más grandes resistencias obreras de Argentina, que encontró no solo a los trabajadores unidos enfrentándose a los medios de comunicación, la patronal y un sindicalismo pasivo, sino también contra las fuerzas de seguridad mandadas por el Presidente para poner al orden la movilización que se le iba de las manos, lejos de conseguir, sin embargo, aplacar la tenaz respuesta ferroviaria.

 

Defendiendo con el cuerpo.

“Los dirigentes de nuestro gremio, devenidos desarrollistas, fomentaban la desinformación. Los compañeros tenían claro que Frondizi nos quería destruir. Se preguntaban si era cierto que venía la huelga, si les convenía plegarse, si iban a poder aguantar (…) dije que la huelga que se avecinaba no la imponíamos nosotros sino que nos estaban empujando”[2], recordaba Juan Carlos Cena, delegado de los talleres de Alta Córdoba. Pero cuando sobrevino la huelga general, pasó de involucrar a los empleados y obreros para convertirse en auténticas puebladas. Para el 1 de noviembre el cese de las actividades era total. Ante la organización, el gobierno respondió con la aplicación del Decreto de Requisición que daba “facultades que otorga el Estado de sitio y eventualmente, la ley de organización del país para el tiempo de guerra interna[3], el cual consitió en la obligación de los trabajadores a volver a sus puestos a riesgo de despido, como del envío de fuerzas de seguridad y militar –Regimiento I de Infantería de Marina- a las estaciones y talleres más combativos.  Cena describió como los huelguistas de Tafí Viejo “dormían en el cementerio, en los nichos vacios, se metían ahí durante el día, respiraban por unas rendijas que les dejaban los compañeros sepultureros de ocasión. De noche, resucitaban por el hambre y el frío; como sombras entre las sombras, llegaban mujeres, hijos, amigos a traerles comida, ropa y novedades (…) En Basavilbaso, los compañeros dormían en los montes y campos cercanos. Habían armado tres comisianos en el sindicato de la Unión (Ferroviaria). Si caía una, la reemplazaba la otra”[4]. La persecusión que sufrían era tenaz, por eso las extremas medidas adoptadas.

La Ley de Requisición permitía al Estado movilizar armas en mano a la población ferroviaria a sus puestos de trabajo, y en caso de negarse, enviarlos directamente a las cárceles. Motivos suficientes para que llegaran a conformarse comisiónes clandestinas encargadas de la liberación de los compañeros en manos de la Policía: “Estos grupos aprovechaban las circunstancias propicias para proceder a la liberación y ocultamiento de compañeros detenidos. A esa tarea se agrega otra: estos boletines de huelga que llegan a los lugares donde cumplen detención los compañeros con el objetivo de interiorizarlos sobre la marcha del conflicto”[5].

El rol asumido por las mujeres en el desarrollo del conflicto fue escencial. Las esposas, novias y familiares de los huelguistas tuvieron el papel de, no solo mantener el hogar durante las extensas semanas de movilización, sino también ir y apoyarlos cuando el enfrentamiento con las fuerzas de represión así lo ameritaba. Por ejemplo en Laguna Paiva, Santa Fe, un tren fue inmovilizado cuando era manejado por rompehuelgas: “Mujeres y niños transportando durmientes para obstruir vías delante y detrás del tren. Hombres que empujaban vagones tanque hasta descarrilarlos obstruyendo los desvíos. En medio de la refriega había mujeres. Mujeres del pueblo (…) que desgarraban sus ropas para empaparlas con kerosene y hacer antorchas para quemar el tren que osó quebrar el solemne silencio de la población en huelga. Mujeres que exhibieron el pecho descubierto a la balacera. Mujeres que con su extraordinario valor hicieron retroceder a los esbirros. Mujeres heroicas y abnegadas que, luego, en silencio y en sus hogares curaron heridas físicas y sintieron la grandeza gloriosa de haber protagonizado un episodio heroico y honroso”[6].

 

El Gobierno y los medios contra la huelga del ferrocarril

Como era de esperar, el poder ejecutivo llevó a cabo una amplia propaganda con el fin de deslegitimar la oposición obrera al “Plan Larkin”. Para el 2 de noviembre, se pudo leer en La Nación: “la huelga por tiempo indeterminado que la dirección de los gremios ferroviarios imponen al país en presunta defensa de la confición nacional de los ferrocarriles, de las conquistas sociales y económicas del personal (…) carece de la más absoluta justificación. Al respecto es deber del gobierno “llamar la atención de las presuntas razones invocadas configura una peligrosa simulación tras lo cual intereses ajenos al gremio y a la clase trabajadora, en general, intentan destruir la paz social, quebrantar la legalidad e impedir el bienestar de pueblo argentino en su totalidad”. Ese mismo día, el Ministerio de Obras y Servicios lanzó una de sus publicidades en la cual afirmaba que “el pueblo –dueño de los ferrocarriles- quiere que los ferroviarios anden bien. Para lograrlo, se hace necesario ir prescindiendo de 75000 agente sobrantes”[7].

Sin embargo, el discurso del Ministerio fue mostrando, según transcurrían los días, su faz conservadora. El 3 de noviembre declararon que “el gobierno actuará con todo vigor frente a quienes prendan utilizar el episodio (huelguístico) con fines de disolución social”.[8] Esta opinión fue compartida ampliamente por muchos sectores. Por ejemplo, Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), consideraban que “el gobierno, con el empleo de seguridad y armadas, si fuese necesario, debe garantizar la libertad de trabajo”[9], a la vez que la Unión Industrial Argentina –U.I.A.- en un comunicado formulaba “una exhortación al gobierno para que no ceda ante la presión huelguística que intenta paralizar y encarecer la producción y engendrar el caos en el país”[10]. El punto cúlmine de estas ideas fueron reflejadas por la nota editorial del 3 de noviembre de La Nación: “es indudable que la huelga ferroviaria persigue un objetivo gremial (…). Es inevitable a esta altura recordar la distinción habitual entre el Estado patrono, persona de derecho privado y, hasta cierto punto, equivalente a los efectos prácticos a cualquier empresa pirvada, y el Estado soberano, titular del poder supremo (…) La huelga indefinida de los ferroviarios –acompañada por actividades terroristas- (…) tiende a lograr mediante la coacción que una política (…) sea cambiada”[11].

 

Entre la victoria y el desaliento

Un mes y medio de desgaste, y los trabajadores no pudieron ser doblegados. El 10 de diciembre, luego de conversaciones entre los gremios La Fraternidad, Unión Ferroviaria y el gobierno, éste debió dar un paso atrás en su pretensión privatizadora. Pese a todo, ocho talleres fueron cerrados, centenares de huelguistas continuaron judicializados y cerca de tres mil trabajadores fueron despedidos.

Aquí, en pleno albor de la década del ´60 arrancó el primer plan sistemático para desbandar la estructura ferroviaria nacional, pero solo por el movimiento de los trabajadores, sus familias e incluso pueblos enteros, se logró romper con esta ambición, que sin embargo, lograría completarse treinta años más tarde en pleno auge neoliberal.

 



[1] Schneider, A. (2005) Los compañeros: trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973). Buenos Aires: Imago Mundi Shneider. Pp. 171.

[2] Idem Schneider, A. Pp. 172-173.

[3]La Nación 5/11/1961

[4] Idem Schneider, A. Pp. 174

[5] Boletín de Huelga nº 16, 17 noviembre de 1961 en Op. Cit. Schneider, A. Pp. 178.

[6] Boletín de Huelga nª 117, 18 noviembre de 1961 en Op. Cit. Schneider, A. Pp. 176.

[7]La Nación 2/11/1961

[8] Clarín 3/11/1961

[9]La Nación 6/11/1961

[10] Clarín 2/11/1961

[11]La Nación 3/11/1961

Repercusiones mediáticas de la primera huelga general argentina

Los medios gráficos nacionales e internacionales de principio de siglo XX hacen eco de las reacciones que provocaron en la sociedad argentina las multitudinarias muestras de descontento proletariado en las principales ciudades industriales y portuarias.

El mes de noviembre de 1902 amaneció con gran agitación, cuando el gremio de panaderos llamó a paro bajo el reclamo de una mejora salarial, la disminución de las largas horas de trabajo y mejores condiciones laborales. La respuesta del gobierno fue bastante clara: una brutal represión. Acto seguido y a modo de solidaridad los obreros portuarios porteños paralizaron sus actividades, originando el cese de las operaciones en el puerto de Buenos Aires, el más importante del país y el motor generador de la mayoría de las ganancias del Estado.

Nuevamente, el gobierno consideró que el mejor modo de solucionar el conflicto era mediante violencia represiva. La sanción de leyes se conformó como el canal para finalizar con la expresión del descontento social. Así, en el Congreso de la Nación se inició el debate para la puesta en rigor de la llamada Ley de Residencia, que facultaba al Poder Ejecutivo y Judicial la posibilidad de apresar a los inmigrantes considerados subversivos para el orden público y deportarlos.

Ante esto, algunos diarios porteños clamaban de alegría: The Review of the River Plate comentaba que “La generalización de la huelga ha abierto por fín los ojos de las autoridades y el problema de obtener una ley del Congreso que faculte al gobierno a expulsar del país a los extranjeros indeseables se ha puesto en discusión de nuevo. Creemos que esta vez algo se hará al respecto.” (22 de noviembre de 1902). Al mismo tiempo que The Standard aducía que se debía “capacitar al gobierno a adoptar medidas tan rigurosas como sea necesario para volver los sentidos de los hombres, esos hombres descamisados y embaucados por algunos anarquistas y los llamados reformistas sociales.” (22 de noviembre de 1902).

Esto no carecía de propia lógica: la apertura del país a la inmigración, que ya era masiva desde 1880, había permitido –argumentaban ciertos sectores de la sociedad- el ingreso de numerosas personas de ideologías anarquistas y socialistas que diseminaban actividades políticas contestatarias antes desconocidas. Por eso, para aplacar la movilización había que terminar con sus promotores: los extranjeros extremistas.

Sin embargo esta visión es por lo menos parcial, dado que la conflictividad social no puede haber sido simplemente fruto de ideas importadas, lejos estamos de alejarnos en el análisis de las condiciones nefastas en que vivía la clase obrera argentina. Mirta Lobato cuenta que “en 1897 un estudioso de los trabajadores de la Argentinaescribía sobre las condiciones de labor y remarcaba las pésimas condiciones existentes tanto en Buenos Aires como en el resto de las provincias, en particular en el Norte (…) Esa explotación de los trabajadores se realizaba con el fin de tener peones baratos, disciplinados y dispuestos a soportar todas las ignominias de los industriales y sin derecho a protestar”[i].

Ante este panorama, la anarquista Federación Obrera Argentina (FOA) llamó a huelga el 20 de noviembre. La causa, en palabras de The Standard: “Hay una fuerte agitación para obtener la sanción del Congreso a lo que se ha llamadola Ley de Residencia. La medida, cuya constitucionalidad está en serias dudas, capacitaría a las autoridades a disponer de muchos de los anarquistas principales que son responsables de las huelgas” (21 de noviembre de 1902).

Al día siguiente, la huelga se conformó en un éxito inédito para la historia del país, tomando proporciones masivas que sorprendieron al mismo gobierno, dada la presencia de veinte mil obreros en paro y en las calles: La Prensa: “Jamás en la República Argentina se produjo un movimiento obrero de defensa y de protesta, de las proporciones y la trascendencia actual.” (21 de noviembre de 1902).

Para ese momento, portuarios de otras zonas y ciudades –Rosario, La Plata, Villa Constitución y Bahía Blanca- cesaron su trabajo, originando la caída de los ingresos de aduana en un 80%, La Prensa, representando la alarma generada en los estratos burgueses de la sociedad, sentenciaba que “Se ha planteado, pues, todo un problema económico de primera magnitud, que afecta por sus fundamentos a la riqueza pública”[ii] (21/11/1902).La Ciudad de Buenos Aires estaba repleta de obreros parados y colaboradores que en las propias calles definían el futuro de la cuestión. Pero el Estado no se mantuvo inmóvil, por un lado diseminó rompehuelgas cargando armas de fuego, policías y las propias Fuerzas Armadas -por primera vez velaban ante un conflicto laboral- bien desplegados por los barrios obreros de Buenos Aires.

El día siguiente nació decisivo: el Congreso llamó a una reunión extraordinaria para la discusión de la tan resistida Ley de Residencia. A la vez, el número de huelguistas aumentaba a 70 mil y la FOA llamaba definitivamente a huelga general: “La Gran huelga obrera continuó ayer generalizándose. Aprovechando el día feriado, todas las sociedades gremiales celebraron reuniones muy concurridas, en las cuales fue ratificada la huelga general” mostró La Prensa en su tirada del 23.

El 24 marcó el principio del fin para la protesta del movimiento obrero. En tiempo record fue aprobadala Ley, el gobierno aplicó el estado de sitio y extendió la represión mediante las FF.AA y la Policía. Aunque en los primeros dos días, la FOA intentó resistir, fueron vencidos hasta verse obligados a llamar al retorno al trabajo el día 26. La primera huelga general en Argentina y América Latina llegaba a su ocaso. En las primeras 72 horas de efectivización de la Ley más de quinientas personas habían sido deportadas.

Más allá de haber sido derrotada, desde diferentes partes del continente afines se vieron con buenos ojos los resultados obtenidos en esta semana plenamente activa para el proletariado nacional. La Agitación de Santiago de Chile marcaba que “indudablemente ha sido hermoso, sublime y grandioso el movimiento del proletariado argentino” (diciembre 1902), paralelamente que La Rebelión afirmaba que “en general, el movimiento ha sido una elocuente demostración del poderío de la clase obrera… Podemos estar satisfechos del triunfo moral obtenido (…) Lo que podemos afirmar con seguridad es que en ninguna parte el proletariado se ha rebelado contra el capital impulsado por un espíritu libertario como el que inspiró la huelga general en Buenos Aires” [iii](diciembre 1902).

 

[i] 9 Mirta Zaida Lobato: “Los trabajadores en la era del “progreso” en Mirta Zaida Lobato (directora): El Progreso, la modernización y sus límites. Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2000. Pp. 474.

[ii] Agustín Santella, De la revolución a la movilización. Las huelgas generales en argentina, 1902-2002.

[iii] Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, México, D.F. Siglo Veintiuno, 1978.