Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

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Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

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Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

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A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

Atención policía

Frente al proyecto de Diputados de poder calificar de ilegales protestas sociales que son bien legítimas, la represión se ha recrudecido en todo el país utilizando desde infiltrados a balas de plomo y accidentes simulados.

A la altura del kilómetro 30 de la ruta Panamericana, donde se encuentra uno de los centros industriales más grandes del país, se toma el pulso de una realidad que involucra a trabajadores, gendarmes, automovilistas y a todos: el de la llamada “protesta social”.

Allí y desde hace años se discute cuerpo a cuerpo el derecho, la legitimidad y los límites de los reclamos laborales y también la respuesta del Estado frente a estos conflictos. Últimamente, apareciendo en su faceta más terrible: la coerción por parte de las fuerzas de seguridad.

En el último año se sucedieron una serie de represiones a trabajadores que tienen nuevas características, trazan una tendencia y rebotan en la campaña mediática y en los recintos políticos.

Mientras se discute en comisiones de la Cámara de Diputados un proyecto de ley -impulsado por  Diana Conti, Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, entre otros, todos del Frente para la Victoria-  que busca regular la protesta, Sergio Berni -Secretario de Seguridad de la Nación- dice que con el código penal basta para garantizar la circulación en las rutas federales. Patea el conflicto laboral al Ministerio de Trabajo que genera cada vez menos instancias de mediación, ciertos diarios publican como noticia la preocupación de los empresarios ante la preeminencia de comisiones internas obreras “de izquierda”, se difunden videos donde se demuestra la presencia de infiltrados en las manifestaciones, la gendarmería usa balas de goma, muestran armas de fuego, van con perros sin bozal, detienen ilegalmente y abren causas penales contra trabajadores.

Los casos de Lear y Donelley

“Cada vez son mayores los operativos”, dice de primera mano Jorge Medina, delegado de la comisión interna de la gráfica Donelley -cuya quiebra mereció la atención de la presidenta- y uno de los reprimidos en distintas secuencias de los últimos meses. La primera: el 8 de julio en la Panamericana cuando se acoplaban a la protesta de la autopartista Lear. Aquel martes se mostró el quiebre o el comienzo de la escalada represiva que siguió: “Había como una norma implícita de que toda protesta era en horario temprano, duraba un rato, venía gendarmería y se levantaba”, dice la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y representante de algunos trabajadores, Myriam Bregman.  “El 8 de julio generó un cambio absoluto y es porque la gendarmería no vino a negociar y dijo: `se van ya mismo porque vamos a pasar por acá, por arriba de ustedes´”.

El delegado Medina recuerda de la jornada: “La gendarmería avanza y nosotros retrocedemos, pero no nos dejan bajar de la ruta porque nos pusieron a la bonaerense al costado. Entonces empezó la represión y los disturbios, y en lugar de durar un rato la protesta duró todo el día. Hubo heridos, detenidos, ambulancias…”.

La siguiente represión ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, cambiando también el actor represivo -esta vez la federal-: fue el jueves 26 de junio cuando trabajadores de Lear y Donelley marcharon desde Callao y Corrientes hasta la Cámara de Comercio Estadounidense, en contra de los despidos y suspensiones. Aquel día la policía tiró gases, rapartió palos y llevó detenidas  dos personas a la comisaría 5°.

En ambos casos, las represiones fueron respaldadas por declaraciones de Sergio Berni apelando a la “libre circulación” de rutas y calles, es decir planteando el viejo dilema del derecho a circular por sobre el derecho a la protesta. La nueva arista resultó ser la demonización de los sindicatos “de izquierda” como crítica a la forma de llevar adelante los reclamos.  “Es como que el foco de la criminalización lo están poniendo ahí, buscando el izquierdómetro y a partir de eso el origen de la protesta parece que no son los 200 despidos sino que es porque son de izquierda”. El delegado Medina opina  sobre los métodos de protesta: “Los cortes y los piquetes son los métodos tradicionales de la clase trabajadora que nos permitieron conquistas históricas, como las jornadas de ocho horas. Hay que tener en cuenta que, si llegamos a ese punto, es porque todas las otras instancias se agotaron”. Medina apunta al cerco entre la empresa, el gremio cómplice y el Ministerio de Trabajo. En los casos de estas empresas, luego de años de comisiones internas que respondían a la llamada “burocracia sindical”, y con el pulso de las explotaciones cotidianas, han ido ganando terrenos comisiones internas más combativas que no se quedan de brazos cruzados, cuestión que no implica que sean todas de izquierda: “De la comisión interna de Lear sólo uno se reivindica como `de izquierda´”, cuenta.

Con Berni al frente de las represiones, otra parte del oficialismo discutiendo la regulación de la protesta, la presidenta Cristina Fernández se encargó de ir contra las maniobras empresarias en Donelley al anunciar que se iba a aplicar  la Ley Antiterrorista a sus directivos: planteaba que la gráfica tenía accionistas de los fondos buitre y que la declaración de su quiebra era una maniobra especulativa en contra de los intereses del país. Medina interpreta: “Estamos a favor que se revise el accionar de la empresa, pero no apoyamos la Ley Antiterrorista, porque sabemos que se le aplica una vez a una empresa y cien veces a los trabajadores”. Actualmente Donelley se encuentra bajo control de los trabajadores mientras se resuelve su situación en una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo: “Nosotros planteamos la estatización de la planta con control obrero. Nos dijeron que sólo estatizaban servicios, pero nosotros podemos brindar un servicio de imprenta para el Estado”, dice Medina.

Denuncias y decreto

La abogada Bregman cuenta que, desde entonces, “estamos metiendo una denuncia por semana”, en referencia a las causas abiertas por el Estado contra los trabajadores y que éstos responden con denuncias a las propias fuerzas de seguridad. “Pedimos como medidas de prueba que gendarmería diga bajo qué protocolos de actuación intervinieron. Si fueron con perros sin bozal, tiraron balas de goma para dispersar, no dialogaron, ¿en qué protocolo está eso?”.

La pregunta apunta al decreto que la Secretaría de Seguridad, en 2011 a cargo de Nilda Garré, promovió para regular la actuación policial en manifestaciones sociales: entre otras medidas se prohibía la portación de armas de fuego, se restringía el de balas de goma únicamente al “uso defensivo” y obligaba al personal de la fuerza a portar una identificación advertible a simple vista. Estos estándares se habían fijado como resultados de la represión que terminó con muertos en la toma del Parque Indoamericano y del crimen de Mariano Ferreyra.

“Se había logrado una base de discusión importante que se pretendía que avance a contextos provinciales”, dice Paula Litvachky, responsable de Violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Incluso provincias que acataron los 21 puntos del decreto mostraron practicas muy regresivas también: Jujuy, Chaco, Tucumán; esto no pasa sólo acá. Se vienen viendo situaciones complejas con respuestas policiales regresivas y ahora aparecen con más preocupación algunos retrocesos de las propias fuerzas federales”. Litvachky enumera: “Portación de armas de fuego de policías, uso de escopetas de balas de goma para disuadir, uso de perros, preponderancia del operativo policial y situaciones particulares como el gendarme al que se vio tirarse arriba del auto simulando un accidente o la persona que aparece de civil como infiltrada. Esos son elementos preocupantes”.

-¿Qué cambió? Las respuestan parecen ser dos:

-“La frecuencia con que se están dando las protestas, y en el modo en cómo se están respondiendo. Vemos con preocupación cómo posiciona el Estado en la mayoría de los casos con una respuesta policial antes que política. Sin una actitud ingenua, a veces estas mediaciones políticas son complejas, pero estamos planteando que si bien esto es complejo y no tiene una respuesta unívoca y hay distintas miradas que hay que entender, nuestra preocupación y alerta, sobre todo por la historia de nuestro país, es la respuesta policial que se está dando a las protestas y los hechos de mayor violencia que se están produciendo.

– En esos términos el rol del Ministerio de Seguridad es central en reafirmar esos criterios de actuación más allá de la discusión que pueda haber política sobre los conflictos, y entendiendo que no se puede admitir que se retroceda sobre esos avances para la protección de las personas que protestas y de todas en general”, asegura  Litvachky.

Cómo avanzar

“La discusión para nosotros es que tenga mejor rango normativo”. Litvachky aclara que refiere esto para volver a respetar los estándares planteados en 2011 y no a la ley que se discute presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria en abril. En él, los puntos más polémicos giran en torno al planteo de declarar protestas como “legítimas” o “ilegítimas”. Para ser considerada “legítima” una protesta debe no impedir el funcionamiento de los servicios públicos -educación, salud, seguridad-, permitir la circulación parcial de personas y vehículos, especialmente la de grupos vulnerable, y establece que los organizadores deben informar de la manifestación ante la autoridad policial con 48 horas de anticipación: lugar, tiempo de duración, objeto de la protesta y manifestante delegado. Se crea la figura del “mediador” quien se contempla como “personal civil” del Ministerio de Seguridad y tendrá entre sus funciones pactar condiciones del “cese de la perturbación a derechos de terceros y canalizar las demandas al área correspondiente”.

Por parte del CELS Litvacky remarca sus diferencias con el proyecto: “Para nosotros es preocupante que se sostenga la separación entre protestas legítimas e ilegítimas, pacíficas y no pacíficas, pero sí sería muy importante que se le de rango legislativo a criterios de actuación policial en la línea que venimos charlando. La preocupación es que se quiera legislar en forma restrictiva y dando lugar a esta idea de que la protesta es abusiva o ilegítima. A partir de ahí hay que ver cuál es la propuesta que avanza, que no está clara la discusión ni dentro del propio bloque”.

Unas buenas

Las pocas buenas noticias en este sentido tienen que ver con dos decisiones  judiciales que ponen en jaque el accionar de las fuerzas de seguridad en dos casos relevantes: el de la represión por parte de la Metropolitana de la Sala Alberdi, y la que investiga a la Gendarmería por el llamado Proyecto X.

Por la primera,  el 13 de agosto fueron detenidos Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, dos efectivos de la Metropolitana acusados de “tentativa de homicidio simple” de los periodistas Esteban Ruffa y Germán de los Santos, quienes recibieron impactos de bala de fuego aquella jornada. Analiza Litvachky: “Se sostiene que integrantes de la Metropolitana intervinieron de forma ilegitima en un procedimiento. Eso es muy importante por un lado porque rompe con las resistencias y las inercias judiciales que limitan los avances de los casos. Y por otro, porque el Gobierno de la Ciudad no ha condenado ni ha criticado la actuación policial cuando tienen este tipo de desenlaces. No ha habido un mensaje político manifestando que no está de acuerdo con este tipo de actuación policial. Y lo resuelto por la Justicia es muy claro: no se puede seguir admitiendo este tipo de prácticas. Lo que se debe exigir es una actuación administrativa, porque no son dos policías que se volvieron locos: acá hubo una seguidilla y aparece como una especie de patrón de intervención de la Metropolitana”.

La otra causa que apunta contra efectivos de la fuerza toca a gendarmes, en este caso investigados por su actuación en el llamado Proyecto X: un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. La causa estudia si el recabado de esta información es legal o no, y de la forma en que se obtuvo: infiltraciones, seguimientos, espionaje. Por la misma estaban citados a indagatoria una serie de gendarmes el último 12 de agosto, pero ninguno se presentó. No sólo eso: recién ese día designaron un abogado defensor y pidieron sacar copias de la causa. Dice Bergman, la denunciante del caso: “Recién ahora los gendarmes se dieron cuenta que tienen que defenderse. Que ya no es, como dijeron, una causa inexistente, sino que es una cosa seria por la que deben dar respuestas. Llega en un momento en que la intervención de gendarmería se reagudiza con las mismas características que denunciamos en esta causa”.

Vaciados

Crónica en la carne de los trabajadores de EMFER, que reclaman que el servicio se estatice ante una típica maniobra de vaciamiento en manos de los Cirigliano. 

-Sí, supongo que ahora te van a dejar pasar. Son dos cuadras desde la Estación Miguelete- me dice Ezequiel Peralta, delegado de EMFER, fábrica de material ferroviario.

Hay un cana ahí en la estación, en San Miguel, del lado sur. Una camioneta de la Federal más atrás. 2, 3, 4, 5, en el lado norte. Es para allá. 6, 7, 8, 9… Antes de los primeros papeles impresos contando que no les pagaron la última quincena ni el aguinaldo, aparece un colectivo de la Federal. Está vacío. Los policías están todos abajo. Hay un gendarme con mucha cara de muy malo. Gigante. La boina lo empeora. Los federales que lo rodean ya hasta me parecen chiquitos. Más adelante, otro bondi, pero lleno. La escena sigue del otro lado de la entrada, pero prefiero mandarme con los trabajadores.2014-07-10 17.31.14

Están tranquilos, tomando mate, jodiendo mayormente sobre sexo. Van cuatro días de toma, nada más. Hay gente de EMFER y de TATSA, que produce colectivos y camiones. El predio alberga a las dos empresas. Hablo con Julián Radic, el único procesado entre los 11 imputados por diversas causas penales. Es de la comisión interna. La única forma de rajarlos que tienen es con causas penales. Una de las causas es por mostrarle al juez Bonadío papeles que incriminan a los hermanos Cirigliano, dueños de las fábricas hasta este año. Desde la masacre de Once, la producción no subió, sino que bajo, porque le sacaron las concesiones de las líneas y la misma empresa china que vendió los trenes, compró la fábrica. Desde entonces comenzaron los problemas en TATSA y EMFER.

Al no pago de salarios y cargas sociales se le suma el miedo de que los dejen sin trabajo. Como en todas las fábricas que quiebran, los Cirigliano se llevaron camiones llenos de la fábrica. Comenzó el vaciamiento.

Mientras me muestra la fábrica, entre galpón y galpón, Pajarito me cuenta que son 340 los trabajadores, que la producción no llega ni al 10 por ciento de la capacidad, que hay formaciones holandesas que así como llegaron, se quedaron ahí. Después, un compañero suyo con 33 años de antigüedad me explica que le faltan las tapas de cilindro, que los compraron así. Pueden, y me lo muestra, fabricar desde cero o reestructurar trenes.

Pero la voluntad fue para comprar desde China. Alfredo Luque, delegado EMFER, explica, como si estuviéramos de vuelta en los `90: -No sé qué espera el Estado para estatizar esto de una vez por todas. Nosotros trabajamos para el Estado, hacemos trenes. La patronal ya dijo que no tiene plata. Esperamos que el Estado intervenga.

Julián Radic, el delegado procesado, me explica que no quieren ser una cooperativa, como se les ofreció. Son muchos laburantes. Las tensiones van a existir. La desconfianza también. La organización sería extremadamente complicada. Las fábricas recuperadas en Argentina tienen un promedio de 43 trabajadores. Y me repite una razón más: “Prácticamente nuestro único cliente es el Estado”.

Pajarito, ya saliendo de la fábrica, me cuenta de la represión del martes 8 de julio, cuando salieron a cortar la General Paz para exigir aunque sea negociación, para no perder sus puestos de trabajo. Cuando la policía avanzó, los Cirigliano estaban negociando… Se lo dijeron al encargado de la represión. Nada cambió. Eran cerca de las 8 de la mañana. Había estado cortada la ruta de acceso a la ciudad desde el Noroeste. Los medios ya empezaban a hablar de la tensión en el corte, de los trabajadores que no podían llegar a sus puestos. Pajarito y todos los compañeros que nos cruzamos están orgullosos. Defendieron sus puestos de laburo. “Y ellos también tienen miedo, no te creas”, me dice otro obrero hablando de los policías. “Les dimos con lo que encontramos”.

Momentos después de la represión, tuvieron que salir a dar explicaciones ellos. Que no somos delincuentes, queremos trabajar. Que cortar la calle es un delito. Que si contravención, que si delito, que qué derecho está por encima del otro, que vagos, que… El periodista Gustavo Sylvestre, por ejemplo, hablando con el delegado de EMFER Barberán, se salió del molde. Se fue al pasto directo. Arrancó no preguntando por las causas del reclamo, sino por la metodología. Que ya habían hecho todo: escraches, marchas…

-¿Y por qué no sacan los vagones a un cantero de la General Paz, al costado, para mostrar lo que ustedes hacen y que los trenes se pueden hacer en la Argentina? – dijo…

Hasta tanto construyan las vías para poner las formaciones al costado de la Avenida, con letreros que expliquen por lo que pasan, van a seguir tomando la fábrica para que las reuniones pactadas se efectivicen. Después de la represión consiguieron una con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Transporte Ramos. No consiguieron nada de lo que pretendían, pero destacan que la empresa sí: “Logró su objetivo de destrabar fondos públicos para –según la patronal- poder hacer frente a los salarios”.

Llegando a la salida, uno me dice “éste me salvó la vida”, señalando a otro que pasaba por ahí. Lo había levantado por el terraplén cuando estaba hecho mierda. El salvado quiere ir a comprar puchos. Me ve con la cámara. “¿Che, me acompañás a comprar al Makro, que afuera me tienen re fichado?”.

2014-07-10 17.13.18

La guerrilla argentina en La Prensa

El Ejército Guerrillero del Pueblo fue la primera guerrilla argentina organizada por el propio Che Guevara. Con el mando del Comandante Segundo, Jorge Masetti, aquél periodista que se enamorase de la Sierra Maestra en plena ebullición de la Revolución Cubana. En esta nota mostraremos los últimos días del grupo, cuando ya rodeado por Gendarmería Nacional, intentaba sobrevivir y mantener viva sus ilusiones revolucionarias.

La empresa del Ejército Guerrillero del Pueblo empezó en Cuba bajo las órdenes mismas del Che. Con tal padrinazgo, los sucesos que se dieron un tiempo después parecieron ser una obra de tragedia griega, donde inesperadamente los héroes pasan los tormentos más crueles y terminan entre humillados y muertos. Ahora, los jóvenes del Ejército Guerrillero del Pueblo lo vivían en carne propia. Entre marzo y abril de 1964 la guerrilla fue desapareciendo, perseguida implacablemente por la Gendarmería argentina. Muchos cayeron en sus manos y otros murieron de hambre o en accidentes.

Uno de los periódicos más importantes del país para ese entonces cubrió lo que estaba sucediendo en el norte argentino. La Prensa hablaba de subversivos y aventureros, de miles de teorías conspirativas, de relaciones con la URSS y con Cuba, de redes clandestinas que se movían entre las sombras para romper con el país: “Dentro de la mayor reserva continúan trabajando las autoridades de la Gendarmería Nacional, en procura de localizar las ramificaciones del grupo Castro-comunista” (La Prensa, 7 de marzo 1964).

Día a día mostraban los avances de las fuerzas de seguridad en la región. Si en la primera semana de marzo no le habían dedicado ni un renglón, desde el séptimo día no faltó más una columna como mínimo que hablase del tema. Tal vez, los gendarmes ya estaban muy seguros de su victoria y se abrían a los periodistas. “Descubrieron en Salta otros dos depósitos de armas. Se efectuaron más allanamientos” (La Prensa, 9 de marzo 1964), “Hubo otra detención en Orán. Está vinculada con la investigación de los grupos Castro-comunistas” (La Prensa, 10 de marzo 1964).

Mientras tanto, en la selva las cosas eran desastrosas: “Cuando vi la huella  –de los perseguidores-  no comimos más. Ya llevábamos 30 días sin comer, y caminando sin parar. Y ya no podía caminar”[i], describió 40 años después uno de los guerrilleros, Hector Jouvé.

“Otro guerrillero fue detenido en Jujuy. Se le secuestraron ejemplares de una proclama subversiva.” (La Prensa, 12 de marzo 1964). “Los guerrilleros son perseguidos de cerca” (La Prensa, 18 de marzo1964”).

Las cosas iban de mal en peor para los guerrilleros. Ya disgregados, era un verdadero sálvense quien pueda: “Llegamos al campamento donde estaban los que habían sobrevivido. Vimos a Diego herido, que estaban sin comida (…) A todo esto ya habían muerto Marcos, César… y Diego estaba muy mal. Subimos por una grieta y llegando casi a la punta Antonio Paul se cae y no lo pude alcanzar. Cayó en caída libre…”[ii].

Al día 21 Masetti se iba a ir para siempre. Enfiló para la jungla y nunca más se lo encontró. Rodolfo Walsh escribiría: “Se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo. En algún lugar desconocido el cadáver del comandante segundo empuña un fusil herrumbrado.”.

Por último, La Prensa y los detenidos: “Siguen incomunicados los detenidos. Se agrega que (…) continúan incomunicados y son sometidos a frecuentes interrogaciones por parte de (…) Gendarmería Nacional” (La Prensa, 11 de marzo 1964). Ahora pasemos a cómo eran tratados… Juan Alberto Castellanos, uno de los cubanos que participaba, le contó a NosDigital su paso por las cárceles argentinas: “Mira, nos golpearon bastante. Pero nos dieron golpes nada más, unas cuantas palizas.”[iii] Jouvé, en cambio, iba a ir un poco más allá: “Nos torturaron bárbaramente, no de manera científica, fue brutal. Culatazos en la cabeza, patadas, muy cruel… no murió ninguno de casualidad. Nos tenían ahí aislados en habitaciones que estaban en la parte delante de la guardia (…) Nos habían estado dando de comer solo una cabeza de vaca podrida, sopa llena de gorgojos, pan viejo…con decirte que llegué a pesar 48 kilos.”[iv].

A mediados de 1963 cerca de 20 personas se metieron en la región más marginal y pobre de Salta, con el objetivo de participar de un movimiento revolucionario que uniría América Latina en una sola. “El EGP sirvió, no fue ninguna aventura, plantamos la semilla” nos dijo Castellanos[v], y así fue. A los pocos años los movimientos políticos-armados renacerían en Argentina con mayor vigor que nunca.



[i] La intemperie, Córdoba, 2004.

[ii] Ídem, La intemperie.

[iv] Ídem, La intemperie.

[v] Ídem NosDigital.