El cielo del desengaño

En Neuquén, asesinaron a Teresa Rodríguez, fusilaron a Carlos Fuentealba, a Rodrigo Barreiro le perforaron un pulmón en una manifestación, a los mapuche los persigue la policía, a Matías Casas lo mató un oficial, denuncian que a Rubén Soazo lo liquidaron en una comisaría. Braian Hernández y Willy Gutiérrez también fueron víctimas. Aquí la radiografía de la represión.

Neuquén está muy dividida. Está resistiendo a la hidrofractura (fracking). En agosto de 2013 se firmó el acuerdo entre Chevron e YPF para explotar los yacimientos de Vaca Muerta, que ocupan casi dos tercios de la provincia. Desde entonces, los mapuche tienen que ver cómo la policía avanza más que antes sobre su territorio para dejarlo a terratenientes y petroleras. No importa la Ley de relevamiento indígena, no importa quién esté ahí, no importa el agua que queda contaminada. La hidrofractura acentúa la fractura social. Hay promesas de plata. Unos se entusiasman. Otros prevén el crecimiento de la droga, el juego y la prostitución.

Algunos datos de 2013:

550 mil habitantes en la provincia. 231 mil en la Ciudad.

Promedio de edad, 35 años. El más joven de la Argentina.

Provincia más rica de la argentina: por año, dispone de 16 mil millones de pesos; produce 22 mil millones.

El 10 por ciento más rico se lleva 30 veces más que el 10 por ciento más pobre.

Segunda ciudad, detrás de Bahía Blanca, con más indigencia porcentual: 2,5.

Sueldo inicial docente 5 mil. Refrigerio por alumno 30 centavos.

Gerente de petrolera llega a 150 mil pesos por mes.

57 por ciento de los habitantes no tienen techo propio.

Cuando en la legislatura neuquina se firmó el pacto Chevron-YPF, hubo afuera una represión a quienes se manifestaban en contra. Rodrigo Barreiro estaba ahí. Fue herido con una bala policial y de plomo, que le quedó en el pulmón . Otro perdió un ojo por una bala de goma.

En esa misma ciudad donde Barreiro podría haber muerto durante una manifestación, siete años atrás, el maestro Carlos Fuentealba fue fusilado por el policía Darío Poblete mientras se desconcentraba por segunda vez el corte de ruta para pedir aumento salarial.

En esta provincia, donde Fuentealba fue asesinado durante una movilización y Barreiro por poco no corrió la misma suerte, en 1997, Teresa Rodríguez murió por un balazo policial en una movilización de docentes en Cutral-Co, también por aumento salarial. No era docente. Pasaba por ahí.

Los responsables políticos, como el gobernador de turno, Felipe Sapag (muerto en 2010), Jorge Sobisch y Jorge Sapag (hijo de Felipe), están impunes. “Ya no puede caminar tranquilo”, aseguran, sobre Sobisch, militantes de derechos humanos. Pero sigue libre y en la gobernación siguen las mismas políticas. Poblete sí fue condenado, pero también se lo vio caminando por la calle tranquilamente. El asesino de Teresa Rodríguez nunca se conoció. Los policías que “abusaron” de sus armas tienen condena en suspenso y volvieron a sus puestos.

Lexaru Nawel, de la comunidad mapuche de la ciudad de Neuquén, recuerda que desde la infancia vio a la policía actuar así. En manifestaciones, y en los barrios. Genera odio, dice, y se acuerda de cómo los amigos de los chicos atacados y perseguidos se sacan la bronca respondiendo a los balazos con piedras.

A Matías Casas lo mató el policía Héctor Méndez por la espalda en 2012. Según la versión de Méndez, su hijo y Matías habían discutido. En el juicio se reconstruyó el asesinato: el policía lo fue a buscar a Casas, que se estaba despidiendo de su novia, ya subido a su moto. Le disparó por atrás, Matías arrancó y cayó cuatro cuadras más adelante. Méndez se aseguró de que la ambulancia no lo atendiera a tiempo. Lo pateó en el piso. Otros policías lo encubrieron. “Accidente de tránsito”, argumentaron. Después de constantes movilizaciones de los familiares de Matías, y después de que la Justicia postergara las audiencias de lectura de la condena, le tocó cadena perpetua.

Rubén Soazo entró a robar a una casa del barrio Barreneche el sábado 12 de julio. Ahora está muerto. La policía dice que fue un enfrentamiento. No se encontraron vainas del arma que supuestamente llevaba Soazo. No hay policías heridos. La familia de Soazo vio el cuerpo. Le faltaban dientes, estaba todo golpeado, quemado y tenía los dedos reventados. Yoina, la pareja, y la madre están seguras de que lo atraparon en la casa y lo mataron en la comisaría después de torturarlo. Consiguieron que un vecino les contara que a Soazo lo vieron salir esposado. “Altamente profesional”, considera Raúl Laserna, el jefe de la policía, al accionar de sus muchachos.

“La policía es una basura”, repite y repite Beatriz Currihuinca, la madre de Willy Gutiérrez, que fue asesinado el día después de declarar contra el policía Claudio Salas en el juicio por la muerte de Braian Hernández. “Para describir a la policía no tengo palabras. Son terribles”, vuelve a decir. No cuenta que a los chicos que detiene la policía sin motivos, de forma ilegal, después los hacen robar, “trabajar para ellos”, a cambio de dejarlos salir y hacer entrar visitas a la cárcel. No lo cuenta, pero le consta. Sí dice que la policía agarra a los chicos así estén en la esquina, vengan del colegio, de su trabajo… “Yo he visto. Lo he visto yo. Lo primero: ‘Manos arriba del móvil’. Los abren de piernas con patadas en los tobillos. Los hacen gritar. Los agarran de sus partes. Saben andar borrachos en la calle, de uniforme. Los agarran de palmetazos en las orejas”. Sigue repitiendo que la policía es terrible: “Hasta con picana les dan”.

Willy estuvo detenido dos veces, durante un año en cada oportunidad. Las dos veces fue absuelto. No tenía nada que ver. Le contó a su madre que, con lo que las familias alcanzan a los presos, los guardias se divierten: mezclan sal y yerba, azúcar y sal.

La organización por los derechos humanos Zainuco denunció en agosto que la policía neuquina realizó una “operación rastrillo”: aumentar la policía en los barrios pobres de la ciudad, pero también los allanamientos y detenciones ilegales, así como las torturas. En una casa del barrio Cuenca XV, efectivos de la comisaría 18va entraron a buscar a un chico de 18 años que supuestamente había robado una billetera. No tenían orden judicial ni pruebas, pero violentamente lo detuvieron igual. A los padres amenazaron con matarlos si seguían “molestando”. En esa comisaría trabajaba Salas, el policía que mató a Braian Hernández y fue condenado después de que Willy Gutiérrez declarara en su contra y también contara que en esa misma dependencia agarran pibes todos los días, los golpea y tortura. Ni el chico detenido esa noche ni todos los demás fueron excepción. Los golpearon, los desnudaron, los hicieron salir desnudos y les hicieron submarino seco: los ahogaron con una bolsa de nylon en la cabeza.

Vanesa Anahí Pérez, militante de Convocatoria, también es víctima de la policía. La detuvieron en la esquina de su casa. “A ver qué va a hacer Zainuco –organización por los derechos humanos en la que militaba su madre, María Elena Cauquoz, relacionando a la organización con la madre- por vos”. No hubo registro de entrada ese sábado 8 de junio de 2013, cerca de las 6 AM, sino recién cuando se desmayó por los golpes. La trasladaron a la comisaría 1ra, donde el ex jefe de la Unidad 11 le recordaba lo parecida que es a su madre y los más íntimos detalles de su familia, que ni siquiera muchos compañeros suyos conocen. “Vos sabés por qué te trajimos”. La obligaron a firmar una denuncia por escándalo en la vía pública a las 4 AM del domingo. La mandaron al hospital Castro Rendón, donde le detectaron hematomas en ambas muñecas, lesión y hematoma en maxilar izquierdo, como en la cadera izquierda, pierna y rodilla izquierda, además de escoriaciones en la espalda y pechos. “Es típico. Hace poco descubrimos que a ella la ingresaron en la puerta donde funciona el aparato de espionaje a militantes. Ella apareció, pero si no hubiera sido registrada, podría haber desaparecido. Eso pasa con mucha más frecuencia con los chicos de los barrios”, denuncia su madre, Cauquoz.

¿Cómo hacer tu propia escuela?

Guía práctica para que cada vecino y vecina, de 0 a 150 años, pueda hacer su propia escuela pública en caso de que, una vez más, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires falle en la generación y en la distribución de vacantes on-line para el ciclo lectivo de 2015.

La Guía se presenta en la misma semana en que se lanzó la nueva inscripción, que podrá hacerse por internet o llamando al 147, un call center del Gobierno de la Ciudad.

Para no aportar más confusión a un sistema ya confuso que en algunos casos pareciera confundir de forma adrede aparece:

(*) En imprenta, el caso de la escuela Carlos Fuentealba, en el distrito quinto de la Ciudad, para que lo puedas hacer en tu casa.

(**) En cursiva, datos, comentarios, acotaciones, curiosidades importantes, curiosidades poco importantes.

1- El lunes 3 de febrero de 2014, el ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban Bullrich, anunció formalmente que entre 7000 y 9000 chicos –en una cifra que él mismo explicó que podía variar- se quedarían sin vacantes para acceder, en ese ciclo lectivo, a la escuela pública. “Los errores que hemos cometidos llevaron a que cuatro mil familias fueran desplazadas”, arrancó su discurso, en el que intentaba explicar que el error había estado en el “acceso directo” al sistema de inscripción online de vacantes que se estaba estrenando en este año.


En realidad, el conflicto no arranca ahí. 2014 no fue el primer año en el que faltaron vacantes. Tampoco fueron entre 7000 y 9000 chicos los que se quedaron sin vacantes –el número se elevaba por encima de los 11000 casos-. Pero en los distritos de la zona sur de la Ciudad, en especial en el distrito quinto -Parque Patricios, Barracas-, los problemas de vacantes habían arrancado hace años, aunque el sistema on-line, el volumen de chicos y de chicas sin escuelas de este caso y la mediatización del problema volvían todo más evidente esta vez.

2- El anuncio de Bullrich no se dio en cualquier momento. En febrero de 2014, todavía no se habían cerrado las paritarias docentes a nivel nacional –sí en algunas jurisdicciones- por lo que el ambiente se encontraba caldeado y, por lo tanto, en estado de organización y de participación. La falta de vacantes se volvió un motivo más para la movilización y para la planificación de una acción directa: si el Ministerio no resolvía el conflicto de las vacantes, resolverlo generando nuevas escuelas a través de la toma de terrenos ociosos del Gobierno de la Ciudad para volverlos escuela. Desde la Asamblea de Maestros de Distrito Quinto, acompañada por distintas organizaciones, surgió la idea de tomar un edificio ubicado en la calle Monteagudo al 351, que hacía años funcionaba como un proyecto abandonado de escuela.

Como parte de uno de los principales proyectos urbanos de la gestión PRO en la Ciudad, que consiste en transformar el barrio de Parque Patricios –hasta zonas de Barracas- en un polo tecnológico-industrial-comercial (que incluyó hasta la posibilidad de un nuevo Puerto Madero en donde hoy funcionan las instalaciones de El Borda y el Moyano), se planificó la construcción de un Banco Ciudad en la zona. Por estatuto, cada vez que se planifica este banco tiene que planificarse, con él, la escolaridad pública de los hijos de los empleados. Como parte de ese plan, el Ministerio de Educación planificaba la apertura de la primera escuela bilingüe argentino-china. Eso se decía, pero la escuela ni siquiera entraba en obra.

3- El 25 de febrero, hay una movilización de la Asamblea de Docentes del Distrito Quinto hacia una exescuela en Manuel García 370, abandonada. Ese día, se considera seriamente tomar la escuela de Monteagudo al 351. Ese día, también, se define en debate general que la escuela se llamara Carlos Fuentealba, para reivindicar al maestro asesinado el 4 de abril de 2007. Por la tarde, el Gobierno de la Ciudad publica en un boletín informativo de su página web que la escuela argentino-china entra en obras y que se inaugurarán algunas salas.

De ninguna manera, esas salas de esa escuela podrían suplir la falta de vacantes, vinculadas ya abierta y mediáticamente no con problemas del sistema on-line sino con la falta de infraestructura, que incluía aulas, en otras escuelas, en otros distritos, separadas con biombos. Los terrenos ociosos del Gobierno de la Ciudad son muchos. La idea de tomar uno y volver escuela continúa, a pesar del anuncio. Ya se sabía del edificio que quedaba en Manuel García al 370, que había sido una escuela hasta 2009, que luego había cerrado, que tenía 21 dueños, entre otros el Estado, que estaba abandonado.

4- El 26 de febrero, se decide tomar el edificio de Manuel García 370. Dentro, había una persona vestida con el uniforme de una empresa de seguridad privada –nunca se supo quién de los 21 dueños lo había contratado- y un cuarto con cámaras de seguridad. Pacíficamente, se lo invitó a retirarse del lugar y, pacíficamente, aceptó hacerlo. La Asamblea de Docentes del Distrito Quinto no tenía, como el resto del movimiento docente, experiencias recientes en tomas de terrenos para volver escuelas. Sí había casos semejantes en otros distritos, con tomas de terrenos para otro tipo de usos. Con la toma realizada, se le solicita al Ministerio de Educación una audiencia.

El personal de seguridad privada sigue yendo al edificio y se sienta fuera. Aparecen patrulleros, pero al ser una propiedad abandonada, no hay demasiado movimiento para expulsarlos. Evidentemente, el abandono del Estado a la zona es tan alto que, ni siquiera, hay desesperación por la toma. Sin embargo, la Asamblea no abandona ni sus discusiones internas, ni su ritmo de construcción transformadora.

Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital

5- El Ministerio no responde a la solicitud de una audiencia. Sin la audiencia, no hay posibilidad de poner en marcha la formación de la escuela. Por eso, se toma otra decisión: tomar un terreno ocioso que sí le importe al Gobierno de la Ciudad. Nuevamente con la consigna “Acá tiene que funcionar una escuela”, se toma un edificio ubicado en la avenida Jujuy y la calle Estados Unidos. Esta vez, sí importa: aparecen desde patrulleros hasta funcionarios que negocian la liberación de esta nueva toma a cambio de una audiencia para poner en funcionamiento la escuela de Manuel García.

La toma del edificio de Jujuy y Estados Unidos no fue una casualidad. Alguien tenía el dato de que de allí saldría un proyecto inmobiliario. Era un terreno cedido de parte del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad. Fue un método de presión para generar una reunión con un Estado que, naturalmente, y nunca hay que perderlo de vista, juega a la lógica del abandono.

6- El edificio de Jujuy y Estados Unidos se abandona pacíficamente. Se concreta una reunión con el subsecretario de Gestión Económica y Financiera, Carlos Javier Regazzoni. El funcionario admite la predisposición del Gobierno de la Ciudad para comenzar con el plan para volver escuela la propiedad de Manuel García. Con un pero: como se trata de una propiedad ocupada “ilegalmente”, hasta que no exista la ley que expropie el terreno para volverlo escuela, Regazzoni niega su campo de acción, diciendo que él no va a hacer nada en ese marco de “ilegalidad”. Por esa misma razón, no va a visitarla.

La conformación de una escuela requiere, primero, del terreno. Eso se consigue a través de un proyecto de ley de expropiación que, en este caso, debe tratarse en la Legislatura (primero, en la Comisión de Educación); con la ley firmada, se debe elaborar un proyecto arquitectónico para acondicionar el edificio; con el proyecto, debe llamarse a licitación a quien se haga cargo de la obra; con la licitación acordada, empiezan las obras; con las obras, aparece la creación de la escuela, que contempla desde la lista docente a cargo hasta la apertura de vacantes.

7- La Asamblea se ve obligada a dos acciones políticas. La primera es no deshabitar el edificio de Manuel García y hacerlo funcionar activamente: por eso, se realizan festivales, hay talleres y eventos culturales; además de mantener una vigilia constante. La segunda es conseguir legisladores que lleven el tema de la expropiación a la Legislatura. Activamente, salvo el PRO, en ese tiempo, se acercan a la toma militantes que van desde el Partido Obrero, pasando por La Cámpora, llegando hasta Franja Morada. Finalmente, las legisladoras Lorena Pokoik, del Frente para la Victoria, y Victoria Morales Gorleri, del PRO, presentan el proyecto que el 3 de abril se vota. Así, se aprueba la expropiación del terreno.

La legislación no implicaba el inicio de la construcción de la escuela. Aunque, tal como explicamos en esta misma guía, era uno de los pasos, el resto no sale como dominó. Necesita de empuje, de entender que lejos está de funcionar esta República como dicen que debieran funcionar las repúblicas y que no porque lo dicte una ley va a avanzar. De la ley al acto hay un abismo.

8- La Asamblea, con sus representantes, siguió avanzando. Volvió al punto 6 y mantuvo, nuevamente, una reunión con Regazzoni, quien ya tenía lo que quería: la ley y el terreno expropiado. El funcionario admite que hay un problema: el presupuesto para infraestructura en educación ya está ejecutado y ya está utilizado. La Asamblea entiende que patearlo a 2015 abre la chance de la dilación, en un Estado que, de por sí, ya no pude asegurar ni las vacantes de un sistema on-line que tenía planificado. Presiona a Regazzoni para que salga y el funcionario se compromete a revisar si no ha quedado presupuesto de otras obras no ejecutadas. Aún así, mostrando voluntad política, Regazzoni visita la escuela.

La Asamblea, con las Organizaciones, sabe hacia adentro que quiere terminar la Toma porque no es la finalidad política hacerse cargo de la escuela: la propuesta es volverla una escuela pública, del Estado, no un emprendimiento ni cooperativo ni privado. Por eso, le proponen a Regazzoni que de las obras se haga cargo una cooperativa de trabajadores, pero al Estado no le cierra esa idea. Para avanzar, la Asamblea también propone ya definir la planta docente (conocida por las siglas POF), pero al Estado tampoco le cierra esa idea.

9- Regazzoni asegura que se encontró un hueco en el presupuesto para arrancar las obras en 2014. No se terminarán en este año, pero se seguirán en 2015, para que esté habilitada en marzo o en abril. La Asamblea del Distrito Quinto, con los vecinos de la zona, define que será un jardín de infantes. Entra en licitación la obra y una empresa gana el concurso.

Con la licitación resuelta, con la ley, todo indica que ya todo está en marcha y terminado. La Asamblea, de todas formas, sigue con la misma política: mantener la Toma y la presión hasta que la escuela entre en obras y se inaugure.

10- Desde el Gobierno de la Ciudad se promete que la semana que viene, arrancarán las obras para acondicionar la escuela Carlos Fuentealba. Las promesas no son el fuerte de este gobierno, por eso la presión continúa. Más de seis meses pasaron del momento en que se sancionó la ley de expropiación, pero todavía todo demora.

La Toma continúa. La espera también.
La Toma continúa. La espera también.

Ojalá haya más tomas: hágalo usted mismo.
Ojalá haya más tomas: hágalo usted mismo.

A 5 años del asesinato de Carlos Fuentealba

Desde ese cartucho de gas que le rompió la cabeza al maestro en medio de una represión a docentes organizada, mentada y bancada por unos cuantos con mucho poder. Hasta hoy, cuando esa gente tan importante como inescrupulosa pretende deligarse de responsabilidades y cerrar la causa haciendo creer que se trató de un hecho aíslado. Cada día: Fuentealba Presente.

Aproximadamente mil docentes neuquinos se habían agrupado, tras un mes de reclamos en diferentes formas, en Arroyito, ruta 22, a 45 kilómetros de la capital provincial, para cerrar los dos principales accesos hacia la turística cordillera. La misma ruta donde otro policía mató a Teresa Rodríguez el 12 de abril de 1977. Policía provincial y fuerzas especiales, con autos y civiles sin identificar habían llegado antes que los manifestantes. Raúl Pascuarelli, subsecretario de Seguridad de Neuquén, “en comunicación directa con Sobisch”, según Pablo Grisón, miembro de la Comisión Carlos Fuentealba Presente.
Lo primero, el aviso a Marcelo Guagliardo, Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén: “Tenés cinco minutos y te vas por las buenas o por las malas”. Después, la persecución a través de la ruta y hasta por los campos linderos, disparando balas de goma y lanzando gases. Un policía le llegó a disparar a un auto con su itaka. Cuando los maestros ya se habían reagrupado y estaban comenzando la vuelta, la policía quiso que ocuparan solo un carril. Volvió a reprimir. “Ya estaban transitando, exhaustos por los gases lacrimógenos, los dos kilómetros de corridas, la policía retomó la represión aún a los vehículos que ya estaban volviendo”, siguió, en declaraciones a canal Encuentro. Poblete se acercó al Fiat 147 y disparó su cartucho de gas, que rompió la luneta trasera y estalló contra la cabeza de Fuentealba. “¿Cuánto cobran para matar gente?”, gritó uno de los manifestantes como pudiendo tener la cabeza fría en ese mismo momento.
Sobisch, en cambio, un día después señaló: “Di una orden muy simple a la Policía: mantener despejada la ruta, pero cortaron el puente de Arroyito y dejaron incomunicada a la provincia”, y más: “una directiva bien clara y, al no haber un acuerdo, hubo un enfrentamiento, donde hubo ataques de ambos sectores”.
Después de pelearla, José Darío Poblete fue condenado a cadena perpetua por “homicidio calificado, por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función, con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía, en concurso ideal”, según el fallo.
Pero los maestros enseñan luchando, y justicia incompleta no es justicia. “Luchar por la justicia completa es luchar contra la impunidad, por una educación pública para todos”, dice la Comisión Carlos Presente de Buenos Aires.
La segunda etapa giró en torno a la renuncia de Sobisch. No solo no funcionó, sino que ese mismo año se presentó como candidato a presidente. Las urnas le dieron la espalda. “Él dio la orden, obviamente, para que esto se pudiera hacer de la manera que se hizo”, siguen. “Fue un escarmiento disciplinador para que cesaran las protestas obligadas por la situación de la provincia”, explica Sandra Rodríguez, la pareja de Carlos. “Sus declaraciones públicas eran una invitación a matar”, repite Guagliardo. Sandra mira para adelante conociendo bien lo ocurrido: “Argentina no puede tener este antecedente. Es una responsabilidad del Estado provincial y nacional hacer que todos los que tuvieron que ver con esto sean juzgados y condenados”, y agrega: “Tenemos, la familia y la sociedad, derecho a saber toda la verdad de lo ocurrido en Arroyito. Más que nada, en la causa Fuentealba I, se acusó al autor material de Poblete, pero su muerte fue resultado de todo un operativo de represión que tuvo la intencionalidad de matar. En el marco de eso, estamos pidiendo que si la fiscalía no investiga, podamos hacerlo por nuestra propia cuenta”
Gustavo Palmieri, abogado querellante, explicó más a Página12 en abril de 2010: “La responsabilidad que la querella particular busca que se investigue, lo cual no ha sucedido hasta el momento por la negativa del Ministerio Público de la provincia y por el juez (Cristian Piana), se refiere a las decisiones que debieron adoptarse para evitar el resultado fatal al que se llegó, teniendo en cuenta que, a partir de manifestaciones públicas del entonces gobernador Sobisch, fue él quien ordenó el operativo, envió a un funcionario de su directa vinculación al lugar de los hechos para que lo supervisara, y es dable suponer que se encontraba al tanto de lo que pasaba a cada instante. El propio funcionario que lo representaba así lo reconoció. Son varias las conductas posibles que deberían investigarse: disponer el uso de la fuerza pública a sus órdenes más allá de lo necesario de manera ilegítima; no tomar decisiones para que dicha medida ilegítima cesara en cuanto resultare injustificada; generar con esas omisiones y conductas un ‘aumento innecesario del riesgo’ para las personas que estaban en el lugar; además de analizar su actuación como el que tomó la decisión al mando de fuerzas de seguridad, trasgrediendo sus ‘deberes institucionales’ y con relación causal con el asesinato de Carlos Fuentealba”.

La Comisión Carlos Fuentealba Presente (Co.Ca.Pre) analizó: “Se conocieron dos datos político-judiciales, de cierta trascendencia para la causa. El primero de ellos es que el 14 de febrero la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por Ricardo Cancela, exabogado de Eduardo Badano y exdefensor de Sobisch, hoy premiado por Sapag, defensor del TSJ de Neuquén. El ex vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén fue depuesto por la legislatura de Neuquén por medio de un juicio político, al momento de ser juzgado era el presidente de dicho tribunal y el delfín sobischista en la justicia, junto a Cristian Piana, entro otros colonizadores del poder judicial neuquino. El segundo dato es que Jorge Sobisch fue inhabilitado para ocupar cargos políticos y partidarios, por la Justicia Federal, por el lapso de dos años”.
El juez de la causa, Juez Cristian Piana, había desvinculado de la causa al ex gobernador. Guagliardo: “No es un problema técnico. Que nadie se confunda, porque es un problema político. La cuestión es si la justicia de Neuquén sostiene principios jurídicos republicanos, democráticos y constitucionales o si acá la justicia está al servicio del poder político”. Sandra Rodríguez, a Página12, declaró: “Piana me mintió en la cara a mí en todo lo que tenía que ver con la causa Fuentealba II. Y nos mintió a todos porque él se olvida de lo que fue el juicio a Poblete, que fue un verdadero testimonio de lo que ocurrió el 4 de abril del año pasado. Allí quedó claro que fue un plan de acción totalmente planificado por la Policía de Sobisch y de los que estuvieron en Arroyito emitiendo órdenes, ejecutándolas y sumamente ligados a lo que fue su consecuencia: el fusilamiento público de Carlos”. “Este juez ha impedido casi desde el principio, mediante artilugios legales en algunos casos, casi todas las cosas que hemos pedido que se investiguen y citen. Y lo que es más grave aún, incluso nos ha ocultado información dentro del expediente, ocultando decisiones que él mismo tomaba, elaborando una estrategia que para nosotros es claramente de impunidad”, denunció.
Para colmo, en marzo de 2009, comenzaron las amenazas. El director de escuela Gabriel Pillado, cuyo testimonio fue clave para la condena a José Darío Poblete, denunció amenazas y golpes a él y a su mujer, Daniela Loume, docente: “Una persona con la que habíamos discutido porque habían intentado tapar un cartel (con la foto de Fuentealba) hacía dos días salió enardecida adonde estábamos estacionando nuestro coche y empezó a golpearme a mí en la cara y a darle patadas al vehículo”. “A mi mujer Daniela, quien estaba fuera del auto, la golpeó brutalmente. En este momento tiene desplazamiento de mandíbula y una fisura en la muñeca izquierda. Por supuesto que hicimos la denuncia en la Fiscalía de Investigaciones de la provincia y pedimos que se investigue el vínculo que tiene esta persona con las fuerzas policiales o parapoliciales donde trabaja, porque tenemos versiones que así lo indican”, declaró Pillado.
Marcela Roa, otra testigo: “Esto comenzó después del juicio por el asesinato de Carlos (Fuentealba), cuando comenzaron a seguirme en la zona de mi casa, en Cipolletti, con un auto Polo de color blanco y otro sin patente. Hice la denuncia y tuve custodia las 24 horas con policías uniformados. Y allí volvió a aparecer el Polo blanco, por lo que me saqué de encima esa ‘protección’. Entonces apareció un señor que me amenazó, diciendo que trabajaba para (el ex comisario) Aquiles González. Eso fue en diciembre y poco después, por suerte, dejé de verlo. Ya en febrero de este año comenzaron a circular patrulleros por mi casa, siguiéndome adonde fuera. Y después empezaron a perseguir a mi hijo de 18 años, acá en Neuquén, con autos de civil y con patrulleros en Río Negro. Por eso hago responsable a la Policía, tanto de Neuquén como de Cipolletti, por todo lo que nos pueda llegar a pasar a mí, a mi hijo y a cualquiera de nosotros”.
Marcelo Guagliardo: “Lo que está sucediendo está encuadrado en lo que fue el resultado de la causa ‘Fuentealba I’ y lo que puede llegar a hacerse con la llamada ‘Fuentealba II’. Se pretende amedrentar e intimidar a quienes han sido o serán testigos en un nuevo juicio, donde se tienen que juzgar las responsabilidades políticas por el asesinato de nuestro compañero, hace casi dos años. Por tanto, nuestro reclamo es que el gobierno y el gobernador (Jorge) Sapag son los responsables de garantizar a todos los testigos la seguridad”.
Hugo Papalardo, dirigente docente: durante una marcha de 10 mil personas, se produjo una represión con detenidos incluidos. “Cuando me detuvieron, un agente que me amenazaba con su escopeta me dijo ‘ahora vas a saber lo que es la dictadura’. Yo le contesté: ‘Ustedes son los asesinos de nuestro compañero Carlos Fuentealba’. Y este policía me dijo ‘Fuentealba está muerto… bien muerto. No existe, ¿entendiste?’, mientras me seguía golpeando en el piso, gritando ‘van a aprender de una vez por todas y no van a joder más’”.
A cinco años, este 4 de abril, como todos los que pasaron desde el fusilamiento, familiares, docentes, organizaciones políticas y de Derechos Humanos reclamarán justicia completa, con juicio y castigo para todos los responsables, para impedir desde bajo la impunidad de los de arriba.