Escándalo confidencial

Monsanto desembarca en la educación pública con la firma de un convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La primera actividad prevista es la revisión del estudio de impacto ambiental de la planta procesadora que quieren instalar en Malvinas Argentinas. Pero los detalles del acuerdo deben ser silenciados.

La palabra “escándalo” suele reservarse en los medios de comunicación para describir peleas con los ex, fotos subidas de tono, casos de mala praxis con botox en nalgas, los dichos de la tía de, los rumores de la hermana del y un escandaloso etcétera que tiende a dejar de lado asuntos menos glamorosos – hay que admitirlo- como la política (obviando las ferraris y los puertos maderos), alejados de la farándula como la economía, y mucho más allá – o acá- de esos recintos extraños llamados universidades públicas.

Pero el 8 de agosto, día en que los calendarios indican como Día del Ingeniero Agrónomo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba organizó una jornada de campo en la que ocurrió un homenaje impensado: su decano Marcelo Conrero firmó un “convenio específico de cooperación” (eufemismo que pronto desenmascaremos) de la Facultad que representa con la multinacional Monsanto Argentina S.A.I.C., por tres años y bajo cláusulas de confidencialidad.

La escena no sólo tiene un gran sentido de metáfora para el oficio del ingeniero agrónomo hoy, sino que el convenio se firmó junto a otros contratos mientras se almorzaba un asado y distintos números artísticos hacían lo suyo.

El récord que aumenta la lisergia de esta historia es el tiempo que el decano Conrero llevaba en su cargo al momento del contrato: dos meses.

Sumemos el parentesco directo por el cual se reclama la restitución de la palabra “escándalo”: el secretario general de la Facultad de Agronomía, Jorge Omar Dutto, miembro del equipo del decano Conrero, es también dueño de la asesoría Agroambiente, la que realizó el primer estudio de impacto ambiental de la planta de semillas que Monsanto pretende seguir construyendo en Malvinas Argentinas, Córdoba.

Ese estudio fue rechazado en febrero de este año.

La primera actividad que pactaba el nuevo convenio entre la Facultad y Monsanto, fechada ya para agosto y septiembre del 2014, era esta:

facultad monsanto

Revisión del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Procesamiento de Semillas de Maíz en Malvinas Argentinas.

Lo que está en juego

La autonomía de una facultad pública, su independencia del mercado, el valor del conocimiento genuino pueden ser consignas vacías pronunciadas en un contexto espacial y temporal en el que se están librando batallas urgentes.

Córdoba es una provincia sacudida por discusiones sobre el modelo agroproductivo, básicamente desde el monocultivo de la soja transgénica, su aplicación nociva para las poblaciones, y por el avance de las multinacionales del agronegocio sobre esferas de incidencia pública, política, económica y académica.

Su ejemplo permite ver en escala provincial la configuración de fuerzas, el avance de las corporaciones y, al mismo tiempo, la creciente organización, movilización y maduración ya no solamente de asambleas de vecinos locales, sino de un movimiento social conformado por amas de casa, abogados, psicólogas, docentes, científicos, colectivos periodísticos, personas, que emerge con objetivos, propuestas y métodos claros.

Algunos medios de comunicación los llaman, misteriosa y homónimamente, “ecologistas”, pero ellos han decidido rehusar a ese mote, planteando más complejamente que lo que defienden no es –solo- el ambiente, sino su vida, que no es que no quieren ver enfermos a los árboles, sino tampoco a sus hijos, que no piensan en exclusivo en la sustentabilidad, sino en sus nietos, y que al fin y al cabo no van a dejar que las empresas – a veces disfrazadas de ingenieros agrónomos, otrora de políticos, pero hoy identificadas claramente con un enemigo: Monsanto- hagan lo quieran donde están ellos.

El caso actual, que se ha transformado en un símbolo internacional de la lucha contra Monsanto, resume esta disputa territorial y es el de los vecinos de Malvinas Argentinas, una de las localidades más pobres de Córdoba donde la multinacional pretende construir una planta productora de maíz transgénico.

Organizados como asamblea Malvinas Lucha por la Vida, y apuntalados por las Madres de Ituzaingo que libraron y ganaron una batalla similar, al día de hoy mantienen un bloqueo en la planta que impidió su construcción y motivó la revisión de los estudios de impacto ambiental rechazados por la Justicia que llegó a paralizar la planta.

La denuncia apunta a cómo semejante estructura de silos podría seguir enfermando a los malvinenses, entre quienes 25 de cada 100 mujeres pierden sus embarazos, donde en algunos barrios la posibilidad de contraer cáncer es ocho veces mayor a la media nacional, y la de tener hijos con malformaciones, más del doble. Todo, según estudios de la propia Universidad Nacional de Córdoba hoy en cuestión.

Estos son los resultados silenciosos para Malvinas por ser durante años una localidad sojera por excelencia, que conoce bien a Monsanto: la empresa es la principal proveedora de semillas transgénicas a los productores, de ahí y del país. Y del mundo. Semillas que a su vez demandan una serie de agroquímicos nocivos para la salud. Y la lógica de producción que aplica poca mano de obra, poco tiempo, destrucción de suelos y ecosistemas, y mucho, mucho dinero.

La nueva jugada de Monsanto sobre la Facultad de Ciencias Agropecuarias no parece novedosa, menos en el contexto cordobés, menos si suponemos la incidencia de las corporaciones en ámbitos académicos en general, pero sí se trata de un gesto que promete ir hasta las últimas consecuencias en la pulseada del “sí” o el “no” en Malvinas Argentinas, lo que es igual a ganar o perder el talón de Aquiles de su credibilidad (llámese vigencia, llámese poder, llámese negocio) en Argentina, en la región y en el mundo.

Las pruebas lo remiten: la planta que Monsanto pretende construir en Malvinas sería la más grande del mundo.

Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego.

Que no se entere nadie

La nueva trinchera es la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, donde Monsanto pretende desembarcar formalmente “a fin de promover y desarrollar actividades conjuntas de investigación científica, ensayos, capacitación, divulgación, inserción laboral u otras”, según reza en el convenio al que pudo acceder NosDigital. En él, además de estos escándalos que suponen la vinculación académica directamente con una empresa que tiene intereses en la región, figura un cronograma que estipula actividades conjuntas incluso desde agosto de este año -cuando el convenio fue firmado el día ocho- hasta julio del 2017. Las actividades más urgentes según el contrato son, precisamente, las vinculadas a estudios (agosto y septiembre de 2014) y auditorías (enero y diciembre 2015) de la planta de procesamiento de semillas de maíz en Malvinas Argentinas.

A cambio, la empresa ofrece ensayos de campo, capacitación de docentes, cooperación en la enseñanza de alumnos de grado y posgrado, viajes de aprendizaje, pasantías e inserción laboral. La pregunta es si la Facultad se beneficia con esto, o sigue ganando Monsanto. La cooperación más contundente, claro, es la económica: “La ejecución del proyecto no demandará compromisos económicos para La Facultad y los gastos que demande la realización del presente convenio y el desarrollo de las actividades previstas serán cubiertos por La Empresa”. No se habla sin embargo de presupuestos, sino de la ejecución de fondos de acuerdo a las actividades concretas a determinar.

Por lo demás, el convenio está repleto de eufemismos y tecnicidades que disfrazan estas actividades bien prácticas. Sin embargo, otro de los puntos inquietantes a simple vista es el artículo noveno, cuyo título es “confidencialidad”. En él hay cuatro especificaciones que regulan la comunicación de las informaciones que se pretenden hacer circular entre la Facultad y Monsanto: la información que se entregue es propiedad de la Parte suministrante y es confidencial. Las Partes “se obligan a no copiar, comunicar, distribuir, diseminar o exponer o, de cualquier modo, revelar la información confidencial”, y la obligación de confidencialidad “no tendrá plazo de extensión ni vencimiento”, ni siquiera ante la extinción del convenio.

Confidencial resultó ser además el propio convenio, a cuyas copias ni los estudiantes – ni a partir del centro de estudiantes-, ni docentes ni integrantes del concejo académico pudieron acceder hasta 28 días después de que se firmó: el decano Conrero lo firmó por “resolución decanal”, es decir sin debate ni participación de otros claustros de la Facultad ni de la Universidad.

El hermetismo sólo hizo aumentar la alerta de los pasillos de la Facultad, que habían quedado mareados de aquella jornada campera de asado, música y Monsanto, pero no desprevenidos: “Ese día se montó un circo, un acto poco serio en el que se firmaron 13 convenios con distintas empresas. Además de Monsanto, otro fue con la Asociación de Aeroaplicadores de Córdoba…”, relata Cynthia Garay, Consejera Directiva por el Claustro estudiantil. “Sabíamos que los contratos venían por un lado perverso. Las faltas de prácticas son un reclamo estudiantil de hace años, nos quisieron hacer creer que los convenios venían a solucionar ese reclamo”.

El lugar donde se hacen estas prácticas es el propio campo que tiene la Facultad, en las afueras de Córdoba, mismo sitio donde se firmó el asado con Monsanto: “El 80% del campo está alquilado, está tercerizado a productores”, relata Cynthia, dando una de las razones por la que no pueden desplegar sus prácticas de manera libre y genuina. Otra no-metáfora de esta Facultad: “Y cuando vamos al campo, nos dan clases en aulas”.

Lo que reclaman los estudiantes es todo lo contrario: “Imaginate -propone Lucas, estudiante de Ingeniería Agrónoma de la Facultad – en la provincia más sojera del país, todas las actividades curriculares que se hacen apuntan a salir lo antes posible vendiendo agroquímicos y trabajando para cualquier empresa agropecuaria”.

Ingenieros del agronegocio

Lucas tiene dos particularidades: está a punto de recibirse, por lo que tiene la mirada larga del asunto; y vive en Malvinas Argentinas y es integrante de la Asamblea que resiste la instalación de la planta de Monsanto.

Desde su lugar informa que la Facultad viene siendo copada no por Monsanto, que al fin y al cabo es una empresa de nombre y apellido, sino por algo peor, que es la lógica Monsanto, que tiene que ver con la ingeniería pensada desde el agronegocio, los transgénicos y los pooles de soja: “En el 2006 nos cambiaron el plan de estudios: perdimos materias como reproducción y sanidad animal, de ganadería, que fue el fuerte de Córdoba toda la vida; también nos sacaron `manejo de ecosistemas marginales´ y la tesis. Es como mucho más sencillito para recibirse y vincularlo al trabajo de una empresa”.

Otra encarnación de lo que Lucas relata es la docente de la Facultad Alicia Cavallo.

Al otro día de la firma del convenio, 9 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Agrónomo, la docente Cavallo junto al decano Conrero dieron una charla en Malvinas Argentinas. La jornada fue llamada “cambiemos temor por conocimiento” y, según el portal agroverdad.com.ar, fue iniciativa y requerimiento de la FM Chaty de Malvinas, una radio que se jacta de ser comunitaria pero que la Asamblea viene denunciando como cooptada por la empresa Monsanto, en otra de sus estrategias de comunicación y confusión.

La ingeniera Cavallo es docente en la Facultad en la materia “uso seguro de agroquímicos”: “Invita a Monsanto, directamente, o a semilleras como Cargill o Nidera. No tiene ningún problema: está segura que este modelo productivo es el que va”, cuenta Lucas, alumno suyo.

Vanesa Sartori, psicóloga integrante de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida, denuncia sobre las conexiones que explican esta historia, más allá de los convencimientos: “El marido de Alicia Cavallo tiene una estación de GNC en Malvinas Argentinas, y en ella se pretendía construir el estacionamiento de camiones en caso que la planta de Monsanto se instale. Es decir que Cavallo tiene intereses creados en Malvinas”.

La docente Cavallo, el decano Conrero y el secretario Dotto son los nombres propios de este entramado que se concreta con el convenio firmado, pero resultan anecdóticos si entendemos el marco de la lucha que proponen los estudiantes: “Es parte de una lucha histórica que viene de la ley de educación superior, una ley menemista que le abre la puerta a las empresas, que dejan a las universidades con muy poco presupuesto. La lucha es porque la Universidad no esté condicionada, que no deje de estar a disposición del pueblo, de la sociedad, de los que más la necesitan, que son inclusive los que están bancando la Universidad, para estar a disposición de privados”, plantea Cynthia, del claustro estudiantil.

Pasado y futuros

Ni los contratos confidenciales entre empresas y universidades ni la soja tienen buen prontuario en Córdoba: la Universidad de Río Cuarto y la empresa Smet, apoyada por la Aceitera General Deheza (ADG), contrajeron un convenio que terminó de manera fatal el 5 de diciembre del 2007, con seis docentes y un estudiante muertos, 24 heridos, cuando en los laboratorios de la facultad se experimentaba para acelerar los tiempos de extracción y elaboración del aceite de soja y estallaron barriles de hexano. Enseñanza de esa triste experiencia, la Universidad de Río Cuarto se convirtió luego en la primera en rechazar los fondos de las regalías mineras; participó como un integrante más de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos; creó el observatorio de Conflictos Socio Ambientales; impulsa proyectos agroecológicos en la región; y cuestiona seriamente el modelo de agronegocios.

Semejante transformación fue producto de un escándalo como el que ahora protagoniza la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Córdoba, y gracias a los estudiantes y docentes que encaran cambios evidentes que parecen imposibles.

Así, con movilizaciones e irrupciones en los recintos de decisión, lograron que el rector de la Universidad Nacional de Córdoba se pronunciara en contra del reciente convenio entre Agrarias y Monsanto, que el decano Conrero suspendiera la vigencia del mismo y pateara su determinación para una jornada de debate prometida para octubre aún sin fecha.

El escándalo está garantizado.

Sintonicemos.

 

Descargar el convenio de cooperación.