“La AAA fue más prolija que la dictadura”

Pablo Barbuto integra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos juntamos con él para preguntarle qué problemas actuales atraviesan esa área. Defendemos el revisionismo histórico sobre la última dictadura, pero ¿qué pasa con las causas de la AAA? Leé la entrevista para conocer detalles de una de las políticas pilares del gobierno actual.

 

“Nuestra sociedad decidió que el poder judicial a través de las sentencias tenía que escribir verdad. Es muy cuestionable, porque en otra época la escribió muy mal, pero ahora el avance del estado de derecho y de los mecanismos de defensa en los juicios llevan a que esa verdad sea más cercana a lo que pasó”. NosDigital se juntó con Pablo Barbuto, uno de los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Quisimos conocer desde cerca cuáles son las formas de trabajar en una de las piezas del gobierno que casi no se discuten: la política en torno a los delitos de lesa humanidad. Decimos “casi” porque hasta hace pocos días vimos en una movilización a señoras parodiando a las Madres de Plaza de Mayo con pañuelos blancos. Queda claro que hay un sector de nuestra sociedad que se niega rotundamente a hacer memoria. Pero además del revisionismo histórico que realizan, hablamos sobre problemáticas actuales, como el gatillo fácil, la trata laboral y el laburo de las ONGs.

Con aires de barrio, desde su casa en pleno Villa Crespo, a dos cuadras de la cancha de Atlanta, Pablo nos recibe en un sillón muy cómodo, partido de San Lorenzo de fondo y su perra Bóxer que nos mira atenta. Aclaración bien de movida: “Yo soy absolutamente kirchnerista”. Con más confianza, unas cuantas anécdotas que quedarán guardadas- nobleza obliga- entre los periodistas y el personaje, un “esto no lo pongás” se repite y repite. Lo prometido es deuda.

-Hay dos grandes discursos en la sociedad entre quienes reclaman falencias en el trabajo de la Secretaría: “los DD.HH son solo para los delincuentes” y “¿Dónde están los DD.HH. para causas de gatillo fácil?”. ¿Qué se puede responder desde la Secretaría?

-Creo que la cuestión de la violencia institucional es un producto de la dictadura y de la formación que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Todo el gobierno argentino está implementando políticas públicas para que esto se modifique, tanto desde lo que es el Ministerio de Seguridad, como desde el Ministerio de Justicia. Tengo algunos pequeños casos específicos en el área donde yo trabajo, que mayormente se encarga de delitos de la dictadura.  Uno de esos casos que estamos querellando es el de un pibe que murió acá en Villa Crespo, Bruno Papa. Es un flaco que fue víctima de violencia policial, a diez cuadras de casa. Quiso manotearle el bolso a uno de la Metropolitana que estaba de civil, no se lo pudo manotear, lo corrió y cuando estaba en el piso le pegó un tiro en la cabeza.

Uno de los grandes reclamos de la sociedad gira en torno al caso de Mariano Ferreyra. Puntualmente, hoy en día está el juicio oral, ¿y cuánto pasó del hecho? En otra época, un caso de gatillo fácil hubiera tardado diez años. Hubo decisión política para que estos tiempos se hayan agilizado.

En cuanto a la derecha, no entiende lo que son los derechos humanos y no lo van a entender nunca. No lo entiende en ningún país del mundo. Estados Unidos tiene en su historia escrita entre condenas a prisión perpetua y a pena de muerte, y ellos ni cuestionan ahí dónde están los derechos humanos. ‘Este es muy malo, voy y lo mato’. Acá ese discurso se va modificando a través de políticas públicas del Estado.

Imagen: NosDigital

 

-Mencionabas que trabajás en un área específica, ¿Cuál es y cómo se manejan con las denuncias?
-Nosotros somos querellantes en las causas de lesa humanidad en todo el país. Desde el 2009 coordino el Área Jurídica Nacional, consta de 50 abogados que están en todas las provincias, ellos se juntan con cada querellante en las diversas causas de lesa humanidad. El concepto de política pública es demostrar que hay otro Estado, que no somos la continuidad del Estado de Videla. Coordinamos con ayuda del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales).

-Sobre la actividad de la AAA no hay mucha visibilidad o difusión en cuanto a juicios, ¿por qué?

-El tema de eso es que es mucho más difícil la prueba. La dictadura militar dejó un montón de pruebas, es increíble. Por ejemplo, en muchos centros de detención ilegal, lo que hicieron fue volver a pintar las paredes, pero abajo se encontraban los nombres de varias personas. Las despintás y están ahí. La AAA fue más prolija. Hoy, en este momento hay un proceso judicial donde se está investigando esa etapa, nosotros ‘judicializamos’ las denuncias. Pero el paso del tiempo hace más difícil para los tribunales poder dictar sentencia acerca de todos aquellos delitos –delitos económicos, Trelew, entre otros. Yo soy una parte de ese proceso, el que decide cómo se llevan adelante las cosas es el Poder Judicial.

-¿Cuáles son las causas que llamás “delitos económicos”?

-Somos querellantes en causas empresariales de los setentas. En Ford, Mercedes, Papel Prensa. Hay un montón de delitos económicos. Ledesma, también, absolutamente. Blaquier está en instrucción, el debate ya se inició. Se está ampliando el concepto de que no fue una dictadura militar, sino cívico militar, de ahí la importancia de visibilizar estas causas. Esto corre por mi cuenta, pero creo que los militares fueron un elemento más, acá hubo una dictadura económica. En su momento las democracias de América Latina hicieron mucho ruido y la forma que encontraron de acallar ese grito fue con militares. Acá la dictadura fue mucho más cruenta que en todo el resto, las formas fueron igual fuertes, pero acá fue muy masivo. Teníamos más concientización, porque existió el peronismo. Desde el 45 generó una suerte de educación masiva. Pero atrás de los militares estuvieron Martinez de Hoz,la SociedadRural, hasta Isabel. Hoy en día, siguen estando los sobrinos nietos de estos personajes en la escena política. Por eso hay muchas trabas con las empresas civiles.

-¿Qué problemáticas en democracia actual atraviesan a tu área en la Secretaría?

-Mi área se encarga de la trata laboral. Estamos instalando el concepto de que la trata laboral es una violación a los DD.HH. Hubo un montón de inspecciones de la AFIP que nosotros las recibimos y actuamos. No tiene nada que ver con el trabajo en negro, se refiere a la esclavitud en el trabajo. Lo más difundido son los casos de los talleres textiles.

Si, como las que denuncia la Alameda. Hay respuestas que uno no ve reflejadas en el planteo de Alameda. Los inmigrantes no se vienen de su país porque le gustan los rubios, vienen a buscar posibilidades. Te encontrás con las personas que trabajan esclavos de una empresa textil, vos cerrás el taller clandestino y los dejás en la calle diciéndole ‘no sos más un empleado esclavo’, pero lo dejás en la calle. Te mira y te dice: ‘tengo dos pibes a los que darle de morfar, sin documentos. Estaba para el orto hace un mes, pero ahora estoy peor que antes.’.

Ponemos testigos y después las víctimas no van, se consiguen trabajos peores que los anteriores. No es culpa de ellos, es falta de contención nuestra. Las denuncias de Alameda son útiles y marcan el camino de las políticas públicas que hay que hacer, allanan esa parte del camino. Pero después no te ocupás de los tipos, no es menor que lo denuncies, pero la otra parte es la más complicada. Y esa es la parte del Estado, es quien debe hacer políticas públicas sustentables en el tiempo, hay que modificar el discurso de “a este boliviano le doy trabajo, techo y comida’. No es comparable el trabajo ni las responsabilidades de las ONG con el estatal.

“En la Masacre de Trelew no opera la prescripción”

Mientras la Justicia lleva adelante los juicios por el asesinato de los prisioneros de Trelew, cuarenta años después -se ve que se tomaron su tiempo-, NosDigital se cruzó un tiempo con la abogada del CELS, querellante en la causa contra los acusados por la Masacre, para que nos explique ciertas claves de los juicios.

A la noche se preparó un homenaje simultáneo en los seis pabellones ocupados por los presos políticos y sociales. Espontáneamente cada uno relataba aspectos de la vida, las convicciones, la personalidad de los caídos, hasta completarlos a todos. Posteriormente hablaron varios enjuiciando y condenando el alevoso crimen y fijando la responsabilidad en la Dictadura y el sistema. Luego a voz de cuello se gritó el nombre de cada uno y cada vez se respondía en forma vibrante y unánime: ¡Presente! ¡Hasta la victoria siempre! [i]

Así relató el inolvidable sindicalista Agustín Tosco su recuerdo acerca del 22 de agosto de 1972, cuando sucedió lo que se conocería como la Masacre de Trelew. 19 prisioneros políticos de los 25 que se habían dado a la fuga hacía poco más de una semana de la Cárcel de Rawson –espacio en el que el mismo Tosco estaba confinado- fueron despertados a mitad de la noche y ametrallados. Solo tres sobrevivieron, aunque su destino tendría el mismo final solo unos años después cuando una nueva dictadura les diese la muerte como a 30 mil hombres y mujeres más.

40 años después nos encontramos con Carolina Varsky, abogada del CELS (Centro de Estudios Legales Sociales) querellante junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa contra siete militares acusados por la Masacre.

-Ustedes en el Juicio proponen que sean juzgados por Delitos de Lesa Humanidad, mientras que la Defensa de los acusados los quieren tratar como delitos comunes, ¿por qué ambas posturas?

-En realidad es así, en cualquier juicio relacionado con Delitos de Lesa Humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, las Defensas siempre aducen que son delitos prescriptibles y en este caso que los delitos pasaron hace cuarenta años. Entonces dicen que fueron delitos comunes, asesinatos en este caso, pero como pasó tanto tiempo ya no pueden ser juzgados. Acá nuestro planteo es que no opera la prescripción, porque son Delitos de Lesa Humanidad ya que constituyen la génesis del terrorismo de Estado en nuestro país.

-La investigación para llevar adelante la causa arrancó hace cinco años, ¿hubo alguna irregularidad, algún problema, que les haya impedido seguir adelante en este tiempo?

-El trámite de la causa fue el común para este tipo de juicios ligados al terrorismo de Estado. Se plantearon ciertos incidentes que pasaron a la Cámara de Casación y luego a la Corte, que lamentablemente demoraron el inicio del juicio. Pero no hubo nada extraordinario que no ocurriese en otras investigaciones. Lamentablemente es un plazo largo, pasaron cinco años, pero lamentablemente también es una característica de lo que duran las instrucciones en los procesos penales en la Argentina, propio al Sistema Judicial del país. Si no, mirá lo que tardan los juicios por corrupción.

-¿Quiénes están sentados en el banquillo de los acusados?

-Luis Sosa, Carlos Marandino  y Emilio del Real son los acusados de ser ejecutores de la masacre; Rubén Paganini, de partícipe necesario, y Jorge Enrique Bautista, por encubrimiento. Ni Roberto Bravo, actualmente en EE UU -quien no concedería su extradición-, ni Alberto Mayorga, por salud delicada  dijeron presente en las primeras dos audiencias; la tercera arrancó este 17 de mayo.

Sobre este oscuro personaje por alguna razón protegido por Norteamérica, Alberto Camps, uno de los sobrevivientes recordaría un año después del hecho: “Otra cosa que indudablemente estaba dentro del plan de la masacre en la Base de Trelew, era que los cuatro turnos de guardia que había, dividían el día en pedazos de seis horas, pero el Capitán Bravo se las arreglaba siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cubría él, con su equipo, las nocturnas y las diurnas. Prácticamente yo diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.[i]

Pero, aún así, Carolina Varsky nos cuenta el trágico razonamiento yanqui para evitar traerlo para su enjuiciamiento: “tiene que ver que es una cuestión de derechos políticos y para ellos no es motivo de extradición”.

Si es un avance el esclarecimiento de estos sucesos –por lo menos por vía judicial- algo más nos hace ruido al escuchar sobre la Masacre: el carácter represivo y violatorio de los derechos humanos por parte de la Dictadura iniciada en 1966. Los sucesos de Trelew no fueron hechos aislados, un exceso, como a los genocidas y a sus amigos les gusta decir. Estuvo enmarcado en una política de Estado: asesinatos, torturas y privación de la libertad hacia aquellos considerados subversivos, peligrosos para el status quo, para el orden imperante.

Lastimosamente al preguntarle a Varsky acerca de la posibilidad de iniciar investigaciones y juicios contra la dictadura de la Revolución Argentina, su respuesta no fue otra: “La verdad no veo que haya un aumento en las investigaciones sobre este período, excepto en este hecho, que tuvo la singularidad de ser una matanza de 16 personas y el intento de matar a otras tres. Pero no conozco que se estén investigando otros hechos ocurridos en la dictadura del ´66”.



[i] Masacre de Trelew, relatos, Agencia Walsh: http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article1376 Fecha de Consulta: 17-05-2012