Urbanización masacre

Gastón Arispe Huamán cayó en un pozo ciego. Antes que llegue la ambulancia, lo mató la precarización de su barrio. Los vecinos de Rodrigo Bueno siguen luchando por la aplicación de la ley que garantice cloacas, agua potable, servicio del SAME y menores niveles de plomo en sangre.

Gastón Arispe Huamán, de 13 años, intentó salvar la vida de su gato. Había caído en un pozo ciego que su madre había tenido que construir porque en el barrio Rodrigo Bueno, Costanera Sur, no hay cloacas. “Amaba a los animales como a nada”, cuenta su mamá, Flora Huamán. Gastón cayó en ese mismo pozo ciego y murió ahogado el 9 de marzo de 2015. Pero no en ese mismo momento.

Los vecinos avisaron a Policía Federal y Prefectura, que están a unos metros de la casilla de los Huamán. “Estaban tomando mate”, retrata Flora, mostrando con pocas palabras la tranquilidad que las dos fuerzas tenían antes de ser advertidos y que mantuvieron después.

Otros vecinos llamaron a una ambulancia, lo que no es fácil porque la señal telefónica también escasea en barrios pobres. Dieron las coordenadas, aunque sabían que el vehículo en sí no iba a poder llegar hasta el pozo, porque Rodrigo Bueno fue construido sin más planificación que la necesidad.

Gastón Arispe Huamán.
Gastón Arispe Huamán.

La ambulancia no llegaba, pero vecinos ya habían sacado a Gastón del pozo lleno de la mierda que el camión atmosférico de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) nunca sacó, porque el Gobierno de la Ciudad manda una sola unidad a todo el barrio, y no da a basto. Hasta tal punto que en la casilla no había un pozo, sino dos. Por si acaso, Flora aclara por qué construyó el segundo: “Me vi forzada a hacerlo porque el viejo se rebalsaba y no quería que me pasara como a mis vecinos, que les había cedido el piso: tenía terror de que un día me estuviera bañando y todo se venga abajo”. Como el barrio está construido sobre relleno, el peligro se agiganta. Los pozos, además, son precarios por obligación. La policía no deja entrar materiales de construcción por un decreto del exjefe de Gobierno Jorge Telerman, que desde que la corporación IRSA empezó a interesarse por esta zona, puso en marcha toda la maquinaria para el desalojo, topadoras incluidas, que fallos judiciales interrumpieron.

Flora llegó en un taxi que se tomó desde su trabajo cuando su hija le avisó lo que había pasado. Recibió a los bomberos, que le dijeron a Flora que corriera a la casa. Ellos la seguirían.

Ya había llegado la ambulancia, 40 minutos después del pedido.

Gastón murió.

Legal

El mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, según la Constitución Nacional y la de la Ciudad, debería garantizar la vivienda digna, apeló un fallo de la jueza Elena Liberatori que ordenaba la urbanización de Rodrigo Bueno. El fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña con el argumento de la propiedad por sobre la dignidad humana: no hay título que avale la ocupación y la permanencia en bienes públicos no otorga derecho a reclamar la propiedad. Hoy, como la Defensoría General de la Nación volvió a apelar, la posibilidad de que no haya más muertes por la precariedad del barrio depende el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Por otro lado, la Defensoría General de la Nación junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para urbanizar Rodrigo Bueno. No es la primera iniciativa de este tipo. Cada dos años, un proyecto similar pierde estado parlamentario por el cajoneo de la comisión de vivienda.

 

Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.
Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.

 

Quiénes son

En la comisión de vivienda de la Legislatura de la Ciudad, encargada de todo lo relacionado con el artículo 31 de la constitución porteña, y que nunca llevó el proyecto de urbanización al recinto, hoy se encuentran Paula Villalba, Lía Rueda, Cristian Ritondo, Alejandra Caballero, Christian Bauab, José Luis Acevedo y Cecilia María de la Torre (PRO), Javier Gentilini (Frente Renovador), Paula Penacca, Jorge Aragón y Jorge Taiana (Frente para la Victoria), Gustavo Vera (Bien Común), y Marcelo Ramal (Frente e Izquierda y de los Trabajadores).

Lo único programado según la página de la Legislatura, respecto de la Rodrigo Bueno, es que Aragón propuso investigar la responsabilidad de UGIS en la muerte de Gastón.

De que se forme una mayoría entre los 7 miembros del PRO, el del FR, los 3 del FpV, el de Bien Común y el del FIT, depende, hoy, que se obligue al Estado a garantizar cloacas, agua potable, servicio de ambulancias del SAME y menores niveles de plomo en la sangre de entre 2 mil y 3 mil personas (cerca de la mitad son menores de edad) que viven en el barrio.

“Desde la Comisión de Vivienda venimos trabajando en un proyecto de urbanización con los delegados del barrio Rodrigo Bueno abierto a la participación de todos los vecinos para que opinen sobre cómo quieren que se urbanice su barrio”, le dijo Gentilini, presidente de la Comisión, a Flora, la mamá de Gastón. Prometió “ir a fondo y sin ninguna dilación” en la urbanización de la villa. Según él reconoció, “están dadas todas las condiciones para que se pueda urbanizar el barrio: hay terreno suficiente y, lamentablemente, la desidia de los gobiernos de la Ciudad y de la Nación hizo también que ocurriera una tragedia como la muerte de Gastón. Por eso, hoy la prioridad la tiene la urbanización de las villas y, dentro de ella, la de Rodrigo Bueno en especial”, finalizó Gentilini.

Flora, madre de Gastón.
Flora, madre de Gastón.

La respuesta de Flora es obvia: “Es lamentable que tenga que pasar la muerte de un chico para que nos escuchen. Da mucha tristeza”.

Mientras tanto, el presupuesto dedicado a la vivienda es cada año menor en la Ciudad. Menor es también lo que efectivamente ejecuta el Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

 

Gastón no es la única víctima fatal de la vivienda indigna

El 16 de agosto de 2013, la casa 53, a 30 metros de la de Gastón, se incendió, probablemente, por la precariedad del tendido eléctrico. María, de 5 años, murió en esa casilla con techo de madera y cartón. Los materiales para mejorar la construcción los frena la policía en la entrada del barrio.

Sur, desalojo y después

¿Qué pasó con las 700 familias que el desalojo del barrio Papa Francisco en agosto dejó sin vivienda? 

Es miércoles, es una bala y es Melina López. Es sábado. Es 2014. Es 23 de agosto, más de 2000 efectivos de fuerzas estatales de seguridad desalojaron el barrio Papa Francisco. Es narco, es política. Es narcopolítica. Es el triángulo de la avenida Fernández de la Cruz y Pola, en Lugano. Es el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional llegaron bien temprano al barrio, con argumentos de allanamientos por el asesinato de Melina López, para expulsar en menos de dos horas a 700 familias que allí tenían su casa. El plan de desalojo no tuvo reparo alguno en qué hacer con la situación habitacional de toda esa gente.

Luego, las topadoras. Las fuerzas de seguridad, garantes del espectáculo de destrucción de todas las pocas pertenencias materiales de las familias. Arrasaron cada casa con lo que había dentro: heladeras, documentos, materiales de construcción, ropa, principalmente todo.

El Hotel Pavón en Constitución funciona desde hace años para Nación alojando a chicos y sus familiares que por tratamientos médicos complejos necesitan permanecer en Ciudad de Buenos Aires por tiempos prolongados. Allí mismo llegaron el día posterior al desalojo dos familias a ocupar habitación.

Tina en su habitación del Hotel Pavón.
Tina en su habitación del Hotel Pavón.

“Es tranquilo aquí. Pero es un hotel, no una casa. No es la solución”. Tina explica su situación, la de tantos: “Me negué rotundamente a recibir subsidio habitacional. Eso puede solucionar nada. La asistente social del gobierno nacional que viene a visitarnos es una presión constante. Nos ofrece de todo para que nos vayamos del hotel. Subsidios habitacionales de $1200 a $1800 por familia, planes de ayudas urgentes, asignaciones por hijo. Todo para que nosotros pasemos a alquilar algo afuera. Con esa plata no se puede conseguir ningún alquiler, cualquiera lo sabe. La asistente llegó a decirnos que si aceptábamos, además de los planes, hay ocho mil pesos más para nosotros que iban a ir a las familias de los niños que están en este hotel. Niños que esperan operaciones de corazón, enfermedades graves. Fue lo que más me molestó, es absurda esa propuesta. Me mato trabajando, y no es para esto. Así que no, muchas gracias”.

Carlos, el marido de Tina, el día del desalojo cayó preso por intentar recuperar pertenencias de su propia casa. Empleado de construcción y padre de dos hijos tiene un historial largo de piezas y piecitas desde que llegó de Bolivia hace dieciocho años: “Antes de Lugano, alquilaba una pieza en Pompeya. Siempre alquilé. Tengo mi hermana que tiene su casa, pero no puedo ir a construirle arriba. Tengo que poder ser independiente. Estuve en el Indoamericano, donde nos dieron folletos del Instituto de Vivienda de Ciudad de Buenos Aires, presentamos todo y nada. Acampamos en el IVC. Dicen que solo a casos especiales pueden darle. Que tiene que quemarse tu casa –pero casa no tengo le digo- o tenés que estar muerto vos, para que tu familia realmente lo necesite. ¿Me suicido y ya está?”.

Carlos, a la espera de su vivienda.
Carlos, a la espera de su vivienda.

Tina interrumpe en un momento clave para responder al discurso de manual que suele atacarlos: “Lo único que pedimos es una facilidad para comprar nuestra casa en cuotas, no pido nada de regalo. Eso lo pueden hacer, pero no está la voluntad política. En Papa Francisco estuvimos 6 meses, habíamos empezado a construir. Yo compré el terreno ahí con la ilusión de que estaba consiguiendo donde iba a estar mi casa. Por fin tengo mi casa creí”.

Me dice Carlos que la muerte de la chica fue parte de un juego sucio para sacarlos. Que no fue un robo. Que el PRO usó a los narcos, que ya conocían a la chica, que fue para tener un motivo para el desalojo de toda esa gente.

Son palabras comprometedoras, complejas: vínculo narco de la política argentina con el asesinato de Melina. Palabras difíciles de comprobar. Igual de difíciles de desestimar.

Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.
Hotel Pavón, Constitución, Ciudad de Buenos Aires.

Es una historia. Es solo un capítulo de una historia. Es sistemático. La falta de una vivienda digna para estas familias -que claro que no son las únicas- es algo viejo, lleva mucho tiempo. Cinco décadas. Es medio siglo ya. Es el derecho constitucional ignorado. Es ignorar e ignorarlos.

El desalojo fue consecuencia de la ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 por la legislatura porteña que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”. Los vecinos se arreglaron entre casas de familiares, el acampe en el boulevard, subsidios habitacionales que no alcanzan, hoteles como el Pavón, presiones, nuevos alquileres de piezas más caros –con 700 familias desalojadas, la demanda aumentó de golpe, así los precios se dispararon- y paradores nocturnos.

Los terrenos deben ser urbanizados según la ley. Hoy están tapiados con unas grises chapas altas con puteadas pintadas de todos los colores. Solo una máquina trabaja en el predio. La cuestión viene lenta.

Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital
Los terrenos desalojados. Imágenes: NosDigital

Es un boulevard repleto de desalojados. Es invierno. Es noticia por 3 días. A lo sumo 4. Sin baños: es plástico, intemperie y lluvias. Una semana. Dos. Tres. Y unos días más.

“Fui la última en irme del boulevard. No aguanté más”. Resignada, relata Pinky sentada ahora en la estación Pola del Premetro de frente a los terrenos desalojados. “Ahora estoy alquilando a cuatro cuadras de donde era la toma. Dos habitaciones sin baño, porque todavía no lo terminaron, por tres mil pesos. Losa, ladrillo y nada más. Venimos al baño a la casa de mi suegra. Yo tuve que agarrar el subsidio de 1800 por diez meses porque otra no me quedaba y no tenía donde ir. Estoy con mi nene y mi marido, que se la gana con changuitas igual que yo, que limpio casas de familia”. Después del boulevard pasamos tres días en lo de mi suegra. Que éramos como veinte, estaba la familia de mi cuñada Romina, desalojada también”.

Pinky en la estación Pola del premetro porteño.
Pinky en la estación Pola del premetro porteño.

“En Papa Francisco teníamos una casilla de madera y chapa. Antes, alquilaba por acá también. Mientras dormíamos, nos rompieron la puerta diciendo que era un allanamiento. Preguntándonos sobre Melina. Que saliéramos mientras continuaba el allanamiento. En una hora vuelven a entrar, nos aseguraron. Solo agarramos a los chicos. Estando afuera supimos que era un desalojo. Que no podíamos volver a entrar”.

Martín Caparrós en su último libro viene a explicar el hambre. Y explica un país: “La Argentina se caracterizó por ser, durante la mayor parte del siglo XX, un país donde los pobres tenían un lugar: eran trabajadores. El capitalismo más o menos industrial los necesitaba para operar herramientas en sus fábricas, talleres y servicios, y esa necesidad hacía que los necesitados pudieran imponer algunas condiciones: mejoras -siempre insuficientes- en su forma de vida. (…) En la Argentina actual sobran cinco o seis millones de personas. Los más pobres sobran: su exclusión completa –su falta de necesidad- es relativamente nueva y nadie sabe bien qué hacer con ella: qué hacer con ellos”.

Ese verbo sobrar duele, repulsa, y no puede dejar de estar ahí. Para el sistema económico social argentino –más sencillo: nuestra sociedad- sobra gente.

Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

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Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

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Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

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A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

El plan para cerrar Centros Culturales

Desde Parque Patricio a Palermo y San Telmo, la actividad de los centros culturales es ilegal para la Ciudad de Buenos Aires. Nunca ilegítima.

Si sos vecino de Villa Crespo, Barracas, La Paternal o Parque Patricios tenés que saber que el gobierno porteño quiere que tengas cinco centros culturales menos. Los que llevan adelante estos espacios van a hacer todo el papeleo posible para que te falten sólo por un tiempo y volver rápido a la marcha, pero por ahora la Ley no los favorece.

Si sos del resto de la Capital no te relajes demasiado, que los espacios culturales cercanos también están en riesgo. La cultura es un derecho y la Constitución de la Ciudad lo reconoce, sin embargo no hay una sola ley que nuclee todas las actividades que pueden hacerse en un centro cultural: para funcionar hay que pedir una habilitación para, por ejemplo, tener un teatro independiente. Si un día se da una clase de yoga, o si simplemente la gente se pone a bailar en medio de una obra con música, el espacio va a estar por fuera del marco de la ley y puede ser clausurado.

Bebidas sí, tango no

Eso mismo les pasó a El Café de los Patriotas, en La Paternal, cuando a principios de julio de utilizaba el lugar para dar una clase de tango. Entre los pasos sinuosos, ahí cuando los ochos empezaban a salirles a los alumnos, los inspectores del Gobierno de la Ciudad tocaron a la puerta. Sin esperar respuesta entraron y clausuraron el bar porque la habilitación era sólo para “expendio de bebidas y comidas”.

Mariano Viceconte, miembro del Movimiento de Centros Culturales y Artísticos (MECA) y de centro cultural El Quetzal ubicado en Palermo, explica esta modalidad: “Hay distintas leyes de habilitaciones y vos podés ir usando combinaciones de ellas, así más o menos vas cubriendo las actividades que tenés. Los trámites son muy engorrosos y muy caros. La verdad es que hay que tener una sola ley para que cada actividad pueda hacerse y cada vez más en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.

Las leyes actuales no contemplan ni de reojo la naturaleza múltiple de los centros culturales, fueron sancionadas mucho antes de que estos espacios empezaran a florecer en Buenos Aires, post crisis del 2001. Pero no es solamente la Ley lo que complica la existencia física de la cultura en la capital, si no también la voluntad política. “Este gobierno esta clausurando espacios culturales ilegítimamente, porque la realidad es que las clausuras que se vienen sucediendo no fueron por problemas legítimos, están pidiendo cosas que no tenemos que tener mismo por la ley que hoy en día está rigiendo” puntualiza Mariano.

No hace falta remontarse hasta la represión para barrer a la Sala Alberdi, o, diez años más atrás, al brutal desalojo del Centro Cultural y Social Almagro en Medrano 473. Sólo el mes que pasó Vuela el Pez (Villa Crespo), el Centro Cultural Victor Jara (Parque Patricios), Compadres del Horizonte (Barracas), La Casa de Teresa (Villa Crespo), El Café de los Patriotas y otros diez centros culturales más fueron clausurados. Sin gendarmes ni balas, pero dejando a cientos de vecinos sin las actividades que allí realizaban.

40 mil firmas

Existe una ley alternativa. Varios centros culturales nucleados en MECA dieron el primer paso hace dos años, pero fueron obstaculizados en la Legislatura, que no le dio prioridad al proyecto. Este 2014 lo empezaron con una propuesta renovada: una ley que busca 40 mil firmas para ser presentada como iniciativa popular.

Mariano cuenta que ya tienen 25 mil firmas y que “lo que nosotros estamos pidiendo en esta nueva ley es que la zonificación de este tipo de actividades sea amplia para que nosotros podamos tener en todos los barrios centros culturales. Pedimos la gratuidad del trámite para todas las entidades sin fines de lucro, porque entendemos que al ser algo que está queriendo darle cultura a la gente no tendría que tener gastos para hacerlo”. Además agrega que este proyecto de ley adapta los requerimientos legales a las necesidades de espacios independientes y mantiene las exigencias de seguridad e higiene previstas en otras leyes vigentes.

Varios de los centros culturales van a poder reabrirse, apelando y esquivando la burocracia de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo que sabe higiene pero no de cultura ni de la dinámica de esos espacios. 15 mil son las firmas que faltan para que los centros culturales tengan, al menos, la posibilidad de dejar de visitar a la AGC todos los años. 15 son los centros cerrados en sólo un mes. En estos lugares podes firmar:

La Casa de Árbol – Fitz Roy 2483, Palermo.

Casa Presa – Valdenegro 2636, Villa Urquiza.

El Quetzal – Guatemala 4516, Palermo.

Rincón Casa Cultural – Rincón 1330, San Cristóbal.

Señor Duncan – Av Rivadavia 3832, Almagro.

Club Cultural Matienzo – Pringles 1249, Villa Crespo.

Archibrazo – Mario Bravo 441, Almagro.

Multiespacio Pasco – Pasco 689, Balvanera.

Vuela el Pez – Av Córdoba 4379, Villa Crespo.

La Vieja Guarida – Guardia Vieja 3777, Almagro.

El Emergente – Gallo 333, Almagro.

Teatro Mandril – Humberto Primo 2758, San Cristóbal.

El Surco – Av Boedo 830, Boedo.

La Brecha – Juan de Garay 2900, Parque Patricios.

La Senda – Thorne 493, Parque Chacabuco.

La Bisagra – Av San Juan 1826, San Cristóbal.

San Nicolás Social y Cultural -San Nicolás 162, Floresta.

Mu. Punto de Encuentro – Hipólito Yrigoyen 1440, Congreso.

El día que el country se volvió una ciudad

En Honduras, el gobierno de Porfirio Lobo –aquél que quedó en el poder tras el golpe de estado al presidente Zelaya en 2009- le dio luz verde hace un mes al proyecto de “ciudades privadas”. Comprando terrenos, como si fuera un barrio privado, habrá pedazos del país centroamericano donde se crearán nuevas constituciones y reglas específicas. ¿Te estamos jodiendo? No, increíblemente, es en serio.


Imaginate lo siguiente. Vos vivís en, pongámosle, Jesús María, Córdoba. Córdoba es Argentina, claro, y por eso, en Jesús María, vos pagás con pesos argentinos. Sabés, además, que, si tuvieses un problema judicial, podés apelar en última instancia a la Corte Suprema, que la Constitución Nacional es el texto que te ampara en tus derechos, que tus impuestos se coparticipan; en fin, más o menos sabés todo lo que te entra en el paquete por ser un habitante de Argentina. Ahora seguí imaginando: imaginate que te alejás unos kilómetros de Jesús María, llegás a Colonia Caroya y ahí nada de lo que en Jesús María valía, vale. Claro: porque en Colonia Caroya el peso no rige, la moneda es otra. Y tampoco la Carta Magna, ni el temita de los impuestos. Ahí tienen también otra policía. Colonia Caroya sigue siendo Argentina. Pero dicta sus propias leyes, tiene su sistema tributario, se ocupa de manera autárquica de su seguridad. Es como si fuese una isla dentro de un país soberano. ¿Las políticas migratorias que se dictan en Argentina sirven para toda Argentina? No, para Colonia Caroya no. ¿Con 10 pesos me compro una X cantidad de manzanas en Clorinda y otra en Cipolletti? Sí, pero no en Colonia Caroya. Ese lugar es un “pueblo privado”, que decide su destino por fuera de todo lo que pasa en la nación.

Bueno, listo. Ahora, dejemos de imaginar. Nada de eso pasa en Argentina. No existe tal división entre Colonia Caroya y Jesús María. No existen las “ciudades privadas”, serían un gran escándalo y un aún mayor ninguneo a nuestra soberanía. Pero, tal vez, existirán en Centroamérica, más precisamente en Honduras. ¿Volvimos a la fantasía? No, no. En ese país, la fabulita inventada en el primer párrafo está por hacerse realidad. Y eso es demasiado peligroso…

No hay mucho que explicar. Simplemente que el gobierno de Porfirio Lobo –aquél que quedó en el poder tras el golpe de estado al presidente Zelaya en 2009- le dio luz verde hace un mes al proyecto de “ciudades privadas”. ¿Qué son? Dice la BBC: “la ciudad creada quedará a sus anchas para gobernarse, administrarse, firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley (como tribunales y policía), hacer su presupuesto y hasta contratar sus propias deudas internas o externas”. Las “ciudades privadas” son un país dentro de otro. Y por más que el presidente del Congreso haya dicho que no, porque Honduras decidirá sobre su defensa y sus relaciones exteriores, lo son. Es la lógica del country, exacerbada al punto de poner en peligro la soberanía de un país independiente. Es demasiado peligroso. ¿Nadie dijo nada al respecto?

Un datito más, como para que el cuadro termine de cerrar, y recordemos, por ejemplo, que en Honduras asesinaron ya este año a más de 30 periodistas, y que, cuando el golpe a Zelaya, Estados Unidos no le quitó el apoyo económico al país, por más que “condenó la acción”. Quienes están detrás de este proyecto, adivinaste, son empresarios del país del norte. De hecho, la idea está inspirada en el modelo de Charter City, del economista yanqui Paul Romer. La Charter City sería como una ciudad creada en un espacio deshabitado de territorio, en el que la gente “va dictando sus propias reglas”. ¿Peligros en esa última frase? Muchos, pero tres en particular. Uno: ¿Quién es “la gente”? (porque todos sabemos, por ejemplo, qué tipo de gentes viven en countries –nuestro ejemplo más cercano, aunque igual súper lejano- y quiénes vivirían en “ciudades privadas”). Dos: ¿Cómo se dictan las reglas? Y tres: ¿Qué es un territorio deshabitado? En la Conquista del desierto, por ejemplo, el desierto no estaba desierto: estaba habitado por un montón de indios, a quienes mataron, torturaron y degollaron.

En Honduras, por suerte, ya empezó la resistencia a este –terrible, terrorífico- proyecto. La gente que todavía piensa en su país, que así les digan que son “una república bananera” quieren seguir siendo una república, se opone. Es lógico. Y los indígenas también. Ellos saben que para los inversores, sus territorios están deshabitados. Y que si no levantan la voz, pronto su río se convertirá en la acequia de una ciudad privada y que sus plantas no serán más que tallos marchitos metidos en obsoletos floreros. La OFRANEH, que es la comunidad que nuclea a todos los pueblos garífunas de Honduras, dice en su página web: “La información proporcionada por el Estado ha sido escasa. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha manifestado que la primera Ciudad Modelo abarcará desde la Bahía de Trujillo hasta el Río Sico, franja que comprende la mitad de las comunidades garífunas existentes en Honduras”. La etnia garífuna es un grupo étnico mestizo descendiente de africanos, caribes y arahuacos. Su música, la Punta, es, para la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. Pero, bueno, lástima, eso muy lindo para los libros: pronto, serán los constructores de las ciudades privadas. Y cuando las terminen, mientras los ricos enciendan un habano con un billete de 500 lempiras, se irán a morir a los pocos riachos que el neoliberalismo les deje.

Más del 60% vive bajo la línea de la pobreza en Honduras. Quienes conocen, dicen que San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y la mayoría de sus ciudades son una inmensa villa miseria. Las maras dominan la escena y la tasa de homicidios es la más alta del mundo (91,6/100.000 jabitantes). Por eso, el camino a la riqueza fácil deslumbra y recibir una inversión gigantesca a cambio de “sólo un pedazo de territorio y otro de soberanía” atrae. Pero los peligros son enormes. Y no sólo para los garífunas que, como siempre, por ser indígenas, terminarán sufriendo las primeras consecuencias: sino para todos. Con una ciudad privada se empieza, y de repente, y cuando no te diste cuenta, las cinco estrellas del centro de la bandera de Honduras se convirtieron en cincuenta. Y las cincuenta de la de Estados Unidos, en cincuenta y uno.

Con la frase anterior, remate pesimista, debería haber terminado el artículo. Pero es necesario hacer una aclaración. Las “ciudades privadas” aún son sólo un avanzado proyecto. Pero no existen. Hay que evitar que existan. No sabemos bien cómo. Pero hay que evitarlo. Indignarnos es, al menos, un instintivo primer paso.

1812, año de fundación

Por ADHILAC (Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe)
Se conmemora el bicentenario de las primeras cartas magnas en América Latina y el Caribe
RAQUEL MARRERO YANES
Este año conmemoramos el aniversario 200 de las primeras constituciones de los países latinoamericanos. Fue en 1812 cuando se aprobaron las cartas magnas fundacionales de las actuales repúblicas de Ecuador (Quito), el 15 de febrero; Colombia (Cartagena), el 15 de junio; y Chile el 27 de octubre. Ello abrió el proceso de consolidación institucional de los nuevos estados como parte de la lucha por la independencia.
SERGIO GUERRA VILABOY, PRESIDENTE DE LA ADHILAC Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL GRUPO NACIONAL DEL BICENTENARIO.
A propósito de estos acontecimientos, Granma conversó con el doctor Sergio Guerra Vilaboy, presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), quien, además, es el secretario ejecutivo del Grupo Nacional del Bicentenario de la Independencia de América Latina.
En Buenos Aires —explica—, el 8 de octubre de 1812, las tropas de José de San Martín derrocaron al gobierno moderado exigiendo “Independencia y Constitución”. Este proceso se inició en Caracas, el 21 de diciembre de 1811, con la aprobación de la Constitución de la República de Venezuela, la primera en establecer un estado independiente.
Según precisa este historiador, la Constitución de Cádiz (España), proclamada el 8 de junio de 1812 con la presencia de diputados hispanoamericanos, tuvo gran impacto en el proceso emancipador y constitucional de Nuestra América.
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ TUVO GRAN IMPACTO EN EL PROCESO EMANCIPADOR DE ÁMERICA Y ESPECIAL SIGNIFICADO PARA CUBA.
No obstante —aclara—, el proceso constitucional desarrollado en los territorios hispanoamericanos a partir de entonces, estuvo precedido por la puesta en vigor de las constituciones de Haití, que recogían, entre otras avanzadas disposiciones revolucionarias, el fin de la esclavitud.
Refiere Guerra Vilaboy que la del 8 de julio de 1801 consagró a Toussaint Louverture como la principal figura de la Revolución Haitiana, y la del 20 de mayo de 1805, que bajo la dirección de Jean Jacques Dessalines creó el primer estado independiente de Nuestra América y le permitió a Bolívar calificar a Haití como la “nación más democrática del mundo”.
Estos son algunos de los motivos que explican la realización del Coloquio Internacional Bicentenario de las primeras constituciones latinoamericanas, que organiza la Sección Cubana de la ADHILAC de conjunto con el Grupo Nacional Cubano del Bicentenario, adscripto al Ministerio de Cultura, y con el coauspicio de la Unión Nacional de Juristas y la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, entre otras instituciones.
El historiador puntualiza que el evento, previsto del 11 al 14 de diciembre próximo, en la capital, tiene entre sus objetivos reflexionar sobre las constituciones y su papel en la historia posterior de América Latina.
Además, pretende no solo analizar el significado de las cartas magnas primigenias de nuestros pueblos, sino también valorar las que entraron en vigor después, incluyendo las que hoy sostienen los procesos de cambio en varios países de Nuestra América.

“Perú no anda muy lejos de un golpe legal”

Paraguay es sólo una parte del ojo del huracán y nada en América está a salvo de repeticiones. Al menos, eso es lo que dice Hugo Blanco Galdós, guerrillero histórico y miembro de la Confederación Campesina del Perú. A los 78 años, un trotamundos que sobrevivió a más de un exilio, deja en claro que la mano va a estar dura y que en su país no se gobierna con la Constitución.

Su voz camina entre las ideas, da pasos a través de las palabras. Las oraciones se van pegando unas a las otras, habla del planeta, de su pasado de lucha, de su presente de resistencia, con una voz que recorre el aire como en un homenaje al cantar cansino pero feliz de Neil Armstrong en la más que conocida What a wonderful World. Se trata de Hugo Blanco Galdós, peruano, cusqueño, luego de que los exilios obligados lo convirtieran en trotamundos, hoy a sus 78 años se define él mismo como “luchador social, específicamente ecosocialista”. Ante todo, nos explica la importancia de tener presente su segundo apellido, Galdós: “Si en Google sólo pones Hugo Blanco te sale el músico venezolano compositor de Moliendo Café de quien soy admirador. Una vez en el Perú lo capturaron por llevar ese nombre”.
Mientras transitamos una época en donde los daños sobre nuestro planeta son evidentes no solo mediante estudios científicos, sino visibles en los cambios climáticos permanentes, la conciencia ambientalista no está profundamente expandida en la conciencia social, y menos aún en los debates políticos, pero esto, claro, tiene sus razones: “Pues el capitalismo en su forma actual, por su insaciable avidez de ganancia, ataca inmisericordemente a la naturaleza, lo que está matando muchas especies, entre ellas matará a la especie humana. La única forma de evitarlo es que la sociedad en su conjunto arrebate el poder mundial, hoy en manos de las transnacionales, y lo sustituya por el gobierno de todos. Por eso luchan muchos pueblos, aunque no usen la denominación ecosocialista. Este término es necesario, pues la palabra socialismo ha sido desprestigiada por la corrupta y antiecológica burocracia soviética y por quienes la usan para administrar la economía neoliberal. Nunca como ahora el capitalismo ha atacado a la naturaleza. Si el mundo va a continuar dirigido por ese 1% al que se refiere Wall Street, la humanidad va a dejar de existir en 100 años”.
Habla claro con un discurso que sorprende, no por revelador en su contenido específico, sino más bien por hacernos pensar sobre los por qué de la repetida omisión. Qué hay detrás. Hugo es miembro de la Confederación Campesina del Perú (CCP), supo comandar la guerrilla indígena en los años 60 en el Cusco, presentándose como militante junto a quienes entendió que eran la vanguardia en la militancia social, el campesinado. “El principal ataque es el calentamiento global, que antes era legal, ahora las Naciones Unidas preparan reuniones de los calentadores globales, Copenhague, ahora Río, pero no acuerdan rebajar ningún grado el calentamiento. Hay arroyos que estas desapareciendo, los nevados se están derritiendo, en Perú lo hemos notado. Todas las tempestades y efectos destructivos causados por el calentamiento global son llamados por la prensa que está en manos de las transnacionales como desastres naturales, pero no tienen nada de naturales.

-Luego de repetidos exilios, obtuvo cargo de Diputado y de Senador en su país, ¿cómo fue llegar al gobierno?
-No, no llegué al gobierno, el gobierno es el Poder Ejecutivo. El sistema cuida de que la verdadera izquierda esté en minoría, nos permite hablar cuanto queramos, pero al momento de votar gana la representación de las transnacionales. Es poco lo que se puede hacer, la presencia de parlamentarios en las movilizaciones populares disminuye la represión. Cuando más golpes recibí de la Policía fue cuando era parlamentario. Fue la época en que menos pude servir al pueblo.

-Sabemos de las fuertes protestas contra el proyecto de minería Conga, ¿en qué situación se encuentra la actividad con relación al Gobierno Nacional peruano?
-Actualmente el Perú no anda muy lejos de un ´golpe de Estado legal´ como ocurrió en Paraguay, es el Ejército quien gobierna a través de Humala, quien pisotea inclusive la Constitución elaborada por el reo Fujimori. En su campaña electoral dijo que defendería el agua contra el oro y como presidente defiende el oro contra el agua. A la protesta pacífica del pueblo contesta con represión. Atropella la Ley apresando a un alcalde (intendente) elegido por el pueblo y enviándole preso fuera de su circunscripción, hizo lo mismo con compañeros de Cajamarca que protestaban contra el proyecto Conga. Desconoce un informe de su propio ministerio certificando que la minera Xstrata contamina. Decreta Estado de Emergencia que no es su atribución sino la del gabinete. Los últimos sucesos muestran que su método preferido es la creciente represión en defensa de las compañías transnacionales depredadoras”. La minería a cielo abierto es otro de los ataques a la humanidad.

-¿Qué facciones sociales se están enfrentando?
-El proyecto Conga, de realizarse, mataría la vida en cinco valles quitando el agua para el consumo humano y anulando la agricultura y la ganadería que desarrollan 12,000 personas. Ellas y ellos se oponen al proyecto. También les acompaña gente urbana que rechaza ese futuro de muerte. Por el otro lado, están a favor los servidores de la empresa, entre ellos el Poder Ejecutivo, la mayoría del Parlamento, los grandes medios de comunicación, la mayoría del Poder Judicial, el Ejército y la Policía. Al igual que en Argentina las empresas están orgullosas de usar “tecnología de punta”, que consiste en dinamitar una tonelada de roca o tierra para extraer un gramo de oro o menos, envenenando el agua.

Hugo sigue diciendo cosas que todos sabemos y de las que nadie se ocupa, como si por algo parecido a un orden de prioridades preestablecido, no se tratase de cuestiones urgentes, como sí lo son. Pero al escucharlo los prejuicios hacia la ecología o al ecosocialismo se desvanecen con ganas. El panorama distinto de argumentación que ofrece en la batalla contra el imperialismo se transluce en las palabras de un militante campesino internacionalista, y eso habrá que escuchar atentos y hacer eco. Fuerte, con fuerza: “Yo creo que los revolucionarios nunca debemos recurrir a la violencia por nuestra propia voluntad, si no somos forzados a responder una agresión antelada. La agresión a la naturaleza y la usurpación de tierras que continúa desarrollando el gran capital en el siglo XXI provoca movimientos de resistencia en los sectores campesinos, es por eso que estoy convencido que serán los que mayores perspectivas de lucha tendrán”.