Embrollos, fatos y paquetes

No lo dice La Renga esta vez. Lo reclaman los miembros de la cooperativa San Telmo, del ex Padelai, que volvieron a tomar el edificio del que los echó el gobierno de Aníbal Ibarra, en 2003. Uno que el macrismo después le dio al Centro Cultural de España en Buenos Aires. Uno que ahora está cercado por la policía Metropolitana, que se para en la puerta con una lista censada en donde, cada vez que se quiere entrar, alguien revisa si aparecés en los papeles o no. Aquí, una historia de idas, de venidas y, sobre todo, de irregularidades.

En el artículo 14bis de la Constitución Nacional se lee que cada ciudadano de nuestro territorio tiene derecho no sólo a no dormir a la intemperie, sino también a hacer uso de una “vivienda digna”. Un estudio reciente asegura que el gasto total destinado a la impresión y a la compra de la Constitución desde 1955 es equivalente al necesario para cubrir el problema de la indigencia en todo el país. Esta contradicción se comprende mejor si apreciamos la siguiente obra del dibujante Diego Parés, cuya lucidez sintetiza la distancia de hambre entre Derecho y Sentido Común:

El último 6 de mayo más de 60 familias ingresaron a un edificio en el barrio de San Telmo: el ex Padelai (Patronato de la Infancia), caso testigo del modo en que se generan las políticas de exclusión en la ciudad de Buenos Aires. Su historia es larga: en el 84 fue ocupado por una cooperativa que nueve años más tarde recibió por parte del intendente Carlos Grosso el 70 por ciento de la escritura del inmueble en condiciones irregulares. En el 2003 el gobierno de Aníbal Ibarra ordenó un violento desalojo que dejó a 24 familias en la calle y a 52 personas en la comisaría. Avalado por peritos que aseguraban un supuesto inminente derrumbe, truco de emergencia edilicia, Ibarra ofreció un subsidio de 30 mil pesos a los miembros de la cooperativa para que desalojaran el Padelai. Algunos aceptaron, pero otros resistieron. Entonces vinieron los palazos, el vaciamiento y una promesa: destinar el ex Padelai a actividades barriales. Los 5.970 m2 del complejo, en una zona donde la fiebre inmobiliaria genera tanta especulación como tramoyismo, hicieron que las actividades barriales se transformaran en una expropiación y más tarde en una cesión del edificio a la embajada española.

Lo primero ocurrió en marzo de 2009, cuando el gobierno de la ciudad decidió que el Padelai era un edificio histórico y que para su expropiación (aprobada por la ley 3024) se pagarían 12 millones de pesos a la cooperativa que se adjudicaba parte de la escritura. Ese depósito existió, actualmente está a nombre de la Cooperativa de Trabajo San Telmo, es de 8.4 millones de pesos y está congelado. Carlos Vargas, presidente de la cooperativa que ocupó históricamente el Padelai y que hoy, después de 261 de acampe fuera del edificio, está otra vez del lado de adentro, explica el porqué: “Nosotros no tocamos esa plata. Queremos que el gobierno mismo la use para solucionar el problema de vivienda de todas las familias que están acá adentro”. Pero hay problemas administrativos que no los favorecen: los papeles de la cooperativa están perdidos, jurídicamente no se conoce quiénes son sus miembros, los libros de actas desaparecieron o fueron robados, el abogado de toda esta gente es el hijo del ex ministro de Justicia de Carlos Menem y se llama César Arias.

Lo segundo fue la cesión, autorizada por la Legislatura durante agosto de 2009 gracias a la ley 3024, otra vez bajo el gobierno de Mauricio Macri. Más sospechoso que el tiempo récord en que se le dio curso a esa medida son sus condiciones, que otorgan por un plazo de 30 años y en forma gratuita el total del edificio al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Las únicas restricciones que se le hicieron a ese grupo de prohombres fue que presentaran “los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural”. Tres años después sabemos que no cumplieron con estos requisitos mínimos y que incluso se llevaron puertas y hasta partes de los baños, demostrando cuáles son las nuevas técnicas que despliega el viejo saqueo internacional.

En tiempo presente

Hay dos custodios en la puerta del Padelai. Los dos son fácilmente reconocibles a causa de esas luces que a la mayoría nos perturbaron hasta el séptimo acto de la vida onírica: uno es la Policía Metropolitana, otro es la Policía Federal. La Metropolitana tiene una lista de nombres derivada de un censo interno que hicieron los ocupantes del Padelai. Por orden de la justicia no entra nadie ajeno a ese censo. La Federal descansa. Dos arquitectos llegan desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para comprobar, nueve años después, que la excusa de Ibarra para el desalojo era falsa. La propia Defensora del Pueblo no tiene respuestas ciertas sobre el asunto y asegura estar realizando “una búsqueda arqueológica” para poder presentar un informe y un dictamen. El Gobierno de la Ciudad se ausenta a una mediación pactada entre la cooperativa San Telmo y los miembros de la embajada de España.

La suma de los gastos generados por estudios sobre daño habitacional, consultorías sobre mendicidad, censos sobre indigencia, proyectos hipotéticos para construir más casas y sueldos de todas las personas encargadas de resolver el problema de la vivienda a nivel ciudad supera el dinero necesario para resolver el problema mismo de la vivienda. En el caso del Padelai hay algo parecido. El conflicto parece estar en los intermediarios. La demora, la burocracia, el lujo de solventar funcionarios cuya propia actividad entorpece la vida misma, la violencia institucional entendida como forma de destinar recursos públicos para analizar problemas que no se resuelven nunca o para inventar incluso nuevos problemas, la ceremonia ahí donde hay una emergencia, el delirio, el intermezzo, la insensibilidad, la falta de acción, el uso de la fuerza pública: esto es lo que resumimos habitualmente como gestión pública y deberíamos llamar políticas de exclusión. Pero lo cierto es que lo llamamos, con la cara de quien es invitado a ver una obra que resulta ridícula, nuestro proyecto de humanismo. Esa obra en forma de tragedia comenzó a representarse en tiempos de la Grecia de Pericles y fue titulada Democracia.

Según el presupuesto estimado para el año 2012, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) tendrá a su disposición más de 331 millones de pesos. Según otras estimaciones más serias -realizadas por especialistas del INCE (Instituto Nacional Contra la Estupidez)- Argentina tendrá, por cada habitante en situación de indigencia, un funcionario dedicado exclusivamente a resolver ese problema. La fecha aproximada de la estimación es mayo de 2020. El informe advierte a su vez que “es necesario reducir los niveles de indigencia de manera progresiva pero drástica. En caso contrario, el número de funcionarios bajo la órbita del estado para esa fecha significará una dificultad que hundirá al gasto público en un grave déficit presupuestario, déficit que cualquier administración seria no puede permitirse.”