Policía para todos

Un proyecto promueve crear una policía propia para cada distrito bonaerense con más de 70 mil habitantes. Otra vez, más efectivos como la solución al problema. ¿Cómo se vive en los barrios marginados? 

policiaQuienes promueven la creación de la policía comunal para distritos de la provincia de Buenos Aires con más de 70 mil habitantes, “respetando la procedencia territorial de los aspirantes que se seleccionen para incorporarse”, sostienen también que los efectivos estén siempre armados, por si acaso “algún delincuente se quiere vengar”. Reconocen la naturaleza violenta de una institución que durante 2012 mata más fuera de servicio que con el uniforme puesto (Derecho para matar), pero pretende armonizarla con la comunidad.

La discusión mediática pasa por quién pagaría y por quién tendría el poder de manejar a esa nueva fuerza: los intendentes – todavía barones del conurbano (Llevamos mucho tiempo sin democracia en Merlo) y cada vez más cerca de la oposición de derecha-.

¿Qué piensa un secretario de seguridad?

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, se quejó de que el Ejecutivo Nacional le quitara los gendarmes: “Los trajeron para la época electoral”, y lanzó una campaña de inscripción para ingresar a la policía: 10 mil efectivos destinados a San Isidro, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Fernando, Tigre y Pilar.

El ministro provincial, ex intendente de Ezeiza Alejandro Granados define: “El que hace política con la inseguridad es un salame”.

Los altos sueldos supuestamente descartan las posibilidades de que la policía vuelva a amotinarse. Dice el secretario de seguridad:

Clarín: –¿No hay una queja subterránea en la Policía por los sueldos bajos, ni posibilidad de que vuelvan las sublevaciones del año pasado?

Granados: –No, si cualquier policía gana 12.000 pesos. Andá y preguntale a cualquier policía en la calle cuánto gana y vas a ver.

Trato diferenciado

El Centro de Estudios Legales y Sociales enmarcó en un estudio de 2013 las diferentes formas de actuar según sectores sociales: “Las zonas pobres de la ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano han sido históricamente un ámbito diferenciado de las políticas de seguridad y de las prácticas policiales. Tradicionalmente, los modos en que las policías se relacionan con los vecinos de estos barrios y con estos territorios han implicado prácticas abusivas, tanto en el trato cotidiano como en los grandes operativos. (…) Pese a la variedad de las intervenciones de seguridad en barrios pobres, hay particularmente un punto en común: difícilmente serían toleradas en zonas habitadas por sectores de clases medias y altas. (…)”. Por ejemplo: el relevamiento de prácticas abusivas cotidianas, que tienen lugar tanto en intervenciones regulares (por ejemplo, allanamientos con orden judicial) como en la participación en redes de ilegalidad (por ejemplo, en negocios de toma de tierras y venta de drogas).

Granados insiste: “El déficit número uno es la falta de policías. A fin de año egresaron 5.000 cadetes y los mandamos a la Costa. El Operativo Sol fue extraordinario. Por más que me lo quieran bajar, fue así. Pregúntenle a la gente que fue a la playa. Ahora esos policías volvieron a sus lugares de origen, porque eso es lo que se había pactado. El de Olavarría se fue a Olavarría, el de San Pedro a San Pedro, así que una buena cantidad no puede venir al Conurbano”.

El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, advirtió que la policía comunal “puede ser un elemento innovador, pero si no se  emplea correctamente puede tener los efectos no deseados”. Agregó: “No emplearla correctamente es que la policía municipal se termine convirtiendo en la fuerza de choque de un intendente, por ejemplo”. La presidenta Cristina Fernández había adelantado su oposición al lanzamiento, porque militantes de La Cámpora denunciaron golpizas de agentes de San Isidro, gobernado por el opositor Gustavo Posse.

El caso testigo

En La Matanza, el intendente Fernando Espinosa lanzó en abril de 2010 su policía municipal compuesta, según sus propias palabras, por ex militares y ex policías con portación de armas. A metros de Capital, en ese partido había desaparecido 13 meses antes Luciano Arruga, previamente torturado por la policía y amenazado para que robara para la comisaría 8va de la Bonaerense. Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga explica cómo se legitimó la apertura del destacamento donde fue torturado y visto por última vez: “Algún sector de Lomas del Mirador se sintió identificado con el discurso de la inseguridad de Vecinos en Alerta (Valomi), y empezó un reclamo por más seguridad. Estaban influenciados por la forma de vender la noticia en los medios de comunicación. Cuando algún sector de la sociedad se siente inseguro recurre a criminalizar a los sectores más pobres porque creen que por tener menos educación, toman tierras, no trabajan. Todo ese mito es aprovechado para formar estos discursos discriminadores”. Las palabras de Vanesa, su experiencia, grafican qué sucede cuando se pide más seguridad.

Matín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora, hoy diputado nacional, defendió la propuesta de creación de la policía comunal desde España: “Tomando las experiencias en materia de seguridad, logística, infraestructura que vivió España. Hemos visto cómo la tecnología, el profesionalismo ha creado una fuerza local, comunal que le está dando resultados de excelencia a Madrid y a todo el país”. ¿Les suenan las políticas importadas? ¿Los anhelos de ser como el Viejo Continente?

¿Qué pasa en la calle?

Desde San Justo, La Matanza, Familiares y Amigos de Luciano Arruga describen el vínculo de vecinos con la policía: “La relación es de control sobre los pibes, y también de manipulación porque muchos jóvenes terminaban siendo rehenes de las propuestas de estos policías de robar para ellos. La relación entre los vecinos y las fuerzas de seguridad suele ser la misma. Sean gendarmes, bonaerenses o policías tipo municipal o Policía Bonaerense dos. Algunos vecinos exigen presencia de la policía a causa de la inseguridad que, sabemos, existe. Otros son los que a la policía le tienen miedo y se comen un verdugueo nuevo todos los días. No creemos que eso sea diferente con la municipal. La impresión que Luciano en particular tenía de la policía era la que vivía en su barrio. Estaba acostumbrado a que la policía los parara a él y a sus amigos, se lo llevaran detenidos, los tuvieran varias horas, los golpearan en la comisaría. Lo tenía naturalizado. Si se preguntaba algo era por qué lo molestaban. Se daba con él como con sus amigos y con cualquier otra persona en la misma situación”. Es decir: jóvenes y pobres.

La Policía Metropolitana, creada en 2010, no fue excepción. Al año siguiente provocó cuatro muertes y en agosto de 2013 una más; en todos intervinieron funcionarios fuera de servicio. Esas armas policiales que sólo deberían utilizarse en servicio, también han provocado numerosas muertes en conflictos intrafamiliares, parejas mal avenidas, peleas entre vecinos o incidentes de tránsito, el rubro que menos prensa tiene en la denominada inseguridad, y que más vidas se lleva.

La industria de la pobreza

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata (APDH) resumió en septiembre de 2010 lo que estructura los problemas de inseguridad. “Hemos ‘asistido’ a numerosos procedimientos en villas miserias o barrios de emergencia bajo el modelo denominado ‘de saturación’, es decir, rebalsar el barrio de personal de seguridad con gran despliegue de armas y móviles policiales. Da la imagen de ‘guerra’; de lugar ‘tomado’, es fuerte ver esas imágenes”.

Desde la APDH hace tiempo que venimos denunciando una estructuración social perversa que reconoce su origen en la década del 90 pero cuya lógica impera aún hoy. Es decir, aquel círculo vicioso de pobreza, marginación, drogas, cárcel, libertad, marginación, cárcel o muerte: la  desproporción y desequilibrio económico acudiendo solidariamente hacia esos sectores sociales, en realidad, se ha creado una subrepticia e inconfesable industria de la pobreza. Las demás clases  sociales viven de los pobres. De allí la inacabable creación de juzgados penales, fiscalías, todo ello con nombramiento de personal para las distintas funciones que se requieren, psicólogos, asistentes sociales, especialistas de toda especie, policías: la de siempre, la policía dos, policía rural, policía comunal, agencias de seguridad, venta de tecnología vinculada a la inseguridad, gendarmería afectada a la seguridad, construcción de cárceles, aumento del personal policial y penitenciario, aumento de los gastos de mantenimiento de toda esa estructura, compra de armamento, vehículos vinculados a la luchas contra el delito, etc. Es difícil saber el presupuesto que ello demanda”.

Lugano de segunda

Diosnel Pérez llegó a Lugano en el 87 y construyó las primeras casas de lo que hoy es la Villa 20. Desde entonces, vio pasar gobiernos municipales y nacionales de todos los colores: ninguno urbanizó. Él sigue repartiendo constituciones de la Ciudad para mostrarles a sus vecinos que tener calles asfaltadas, tendido eléctrico, agua potable y sistema de cloacas es un derecho consagrado.

Diosnel Pérez fue de los primeros vecinos en ocupar las tierras que hoy son la Villa 20, en el barrio de Lugano, allá por 1987. “No fue fácil. De noche construíamos y después venía la montada a destruir lo que habíamos hecho. Pero los caballos se cansaron y nosotros no”, resume sobre esos tiempos posteriores a la dictadura. Todavía sale a repartir constituciones de la Ciudad para mostrarles a sus vecinos que la vivienda digna es un derecho: está consagrada en el artículo 14 bis. Recuerda que, antes de empezar a militar, él mismo creía que valía menos por ser extranjero. “La villa no está incluida dentro de la Ciudad. Somos parte de Buenos Aires y no se reconoce. La no urbanización colabora con la discriminación”.

 

Los servicios y Mirtha Legrand

Por más que estén capacitados para un trabajo, si en el casillero de dirección ponen Manzana 7, Casa 18, tienen menos chances. “Ni la justicia reconoce nuestras direcciones”, sigue Diosnel. Las ambulancias no entran. El agua que toman está contaminada. Se cruzan caños de cloacas y de agua porque cada uno lo construye como puede. Si se pincha uno, ya se mezcla todo. El único momento en que va Edesur a solucionar un problema es cuando se quema el transformador: situación límite. El cable que sale de la tierra ya es trabajo de los vecinos. Diosnel: “Todos los servicios los hicimos nosotros”.

Desde el 11 de agosto de 2005, la ley 1.770 le exige al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) hacer 1600 viviendas donde hoy hay un cementerio de autos. “Con 1600 viviendas acá no alcanza para nada: somos 40 mil habitantes”. Los fallos de la justicia se repiten a favor de la urbanización, pero el Estado nunca aplicó.

La respuesta más concreta del estado fue en un almuerzo de Mirtha Legrand: Michetti manifestó el interés de su gobierno por la urbanización aportando datos sobre las fachas de casas pintadas de colores. Para peor, dijo sobre la 31: “Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario, lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad o cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o hacer un sector de barrios para clase media”.

Quizá esta postura explique, mejor que cualquier rosca, por qué no se urbanizan las villas.

 

Las formas de la ley

Junto con la ley 1.770 se aprobaron dos más: el levantamiento de un Polo Farmacéutico a manos de la tercera cooperativa más grande del mundo, Cooperala; y la construcción de un hospital. La única que se cumplió fue la del Polo. El hospital se completó solo en una de las tres etapas; quedó poco más grande que una salita de salud. Abre de lunes a viernes, hasta las 16 y no tiene guardia. Si pasa algo a la madrugada, hay que salir a pedirle auto a algún vecino – porque, de nuevo, las ambulancias no entran- e ir a un hospital a siete kilómetros. “Si esperás a la ambulancia, te vas a morir. Los vecinos ya están acostumbrados”, sabe Diosnel.

-No se puede urbanizar si la gente sigue tomando casas- repiten los funcionarios.

-La gente necesita vivienda hoy- explican los vecinos.

Y así reaparece el “Parque” Indoamericano -y sus tres muertos durante la represión conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana-. “Ningún gobierno se ocupa de crear una política seria de vivienda”, sigue Diosnel. “Y ahora menos. En las 70 hectáreas libres acá en la Comuna 8, el Estado quiere hacer una villa Olímpica, en vez de casas”.

 

Habladurías

Y mientras tanto, escuchan que no pagan impuestos.

-¿No? Cada vez que compro azúcar, pago. Cuando se inunda, se inunda no con agua de lluvia, sino con la cloaca que sube. Los servicios los hicimos nosotros mismos. Hasta la escuela estatal dentro del barrio usa los servicios que nosotros construimos, así como da de beber agua contaminada, así como no tiene un patio y tiene entre 37 y 40 chicos por aula. ¿Por qué en la zona Sur tenemos que sufrir tanto? Esa escuela sirvió para mucha propaganda al gobierno de Mauricio Macri. La misma en la que a una chica se le cayó toda la cerámica del lado del inodoro.

 

Las formas del Estado

En ese mismo barrio pasan cosas como esta:

http://www.youtube.com/watch?v=SJbBuJ1U5AM

Una detención, un policía que no quiere dar la cara, otro que viene para pegar y se va. Otros no fueron filmados. Otros estuvieron desaparecidos durante meses, como Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco (http://www.nosdigital.com.ar/2013/07/yo-soy-kiki-lezcano-y-nadie-me-va-a-callar/).

 

Desesperanza y razones

“Nunca se va a terminar de urbanizar. Primero porque no les conviene a los gobiernos. Las empresas que trabajan de limpiar los pisos ciegos perderían más o menos 100 millones de pesos anuales. Y esas empresas son amigas de los gobiernos de turno. Es mucha plata la que perderían”, analiza Diosnel. La empresa beneficiada es Panizza, relacionada, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con los operativos ilegales de la Unidad de Control del Espacio Público contra gente en situación de calle: “…un grupo de 13 personas que se trasladaban en un camión de recolección de residuos con la inscripción “Panizza” les sacaron los carros con todo lo que habían recolectado quitándoles así mismo su documentación, todo lo cual fue destruido”.

El Informe de la UCEP: http://www.cels.org.ar/common/documentos/INFORME_FINAL_UCEP_.pdf

Fotos: NosDigital
Fotos: NosDigital

Informe de la situación

Los informes anuales del CELS son libros bien gordotes y que no siempre están al alcance de todos. Mentira, porque pueden leerse en formato pdf con tan sólo usar el buscador, pero la verdad es que nadie se entera cuándo sale el informe y pocas veces qué data contiene. Aquí, una lectura sobre la lectura que hace el CELS sobre los derechos humanos en Argentina durante el 2011, y el acercamiento de su análisis. PARTE UNO.

El CELS, una entidad no gubernamental que vela por los derechos humanos, para los críticos es un fantasma, para los fanáticos un superhéroe y para otros, un buen padrino. Quizá es por la variedad de estos criterios que crean necesario incluir su carta de presentación en el informe, a aclarar que “el trabajo del CELS consiste en denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en la formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas, y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad”.

El palabrerío representa la propia ambición que encarna el CELS como institución y en su tarea.

Sus informes anuales aplican la mirada sobre la situación de los derechos humanos pero también – y de esto se trata lo que buscamos acercar- aportan una serie de datos, estadísticas, análisis e información que ayudan a leer el presente.
El “Informe 2012” – que testifica la situación del año anterior, es decir del 2011- se centra en tres actividades que define como “prioritarias”: la consolidación de los juicios a 10 años de las leyes de impunidad; la actuación y el sentido del Ministerio de Seguridad creado ese año; y la situación carcelaria en Argentina, definida como modelo de la “prisión-depósito”. El Informe también recala en las tensiones sociales que atravesaron el 2011 encarnados en conflictos vinculados al territorio, la vivienda y el trabajo, en la agenda de la política migratoria, de la salud mental, el aborto y la libertad de expresión.

El descabezamiento de la cúpula dirigencial de la policía federal, la Ley Antiterrorista, la impunidad en el caso de Luciano Arruga, el reclamo de los ocupantes del Parque Indoamericano y los del Triángulo de Jujuy, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Medios, todo cabe en este Informe multitemático que fuerza su sentido común en el término “derechos humanos”, y enfoca grandes temas a partir de discusiones de todos los días.

A 10 años de la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en el año 2001, el CELS comienza su informe 2012 haciendo un balance del proceso judicial de los delitos cometidos durante la dictadura militar y, si bien sostiene que “el juzgamiento está consolidado”, también destaca los juicios que todavía falta juzgar y resolver.

Respecto al balance, el CELS elabora un gráfico que recuenta un total de 271 condenados frente a 26 absueltos en el total de estos juicios. Estas sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país fueron escalonadas del 2006 (2 sentencias) al 2011, siendo éste el año con mayor cantidad de fallos: 21 frente a 19 en 2010 y 11 en 2009, por ejemplo. El hecho, claro, corresponde a la naturaleza cronológica y lineal del tiempo (naturalmente los juicios se van desarrollando año a año), pero también a un compromiso que se fue ajustando año a año. Asimismo, especifica los delitos por los que fueron acusados según porcentajes: Torturas 29%, Privación ilegal de la libertad 30%, Delitos por apropiación de menores 8%, Homicidio 20%, Delitos contra la integridad sexual 0,5%, Asociación ilícita 2%y Otros delitos 2,5%. Más de la mitad (55%) fue condenado según el rol de “coautor” de esos delitos. Del total de sentenciados, el 46% fue condenado a prisión o reclusión perpetua.

Luego de estos números, el CELS advierte sobre los procesos que subsisten como problemas y que “ya pueden considerarse endémicos”, es decir que se repiten frecuentemente o que forman parte de la propia lógica judicial. El informe culpa a “determinadas prácticas fuertemente arraigadas en la administración de la justicia”. ¿De qué está hablando? De esto: tan sólo el 24% de las sentencias dictadas por los tribunales orales de todo el país fueron confirmadas; el restante 76% fueron nomás dictadas y esperan la confirmación de los tribunales superiores: la Corte Suprema y la Cámara de Casación Penal. De este modo ha habido demoras, por ejemplo, de 2 años y 5 meses entre la sentencia de primera instancia y su confirmación final de la causa “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado”, y de hasta 2 años y 7 meses en la causa conocida como “Von Wernich, Christia Federico s/inf. Arts. 144 bis”, por citar dos ejemplos.

A su vez, todas estas causas (62) – es decir las que llegaron a sentencia-representan tan sólo el 11% del total de causas activas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Hay todavía 12 juicios en curso (3% del total de las activas), 84 elevadas a juicio (22%) y 226 en etapa de instrucción, lo que figura un 59%. De las causas elevadas a juicio asegura el CELS que “muchas de ellas están listas para que empiece el juicio hace dos o tres años, pero diferentes trabas demoran su realización”. De este modo genera la comparación de los imputados-sentenciados con el resto de los imputados “aptos para llegar a juicio”: los hoy sentenciados representan el 17% del total que podría haber.

En este caso el informe anual del CELS incluye un apartado que se debate por las “estrategias de juzgamiento” y atiende lo que define como “la cuestión de los testigos”. Para el CELS la preocupación se instaló concretamente tras la desaparición de Jorge Julio López, es decir, detrás de los hechos y no como política preventiva que un organismo debiera prever. En cualquier caso, confiesa que desde el 2011 la protección de testigos “dejó de ocupar un lugar central”. Pero su propuesta remite a una instancia que de nuevo desatiende la cuestión preventiva y relaciona a la demora judicial con la protección de los testigos: “no hay mayor protección que el avance a mejo ritmo de los juicios pendientes”. “La cuestión de los testigos” trata en este informe la idea de que el problema es el propio trato hacia los testigos en la forma en que se tomaba testimonio: que en la producción de la prueba de una causa no se realicen prácticas que revictimicen y que, en cambio, el proceso de justicia sea una “instancia reparatoria”. Habrá que ver cómo reformulan este apartado en el Informe 2012 tras la desaparición de Alfonso Severo, y qué lugar le dan a las patotas sindicales en la agenda de los derechos humanos.

La política de seguridad

Uno de los temas más interesantes que toca el Informe – por lo poco visibilizado y analizado hasta entonces- tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad. La presentación que hace el CELS remite a un proceso interesante: el progresivo abandono de un modelo “delegativo”, que deja al gobierno de la seguridad en manos de las instituciones policiales. Para el informe esto conlleva una doble renuncia: “a desarrollar políticas de seguridad y a gobernar las instituciones policiales”. Ése el diagnóstico que hace del gobierno de la seguridad ejercidos por el Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma hasta el 2011.

La idea es que ese año inaugura una etapa “reformista”. La creación del Ministerio, según el CELS, es una clara muestra de eso: “mostró la decisión de ejercer el gobierno civil de la seguridad y de las fuerzas policiales federales”. Esto el CELS lo dice al principio, es decir, como presentación y encare del tema, sin mostrar los argumentos concretos de tamaña afirmación. La pregunta entonces, hasta ahora, es qué carajo hizo el Ministerio de Seguridad.

· Afectación de núcleos de poder de la PFA
· El traspaso de la administración de pasaportes a la órbita del Ministerio del Interior
· Intervención política sobre la producción de información estadística de las fuerzas
· Desplazamiento de la PFA de los barrios del sur de Buenos Aires
· Centralización política de la distribución de policías en las calles
· Intervención sobre instancias críticas de la carrera policial y el control de la actuación
· Creación de una nueva Dirección Nacional de Política Criminal
· Despliegue de recursos tecnológicos orientados a la vigilancia y el control

Enumeradas de este modo, las acciones pierden la fuerza de sentido que confiere a cada una. Es decir: son acciones y directivas orientadas a modelar el perfil de las instituciones y de los funcionarios policiales. Reconoce entonces el primer problema de cualquier política de seguridad: la propia policía.

Cada medida representa entonces una trama compleja del gobierno de la seguridad porque intenta operar antes que nada sobre el control interno. El llamado “Operativo Cinturón Sur”, más allá del cuestionado o no remplazo de policías por gendarmes, se explica en una investigación previa del Ministerio, que permite llegar a la siguiente declaración de la ministra Nilda Garré al explicar la iniciativa: “existen muy fuertes sospechas sobre la implicación institucional de instancias dependientes del gobierno federal” en lógicas delictivas. Habló hasta de “extorsiones a comerciantes que no tienen sus papeles en regla, a los vendedores ambulantes para no molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda” (La Nación, 9 de abril de 2011).

Respecto a la instrucción concreta de la policía federal, el Instituto Universitario de la PFA renovó sus autoridades, ahora a cargo de civiles. Según el CELS, las instancias educativas no se limitan sólo a la formación primaria sino también a un “rentrenamiento del personal que ya está en funciones para que incorpore las nociones del nuevo paradigma de seguridad ciudadana y democrática”, por ejemplo interviniendo los “cursos de ascenso”.

Pero quizá lo que mejor ilustre la tarea que encara el Ministerio no sean sus políticas formativas ni del gobierno civil de las instituciones públicas (ya intentada en otros gobiernos) sino, simplemente, que entre sus acciones se incluyó la derogación de una regulación policial por la que se sancionaba a los policías que hacían denuncias internas (Resolución 1019/2011). Esa sencilla derogación habla la corrupción ya normalizada en el gobierno de la seguridad, que de a poco promete cambiar.

Ley antiterrorista

La promulgación de la llamada “Ley Antiterrorista” fue para el CELS la instancia que puso “en mayor tensión los postulados del programa gubernamental”, lo que es mucho decir. En lo primero que recala – y que no deberíamos olvidar- es en el mínimo debate parlamentario que tuvo, nada menos, una reforma del Código Penal. Segundo –y esto en su momento lo salió a criticar a viva voz el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier-, recuerda que “la razón que justificó la reforma fue la necesidad de cumplir con las exigencias del G-20” y del GAFI. Por último, para terminar este análisis en forma de denuncia, el CELS habla de “muy mala técnica legislativa” para pensar la arbitrariedad que evidencia la formulación laxa de la reforma: “duplica las penas para todos los delitos si se los comete con la finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas…”. “Esta clase de formulación es violatoria del principio constitucional de legalidad que exige que los tipos penales sean precisos”, denuncia y aclara que “pueden ser utilizadas para abarcar reclamos sociales”. Además de la explicación del G-20 y el GAFI, el CELS enmarca esta medida como parte de una tendencia de ciertos países de la región “como El Salvador, Perú o Chile” donde “se avanzó con legislaciones antiterroristas duras que justificaron la persecución de activistas y disidentes internos”.

La desaparición forzada de Luciano Arruga

El caso impune de Luciano Arruga desde el 2009 forma parte de los informes del CELS; la versión 2012 presenta un tratamiento tibio y breve del tema. Es cierto que en cuanto a los avances en la investigación y la causa judicial las novedades son escasas sino nulas; pero acaso es en esa ausencia es que el CELS debe redoblar su compromiso con el caso, no únicamente como seguimiento de un hecho aislado – como lo hace en esta versión del informe- sino como una desaparición que se volvió emblemática y cuyas repercusiones pueden alumbrar – a nivel mediático, social y judicial- otros casos impunes de desapariciones forzadas en democracia. El CELS recala en lo obvio: “El rol deficiente de la justicia” y “la incapacidad del poder Ejecutivo”. Luego sobreviene la descripción del caso y lo – poco- que ocurrió durante el 2011: un rastrillaje que no se completó. El CELS funciona para el caso Arruga como uno de los respaldos jurídicos y legales que presionan a los órganos responsables (lo afirman ellos mismos en este informe: “Tras la insistencia del CELS y de los abogados…”), por lo que dada su participación directa podrían, por ejemplo, dar a conocer las situaciones concretas de las trabas con que se encontraron la búsqueda de justicia, y no una mera declaración de principios que hacen parecer a la inclusión del caso Arruga en el informe una parada forzada.

“Es un sueño sumar una prueba al juicio por la Masacre de Trelew”

En medio del desarrollo de los juicios por la Masacre de Trelew nos reunimos con Mariana Arruti, directora del documental “La fuga que terminó en masacre”. Nos cuenta cómo vivió la repercusión social de su película estrenada en el 2004, cuál es la relación que tiene con los procesos judiciales que hoy se llevan adelante en Rawson y sobre la importancia del cine para visibilizar historias que parecieran haber querido olvidarse.

Fotos: NosDigital

Mariana Arruti aclara de movida que su primera profesión es la antropología, empezó joven su paso por la UBA y promediando su carrera decidió sumar el cine a sus estudios. Cuando llegó la hora de la bendita tesis que la separaba de la Licenciatura entendió que debía sacudir sus aprendizajes sobre Historia con su otra pasión: el arte visual. Así, comenzaría un largo camino entrelazando las ciencias sociales con los documentales.

Hija de padres militantes, respiró desde muy chica la participación de su papá como obrero de la construcción y dirigente de la UOCRA, en Bahía Blanca. Mariana siempre tuvo interés por la política y militó en su escuela secundaria, pero muy pronto quiso ejercer una participación desde otro lado, que esa militancia juvenil terminara desarrollándose desde su profesión de antropóloga, volcándolo en el cine. “De alguna manera los temas que se fueron eligiendo siempre tenían que ver con algunas historias que por ahí no están dentro de la ´ Historia oficial ´ o que no tienen una difusión en el marco de lo que aprendemos sobre nuestra Historia argentina, y siempre ligado a los movimientos populares”.

-¿Por qué elegís contar la Masacre de Trelew?

-Era uno de los temas pendientes que teníamos con nuestro grupo de trabajo. Trelew tenía varios puntos, era una historia que había marcado fuertemente toda la década del ´70, en relación a lo que el Estado va a generalizar como acciones represivas y va a diseminar a lo ancho y largo del país. Puede verse como un antecedente inmediato y claro, no porque no haya habido otros episodios, pero de alguna manera, enmarcada en el contexto político del 72, aparece fuertemente construido con un sentido. Y por otro lado, Trelew no sólo permitía centrarse en la Masacre, sino en lo que tiene que ver con la fuga del penal de Rawson: cómo estaba conformada la población del penal, es decir, guerrilla, militancia gremial y sindical. Contar cómo se había relacionado el penal con el afuera, los lazos de solidaridad entre toda la zona. Se muestra un contexto social en donde había una voluntad de cambio radical en nuestro país, a nivel más masivo, no sólo por parte de aquellos que optaban por una militancia muy comprometida y radicalizada, sino de otros sectores que se podían dar a conocer dibujando la historia del penal. Quisimos generar unas texturas en lo que significó esa generación, es decir, por qué el Estado descargó toda su ira sobre este país muy pronto después de la Masacre. Hubo un contexto social que se intentó ahogar, y que se ahogó definitivamente con el golpe de Estado del 76.

-¿Qué recuerdos tenés de la producción de la película?

-Fue muy lindo e intenso hacerla, sobretodo porque fue durante el año 2000, un momento que a nivel de contexto político era muy distinto al de hoy para abordar temáticas que tienen que ver con la militancia, la lucha armada, con la construcción política de esa generación. Y era complicado charlar o entrevistar sobre estos temas y que fueran contemplados desde una película. Conocí a muy pocos familiares de las víctimas en ese momento,  pude contactar a Soledad Capello, mamá de Eduardo Capello, y a Chela Lema, tía de María Angélica Sabelli. Pero una vez que se estrenó, con el paso del tiempo, muchos empezaron a aparecer. Los familiares se empezaron a juntar y comenzó el andamiaje de querella junto con el CELS. Felizmente se escucharon voces pidiendo juicios, y hoy vemos cómo se van concretando, a raíz de su difusión. También aparecieron algunos colimbas más que habían estado en ese momento en la Base y muchos miembros de las comisiones de solidaridad. Esto habla de lo que una película puede generar en el sentido de dejar institucionalizado que se le puede poner palabras a algo que hasta ese momento no se le podía poner palabras.

Además de la necesidad de mostrar historias dejadas de lado, Mariana considera que los documentalistas esconden una voluntad de denuncia y de concientización. Lo que no imaginaba antes de tomar la decisión de llevarla adelante es que pudiera llegar a ser pedida por la Justicia en la etapa de Instrucción de la causa de la Masacre.

“Es un sueño sumar una prueba para la causa. El juez pidió la película al INCAA como instrumento de inicio, como prueba. Quizás puede haber sido un punto de partida que después se fue ampliando a muchísimos testigos. Lo cierto es que nosotros buscamos denunciar su impunidad, que no había tenido la justicia que ameritaba. Por eso, el documental termina con la aclaración de que no conseguimos declaraciones oficiales de las Fuerzas Armadas, ni testimonios de ningún marino en particular. Creo que este juicio es emblemático en algún sentido, porque está inmerso en este proceso de juicios vinculados con crímenes de lesa humanidad, pero creo que es específicamente diferente, porque aborda un momento histórico anterior, que permite mirar y pensar cómo se construyó este proceso represivo que asumió el Estado desde mucho antes del 76. Trelew permite pensar la historia en términos de procesos, y no pensar a la dictadura como algo extraordinario en sí mismo.”

  

Para solicitar una copia del documental o información sobre la causa judicial: http://www.filmtrelew.com/

“En la Masacre de Trelew no opera la prescripción”

Mientras la Justicia lleva adelante los juicios por el asesinato de los prisioneros de Trelew, cuarenta años después -se ve que se tomaron su tiempo-, NosDigital se cruzó un tiempo con la abogada del CELS, querellante en la causa contra los acusados por la Masacre, para que nos explique ciertas claves de los juicios.

A la noche se preparó un homenaje simultáneo en los seis pabellones ocupados por los presos políticos y sociales. Espontáneamente cada uno relataba aspectos de la vida, las convicciones, la personalidad de los caídos, hasta completarlos a todos. Posteriormente hablaron varios enjuiciando y condenando el alevoso crimen y fijando la responsabilidad en la Dictadura y el sistema. Luego a voz de cuello se gritó el nombre de cada uno y cada vez se respondía en forma vibrante y unánime: ¡Presente! ¡Hasta la victoria siempre! [i]

Así relató el inolvidable sindicalista Agustín Tosco su recuerdo acerca del 22 de agosto de 1972, cuando sucedió lo que se conocería como la Masacre de Trelew. 19 prisioneros políticos de los 25 que se habían dado a la fuga hacía poco más de una semana de la Cárcel de Rawson –espacio en el que el mismo Tosco estaba confinado- fueron despertados a mitad de la noche y ametrallados. Solo tres sobrevivieron, aunque su destino tendría el mismo final solo unos años después cuando una nueva dictadura les diese la muerte como a 30 mil hombres y mujeres más.

40 años después nos encontramos con Carolina Varsky, abogada del CELS (Centro de Estudios Legales Sociales) querellante junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa contra siete militares acusados por la Masacre.

-Ustedes en el Juicio proponen que sean juzgados por Delitos de Lesa Humanidad, mientras que la Defensa de los acusados los quieren tratar como delitos comunes, ¿por qué ambas posturas?

-En realidad es así, en cualquier juicio relacionado con Delitos de Lesa Humanidad vinculados con el terrorismo de Estado, las Defensas siempre aducen que son delitos prescriptibles y en este caso que los delitos pasaron hace cuarenta años. Entonces dicen que fueron delitos comunes, asesinatos en este caso, pero como pasó tanto tiempo ya no pueden ser juzgados. Acá nuestro planteo es que no opera la prescripción, porque son Delitos de Lesa Humanidad ya que constituyen la génesis del terrorismo de Estado en nuestro país.

-La investigación para llevar adelante la causa arrancó hace cinco años, ¿hubo alguna irregularidad, algún problema, que les haya impedido seguir adelante en este tiempo?

-El trámite de la causa fue el común para este tipo de juicios ligados al terrorismo de Estado. Se plantearon ciertos incidentes que pasaron a la Cámara de Casación y luego a la Corte, que lamentablemente demoraron el inicio del juicio. Pero no hubo nada extraordinario que no ocurriese en otras investigaciones. Lamentablemente es un plazo largo, pasaron cinco años, pero lamentablemente también es una característica de lo que duran las instrucciones en los procesos penales en la Argentina, propio al Sistema Judicial del país. Si no, mirá lo que tardan los juicios por corrupción.

-¿Quiénes están sentados en el banquillo de los acusados?

-Luis Sosa, Carlos Marandino  y Emilio del Real son los acusados de ser ejecutores de la masacre; Rubén Paganini, de partícipe necesario, y Jorge Enrique Bautista, por encubrimiento. Ni Roberto Bravo, actualmente en EE UU -quien no concedería su extradición-, ni Alberto Mayorga, por salud delicada  dijeron presente en las primeras dos audiencias; la tercera arrancó este 17 de mayo.

Sobre este oscuro personaje por alguna razón protegido por Norteamérica, Alberto Camps, uno de los sobrevivientes recordaría un año después del hecho: “Otra cosa que indudablemente estaba dentro del plan de la masacre en la Base de Trelew, era que los cuatro turnos de guardia que había, dividían el día en pedazos de seis horas, pero el Capitán Bravo se las arreglaba siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cubría él, con su equipo, las nocturnas y las diurnas. Prácticamente yo diría que dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.[i]

Pero, aún así, Carolina Varsky nos cuenta el trágico razonamiento yanqui para evitar traerlo para su enjuiciamiento: “tiene que ver que es una cuestión de derechos políticos y para ellos no es motivo de extradición”.

Si es un avance el esclarecimiento de estos sucesos –por lo menos por vía judicial- algo más nos hace ruido al escuchar sobre la Masacre: el carácter represivo y violatorio de los derechos humanos por parte de la Dictadura iniciada en 1966. Los sucesos de Trelew no fueron hechos aislados, un exceso, como a los genocidas y a sus amigos les gusta decir. Estuvo enmarcado en una política de Estado: asesinatos, torturas y privación de la libertad hacia aquellos considerados subversivos, peligrosos para el status quo, para el orden imperante.

Lastimosamente al preguntarle a Varsky acerca de la posibilidad de iniciar investigaciones y juicios contra la dictadura de la Revolución Argentina, su respuesta no fue otra: “La verdad no veo que haya un aumento en las investigaciones sobre este período, excepto en este hecho, que tuvo la singularidad de ser una matanza de 16 personas y el intento de matar a otras tres. Pero no conozco que se estén investigando otros hechos ocurridos en la dictadura del ´66”.



[i] Masacre de Trelew, relatos, Agencia Walsh: http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article1376 Fecha de Consulta: 17-05-2012