Lucha de clases

Más allá del parecido de Berni con un editor de Clarín y de la despiadada represión de Gendarmería y la Metropolitana, el conflicto en Lugano desnuda el problema de la vivienda en la Ciudad. La acción del Estado a pesar de lo que dice la Constitución.

IMG_2576-3No mezclar y confundir las incontables aristas de los últimos hechos ocurridos en el barrio Papa Francisco de Lugano -bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires- puede resultar un gran esfuerzo. Primero porque muchos factores confluyen y pueden nublar que ante todo acá se está hablando de vivienda. Luego, porque donde existe confusión -creada- debemos saber que siempre hay quien sale muy beneficiado.

La Ley 1.770 de urbanización sancionada en agosto de 2005 que “afecta a la urbanización de la villa 20, el polígono comprendido por la Av. F. F. de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8”.

Las drogas y los narcos que circulan cómodos en asociación con cualquier fuerza represiva del Estado.

El asesinato de Melina Lopez de 18.

Las palabras de Berni: “Este asentamiento se cobró la vida de tres personas”, que hasta al más perezoso hará recordar al titular clarinesco, ya desenmascarado: “La crisis causó dos nuevas muertes”.

El Plan Unidad Cinturón Sur que desde julio de 2011 despliega tres mil efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el sur de la ciudad.

De la misma ciudad que está siendo sede de la conferencia internacional “El futuro de la ciudades“, organizada entre otros por la ONU.

La resistencia armada narco -desalojados una semana después- y los siete heridos de la Metropolitana.

La contaminación del suelo con metales pesados.

Y quién carajo son los punteros que iniciaron la toma del predio.

Todo. Ocurre. Pero acá se está hablando de vivienda. Y de cómo fue la represión aplicada para dejar a gente sin su casa ni otra solución viable.

Desde el Observatorio Urbano Local, dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, aseguran un notorio aumento de la población que vive en villas y asentamientos precarios en las últimas décadas: “Ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La tendencia en los últimos 50 años indica que, mientras la población de la ciudad ha permanecido casi constante, la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional se multiplica casi por cinco”.

Mientras, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que puede pasar años sin construir una sola vivienda, ejecutó solo el 11,5% en el primer trimestre del presupuesto 2014 de 957.270.900 pesos.

Articulo 14bis. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna[i].

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Dicen que dicen:

Dice Guillermo, vecino desalojado: “El sábado pasado eran las ocho menos cuarto de la mañana cuando tocaron la puerta. Pensé que eran chorros que andan por ahí siempre. Así que no contesté rápido. Los de la Metropolitana entraron a la fuerza, me pegaron un culatazo acá –se señala el hombro izquierdo inflamado por demás-, me gritaban `salí de acá, tomátelas, salí´, solo con la mochila que pude agarrar, sin documentos, ni plata, dejé mi casa con mi familia”.

Dice la jueza María Gabriela López Iñíguez: “En la madrugada del sábado se dio inicio al allanamiento oportunamente dispuesto, cuyo resultado fue exitoso en tanto la actuación coordinada y profesional de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional lograron que a las 8.45 horas del sábado el 98% del terreno se encontrara desocupado de moradores. Es decir que a las 9.15 horas todas las personas habían abandonado, sin pérdidas humanas que lamentar ni heridos de consideración, el terreno ocupado. A partir de las 9.15 horas comenzó la tarea ardua e ingrata de vaciar el predio de objetos y pertenencias varias, con el objetivo de preservar en toda la medida posible las cosas muebles de los habitantes (…) El objetivo primordial fue el de evitar, para los habitantes de ese lugar, pérdidas materiales que hubieran podido agravar sensiblemente su situación, por evidentes y ostensibles razones de humanidad”.

Dice María, vecina desalojada: “Si Berni y Macri tenían planeado un desalojo, lo básico era pensar dónde ubicar a tanta gente. Lo único que nos ofrecieron fueron palazos y nos dejaron tirados en el bulevar mientras veíamos a las topadoras que nos rompían todo: heladeras, documentos, materiales de construcción. Nos dijeron que venían por un allanamiento, pero era mentira”.

 Vuelve a decir la jueza López Iñíguez: “Sin perjuicio de algún mínimo y ulterior incidente que haya podido registrarse con el curso de las horas, definitivamente de envergadura menor frente a la enorme tarea realizada, corresponde declarar oficialmente que estos hechos deberán ser abordados y resueltos por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño en uso de sus legítimas facultades. Las autoridades locales, en sus diversos roles, hemos dado cumplimiento a nuestro deber. Por ende, sólo resta hacer público en lo personal mi enorme agradecimiento a la solícita colaboración de la Gendarmería Nacional, en la persona del Sr. Comandante Mayor Claudio Brilloni, Jefe del Cinturón Sur de esa fuerza; al Sr. Secretario a cargo de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación Rodrigo Luchinsky y muy especialmente a la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación, Sra. Cecilia Rodríguez, por el gigantesco compromiso y dedicación funcional que exhibieron, para posibilitar que esta manda judicial fuera ejecutada de un modo humano, racional, proporcionado, y en definitiva constitucional”.[ii]

Dice Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires: “La Metropolitana no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia, usar la fuerza. (…) en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se pudo haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.

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Estratagema

La estrategia oficial post desalojo fue la cesareana-napoleónica divide et impera. La táctica fue orientada a separar a los vecinos de sus vecinos, de sus casas, de sus familias. El objetivo: debilitar el poder popular, dividir a los desalojados e imperar sobre ellos.

Algo más de quinientas familias desalojadas quedaron en la calle y fueron impulsadas a arreglárselas por su cuenta. Los que pudieron están aún hoy resistiendo en el bulevar de la Avenida Fernández De La Cruz rodeados por efectivos de la Metropolitana. Los que no tenían familiares o amigos a quien acudir por un rincón donde tirar su colchón fueron distribuidos entre hoteles y entre los paradores nocturnos para personas en situación de calle del Gobierno de la Ciudad, en Barracas, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda.

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A Guillermo, luego de desalojarlo a los golpes, lo invitaron a ir al de Parque Avellaneda: “La mitad de mi familia se fue a casa de familiares, y el resto nos fuimos al parador. Al segundo día ya faltaba comida, mesas, los padres y los hijos dormían en una sola cama. Son pabellones divididos entre mujeres y hombres con cincuenta cuchetas cada uno, muy parecido a estar detenido en la cárcel. Ir allá no es solución. Hay gente que vive en la calle y duermen en esos paradores que se quejan porque la comida la tienen que compartir con nosotros ahora. Y a mí, que vengo de Santa Cruz de la Sierra, me gritan que me vaya por boliviano. Pero hoy a la noche probablemente vaya a dormir allí de nuevo”.

De lejos, se lo escucha a Franco pedir una y otra vez por baños químicos. Hay que entender que los que están resistiendo en el bulevar -dentro del enrejado policial, y fuera- no tienen siquiera donde cagar. “Hubiese preferido que los uniformados agarren y nos maten, y no esto de dejarnos muertos en vida”. Es de Alianza Lima, el equipo de su ciudad natal, 36 y una familia disgregada a partir del desalojo masivo: “La mayoría éramos inquilinos, no tenemos nada, y acá algo tuvimos. Pero ya no. La dictadura acabó pero ellos la siguen aplicando”. Entre medio de una oración y otra, vuelve a consultar por los baños, y continua explicando hasta dónde llega la bronca: ”Nos presionan para que firmemos el subsidio habitacional de 1800 pesos por 10 meses con cláusulas que no te permiten reclamar después; es que eso no soluciona nada para una familia. No lo vamos a hacer. El pueblo por más que sea pobre se va a levantar, el pobre se va a cansar de ser pisoteado. Si lo único que te van a poder sacar es la vida, porque el resto ya te sacaron todo, hay que entregarla”.

IMG_3557La estructura estructural

La crisis habitacional de las -al menos- 163587 personas que, según el Censo 2010, viven en las villas de la ciudad es estructural, pero no necesaria ni menos irreversible. Es estructural porque la estructura político-social indica que así sea. Lo estructural aquí es la estructura funcional a sostener los status quo relacionados con la criminalidad civil, la corrupción política y la permanencia de la supremacía del poder establecido, para no ofrecerle todas las culpas simplemente al capitalismo que las suyas no deja de tener.

María de unos cincuenta y pocos, se calza como automática al nieto que todavía no camina en el brazo derecho. Canchera con los bebés, de un solo movimiento le deja el hombro libre para que el chiquito apoye cómodo la cabeza. “Desde que llegué a Buenos Aires siempre estuve en villa 20, en casas de familiares de mi esposo, comedores y alguna piecita prestada por ahí. Nací en Villa Minetti, un pueblo santafecino pegado a Santiago del Estero, pero de chica ya me fui a Santa Fe capital. De allá vengo. Pero allá es mucho lo que se da de prostitución. -descuelga al nieto para dárselo a la madre- y yo tengo muchas nenas y mientras ellas fuesen creciendo iban a ser llevadas por los cafiolos, y ahí, ya no ves más a tu hija. Por eso me quise venir acá. A Buenos Aires la ves desde la tele y es Nueva York -estira los brazos Maria, separando en horizontal todo lo que puede la yema de los dedos medios de cada mano-, estando acá ya es otra cosa”.

Apenas llegué de Bolivia alquilaba una casa con otras familias cerca de la cancha de Vélez  y trabajaba en la costura -cuenta Guillermo-. Cuando vi que podía conseguir algo más barato, alquilé dos piezas de 3×3 en la 1-11-14, que ahora valen unos mil pesos cada una. Pero hace unos meses con mis ahorros pude comprar por veinte mil pesos un terreno de 8×4.5 en la Papa Francisco. Quién me lo vendió, uno del barrio que no se cómo se llama, me decía: `ya es seguro, llevan más de tres meses acá. No te lo van a sacar´. En otros lados, los terrenos valían de 40 a 100 mil pesos. Al otro día de comprarlo armé una casa precaria con unas chapas y a partir de ahí me puse a construirla con material y todas las mañanas trabajaba en la obra para mi casa”.

[i]  Constitución Nacional Argentina.
[ii] Comunicado oficial de la titular del Juzgado Nº 14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, María Gabriela López Iñíguez, en relación a los hechos de público conocimiento en el marco de la orden de allanamiento y liberación ejecutada el sábado 23 de agosto.

Atención policía

Frente al proyecto de Diputados de poder calificar de ilegales protestas sociales que son bien legítimas, la represión se ha recrudecido en todo el país utilizando desde infiltrados a balas de plomo y accidentes simulados.

A la altura del kilómetro 30 de la ruta Panamericana, donde se encuentra uno de los centros industriales más grandes del país, se toma el pulso de una realidad que involucra a trabajadores, gendarmes, automovilistas y a todos: el de la llamada “protesta social”.

Allí y desde hace años se discute cuerpo a cuerpo el derecho, la legitimidad y los límites de los reclamos laborales y también la respuesta del Estado frente a estos conflictos. Últimamente, apareciendo en su faceta más terrible: la coerción por parte de las fuerzas de seguridad.

En el último año se sucedieron una serie de represiones a trabajadores que tienen nuevas características, trazan una tendencia y rebotan en la campaña mediática y en los recintos políticos.

Mientras se discute en comisiones de la Cámara de Diputados un proyecto de ley -impulsado por  Diana Conti, Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, entre otros, todos del Frente para la Victoria-  que busca regular la protesta, Sergio Berni -Secretario de Seguridad de la Nación- dice que con el código penal basta para garantizar la circulación en las rutas federales. Patea el conflicto laboral al Ministerio de Trabajo que genera cada vez menos instancias de mediación, ciertos diarios publican como noticia la preocupación de los empresarios ante la preeminencia de comisiones internas obreras “de izquierda”, se difunden videos donde se demuestra la presencia de infiltrados en las manifestaciones, la gendarmería usa balas de goma, muestran armas de fuego, van con perros sin bozal, detienen ilegalmente y abren causas penales contra trabajadores.

Los casos de Lear y Donelley

“Cada vez son mayores los operativos”, dice de primera mano Jorge Medina, delegado de la comisión interna de la gráfica Donelley -cuya quiebra mereció la atención de la presidenta- y uno de los reprimidos en distintas secuencias de los últimos meses. La primera: el 8 de julio en la Panamericana cuando se acoplaban a la protesta de la autopartista Lear. Aquel martes se mostró el quiebre o el comienzo de la escalada represiva que siguió: “Había como una norma implícita de que toda protesta era en horario temprano, duraba un rato, venía gendarmería y se levantaba”, dice la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y representante de algunos trabajadores, Myriam Bregman.  “El 8 de julio generó un cambio absoluto y es porque la gendarmería no vino a negociar y dijo: `se van ya mismo porque vamos a pasar por acá, por arriba de ustedes´”.

El delegado Medina recuerda de la jornada: “La gendarmería avanza y nosotros retrocedemos, pero no nos dejan bajar de la ruta porque nos pusieron a la bonaerense al costado. Entonces empezó la represión y los disturbios, y en lugar de durar un rato la protesta duró todo el día. Hubo heridos, detenidos, ambulancias…”.

La siguiente represión ocurrió en Ciudad de Buenos Aires, cambiando también el actor represivo -esta vez la federal-: fue el jueves 26 de junio cuando trabajadores de Lear y Donelley marcharon desde Callao y Corrientes hasta la Cámara de Comercio Estadounidense, en contra de los despidos y suspensiones. Aquel día la policía tiró gases, rapartió palos y llevó detenidas  dos personas a la comisaría 5°.

En ambos casos, las represiones fueron respaldadas por declaraciones de Sergio Berni apelando a la “libre circulación” de rutas y calles, es decir planteando el viejo dilema del derecho a circular por sobre el derecho a la protesta. La nueva arista resultó ser la demonización de los sindicatos “de izquierda” como crítica a la forma de llevar adelante los reclamos.  “Es como que el foco de la criminalización lo están poniendo ahí, buscando el izquierdómetro y a partir de eso el origen de la protesta parece que no son los 200 despidos sino que es porque son de izquierda”. El delegado Medina opina  sobre los métodos de protesta: “Los cortes y los piquetes son los métodos tradicionales de la clase trabajadora que nos permitieron conquistas históricas, como las jornadas de ocho horas. Hay que tener en cuenta que, si llegamos a ese punto, es porque todas las otras instancias se agotaron”. Medina apunta al cerco entre la empresa, el gremio cómplice y el Ministerio de Trabajo. En los casos de estas empresas, luego de años de comisiones internas que respondían a la llamada “burocracia sindical”, y con el pulso de las explotaciones cotidianas, han ido ganando terrenos comisiones internas más combativas que no se quedan de brazos cruzados, cuestión que no implica que sean todas de izquierda: “De la comisión interna de Lear sólo uno se reivindica como `de izquierda´”, cuenta.

Con Berni al frente de las represiones, otra parte del oficialismo discutiendo la regulación de la protesta, la presidenta Cristina Fernández se encargó de ir contra las maniobras empresarias en Donelley al anunciar que se iba a aplicar  la Ley Antiterrorista a sus directivos: planteaba que la gráfica tenía accionistas de los fondos buitre y que la declaración de su quiebra era una maniobra especulativa en contra de los intereses del país. Medina interpreta: “Estamos a favor que se revise el accionar de la empresa, pero no apoyamos la Ley Antiterrorista, porque sabemos que se le aplica una vez a una empresa y cien veces a los trabajadores”. Actualmente Donelley se encuentra bajo control de los trabajadores mientras se resuelve su situación en una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo: “Nosotros planteamos la estatización de la planta con control obrero. Nos dijeron que sólo estatizaban servicios, pero nosotros podemos brindar un servicio de imprenta para el Estado”, dice Medina.

Denuncias y decreto

La abogada Bregman cuenta que, desde entonces, “estamos metiendo una denuncia por semana”, en referencia a las causas abiertas por el Estado contra los trabajadores y que éstos responden con denuncias a las propias fuerzas de seguridad. “Pedimos como medidas de prueba que gendarmería diga bajo qué protocolos de actuación intervinieron. Si fueron con perros sin bozal, tiraron balas de goma para dispersar, no dialogaron, ¿en qué protocolo está eso?”.

La pregunta apunta al decreto que la Secretaría de Seguridad, en 2011 a cargo de Nilda Garré, promovió para regular la actuación policial en manifestaciones sociales: entre otras medidas se prohibía la portación de armas de fuego, se restringía el de balas de goma únicamente al “uso defensivo” y obligaba al personal de la fuerza a portar una identificación advertible a simple vista. Estos estándares se habían fijado como resultados de la represión que terminó con muertos en la toma del Parque Indoamericano y del crimen de Mariano Ferreyra.

“Se había logrado una base de discusión importante que se pretendía que avance a contextos provinciales”, dice Paula Litvachky, responsable de Violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Incluso provincias que acataron los 21 puntos del decreto mostraron practicas muy regresivas también: Jujuy, Chaco, Tucumán; esto no pasa sólo acá. Se vienen viendo situaciones complejas con respuestas policiales regresivas y ahora aparecen con más preocupación algunos retrocesos de las propias fuerzas federales”. Litvachky enumera: “Portación de armas de fuego de policías, uso de escopetas de balas de goma para disuadir, uso de perros, preponderancia del operativo policial y situaciones particulares como el gendarme al que se vio tirarse arriba del auto simulando un accidente o la persona que aparece de civil como infiltrada. Esos son elementos preocupantes”.

-¿Qué cambió? Las respuestan parecen ser dos:

-“La frecuencia con que se están dando las protestas, y en el modo en cómo se están respondiendo. Vemos con preocupación cómo posiciona el Estado en la mayoría de los casos con una respuesta policial antes que política. Sin una actitud ingenua, a veces estas mediaciones políticas son complejas, pero estamos planteando que si bien esto es complejo y no tiene una respuesta unívoca y hay distintas miradas que hay que entender, nuestra preocupación y alerta, sobre todo por la historia de nuestro país, es la respuesta policial que se está dando a las protestas y los hechos de mayor violencia que se están produciendo.

– En esos términos el rol del Ministerio de Seguridad es central en reafirmar esos criterios de actuación más allá de la discusión que pueda haber política sobre los conflictos, y entendiendo que no se puede admitir que se retroceda sobre esos avances para la protección de las personas que protestas y de todas en general”, asegura  Litvachky.

Cómo avanzar

“La discusión para nosotros es que tenga mejor rango normativo”. Litvachky aclara que refiere esto para volver a respetar los estándares planteados en 2011 y no a la ley que se discute presentada por un grupo de diputados del Frente para la Victoria en abril. En él, los puntos más polémicos giran en torno al planteo de declarar protestas como “legítimas” o “ilegítimas”. Para ser considerada “legítima” una protesta debe no impedir el funcionamiento de los servicios públicos -educación, salud, seguridad-, permitir la circulación parcial de personas y vehículos, especialmente la de grupos vulnerable, y establece que los organizadores deben informar de la manifestación ante la autoridad policial con 48 horas de anticipación: lugar, tiempo de duración, objeto de la protesta y manifestante delegado. Se crea la figura del “mediador” quien se contempla como “personal civil” del Ministerio de Seguridad y tendrá entre sus funciones pactar condiciones del “cese de la perturbación a derechos de terceros y canalizar las demandas al área correspondiente”.

Por parte del CELS Litvacky remarca sus diferencias con el proyecto: “Para nosotros es preocupante que se sostenga la separación entre protestas legítimas e ilegítimas, pacíficas y no pacíficas, pero sí sería muy importante que se le de rango legislativo a criterios de actuación policial en la línea que venimos charlando. La preocupación es que se quiera legislar en forma restrictiva y dando lugar a esta idea de que la protesta es abusiva o ilegítima. A partir de ahí hay que ver cuál es la propuesta que avanza, que no está clara la discusión ni dentro del propio bloque”.

Unas buenas

Las pocas buenas noticias en este sentido tienen que ver con dos decisiones  judiciales que ponen en jaque el accionar de las fuerzas de seguridad en dos casos relevantes: el de la represión por parte de la Metropolitana de la Sala Alberdi, y la que investiga a la Gendarmería por el llamado Proyecto X.

Por la primera,  el 13 de agosto fueron detenidos Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, dos efectivos de la Metropolitana acusados de “tentativa de homicidio simple” de los periodistas Esteban Ruffa y Germán de los Santos, quienes recibieron impactos de bala de fuego aquella jornada. Analiza Litvachky: “Se sostiene que integrantes de la Metropolitana intervinieron de forma ilegitima en un procedimiento. Eso es muy importante por un lado porque rompe con las resistencias y las inercias judiciales que limitan los avances de los casos. Y por otro, porque el Gobierno de la Ciudad no ha condenado ni ha criticado la actuación policial cuando tienen este tipo de desenlaces. No ha habido un mensaje político manifestando que no está de acuerdo con este tipo de actuación policial. Y lo resuelto por la Justicia es muy claro: no se puede seguir admitiendo este tipo de prácticas. Lo que se debe exigir es una actuación administrativa, porque no son dos policías que se volvieron locos: acá hubo una seguidilla y aparece como una especie de patrón de intervención de la Metropolitana”.

La otra causa que apunta contra efectivos de la fuerza toca a gendarmes, en este caso investigados por su actuación en el llamado Proyecto X: un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. La causa estudia si el recabado de esta información es legal o no, y de la forma en que se obtuvo: infiltraciones, seguimientos, espionaje. Por la misma estaban citados a indagatoria una serie de gendarmes el último 12 de agosto, pero ninguno se presentó. No sólo eso: recién ese día designaron un abogado defensor y pidieron sacar copias de la causa. Dice Bergman, la denunciante del caso: “Recién ahora los gendarmes se dieron cuenta que tienen que defenderse. Que ya no es, como dijeron, una causa inexistente, sino que es una cosa seria por la que deben dar respuestas. Llega en un momento en que la intervención de gendarmería se reagudiza con las mismas características que denunciamos en esta causa”.

El sentido político en el arte

Por Damián Ariel Barbarito

“la cabeza piensa donde los pies pisan”. P. Freire

 ¿Arte y política? Esta dupla al parecer es extraña, sin embargo, existen quienes sostienen, o sostenemos, que el arte es uno de los campos a disputar en la emancipación de los pueblos y la construcción del poder popular.

En nuestros días es difícil hablar de este tema seriamente ya que el arte ha sido relegado a lo estético, separado de todo lo demás. Por eso, es necesario comprender cómo ha sido el funcionamiento del Arte Político, aprender de lo que otros ya han hablado. Resignificar los espacios en los cuales nos movemos en función de nuestras condiciones materiales.

Lo viejo que no termina de morir

Existe una concepción muy instalada en la sociedad de que el arte y la política tienen muy poco que ver entre sí. Esta idea responde a la famosa consigna l’art pour l’art, “el arte por el arte”, la propuesta de que el arte solo se debe ocupar de sí mismo y no interesarse por las problemáticas sociales. Esto que nos suena tan apolítico es en realidad profundamente político. Surgido de la estética idealista de finales del siglo 18, postula un arte individualista, en el que el artista debe escindirse de la sociedad para lograr un arte puro; durante el siglo 19, fue una de las consignas principales con las que la burguesía concretó el proceso de secularización del arte.

A lo largo del siglo 20, se discutió la concepción burguesa del arte. Las vanguardias se propusieron devolver el arte a la vida. En Argentina, a principios del siglo pasado, un grupo de artistas denominado los artistas del pueblo tomó los problemas y miserias cotidianos y los introdujo como tema de sus obras. Llegando a los años 70, Berni dio un paso más. Con Juanito Laguna, se incorporaron los elementos y materiales de la vida cotidiana. No pintó a la basura para remitirse a la pobreza sino que la incorporó a la obra para que hable ella misma.

En paralelo a las experiencias desarrolladas por Berni y otros artistas, la mayoría de los partidos políticos y movimientos de izquierda, fueron desarrollando identidades propias utilizando símbolos -puños, banderas, pintadas, alusiones a los trabajadores, a la lucha y a la revolución-. Estos elementos funcionaron como ilustración de proyectos políticos, de imaginarios de una realidad en disputa.

Es con el Tucumán Arde y con el Siluetazo que estos caminos paralelos se cruzaron. En particular el Siluetazo, acción colectiva realizada por primera vez en la Plaza de Mayo en la tarde del 21 de septiembre de 1983, es un claro ejemplo de cómo ciertos procedimientos artísticos pueden ser tomados por un movimiento social como práctica política.

Lo nuevo que no termina de nacer

Entonces, ¿cómo pensar el arte político? El primer paso podría ser no pensar lo político como un adjetivo del arte donde la cuestión artística aparece subordinada, casi como una cuestión decorativa respecto de ciertos programas de intervención política. Lo interesante es pensarlo como un espacio de cruce, de desbordamientos entre lo político y lo artístico[1].

En este sentido, es importante empezar a pensar a los artistas como intelectuales, es decir como productores privilegiados de discursos sobre lo real, generadores y difusores de visiones del mundo [2]. De esta manera, lo que planteamos es que la “obra” es un discurso sobre lo real.

No podemos contentarnos con obras de “denuncia” o mimesis que suponen una realidad “de verdad” frente a la cual hacen de intermediario. Si pensamos que la realidad es constitución del lenguaje, el desafío que se nos presenta es el de cómo trabajarlo y qué practicas desarrollar para construir la realidad que deseamos.



[1] Ana Longoni – Arte y Políticas visuales del movimiento de derechos humanos

[2] Apuntes sobre la nueva proliferación del debate entre intelectuales ¿Rencillas entre colegas o prácticas intelectuales emancipatorias?