#yoylayuta cuando te detienen

Nos venís contando muchas de tus historias de todos los días con la policía. Los abusos se repiten de forma sistemática. Las devoluciones en las palabras de Vanesa Orieta, el CORREPI, el CELS, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y los hechos de todos los muertos por gatillo fácil. 

Sabemos, porque lo vivió Luciano Arruga y nos lo contó su hermana, Vanesa Orieta, que el pobre no tiene dónde hacer públicas sus denuncias, no tiene cómo defenderse, está siempre manipulado por algún sector político, de las fuerzas de seguridad o judicial.

-Mantener a los pobres sin ningún tipo de derecho para de esta manera manejar su forma de pensar, sus decisiones -nos decía-.  Desde el sector judicial, a los pobres se los utiliza por ejemplo armándoles causas, siendo conscientes de que no tienen ningún tipo de defensa, de que el sistema carcelario solo encierra pobres, entonces todo sigue así. No tienen contención ni canal donde hacer efectivas las denuncias. Desde la policía, el caso de Luciano es el mejor ejemplo: abusar de la pobreza de un pibe que es falto de todos sus derechos para utilizarlo en el robo porque el pibe, por miedo, no lo va a denunciar, porque además es común que se utilice la violencia, porque no se va a poner a pensar que alguien se puede poner a protestar por él. El pibe pobre o es depositado en un barrio pobre, en un penal, en un instituto de menores o en un manicomio. La policía tiene una relación de control sobre los pibes

Sabemos, porque lo vivió ella y también Angélica, la madre de Kiki Lezcano, y también Omar Núñez, padre de Diego, asesinado por la policía, que después de denunciar, llegan las amenazas, los aprietes. Por eso, Familiares y Amigos de Luciano Arruga recomienda denunciar en el Poder Judicial -y nunca en comisarías- siempre acompañado de un organismo de Derechos Humanos.

Sabemos que en otros sectores sociales, y en ese mismo, pasan cosas como esta que nos contó un lector en #yoylayuta que no se animó -por miedo a algún tipo de represión- a decir su nombre: Una vez la policía me paró mientras yo estaba fumando y me hizo tragarme una piedra entera. Me dijeron que la tragaba o me llevaban detenido.

Sabemos cuándo llega algún sentimiento de alivio, al menos: cuando se conoce a otros en su misma situación y se sabe que no se está solo. Como cuando Angélica conoció a la madre de Arruga, a la madre de Camila Arjona.

Podemos conocer la ley y cuándo pueden detenernos, cuándo no:

Ley orgánica de la Policía Federal N° 23.950

Art. 1, Inciso 1: Fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, no podrá detenerse a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en lo correccional en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de diez horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informar de su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones”.

Podemos conocerlo provincia por provincia en el documento del Cels.

Podemos conocer paso por paso y caso por caso qué hacer si se nos para un cana adelante, gracias a la organización de CORREPI, que recomiendan, entre otros, Familiares y amigos de Luciano Arruga: el Manual del pequeño detenido, hecho por CORREPI.

-Llevá siempre DNI.

-Sabé que las armas la tiene la policía. Mirá todo lo que hacen, pero tratá de no ponerte nervioso.

-Tenés derecho a hacer una llamada.

-Preguntá por qué te detienen.

-Leé lo que te hacen firmar para poder contarlo después.

-Si sos menor, preguntá si dieron intervención al juez de menores, que tus padres o encargado lleve la partida de nacimiento a la comisaría.

-Siendo menor, no te pueden detener por averiguación.

-Que te acompañen cuanto antes.

-Pedí el blanqueo y presencia del médico.

-No podés estar mas de 12 horas detenido.

-Si vas a la comisaría y dicen que no está ahí quien sabés que fue detenido ahí, hacé un habeas corpus.

-Tenés derecho a que tu abogado esté presente en la indagatoria y tenés derecho a negarte a declarar.

-Si te pegaron, que te revisen en un hospital y que quede registrado.

Bernardo Blázquez en twitter: A mí me pusieron contra la pared y me palparon de armas pq un amigo tenía gorrita puesta!!!

Otro prefirió guardar su nombre: A mi me quisieron levantar volviendo de la escuela. En barrio Manuelita en San Miguel son re pajas los de la gorra te siguen con el auto como una cuadra acosandote.. una vez me dijeron q me suba al auto q ellos me llevaban a mi casa, les dije q ni aunq fueran la gorra me subía a un auto, me decian q la iba a pasar bien y todas esas mierdas y ahi me saq y empece a levantar la voz y medio a gritar en medio de la calle q “q carajo se creian” como empece a armar bardo y se acercaron un par de vecinos me diieron q era una puta y se fueron jajaja. En otra vuelta allanaron mi casa. cero respeto los chabones fumaban en mi casa rompieron un vaso y bueno momento de mierda y odio a la puta yuta para siempre.. fachos del orto.

Pero sabemos que es difícil, que las condiciones no son las que nosotros ponemos. Juan Manuel Combi, abogado en la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, cree que es un muy buen manual, que construye ciudadanía, pero que es difícil inculcarlo en los barrios:

-Uno le puede dar consejos de qué hacer a una persona, pero hay que estar con esa persona en el momento de ser detenido. Esto no es una crítica ni al manual ni a CORREPI. Es una limitación de los manuales. Los pibes saben mejor que nosotros qué hacer ante la policía, el problema es que en la situación de violencia que viven cotidianamente como que no te pare el colectivo, es difícil ponerse a la altura de una discusión con un policía. Me lo tomo como una pregunta. Aun planteándolo con cuidado, es muy difícil que los pibes puedan pensar qué hacer en ese momento, pero el manual seguro que es enriquecedor. No hay recetas perfectas. Las fuerzas institucionales se aprovechan muchas veces del desconocimiento de los derechos. La Justicia presupone que uno tiene que conocer todas las leyes. El Colegio de Abogados propone en propagandas en los subtes “No hagas nada sin tu abogado”. Es gravísimo. ¿Cuánta gente no tiene acceso a un abogado? En una situación más justa e igualitaria, los abogados no deberían existir, o al menos, reducir mucho el marco de su intervención. No sé qué puede hacer un pibe cuando lo coimean, pero yo me pongo a disposición de quien necesite un abogado para eso. Seríamos muy soberbios como abogados en aconsejar a quienes son sometidos a estos tratamiento por parte de la policía. Recomiendo denunciar, pero no todos pueden. Habría que denunciar ante mecanismos estatales. En el caso de coimas por control vehicular: fiscalía de turno del lugar donde ocurrió. Igual que el caso de tortura que significa hacerle tragar la marihuana al pibe que encontraron fumando. Es una tortura psicológica. En caso de causa armada, denunciar ante fiscalía de cámara en la Provincia y ante Cámara Criminal en Nación.

Con organización, visibilizando los casos, acompañando a las familias, a las víctimas, generando vínculos de confianza y por sobretodo, además de proveerles información, humanizar cada acción para que sientan el acompañamiento desde el afecto.
Y es muy importante decir siempre que hay un “próximo”, una nueva víctima, y que nadie está exento, por lo tanto es muy importante la participación de todos.

Sabemos, por escuchar sábado a sábado Desde Afuera, el programa de radio de Familiares y Amigos de Arruga, que con organización, visibilizando los casos, acompañando a las familias, a las víctimas, generando vínculos de confianza y por sobretodo, además de proveerles información, humanizar cada acción para que sientan el acompañamiento desde el afecto.
Y es muy importante decir siempre que hay un “próximo”, una nueva víctima, y que nadie está exento, por lo tanto es muy importante la participación de todos.

Y sabemos, porque CORREPI nos lo enseñó cuando nos acercábamos a las familias de David Vivas y Javier Alarcón, asesinados en Quilmes por la policía, que todos los casos de gatillo fácil, violencia policial, causas armadas, torturas, detenciones arbitrarias, acoso callejero,… no están sueltos: “Son parte de un accionar cotidiano que no solo se cobra vidas sino que funciona, se expresa, en distintas formas como el hostigamiento, las amenazas, la persecución, todo lo que apunte a que la cana en el barrio es quien manda. Entonces, evita que aquellos pibes que potencialmente podrían organizarse y cuestionar las bases de este sistema de explotación transformen su conciencia o su resistencia a la hegemonía o se organicen. Tienen una clara función de disciplinamiento y de control social todas estas prácticas cotidianas de detenciones arbitrarias: te llevo porque no me gustó tu gorrita. Todo eso lleva a generar un miedo que paraliza. La Justicia es otra pata necesaria para que todo esto sea posible”.

Mientras Cecilia, conductora de Desde Afuera, nos informa cómo denunciar ciertos hechos (con gendarmes, prefectos, policía federal, aeroportuaria o prefectura) hay que dejar asentada denuncia en el 0800-5555-065, donde funciona el Ministerio de Seguridad de la Nación, a veces la denuncia sigue su curso, a veces no. En la Ciudad de Buenos Aires por hechos con la Policía Metropolitana o en la Provincia de Buenos Aires, o en las provincias, los números a marcar simplemente redoblarían la represión y los uniformados, se pregunta: ¿por qué hay un Ministerio de seguridad y no uno de vivienda?

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Yo todavía busco a Luciano

Vanesa Orieta no le escapa a la historia. Lo cuenta en primera persona. Sigue buscando a su hermano. Denuncia los abusos dentro de las comisarías. Le da terror subirse a un patrullero. Asegura que el caso de Arruga trascendió porque lograron instalar el discurso de que era tan sólo un chico de 16 años al que golpearon, pero, a la vez, avisa: “¿Y si no trabajaba? ¿Y si era chorro? ¿Igual la sociedad soporta estas torturas?”

Me invitaron a robar con protección, laburando para un policía del destacamento. Me daban hasta el arma. No quise. Me llevaron a la comisaría el 22 de septiembre de 2008. Decían que había robado un mp3 y un celular y ya les bastaba para tener derecho a golpearme en la cocina del destacamento policial. Pero llegó mi hermana y le empecé a gritar: “Vane, sácame de acá”. Nunca le mostraron el celular que supuestamente robé. Yo digo. ¿Cambia algo si robé o no robé? ¿Valía la tortura?

Me siguieron persiguiendo. Ya no podía ni parar en la esquina con mis amigos. Cuando lo hacía, lo hacía con miedo. Todo por ese destacamento que inventaron después del pedido de seguridad. ¿Seguridad para quién?

Mi hermana lo cuenta mejor, parece que no podía haber detenidos ahí, tenían que ser ingresados en el libro y derivados a la comisaría 8va de la bonaerense. Las pelotas. Yo estuve ahí y más de una vez. Hay testigos, aunque les hayan implantado miedo, aunque cuando hablen no los escuchen. Después de ese día, yo mismo reconocí a los que me cagaron a palos. Ellos con su uniforme, su bastón, su pistola por si las dudas, yo con mis dieciséis años.
Mi familia después me llevó al hospital, lo que es una prueba hoy en la causa por torturas. La justicia recién apresó a un cana, Julio Diego Torales, por “severidades y vejaciones a presos”. Y a mí me torturaron en la dictadura, como me decían que pasaba en los 70 cuando iba a la escuela. Como pasa ahora en las cárceles, en las comisarías…

Por eso yo le quería regalar el título secundario a mi hermana. Se lo dije a la kioskera antes de comprar un cigarrillo con los 25 centavos que me pudo dar mi vieja la última vez que me vio. Porque salí a jugar a la pelota y a visitarla a Vane y ahí nomás me pararon, me palparon. De vuelta había testigos. Me siguieron persiguiendo, me metieron en el patrullero y me fueron a cagar a palos al destacamento.

Los dejo con Vanesa Orieta que cuenta todo mejor que yo.

Imagen: NosDigital

Mi hermano, Luciano Arruga, vivía en el barrio 12 de octubre. Es un terreno fiscal donde la gente desde hace 30 años se fue instalando. La tierra es o de quien la trabaja o de quien la necesita. En ese momento fue de quien la necesitaba, de hecho son todos pobres. El barrio se fue constituyendo de a poco: casas residenciales alrededor, clase media-media también.

Algún sector de Lomas del Mirador se sintió identificado con el discurso de la inseguridad de Vecinos en Alerta (Valomi), y empezó un reclamo por más seguridad. Estaban influenciados por la forma de vender la noticia en los medios de comunicación. Cuando algún sector de la sociedad se siente inseguro recurre a criminalizar a los sectores más pobres porque creen que por tener menos educación, toman tierras, no trabajan. Todo ese mito es aprovechado para formar estos discursos discriminadores.

El caso de Luciano no pegó porque tendría que haber pegado en el momento en que él desapareció, cuando la familia estaba desesperadamente tratando de mostrar la foto de Luciano en algún medio. En 2009 no pegó el caso. No se hablaba de Luciano. Se empezó a hablar de la gran fuerza de los familiares y los que acompañaron. Si se ha logrado instalar fue porque se dieron un montón de factores. En lo esencial fue que nosotros logramos sostenernos a pesar de las amenazas. No es joda. Hay que resistir las amenazas de la cana cuando vos estás denunciando justamente a la cana. También el cansancio después de que se te cierren tantas puertas a nivel político, a nivel judicial, que te humillen tanto, que te falten el respeto tantas veces. Pasás todas esas barreras y llega la de que la figura de Luciano entre desde el lado del pibe de 16 años, no del pibe chorro. Fue torturado por ocho canas. Tenía 16 años. Un familiar tiene que ponerse en ese momento a decir “Mi hermano era un buen pibe, trabajaba…” ¿Y si no trabajaba? ¿Si era chorro? ¿Igual la sociedad soporta esas torturas? Quizás otra hubiera sido la historia si la sociedad marcaba su repudio, la fuerza política presionaba a las policiales para que encontraran a Luciano. Nosotros creemos que la condena es social, no creemos en la justicia ni en los sectores políticos. Necesitamos más gente en la calle como en otros casos en los que la sociedad se conmueve mucho.

Si hubiéramos encontrado el cuerpo, ya habríamos podido cerrar una etapa. No se puede mantener la figura de una persona como desaparecida. Yo no lo tolero. ¿Durante cuántos años me voy a preguntar dónde está Luciano? Necesito que los funcionarios desde los lugares que ocupan empiecen a mover el culo, a ensuciarse sus piecitos porque muchos son militantes de la nueva ola pero no saben lo que es un barrio, lo que es el barro, el techo de chapa, el no tener para morfar. Tienen que meterse un poco más con la realidad del pueblo.

Rastrillajes hubo a los muchos meses de la desaparición, con perros, y todavía dio resultados positivos. Los únicos datos de la causa apuntan a que fue la policía. El rastrillaje en el patrullero también dio positivo. En el monte, también. Es una prueba con un 70 por ciento de efectividad. Las declaraciones de dos detenidos en el destacamento reconocen a Luciano en fotos y lo recuerdan torturado esa madrugada. Hay dos causas abiertas en paralelo: en una de ellas hay dos policías procesados por encubrimiento. Hay mucho material y podría haber más si hubiera un acompañamiento político y judicial, pero uno estaría tocando intereses que son estructuras que están muy enquistadas y que nos va a llevar un tiempo hacer tambalear.

Y en ese discurso discriminador, los medios de comunicación son importantísimos. Cuando fui a TN les dije: “Nosotros también hacemos responsables a los medios de comunicación porque son los que discriminan en primer lugar a los jóvenes más pobres y los que los criminalizan. Cuando denunciamos la desaparición de Luciano, algunos periodistas decían que podría estar vinculada a un asunto de drogas. Lo que se plantea la sociedad es que ese pibe bien desaparecido está. Los medios de comunicación tienen que ser responsables de lo que comunican”. El primer diario que tomó la historia de Luciano fue Crítica. Clarín se enojó en ese momento, en especial la periodista Virginia Messi porque nos dijo a los familiares que era una primicia en otro diario, por lo tanto ellos no iban a tomar la nota. Mi mamá siempre dice: “En la televisión ponen bloopers y no cuentan la historia de Luciano Nahuel Arruga”

De ahí en más buscan las características de este sujeto pobre porque el pobre no tiene dónde hacer públicas sus denuncias, no tiene cómo defenderse, está siempre manipulado por algún sector político, de las fuerzas de seguridad o judicial. Mantener a los pobres sin ningún tipo de derecho para de esta manera manejar su forma de pensar, sus decisiones. Desde el sector judicial, a los pobres se los utiliza por ejemplo armándoles causas, siendo conscientes de que no tienen ningún tipo de defensa, de que el sistema carcelario solo encierra pobres, entonces todo sigue así. No tienen contención ni canal donde hacer efectivas las denuncias. Desde la policía, el caso de Luciano es el mejor ejemplo: abusar de la pobreza de un pibe que es falto de todos sus derechos para utilizarlo en el robo porque el pibe, por miedo, no lo va a denunciar, porque además es común que se utilice la violencia, porque no se va a poner a pensar que alguien se puede poner a protestar por él. El pibe pobre o es depositado en un barrio pobre, en un penal, en un instituto de menores o en un manicomio.

La policía tiene una relación de control sobre los pibes debían justamente controlar estos barrios, y también de manipulación porque muchos jóvenes terminaban siendo rehenes de las propuestas de estos policías de robar para ellos. La impresión que Luciano tenía de la policía era la que vivía en su barrio. Estaba acostumbrado a que la policía los parara a él y a sus amigos, se lo llevaran detenidos, los tuvieran varias horas, los golpearan en la comisaría. Lo tenía naturalizado. Si se preguntaba algo era por qué lo molestaban. Se daba con él como con sus amigos y con cualquier otra persona en la misma situación.

Mientras tanto empiezan a aparecer personas que no te amenazan directamente pero plantean que te están viendo, entran a tu vida y te dan información falsa para que corras detrás de algo que no es la verdad, te cruzan por delante un auto, se ocultan detrás de un vidrio pero te dicen algo concreto como “¿Está bien tu mamá?”. Te puede parar la policía para pedirte los documentos sin motivos para provocarte y que respondas. Nosotros ahora tenemos terror de subirnos a un patrullero, y más si no hay ninguna justificación. Hay gente de Familiares y Amigos que lamentablemente fueron detenidos y sufrieron maltratos, aun sabiendo la policía que son miembros de la agrupación. Hay gente que no es miembro pero que vuelve con el mensaje “si te metés, te puede pasar lo mismo que a Luciano”. Hay que empezar a pensar que los pobres tenemos los mismos derechos que otras personas que están en otra condición social. Los pobres podemos pensar, pero no podemos luchar por nuestros derechos porque no tenemos las herramientas. Se nos cierran todos los lugares de expresión.

Desde la justicia, hasta hace poco, mantenían a los pobres en esa situación de nada misma, de nada absoluta, con la carátula de “Averiguación de paradero”. Luciano estuvo perdido para la justicia durante casi cuatro años a pesar de que hay serias sospechas -porque le tenemos que decir sospechas- de que los partícipes de la desaparición fueron miembros de la policía. Solo tras cuatro años de lucha conseguimos que lo reconocieran como una desaparición forzada y que un solo policía esté preso por “vejaciones a presos”, que en realidad son torturas.

Nosotros siempre pedimos que cerraran el destacamento. Era una mera base de operaciones de una comisaría, la 8va, que fue un centro de detención clandestino en la última dictadura militar. Se abrió en el año 2007. En 2008 ya tenía varias irregularidades. En 2009, a solo dos años de su inauguración, ya tenían un pibe desaparecido. Ese es un dato que la sociedad debería tener en cuenta, pero carga con cierta discriminación sobre los pobres de la que no se desprendió. No termina de sensibilizarse con un pibe asesinado por gatillo fácil como lo hace con el asesinato de un pibe de clase media. Queremos que siga un correlato: nosotros decimos que la memoria debe ser dinámica, no estática. Si tomamos esta política de derechos humanos, debemos continuar con esa memoria en el presente porque lamentablemente se siguen violando los Derechos Humanos. Por eso queremos que sea un lugar señalizado, que tenga una lógica similar a la del resto de los centros clandestinos recuperados para recordar y respetar la memoria de tantos pibes asesinados, un espacio de integración, una biblioteca de derechos humanos. Que no sea solo un centro cultural: fue una comisaría que se logró cerrar en democracia. No hay que pasar por alto ese dato. Hoy son más de 3000 casos de gatillo fácil solamente de pibes pobres. Si seguimos dando tanto lugar a estos crímenes, mañana van a ser pibes de clase media. No debemos esperar que las fuerzas represivas avancen en su lógica que es la misma que utilizaron en la última dictadura. Debemos sensibilizarnos por un pibe asesinado o desaparecido.

Mi viejo supo que me mataron

Diego Nuñez fue fusilado por un policía en el palier de un edificio de Caballito. Le pegaron cinco tiros, aunque procuraron que quedara como que le dieron solo uno. Su papá lo buscó durante dos días hasta que lo encontró en la morgue. Su hermano está detenido por una causa que, según la familia, está armada. Denuncian torturas físicas y psicológicas para callarlos.

Estaban en El Campito, de La Boca, los de la Kiki Lezcano, los del Bachi La Pulpería, donde yo estudiaba, los del Partido Obrero, los de la Asociación Civil Miguel Bru… Iban a hacer una radio abierta para difundir que a mí me mataron mal y llegó la prefectura. Cuchá:

-¿El permiso para pasar música y vender comida?
-Vos sos profesional de tu laburo. No te tengo que decir lo que provoca la saturación en algunos momentos. Si vos saturás de fuerzas policiales en un momento de dolor tratando de difundir una causa que es una injusticia, lo único que provocás es más bronca. Tu compañero dijo: “Si no tenés nada que ocultar”. Acá no hay nada que ocultar. No hay que sospechar del pueblo.

-Semejante despliegue…

-Siempre llevamos cuatro patrulleros

-Ser pobre no puede ser delito

-¿Le decís que hable con el Ministerio de Seguridad? Estamos haciendo una actividad por la muerte de Diego Núñez”:…

-Los días de partido nadie vigila a los que venden chori. Está todo lleno hasta la cancha.

-Los días de partido depende de la Policía Federal.

-Vos no tocás nada.

-Van en camino.

-Ya está, Gabriel.

Imagen: NosDigital

-¿Usted es el responsable? Dígame su nombre
-Francisco Omar Núñez, padre de Diego Nicolás Núñez, joven asesinado por el policía Pablo Alberto Carmona, de la Federal, el día de su cumpleaños en el barrio de Caballito. Argentino. 48 años el día que sepulté a mi hijo.
Se tuvieron que ir. Había bastante gente y varias cámaras. Y se comieron la respuesta.

Aquel día jugaba Boca. Yo sabía que era un partido fácil. En el fondo quería verlo con mi viejo, pero al día siguiente cumplía 19. Pensé algo así: “Mejor salgo con los pibes. No sé bien qué hacer, a dónde ir. El barrio es un quilombo como siempre que hay partido. Salgo de casa, donde no hay un prefectura hay un cana. A la escuela van solo los profes y algunos grandes que viven cerca, porque la Federal corta todo con vallas y si sos de afuera no llegás, porque otros van a ver el partido. Y yo cumplo años… La dire esta vez me va a aprobar porque le caigo bien, aunque no vaya a todas las asambleas y me pegue unos borradas. Fue”. Y fui.

Salieron para el lado de Caballito. Cuando estaban volviendo, entran al palier de un edificio y, estando ahí, sale un policía de la Federal y los corre arma en mano. Salen corriendo y Diego queda rezagado… y le da 5 tiros. Todos tiros de detención -mortales, tal vez, porque la zona inguinal es muy sangrante-: uno en la pierna, otro en el abdomen, otro en el tórax, y a modo de ejecución, dos en la cabeza –desde arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. La deflagración de los disparos le quema la cara. Eso indica que es ejecución y a muy cerca distancia. Mucha alevosía.

Diego muere instantáneamente.

En el diario El Día, digital, sale que el policía se parapeta detrás de una puerta y le da un solo disparo en el tórax. En realidad, nada fue así. A partir de ahí, nunca nos avisaron. Ese día le habíamos regalado un Nextel nuevo con batería recargada por tres días. No lo usaron. Nunca nos avisaron, nunca le tomaron huellas. Vos, juez Rodolfo Carlos Cresseri , del Juzgado de Instrucción Nro. 40, me dijiste que no lo habían identificado porque tenía mucha tinta en las manos y por eso no había salido. Nosotros lo tenemos filmado desde que lo retiramos de la morgue.

Mi viejo supo que me mataron mal. Lo sospechó siempre. Los conoce. Siempre dice que al pibe que peleaba para que no haya tercerización en los ferrocarriles, lo mataron, que a los que recuperan una fábrica para seguir laburando, los cagan a palos, que la droga, que se fijen bien los corredores: la ruta 14, la ruta 11. Porque lo veo yo, y si lo veo yo, creo que lo ve cualquiera. La tiene clara y te la dice máaas clara. Cuando uno dudaría, él se acerca y te habla más claro y con la posta. Como cuando el juez le preguntó cómo había encontrado mi cuerpo. Después lo tuvo que escuchar.

Lo habíamos estado buscando en comisarías, hospitales, el Centro de Orientación sobre Personas. Cuando vinimos a preguntar si sabían algo en la 24°, nos dijeron que no habláramos con el COP, que ellos iban a hacer una averiguación de paradero. Yo supuse que Diego debía estar en cana. Nos resultó extraño que ellos al toque dijeran de hacer una averiguación de paradero cuando todos saben que eso nunca es así. Te tenés que desangrar frente a una comisaría para que te den bola en estos casos.

Después llamamos al COP. Le describí las zapatillas de Diego, porque eran muy particulares: unas Reebok de cuero blancas con cordones verdes. ¿Y tenía unas bermudas de jean negras y una remera negra? No sé si negra, exactamente negras, pero oscuras sí. ¿Sabés algo? No, no sé nada. Pero me lo estás describiendo. No, no sé nada.

Anduvimos por comisarías de todos lados. Amigos míos del SAME, de guardias de hospitales, recorrieron todas las salas y no encontraron nada. El 20 me fui a acostar porque estaba agotado. Ya hacía dos días que andaba. Me acosté hasta las 14 y fuimos a la morgue porque sospechaba de forma contundente que Diego estaba muerto. Llámese sospecha, llámese intuición…

Fuimos, hablé con un sargento y le hablé de igual a igual. Le dije que buscaba a un pibe con sus características, su ropa. Ellos también conocían el tema de las zapatillas. Todos. Tal es así que cuando la abogada me dice la ropa está, la fue a retirar de la morgue. Sí. Por qué pensás eso? No, por simple deducción. Si todos conocían la ropa, la ropa terminó donde terminó Diego, en la morgue. Sí, es verdad. Gendarmería fue y la retiró para periciar. Cuando hablé con el sargento y le di la descripción y las coordenadas, me contestó que había un pibe joven más o menos con la descripción que fue muerto en un enfrentamiento. Le dije que no dijera eso, que no dijera que fue muerto en un enfrentamiento porque iba a ir preso. A mi hijo lo fusilaron. LO MATARON MAL. Tanto la policía como la política como la jerga como ustedes saben lo que es matar mal o matar bien a una persona. A Diego lo mataron mal. No tenía armas ni nada.

Ya te dije, mi viejo tiene la posta. Los que son unos pelotudos son los de gendarmería. Le dan mal la dirección, los números no coincidían. Mi viejo tiene que andar buscando dónde está gendarmería. Cuando llega, le vuelven a decir que yo morí en un enfrentamiento. Yo lo sé como nadie: mi viejo no se cansa. Vuelta a decirle que no mienta, que iba a terminar preso.

Otros pelotudos son los de la morgue, que me pusieron Ariel Diego Nicolás. Yo soy Diego Nicolás Núñez.
No sé si son pelotudos, si me estaban descansando a mí o lo querían hacer dar vueltas a mi viejo. Seguro que las tres.

Le declaramos que nuestro hijo fue fusilado. Después cambió la carátula de abatido en enfrentamiento a homicidio simple. Yo creo que va a haber otra investigación. Carmona, Pablo Alberto, de la seccional de INTERPOL, que levanta turistas borrachos como aquí levantaría a cualquiera. INTERPOL es una mierda igual que todo. Ahí recibimos la autorización para venir. Cuando llegamos a reconocer el cuerpo, nos volvieron a llamar para declarar dónde lo íbamos a sepultar y nos dijeron que no podíamos sepultarlo. Diego es católico. No lo íbamos a cremar. Filmamos, filmamos, filmamos el cuerpo aunque nos decían que no filmáramos porque “comprometíamos” al tipo de ahí. Tenía toda la cara quemada con salpicaduras de pólvora por el fusilamiento. Dos tiros en la cabeza, en la parte de arriba, hacia abajo, de adelante hacia atrás. La deflagración fue lo que le quemó la cara. Porque hoy las pólvoras ni siquiera humo largan. Esas quemaduras le causaron los disparos por la cercanía del arma. Cuando íbamos a velarlo, de nuevo nos llamó gendarmería para decir que había que tomarle huellas de nuevo para incidencias y antecedentes, cuando Diego tuvo un segundo documento con este nuevo empadronamiento que inmediatamente salen todos los datos. ¿Por qué no se le hizo eso? Diego no tenía nada de tinta en las manos. Nada. Ni mucha, ni poca.

Al otro día, después de boludearnos mal por todos lados, trajimos el cuerpo de Diego a las 16. Lo sacamos de la morgue tipo 17 horas. Por orden del juez teníamos que velarlo con el cajón cerrado. Lo velamos con cajón abierto porque es nuestro derecho.

Me vieron mis conocidos, me van a tener que ver los peritos y me van a ver todos. Carmona está absuelto. Tiene una apelación. No sé cuándo vendrá la devolución del juez. Porque viste que para nuestro lado tardan las devoluciones. Este hijo de puta estuvo en cana menos de 24 horas.

Todo eso indica que hay un gran encubrimiento y corremos en desventaja con este tema porque el juez, así como lo vemos, está fallando a favor del policía aunque sea un homicida. Su argumento es la falta de mérito. Cuando ves la cara de Diego te das cuenta que es un fusilamiento. Las pericias no se hicieron todas. Falta peritar la ropa. O al menos no sabemos si ya lo hicieron porque las devoluciones, ya te digo, no son rápidas. Falta saber a qué distancia fueron los disparos. Y hay más, porque ahora también nos corren con Francisco, nuestro otro hijo. Le armaron una causa y lo están torturando física y psicológicamente. 

Me están volviendo a callar, porque mi hermano va a tener 25 años guardado entre rejas y verdugueado si mi familia se sigue ocupando de mi causa y no de la de él. Mientras tanto, mi asesino sigue libre.

La asociación civil Miguel Bru y la abogada nos ayudaron a saber quién era el policía. El que literalmente lo fusiló. Le aclaro, juez, que un policía es por lo que tiene en la cabeza y no por tener una 9 mm o una Cobalt. En este momento estoy rodeado de otros casos que nos acompañan. Hay muchas muertes de jóvenes en democracia o dedocracia. Solamente policía y nada de trabajo social no es la solución a la inseguridad. Les están quitando inclusive la posibilidad de vivir a los pibes. Todo el poder político nos está bombardeando y matando a los pibes. Y ellos lo saben.

Informe de la situación

Los informes anuales del CELS son libros bien gordotes y que no siempre están al alcance de todos. Mentira, porque pueden leerse en formato pdf con tan sólo usar el buscador, pero la verdad es que nadie se entera cuándo sale el informe y pocas veces qué data contiene. Aquí, una lectura sobre la lectura que hace el CELS sobre los derechos humanos en Argentina durante el 2011, y el acercamiento de su análisis. PARTE UNO.

El CELS, una entidad no gubernamental que vela por los derechos humanos, para los críticos es un fantasma, para los fanáticos un superhéroe y para otros, un buen padrino. Quizá es por la variedad de estos criterios que crean necesario incluir su carta de presentación en el informe, a aclarar que “el trabajo del CELS consiste en denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en la formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas, y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad”.

El palabrerío representa la propia ambición que encarna el CELS como institución y en su tarea.

Sus informes anuales aplican la mirada sobre la situación de los derechos humanos pero también – y de esto se trata lo que buscamos acercar- aportan una serie de datos, estadísticas, análisis e información que ayudan a leer el presente.
El “Informe 2012” – que testifica la situación del año anterior, es decir del 2011- se centra en tres actividades que define como “prioritarias”: la consolidación de los juicios a 10 años de las leyes de impunidad; la actuación y el sentido del Ministerio de Seguridad creado ese año; y la situación carcelaria en Argentina, definida como modelo de la “prisión-depósito”. El Informe también recala en las tensiones sociales que atravesaron el 2011 encarnados en conflictos vinculados al territorio, la vivienda y el trabajo, en la agenda de la política migratoria, de la salud mental, el aborto y la libertad de expresión.

El descabezamiento de la cúpula dirigencial de la policía federal, la Ley Antiterrorista, la impunidad en el caso de Luciano Arruga, el reclamo de los ocupantes del Parque Indoamericano y los del Triángulo de Jujuy, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Medios, todo cabe en este Informe multitemático que fuerza su sentido común en el término “derechos humanos”, y enfoca grandes temas a partir de discusiones de todos los días.

A 10 años de la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en el año 2001, el CELS comienza su informe 2012 haciendo un balance del proceso judicial de los delitos cometidos durante la dictadura militar y, si bien sostiene que “el juzgamiento está consolidado”, también destaca los juicios que todavía falta juzgar y resolver.

Respecto al balance, el CELS elabora un gráfico que recuenta un total de 271 condenados frente a 26 absueltos en el total de estos juicios. Estas sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país fueron escalonadas del 2006 (2 sentencias) al 2011, siendo éste el año con mayor cantidad de fallos: 21 frente a 19 en 2010 y 11 en 2009, por ejemplo. El hecho, claro, corresponde a la naturaleza cronológica y lineal del tiempo (naturalmente los juicios se van desarrollando año a año), pero también a un compromiso que se fue ajustando año a año. Asimismo, especifica los delitos por los que fueron acusados según porcentajes: Torturas 29%, Privación ilegal de la libertad 30%, Delitos por apropiación de menores 8%, Homicidio 20%, Delitos contra la integridad sexual 0,5%, Asociación ilícita 2%y Otros delitos 2,5%. Más de la mitad (55%) fue condenado según el rol de “coautor” de esos delitos. Del total de sentenciados, el 46% fue condenado a prisión o reclusión perpetua.

Luego de estos números, el CELS advierte sobre los procesos que subsisten como problemas y que “ya pueden considerarse endémicos”, es decir que se repiten frecuentemente o que forman parte de la propia lógica judicial. El informe culpa a “determinadas prácticas fuertemente arraigadas en la administración de la justicia”. ¿De qué está hablando? De esto: tan sólo el 24% de las sentencias dictadas por los tribunales orales de todo el país fueron confirmadas; el restante 76% fueron nomás dictadas y esperan la confirmación de los tribunales superiores: la Corte Suprema y la Cámara de Casación Penal. De este modo ha habido demoras, por ejemplo, de 2 años y 5 meses entre la sentencia de primera instancia y su confirmación final de la causa “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado”, y de hasta 2 años y 7 meses en la causa conocida como “Von Wernich, Christia Federico s/inf. Arts. 144 bis”, por citar dos ejemplos.

A su vez, todas estas causas (62) – es decir las que llegaron a sentencia-representan tan sólo el 11% del total de causas activas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Hay todavía 12 juicios en curso (3% del total de las activas), 84 elevadas a juicio (22%) y 226 en etapa de instrucción, lo que figura un 59%. De las causas elevadas a juicio asegura el CELS que “muchas de ellas están listas para que empiece el juicio hace dos o tres años, pero diferentes trabas demoran su realización”. De este modo genera la comparación de los imputados-sentenciados con el resto de los imputados “aptos para llegar a juicio”: los hoy sentenciados representan el 17% del total que podría haber.

En este caso el informe anual del CELS incluye un apartado que se debate por las “estrategias de juzgamiento” y atiende lo que define como “la cuestión de los testigos”. Para el CELS la preocupación se instaló concretamente tras la desaparición de Jorge Julio López, es decir, detrás de los hechos y no como política preventiva que un organismo debiera prever. En cualquier caso, confiesa que desde el 2011 la protección de testigos “dejó de ocupar un lugar central”. Pero su propuesta remite a una instancia que de nuevo desatiende la cuestión preventiva y relaciona a la demora judicial con la protección de los testigos: “no hay mayor protección que el avance a mejo ritmo de los juicios pendientes”. “La cuestión de los testigos” trata en este informe la idea de que el problema es el propio trato hacia los testigos en la forma en que se tomaba testimonio: que en la producción de la prueba de una causa no se realicen prácticas que revictimicen y que, en cambio, el proceso de justicia sea una “instancia reparatoria”. Habrá que ver cómo reformulan este apartado en el Informe 2012 tras la desaparición de Alfonso Severo, y qué lugar le dan a las patotas sindicales en la agenda de los derechos humanos.

La política de seguridad

Uno de los temas más interesantes que toca el Informe – por lo poco visibilizado y analizado hasta entonces- tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad. La presentación que hace el CELS remite a un proceso interesante: el progresivo abandono de un modelo “delegativo”, que deja al gobierno de la seguridad en manos de las instituciones policiales. Para el informe esto conlleva una doble renuncia: “a desarrollar políticas de seguridad y a gobernar las instituciones policiales”. Ése el diagnóstico que hace del gobierno de la seguridad ejercidos por el Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma hasta el 2011.

La idea es que ese año inaugura una etapa “reformista”. La creación del Ministerio, según el CELS, es una clara muestra de eso: “mostró la decisión de ejercer el gobierno civil de la seguridad y de las fuerzas policiales federales”. Esto el CELS lo dice al principio, es decir, como presentación y encare del tema, sin mostrar los argumentos concretos de tamaña afirmación. La pregunta entonces, hasta ahora, es qué carajo hizo el Ministerio de Seguridad.

· Afectación de núcleos de poder de la PFA
· El traspaso de la administración de pasaportes a la órbita del Ministerio del Interior
· Intervención política sobre la producción de información estadística de las fuerzas
· Desplazamiento de la PFA de los barrios del sur de Buenos Aires
· Centralización política de la distribución de policías en las calles
· Intervención sobre instancias críticas de la carrera policial y el control de la actuación
· Creación de una nueva Dirección Nacional de Política Criminal
· Despliegue de recursos tecnológicos orientados a la vigilancia y el control

Enumeradas de este modo, las acciones pierden la fuerza de sentido que confiere a cada una. Es decir: son acciones y directivas orientadas a modelar el perfil de las instituciones y de los funcionarios policiales. Reconoce entonces el primer problema de cualquier política de seguridad: la propia policía.

Cada medida representa entonces una trama compleja del gobierno de la seguridad porque intenta operar antes que nada sobre el control interno. El llamado “Operativo Cinturón Sur”, más allá del cuestionado o no remplazo de policías por gendarmes, se explica en una investigación previa del Ministerio, que permite llegar a la siguiente declaración de la ministra Nilda Garré al explicar la iniciativa: “existen muy fuertes sospechas sobre la implicación institucional de instancias dependientes del gobierno federal” en lógicas delictivas. Habló hasta de “extorsiones a comerciantes que no tienen sus papeles en regla, a los vendedores ambulantes para no molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda” (La Nación, 9 de abril de 2011).

Respecto a la instrucción concreta de la policía federal, el Instituto Universitario de la PFA renovó sus autoridades, ahora a cargo de civiles. Según el CELS, las instancias educativas no se limitan sólo a la formación primaria sino también a un “rentrenamiento del personal que ya está en funciones para que incorpore las nociones del nuevo paradigma de seguridad ciudadana y democrática”, por ejemplo interviniendo los “cursos de ascenso”.

Pero quizá lo que mejor ilustre la tarea que encara el Ministerio no sean sus políticas formativas ni del gobierno civil de las instituciones públicas (ya intentada en otros gobiernos) sino, simplemente, que entre sus acciones se incluyó la derogación de una regulación policial por la que se sancionaba a los policías que hacían denuncias internas (Resolución 1019/2011). Esa sencilla derogación habla la corrupción ya normalizada en el gobierno de la seguridad, que de a poco promete cambiar.

Ley antiterrorista

La promulgación de la llamada “Ley Antiterrorista” fue para el CELS la instancia que puso “en mayor tensión los postulados del programa gubernamental”, lo que es mucho decir. En lo primero que recala – y que no deberíamos olvidar- es en el mínimo debate parlamentario que tuvo, nada menos, una reforma del Código Penal. Segundo –y esto en su momento lo salió a criticar a viva voz el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier-, recuerda que “la razón que justificó la reforma fue la necesidad de cumplir con las exigencias del G-20” y del GAFI. Por último, para terminar este análisis en forma de denuncia, el CELS habla de “muy mala técnica legislativa” para pensar la arbitrariedad que evidencia la formulación laxa de la reforma: “duplica las penas para todos los delitos si se los comete con la finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas…”. “Esta clase de formulación es violatoria del principio constitucional de legalidad que exige que los tipos penales sean precisos”, denuncia y aclara que “pueden ser utilizadas para abarcar reclamos sociales”. Además de la explicación del G-20 y el GAFI, el CELS enmarca esta medida como parte de una tendencia de ciertos países de la región “como El Salvador, Perú o Chile” donde “se avanzó con legislaciones antiterroristas duras que justificaron la persecución de activistas y disidentes internos”.

La desaparición forzada de Luciano Arruga

El caso impune de Luciano Arruga desde el 2009 forma parte de los informes del CELS; la versión 2012 presenta un tratamiento tibio y breve del tema. Es cierto que en cuanto a los avances en la investigación y la causa judicial las novedades son escasas sino nulas; pero acaso es en esa ausencia es que el CELS debe redoblar su compromiso con el caso, no únicamente como seguimiento de un hecho aislado – como lo hace en esta versión del informe- sino como una desaparición que se volvió emblemática y cuyas repercusiones pueden alumbrar – a nivel mediático, social y judicial- otros casos impunes de desapariciones forzadas en democracia. El CELS recala en lo obvio: “El rol deficiente de la justicia” y “la incapacidad del poder Ejecutivo”. Luego sobreviene la descripción del caso y lo – poco- que ocurrió durante el 2011: un rastrillaje que no se completó. El CELS funciona para el caso Arruga como uno de los respaldos jurídicos y legales que presionan a los órganos responsables (lo afirman ellos mismos en este informe: “Tras la insistencia del CELS y de los abogados…”), por lo que dada su participación directa podrían, por ejemplo, dar a conocer las situaciones concretas de las trabas con que se encontraron la búsqueda de justicia, y no una mera declaración de principios que hacen parecer a la inclusión del caso Arruga en el informe una parada forzada.

“Hay un muerto por día por gatillo fácil”

María del Carmen Verdú, directora de Correpi, cuenta lo que nadie quiere oír: que la policía mata, que tortura, que ir detenido puede ser tremendo, que el gobierno de los Kirchner ha sido el que tiene los mayores índices en esta clase de violencia, que el periodismo oculta porque descree y que las cárceles no sirven. Una visita al mapa de lo violento.

“Yo en esos momentos tenía el arma en la cintura, con una mano apoyada en la pistolera. En algún momento la saqué. Luego la tomo. Empezó el forcejeo. En algún momento se me cae la pistola. Cae al piso. Yo estaba de costado, forcejeando. Este sujeto se agacha para tomar el arma. Yo intento acercarme al arma para que no la tome. No recuerdo bien si logró tomarla. No recuerdo si nos levantamos los dos con el arma en la mano, pero sí que había un forcejeo. Cuando me repongo siento un chasquido. Ahí se quedó todo. No sé si cuando se cayó al piso se montó. No lo sé, sinceramente. No sé lo que pudo haber pasado. Pero sí, en el forcejeo salió el disparo. En esos momentos observé a la persona. Estábamos los dos medio de frente, casi de costado. Mi hombro izquierdo estaba dirigido hacia esta persona. Cuando mi arma se cayó al piso lo que intenté es recuperarla porque esta persona se avalanzó hacia el arma. Realmente tuve mucho miedo. Luego pasé lo que le comenté. La altura que quedó el arma cuando siento el chasquido es por encima de la cabeza de los dos. Aproximadamente unos 20 centímetros por encima de la cabeza de los dos. Mi altura aproximada es 1.79 metros. Al momento del chasquido, el damnificado estaba erguido y ofreciéndome el perfil derecho”, declaró el policía Naredo, el asesino de Jon Camafreitas. Las pericias dicen que estaba parado, que su víctima, semiagachada, sintió la presión de un arma en la nuca, del otro lado de la gorra, y un fuego que le atravesó la cabeza. La 9 milímetros que portaba Naredo estaba absolutamente estropeada, llena de óxido y muy mal cuidada. Para desplazar la corredera había que hacer mucha más fuerza que de costumbre. Por lo cual, que se dispare en una caída es prácticamente imposible.

“Fue un fusilamiento”, no dudó nunca María del Carmen Verdú, la directora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que el viernes 27 de la entrevista, esperaba a Delia, la madre de Jon, para instar la detención y el procesamiento. Hasta entonces, Naredo estaba con una “falta de mérito”.

-¿Siempre suena así el teléfono con casos de gatillo fácil?
-El promedio es de un muerto por día por gatillo fácil, tortura o alguna de las otras torturas de menor incidencia. Esto es lo que nos canta el archivo, un laburo que venimos haciendo desde 1996, donde tratamos de compilar todos los casos que obtenemos de todo caso que podamos caracterizar como muerte a manos del aparato represivo estatal. Casos de muerte de la víctima -porque si fuera de sobrevivientes, no haríamos otra cosa que tipear todo el día- de un miembro del aparato de represión estatal (seguridad privada, policía, gendarmería, prefecto, guardiacárcel), y solo casos donde la víctima no haya muerto generando riesgo para terceros o para ese funcionario. No es un conteo de civiles muertos, como el que hace el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que si el gordo Valor se tirotea mano a mano con un policía, lo cuenta igual, y después cuenta los policías muertos. A nosotros los policías muertos no nos interesan. Lo que sí registramos son las muertes de la ejecución concreta de la política represiva estatal. No a un tipo que se tirotea en serio con un cana para asaltar un camión blindado. Hay dos modalidades que se llevan el ochenta por ciento de los 1800 casos en los últimos 10 años: el gatillo fácil (fusilamiento en la calle) y las muertes bajo custodia (cárceles, comisarías, lugares de detención de menores), muchas de ellas resultados de la aplicación directa de la tortura. Otras modalidades tienen menor incidencia, como las desapariciones, muertes en movilizaciones o manifestaciones.

-¿Cuántos casos de desapariciones, en democracia y por las fuerzas de seguridad, hay?
– 110 de los cuales trascienden muy pocas. La cotidianeidad de la represión estatal no es noticia para los grandes medios y muchas veces los medios chicos se nutren de la información de las grandes agencias.

-¿Y por qué no son noticia, por ejemplo, las cotidianas torturas?
-Si no aparece el video, los medios no lo creen. Para que aparezca ese video hace falta un policía que lo filme y que después sea suficientemente ridículo como para colgarlo en Internet. Con el video de Salta pasó lo mismo que con el de los marines en Abu Ghraib. Los defensores de los yanquis dicen que Estados Unidos no tortura, es derecho y humano, que son el reino de la libertad y la tierra de las oportunidades. Cuando apareció el video empezaron a hablar de los psicópatas reclutados por error en el cuerpo militar. Con Salta pasa lo mismo. Todos sabemos que antes ya los marines torturaban. En Salta y en cualquier cárcel, también torturan sistemáticamente. Cualquier diario lo va a publicar recién cuando aparece el video. En nuestros boletines semanales siempre aparecen casos, y solo una minoría de los que salen cagados a palos por la policía viene a contárnoslo.

-¿Bajó alguno de estos índices en los últimos 9 años?
-Nunca bajó un solo índice.

-¿Ni siquiera el de muertes en movilizaciones?
-El gobierno peronista de los Kirchner tiene el récord absoluto en relación a la protesta social, con la sola excepción de los últimos dos días del gobierno de la Alianza, porque para matar 39 personas en 48 horas hay que ser De la Rúa o Álvarez –que en el primer tramo del gobierno participó. Que después haya renunciado es otra historia-. Con esa excepción, tiene más muertos que Alfonsín, De la Rúa, Duhalde y Menem.

-¿Por eso no hablan de abuso policial, porque los índices se mantienen o crecen?
-Un abuso es un uso excesivo. Si fuera un abuso pegarle un pibe, dispararle siete tiros por la espalda o dar bolsita se admitiría tácitamente que hay un uso correcto. Nosotros no creemos que la policía sea una institución necesaria para la garantía de las libertades de las personas que por un mal uso de alguno de sus miembros, a veces se mandan alguna de estas macanas. Así como decíamos hace treinta años “no hay errores, no hay excesos”, por la dictadura, tampoco hay excesos ni errores que expliquen el gatillo fácil, las torturas sistemáticas, las detenciones arbitrarias o las desapariciones.

-¿Qué excusas judiciales para la defensa se repiten?
-Excusas judiciales que se utilizan en el marco de las causas hay infinidades, tantas como policías involucrados en fusilamientos de pibes: armas que se disparan solas… Esto es como los chistes, decía Rodolfo Walsh en “El enigma de la matanza”: así como hay un límite de chistes que se van adaptando, también hay un número limitado de excusas que se van aggiornando. En general, son el arma que se disparó sola, la pistola que se golpeó contra la pared, el enfrentamiento (con arma plantada a la víctima y modificación del lugar del hecho). Pero de todas maneras, los que se encargan de garantizar la defensa del policía no son solamente ellos y sus defensores. Muchas veces también hay abogados de planta del Ministerio de Seguridad, antes de Justicia, que no trata de la misma manera al policía acusado de fusilar a un pibe que a ese pibe acusado de manotear una cartera. El primer dato objetivo es que, si se aplicara al conjunto de la población carcelaria el mismo criterio de excarcelación que se usa con los policías, tendríamos que ir a Hollywood a contratar extras que hagan de presos, porque no quedaría ni el loro adentro. En el barrio nadie va a conocer a alguien condenado a doce años de prisión por homicidio que esté excarcelado desde el momento del juicio con el único argumento de que tiene buen concepto de sus empleadores, en este caso la policía (Oscar Ayunta, asesino de Christopher Torres), o si conoce a alguien condenado a prisión perpetua por tortura seguida de muerte y que esté excarcelado, como el oficial Gnopko, con el caso Gallardo, o con tres de los cinco asesinos de Sergio Durán, condenados a perpetua y excarcelados a los 10 años porque el tribunal de Casación no tuvo tiempo todavía de revisar la sentencia ante el recurso de la defensa. En cualquier caso que no se trate de ricos, famoso o sus perros guardianes, las condenas se cumplen en la cárcel, no en la calle.

-¿Cómo funciona el circuito de comunicación de la víctima con ustedes?
-Depende de los casos. Hay situaciones en las que hay algún tipo de conocimiento directo por algún vecino del barrio. El 20 de julio, a las 5 de la madrugada, en Moreno, un policía de la Federal fusiló con tres tiros en la espalda a un pibito de 19 años. Ese pibito era vecino y había sido amigo de Christopher Torres, el hijo de Julia y Walter, dos militantes de CORREPI que desde que el policía del grupo Halcón Oscar Ayunta lo fusiló, militan con nosotros. En otras ocasiones nos ponemos en contacto uno, dos o tres años después porque recién ahí la familia obtiene algún contacto. No todo el mundo sabe entrar a internet. La vía de comunicación más directa es a través de los vecinos. Es un trabajo de hormiga.

Imagen: NosDigital

-¿Y el circuito de la víctima hacia la justicia?
-Es sumamente difícil. No es lo mismo buscar un abogado diciendo “Yo estaba en el tren de Once que chocó” que en una situación en la que primero se tiene que despejar el prejuicio de que si la policía mató a tu pibe o él se colgó en una comisaría -porque el 90 por ciento de las muertes en comisaría se presentan como suicidios-, por algo será. Hay casos que tienen alguna visibilidad porque la víctima pertenece a un sector social distinto y estaba en el lugar equivocado con la pinta equivocada, lo que genera una conmoción en los medios porque mataron a alguien que “vale la pena” o porque se generó una reacción popular inmediata que impide que la cosa pase como “joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden”, como pasó en Baradero con Mauro Rotella o Bariloche con Diego Bonefoi. En estos últimos casos el gran obstáculo para la organización independiente de los familiares o las víctimas sobrevivientes es el mecanismo de cooptación que inmediatamente pone en marcha el gobierno, ocurra donde ocurra el hecho. Pasó con las víctimas de la Masacre de Magdalena, los 33 presos quemados en el Pabellón 16. Pasó con Rotella, con Bonefoi, De Monti (el pibe que tiraron en Riachuelo los Federales). Inmediatamente empiezan a caer en paracaídas secretarios de Derechos Humanos, programa de asistencia a la víctima, programa nacional antiimpunidad, observatorios contra la tortura: toda esa miríada de organismos que inventa el estado para ser su cara buena, para aparecer del lado de la víctima como si no fueran parte del mismo aparato estatal que los mató, torturó o desapareció.

-Un argumento progre usado para justificar su existencia es que las cárceles son necesarias porque si no, ¿qué hacés, por ejemplo, con los genocidas?
-En un sistema diferente ya los hubiéramos fusilado. Viviendo, como vivimos, en una sociedad capitalista, y sí: hace falta encerrarlos en la cárcel. Nosotros recurrimos al aparato judicial para intentar meter presos a los policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles porque todavía no tenemos la posibilidad de tener otro tipo de justicia en manos del pueblo. Hoy no tengo un tribunal popular y una cárcel del pueblo donde encerrarlos. Mientras no haya esa posibilidad, ¿qué querés que haga? Por descontado que para el capitalismo las cárceles son imprescindibles. Desde que existen, las cárceles están llenas de pobres. Nunca hubo ricos en las cárceles.

-¿Cómo funcionan las cárceles hacia el periodismo?
-Tenés que ir preso para entrar. En el barrio te enterás. Nuestros militantes no abogados no pueden entrar, salvo como visita de cualquier preso. Hay que pasar la requisa. Con los pibes jovencitos les gusta hurguetear. Es sumamente vejatorio.

-¿No es un mito eso?
-No conozco a nadie que haya entrado a una cárcel sin ser requisado, salvo los abogados que tenemos el privilegio de entrar sin que nos revisen más que el bolso o la cartera. Es más, alguna vez que hemos tenido que acceder de urgencia a ver a algún preso en situación en la que, por algún motivo no nos permitían ingresar como abogados, hemos tenido que ser requisados nosotros.

-¿Requisado qué implica?
-Requisa íntima: todos los orificios. Tacto rectal y vaginal. Hay que bajarse el pantalón, agacharse, respirar hondo y hacer fuerza para que puedan ver si encuentran droga en el ano o en la vagina. De hecho, una mujer menstruando, con tampón, no puede entrar porque se lo hacen retirar por si en el tampón lleva algo oculto.

-¿Cómo se hace, con todas estas barreras, para que haya algún caso donde el policía asesino termine preso?
-Tenemos que ser todavía mejores que los mejores porque estamos confrontando contra todo el aparato estatal en su conjunto, pero sabemos perfectamente que cuando logramos meterles suficiente presión a un tribunal para que condene es porque tenemos mil quinientas personas en la puerta haciendo un escrache, no porque mi alegato los conmovió. Al margen de que las herramientas técnicas las tenemos que usar muy bien. El punto es el planteo político.