Derechos inhumanos

La historia desopilante del abogado policial que denuncia a los organismos de derechos humanos, la fiscalía que lo avala y la sentencia en suspenso de tres policías que torturaron y mataron a Gabriel Blanco en una comisaría.

Comisaría 2, Barrio San Carlos, La Matanza.

Shhhhh. En la celda de al lado están cagando a piñas a un pibe. Podría ser yo. Hace un rato vino la mujer con la hija. La madre también. Ya le estaban pegando; y él, que quiero ver a mi familia, que quiero ver a mi familia… Por los gritos, en cualquier momento lo matan. Lo metieron esposado y no parece que se las hayan sacado.

No puede más, grita. Lo van a matar. Hay que hacer algo. Nos van a matar a todos.

¿Qué más me pueden hacer?

Le siguen dando, ya no grita, lo van a matar.

¿Qué habrá hecho?

Silencio.

El cuento

“Te vamos a detener y no vas a contar más el cuento. Vas a aparecer en una zanja”, lo callaron a Gabriel Blanco, que tenía entradas en la comisaría por robo. Ya no quería afanar; iba también a un grupo de rehabilitación de adicciones. La policía lo perseguía para que sí siguiera robando: para ellos, con zona liberada.

El 1 de marzo de 2007 convirtieron la amenaza en hechos. Lo detuvieron cuando estaba con su pareja, después de comprarle un regalo a su hermana, que lo había hecho tío. Lo paró la policía, lo puso contra la camioneta, le pegaron a ella y lo metieron en el patrullero. A la medianoche su metro ochenta y sus ochenta kilos aparecieron ahorcados en el calabozo oscuro, sin algunos dientes, cagado a piñas, con un cable de luz que apenas resistía 50 kilos. Como demostraron las pericias, lo ahorcaron ya muerto, para simular el suicidio.

Justicia lenta, justicia rápida

Seis años después del asesinato, el juez de Garantías Raúl Ricardo Alí pidió las detenciones del subcomisario Rubén Darío Suárez, del suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte. Se hicieron pruebas y contrapruebas, se cambió de fiscal y todavía estaban en actividad.

Las detenciones, cuando llegaron, se hicieron efectivas en el mismo lugar donde trabajaban.

Además se procesó por encubrimiento al comisario inspector Claudio Horacio Javier Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

La causa sucia

Alguien dirá: cuánto avanzó la causa. Pero no termina ahí. Cuando se trata de policías, siempre hay un plan b: el abogado de los detenidos denunció que referentes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza visitaron a los presos que habían testimoniado en la causa sobre la muerte de Gabriel; y que les habían insinuado que debían señalar a la policía como responsable. Corroboró esto con una nueva declaración de los presos que habían testimoniado 6 años antes, que cambiaron de opinión.

El abogado de apellido Fernández radicó la denuncia contra la APDH, en septiembre. La Fiscalía General donde recayó le dio entidad a la causa y la derivó a una fiscalía descentralizada: esta notificó a Pablo Pimentel, titular de la regional de APDH Matanza, que estaba denunciado por armar una causa contra tres policías. “A los seis meses el fiscal entiende que la denuncia no tenía ningún sentido y la eleva a la Fiscalía General para que le den lugar a la desestimación; pero la Fiscalía se lo rechaza diciendo que era temprana la decisión, y eso es lo que realmente nos preocupa”, cuenta Pimentel.

La otra marcha

La APDH organizó el 28 de mayo un acto y marcha hasta la plaza San justo, frente a la Municipalidad. Reunieron entre 100 y 150 personas. “Contra la impunidad judicial, policial y política”, decía la consigna de esta primera marcha de la APDH-La Matanza en 30 años de historia.

Antes de empezar, un periodista se acercó a Pablo Pimentel y le preguntó si estaba al tanto de la otra movilización.

¿Cuál?

La de los familiares de los policías, al mismo lugar, a la misma hora.

Los gritos

-Todavía no llegó- le mentían a la madre, mientras en la celda le pegaban, esposado.

-Se suicidó porque tenía miedo de volver a la cárcel después de haber recuperado la libertad- argumentó la defensa al juez.

-La Asociación (sic) Permanente por los Derechos Humanos y el Comité Provincial por la Memoria (sic) buscan “obtener declaraciones falsas y agravar la situación procesal” de los oficiales- plantearon en la causa que abrieron contra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria.

-Sr. Pimentel deje de manipular causas judiciales obteniendo peritajes y declaraciones falsas para lograr la detención de policías y así réditos económicos del Estado que debemos solventar todos- denunciaban los volantes que repartían en la contramarcha.

-Los policías también tienen derechos humanos- culminaban.

 Silencio.

El grito recuerda a Luciano Arruga, Kiki Lezcano y más de 200 desaparecidos en democracia.