Informe de la situación

Los informes anuales del CELS son libros bien gordotes y que no siempre están al alcance de todos. Mentira, porque pueden leerse en formato pdf con tan sólo usar el buscador, pero la verdad es que nadie se entera cuándo sale el informe y pocas veces qué data contiene. Aquí, una lectura sobre la lectura que hace el CELS sobre los derechos humanos en Argentina durante el 2011, y el acercamiento de su análisis. PARTE UNO.

El CELS, una entidad no gubernamental que vela por los derechos humanos, para los críticos es un fantasma, para los fanáticos un superhéroe y para otros, un buen padrino. Quizá es por la variedad de estos criterios que crean necesario incluir su carta de presentación en el informe, a aclarar que “el trabajo del CELS consiste en denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en la formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas, y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad”.

El palabrerío representa la propia ambición que encarna el CELS como institución y en su tarea.

Sus informes anuales aplican la mirada sobre la situación de los derechos humanos pero también – y de esto se trata lo que buscamos acercar- aportan una serie de datos, estadísticas, análisis e información que ayudan a leer el presente.
El “Informe 2012” – que testifica la situación del año anterior, es decir del 2011- se centra en tres actividades que define como “prioritarias”: la consolidación de los juicios a 10 años de las leyes de impunidad; la actuación y el sentido del Ministerio de Seguridad creado ese año; y la situación carcelaria en Argentina, definida como modelo de la “prisión-depósito”. El Informe también recala en las tensiones sociales que atravesaron el 2011 encarnados en conflictos vinculados al territorio, la vivienda y el trabajo, en la agenda de la política migratoria, de la salud mental, el aborto y la libertad de expresión.

El descabezamiento de la cúpula dirigencial de la policía federal, la Ley Antiterrorista, la impunidad en el caso de Luciano Arruga, el reclamo de los ocupantes del Parque Indoamericano y los del Triángulo de Jujuy, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Medios, todo cabe en este Informe multitemático que fuerza su sentido común en el término “derechos humanos”, y enfoca grandes temas a partir de discusiones de todos los días.

A 10 años de la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en el año 2001, el CELS comienza su informe 2012 haciendo un balance del proceso judicial de los delitos cometidos durante la dictadura militar y, si bien sostiene que “el juzgamiento está consolidado”, también destaca los juicios que todavía falta juzgar y resolver.

Respecto al balance, el CELS elabora un gráfico que recuenta un total de 271 condenados frente a 26 absueltos en el total de estos juicios. Estas sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país fueron escalonadas del 2006 (2 sentencias) al 2011, siendo éste el año con mayor cantidad de fallos: 21 frente a 19 en 2010 y 11 en 2009, por ejemplo. El hecho, claro, corresponde a la naturaleza cronológica y lineal del tiempo (naturalmente los juicios se van desarrollando año a año), pero también a un compromiso que se fue ajustando año a año. Asimismo, especifica los delitos por los que fueron acusados según porcentajes: Torturas 29%, Privación ilegal de la libertad 30%, Delitos por apropiación de menores 8%, Homicidio 20%, Delitos contra la integridad sexual 0,5%, Asociación ilícita 2%y Otros delitos 2,5%. Más de la mitad (55%) fue condenado según el rol de “coautor” de esos delitos. Del total de sentenciados, el 46% fue condenado a prisión o reclusión perpetua.

Luego de estos números, el CELS advierte sobre los procesos que subsisten como problemas y que “ya pueden considerarse endémicos”, es decir que se repiten frecuentemente o que forman parte de la propia lógica judicial. El informe culpa a “determinadas prácticas fuertemente arraigadas en la administración de la justicia”. ¿De qué está hablando? De esto: tan sólo el 24% de las sentencias dictadas por los tribunales orales de todo el país fueron confirmadas; el restante 76% fueron nomás dictadas y esperan la confirmación de los tribunales superiores: la Corte Suprema y la Cámara de Casación Penal. De este modo ha habido demoras, por ejemplo, de 2 años y 5 meses entre la sentencia de primera instancia y su confirmación final de la causa “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado”, y de hasta 2 años y 7 meses en la causa conocida como “Von Wernich, Christia Federico s/inf. Arts. 144 bis”, por citar dos ejemplos.

A su vez, todas estas causas (62) – es decir las que llegaron a sentencia-representan tan sólo el 11% del total de causas activas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Hay todavía 12 juicios en curso (3% del total de las activas), 84 elevadas a juicio (22%) y 226 en etapa de instrucción, lo que figura un 59%. De las causas elevadas a juicio asegura el CELS que “muchas de ellas están listas para que empiece el juicio hace dos o tres años, pero diferentes trabas demoran su realización”. De este modo genera la comparación de los imputados-sentenciados con el resto de los imputados “aptos para llegar a juicio”: los hoy sentenciados representan el 17% del total que podría haber.

En este caso el informe anual del CELS incluye un apartado que se debate por las “estrategias de juzgamiento” y atiende lo que define como “la cuestión de los testigos”. Para el CELS la preocupación se instaló concretamente tras la desaparición de Jorge Julio López, es decir, detrás de los hechos y no como política preventiva que un organismo debiera prever. En cualquier caso, confiesa que desde el 2011 la protección de testigos “dejó de ocupar un lugar central”. Pero su propuesta remite a una instancia que de nuevo desatiende la cuestión preventiva y relaciona a la demora judicial con la protección de los testigos: “no hay mayor protección que el avance a mejo ritmo de los juicios pendientes”. “La cuestión de los testigos” trata en este informe la idea de que el problema es el propio trato hacia los testigos en la forma en que se tomaba testimonio: que en la producción de la prueba de una causa no se realicen prácticas que revictimicen y que, en cambio, el proceso de justicia sea una “instancia reparatoria”. Habrá que ver cómo reformulan este apartado en el Informe 2012 tras la desaparición de Alfonso Severo, y qué lugar le dan a las patotas sindicales en la agenda de los derechos humanos.

La política de seguridad

Uno de los temas más interesantes que toca el Informe – por lo poco visibilizado y analizado hasta entonces- tiene que ver con la creación del Ministerio de Seguridad. La presentación que hace el CELS remite a un proceso interesante: el progresivo abandono de un modelo “delegativo”, que deja al gobierno de la seguridad en manos de las instituciones policiales. Para el informe esto conlleva una doble renuncia: “a desarrollar políticas de seguridad y a gobernar las instituciones policiales”. Ése el diagnóstico que hace del gobierno de la seguridad ejercidos por el Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma hasta el 2011.

La idea es que ese año inaugura una etapa “reformista”. La creación del Ministerio, según el CELS, es una clara muestra de eso: “mostró la decisión de ejercer el gobierno civil de la seguridad y de las fuerzas policiales federales”. Esto el CELS lo dice al principio, es decir, como presentación y encare del tema, sin mostrar los argumentos concretos de tamaña afirmación. La pregunta entonces, hasta ahora, es qué carajo hizo el Ministerio de Seguridad.

· Afectación de núcleos de poder de la PFA
· El traspaso de la administración de pasaportes a la órbita del Ministerio del Interior
· Intervención política sobre la producción de información estadística de las fuerzas
· Desplazamiento de la PFA de los barrios del sur de Buenos Aires
· Centralización política de la distribución de policías en las calles
· Intervención sobre instancias críticas de la carrera policial y el control de la actuación
· Creación de una nueva Dirección Nacional de Política Criminal
· Despliegue de recursos tecnológicos orientados a la vigilancia y el control

Enumeradas de este modo, las acciones pierden la fuerza de sentido que confiere a cada una. Es decir: son acciones y directivas orientadas a modelar el perfil de las instituciones y de los funcionarios policiales. Reconoce entonces el primer problema de cualquier política de seguridad: la propia policía.

Cada medida representa entonces una trama compleja del gobierno de la seguridad porque intenta operar antes que nada sobre el control interno. El llamado “Operativo Cinturón Sur”, más allá del cuestionado o no remplazo de policías por gendarmes, se explica en una investigación previa del Ministerio, que permite llegar a la siguiente declaración de la ministra Nilda Garré al explicar la iniciativa: “existen muy fuertes sospechas sobre la implicación institucional de instancias dependientes del gobierno federal” en lógicas delictivas. Habló hasta de “extorsiones a comerciantes que no tienen sus papeles en regla, a los vendedores ambulantes para no molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda” (La Nación, 9 de abril de 2011).

Respecto a la instrucción concreta de la policía federal, el Instituto Universitario de la PFA renovó sus autoridades, ahora a cargo de civiles. Según el CELS, las instancias educativas no se limitan sólo a la formación primaria sino también a un “rentrenamiento del personal que ya está en funciones para que incorpore las nociones del nuevo paradigma de seguridad ciudadana y democrática”, por ejemplo interviniendo los “cursos de ascenso”.

Pero quizá lo que mejor ilustre la tarea que encara el Ministerio no sean sus políticas formativas ni del gobierno civil de las instituciones públicas (ya intentada en otros gobiernos) sino, simplemente, que entre sus acciones se incluyó la derogación de una regulación policial por la que se sancionaba a los policías que hacían denuncias internas (Resolución 1019/2011). Esa sencilla derogación habla la corrupción ya normalizada en el gobierno de la seguridad, que de a poco promete cambiar.

Ley antiterrorista

La promulgación de la llamada “Ley Antiterrorista” fue para el CELS la instancia que puso “en mayor tensión los postulados del programa gubernamental”, lo que es mucho decir. En lo primero que recala – y que no deberíamos olvidar- es en el mínimo debate parlamentario que tuvo, nada menos, una reforma del Código Penal. Segundo –y esto en su momento lo salió a criticar a viva voz el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier-, recuerda que “la razón que justificó la reforma fue la necesidad de cumplir con las exigencias del G-20” y del GAFI. Por último, para terminar este análisis en forma de denuncia, el CELS habla de “muy mala técnica legislativa” para pensar la arbitrariedad que evidencia la formulación laxa de la reforma: “duplica las penas para todos los delitos si se los comete con la finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas…”. “Esta clase de formulación es violatoria del principio constitucional de legalidad que exige que los tipos penales sean precisos”, denuncia y aclara que “pueden ser utilizadas para abarcar reclamos sociales”. Además de la explicación del G-20 y el GAFI, el CELS enmarca esta medida como parte de una tendencia de ciertos países de la región “como El Salvador, Perú o Chile” donde “se avanzó con legislaciones antiterroristas duras que justificaron la persecución de activistas y disidentes internos”.

La desaparición forzada de Luciano Arruga

El caso impune de Luciano Arruga desde el 2009 forma parte de los informes del CELS; la versión 2012 presenta un tratamiento tibio y breve del tema. Es cierto que en cuanto a los avances en la investigación y la causa judicial las novedades son escasas sino nulas; pero acaso es en esa ausencia es que el CELS debe redoblar su compromiso con el caso, no únicamente como seguimiento de un hecho aislado – como lo hace en esta versión del informe- sino como una desaparición que se volvió emblemática y cuyas repercusiones pueden alumbrar – a nivel mediático, social y judicial- otros casos impunes de desapariciones forzadas en democracia. El CELS recala en lo obvio: “El rol deficiente de la justicia” y “la incapacidad del poder Ejecutivo”. Luego sobreviene la descripción del caso y lo – poco- que ocurrió durante el 2011: un rastrillaje que no se completó. El CELS funciona para el caso Arruga como uno de los respaldos jurídicos y legales que presionan a los órganos responsables (lo afirman ellos mismos en este informe: “Tras la insistencia del CELS y de los abogados…”), por lo que dada su participación directa podrían, por ejemplo, dar a conocer las situaciones concretas de las trabas con que se encontraron la búsqueda de justicia, y no una mera declaración de principios que hacen parecer a la inclusión del caso Arruga en el informe una parada forzada.