Boom inmobiliario popular

Para poder tener sus casas, ocuparon los terrenos que un empresario decía suyos. La policía los reprimió mientras dormían. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley presentado por la Asamblea de Legítimos Ocupantes para expropiar esas tierras. Para que se promulgue solo falta la firma del Daniel Scioli. Aún a la espera.

Él es Rene Ramos Flores.

Rene Ramos Flores.
Rene Ramos Flores.

Y ahora va a tener su casa en los terrenos que Alberto Mattioli, mejor conocido como El estafador, El dueño de la mitad de La Plata, El que le roba hasta a los muertos, alquilaba ilegalmente.

Es que Alberto Mattioli, al frente de una “empresa familiar dedicada a emprendimientos inmobiliarios donde cuenta la persona como centro de atención con sus necesidades, deseos y requerimientos” -según lo indica su página web-, es en realidad una persona que se apropia de tierras que no son suyas, las alquila, y cuando vecinos de la zona intentan recuperar esas tierras para construir sus casas, los denuncia.

Así pasó en la localidad de Abasto, La Plata, en los terrenos ubicados entre las calles 520 a 530 y de 213 a 217.

Esas tierras fueron adquiridas en los años 60 por Zelindo Lentini, presidente del club Estudiantes de La Plata en la década del 80. Allí fundó y radicó la empresa Texlen, que quebró en el 2001 y empezó a contraer una deuda con el Estado. Lentini falleció en el 2007 y Mattioli, mediante un supuesto poder que Lentini le dejó y nunca presentó ante la Justicia, se declaró administrador de esos terrenos ociosos. Cercó el lugar y lo empezó a alquilar a quinteros.

Los terrenos desalojados.
Los terrenos desalojados.

El domingo 19 de abril vecinos de Abasto ingresaron a esos terrenos unidos en la Asamblea de Legítimos Ocupantes. Más de 300 familias entraron pacíficamente al predio, que no tenía alambrado, y empezaron a construir casillas improvisadas, algunas cerca de las tierras cultivadas por los quinteros pero sin afectar su producción. Mattioli, alegando que las familias estaban destruyendo la cosecha de sus inquilinos, denunció la ocupación.

¿Qué hizo el Poder Judicial con la denuncia de Mattioli? El Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Pablo Raele, ordenó desalojar el predio. El juez Raele no le exigió a Mattioli los títulos de propiedad, ni contempló que las tierras no estaban alambradas y que la ocupación había sido pacífica, ni mucho menos reparó en que la vivienda es un derecho al que todos los habitantes de la Argentina deben acceder. No hizo nada de eso, sino que utilizó la fuerza, esa que la Constitución reserva sólo para el Estado, para preservar los negocios ilegales de un individuo. Resultado: la represión de 300 familias que intentaban recuperar un predio usurpado por este empresario.

El domingo 3 de mayo llegó a los vecinos la orden de desalojar el predio, dictada por el Juzgado de Garantías Nº 3. A pesar de que el juez Arias, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, había dispuesto una medida precautelar mediante la cual le ordenaba al Poder Ejecutivo de la Provincia que “se abstenga de llevar adelante la orden de desalojo”. Mientras todo el barrio estaba militarizado por centenas de gendarmes de la bonaerense, hasta el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, se hizo presente en el lugar el miércoles 5 de mayo y afirmó que “en estas tierras no va haber represión y se construirá un plan de viviendas para todas y todos”.

Adalberto, miembro de la Asamblea, relata lo que pasó ese día luego de la visita de Mariotto: “Para nosotros el miércoles fue un día de celebración, terminamos la asamblea decidiendo qué nombre ponerle al barrio, muchos chicos volvieron porque habíamos decidido que el día de la posible represión no haya chicos, ni madres, ni ancianos. Esa gente volvió y a partir de las 5 de la mañana del jueves comenzó la represión”.

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El acampe de la Asamblea de Legítimos Ocupantes.

Ingresaron los efectivos de la policía Bonaerense: unos 600 oficiales. Más del doble de la cantidad de gente que dormía en ese momento en las casillas, algunas más improvisadas, de lona y plástico, y otras mejor plantadas, con paredes de madera. Ingresaron sin dar voz, ni pedir que abandonen la zona de forma pacífica. Pisaron a la gente que dormía, la patearon, dispararon. Asesinaron a los perros, prendieron fuego las pertenencias de los vecinos. A los que lograron escapar los persiguieron por entre los campos linderos. Hubo más de 30 heridos y trece personas terminaron detenidas, incluyendo al abogado que defiende a los legítimos ocupantes

Víctor, también miembro de la Asamblea, cuenta junto con Adalberto lo que pasó esa madrugada: “La zaña que tuvieron con nosotros no se puede explicar, hasta chicos lastimaron. Y no fue que entraron y nos desalojaron, nos corrieron hasta Ruta 2 y por el medio del campo. Como si fuéramos salvajes. En esta época es algo inentendible que hayan tratado a la gente así”.

Adalberto remata, categórico: “Lo principal acá en Abasto es la necesidad de vivienda que hay. La gran cantidad de gente que ocupó los terrenos trabaja y alquila, todo ese dinero volcado a la especulación inmobiliaria, volcado a la construcción de la propia casa. Se acaba el negocio de unos cuantos”.

Mirá bien estas caras, porque todos ellos juntos, le ganaron a la especulación privada, esa que no vive sin una mano del Poder Judicial.

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Ganaron porque después de los palos no se abatieron. Se reunieron y acamparon una semana sobre la calle 212. Hicieron asambleas, reuniones, festivales, marchas. Sostuvieron la lucha que venían llevando a cabo hacía meses, lucha que tiene como eje central el derecho a la vivienda digna.

Le ganaron porque agrupados en la Asamblea de Legítimos Ocupantes presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para expropiar esas tierras. Y lo lograron. El proyecto se aprobó el 13 de mayo. Ahora los terrenos que antes explotaba ilegalmente Mattioli “serán destinados al desarrollo de planes de vivienda, teniendo en cuenta a sus actuales ocupantes (…) Los bienes expropiados por la presente ley se destinarán a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los actuales ocupantes”.

Para que esta ley se promulgue necesita la firma del Daniel Scioli, que tiene diez dias para hacerlo, contando desde el 21 de mayo pasado. Mientras tanto los vecinos esperan. Algunos ya no tenían un lugar donde ir desde que empezó la toma, y aún no lo tienen. La Asamblea de Legítimos Ocupantes está acampando frente al predio. Las tierras siguen custodiadas por la policía. Por ahora las carpas del acampe son la casa de muchos vecinos del Abasto, y aunque el viento las vuele y el frio se cuele por las costuras, siguen plantadas firmes ante los terrenos que la Asamblea logró recuperar.

¿De quién es la información?

El qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh Felix Díaz está acampando en 9 de Julio y Avenida de Mayo desde el 14 de febrero. Reclama, con el apoyo de su pueblo, poder conocer sobre las obras del gobierno formoseño de Insfrán en territorio indígena. Del otro lado, reprimen.

Félix Díaz no cuenta detalles de las agresiones que sufrió su familia y la comunidad qom de la que es lider, especialmente desde el 13 de febrero. No naturaliza ni los insultos, ni las intimidaciones, ni las amenazas, ni los golpes. Los carga encima y se los lleva al hombro hasta la 9 de Julio y Avenida de Mayo, a un kilómetro de la Casa Rosada, uno del Congreso, uno de Tribunales y a 1341 de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh. Ahí, en medio de los Poderes del Estado, donde ya acampó en 2011 durante cuatro meses, aguanta otra vez desde el 14 de febrero. Ahí siente que más gente detiene un segundo la mirada en las banderas. Alguno que otro para a preguntar. Las reacciones son diversas. En la marcha del 18F, un hombre paró con el celular a la oreja, frente a la carpa de Félix, debajo de una enorme Wiphala y ubicó a su interlocutor: “Acá, donde están los indios”. Ante ese hombre también intenta Félix visibilizarse y dejar de ser el miserable al que están privando de agua, de información sobre sí mismo y su territorio.

Estaba ya en Buenos Aires para hacer gestiones ante organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales para conseguir información sobre las obras que está haciendo el gobierno provincial formoseño presidido por Gildo Insfrán en la comunidad desde hace más de cuatro años. El 14 de febrero lo sorprendieron llamados contándole que estaba tomando envión un espiral de agresiones en su comunidad.  Hacía varios días que la comunidad estaba haciendo un corte de la Ruta Nacional 86 kilómetro 1341.

En ese mismo lugar, el 23 de noviembre de 2010 fue asesinado Roberto López durante la represión a los qom que reclamaban por tierras ancestrales. Desde entonces, la zona es área de muerte qom. La metodología es el supuesto accidente. Mario López, atropellado el 24 de noviembre de 2010. Celestina Jara y su nieta Lila Coyipé, el 10 de diciembre de 2012. Juan Daniel Asijak, el 5 de enero de 2013, aunque según testigos pudo haber sido golpeado y el siniestro, una invención. A 5 kilómetros está la casa del gobernador de la provincia, Insfrán, que todavía no los atiende.

Felix Diaz.
Felix Diaz.

“Que se cumpla el derecho al acceso a la información”, exigen ahora.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 11:

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

“El gobierno de la provincia destinó varias viviendas a la comunidad, pero hace cuatro años que se está construyendo y no conocemos a las cuatro empresas constructoras, ni qué monto de dinero se destinó, ni hasta cuándo puede durar la obra”, explica el líder de Potae Napocna Navogoh. Venía reclamando esa información formalmente a través de presentaciones de notas. No contestaron ni el ministro de Seguridad y Trabajo, ni el Instituto Provincial de la Vivienda, ni el ministro de Salud. “Nunca fueron contestados los reclamos. Por eso cortamos la ruta. En vez de resolverlo, la Provincia contrata a pastores evangélicos para decir que somos opositores manipulados por ONGs. No reconocen que el reclamo es justo. No hay ni siquiera un cartel con la información. Lo que queremos es transparencia en todos los trabajos que se destinen a la comunidad indígena”, sigue el qarashe Diaz.

El gobierno no contesta con información, pero contrataca con arietes: “Díaz junto a miembros de algunas ONG con llegada a medios de comunicación de Buenos Aires, utilizan situaciones de la cotidianidad de la vida comunitaria, como ser un accidente de tránsito o una afección de salud, incluso discrepancias sociales internas entre vecinos, para mentir, manipular y dañar la imagen de una provincia y sus habitantes, tratando de hacer creer que todos los formoseños somos cómplices de una supuesta persecución a las comunidades indígenas”, indica el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González. La táctica ya la conoce Félix Díaz: “El gobernador financia las actividades de patoterismo de la misma comunidad indígena: pastores de la iglesia evangélica, asociaciones civiles… Los presiona a través de la asistencia social, la pensión provincial, planes. Si los indígenas no actúan, a través de una orden del gobierno se les sacan esos beneficios. Como hay mucha pobreza, el gobierno juega con eso. Lo usa para seguir diciendo que está todo bien, que los indígenas no necesitan nada”.

Hay 850 familias y el gobierno de la provincia está construyendo alrededor de 300 viviendas desde 2010. El líder qom denuncia que hay una mala distribución en la que algunos punteros políticos tienen cinco viviendas mientras hay familias que no tienen nada: “Nosotros salimos a dar la cara en los reclamos y ellos se apoderan de los resultados”, se queja. Las protestas, además, no son gratuitas. Esta semana, durante el corte de ruta la hermana de Félix Díaz, de 97 años, fue agredida físicamente e insultada. Antes, les había tocado a Clemente Sanagachi y a Valentín Yaecle.

Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital

El sábado a la mañana hubo un altercado porque el gobierno mandó a las máquinas de construcción, custodiadas por policía y gendarmería. La comunidad no quiso que entraran hasta que se destrabara el conflicto. Exigió que se resuelvan los pedidos en general: conocer cuántos recursos económicos están destinados a cada obra en vivienda, electrificación rural, agua potable, salud y caminos. “El cable que se instaló hace 5 años no está conectado a la energía; la red de agua potable no está distribuida a la totalidad de la comunidad. El agua potable da dos horas por día. Con este calor terrible, la necesidad de la gente es mucha”, ejemplifica Félix Díaz desde el acampe en la Avenida 9 de Julio porteña.

El enviado del gobierno es Hugo Arrúa, Administrador General del Instituto de Pensiones Sociales. Díaz asegura que su misión es ir a dividir a la comunidad. El titular del IPS y su esposa Elizabeth Obregoso. según el líder qom, “no dejan de generar conflictos internos y bronca”. Hugo Arrúa es quien hace un año desmentía que el hijo del qarashe hubiera recibido una golpiza por cuestiones políticas. Según sus palabras, fue “una pelea entre muchachos” que “estaban bebiendo”.

Para Félix, esto se suma a otras formas de división que encuentra el Estado, como dar dos personerías jurídicas a fracciones diferentes de la comunidad. Una de ellas, otorgada por la Provincia y otra por la Nación. “La primera, la Asociación Civil, nunca fue elegida por la comunidad, sino que el gobierno pone a sus hombres de confianza para estar al frente de ésta. Esa es la diferencia, una que está por encima de la comunidad y la otra que es la de la propia comunidad que administra sus propios intereses como la agricultura, ganadería, caza, pesca y uso de los recursos para la artesanía, que son nuestras costumbres”, contó. Así no solo pierden sus hábitos, su cultura. También el sentido de comunidad. Las divisiones sembradas desde afuera permanecen en el tiempo. “A la noche (Arrúa) se retira del territorio después de haber sembrado discordias, Nosotros nos quedamos. Si yo me peleo con mi hermano, todo el resto del día me lo sigo cruzando. Así, el gobierno nos trata de dividir”, teme Félix.

“Somos trabajadores que queremos producir”

El intento de la Cooperativa 28 de Mayo por recuperar su fuente de trabajo aún depende de eternas jornadas judiciales. Mientras los acusan de usurpadores, acampan hace más de dos años frente a la ex Lanci Impresiones, luego de su cierre.

Hay 15 trabajadores que se turnan día a día para estar presentes en la improvisada casa que se armó en la vereda de la calle Mom al 2800, en el barrio de Pompeya. El acampe está frente a la ex Lanci Impresiones que hace más de dos años -y luego de casi cuatro de inseguridad laboral- cerró sus puertas, vaciada, adeudada, paralizada. De 50 trabajadores, 16 decidieron tomar la fábrica el 28 de mayo del 2012 luego de soportar cuatro años de atrasos salariales; un año después fueron desalojados por la Policía Metropolitana en un despliegue de fuerzas enorme frente a los cinco obreros que dormían adentro: sin poder llamar a sus abogados, rodeados de decenas de uniformados y con el sonido de un helicóptero dando vueltas sobre sus cabeza, los 351 días de autogestión se hicieron pedazos. Pero no desistieron, y ahora, catorce meses después, siguen esperando un fallo judicial que los termine por dejar en la calle o, por el contrario, les de las llaves de la sede y vuelvan a producir: “adentro las máquinas se oxidan y está lleno de ratas” nos cuenta uno de los operarios que, interrumpido su almuerzo, nos relata la larga espera.

Medio

Entre juzgados, abogados, jueces y denuncias

El intento de la Cooperativa 28 de Mayo por recuperar la fuente de trabajo está mediada por lo que parecen ser eternas jornadas judiciales en la que operan tres diferentes juzgados con causas completamente distintas. La primera causa está en manos del Juzgado Penal debido a una denuncia hecha por el ex dueño de la empresa contra los trabajadores por usurpación de la propiedad privada, durante los momentos de la toma, y contra el Presidente de la Cooperativa Telésforo Gallardo por amenazas, lo que le impide estar a más de 600 metros del establecimiento. Estas denuncias tienen implicancia directa para la causa en el Juzgado Comercial, que trata sobre la quiebra ya que como nos explicó Gallardo, “el juez en lo comercial que decretó la quiebra no nos quiere dar el inmueble porque para él nosotros no somos trabajadores sino usurpadores”.

– ¿Y con la nueva Ley de Quiebras no estarían habilitados a hacerse de la fábrica a cambio de la deuda que tienen?

– No, porque cuando vino el tipo y puso la faja de quiebra, nosotros estábamos en la calle y no en la fábrica produciendo.

Este problema es crucial para los trabajadores ya que de reactivar la fábrica conseguirían mantener un sueldo. “Acá todos tenemos entre 40 y 50 años, ¿quién te va a dar trabajo con esta edad?” nos preguntan en el acampe. Sin embargo está el tema de la deuda, los cuatro años en los que recibieron la mitad del sueldo o incluso menos debido a los problemas económicos que decía tener la compañía. Nuevamente la Justicia se opuso a la historia de estos trabajadores, ya que el síndico enviado a administrar la empresa cuando entró en quiebra reconoció estas deudas muy por debajo de lo que fueron realmente: “Al primer síndico nosotros le tuvimos que presentar las deudas que tenían de manera individual. Pero el síndico en el concurso solo reconoció la mitad de la deuda de uno, un 2% de otro, un 10% y a otro nada. ¿Cómo no te lo va a reconocer?” nos cuenta Waldemar. Pero, la luz de esperanza se abrió con la intervención del Juzgado en lo Laboral, ya que el conflicto entre los trabajadores y el dueño que comenzó con las huelgas y la toma de fábrica tendría que haber sido tomada por este juzgado. En caso de reconocer las faltas que tuvo la compañía para con los obreros, el Juzgado Comercial se vería obligado a aplicar la Ley de Quiebras y darles el establecimiento junto con las máquinas a cambio de las deudas que tienen con ellos. Pero recién comenzó el litigio y la Justicia es tan lenta como perezosa…

La deuda como violencia de género

“La Justicia nos quiere tratar como delincuentes, hablando de usurpación, pero ¿qué delincuente se queda en el lugar del hecho? Nosotros nos quedamos frente a la fábrica porque somos trabajadores que queremos ponernos a producir” señala Waldemar en relación al acampe. Pero este acampe es mucho más que el esfuerzo de los propios operarios, es también el reflejo del aguante de la familia. Estas familias lo vienen haciendo hace añares, cuando empezaron a ver sus ingresos disminuidos por los recortes del patrón. Por eso la vida privada de cada uno se vio violentamente modificada, teniendo que empezar a recibir ayudas de los padres, debiendo la mujer salir a mantener el hogar. Y de esta violencia también nos relatan: “Desde el 2009 arranca nuestra bronca, cuando empezábamos a cobrar medio sueldo e ibas a tu casa y ya no podías ser más el jefe de familia. Ahí te empezabas a sentirte violado… La familia es quien evita que te caigas. Ellos te sostienen en esta lucha por intentar recuperar la fuente de trabajo. En ese momento éramos 50 personas y ahora somos 15 nomás”. Sentirse violado porque fueron sometidos al poder del patrón. Waldemar nos lo dice directamente: “en lo personal, para mí esto fue violencia de género”.

-¿Por qué violencia de género?

-Porque él hizo abuso de poder, abuso de poder económico, sobre nosotros, que estábamos económicamente destruidos. Con lo que nos debía de sueldos, estábamos económicamente destruidos. El tipo abusó de tener más poder que nosotros. El patrón se abusa al no darte tu salario; y él capacidad de pago tenía. Tenía bienes, tenía capacidad de producción; nosotros no dejamos nunca de trabajar. Eso es un abuso, no sexualmente, pero abusa porque él maneja otros tiempos que vos no podés manejar. Por eso es “relación de dependencia”, porque vos dependés de él. El patrón estornuda y el trabajador se engripa. Eso es así, históricamente fue así y será así para el obrero.

Mientras tanto, ya van terminando de almorzar los seis obreros que adentro de una casa improvisada de maderas y chapas. La espera, nos dicen, es tremenda. Los tiempos de la Justicia parecen no tener relación alguna con las necesidades reales de quienes necesitan respuestas. Y antes de irnos les preguntamos cómo se sienten estando a metros de la salida a sus problemas, a metros de ese anhelo de dos años: “Es triste, se hace muy pesado. Estar afuera, sentado, esperando a que los días pasen, a que la Justicia decida. Lo triste es la incertidumbre. Imaginate que vos tenés a tu mujer embarazada, con tres meses de gestación, pero sabés que tenés que esperar seis meses todavía. Entonces esos seis meses los esperás con esperanza, con alegría, con fe. Tal vez querés que nazca ahora, pero el profesional te dice: “no seas ansioso, tenés que esperar nueve meses y listo”. Nosotros en cambio no sabemos cuánto va a tardar, no sabemos siquiera si la Justicia que solo tiene que firmar un papel, va a firmar. Porque una cosa es la ley escrita y otra cosa es el que firma, aprobando esta ley, que es un Ser Humano. La Ley de Quiebras está aprobada, pero un juez tiene, una persona, es quien tiene que agarrar una lapicera y firmar que nosotros estemos adentro”.

Las primeras gotas caen, nosotros nos saludamos y nos vamos con la certeza que nos tiraron en la despedida: “vuelvan, total, vamos a seguir estando acá”.

Posible Final A