Los guardianes del aborto clandestino

Prometen una “revolución cultural” y renuevan el discurso de los sectores poderosos del catolicismo para disputar su lugar en la regulación de la vida y la sexualidad de las personas. ¿Cómo operan estos grupos? ¿Qué estrategias despliegan para condenar a miles de mujeres al aborto clandestino?

“La ‘cultura de la vida’ y la ‘cultura de la muerte’ pujan una vez más en la cámara baja del Congreso de la Nación. Volvió a presentarse el expediente de la ‘Campaña por el derecho al aborto’, pero el proyecto de la Red Federal de Familias (RFF) -que garantiza la protección integral de la embarazada en riesgo y su hijo- ya consiguió la adhesión de 50 diputados nacionales”. Esto se lee en una nota publicada el miércoles 29 de junio en la web de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA). Como si se tratara de un nuevo round entre dos legendarios boxeadores, cuando lo que está en juego no es el cinturón de campeón, sino los derechos sexuales y reproductivos, el reconocimiento de la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre sus cuerpos y sus vida, y el rol de la Iglesia Católica en la regulación de la vida y la sexualidad de las personas.

En efecto, el jueves 30 de junio se presentó por sexta vez en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con la expectativa, casi a modo de consigna, de “que sea la vencida”. A pesar de que en las sucesivas presentaciones fue ganando firmas de apoyo de diputadas y diputados, el proyecto nunca llegó a la votación en el recinto. Por otra parte, también el 6 de mayo ingresó al Congreso el proyecto de ley de “Protección integral de los derechos de las mujeres embarazadas y de las niñas y/o niños por nacer”. A partir de postular como “niño por nacer” a “todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”, el proyecto pretende cercenar no solamente la despenalización del aborto, sino también restringir las prácticas de reproducción asistida, actualmente reconocidas por la ley 26.862 y el nuevo Código Civil y Comercial, puesto que éstas presuponen la manipulación, criconservación y descarte de embriones. Si bien este proyecto tampoco ha avanzado en la agenda parlamentaria (fue presentado anteriormente en 2010, 2012 y 2013), el grupo cuyos intereses representa no carece de cosechas. Muestra de esto es la incorporación, casi de último momento, del artículo 19 en el nuevo Código Civil y Comercial, que reconoce el inicio de la vida en la concepción. ¿Pero quiénes son estos grupos? ¿Cómo operan para obstruir una y otra vez el debate legislativo sobre el aborto? ¿Qué estrategias despliegan para condenar a miles de mujeres al aborto clandestino?

No se requiere de mucha investigación para señalar a la Iglesia Católica como un actor político decisivo en la obstaculización del acceso al aborto legal y seguro, desde el lugar hegemónico que ha logrado mantener para imponer su visión de lo que se considera legítimo y deseable en la vida social, muy especialmente en la regulación de la sexualidad, las familias y las relaciones de género. Operando judicialmente para frenar la conquista de derechos, tejiendo alianzas con gobernadores como Juan Manuel Urtubey (Salta), incidiendo en las políticas sanitarias a través de figuras como Abel Albino, estos grupos alimentan el mito de la “nación católica”, montado en la particular y estrecha relación forjada entre el Estado y la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, prácticamente desde la Independencia. Desde sus espacios institucionales, pero también desde asociaciones civiles, en un fenómeno que han llamado oenegización religiosa, se posicionan en el espacio de lo público, como legisladores ocultos e intangibles. Si fueron las feministas quienes se encargaron de demostrar que “lo personal es político”, los grupos religiosos salieron a dar batalla y se vienen movilizando políticamente para recuperar el lugar de portavoz en torno a la “moral sexual”.

En defensa de las familias… ¿pero cuáles?

Volvamos al principio. Siguiendo el objetivo de entender quiénes son y cómo operan estos grupos que intervienen directamente sobre nuestras vidas cotidianas, pertenezcamos o no a su credo o institución, detengámonos en la Red Federal de Familias. Esta organización se fundó, como tantas otras de su tipo, a fines de 2009, ante “la amenaza del matrimonio igualitario”. Sosteniendo un concepto de familia basado en el “matrimonio entre varón y mujer, estable y duradera, en respeto a la vida y el orden natural”, formaron parte de la organización de marchas, movidas mediáticas y lobby parlamentario para frenar la sanción de la ley que incluyó en la institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Ante la derrota, redoblaron los esfuerzos de organización, y hasta el día de hoy la Red articula estrategias de acción con los obispados católicos provinciales, las autoridades evangélicas de las regiones y funcionarios políticos de amplio rango. Entre sus acciones visibles se destaca la conmemoración cada año del Día del Niño por Nacer, decretado por Menem con el visto bueno del entonces papa Juan Pablo II, el 8 de diciembre de 1998. Sí, el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. La fecha elegida para la conmemoración fue el 25 de marzo en consonancia con el día de la resurrección de Jesús. Este año, los grupos religiosos que se autodenominan “pro-vida”, con motivo de esta fecha, empapelaron la zona del Congreso con afiches de fetos y circularon por las redes sociales imágenes con el lema “Un inocente abortado, otro Cristo crucificado”. La apuesta hacia delante es instalarlo comercialmente como el Día de la Embarazada y promover una marcha nacional.

Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital

La Red Federal de Familias es también la que organiza desde hace cinco años el Congreso Nacional Familia y Vida, cuya última edición fue los días 6 y 7 de mayo en Rosario, Santa Fe. En su página web se lee: “Este Congreso está abierto a todas las personas que crean en la necesidad de promover el valor de la vida, la importancia de la familia como célula básica de la sociedad y la educación en verdaderos valores. Está abierta a todo público, docentes, magistrados, funcionarios públicos, sacerdotes, dirigentes sociales y catequistas y también para estudiantes secundarios y universitarios”. Las dos jornadas se desarrollaron en el Salón Metropolitano de Rosario. Luego de la acreditación (previa inscripción y pago de arancel), se podía recorrer una serie de stands de organizaciones e instituciones católicas. Entre los materiales desplegados en las mesas se destacaban aquellos que denunciaban la invasión de la “ideología de género” en las educación de los/as hijos/as, la difusión de la “planificación familiar natural” y los consejos para la vida marital en armonía. La mayoría de los asistentes al Congreso eran adolescentes y jóvenes, en general en grupo, pertenecientes a parroquias o escuelas católicas. Con un funcionamiento de talleres y paneles simultáneos, el Congreso estuvo pensado para pasar el fin de semana, e incluía momentos de socialización como el almuerzo y los cortes de café. En el salón principal, las paredes estaban cubiertas de banners con imágenes de embriones y fetos en distintas etapas de desarrollo e indicando lo que “sienten” en cada momento. Una imagen de la Virgen María acompañó a cada expositor a un costado del estrado. Las presentaciones estuvieron principalmente a cargo de abogados/as y médicos/as, marcando el tono secular del encuentro, principalmente articulado en torno a argumentos médico-científicos y fundamentos jurídicos. Los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica estaban más ocupados en la organización y supervisión de las actividades que detrás del micrófono.

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Congreso Nacional Familia y Vida, 7 de mayo 2016.

Profesionales del derecho y la salud no son actores casuales ni secundarios en esta problemática, sino que encarnan las principales estrategias de estos grupos: la judicialización, el uso de la objeción de conciencia y la presión para dar injerencia a los comités de ética hospitalaria, liderados por médicos católicos, para restringir el acceso a los abortos no punibles y para incidir en la orientación de la políticas de salud reproductiva.

Por la familia natural (y judicial)

“Una vez que el pueblo votó, las puertas del poder se cierran. Hay que quedar del lado de adentro”, así empezó Aurelio García (Encuentro Vecinal Córdoba) el “Panel con Político”, y habla desde la experiencia. A continuación, narró su orgullo profesional: haber impedido que se acceda a los abortos no punibles en la Provincia de Córdoba. Luego del Fallo FAL de la Corte Suprema, el Ministerio de Salud de Córdoba emitió la resolución 93/12 que estableció la “Guía de Procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible, según lo establecido en el artículo 86 incisos 1º y 2° del Código Penal de la Nación”. A continuación, la asociación Portal de Belén – subsidiada por la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez y Adolescencia de la provincia y fundada por el propio Aurelio García en 1991 para “dar una respuesta concreta a la problemática de la mujer embarazada y sola” – presentó una medida de amparo para que se declare inaplicable la resolución ministerial e inconstitucional la figura del aborto no punible, hoy vigente de acuerdo al Código Penal. Aunque todavía sin sentencia firme, se logró una medida cautelar que suspendió la aplicación de la Guía en cuestión. Por su trascendencia, en el 2014, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentaron como amicus curiae para dar argumentos al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Bajo esta misma figura se presentó en el último mayo el Centro de Estudios en Derechos Humanos y la Carrera de Especialización en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). Católicas por el Derecho a Decidir también participa, en carácter de tercero coadyuvante en defensa de los derechos humanos de las mujeres. El poder no entiende mayorías y minorías, y se suele requerir de unos cuantos para contrarrestar la acción de unos pocos. En su exposición en el Congreso Familia y Vida, Aurelio García relató que al juez que dio lugar al amparo “se le venía el juicio político. Cuando lo pidieron en la Legislatura de Córdoba, diez días antes habíamos conseguido firmas para apoyar la moción del juez. Lo desactivamos”.

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Diputado Nacional Juan Fernando Brugge (izq.) y Legislador, Córdoba, Aurelio García (der.)

En ese contexto teñido de una cierta épica macabra, se dio lugar a las preguntas de los/as asistentes. La que abrió la ronda fue al grano: “¿Es posible ir para atrás con el matrimonio igualitario?”. El primero en responder, más moderado en su discurso, fue el Diputado Nacional Juan Fernando Brugge por la Provincia de Córdoba, representante del Partido Democrática Cristiano, hoy integrante del bloque UNA, aclarando que él no veía el contexto parlamentario favorable para instalar ese debate hoy. Si bien Aurelio García estuvo de acuerdo, dejó claro que tampoco está dispuesto a sentarse a esperar: “La apuesta es hackear judicialmente el nuevo código civil. Ir con el interés superior del niño para argumentar que la adopción debe ser con mamá y papá. Tenemos que ser la resistencia cultural. No nos podemos rendir ante lo políticamente correcto. Y vamos a enfrentar al sistema de Fertilización In Vitro, vamos por la protección de los embriones, que son vida”.

Generación pro-vida

Tuvo su lugar en el estrado el Frente Joven, en la voz de Santiago Santino, su coordinador de Formación. Cuando le pedís un contacto, te da su twitter, en el que se presenta “Convencido de que se puede hacer un país mejor para todos”. Con la consigna de que “Sin vida no hay derechos y sin derechos no hay futuro”, presentó, junto a Memé Moscoso – del Portal de Belén – la nueva campaña “Derecho al Futuro”, que el Frente Joven llevará a cabo este año junto a otras ONG’s de todo el país, entre las que se encuentran Rosario te quiero Pro Vida, Elegimos la Vida de La Plata y Universitarios por la Vida de Córdoba.

Congreso Nacional Familia y Vida
Congreso Nacional Familia y Vida

“No somos la generación perdida, somos la generación pro-vida”, sostienen y encarnan una de las fuertes estrategias de los últimos años de los grupos católicos hegemónicos: la apelación a los derechos humanos. Desde esa posición es que acusan de “genocidas” a los/as que defienden el derecho a decidir y de “terrorismo de estado”a los avances en derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, lejos de las posiciones melancólicas y de un discurso conservador, se presentan como una “revolución” y un “cambio cultural”. “Somos lo nuevo, la muerte siempre envejece. Estamos preparando algo grande, queremos salir a las calles, dar charlas en formato TED, transmitir el bien. Y en octubre hacer una gran fiesta. Porque se protesta la muerte, se festeja la vida”. Y como en algo le hicieron caso a Aurelio García, en eso de que “Cuando se cierran las puertas, hay que quedar del lado de adentro, no importa por dónde se entre”, crearon una escuela de Jóvenes Dirigentes, con sede en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, San Juan y Mar del Plata. Ya tiene 159 egresados y recibe el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Municipalidad de San Miguel (Pcia. De Buenos Aires) y de San Miguel de Tucumán, de la Universidad Fausta, la Universidad de San Pablo Tucumán, de la Escuela de Negocios, de la Universidad de Congreso, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y de la Fundación Nuevas Generaciones. Entre sus docentes, se destacan el pediatra Abel Albino – propuesto para Ministro de Salud de la por Mauricio Macri– y Mariano Gerván, Secretario Parlamentario del Bloque PRO de la Cámara de Diputados de la Nación. La mayoría del plantel se conforma con egresados de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina.

La peregrinación peronista

El 18 de enero de este año se firmó el “Pacto de Padua” entre un grupo de intendentes peronistas del conurbano bonaerense, “inspirados en el liderazgo internacional del Papa Francisco” (…) “tomando como iniciador de nuestro pensamiento ecológico integral al General Juan Domingo Perón”. Desde esa fecha hasta el día de hoy, no paran de sumar adhesiones de intendentes de todo el país. El último 13 de junio, aprovechando el contexto de tensión entre la Casa Rosada y el Vaticano, el Pacto fue ratificado mediante la firma del “Compromiso de San Antonio de Areco”. El quinto principio – suman diez en total – es “Proteger a la familia como célula básica de la sociedad y la vida humana desde la concepción”:

Apoyar la realización de las familias es parte de una política socialmente activa, que genere empleo y que ofrezca oportunidades de desarrollo para todos. En el reciente e histórico encuentro que el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa mantuvieron en Cuba, emitieron una declaración de imprescindible lectura, uno de cuyos puntos enfatiza: “La familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer. El amor fortalece su unión, les enseña unos a otros como un don, es la escuela del amor y la fidelidad”. A la vez, realizaron un llamamiento “para respetar el derecho inalienable a la vida. Millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz”.

Por si quedaban dudas, el Partido Justicialista redobló la apuesta y el 16 de junio lanzó una secretaría partidaria de Culto y Doctrina Social de la Iglesia Católica. En la presentación estuvieron el presidente del PJ, José Luis Gioja, los intendentes Verónica Magario (La Matanza) y Gustavo Menéndez (Merlo) y el padre José “Pepe” María Di Paola. Previamente, el 1 de junio, recién conformadas las nuevas autoridades del PJ, la Conferencia Episcopal Argentina recibió en su sede a la mesa de conducción partidaria, ocasión en la que los obispos José María Arancedo y Carlos Malfa recibieron a Gioja, Daniel Scioli, Lucía Corpacci (gobernadora de Catamarca) y Gildo Insfrán (gobernador de Formosa). Desde el PJ, declararon que “Tanto la Iglesia quedó a disposición de las necesidades del partido, como viceversa”. El ya nombrado intendente de Merlo, Gustavo Menéndez es una figura convocante dentro de este grupo y así lo demuestra en el (no tan) fino trabajo territorial que lleva adelante. El jueves 30 de junio, participó con el obispo de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti, de un encuentro en el que 180 instituciones educativas del partido de Merlo adhirieron al Pacto de Padua.

Idas y vueltas en la relación entre Iglesia y Estado, confluencias entre catolicismo y peronismo. Giros alrededor de quiénes nos niegan nuestro derecho a decidir.

En Argentina, podemos abortar: qué dicen las leyes

El aborto no punible está contemplado en el Código Penal desde 1921 para los casos de violación y de peligro para la salud y la vida de la mujer. En un fallo de 2012, la Corte Suprema instó a desarticular los obstáculos médicos y judiciales para garantizar que se realice de manera rápida, accesible y segura.

Desde hace 95 años las mujeres tienen derecho a interrumpir legalmente su embarazo. Sin embargo, casi nunca lo pueden ejercer. Aun cuando se encuadra en las situaciones previstas por la ley, son denunciadas policial y judicialmente y se les ponen frenos burocráticos para dilatar. A esto se suma la violencia psicológica y la condena social. ¿Pero qué dicen las leyes?

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La reivindicación por el aborto legal, seguro y gratuito es, sin dudas, una de las luchas centrales de los movimientos feministas y de mujeres en Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983. Cada año, esta consigna llena plazas y calles, se alza en pancartas, se inscribe en los cuerpos y se enardece en los gritos. Al Congreso, a la Casa Rosada, a la sociedad toda. Articulada centralmente en la Campana Nacional por el Derecho al Aborto Legal, esta batalla se libra fuera y dentro de las instituciones. El 30 de junio de 2016, se presentó por sexta vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero, mientras tanto, ¿con qué herramientas contamos hoy para ejercer nuestro derecho a decidir?

Ni una menos 2016
Ni una menos 2016

El aborto se encuentra regulado en nuestro país por el Código Penal vigente desde 1921. Esta norma vino a modificar el Código anterior, sancionado en 1887, que, al igual que sus antecesores coloniales, sancionaba el aborto en todas las circunstancias y lo castigaba con prisión. Tres décadas más tarde fue reemplazado por el Código que rige hasta el día de hoy, que en el artículo 86 establece las causales por las que el aborto practicado por un “médico diplomado” con el consentimiento de la mujer no será considerado punible: en caso de peligro para la salud o la vida cuando éste no pudiera evitarse por otros medios (inciso 1) o si el embarazo proviene de “una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (inciso 2). A pesar de que se encuentra vigente desde hace casi cien años, en la práctica se ha dado una situación de inaccesibilidad sistemática a los abortos no punibles, principalmente porque durante décadas se debatió sobre el alcance del inciso 1 y se cuestionaba si el inciso 2 permitía el aborto para todos los casos de mujeres víctimas de violación, o si sólo aplicaba cuando la mujer violada tenía alguna discapacidad intelectual/psico-social.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el fallo que se conoce como “F.A.L.”, que zanjó definitivamente esta larga discusión doctrinaria, pronunciándose a favor de la interpretación más amplia que reconoce el derecho de toda mujer víctima de violación a interrumpir el embarazo originado en tales circunstancias, y no solo en los casos de personas con discapacidad mental. A su vez, estableció que el único requisito para acceder a una interrupción legal del embarazo es que la mujer, o cuando fuera necesario su representante legal, realice una declaración jurada donde afirme que el embarazo es producto de una violación. No es necesaria la denuncia policial u orden judicial, y su requerimiento por parte de profesionales de la salud para acceder a este derecho es denunciable.

Por otra parte, en relación a la causal de “peligro para la salud o para la vida”, se indicó que debe considerarse una visión integral de la salud como “completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” (Organización Mundial de la Salud). De esta forma, el peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación de la misma, no requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. De acuerdo al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación en abril de 2015, de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, el “peligro para la salud” incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima.

El fallo en cuestión marcó un punto de inflexión en relación al reconocimiento del derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Aclaró el marco general de interpretación y aplicación y definió que en las circunstancias descriptas es siempre el Estado, como garante de la administración de la salud, el que tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25). A su vez, en relación a otra de las polémicas, el fallo expresa que toda/o profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando no se traduzca en la dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica. La objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. De acuerdo a esto, todos los efectores de salud en los que se practiquen interrupciones legales del embarazo deberán garantizar su realización en los casos con derecho a acceder a ella.

Este fallo no está aislado, sino que por el contrario, es coherente con la normativa nacional e internacional sobre derechos sexuales y reproductivos. En 1985, se ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) mediante la Ley 23.179, de jerarquía constitucional de acuerdo a la reforma de 1994, en la que se reconoce, por primera vez, a nivel internacional el derecho de las mujeres a reproducirse o no reproducirse como elección autónoma. Recuperando este espíritu, en 2002 se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable mediante la Ley 25.673 con el objetivo de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación o violencia. Otras leyes relacionadas, centradas en la salud sexual y reproductiva y en el principio de autonomía, son la ley 25.929 (conocida como la Ley de Parto Humanizado) y la ley 26.130 (sobre el derecho a las intervenciones de contracepción quirúrgica). Por último, ley 26.485 de la de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009, define la violencia contra la libertad reproductiva como “aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos”. En su decreto reglamentario 1.011/2010 expresa que incurren en violencia contra la libertad reproductiva los/as profesionales de la salud que no brindan el asesoramiento necesario o la provisión de todos los medios anticonceptivos, como así también los/as que se niegan a realizar prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva. Asimismo, establece que “trato deshumanizado” es el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no.

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La despenalización del aborto es una demanda central del feminismo y de absoluta vigencia. Pero es tan importante como eso difundir y exigir que se cumplan las que leyes que ya tenemos.  Porque todavía prevalece la criminalización, como en el caso de “Belén”, joven tucumana condenada a ocho años de prisión por un aborto espontáneo. En relación a la situación general, en el reciente informe “Políticas públicas de salud sexual y reproductiva”, el CELS expresa: “Respecto del acceso a los servicios de aborto cuando son legales, a nivel nacional existe un inadecuado nivel de institucionalización que imprime a la práctica una sombra de ilegalidad, a pesar de la claridad de la norma y de la interpretación que hizo el máximo tribunal de nuestro país”.

Cómo abortar seguras

A pesar de que en Argentina no se ha legalizado la interrupción voluntaria del embarazo y la figura vigente de aborto no punible pocas veces se implementa, las mujeres abortan. Y se organizan. Aquí, el trabajo de Socorristas en Red.

“Es que en promedio cada mujer argentina aborta dos veces en su vida. Pensalo así: desde los 15 más o menos hasta cerca de los 50 las mujeres somos fértiles. Durante todo ese tiempo, que es un montón, –atiende el teléfono, es Ayelén, hablan por primera vez, se verán en tres días- tenemos relaciones sexuales. Claro que hay anticonceptivos, que hay que saber usar, y que pueden fallar. Los anticonceptivos y las personas”.

Rosa hace consejerías, ofrece información y herramientas para que mujeres que tomaron la decisión de abortar su embarazo puedan concretarlo de forma segura. Es parte de una red de socorristas con presencia en todo el país: Socorristas en Red, agrupación que reúne a diferentes organizaciones sociales feministas, que con diferente ideología y accionar, trabajan en conjunto, por el objetivo común. Se apropian del rol de facilitar los medios para explicar cómo hacerse un aborto seguro con pastillas. Durante 2015 realizaron 2894 acompañamientos. Es que las mujeres llevan siglos abortando, así que allí no habrá revelación alguna.

“La clave es que todas y todos entendamos que no se trata de una actividad clandestina, el aborto no es ilegal en Argentina, ni es una razón para cargar con culpa o remordimiento, esas son formaciones socio-religiosas construidas, que podemos elegir reproducir o no. Nosotras apoyamos el aborto para decidir”.

Marcha Ni una menos 2016
Marcha Ni una menos 2016

Rosa está aquí, sentada, hablando, pero Rosa no es una persona. Nada que ver con las que andan en subte o caminan por la calle cualquier día. No es una persona, pero claro que existe. Es una idea, Rosa es una idea rosa. La voz que atiende el celular y recibe a las chicas en esas primeras consultas es cada una de las que milita haciendo consejerías. Rosa trasciende las posibilidades de una persona física. Rosa es el resultado de lo que creer y militar una idea puede lograr.

Cada mujer que llama, como Ayelén, es hija, nieta, sobrina, amiga, cuñada. Tiene varias conversaciones con socorristas para poder interpretar por completo su consulta. Quién la acompaña, si atraviesa situaciones de violencia, sus antecedentes médicos y obstétricos, qué sabe de su embarazo. Es necesaria una ecografía y saber qué tiempo lleva de gestación. Un aborto con pastillas de mifepristona y misoprostol es recomendado hasta la semana 10, y tiene un 98% de eficacia según la OMS. En casos de embarazos por violación o, mismo, embarazos más avanzados hacen derivaciones al hospital Argerich y a otros centros de salud públicos, para que sean atendidas por profesionales por el derecho a decidir. El sistema sanitario nacional en general es expulsivo, violento y prejuicioso, por lo que acudir donde sean receptivos y respetuosos frente a la decisión del aborto marcará la diferencia.

La consejería no termina en el aborto, el seguimiento continúa. Se sugieren controles médicos post-aborto y se informa para poder elegir qué método de anticoncepción se adapta mejor a cada estilo de vida.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no aprueba el uso combinado del misoprostol y la mifepristona en su uso obstétrico y abortivo. Por lo que conseguir los medicamentos necesarios para un aborto seguro se vuelve un obstáculo. Más allá de indicar en qué farmacias podrían conseguirse, la medicación no siempre está disponible, aunque debería ser parte de la política pública al igual que son los métodos anticonceptivos [1].

“Criticamos la institución, pero al mismo tiempo, en términos de ideas y lógicas, de alguna forma, creamos otra. Ahí tenemos una paradoja. Por ser transmisoras de información velada en muchos otros lugares, se establece una relación de poder con asimetrías con respecto a las chicas que vienen. Estamos atentas a esa realidad, y a que la reflexión sea por completo de ellas, sea cual sea. Aún así, ellas pueden decidir abortar y abortan. No hay más triunfo de las ideas que ese”.

[1] http://cels.org.ar/common/documentos/Salud_sexual_y_repro_CELS_web.pdf

“No solo las mujeres deben defender a las mujeres”

En la semana del #NiUnaMenos, Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, analiza las principales problemáticas en relación al acceso a la Justicia y los derechos de las mujeres. 

Cuando la dominación de los varones sobre las mujeres impuesta por el sistema patriarcal – y reproducida por la mayoría – excede a lo simbólico y los efectos del círculo de la violencia alcanzan a traspasar los cerrojos de lo doméstico, algunas víctimas llegan a las instituciones para reclamar justicia. En el mejor de los casos, logran iniciar procesos de denuncia largos y costosos, emocional y materialmente, que no siempre culminan en fallos libres del sesgo machista. A otras, les cuesta la vida.

– Necesitamos un enfoque de derechos humanos en la Justicia, que implica un enfoque de género. Pero eso no se traduce simplemente en incorporar juezas mujeres. Promovemos la participación social y política de las mujeres porque eso es lo que requiere la democracia, porque va a constituir un Poder Judicial más diverso, más rico, con debates más sustanciosos, pero de la misma forma que necesitás más personas de pueblos indígenas, de distintas clases sociales, de personas con discapacidad… El enfoque de género, por otra parte, se lo tenemos que reclamar a todas las personas, no esperar que sean solamente las mujeres las que defiendan a las mujeres. Se trata de que seamos una sociedad plural, democrática y respetuosa. Y eso nos lo debemos todos.

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Natalia Gherardi es la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una ong creada hace diez años con el objetivo de documentar cuáles son los problemas en el ejercicio de derechos de las mujeres, a partir de reconocer una brecha entre el derecho en los libros y el derecho en acción. Quizás no sorprenda, pero los ejes problemáticos de la agenda de trabajo después de una década siguen siendo los mismos: violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, trabajo y políticas de cuidado, y participación social y política de las mujeres. El eje transversal: el acceso a la Justicia.

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Natalia Gherardi es la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

– El acceso a la Justicia se define como la posibilidad de transformar una situación identificada como una vulneración de derechos en un reclamo, a través de mecanismos institucionales existentes. Eso requiere, primero, que se pueda identificar y ahí entra en conflicto toda la gran naturalización que hacemos respecto de las condiciones de vida: la vivienda es la que tenés, el trabajo es como es, la relación de familia es la que hay, el vínculo afectivo siempre fue así… Esa naturalización impide actuar para exigir responsabilidades y buscar cambios. En ese sentido, hay que reclamar al Estado mayor alfabetización jurídica. Una vez que se logra eso, tenés que saber adónde reclamar, conocer los mecanismos institucionales. Y no tienen por qué ser solamente judiciales, pueden ser administrativos, que en general están muy subutilizados, a pesar de ser más accesibles para la gente que un tribunal.

– ¿Por dónde pasa esa dificultad en el acceso?

– Las reparticiones judiciales del país no están cerca de todas las personas. Por ejemplo, la provincia de Jujuy tiene tribunales en San Salvador de Jujuy y en San Pedro de Jujuy, si estás en la Puna o en las Yungas, olvidate. Las posibilidades de acceso están claramente más limitadas. Y no hace falta ir a Jujuy, si mirás la provincia de Buenos Aires, encontrás los mismos obstáculos. En principio son subjetivos, como decíamos, de conocimiento y de percepción, de la vulneración del derecho. También de desconfianza en el Poder Judicial, pero en general de las instituciones del Estado. Y después hay obstáculos objetivos muy concretos y tangibles, como la distancia geográfica, los horarios, los costos económicos, salvo excepciones vos no podés entrar a la Justicia si no vas de la mano de un abogado o abogada. Por otra parte, los tiempos de la Justicia son eternos y no hacen más que exacerbar esos costos económicos, esa desconfianza, etc. Finalmente, si lograste atravesar todo eso y llegaste a una sentencia, tenés que poder ejecutarla, hacerla efectiva, que es otro proceso, otra dificultad en muchos casos.

– Y en general, ¿cómo se inicia ese camino de reclamo y búsqueda de justicia?

– Primero hay que decir que la violencia física es la consecuencia de la discriminación, de la sujeción, de la dominación, de la desvalorización de las mujeres. Que otras personas imponen para las mujeres y que las mujeres aprendemos para nosotras mismas. Porque las mujeres también aprenden eso, se socializan en ese paradigma, construyen su subjetividad y su personalidad sobre la base de esas ideas. Dicho esto, ante situaciones de violencia, una fracción mínima llega a la denuncia. Hace poco, el Gobierno de la Ciudad hizo con nuestra colaboración la primera encuesta sobre violencia contra las mujeres y ahora estamos analizando los resultados. El 87% de mujeres que sufrieron una situación de violencia no buscó ayuda.

– ¿Las que denuncian a dónde van?

– A las comisarías. Es tremendo. Por un lado, no es sorprendente, porque son la repartición del Estado más descentralizada, la que está más cerca de casi todos los hogares. Y después está el imaginario social de que la comisaría está ahí para defenderte. Ahora lo que sucede cuando llegás a la comisaría es otra historia. Nuestro consejo, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires que hay otros espacios, siempre es “no vayas a la comisaría”. Se han hecho esfuerzos para entrenar y capacitarlas, pero eso no es suficiente porque está lleno de testimonios de personas que son maltratadas, violentadas, revictimizadas. De todas formas, más allá de que sostenemos que hay otros lugares más adecuados, no hay que descartar ese trabajo en las comisarías porque la gente va a seguir yendo ahí. Otro de los hallazgos es que ante el problema de la falta de campañas sostenidas, la gente no sabe, no conoce la ley, no conoce los lugares, los números de teléfono. Y eso también es responsabilidad estatal.

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¿Qué pasa cuando ante la expresión más extrema de la violencia machista, el femicidio, el proceso judicial no hace más que reproducir las desigualdades? En los fundamentos de un fallo de hace dos años de un tribunal oral de la provincia de Buenos Aires, se leen las razones por las que un hombre que violó y mató a una compañera de trabajo, es condenado por homicidio pero no por violación:

“Sin perjuicio de que se ha probado adecuadamente que en el contexto en que se desarrollaron los acontecimientos analizados, esto es un domingo a la mañana en la que únicamente el imputado y la víctima se encontraban en el interior de la fábrica en cuestión, que gritos calificados como desesperados fueron escuchados, cuanto menos por tres testigos, que en el torso y rostro del acusado se observaron lesiones de naturaleza defensivas, que algunas de las prendas de la víctima estaban rasgadas –especialmente pantalón y remera-, que también desgarro del material textil se advirtió en la bermuda del imputado a la altura de una de sus piernas, que restos de goma espuma –posiblemente provenientes del colchón hallado en el taller- se evidenciaron entre las nalgas de la víctima, como así también que se halló antígeno prostático en la vagina de la damnificada, siendo que la pericia de adn practicada determinó que no puede excluirse al imputado del perfil genético obtenido de la muestra biológica en cuestión, y que todo ello pareciera que acredita un tramo de la hipótesis acusatoria –justamente el del abuso sexual-; lo cierto es que la joven víctima además de presentar desfloración de antigua data no evidenció lesiones genitales de ninguna naturaleza”.

– ¿Cómo se trabaja para desarticular el machismo en la Justicia?

– Hay que trabajar en la formación de la profesión jurídica, con un eje transversal en los derechos humanos, que es algo que no sucede en todas las universidades. También hay que trabajar en los mecanismos de selección, diversificar la integración del Poder Judicial, mejorar la meritocracia a la hora de los nombramientos. Pero creo que nos falta trabajar mucho en la rendición de cuentas, y en ese sentido, desde el 2009 tenemos un Observatorio de Sentencias Judiciales. El Congreso se manifiesta a través de las leyes que se publican en el Boletín Oficial, el Ejecutivo se manifiesta a través de decretos, dictámenes y resoluciones que se publican en el Boletín Oficial, y el Poder Judicial se manifiesta a través de las sentencias y no las conocemos. Salvo las de las cortes superiores, en general no accedemos a las sentencias. Con internet eso empezó a cambiar y se empezó a circular la información de otra manera. Entonces nosotras empezamos a recopilarla, para analizarla y calificarla. La sentencia es la que nos dice lo que el derecho es, tiene el enorme poder de analizar el derecho en su aplicación a casos concretos y resolver acerca de las vulneraciones de derechos de las personas. El derecho se hace carne en esa aplicación. Y algunas de las sentencias inaceptables que se dieron a conocer en los últimos momentos nos muestran eso, qué pasa cuando se da publicidad a una sentencia y se exige rendición de cuentas.

Gherardi se refiere, por ejemplo, al accionar de los jueces Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués, que integran la sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, por una sentencia que emplea argumentos revictimizantes y estigmatizantes a un niño víctima de violencia sexual.  En el fallo, atenuaron una condena por abuso sexual gravemente ultrajante por considerar que un niño de seis años demostraba una familiaridad y una precoz “elección sexual homosexual” y por haber sido abusado por otras personas en ocasiones previas a la violación. La difusión de esta sentencia condujo al repudio social y a la decisión de iniciar un jury de enjuiciamiento. El 1 de junio, el juez Piombo presentó su renuncia.

Otro proceso judicial que generó denuncias sociales fue el de Yanina González, una mujer de 23 años con retraso madurativo. Ella estaba embarazada de seis meses cuando su novio, Alejandro Fernández, golpeó hasta matar a Lulú, la nena de dos años que ella había tenido con otra pareja. Yanina se había negado a tener relaciones sexuales con él. En vez de investigar un femicidio vinculado, Carolina Carballido Calatayud, de la Fiscalía Especializada en Género de Pilar, decidió acusar a Yanina de “abandono de persona” por la muerte de su nena. Tal como testimonió, Yanina pudo llevar a su hija a un centro de salud recién al día siguiente porque su pareja la había encerrado en una habitación bajo amenazas. Tras un año y medio de prisión domiciliaria, Yanina fue absuelta y recuperó la libertad.

– El caso de Yanina es paradigmático acerca de lo mal que puede funcionar un mecanismo especializado. No es cuestión de crear algo para llenar el casillero y cumplir. Es más fácil poner títulos y crear cosas nuevas que hacer que funcionen. Entonces primero pensemos dónde están los nudos problemáticos, cuáles son las necesidades… La Provincia de Buenos Aires creó las fiscalías especializadas en género, pero no hubo una preocupación seria por quién las integra, con qué equipos de trabajo, con qué formación, con qué mirada, con qué rendición de cuentas. Si no hay nada de eso, claramente el título de fiscalía de género no te lleva muy lejos. Desde ELA, junto con otras organizaciones, se hizo un pedido de informe a la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, la Dra. Carmen Falbo, para que dé cuenta de cuáles son los procedimientos y/o mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y probada experiencia en la lucha contra la violencia de género de las personas que se han designado al frente de estas fiscalías especializadas.

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En Argentina, no existen datos oficiales sobre los femicidios, la expresión más brutal de la violencia machista contra las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres. Desde hace años, La Casa del Encuentro coordina el  “Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano”, que releva los femicidios registrados por los medios de comunicación. El año pasado esta cifra escaló a 277. En los siete años desde que se creó el observatorio, se registraron 1808 femicidios.

– La falta de estadísticas es un tema que repetidamente mencionamos en todos los espacios, es sumamente importante porque no tenemos idea de la dimensión del problema en Argentina. Agradezco el trabajo enorme que hace La Casa del Encuentro desde hace años para que tengamos alguna mínima idea, pero al mismo tiempo me desespera que el Poder Ejecutivo nacional no le despierte la necesidad de contar con un dato oficial. Cuando se hablaba de la posibilidad de tipificar el femicidio penalmente algunos decían “para poder tener estadísticas”. Eso no es necesario, podrías construir estadísticas si te interesara, sin necesidad del tipo penal, y el ejemplo que siempre damos es el de los accidentes de tránsito: sabemos cuánta gente muere en accidentes de tránsito, pero no hay un tipo penal específico, en general es un homicidio culposo. Sin embargo porque nos interesa conocemos el dato. Claramente acá no nos interesa.

– ¿Cuáles son las expectativas para la convocatoria “Ni una menos”?

Espero que sea una marcha masiva. Los carteles, las fotos, las réplicas de los dibujos e ilustraciones, estuvieron bien porque se masificó de una manera impensada, pero espero que todo eso se transforme en compromiso efectivo, en presencias, diversas y múltiples, no las mismas mujeres de siempre. El desafío es pasar del estupor, de la enorme preocupación que generan estas muertes violentas, a la acción y ahí con distintos grados de responsabilidad. El Poder Ejecutivo es el número uno sin duda, el Poder Judicial también. Y para la sociedad en conjunto espero que sea un punto de inflexión para reflexionar sobre las formas en que sostenemos las violencias cotidianas y después nos espantamos de la violencia extrema. Si se naturaliza la sumisión, la humillación, la subordinación de las mujeres, si se sostiene el acoso sexual callejero, en los espacios de trabajo y educativos, si se sostiene la falta de educación sexual integral y en derechos humanos desde la niñez para transformar esa socialización tan heternormativa y patriarcal, nada va a cambiar. Espero que sea una posibilidad de reflexionar colectivamente para que cada uno/a asumamos las responsabilidades que nos tocan. Nos toca a todos.

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Sin aborto no hay #NiUnaMenos

– Estamos trabajando para exigir la vigencia de las causales de aborto que están hoy, y eso no es renunciar a la legalización del aborto, son dos líneas de trabajo simultáneas. Debemos continuar exigiendo que las niñas, adolescentes y mujeres que tienen derecho al acceso a un aborto legal puedan ejercerlo en los términos que determinó la Corte Suprema hace ya tres años. Hay que leer bien las causales, no son muy restrictivas. El inciso primero del artículo 86 del Código Penal dice que el aborto es no punible en caso de riesgo para la vida o para la salud, y son dos cosas distintas. No dice riesgo insuperable, inminente ni grave. La salud, en la normativa argentina, es salud integral. No hay ningún motivo para leer la salud en ese inciso de una manera más restrictiva que en el resto del ordenamiento jurídico. Es un argumento parecido al del segundo inciso, ¿por qué leer el acceso al aborto en caso de violaciones solo para mujeres con retraso mental? No hay nada que autorice esa interpretación restrictiva. No estamos negando la necesidad de la legalización completa, pero las resistencias que hay hoy en día en el sistema de salud para garantizar el acceso al aborto legal, van a seguir ahí así se legalice, entonces hay que empezar a trabajar ahora. La falta de decisión política de los Ejecutivos obviamente no ayuda, hay una indeterminación. A nivel nacional hay una decisión de no hablar del tema, de sacarlo explícitamente de la agenda. Y los provinciales tienen situaciones diversas según el impulso que se le haya dado al acceso a la salud desde un enfoque de derechos, que incluya el acceso al aborto legal.

Desobediencia

Mabel Bellucci nos interpela con su libro “Historias de una desobediencia. Aborto y feminismo” y apuesta a reflexionar sobre los mandatos de heterosexualidad y reproducción biológica. “Abortar representa una desobediencia de vida, una gesta de soberanía sobre el propio cuerpo”.

Hablamos de las maneras más diversas para instalar el debate, sus contiendas, sus entradas y salidas de la órbita pública y los modos en que ciertas feministas nos proponemos visibilizar lo que se mantiene entre cuatro paredes de lo íntimo y provoca tanto escozor con solo nombrarlo. Independientemente de lo que apunten la iglesia, los gobiernos, el parlamento, la corporación médica y jurídica, las mujeres implantamos nuestra propia decisión de abortar como una gesta de desobediencia frente al mandato compulsivo de la maternidad. ¿Ante quién nos insubordinamos? A la heterosexualidad como régimen político[i].

Un centenar de mujeres en blanco y negro se agolpa a espaldas al Congreso y levanta las banderas de una revolución que promete: “No a la maternidad. Sí al Placer”; “Despenalizar el aborto”; “Machismo es Fascismo”. Son los años 80’ y comienzan a multiplicarse las movilizaciones de mujeres. Esa imagen -hito es la tapa de “Historias de una desobediencia. Aborto y Feminismo”, escrito por la activista Mabel Bellucci y editado por Capital Intelectual, un libro que ensaya una genealogía y cartografía del feminismo, pero más como una espiral de debates y disputas que como una sucesión de fechas y nombres. Es tanto una reconstrucción de las luchas por el aborto voluntario como una propuesta de seguir batallando. Desde un registro heterogéneo, que recupera a las ancestras feministas, a los aportes académicos y a la trayectoria del activismo feminista y LGTBI, Mabel nos incita a pensar nuevos horizontes políticos y de transformación social marcados por esta contienda ineludible contra la opresión sexista y heteronormativa. Por eso, la autora invita – sin descanso y con humor – a conformar “rondas de pensamiento”. Y desde allí nos interpela:

– La idea es que este texto sea una caja de herramientas para los movimientos de desobediencia sexual, en especial el abortista. Interesa qué dispara, qué comunidades se van armando, qué nexos político-afectivos emergen. Lo lúdico permite abrir debates, por ejemplo: suelo preguntar como un juego “¿cómo decidieron ser heterosexuales?”, entonces se arma un clima de reflexión desde el cual es posible pensar a la heterosexualidad como un régimen político, sin cuestionar la intimidad de cada persona. En líneas generales, mi intención no es dar clases, ni presentar mi libro, apuesto a generar una performance entre el activismo. Tampoco lanzo bibliografías, ni marcos teóricos, sí me interesa identificar algunas tensiones y desafíos que permitan iluminar la reconstrucción de la memoria de nuestros movimientos, quiero volverlos del olvido.

– ¿Cómo te presentás?

– Como activista feminista queer, casi es mi logo. Estoy dentro de corrientes de pensamiento autonomistas y situacionales. Me interesa estar, no ser. Me siento bien navegando. Apostar a intervenciones en las cuales la teoría se vuelve política y la política se sostiene en pensamiento. Una de las premisas sería teorizar la práctica.

– ¿Por qué escribir un libro sobre la lucha por el aborto voluntario?

– ¿Y por qué no? El movimiento abortista dispone de una larga historia que tiene sus especificidades respecto de las corrientes feministas en general. Con este libro, intento escapar del discurso tradicional alrededor de la victimización de las mujeres y de las estadísticas de las muertas. Este país ya está apabullado por todos los discursos relacionados con la muerte. Yo quiero hablar de las vidas, romper ese muro discursivo. A mi entender, ese fue un discurso muy efectista para los años 80´, en el inicio de la transición democrática, en el que se instalaba el debate sobre el aborto en consonancia con el clima de época. Quiero sacar al aborto de ese closet y complejizar las nuevas prácticas abortivas. Desde ahí, cuestiono ese discurso de “las mujeres no queremos abortar”. Cuando una mujer decide abortar, en ese momento es lo que más quiere. Es una decisión en primera persona.

– ¿Cómo lo relacionás con la heterosexualidad obligatoria?

– Es un derivado de ese régimen. La “famosa” culpa que muchas sienten cuando abortan tiene que ver con el mandato de maternidad que impone la heterosexualidad como régimen político. Es una matriz que nos precede: la imposición de la maternidad como definición misma de ser mujer. Interpelo ese mandato totalmente naturalizado, tal como está naturalizado el mercado en el capitalismo. Aún no entiendo cómo no existe un repudio en masa a esa reproducción biológica y esas formas de relacionarnos afectivamente, como la conyugalidad y la familia.

Mabel discute estas instituciones modernas como los únicos modelos válidos de relación sexual, afectiva y de parentesco. Esta noción trae al espacio de la política la dimensión del deseo; Bellucci insiste en la consigna: “erotizar la política y politizar los cuerpos”.

– ¿Qué discusiones planteás frente al “heterofeminismo”?

– Entiendo por heterofeminismo a la tradición feminista que considera como sujeto político a la mujer heterosexual de cierta clase y etnia, y lo transforma en un universal. Siendo la práctica abortiva clandestina, ¿en qué se sustenta el heterofeminismo para decir que los sujetos del aborto son solo las mujeres heterosexuales? Las lesbianas, las bisexuales y los varones trans… todo cuerpo que porte un útero es sujeto del aborto.  Con la irrupción de la práctica socorrista se empieza a escuchar quiénes son. Empieza a haber pluralidad de voces, ya no tienen que ser más “representadas por”. Emergen voces del anonimato para volverse protagonistas, se atreven a decir “yo aborté”, es una primera persona en plural, porque es un “abortamos” colectivo.

Incita a repensar el discurso instalado y políticamente correcto de “nadie quiere abortar” y recupera en lo político el deseo de abortar como ejercicio de autonomía y emancipación ante el mandato compulsivo de la maternidad. El capítulo “La gesta del aborto propio”, escrito por la colectiva feminista La Revuelta, narra la experiencia de Socorro Rosa, un servicio que brinda información y acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir un embarazo mediante el uso de misoprostol. También batallan por la legalización del aborto como medida indispensable para el respeto por la autonomía corporal y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Más allá o más acá de los marcos de la legalidad, se trata de activar lo concreto y revolucionar las prácticas.

Experiencias como la del socorrismo permiten sacar a la práctica abortiva de la soledad, el silencio y la vergüenza y volverlo un hecho colectivo y visible. Bellucci reconoce este tipo de iniciativas como espacios de resistencia feminista ante la negación y privación de derechos por parte de la maquinaria del Estado. Pero la lucha por la ley no se abandona y es el eje desde hace casi diez años de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En abril de este año, se presentó por quinta vez en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Firmado por más de 60 diputados de la mayoría de los bloques parlamentarios, pero con el significativo silencio del Ejecutivo, que periódicamente recuerda que el tema no está en su agenda. Desde su presentación original en 2005, el proyecto nunca fue tratado. Para el próximo 29 de septiembre está organizada una Jornada Federal por la Legalización del Aborto en el Congreso entre las 10 y las 17 horas, en la que se lanzarán los foros de debate sobre el proyecto de ley.

– La Campaña cumple un rol protagónico en la lucha por conquistar la ley. Está instalado el debate en la sociedad, en la cultura, en los medios, básicamente en los alternativos… los medios hegemónicos también sacan notas, pero en general cuando están relacionadas a casos de violación. Con excepción de algunas periodistas como Mariana Carbajal y Moira Sotto. El debate está planteado en todos los campos, menos en el parlamentario. En casi todas las movilizaciones sociales, se ve flameando el pañuelo verde como un gesto de visibilidad y de protesta.

– Muchos apuntan a que la designación de Bergoglio en el Vaticano puede obstaculizar aún más la discusión…

– Pero Bergoglio está hace un año, ¿antes qué pasaba? Ahora se escudan en eso, pero nunca hubo voluntad política de llevar adelante este tema. Sí, es cierto que hay cambios de posturas inesperados. Pero tampoco es que el Opus Dei esté ahí adentro, como pasa en España por ejemplo, que lo ves activando cuerpo a cuerpo. Es mucho peor lo nuestro, más cínico. Acá obedecen sin que se lo pidan. A Binner, ¿quién le pidió que diga que el aborto tiene que ser ilegal: la iglesia, los evangelistas, los sojeros? Históricamente, el Partido Socialista siempre bregó y tuvo figuras fundamentales como Alfredo Bravo, que estaban entregados a la ley de aborto. Otro: Pino Solanas firmó gran parte de las solicitadas de la Campaña, ¿qué pasó ahora? La verdad es que no tengo respuestas sobre si va a salir o no la ley, pero el lobby parlamentario no es lo mío.

Bellucci percibe que lo fáctico constriñe las reflexiones y el pensamiento, por lo que prefiere situarse en los bordes de lo institucional: “Quiero que en los márgenes se armen también debates que quizás no puedan instalarse en el centro. Porque está muy tomado por los discursos y los términos estratégicos para dialogar con los legisladores, con el Ejecutivo, con los medios y las instituciones, entonces no hay complejidad. Me interesa que surjan otras propuestas, nuevos lazos, nuevas coaliciones. A mí me interesa la desobediencia sexual y convoco a activar lazos con la desobediencia civil y política”.

– En relación a estas múltiples desobediencias, la lucha por el aborto tuvo un impulso particular en el pos-2001…

– Claro, tuvo un empuje como pocas veces, se transversalizó, salió del corralito feminista  y cruzó los movimientos. Tanto el aborto como la diversidad sexual fueron expresiones muy interesantes de ese momento. Lo que pasa es que para que haya habido un 2001 tuvieron que estar los años 90´ de un fuerte activismo. Eso yo lo discuto mucho. Porque el discurso oficial, ¿cuál es? Los años 90´ como aplastantes y oscuridad total, pero fueron también mucha expresión activista, hubo resistencia. Por supuesto que en seis meses privatizaron todo, fue una locura, en pocos países del mundo levantaron en tan poco tiempo todo el andamiaje de empresas del Estado, pero eso ya venía muy armado. Que hubo resistencia, la hubo. El kirchnerismo como tiene sus raíces en el menemato quiere mostrarlo como una historia negra, para diferenciarse. Pero nunca activamos tanto como en el menemato, nos cruzábamos todxs bajo trincheras porque teníamos un enemigo en común y sin el estado de represión de una dictadura militar que habíamos soportado décadas anteriores, lo cual para nuestra generación era muy significativo

– A diez años, ¿cuál es tu lectura de esas experiencias y esas formas de hacer política?

– Un interrogante que nos tenemos que hacer es cómo todas las corrientes autonomistas que gritaban “que se vayan todos” terminaron en una gestión totalmente personalista, piramidal y estatalista. En verdad, se arrasó con todo lo que habíamos tejido en ese laboratorio social que fue la rebelión plebeya de 2001. Esas tentativas a muchos y muchas nos fascinaron, nos erotizaron. Aunque las asambleas populares tuvieron su auge hacia mediados del 2002, continuaron con fuerza hasta la consolidación del kirchnerismo como fuerza política. Fue nuestra Comuna de París, pero la nuestra no duró nueve días, duró dos años, bastante…

[i]               Mabel Bellucci (2014). Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo. Buenos Aires: Capital Intelectual.