Urbanización masacre

Gastón Arispe Huamán cayó en un pozo ciego. Antes que llegue la ambulancia, lo mató la precarización de su barrio. Los vecinos de Rodrigo Bueno siguen luchando por la aplicación de la ley que garantice cloacas, agua potable, servicio del SAME y menores niveles de plomo en sangre.

Gastón Arispe Huamán, de 13 años, intentó salvar la vida de su gato. Había caído en un pozo ciego que su madre había tenido que construir porque en el barrio Rodrigo Bueno, Costanera Sur, no hay cloacas. “Amaba a los animales como a nada”, cuenta su mamá, Flora Huamán. Gastón cayó en ese mismo pozo ciego y murió ahogado el 9 de marzo de 2015. Pero no en ese mismo momento.

Los vecinos avisaron a Policía Federal y Prefectura, que están a unos metros de la casilla de los Huamán. “Estaban tomando mate”, retrata Flora, mostrando con pocas palabras la tranquilidad que las dos fuerzas tenían antes de ser advertidos y que mantuvieron después.

Otros vecinos llamaron a una ambulancia, lo que no es fácil porque la señal telefónica también escasea en barrios pobres. Dieron las coordenadas, aunque sabían que el vehículo en sí no iba a poder llegar hasta el pozo, porque Rodrigo Bueno fue construido sin más planificación que la necesidad.

Gastón Arispe Huamán.
Gastón Arispe Huamán.

La ambulancia no llegaba, pero vecinos ya habían sacado a Gastón del pozo lleno de la mierda que el camión atmosférico de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) nunca sacó, porque el Gobierno de la Ciudad manda una sola unidad a todo el barrio, y no da a basto. Hasta tal punto que en la casilla no había un pozo, sino dos. Por si acaso, Flora aclara por qué construyó el segundo: “Me vi forzada a hacerlo porque el viejo se rebalsaba y no quería que me pasara como a mis vecinos, que les había cedido el piso: tenía terror de que un día me estuviera bañando y todo se venga abajo”. Como el barrio está construido sobre relleno, el peligro se agiganta. Los pozos, además, son precarios por obligación. La policía no deja entrar materiales de construcción por un decreto del exjefe de Gobierno Jorge Telerman, que desde que la corporación IRSA empezó a interesarse por esta zona, puso en marcha toda la maquinaria para el desalojo, topadoras incluidas, que fallos judiciales interrumpieron.

Flora llegó en un taxi que se tomó desde su trabajo cuando su hija le avisó lo que había pasado. Recibió a los bomberos, que le dijeron a Flora que corriera a la casa. Ellos la seguirían.

Ya había llegado la ambulancia, 40 minutos después del pedido.

Gastón murió.

Legal

El mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, según la Constitución Nacional y la de la Ciudad, debería garantizar la vivienda digna, apeló un fallo de la jueza Elena Liberatori que ordenaba la urbanización de Rodrigo Bueno. El fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña con el argumento de la propiedad por sobre la dignidad humana: no hay título que avale la ocupación y la permanencia en bienes públicos no otorga derecho a reclamar la propiedad. Hoy, como la Defensoría General de la Nación volvió a apelar, la posibilidad de que no haya más muertes por la precariedad del barrio depende el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Por otro lado, la Defensoría General de la Nación junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para urbanizar Rodrigo Bueno. No es la primera iniciativa de este tipo. Cada dos años, un proyecto similar pierde estado parlamentario por el cajoneo de la comisión de vivienda.

 

Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.
Pedido de Justicia en la marcha del 23 de abril.

 

Quiénes son

En la comisión de vivienda de la Legislatura de la Ciudad, encargada de todo lo relacionado con el artículo 31 de la constitución porteña, y que nunca llevó el proyecto de urbanización al recinto, hoy se encuentran Paula Villalba, Lía Rueda, Cristian Ritondo, Alejandra Caballero, Christian Bauab, José Luis Acevedo y Cecilia María de la Torre (PRO), Javier Gentilini (Frente Renovador), Paula Penacca, Jorge Aragón y Jorge Taiana (Frente para la Victoria), Gustavo Vera (Bien Común), y Marcelo Ramal (Frente e Izquierda y de los Trabajadores).

Lo único programado según la página de la Legislatura, respecto de la Rodrigo Bueno, es que Aragón propuso investigar la responsabilidad de UGIS en la muerte de Gastón.

De que se forme una mayoría entre los 7 miembros del PRO, el del FR, los 3 del FpV, el de Bien Común y el del FIT, depende, hoy, que se obligue al Estado a garantizar cloacas, agua potable, servicio de ambulancias del SAME y menores niveles de plomo en la sangre de entre 2 mil y 3 mil personas (cerca de la mitad son menores de edad) que viven en el barrio.

“Desde la Comisión de Vivienda venimos trabajando en un proyecto de urbanización con los delegados del barrio Rodrigo Bueno abierto a la participación de todos los vecinos para que opinen sobre cómo quieren que se urbanice su barrio”, le dijo Gentilini, presidente de la Comisión, a Flora, la mamá de Gastón. Prometió “ir a fondo y sin ninguna dilación” en la urbanización de la villa. Según él reconoció, “están dadas todas las condiciones para que se pueda urbanizar el barrio: hay terreno suficiente y, lamentablemente, la desidia de los gobiernos de la Ciudad y de la Nación hizo también que ocurriera una tragedia como la muerte de Gastón. Por eso, hoy la prioridad la tiene la urbanización de las villas y, dentro de ella, la de Rodrigo Bueno en especial”, finalizó Gentilini.

Flora, madre de Gastón.
Flora, madre de Gastón.

La respuesta de Flora es obvia: “Es lamentable que tenga que pasar la muerte de un chico para que nos escuchen. Da mucha tristeza”.

Mientras tanto, el presupuesto dedicado a la vivienda es cada año menor en la Ciudad. Menor es también lo que efectivamente ejecuta el Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

 

Gastón no es la única víctima fatal de la vivienda indigna

El 16 de agosto de 2013, la casa 53, a 30 metros de la de Gastón, se incendió, probablemente, por la precariedad del tendido eléctrico. María, de 5 años, murió en esa casilla con techo de madera y cartón. Los materiales para mejorar la construcción los frena la policía en la entrada del barrio.

“Como Amsterdam”

Antes de las elecciones primarias damos el presente en los encuentros con la ciudadanía de uno de los candidatos del Pro.  Los problemas clave: palomas, trapitos, conteiners, bicisendas, inseguridad, perros, paseadores de perros, cartoneros.

Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión es únicamente decir: “Esto pasó”, cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice.

Albert Camus, “La peste”.

“Si no podemos respetar el orden para hablar, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en resolver temas como separar la basura?”

Si, como dice Horacio Rodríguez Larreta en medio del griterío, esta sala es una mini ciudad de Buenos Aires, los temas que más preocupan a los porteños son: los trapitos, los conteiners, las bicisendas, la inseguridad, los perros, los paseadores de perros, los cartoneros, las palomas.

Las palomas surge como “tema” a las 18:48 de un viernes en el barrio de Recoleta, justo en diagonal al shopping. El que lo introduce es el propio HRL, en tono de confesión y sinceridad: “No le encontramos una solución al tema”.

El contexto es un mini teatro donde se cuentan casi 100 personas, una barbaridad para tratarse de una cita en un lugar cerrado, avisada por escasos medios, un día lindo y caluroso.

“Cualquier solución que implique veneno es potencialmente peligrosa”, sigue el precandidato a jefe de gobierno, verdadero mote que explica toda esta logística: el encuentro es parte del sprint final de su campaña.

Las palomas se colaron en la agenda.

Una señora grita y propone que, para combatir a esta plaga de aves, hay que poner más gatos.

Bienvenidos a Springfield.

En el barrio de Retiro, el encuentro sucede en el edificio que la “comunidad científica” tiene en plena Santa Fe, en una dirección que solo es especificada por teléfono: no cualquiera se entera, no cualquiera va. Eso sí: cualquiera puede ir.

La entrada es así nomás, uno llega y se manda, y encima la recepción culinaria es notable: las medialunas son de primera calidad, hay café, té o jugo según el apetito, y todo atendido por dos señoras muy amables pertenecientes a un catering contratado.

Allí aprovecha una pareja que habla de sus nietos, antes de subir al primer piso donde estará HRL y su gente.

Arriba hay un salón para 100 personas al 70% de su capacidad, con Horacio al frente junto a un equipo que no presenta pero que se entiende “está en todo”: uno toma nota sobre vivienda, otro sobre residuos, otro sobre espacio público, sobre las palomas, y así.

A los costados de las butacas, desparramados por todo el salón, hay unos cinco asesores de chomba preferentemente clara, jean, zapatos y reloj. (Este estilo es inegociable). Ellos tienen planillas que ofrecen a los asistentes que no llegan a hablar vía micrófono.

La planilla pide llenar un nombre, dejar una propuesta/denuncia y un número de teléfono.

Comprobadamente, quien entrega una planilla y deja una propuesta es llamado en el transcurso de una semana por alguien que se presenta como “asesora de Horacio”, quien pregunta en tono amable “si se desea agregar algo más a lo escrito”.

Promediando tres encuentros vecinales, el target de quienes asisten a estas charlas responde al perfil de mujer mayor de 45 años, que nació morocha pero morirá rubia, se presume es jubilada, tiene olor a perfume, lleva aros, collar y cartera. Se ha producido – o eso parece- especialmente para la ocasión; no tanto como para un cumpleaños, pero como para un té con amigas.

La actitud, o mejor dicho, el tono, no es sin embargo de cholulaje, sino fundamentalmente de queja – al igual que un llamado arrebatado a una radio. Eso, parece, va más allá del gusto o disgusto por el candidato: gente que tiene realmente ganas de hablar y de expresarse y encuentra ese momento oportuno.

Y vaya si lo aprovecha.

Lo que se dice, entonces, tiene el límite que la gente impone y es el propio HRL el que pone cara de “ah, bueno” ante una brutalidad. Todo es recibido, sin embargo, con buena onda, desde las críticas hasta los elogios, en un tono que regodea responsabilidades.

Las críticas se responden con fórmulas discursivas como “estamos mejor que antes”, las opiniones distintas con comprensiones como “respeto que tengas otra opinión” y los elogios con confirmaciones como “es un cambio histórico”. No faltan, como en el caso de las bicisendas, las comparaciones espejo con ciudades europeas: “como Amsterdam”, “como Copenaghue”.

El resumen y corazón de este entramado discursivo es una frase que repite en los barrios de Retiro, Almagro y Recoleta al menos: “Estamos en la mitad del cambio. Lo que no podemos es volver para atrás”.

Top five de las propuestas más ingeniosas de la gente:

-Impuesto a los ciudadanos con perro.

-Prohibir jugar al fútbol en las plazas.

-Patente para las bicicletas.

-“Mandarles” la AFIP a los trapitos.

-Matar a las palomas con glifosato.

Un hombre de 40 y pico pide la palabra y avisa que va a dedicarse a los hospitales. Por fin. Larreta lo mira atento. El hombre – palabras más, palabras menos- dice que hay gente que “no tributa” en la Capital pero que “sí se atiende” en los hospitales de la Capital. Y que “no es por discriminar” pero “¡que paguen lo que tienen que pagar!”.

Y cosecha la primera y única ovación de la tarde-noche.

¿Se atenderá él en los hospitales públicos?

Intervenciones aisladas:

-Hace 9 años que volví a la Argentina y ya me caí 7 veces por cómo están las veredas.

-Muy bueno el tema de la Metropolitana en el Metrobús.

-Falta enrejar un tramo de la Plaza X, porque ahí lavan las ropas los indígentes, y no tan indigentes.

-Un hombre explica cómo mezclar arena y cal para hacer un buen cemento, no como el que hacen en la vereda de su casa, Arroyo y Suipacha.

-Venden frutas y verduras en la puerta de mi casa. Y están proliferando.

En el ambiente sobrevuela, intervención tras intervención, el fantasma de un “ellos”, que son “otros”. Es decir una categoría social no precisada pero construida desde cargas peyorativas, asociadas a las preocupaciones de la gente.

Los trapitos, los indigentes, los cartoneros, los paseadores de perros y la gente de la provincia de Buenos Aires son agentes que aparecieron en todas las reuniones y que forman parte de ese señalamiento sutil.

Sobre cada uno de ellos Larreta tiene estudiada una propuesta:

Para los indigentes, “los paradores para gente en situación de calle son re-contra dignos”.

Los cartoneros, “vamos a hacerlos ir a bucar el cartón a centros de reciclaje”.

A los paseadores de perros “les vamos a hacer un corredor de paseo y lugares especiales en las plazas”.

La gente de la provincia debería pagar un “abono” para atenderse en un hospital capitalino.

De la seguridad, dice que “es responsabilidad de la Federal” y reclama el traspaso.

Otros temas que se tocaron fueron: wi-fi, Metropolitana, bicisendas, contenedores, estacionamiento, travestis, Papa Francisco, vendedores callejeros, grúas.

En tres encuentros de 3 horas cada uno, es decir en 9 horas, donde participaron más de 250 porteños, más de 20 funcionarios no se nombraron los siguientes temas: urbanización de las villas, construcción de viviendas, educación pública, descentralización por comunas, aborto, pistolas taser, boom inmobiliario, centros culturales y un largo etcétera que no forma parte de la agenda, o que no interesa a la gente, o causa y efecto al mismo tiempo.

El progreso porteño

“La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados…

La oración se corta en seco y a la imagen se la chupa un punto en el centro de la pantalla. Los sentidos sensoriales del señor primero le indican que una oscuridad total ahora es dueña de su casa. Milésimas después, el silencio (que en realidad no es silencio si no que es el ruido de la calle, la banda sonora de la ciudad que suele estar tapada por el ruido del televisor). Se queda sentando en el sillón. No lo invadió la desorientación que amerita una escena de este tipo. Se queda sentado varios minutos más. Mira el techo y ahí permanece el ventilador con sus aspas inútiles, que se siguen moviendo apenas por inercia. Se percata del calor insoportable que se metió en su casa sin permiso.

Se cortó la luz. La puta madre.

El señor no se siente desorientado porque ya sabe, él vive en Caballito. Mira por la ventana y el edificio nuevo que le construyeron sobre su medianería sí tiene luz, y eso que todas las instalaciones son eléctricas, ni gas natural tiene. Se tira en la cama, ojalá que vuelva, reza, al menos se cortó a la hora de acostarse, piensa. Se duerme porque ya está acostumbrado, así es cuando vivís en ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

El señor tiene varias cosas que hacer, como trabajar todo el día, pero igual hace el reclamo a la empresa de electricidad. Desde la oficina llama y le dicen que es un corte aislado, que ya mandaron una cuadrilla a inspeccionar, que el número de su reclamo es el 126789. También le trata de pedir explicaciones al gobierno de su ciudad, llamó al 147 y esperó en línea, y esperó, y esperó, y esperó, tanto esperó que se le hizo la hora de volver a su casa.

Al volver en el colectivo, entre fantasías de ventiladores andando, agua fría y ascensores que suban y bajen, se pregunta: ¿Cómo puede ser que todos los veranos pase lo mismo?

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de Planeamiento, informó que sólo entre 2001 a 2011 se otorgaron permisos para la construcción de 20 millones de m2. Seis barrios de los 47 que integran la Ciudad (Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Belgrano, Puerto Madero y Almagro) sumaron el 44% de todas las viviendas construidas.

Edesur y Edenor admiten que llevará cinco años de inversión constante brindar un servicio que pueda alimentar a toda la infraestructura nueva de Capital Federal, cálculo aproximado para alimentar a toda la Ciudad hoy, sin contar todos los edificios y shoppings que se van a construir en ese período.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña, se votaron varios proyectos nuevos. Algunos apuntan a ceder terrenos para construcciones inmobiliarias, como shoppings y torres, y otras a atraerlas.

Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, cuenta lo que pasa en la Legislatura: “Hay más de 20 proyectos de ley para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de los porteños, la de urbanización de villas por ejemplo, que no se tratan en la Legislatura, pero sí se tratan de forma express los proyectos que profundizan el modelo de ciudad neoliberal, como el del shopping en Caballito”.

A los vecinos de Caballito no les consultaron si querían un shopping en donde podría haber un parque. Sus argumentos son muy razonables: el destino del territorio, quieren que haya un parque; no quieren más edificaciones en su zona porque la sobreconstrucción ya causó colapso de servicios públicos, de cloacas y de tránsito.

El terreno donde la empresa IRSA quiere construir el shopping está compuesto por dos parcelas, una que era del club Ferrocarril Oeste y otra del Estado Nacional. Cuando Ferro entró en quiebra, hace doce años, le vendió su parcela a IRSA. El Estado Nacional no quiso ser menos y le vendió su pedazo de tierra a una empresa intermediaria que en 24 horas se la vendió a IRSA. La venta de tierras públicas debe autorizarse por ley en el Congreso Nacional. Eso nunca sucedió.

Por más de cinco años consecutivos se trató este proyecto en la Legislatura. Este último año legislativo tampoco lograron votarlo, la sesión tuvo que suspenderse por amenazas e insultos entre los legisladores.

Cómo Ceder Terrenos a las Empresas Inmobiliarias para Construir Mega Emprendimientos: APROBADO. Cómo Habilitar Espacios para la Inversión Privada: EN PROCESO.

La Boca, se convirtió en polo artístico. Lugano, en polo deportivo. Parque Patricios, polo tecnológico. Los polos son zonas libes de impuestos, lugares donde empresas privadas son invitadas a instalarse sin pagar impuestos, o hacerlo a tasas mínimas. Es una manera, y así lo admite la propia gestión macrista, de revalorizar una zona, atrayendo al capital privado para que invierta en el barrio.

“Por mucho tiempo el discurso de revalorizar una zona fue tomado como algo bueno: una zona disminuida, donde los inmuebles salen poco, el Estado debe impulsar la inversión. Lo que no se tiene en cuenta es que cuando revaloriza la zona produce efectos de gentrificación, un reemplazo de gente de bajos recursos por otra con más altos”, describe Jonatan Baldiviezo.

El precio de los inmuebles se eleva, el valor de los alquileres se multiplica, el costo de vida se encarece. “Están creando el contexto institucional legal y económico para que vengan a invertir pero a los pobladores originales los están expulsando”.

En la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) ya se aprobó el Plan Maestro, que establece la zona como Polo Deportivo, construye la Villa Olímpica y otorga títulos de propiedad a los propietarios de las villas, una manera de insertar lentamente la zona en el mercado. Al otorgar títulos de propiedad, el gobierno se exime de urbanizar, la situación precaria de los habitantes de los barrios queda legalizada. De esta manera, estas tierras se blanquean, pasan a poder ser compradas y vendidas legalmente en el mercado. (Ver nota anterior)

El Plan Maestro, como otras leyes vinculadas a la construcción de la Ciudad, lo aprobó el macrismo en la Legislatura con la ayuda del bloque kichnerista.

Los habitantes de las villas miseria pasaron en cuatro años de ser, según el Censo Nacional de 2010, de 160 mil habitantes a 270 mil, último dato del 2014 según la Secretaría de Habitat e Inclusión de la Ciudad. En el año 2006 la asignación presupuestaria para las villas era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %.

De esos datos se desprende también que al menos el 10% de los habitantes de la ciudad viven hacinados, mientras que un 26,7% (según el censo 2010) de los inmuebles porteños se encuentran deshabitados.

…abandonados. No es un gran negocio inmobiliario…

Otra vez la frase se corta. Esta vez no fue por un corte de luz, fue porque la señora no pudo seguir prestando atención. La lluvia está golpeando demasiado fuerte y el agua está empezando a entrar.

A levantar la heladera y la cocina, primero. Después la cama. Si queda tiempo tirar la ropa arriba de la cama. Y a esperar.

Eventualmente el agua baja, hasta las próximas lluvias. Mientras esperaba la señora pudo escuchar clarito decir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), Mauricio Macri, al Jefe de Gabinete del Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y a la Vice Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, que la Ciudad de Buenos Aires no se inundó con las lluvias de principios de noviembre gracias a las obras ejecutadas por su gestión.

La señora vive en Saavedra. Ahí mismo donde varias manzanas se inundan cuando llueve, ahí mismo donde están construyendo una obra enorme, un nuevo metrobus como el de la 9 de Julio, sin el estudio de impacto ambiental necesario.

El metrobus norte se extenderá sobre Ciudad de Buenos Aires (Av. Cabildo) hasta Vicente López. Las obras comenzaron hace un año sin los convenios necesarios aprobados en la Legislatura ni el estudio de impacto ambiental que reclama la ley. Recién hace un mes se aprobó el Convenio Marco, que sólo presenta la obra, sin especificar ni cuánto se gastará, ni qué impacto social y ambiental tendrá. No hay estudio, no hay audiencia pública, ni dictamen técnico, porque el APRA (Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad) categorizó a la obra como de poca relevancia. Desde el Observatorio de la Ciudad denuncian que el APRA otorgó el permiso de obra con un único estudio hidráulico, una sola carilla sin datos técnicos, siendo Saavedra una zona inundable.

En cuanto a las declaraciones de las autoridades del Gobierno Porteño, la señora sabe que no son ciertas. Ella se inundó.

Según los informes que el GCBA envió al Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°10, en el marco de la causa caratulada “Carbón Mario Alberto y otros contra GCBA s/Amparo”, la única obra hidráulica en ejecución, no finalizada aún, es la de la Cuenca del Arroyo Medrano, que aún está en la primera etapa del cuenco amortiguador del Parque Sarmiento.

Respecto a las obras en la cuenca del Arroyo Vega, se encuentran en la etapa prelicitatoria para la ejecución de un proyecto millonario, que consiste en construir un túnel aliviador no debatido ni consensuado aún con los ciudadanos. En la cuenca del Arroyo Cildáñez, las topadoras del GCBA están realizando la remoción de suelos en el Lago Aliviador Soldati, alcanzando la línea de edificación de las viviendas de los vecinos de la Manzana N°10 del barrio Los Piletones y poniendo en riesgo las estructuras de sus casas. Durante las últimas lluvias de noviembre, los barrios Los Piletones, Fátima, Calacita, Ramón Carrillo y Rodrigo Bueno, estuvieron bajo el agua.

“El Código de Planeamiento no hace diferencia entre cuales son las zonas inundables o no. En la ciudad hay zonas que se inundan y se siguen construyendo torres con subsuelos. No refleja qué zonas ya están saturadas de la densidad de construcción” describe Jonatan, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: “el código está obsoleto y liberado para una construcción masiva en la ciudad”.

…es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Ni la señora ni el señor terminaron de escuchar esta frase. Es que están en la Legislatura porteña tratando que les permitan opinar sobre las obras en sus barrios.

El tipo de gobierno que norma bajo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una democracia participativa. El Articulo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de la Ciudad”. Su artículo 76 también indica que todas las audiencias legislativas son públicas y que cualquier persona en los días de sesión puede ir, pedir la palabra y hablarle a los 60 legisladores, pero no se reglamentó para que efectivamente pueda hacerse.

“Hay herramientas jurídicas que no tenemos, por ejemplo no hay ninguna ley que obligue a desinvertir a los que tienen grandes cantidades de propiedades, como IRSA”, agrega Jonatan, aunque destaca que: “Aun así si se aplicara algo más básico que reside en la democracia participativa ninguna de estas obras que están avanzando en la Ciudad se hubiesen hecho con tanta velocidad, porque tendrían que darle poder de decisión a la gente”.

 

“­­La Ciudad no puede seguir teniendo terrenos gigantescos abandonados. No es un gran negocio inmobiliario, es un gran desarrollo inmobiliario, la gente decidirá si lo compra o no”.

Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño.

Vosotros podéis

España se encamina en la búsqueda de una ciudadanía más inclusiva. El partido Podemos rompe con la dinámica bipartidista hasta liderar encuestas. Un movimiento joven en un viejo continente.

Podemos es un verbo en plural, con un mensaje en presente, hacia al futuro, de fuerza, ambicioso, una expresión de deseo.

Podemos es el rótulo político-partidario de otro rótulo mediático, el de los “indignados” españoles, un movimiento mucho más profundo y propositivo que ese bautismo…

Podemos es la reacción que busca institucionalizar a los sectores emergentes que se oponen a la gestión neoliberal de la crisis, es decir los protagonistas de un cambio (mejor, antes que “crisis”) que empezó el 15 de mayo de 2011 en una manifestación y acampe en la Puerta del Sol, Madrid.

Podemos es un partido político que desafía al bipartidismo clásico PSOE-PP, proponiendo una democracia más participativa, alejada del dominio de los banqueros y las corporaciones.

Podemos es, según una encuesta del diario El País, la primera fuerza política en España, a un año de las elecciones generales en las que se renovarán 350 bancas de diputados y 208 del senado, con una intención de voto de más del 22%.

“Hay 6 millones de personas ahora mismo en paro. Más de 250 mil jóvenes han emigrado para estudiar o trabajar en otros países. Ha llegado a haber 500 desalojos diarios: personas que habían comprado una casa contrayendo una hipoteca con el banco en épocas donde había trabajo, y de repente se encontraron sin trabajo, y sin poder pagar la hipoteca. En España no es como en Estados Unidos, donde tú entregas las llaves: sino que tú entregas las llaves, sigues pagando la hipoteca, e incluso puedes pasársela a tus hijos”.

Amador Fernández Savater está sentado frente a diez personas en un bar del centro de Buenos Aires, en una charla que apunta a informar novedades del otro lado del hemisferio. “Así contado, parece una película de terror. Pero en realidad lo que está habiendo es una especie de aceleración del tiempo de destrucción del capitalismo, a una velocidad que no habíamos visto”, dirá.

Amador Fernández Savater.
Amador Fernández Savater.

Amador Savater es – además de lo que su apellido evidencia- editor, escritor, bloguero y militante dedicado a teorizar sobre los movimientos emergentes españoles. Viajó para relatar sobre Podemos en universidades y movimientos, pero la introducción que propone analiza la antesala del clima político español. “Ante ese escenario, hubo huelgas generales, los movimientos sociales habían intentado hacer convocatorias, pero ninguna había tenido un mínimo de energía. Eso es lo importante para entender lo singular del 15M y de Podemos: cómo desde lo político ya organizado no hubo manera de convocar nada interesante, desafiante, frente a la dureza de la crisis”.

La convocatoria que finalmente tuvo efecto comenzó a cocinarse, en cambio, a través de Democracia Real Ya, una plataforma independiente que ayuda a coordinar acciones globales de movimientos ciudadanos; en su quiénes somos se describen como “los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes”. La convocatoria tenía fecha: 15 de mayo de 2011. “La llamada hizo foco contra los políticos y los banqueros, como representantes de los ajustes para contener la crisis, y eso fue lo que aunó a la gente más allá de los partidos y los movimientos”, dice Amador.

Marta, integrante de Podemos de Barcelona, cuenta en primera persona: “Nunca había hecho nada político, pero creo que el momento era tan bestia y estaba tan indignada que cuando apareció la posibilidad de este movimiento me sentí impelida a participar. Estoy súper contenta de que haya esta fuerza, porque si no la indignación se te queda enquistada y no haces nada con ello”.

Savater recurre a sus teorías para explicar lo que Marta representa, y hace: “En la plaza lo que emerge es una “política del cualquiera”, en términos de Ranciere (Jaques, filósofo francés). En tanto que las plazas se organizan como espacios simbólicos y materiales donde se hacen esfuerzos permanentes por acoger a cualquier persona indignada con el estado de las cosas, fuera cual fuera su posición económica e ideología, sino que ponía de común lo que podía unir a la gente”. Lo que estaba naciendo, dice Savater, era un “nosotros nuevo”.

Sólo en Madrid salieron a la calle aquél 15M más de 20 mil cualquieras, y se calcularon otras 100 mil en el resto de España. “Después de la manifestación hay un grupo de 40 personas que dicen ´bueno, no vayamos a casa, vamos a hacer algo más´. Y acamparon en la Puerta de Sol. Fueron desalojados. Y días después se tomó la Puerta del Sol y las principales plazas de Madrid, y luego en otras plazas del país”.

¿Qué estaba pasando? “Es importante pensar las plazas como un lugar público de política y vida. Había campamentos, servicios de enfermería, de guardería, etcétera. Estábamos organizando ya la vida. Una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad”.

La otra batalla urgente fue contra los desalojos: se creó la “plataforma de afectados por la hipoteca” para determinar los casos, situaciones y ayudas. “Se llegan a parar unos mil desalojos, y lo increíble fue que los cerrajeros y los encargados de desalojar se negaban a sacar a las gentes de sus casas. Metieron presos a bomberos porque se negaban a desalojar, decían ´ése no es mi trabajo´”, cuenta.

Estas organizaciones fueron tomando distintas formas y posturas, discusiones durante y después: “Lo interesante del 15M es verlo como una especie de cambio climático. Para nosotros no era una estructura ni un movimiento, sino que era como una nueva manera de hacer política. Y que podía darse en cualquier lugar sin llamarse a sí misma 15M”.

Bea es una joven de 20 y pico de años que integra Podemos desde su inicio en Barcelona. Desde ese su lugar relata su visión de cómo estas organizaciones del 15M derivaron, entre otras cosas, en un partido político: “Parte del movimiento social se había circunscripto mucho a hacer labor desde la calle y desentendiéndose de lo institucional. Y la política en un partido no tiene por qué ser necesariamente algo sucio. Lo que viene a decir Podemos es que el cambio social no solo va a poder hacer ese trabajo desde la calle y desde la denuncia sino que hay esa necesidad de que gente verdaderamente tenga voluntad de escuchar y trabajar para la gente dentro de los recintos”. También lo explica a la inversa: “El consenso de la ciudadanía en estos temas no se venía traduciendo en cambios reales”.

Vea, Marta y Luca de Guanyem y Podemos Barcelona.
Bea, Marta y Luca de Guanyem y Podemos Barcelona. Foto y entrevista: Julieta Colomer

Bea lo dice desde su pasado militante en movimientos sociales: “Muchas veces lo que hemos visto es que pasas cierto tiempo haciendo una recogida de firmas para una iniciativa, y luego eso se supone que se eleva y se lleva al parlamento y se desoye totalmente”. Ahora: “Lo que podemos brindar es toda gente que viene con un trabajo detrás, que son verdaderos expertos, que conocen la educación, la salud pública e incluso tienen propuestas concretas. Ahí es donde entramos nosotros: esa interlocución con los movimientos. Tenemos que construir un programa a elevar y para eso queremos escuchar propuestas”.

Podemos nació hace menos de un año como hijo declarado del 15M, con el objetivo inmediato de competir en las elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2014. Tuvo apenas meses de campaña pero supo cristalizar estos años de movilizaciones y discusiones. Llegó entonces con la propuesta de un programa redactado por “miles de personas”: “Era un manifiesto de cara a las elecciones europeas donde se recogían una serie de demandas del modelo productivo, la anticorrupción, el derecho a la vivienda, el trabajo digno, derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en total diez puntos sencillos pero profundos que impulsaban candidaturas asentadas en un método de participación ciudadana”, resume Bea. La habilidad de Podemos no fue tanto la novedad de sus proposiciones – que van en la línea de muchas promesas llamadas “progresistas” y de “izquierdas” de distintos países-, sino la dinámica de su organización y la llamada convocante a la ciudadanía.

En las parlamentarias Podemos cosechó 1.245.948 de votos, el 8%, ubicándose como la cuarta fuerza, dando el batacazo : metió 5 eurodiputados, entre ellos la cara visible del partido, Pablo Iglesias, profesor de ciencias políticas.

Los cinco candidatos elegidos firmaron antes una acta de compromiso que materializaba eso del control ciudadano: su retribución mensual sería equivalente como máximo a tres veces el salario mínimo (645 euros), debiendo donar el resto del salario oficial a los proyectos del partido o “iniciativas, colectivos, asociaciones”; se comprometieron a una rendición periódica de cuentas al habilitar mecanismos de transparencia e información de fácil acceso, consultas directas por Internet y una oficina que tramite iniciativas populares; y otros pactos que resultan más evidentes – pero no lo son- como la independencia de cualquier corporación, y hasta el compromiso de viajar en transporte público siempre que sea posible.

Bea: “También se plantea en el partido la limitación de mandatos y la revocabilidad. Pero estas medidas no tienen sentido si no hay una ciudadanía detrás. Las dinámicas institucionales, los poderes económicos y lobbys de poder y prácticas muy arraigadas a la manera de hacer política hacen que se podría ver arrastrado cualquiera si no hay ese control ciudadano”. Luca, también de Podemos Barcelona: “Simplemente no se puede decir ´vamos a ser distintos´. No podemos ser tan naif y pensar que esto funcionaría sólo y sin más. Por eso este compromiso ético”.

 

-¿Cómo se sustenta Podemos?

Bea: “Con poco dinero: haciendo de la necesidad, virtud. No nos financiamos con dineros de los bancos, nos apoyamos en la colaboración de la gente. En la página hay un sistema de crowfounding a través del cual se solicitan recursos para el partido o para propuestas concretas. Y también de pequeños gestos. En la primera campaña no teníamos dinero para hacer propaganda, se hizo una carta para pedir el voto y la gente se lo imprimía en la casa y llenaba las escaleras del edificio”.

-¿Cómo se difunde?

-“Hay un apoyo desde el inicio en las redes sociales. Y una vez que nos dieron un eurodiputado, ya empezamos a salir en los periódicos, a partir de ahí empezamos a ver cómo la gente empezaba a preguntar, a participar, a enterarse de qué iba para apoyar aquello”.

-¿Cómo se organiza?

-“Estamos en pleno debate organizativo y demás, todo eso pasa por discusión a nivel telemático y ahí es donde tienen un papel importante los círculos, que son los espacios en cada ciudad y en cada barrio: cuidan lo presencial. Se hacen reuniones. Ya no es que son dos procesos en paralelo, el partido y los círculos, el uno enriquece al otro, y es muy necesario. En las reuniones cualquiera dice la suya y gente que esté más puesta puede traducirlas en lo que sea: organizar jornadas de debate, una denuncia… Están las reuniones y también se usó el fondo del salario de los eurodiputados para hacer 13 oficinas como espacios de contacto con la ciudadanía, para transmitir lo que se está haciendo y recibir propuestas”.

Podemos habilita, además, su plataforma digital para completar un formulario que permite presentarse como candidato a Secretario General, Consejo Ciudadano o Comisión de Garantías del partido, que debe elegir representantes de cara a las elecciones municipales. Según los requisitos, cualquier ciudadano inscripto en Podemos puede presentarse, él o junto a un equipo de personas, necesitando el aval de uno de los círculos organizativos de Podemos, que puede habilitar hasta dos listas cada uno.

En el proceso de elección, cada lista dará a conocer las actividades para difundir las candidaturas y sus contenidos programáticos; asimismo, el Equipo Técnico de Podemos se compromete a impulsar espacios y dinámicas de participación para visibilizar a los diferentes candidatos. Puede votar cualquier ciudadano inscripto en Podemos, por Internet o en mesas habilitadas. Los electos serán los candidatos más votados para cada órgano, independientemente del equipo al que pertenezcan, con una única corrección: se debe mantener un equilibrio de género, 50 y 50.

-¿Cuáles son los desafíos hoy?

-De momento se está haciendo la dinámica organizativa a la espera que nos dotemos de un modelo más oficial para todo el mundo. Hoy el desafío es asentar los círculos de distrito y confluir entre ellos: ahí están quienes tienen realmente lo que pasa en el barrio.

La implantación de Podemos a nivel municipal y autonómica, para presentarse a elecciones en cada ciudad, todavía no está desarrollada: recién el 2 de enero de 2015 el partido tiene previsto dotarse de secretarios generales y consejos ciudadanos locales y regionales.

Mientras tanto, sin esta formalidad han ido surgiendo distintas versiones locales que intentan replicar estas lógicas: Bea, Luca y Marta encarnan además a Guanyem (en catalán: Ganemos) la versión municipal de Podemos, nacida como círculo del partido en Barcelona. Guanyem es hoy una fuerza política con referentes y medidas propias: “La diferencia es que Guanyem nace mucho más de abajo, no es casual que las personas que se perfilan con liderazgos más potentes provengan de la plataforma de afectados por la hipoteca, tiene un enraizamiento con el tejido social de aquí pues es muy potente, de ahí puede salir algo con mucha fuerza”, dice Bea.

Podemos está entonces en plena organización interna: con fuerza y proyección nacional, se debate cómo replicar la experiencia en las distintas ciudades que ya tienen expresiones propias. Bea, desde Ganyem, disipa fantasmas: “La gente pide a gritos que no nos dividamos. Vamos a hacer todos los esfuerzos para dejar de lado nuestras diferencias y sumar para lo que está claro: en el caso de Barcelona, que este modelo de ciudad no nos gusta. Y eso lo sabemos los ciudadanos y por eso nosotros lo vamos a cambiar”.

Resta una pregunta, para no perder el eje: ¿qué sucede con las otras experiencias, movimientos y movidas que generó el 15M, además de Podemos? Volvemos a Amador: “El peligro es centrarse en un solo punto. Para muchos amigos es una idea problemática la de Podemos, como idea de tomar el poder como lugar de cambio; no porque no se pueda hacer nada interesante, que de hecho lo es, sino porque lo pensamos en términos de políticas ´multicapas o multicanales´. Multicapas es una política que actúa en muchas capas de la realidad: lo social, lo cultural, lo económico, lo político. La imagen que usamos es la de una mano, en la que cada dedo puede representar una de estas capas (el movimiento de hipotecas, los jóvenes que gestionan cultura independiente, los movimientos autogestionados, Podemos, etc.), que, en determinado momento, cerramos para golpear juntos en un mismo lado”.

Darle la vuelta al mundo

Fotorreportaje de la tercera Maratón por la Urbanización en Ciudad de Buenos Aires. De la 31 a la Rodrigo Bueno, 400 personas corrieron por el reclamo histórico de la vivienda digna.

Correr es la excusa. Hacer algo. Moverse, transpirar y latir fuerte. El sol calentó duro el asfalto y la tierra. Pidiendo un esfuerzo extra a cada corredor. El domingo 26 de octubre el Movimiento Villas al Frente organizó una maratón con gente de todos los barrios porteños con consigna al unísono: ¡Urbanización ya!

Los corredores largaron desde la 31, el barrio que nació marginal en 1932 como lejano simbronazo de las esquirlas que Wall Street desparramó -la globalización demostraba que ya era más que sensación- hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Corrieron sin cloacas. Cinco kilómetros y las ambulancias no entran al barrio. Una posta, otra, otra y la ley 3343 de urbanización de la legislatura porteña sigue sin implementarse. Zigzaguearon entre las casas que se acarician con la autopista Illia. Transpiraron en las tierras de las escaleras caracol al cielo.

Más de 400 personas corrieron desde Villa 31 de Retiro hasta Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Donde las privaciones son las mismas: la red de agua potable es la que arman entre vecinos y el tendido eléctrico habla precario como gobernante sobre la constitucional vivienda digna.

Rodrigo Bueno es el asentamiento de orígenes ochentosos al lado de la Reserva Ecológica, a metros de Costanera Sur. Y quienes ahí viven tienen plomo. Y otros metales pesados. En la sangre. En el agua. Es que el lindero depósito de autos de la policía federal infesta las tierras hasta la intoxicación.

Así se corrió: como se vive. ¡Urbanización ya!

De entrada a la 31
De entrada a la 31
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
Se multiplica la lucha
Se multiplica la lucha
Patinaje y la autopista Illia.
Patinaje y la autopista Illia.
Por las calles de la 31
Por las calles de la 31
A la entrada de la Rodrigo Bueno
A la entrada de la Rodrigo Bueno
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
Miraremos
Miraremos
Salude
Salude
Escaleras hacia el autopista
Escaleras hacia la autopista
Correr por la urbanización
Correr por la urbanización
12
Casas y casas
Entre calles
Entre calles
Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital
¡Urbanización YA!
¡Urbanización YA!
El arco en que me miras
El arco en que me miras
Puerto Madero te ve

Armada

El juicio por el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya se carga con todos los condimentos para el armado de una versión de los hechos. Testigos desconocidos, amigos amenazados, perejiles y encubrimientos. La abogada Verónica Heredia y la madre Julieta Vinaya explican cómo se armó la causa.  

El 15 de junio de 2008 el joven Atahualpa Martínez Vinaya fue encontrado muerto en las afueras de Viedma, con un tiro en la espalda. Las pericias demostraron que fue llevado hasta un descampado desde el centro de la ciudad, más precisamente desde el bar Mi loca donde tomaba una cerveza con un amigo y se lo vio con vida por última vez. La versión del amigo es extraña: se va al baño y cuando vuelve Atahualpa ya no estaba sentado en la mesa; y eso que acababan de pedir una pizza. Los mozos completan que, en ese momento, los dos patovicas del lugar habían ido al baño porque “alguien estaba consumiendo”. Así, nadie lo vio salir del bar ese domingo cerca de las 6 de la mañana.

Atahualpa tenía 19 años, era un joven morocho de metro noventa, ascendencia mapuche-aymara y vivía en el barrio Lavalle de Viedma junto a su madre y sus hermanos. Hacía trabajo social levantando casas y ayudando a los pibes a salir de la calle y los vicios, y proyectaba viajar a Cuba en 2009 para estudiar medicina. Grandote y bonachón, así lo recuerdan todos quienes lo caracterizan.

Sin prontuario ni relaciones que lo involucren, el caso de Atahualpa permaneció inexplicable durante cuatro años hasta que en 2012 una serie de movimientos extraños en la causa determinaron la imputación de tres personas como autores del asesinato pero sin explicaciones sobre el cómo, el dónde y el por qué. Este 23 de octubre se les dará sentencia, mientras la familia desconfía de una causa armada y de las complicidades policiales, judiciales y políticas para encubrir, desviar y cerrar el caso para que no se sepa qué pasó verdaderamente con Atahualpa.

Las amenazas: aislar a la familia

Durante cuatro años, la causa estuvo apuntada a investigar al círculo del asesinado, su familia y amigos. “A uno de los amigos, cada vez que lo veían en la calle, la policía lo subía a un patrullero y se lo llevaba preguntándole si había recordado qué había pasado esa noche”, cuenta Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa, tan solo uno de los ejemplos que saltó en las audiencias del juicio. “Y el día que tuvo que declarar, también: lo levantan de la casa y lo llevan al juzgado en pijama”. Julieta se da cuenta, ahora, por qué todos los amigos de Atahualpa se fueron alejando: “Claro, ¿cómo se iban a quedar si estaban todos amenazados?”.

Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.
Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.

Por eso tampoco hubo testigos voluntarios que supieran cómo había salido Atahualpa del boliche: “Si la gente no habla es porque tiene temor, y eso es porque alguna fuerza de miedo estuvo presente”, interpreta.

Acceso ilegal a la causa: la fuga de datos

“En dos ocasiones tanto el gobierno como la policía nos filtraron información que era pescado podrido pero bien direccionada, como si hubieran leído la causa”. Julieta se refiere a la declaración que salió a la luz del ex jefe de la Brigada de Investigaciones Alfredo Sosa, quien trabajó el caso Atahualpa y contó que el policía Hernán Toloy – de la oficina de Análisis Delictual y con acceso a esta información- fugaba información a “gente vinculada al narcotráfico”. Un hombre que aparece en la causa como un fantasma es Leandro Midenberger, detenido en 2013 por tenencia de marihuana y cocaína en cantidades, señalado por el comisario Sosa como la persona a la que se le filtraba información y también por uno de los imputados como el responsable de la coartada. Mildenberger vendría a ser el narco bien posicionado en el entramado político y judicial, y por eso impune. “Estimo que la fuga de información no sólo se dio desde el sector policial, sino también judicial”, declaró el comisario Sosa.

Estas irregularidades motivaron a que la familia reclamara que las fojas de la causa (cerca de 4 mil) se circunscribieran a tan sólo un jefe policial y, a la vez, denunciara al fiscal del caso Ricardo Falca. Finalmente la causa recayó en la abogada Daniela Zagari.

Cambio de fiscal: de la inacción a la coartada

El cambio de fiscal coincide con el recibimiento de Aníbal Fernández, entonces Ministro de Justicia, a Julieta Vinaya, que motivó un cambio abrupto – y llamativo- en la línea de investigación. La fiscal Zagari propuso empezar todo de cero. Retoma entonces la pista de una campera secuestrada durante un operativo en el barrio de Atahualpa, manchada de sangre, sobre la que los peritajes ya se habían hecho en 2008, sin resultados llamativos. “La fiscal decide esta vez cruzar el ADN no con el dueño de la campera sino con uno de sus amigos, y ahí le da positivo”, explica Laura Vinaya, la prima, según la versión de la fiscalía. Así la causa da un vuelco inesperado y directo: la prueba motiva las detenciones de Felipe Carrasco – dueño de la campera-, Carlos Morales Toledo – quien saltó en el ADN- y Belén Fernández Barrientos – pareja de Toledo-, tres personas del barrio Lavalle que Julieta vincula a ventas minoristas de drogas.

¿Por qué la campera? No se sabe. Hallazgo de la fiscal o puntapié para la coartada, lo cierto es que toda la causa tomó impulso a partir de esa prueba que había quedado desestimada desde el 2008 en que se tomaron los ADN, y reflotada cuatro años después, 2012.

Los tres acusados negaron de movida su vinculación con el hecho. Julieta: “Dijeron que se enteraron del caso por televisión, y que no conocían a Atahualpa. Eso es mentira, porque somos todos del mismo barrio”.

Sin embargo los detenidos siguieron apelando a su inocencia y dieron a conocer una carta de puño y letra en la cual denunciaban “un circo armado por la policía”. La carta sugería la teoría de una causa armada donde ellos serían los perejiles. Vinaya: “Decían que la Justicia los obligaba a declararse culpables”.

El imputado Carrasco, particularmente, se encargó de declarar en el juicio: “Pido que toda la familia de Atahualpa Martínez esté en el juicio ya que en esta causa hay manos deshonestas que no quieren que ese sepa la verdad”. Y reiteró que su imputación se debía a “la policía corrupta”.

Verónica Heredia, abogada de derechos humanos que asesoró a la familia, cuenta cómo se comportaron jurídicamente los acusados: “Todos los escritos que van presentando estas personas a través de sus abogados denuncian que durante el allanamiento en el que supuestamente encontraron la campera no estuvieron presentes. Eso es así, y le pregunté a Julieta y es verdad. Los abogados dicen que ese procedimiento es nulo, y es verdad. Si son o no, si tienen algún tipo de responsabilidad, lo cierto es que en el proceso de un estado de derecho no se respetó”.

La familia, en la encrucijada: “Sabemos que estos tipos no son unos santos, pero no tenían ninguna vinculación para matar a Atahualpa. Y nosotros sí tenemos razones para desconfiar de la policía y de la Justicia”, dice Julieta.

Recortar los testigos

Se sucedieron entonces una serie de declaraciones de forma desprolija: desestimaron a testigos de la causa y llamaron a otros que no tenían vinculación directa. Julieta: “Vino una persona que era el amigo del amigo que ni siquiera conocía a Atahualpa. Había personas que citaron que ni siquiera sabían por qué; otras que se equivocaron porque tenían el mismo apellido… Así, de cuarta”. De esta manera transcurren las jornadas de este juicio desdibujado.

Comer o defender, cuestión del abogado

A todo esto, surgió un enemigo impensado: el propio abogado de la familia, Diego Sachetti, quien venía quedando en offside ante las desprolijidades de la causa. “Yo ya estaba muy enojada y cuando falta a una reunión que teníamos pactada, lo voy a buscar y le digo: es importante tu estudio, es importante tu familia, es importante tu facultad, pero evidentemente Atahualpa no está entre tus prioridades. Y me dice: Atahualpa es importante pero no me da de comer. Ahí me terminó de cerrar todo”.

Separación entre causa y juicio

La familia solicitó entonces a la Asociación Gremial de Abogados que se haga cargo de la causa, en especial a Verónica Heredia, abogada de derechos humanos conocida por llevar a la Corte Interamericana el caso de Iván Torres – acaso el primer denunciado por desaparición forzada en 2003-, otros de gatillo fácil y hasta la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas. “En ese momento la causa parecía un caso resuelto: fueron estos tres tipos. Pero para mí no lo era: yo quería que me digan por qué asesinaron a mi hijo. La fiscal me decía: bueno, eso lo vamos a ver en el juicio. Yo pensaba que por ahí era cierto”, dice Julieta.

La abogada Heredia: “El juicio no es para saber qué paso, un juicio oral y publico es para que el Ministerio Público Fiscal pruebe su teoría del caso, pruebe que lo que el dijo que era cierto, es cierto, repasando las pruebas”.

Dejar afuera a la familia: terreno llano para la fiscal

Julieta: “Cuando le llevamos todo el expediente a Verónica, lo lee y me dice que había quedado afuera de la causa en junio del 2013, que ya no era querellante porque el abogado de ese momento tenía que hacer unas presentaciones legales que no hizo y se vencieron los plazos”.

Situación: la madre afuera de la causa que investiga la muerte de su hijo. “Legalmente, quedó acusando la fiscal sin nosotros. Pero lo más loco es que hasta ese momento me seguían llegando las cédulas de notificación como querellante”.

Verónica Heredia cuenta que le bastó leer la imputación de la fiscal para darse cuenta que había algo raro: “Cuando leo la acusación de la fiscal, ya en la primer renglón dice que Atahualpa fue asesinado entre las 4 y las 9 de la mañana con un disparo de un calibre 22 corto o largo por tres personas en calidad de autor. Esto es imposible: que tres personas hagan un disparo y sin saber en qué hora, ni cuándo, ni por qué”.

Julieta: “Verónica me llama y me dice: esto está armado. ¿Cómo que está armado? Sí, en este juicio no se va a saber esto que vos querés, y van a quedar presas estas personas”.

La abogada Heredia menciona sin embargo que quedar afuera de este juicio armado resultó, a la larga, beneficioso: “Antes de convalidar un juicio de estas características con la presencia en esta escena con imputados, jueces y Julieta sentada, directamente mejor no estar presente”. Por eso, este 23 de octubre en que la Justicia dará su veredicto, ellas eligen hacer su propio juicio a las puertas del tribunal para “juzgar a la Justicia”.

Verónica Heredia aplica una lectura que pone este caso particular en su dimensión provincial y sureña sobre cómo se investiga al poder: “El Ministerio Público Fiscal no tiene herramientas para investigar sino es de la mano de la policía. Cualquier investigación empieza y continúa desde la policía. Con lo cual, si hay una sospecha de participación o de encubrimiento de funcionarios policiales, el Ministerio Público Fiscal no lo puede investigar. Y la policía es el ejecutivo, es el poder político. Entonces el poder judicial no puede investigar justamente al poder. Esto se reproduce en la provincia de Rio Negro, de Neuquén, de Santa Cruz, de Buenos Aires: es una lógica propia del estado”.

Escándalo confidencial

Monsanto desembarca en la educación pública con la firma de un convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. La primera actividad prevista es la revisión del estudio de impacto ambiental de la planta procesadora que quieren instalar en Malvinas Argentinas. Pero los detalles del acuerdo deben ser silenciados.

La palabra “escándalo” suele reservarse en los medios de comunicación para describir peleas con los ex, fotos subidas de tono, casos de mala praxis con botox en nalgas, los dichos de la tía de, los rumores de la hermana del y un escandaloso etcétera que tiende a dejar de lado asuntos menos glamorosos – hay que admitirlo- como la política (obviando las ferraris y los puertos maderos), alejados de la farándula como la economía, y mucho más allá – o acá- de esos recintos extraños llamados universidades públicas.

Pero el 8 de agosto, día en que los calendarios indican como Día del Ingeniero Agrónomo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba organizó una jornada de campo en la que ocurrió un homenaje impensado: su decano Marcelo Conrero firmó un “convenio específico de cooperación” (eufemismo que pronto desenmascaremos) de la Facultad que representa con la multinacional Monsanto Argentina S.A.I.C., por tres años y bajo cláusulas de confidencialidad.

La escena no sólo tiene un gran sentido de metáfora para el oficio del ingeniero agrónomo hoy, sino que el convenio se firmó junto a otros contratos mientras se almorzaba un asado y distintos números artísticos hacían lo suyo.

El récord que aumenta la lisergia de esta historia es el tiempo que el decano Conrero llevaba en su cargo al momento del contrato: dos meses.

Sumemos el parentesco directo por el cual se reclama la restitución de la palabra “escándalo”: el secretario general de la Facultad de Agronomía, Jorge Omar Dutto, miembro del equipo del decano Conrero, es también dueño de la asesoría Agroambiente, la que realizó el primer estudio de impacto ambiental de la planta de semillas que Monsanto pretende seguir construyendo en Malvinas Argentinas, Córdoba.

Ese estudio fue rechazado en febrero de este año.

La primera actividad que pactaba el nuevo convenio entre la Facultad y Monsanto, fechada ya para agosto y septiembre del 2014, era esta:

facultad monsanto

Revisión del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Procesamiento de Semillas de Maíz en Malvinas Argentinas.

Lo que está en juego

La autonomía de una facultad pública, su independencia del mercado, el valor del conocimiento genuino pueden ser consignas vacías pronunciadas en un contexto espacial y temporal en el que se están librando batallas urgentes.

Córdoba es una provincia sacudida por discusiones sobre el modelo agroproductivo, básicamente desde el monocultivo de la soja transgénica, su aplicación nociva para las poblaciones, y por el avance de las multinacionales del agronegocio sobre esferas de incidencia pública, política, económica y académica.

Su ejemplo permite ver en escala provincial la configuración de fuerzas, el avance de las corporaciones y, al mismo tiempo, la creciente organización, movilización y maduración ya no solamente de asambleas de vecinos locales, sino de un movimiento social conformado por amas de casa, abogados, psicólogas, docentes, científicos, colectivos periodísticos, personas, que emerge con objetivos, propuestas y métodos claros.

Algunos medios de comunicación los llaman, misteriosa y homónimamente, “ecologistas”, pero ellos han decidido rehusar a ese mote, planteando más complejamente que lo que defienden no es –solo- el ambiente, sino su vida, que no es que no quieren ver enfermos a los árboles, sino tampoco a sus hijos, que no piensan en exclusivo en la sustentabilidad, sino en sus nietos, y que al fin y al cabo no van a dejar que las empresas – a veces disfrazadas de ingenieros agrónomos, otrora de políticos, pero hoy identificadas claramente con un enemigo: Monsanto- hagan lo quieran donde están ellos.

El caso actual, que se ha transformado en un símbolo internacional de la lucha contra Monsanto, resume esta disputa territorial y es el de los vecinos de Malvinas Argentinas, una de las localidades más pobres de Córdoba donde la multinacional pretende construir una planta productora de maíz transgénico.

Organizados como asamblea Malvinas Lucha por la Vida, y apuntalados por las Madres de Ituzaingo que libraron y ganaron una batalla similar, al día de hoy mantienen un bloqueo en la planta que impidió su construcción y motivó la revisión de los estudios de impacto ambiental rechazados por la Justicia que llegó a paralizar la planta.

La denuncia apunta a cómo semejante estructura de silos podría seguir enfermando a los malvinenses, entre quienes 25 de cada 100 mujeres pierden sus embarazos, donde en algunos barrios la posibilidad de contraer cáncer es ocho veces mayor a la media nacional, y la de tener hijos con malformaciones, más del doble. Todo, según estudios de la propia Universidad Nacional de Córdoba hoy en cuestión.

Estos son los resultados silenciosos para Malvinas por ser durante años una localidad sojera por excelencia, que conoce bien a Monsanto: la empresa es la principal proveedora de semillas transgénicas a los productores, de ahí y del país. Y del mundo. Semillas que a su vez demandan una serie de agroquímicos nocivos para la salud. Y la lógica de producción que aplica poca mano de obra, poco tiempo, destrucción de suelos y ecosistemas, y mucho, mucho dinero.

La nueva jugada de Monsanto sobre la Facultad de Ciencias Agropecuarias no parece novedosa, menos en el contexto cordobés, menos si suponemos la incidencia de las corporaciones en ámbitos académicos en general, pero sí se trata de un gesto que promete ir hasta las últimas consecuencias en la pulseada del “sí” o el “no” en Malvinas Argentinas, lo que es igual a ganar o perder el talón de Aquiles de su credibilidad (llámese vigencia, llámese poder, llámese negocio) en Argentina, en la región y en el mundo.

Las pruebas lo remiten: la planta que Monsanto pretende construir en Malvinas sería la más grande del mundo.

Eso, ni más ni menos, es lo que está en juego.

Que no se entere nadie

La nueva trinchera es la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, donde Monsanto pretende desembarcar formalmente “a fin de promover y desarrollar actividades conjuntas de investigación científica, ensayos, capacitación, divulgación, inserción laboral u otras”, según reza en el convenio al que pudo acceder NosDigital. En él, además de estos escándalos que suponen la vinculación académica directamente con una empresa que tiene intereses en la región, figura un cronograma que estipula actividades conjuntas incluso desde agosto de este año -cuando el convenio fue firmado el día ocho- hasta julio del 2017. Las actividades más urgentes según el contrato son, precisamente, las vinculadas a estudios (agosto y septiembre de 2014) y auditorías (enero y diciembre 2015) de la planta de procesamiento de semillas de maíz en Malvinas Argentinas.

A cambio, la empresa ofrece ensayos de campo, capacitación de docentes, cooperación en la enseñanza de alumnos de grado y posgrado, viajes de aprendizaje, pasantías e inserción laboral. La pregunta es si la Facultad se beneficia con esto, o sigue ganando Monsanto. La cooperación más contundente, claro, es la económica: “La ejecución del proyecto no demandará compromisos económicos para La Facultad y los gastos que demande la realización del presente convenio y el desarrollo de las actividades previstas serán cubiertos por La Empresa”. No se habla sin embargo de presupuestos, sino de la ejecución de fondos de acuerdo a las actividades concretas a determinar.

Por lo demás, el convenio está repleto de eufemismos y tecnicidades que disfrazan estas actividades bien prácticas. Sin embargo, otro de los puntos inquietantes a simple vista es el artículo noveno, cuyo título es “confidencialidad”. En él hay cuatro especificaciones que regulan la comunicación de las informaciones que se pretenden hacer circular entre la Facultad y Monsanto: la información que se entregue es propiedad de la Parte suministrante y es confidencial. Las Partes “se obligan a no copiar, comunicar, distribuir, diseminar o exponer o, de cualquier modo, revelar la información confidencial”, y la obligación de confidencialidad “no tendrá plazo de extensión ni vencimiento”, ni siquiera ante la extinción del convenio.

Confidencial resultó ser además el propio convenio, a cuyas copias ni los estudiantes – ni a partir del centro de estudiantes-, ni docentes ni integrantes del concejo académico pudieron acceder hasta 28 días después de que se firmó: el decano Conrero lo firmó por “resolución decanal”, es decir sin debate ni participación de otros claustros de la Facultad ni de la Universidad.

El hermetismo sólo hizo aumentar la alerta de los pasillos de la Facultad, que habían quedado mareados de aquella jornada campera de asado, música y Monsanto, pero no desprevenidos: “Ese día se montó un circo, un acto poco serio en el que se firmaron 13 convenios con distintas empresas. Además de Monsanto, otro fue con la Asociación de Aeroaplicadores de Córdoba…”, relata Cynthia Garay, Consejera Directiva por el Claustro estudiantil. “Sabíamos que los contratos venían por un lado perverso. Las faltas de prácticas son un reclamo estudiantil de hace años, nos quisieron hacer creer que los convenios venían a solucionar ese reclamo”.

El lugar donde se hacen estas prácticas es el propio campo que tiene la Facultad, en las afueras de Córdoba, mismo sitio donde se firmó el asado con Monsanto: “El 80% del campo está alquilado, está tercerizado a productores”, relata Cynthia, dando una de las razones por la que no pueden desplegar sus prácticas de manera libre y genuina. Otra no-metáfora de esta Facultad: “Y cuando vamos al campo, nos dan clases en aulas”.

Lo que reclaman los estudiantes es todo lo contrario: “Imaginate -propone Lucas, estudiante de Ingeniería Agrónoma de la Facultad – en la provincia más sojera del país, todas las actividades curriculares que se hacen apuntan a salir lo antes posible vendiendo agroquímicos y trabajando para cualquier empresa agropecuaria”.

Ingenieros del agronegocio

Lucas tiene dos particularidades: está a punto de recibirse, por lo que tiene la mirada larga del asunto; y vive en Malvinas Argentinas y es integrante de la Asamblea que resiste la instalación de la planta de Monsanto.

Desde su lugar informa que la Facultad viene siendo copada no por Monsanto, que al fin y al cabo es una empresa de nombre y apellido, sino por algo peor, que es la lógica Monsanto, que tiene que ver con la ingeniería pensada desde el agronegocio, los transgénicos y los pooles de soja: “En el 2006 nos cambiaron el plan de estudios: perdimos materias como reproducción y sanidad animal, de ganadería, que fue el fuerte de Córdoba toda la vida; también nos sacaron `manejo de ecosistemas marginales´ y la tesis. Es como mucho más sencillito para recibirse y vincularlo al trabajo de una empresa”.

Otra encarnación de lo que Lucas relata es la docente de la Facultad Alicia Cavallo.

Al otro día de la firma del convenio, 9 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Agrónomo, la docente Cavallo junto al decano Conrero dieron una charla en Malvinas Argentinas. La jornada fue llamada “cambiemos temor por conocimiento” y, según el portal agroverdad.com.ar, fue iniciativa y requerimiento de la FM Chaty de Malvinas, una radio que se jacta de ser comunitaria pero que la Asamblea viene denunciando como cooptada por la empresa Monsanto, en otra de sus estrategias de comunicación y confusión.

La ingeniera Cavallo es docente en la Facultad en la materia “uso seguro de agroquímicos”: “Invita a Monsanto, directamente, o a semilleras como Cargill o Nidera. No tiene ningún problema: está segura que este modelo productivo es el que va”, cuenta Lucas, alumno suyo.

Vanesa Sartori, psicóloga integrante de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida, denuncia sobre las conexiones que explican esta historia, más allá de los convencimientos: “El marido de Alicia Cavallo tiene una estación de GNC en Malvinas Argentinas, y en ella se pretendía construir el estacionamiento de camiones en caso que la planta de Monsanto se instale. Es decir que Cavallo tiene intereses creados en Malvinas”.

La docente Cavallo, el decano Conrero y el secretario Dotto son los nombres propios de este entramado que se concreta con el convenio firmado, pero resultan anecdóticos si entendemos el marco de la lucha que proponen los estudiantes: “Es parte de una lucha histórica que viene de la ley de educación superior, una ley menemista que le abre la puerta a las empresas, que dejan a las universidades con muy poco presupuesto. La lucha es porque la Universidad no esté condicionada, que no deje de estar a disposición del pueblo, de la sociedad, de los que más la necesitan, que son inclusive los que están bancando la Universidad, para estar a disposición de privados”, plantea Cynthia, del claustro estudiantil.

Pasado y futuros

Ni los contratos confidenciales entre empresas y universidades ni la soja tienen buen prontuario en Córdoba: la Universidad de Río Cuarto y la empresa Smet, apoyada por la Aceitera General Deheza (ADG), contrajeron un convenio que terminó de manera fatal el 5 de diciembre del 2007, con seis docentes y un estudiante muertos, 24 heridos, cuando en los laboratorios de la facultad se experimentaba para acelerar los tiempos de extracción y elaboración del aceite de soja y estallaron barriles de hexano. Enseñanza de esa triste experiencia, la Universidad de Río Cuarto se convirtió luego en la primera en rechazar los fondos de las regalías mineras; participó como un integrante más de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos; creó el observatorio de Conflictos Socio Ambientales; impulsa proyectos agroecológicos en la región; y cuestiona seriamente el modelo de agronegocios.

Semejante transformación fue producto de un escándalo como el que ahora protagoniza la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Córdoba, y gracias a los estudiantes y docentes que encaran cambios evidentes que parecen imposibles.

Así, con movilizaciones e irrupciones en los recintos de decisión, lograron que el rector de la Universidad Nacional de Córdoba se pronunciara en contra del reciente convenio entre Agrarias y Monsanto, que el decano Conrero suspendiera la vigencia del mismo y pateara su determinación para una jornada de debate prometida para octubre aún sin fecha.

El escándalo está garantizado.

Sintonicemos.

 

Descargar el convenio de cooperación. 

¿Cómo hacer tu propia escuela?

Guía práctica para que cada vecino y vecina, de 0 a 150 años, pueda hacer su propia escuela pública en caso de que, una vez más, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires falle en la generación y en la distribución de vacantes on-line para el ciclo lectivo de 2015.

La Guía se presenta en la misma semana en que se lanzó la nueva inscripción, que podrá hacerse por internet o llamando al 147, un call center del Gobierno de la Ciudad.

Para no aportar más confusión a un sistema ya confuso que en algunos casos pareciera confundir de forma adrede aparece:

(*) En imprenta, el caso de la escuela Carlos Fuentealba, en el distrito quinto de la Ciudad, para que lo puedas hacer en tu casa.

(**) En cursiva, datos, comentarios, acotaciones, curiosidades importantes, curiosidades poco importantes.

1- El lunes 3 de febrero de 2014, el ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban Bullrich, anunció formalmente que entre 7000 y 9000 chicos –en una cifra que él mismo explicó que podía variar- se quedarían sin vacantes para acceder, en ese ciclo lectivo, a la escuela pública. “Los errores que hemos cometidos llevaron a que cuatro mil familias fueran desplazadas”, arrancó su discurso, en el que intentaba explicar que el error había estado en el “acceso directo” al sistema de inscripción online de vacantes que se estaba estrenando en este año.


En realidad, el conflicto no arranca ahí. 2014 no fue el primer año en el que faltaron vacantes. Tampoco fueron entre 7000 y 9000 chicos los que se quedaron sin vacantes –el número se elevaba por encima de los 11000 casos-. Pero en los distritos de la zona sur de la Ciudad, en especial en el distrito quinto -Parque Patricios, Barracas-, los problemas de vacantes habían arrancado hace años, aunque el sistema on-line, el volumen de chicos y de chicas sin escuelas de este caso y la mediatización del problema volvían todo más evidente esta vez.

2- El anuncio de Bullrich no se dio en cualquier momento. En febrero de 2014, todavía no se habían cerrado las paritarias docentes a nivel nacional –sí en algunas jurisdicciones- por lo que el ambiente se encontraba caldeado y, por lo tanto, en estado de organización y de participación. La falta de vacantes se volvió un motivo más para la movilización y para la planificación de una acción directa: si el Ministerio no resolvía el conflicto de las vacantes, resolverlo generando nuevas escuelas a través de la toma de terrenos ociosos del Gobierno de la Ciudad para volverlos escuela. Desde la Asamblea de Maestros de Distrito Quinto, acompañada por distintas organizaciones, surgió la idea de tomar un edificio ubicado en la calle Monteagudo al 351, que hacía años funcionaba como un proyecto abandonado de escuela.

Como parte de uno de los principales proyectos urbanos de la gestión PRO en la Ciudad, que consiste en transformar el barrio de Parque Patricios –hasta zonas de Barracas- en un polo tecnológico-industrial-comercial (que incluyó hasta la posibilidad de un nuevo Puerto Madero en donde hoy funcionan las instalaciones de El Borda y el Moyano), se planificó la construcción de un Banco Ciudad en la zona. Por estatuto, cada vez que se planifica este banco tiene que planificarse, con él, la escolaridad pública de los hijos de los empleados. Como parte de ese plan, el Ministerio de Educación planificaba la apertura de la primera escuela bilingüe argentino-china. Eso se decía, pero la escuela ni siquiera entraba en obra.

3- El 25 de febrero, hay una movilización de la Asamblea de Docentes del Distrito Quinto hacia una exescuela en Manuel García 370, abandonada. Ese día, se considera seriamente tomar la escuela de Monteagudo al 351. Ese día, también, se define en debate general que la escuela se llamara Carlos Fuentealba, para reivindicar al maestro asesinado el 4 de abril de 2007. Por la tarde, el Gobierno de la Ciudad publica en un boletín informativo de su página web que la escuela argentino-china entra en obras y que se inaugurarán algunas salas.

De ninguna manera, esas salas de esa escuela podrían suplir la falta de vacantes, vinculadas ya abierta y mediáticamente no con problemas del sistema on-line sino con la falta de infraestructura, que incluía aulas, en otras escuelas, en otros distritos, separadas con biombos. Los terrenos ociosos del Gobierno de la Ciudad son muchos. La idea de tomar uno y volver escuela continúa, a pesar del anuncio. Ya se sabía del edificio que quedaba en Manuel García al 370, que había sido una escuela hasta 2009, que luego había cerrado, que tenía 21 dueños, entre otros el Estado, que estaba abandonado.

4- El 26 de febrero, se decide tomar el edificio de Manuel García 370. Dentro, había una persona vestida con el uniforme de una empresa de seguridad privada –nunca se supo quién de los 21 dueños lo había contratado- y un cuarto con cámaras de seguridad. Pacíficamente, se lo invitó a retirarse del lugar y, pacíficamente, aceptó hacerlo. La Asamblea de Docentes del Distrito Quinto no tenía, como el resto del movimiento docente, experiencias recientes en tomas de terrenos para volver escuelas. Sí había casos semejantes en otros distritos, con tomas de terrenos para otro tipo de usos. Con la toma realizada, se le solicita al Ministerio de Educación una audiencia.

El personal de seguridad privada sigue yendo al edificio y se sienta fuera. Aparecen patrulleros, pero al ser una propiedad abandonada, no hay demasiado movimiento para expulsarlos. Evidentemente, el abandono del Estado a la zona es tan alto que, ni siquiera, hay desesperación por la toma. Sin embargo, la Asamblea no abandona ni sus discusiones internas, ni su ritmo de construcción transformadora.

Imágenes: NosDigital
Imágenes: NosDigital

5- El Ministerio no responde a la solicitud de una audiencia. Sin la audiencia, no hay posibilidad de poner en marcha la formación de la escuela. Por eso, se toma otra decisión: tomar un terreno ocioso que sí le importe al Gobierno de la Ciudad. Nuevamente con la consigna “Acá tiene que funcionar una escuela”, se toma un edificio ubicado en la avenida Jujuy y la calle Estados Unidos. Esta vez, sí importa: aparecen desde patrulleros hasta funcionarios que negocian la liberación de esta nueva toma a cambio de una audiencia para poner en funcionamiento la escuela de Manuel García.

La toma del edificio de Jujuy y Estados Unidos no fue una casualidad. Alguien tenía el dato de que de allí saldría un proyecto inmobiliario. Era un terreno cedido de parte del Gobierno Nacional al Gobierno de la Ciudad. Fue un método de presión para generar una reunión con un Estado que, naturalmente, y nunca hay que perderlo de vista, juega a la lógica del abandono.

6- El edificio de Jujuy y Estados Unidos se abandona pacíficamente. Se concreta una reunión con el subsecretario de Gestión Económica y Financiera, Carlos Javier Regazzoni. El funcionario admite la predisposición del Gobierno de la Ciudad para comenzar con el plan para volver escuela la propiedad de Manuel García. Con un pero: como se trata de una propiedad ocupada “ilegalmente”, hasta que no exista la ley que expropie el terreno para volverlo escuela, Regazzoni niega su campo de acción, diciendo que él no va a hacer nada en ese marco de “ilegalidad”. Por esa misma razón, no va a visitarla.

La conformación de una escuela requiere, primero, del terreno. Eso se consigue a través de un proyecto de ley de expropiación que, en este caso, debe tratarse en la Legislatura (primero, en la Comisión de Educación); con la ley firmada, se debe elaborar un proyecto arquitectónico para acondicionar el edificio; con el proyecto, debe llamarse a licitación a quien se haga cargo de la obra; con la licitación acordada, empiezan las obras; con las obras, aparece la creación de la escuela, que contempla desde la lista docente a cargo hasta la apertura de vacantes.

7- La Asamblea se ve obligada a dos acciones políticas. La primera es no deshabitar el edificio de Manuel García y hacerlo funcionar activamente: por eso, se realizan festivales, hay talleres y eventos culturales; además de mantener una vigilia constante. La segunda es conseguir legisladores que lleven el tema de la expropiación a la Legislatura. Activamente, salvo el PRO, en ese tiempo, se acercan a la toma militantes que van desde el Partido Obrero, pasando por La Cámpora, llegando hasta Franja Morada. Finalmente, las legisladoras Lorena Pokoik, del Frente para la Victoria, y Victoria Morales Gorleri, del PRO, presentan el proyecto que el 3 de abril se vota. Así, se aprueba la expropiación del terreno.

La legislación no implicaba el inicio de la construcción de la escuela. Aunque, tal como explicamos en esta misma guía, era uno de los pasos, el resto no sale como dominó. Necesita de empuje, de entender que lejos está de funcionar esta República como dicen que debieran funcionar las repúblicas y que no porque lo dicte una ley va a avanzar. De la ley al acto hay un abismo.

8- La Asamblea, con sus representantes, siguió avanzando. Volvió al punto 6 y mantuvo, nuevamente, una reunión con Regazzoni, quien ya tenía lo que quería: la ley y el terreno expropiado. El funcionario admite que hay un problema: el presupuesto para infraestructura en educación ya está ejecutado y ya está utilizado. La Asamblea entiende que patearlo a 2015 abre la chance de la dilación, en un Estado que, de por sí, ya no pude asegurar ni las vacantes de un sistema on-line que tenía planificado. Presiona a Regazzoni para que salga y el funcionario se compromete a revisar si no ha quedado presupuesto de otras obras no ejecutadas. Aún así, mostrando voluntad política, Regazzoni visita la escuela.

La Asamblea, con las Organizaciones, sabe hacia adentro que quiere terminar la Toma porque no es la finalidad política hacerse cargo de la escuela: la propuesta es volverla una escuela pública, del Estado, no un emprendimiento ni cooperativo ni privado. Por eso, le proponen a Regazzoni que de las obras se haga cargo una cooperativa de trabajadores, pero al Estado no le cierra esa idea. Para avanzar, la Asamblea también propone ya definir la planta docente (conocida por las siglas POF), pero al Estado tampoco le cierra esa idea.

9- Regazzoni asegura que se encontró un hueco en el presupuesto para arrancar las obras en 2014. No se terminarán en este año, pero se seguirán en 2015, para que esté habilitada en marzo o en abril. La Asamblea del Distrito Quinto, con los vecinos de la zona, define que será un jardín de infantes. Entra en licitación la obra y una empresa gana el concurso.

Con la licitación resuelta, con la ley, todo indica que ya todo está en marcha y terminado. La Asamblea, de todas formas, sigue con la misma política: mantener la Toma y la presión hasta que la escuela entre en obras y se inaugure.

10- Desde el Gobierno de la Ciudad se promete que la semana que viene, arrancarán las obras para acondicionar la escuela Carlos Fuentealba. Las promesas no son el fuerte de este gobierno, por eso la presión continúa. Más de seis meses pasaron del momento en que se sancionó la ley de expropiación, pero todavía todo demora.

La Toma continúa. La espera también.
La Toma continúa. La espera también.

Ojalá haya más tomas: hágalo usted mismo.
Ojalá haya más tomas: hágalo usted mismo.

El plan para cerrar Centros Culturales

Desde Parque Patricio a Palermo y San Telmo, la actividad de los centros culturales es ilegal para la Ciudad de Buenos Aires. Nunca ilegítima.

Si sos vecino de Villa Crespo, Barracas, La Paternal o Parque Patricios tenés que saber que el gobierno porteño quiere que tengas cinco centros culturales menos. Los que llevan adelante estos espacios van a hacer todo el papeleo posible para que te falten sólo por un tiempo y volver rápido a la marcha, pero por ahora la Ley no los favorece.

Si sos del resto de la Capital no te relajes demasiado, que los espacios culturales cercanos también están en riesgo. La cultura es un derecho y la Constitución de la Ciudad lo reconoce, sin embargo no hay una sola ley que nuclee todas las actividades que pueden hacerse en un centro cultural: para funcionar hay que pedir una habilitación para, por ejemplo, tener un teatro independiente. Si un día se da una clase de yoga, o si simplemente la gente se pone a bailar en medio de una obra con música, el espacio va a estar por fuera del marco de la ley y puede ser clausurado.

Bebidas sí, tango no

Eso mismo les pasó a El Café de los Patriotas, en La Paternal, cuando a principios de julio de utilizaba el lugar para dar una clase de tango. Entre los pasos sinuosos, ahí cuando los ochos empezaban a salirles a los alumnos, los inspectores del Gobierno de la Ciudad tocaron a la puerta. Sin esperar respuesta entraron y clausuraron el bar porque la habilitación era sólo para “expendio de bebidas y comidas”.

Mariano Viceconte, miembro del Movimiento de Centros Culturales y Artísticos (MECA) y de centro cultural El Quetzal ubicado en Palermo, explica esta modalidad: “Hay distintas leyes de habilitaciones y vos podés ir usando combinaciones de ellas, así más o menos vas cubriendo las actividades que tenés. Los trámites son muy engorrosos y muy caros. La verdad es que hay que tener una sola ley para que cada actividad pueda hacerse y cada vez más en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.

Las leyes actuales no contemplan ni de reojo la naturaleza múltiple de los centros culturales, fueron sancionadas mucho antes de que estos espacios empezaran a florecer en Buenos Aires, post crisis del 2001. Pero no es solamente la Ley lo que complica la existencia física de la cultura en la capital, si no también la voluntad política. “Este gobierno esta clausurando espacios culturales ilegítimamente, porque la realidad es que las clausuras que se vienen sucediendo no fueron por problemas legítimos, están pidiendo cosas que no tenemos que tener mismo por la ley que hoy en día está rigiendo” puntualiza Mariano.

No hace falta remontarse hasta la represión para barrer a la Sala Alberdi, o, diez años más atrás, al brutal desalojo del Centro Cultural y Social Almagro en Medrano 473. Sólo el mes que pasó Vuela el Pez (Villa Crespo), el Centro Cultural Victor Jara (Parque Patricios), Compadres del Horizonte (Barracas), La Casa de Teresa (Villa Crespo), El Café de los Patriotas y otros diez centros culturales más fueron clausurados. Sin gendarmes ni balas, pero dejando a cientos de vecinos sin las actividades que allí realizaban.

40 mil firmas

Existe una ley alternativa. Varios centros culturales nucleados en MECA dieron el primer paso hace dos años, pero fueron obstaculizados en la Legislatura, que no le dio prioridad al proyecto. Este 2014 lo empezaron con una propuesta renovada: una ley que busca 40 mil firmas para ser presentada como iniciativa popular.

Mariano cuenta que ya tienen 25 mil firmas y que “lo que nosotros estamos pidiendo en esta nueva ley es que la zonificación de este tipo de actividades sea amplia para que nosotros podamos tener en todos los barrios centros culturales. Pedimos la gratuidad del trámite para todas las entidades sin fines de lucro, porque entendemos que al ser algo que está queriendo darle cultura a la gente no tendría que tener gastos para hacerlo”. Además agrega que este proyecto de ley adapta los requerimientos legales a las necesidades de espacios independientes y mantiene las exigencias de seguridad e higiene previstas en otras leyes vigentes.

Varios de los centros culturales van a poder reabrirse, apelando y esquivando la burocracia de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo que sabe higiene pero no de cultura ni de la dinámica de esos espacios. 15 mil son las firmas que faltan para que los centros culturales tengan, al menos, la posibilidad de dejar de visitar a la AGC todos los años. 15 son los centros cerrados en sólo un mes. En estos lugares podes firmar:

La Casa de Árbol – Fitz Roy 2483, Palermo.

Casa Presa – Valdenegro 2636, Villa Urquiza.

El Quetzal – Guatemala 4516, Palermo.

Rincón Casa Cultural – Rincón 1330, San Cristóbal.

Señor Duncan – Av Rivadavia 3832, Almagro.

Club Cultural Matienzo – Pringles 1249, Villa Crespo.

Archibrazo – Mario Bravo 441, Almagro.

Multiespacio Pasco – Pasco 689, Balvanera.

Vuela el Pez – Av Córdoba 4379, Villa Crespo.

La Vieja Guarida – Guardia Vieja 3777, Almagro.

El Emergente – Gallo 333, Almagro.

Teatro Mandril – Humberto Primo 2758, San Cristóbal.

El Surco – Av Boedo 830, Boedo.

La Brecha – Juan de Garay 2900, Parque Patricios.

La Senda – Thorne 493, Parque Chacabuco.

La Bisagra – Av San Juan 1826, San Cristóbal.

San Nicolás Social y Cultural -San Nicolás 162, Floresta.

Mu. Punto de Encuentro – Hipólito Yrigoyen 1440, Congreso.

Nuestra escuela

La Municipalidad de Quilmes busca mudar la Escuela Municipal de Bellas Artes a un edificio insuficiente y sin el apoyo de los alumnos, que proponen mejoras desoídas. Historia del intendente que montó su candidatura sobre los estudiantes que hoy deja plantados.

Sebastián, Florencia, Jonathan y Pablo se sientan alrededor de una mesa cuadrada con restos de pintura de colores, dibujos y maquetas. Mates calientes tratan de apaciguar el aire frío que entra por una ventana rota. Hablan y su tono de voz es fuerte porque en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes los tambores y los cantos rebotan por los pasillos, es fuerte y, además, firme: “Con este proyecto no vamos a dejar nuestro lugar”._MG_7471

A mediados del 2012, en una publicación oficial del municipio quilmeño llamada La Hojita se mostró un mapa con obras realizadas por la gestión de Francisco El barba Gutiérrez. Para sorpresa de los alumnos, entre ellas figuraba la “nueva sede” del EMBA. “En ese momento estábamos en un canal de comunicación con la municipalidad por otros reclamos y dentro de ese espacio no nos informaron nada. Nos enteramos por la revista y fuimos nosotros con la información para que nos la expliquen”, aclara Sebastián.

La escuela existe hace 70 años y nunca tuvo edificio propio. Fue creciendo y siendo trasladada a diferentes anexos a medida que pasaron los años, según las necesidades. Hace nueve años que la EMBA ocupa el edificio actual, a siete cuadras de la estación de tren y en pleno centro quilmeño, en lo que era una dependencia municipal que se dejó de usar por malas condiciones edilicias.

Al principio los alumnos compartieron la escuela con rentas y otros departamentos municipales. No había dispositivos de seguridad, había paredes electrificadas y los matafuegos se obtuvieron por el pedido y la lucha de estudiantes y docentes. “Las condiciones de hoy siguen siendo malas, y el proyecto hace que pasemos a unas aún peores”, asegura Florencia, y entre los cuatro se ayudan para armar la secuencia de los últimos hechos:

–      En 2012 alumnos y vecinos de Quilmes se enteraron por una revista que había un proyecto para una nueva escuela. Los estudiantes se reunieron con las autoridades del municipio para comunicarles su preocupación sobre la locación del proyecto, muy alejado del centro. Les dijeron que estaba todo “muy verde” y que era una propuesta de Nación, pero que no se había aprobado todavía y que estaban a tiempo de proponer otras ideas. El centro de estudiantes llevó otras posibilidades a la municipalidad; no les contestaron más.

–      En 2013 cambiaron las autoridades, pero no atendieron a los alumnos en todo el año.

–      A principios de 2014 llegaron novedades: empezó a circular por los medios locales que el intendente Gutierrez había mandado a aprobar a la Facultad de Arquitectura de La Plata los planos. El Secretario de Cultura de Quilmes les dijo que no estaba al tanto de nada, siendo él el responsable político de la escuela. Les prometió otra reunión con más información para el 29 de mayo.

–      29 de mayo: los dejó plantados.

_MG_7458

–      El 2 de junio el centro de estudiantes consiguió una reunión con Obras Públicas, la secretaría que impulsa el proyecto: les mostraron los planos y notaron entonces muchas cuestiones incompatibles con el edificio actual.

Ejemplo rápido: en el EMBA hay 6 departamentos – teatro, música, danza, cerámica, artes visuales y arte infantil-, cada uno tiene al menos una carrera y forma a 3500 personas. En el edificio actual los departamentos de teatro, cerámica y danza tienen dos pisos cada uno; en el proyecto nuevo tienen un sólo aula. Además, la nueva sede queda más lejos de los núcleos de transporte. “El proyecto está pensando por fuera de las necesidades de la escuela”, redondea Florencia.

–      22 de junio: otra reunión con Obras Públicas. En la escuela se votó una delegación de estudiantes y docentes para entablar una mesa de trabajo propuesta por la municipalidad. Ese día dejan a los representantes plantados afuera una hora y media debajo de la lluvia. Cuando por fin los dejaron entrar, les mostraron el mismo plano que ya habían visto. Les contaron que el nuevo edificio está enmarcado dentro del Proyecto de Igualdad Cultural del Plan Bicentenario y que por una cuestión de dónde vienen los fondos el edificio se iba a tener que llamar Centro Cultural y Escuela de Bellas Artes. No les responden qué implica eso pero sí les informaron que el lugar ya no estaba en discusión. La municipalidad recibió una lista de necesidades, un documento grande con las características de la escuela escrito por alumnos y profesores, ideado para que las autoridades elaboren el proyecto en base a eso.

–      10 días después de comprometerse a traer un plano en base al documento, se repitió el mismo plano, sólo con las aulas más grandes divididas en dos partes. En total 30 aulas, frente a 50 de uso actual. 3800 metros cuadrados frente a 5500. Les aclararon que se podía seguir discutiendo, pero que el proyecto no se iba a modificar sustancialmente, y en el caso que no entren todos, lo que los alumnos ya venían advirtiendo, iban a recurrir al uso de anexos.

–      El municipio convocó a estudiantes y profesores a otra reunión para fines de julio, donde de todas maneras ya no hay mucho para discutir: el plano y la cantidad de metros cuadrados no se van a modificar. Los planes del jefe de gobierno quilmeño es terminar la obra en un año. Para eso necesita licitar el proyecto antes, lo cual todavía no sucedió. Mientras tanto los alumnos de la EMBA están realizando volanteadas, juntadas de firmas, festivales, movilizaciones e intervenciones artísticas para sacar su lucha a la calle.

_MG_7467“Los anexos son un problema porque hay áreas que no se cruzan, nos fragmenta la unidad académica. Hoy en día las experiencias que ya existen de anexos se basan en usar escuelas primarias a la noche, en el mejor de los casos. Si pasa eso, una gran parte de los estudiantes va a estudiar en condiciones que no son óptimas, lo que va a condicionar su desarrollo”, resume Sebastián y agrega que la municipalidad plantea también una reorganización del orden de la escuela: distribuir la carrera a los largo de los tres turnos. “A la gente que trabaja se le va a complicar concurrir”, dice.

El barba Gutiérrez, actual intendente de Quilmes – que aún no formalizó su presentación para las elecciones municipales del año que viene, pero expresó su deseo de hacerlo – montó su candidatura en el 2006 sobre una protesta que encabezó la EMBA. En ese año el Concejo Deliberante del Quilmes avanzó contra el Estatuto Docente, bajándoles el sueldo a los profesores del EMBA. Sumado a que les habían dado el actual espacio en pésimas condiciones edilicias. Comenzaron las movilizaciones estudiantiles y se tomó la escuela durante 80 días. En un escrache en la casa de Sergio Villordo (el intendente en ese momento) reprimieron a los estudiantes con balas de goma, dejando heridos. En un acto municipal, a los pocos días, funcionarios del municipio se enfrentaron a golpes con los estudiantes. Eso motivó una movlizacioón de 5 mil personas en contra del municipio, donde El barba Gutierrez marchó con los estudiantes. Gracias a eso se volvió para atrás con el cambio del Estatuto: punto para los estudiantes. “Toda esa situación de represión fue muy sentida en la comunidad”, cuenta Sebastián y describe que los vecinos quilmeños les muestran su apoyo en cada actividad que hacen en la calle.

“Estamos empezando a tomar acciones legales, vamos a presentar un recurso de amparo, para postergar el proyecto y la licitación que es inminente”, afirma Florencia y los cuatro compañeros bien sentados en sus lugares afirman: “Seguimos como estudiantes exigiendo que nos atienda el intendente,  aclarando que nos interesa tener un nuevo edificio pero no este proyecto. Necesitamos uno nuevo en base a la necesidades reales actuales y futuras de la escuela. En eso estamos hoy”.

_MG_7472